Los estados son propensos a poner precio a la vida de las personas. De mis películas infantiles del Far-West recuerdo aquellas recompensas que se ofrecían por la vida de los forajidos («dead or alive») y de mis primeras lecturas recuerdo también la valoración que hacía Huerta de la vida de Emiliano Zapata: Dieciocho centavos, el precio de una soga para ahorcarlo.

Por eso, cuando inicié mis estudios de derecho, me sorprendió la coherencia del derecho romano que, considerando que el valor de la vida humana era inestimable, no concedía valor alguno en dinero a la misma en el caso de que el muerto fuese un hombre libre. Cuestión distinta era el caso de los esclavos que, por estar asimilados a la categoría de cosa, si tenían valor pecuniario y su muerte podía y debia ser indemnizada en buenos sestercios.

Avanzando el tiempo los ordenamientos jurídicos fueron admitiendo la indemnización en dinero de la vida humana y, al menos en España, hasta 1995 la tarea de fijar la indemnización para la vida humana se dejó en manos de los jueces que deberían atender de forma individualizada a cada caso concreto. Sin embargo en 1995 todo cambió por la influencia que el lobby de las compañías de seguros ejerció sobre el gobierno.

La década de los 90 fue particularmente dura para las compañías de seguros y, durante la misma, quebraron o fueron intervenidas numerosas compañías; por ejemplo, UNIAL, Grupo 86, Europa, Apolo… y un largo etcétera al que habría que añadir las absorciones de compañías al borde del coma por otras compañías de seguros más solventes. El Consorcio de Compensación de Seguros y la CLEA (Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras) hubieron de trabajar de firme ante la avalancha de casos de insolvencia enel sector de las aseguradoras, sobre todo, de automóviles.

Por eso, desde al menos 1993, las compañías presionaron al Gobierno para que los jueces no fijasen libremente las indemnizaciones y que se atuviesen a un baremo donde se fijasen las mismas. Tal baremo, aprobado como obligatorio en 1995, no sólo rigió de forma implacable desde entonces las lesiones en materia de tráfico sino que extendió sus perniciosos efectos al resto de los casos pues, usado como orientativo por los jueces, sirvió (y sirve a día de hoy) como herramienta de valoración de la vida humana en nuestra Administración de Justicia.

De nada ha servido que la tasa de siniestros y de muertes en tráfico haya descendido en los últimos años de forma drástica: el baremo está aprobado y no ha sufrido ninguna variación proporcional a éste descenso de la siniestralidad. Tampoco parece haber servido para abaratar las primas que pagamos por los seguros y nadie parece interesado en cambiar tan infame sistema de valoración de la vida humana; las aseguradoras porque se lucran con él, el Gobierno porque no advierte presión social para su cambio y los ciudadanos porque carecen de un verdadero órgano que represente sus intereses en éste punto.

Gracias al baremo puedo calcular con exactitud cual es el precio que ha puesto el Gobierno a mi cabeza. En mi caso, exactamente,  68.926 euros con 70 céntimos.

Leer la cifra me produce náusea. El estado considera que yo, José Muelas, valgo más o menos lo mismo que un Volkswagen Touareg sin demasiados extras. Si a cualquiera de los clientes míos que tienen coches similares, o incluso más caros, les queman el coche recibirán de su seguro más dinero que si ellos con ése coche me atropellan a mí. Incluso si el accidente es por culpa mía su coche valdrá más que mi vida. ¿Curioso verdad?

Parece evidente que los hombres valemos poco en el siglo XXI; el precio de nuestra vida apenas nos llegará para comprar una casa barata (de hecho el sistema ha logrado que hayamos de gastar toda nuestra vida en pagar una hipoteca) pronto, al menos en mi caso ya es así, mi vida valdrá menos que el coche de mi vecino.

Un sistema que valora la vida humana menos que un montón de chapa no puede estar en lo cierto. Un sistema que se pliega a los intereses de las aseguradoras en contra de sus ciudadanos no puede ser un sistema justo. Un sistema político que valora así la vida de las personas no puede ser moral.

Yo, entretanto, le tengo más aprecio a mi pellejo que a cualquier casa o vehículo del mercado y, desde luego, mucho más aprecio a cualquiera de estos dos últimos que a quienes han trabajado para aprobar un sistema de valoración como éste.

Si desean comprobar cual es el precio que el estado ha puesto a su cabeza pueden consultar los baremos del 2005 al 2008 en éste mismo weblog.

En fin, que ése es su precio, no su valor o, como dijo Machado:

Es de necios,

confundir valor con precio