Isabel Zendal

Isabel Zendal

Isabel Zendal nació en la parroquia de Santa Mariña de Parada, en La Coruña, quedando huérfana de madre a los siete años por culpa de la viruela.

Por aquellos años en que nació Isabel la viruela era el azote de la humanidad y era tan letal que, en algunas culturas antiguas, incluso estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30 % de los pacientes infectados.

Un par de siglos antes los españoles habían llevado la enfermedad a América y, si letal era para los europeos, mucho más letal se reveló para los indígenas americanos. Aunque no se sabe cuántos indígenas pudieron morir (no hay censos de población indígena en 1492 y las cantidades oscilan entre los 8,4 millones de personas de Alfred L. Kroeber y los 110 de Henry F. Dobbyns) es indudable que la mortandad fue tremenda sin que nada se pudiese hacer desde el punto de vista médico para detener aquella tragedia.

En 1796, durante la fase de mayor extensión del virus de la viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, observó que las ordeñadoras de vacas lecheras adquirían ocasionalmente una especie de «viruela de vaca» o «viruela vacuna» (cowpox) por el contacto continuado con estos animales, y que era una variante leve de la mortífera viruela «humana» contra la que quedaban así inmunizadas. Tomó suero de esta vacuna y consiguió inocular a James Philips, un niño de 8 años. El pequeño mostró síntomas de la infección de viruela vacuna, pero mucho más leve y no murió. El resto de los niños inoculados respondieron sorprendentemente bien.

Afortunadamente, por entonces, el copyright y las patentes de los medicamentos no estaban muy extendidas de forma que, aunque Jenner publicó sus estudios en 1798, para 1800 el doctor Francesc Piguillem i Verdacer ya estaba vacunando a los niños de Puigcerdá. Rápidamente el método de Jenner se difundió por Europa y Francisco Javier de Balmis tradujo al español el libro del francés Moreau donde se detallaba el procedimiento para vacunar. Fue por esos años también, 1803, que el propio médico español J. Balmis propuso a Carlos IV —cuya hermana había fallecido de viruela— organizar una expedición a América a fin de poder vacunar a toda la población americana y así poner fin a la sangría que ocasionaba la viruela. Todo ocurrió muy rápido; mucho se habla de la mortandad causada por las enfermedades llevadas por los españoles en América, de lo que se habla bastante menos es de que, en cuanto hubo un remedio para la viruela, la monarquía española fue la primera en preocuparse de ponerla al alcance de sus súbditos americanos en lo que había de ser la primera operación sanitaria mundial de la historia.

Carlos IV atendió inmediatamente la petición de Balmis y se apresuró a librar los fondos precisos para organizar aquella expedición pero ¿cómo se llevaría la vacuna a América? Tras pensarlo detenidamente se decidió que se inocularía la enfermedad en niños y la misma se iría contagiando de unos a otros hasta llegar a América, más de 20 niños serían necesarios y este es el momento en que volvemos a la mujer que da título a este post: Isabel Zendal.

A Isabel, tras quedar huérfana de madre, las cosas no le habían ido del todo bien para los estándares de la época; Isabel en 1796 había dado a luz un niño, Benito, y ahora era madre soltera lo que, en La Coruña del siglo XVIII, no era precisamente la mejor carta de presentación. Trabajo en el hospicio que había fundado Teresa Herrera y no debió trabajar poco ni mal porque, tras la muerte de la fundadora, llegó a ser su rectora, hasta que, en 1803, por orden del Rey, se dispuso que sería ella quien estaría a cargo de los 22 niños del hospicio a quienes se había de inocular la viruela. Entre los niños figuraba Benito, su propio hijo.

Se decidió que cada niño recibiría un hatillo que contendría: dos pares de zapatos, seis camisas, un sombrero, tres pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otro pantalón más de paño para los días más fríos. Aunque se ordenó que tras la expedición los niños fuesen devueltos a España lo cierto es que ninguno de aquellos rapaces regresó de su viaje.

A bordo del «María Pita», navío específicamente fletado para la expedición, Isabel y los niños viajaron a Canarias, Puerto Rico, La Habana, Nueva España (México) con expediciones subsidiarias a Colombia y Perú. La vacuna de la viruela había llegado a América y finalmente, exhausta y tras cumplir con su deber más allá de lo exigible, Isabel y su hijo Benito se avecindaron en Puebla de donde ya no regresarían nunca.

Balmis decidió continuar con su expedición salvadora hasta las Filipinas y, cuando hubo extendido las vacunas por las Filipinas, se dirigió a Macao y China donde prosiguió con su tarea de salvar vidas.

Edward Jenner, el propio descubridor de la vacuna, dijo de la expedición de Balmis

No puedo imaginar que en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este.

A día de hoy ya no muere nadie de viruela en América y es un buen momento para recordar que quizá los españoles hicieron muchas cosas mal aunque, ciertamente, no todas. Sueño que los descendientes de Isabel se han multiplicado y habitan en Puebla y en otras ciudades de la vieja Nueva España y pienso también en los 22 rapaces que salieron de la Coruña hace algo más de dos siglos y a los cuales la humanidad debe tantas vidas.

Y pienso que no, que decididamente no, no todo lo hicimos mal.

Abogacía dual

Vamos a una abogacía dual compuesta de unos pocos ganadores y de muchos perdedores que apenas si podrán subsistir.

Todos sabemos que el juego está amañado pero ¿cómo han logrado —cómo hemos dejado— amañar las reglas del juego para hacer que una profesión, no hace tanto digna, se vea sometida a una tensión tan extrema como la que vivimos en los últimos años?

El nivel de vida en España, desde 1995, ha subido en casi un 300% pero la situación de los abogados ha empeorado notablemente en esos mismos años como consecuencia de sucesivas reformas legales que, perjudicando a consumidores y ciudadanía en general, han beneficiado fundamentalmente a corporaciones y grandes empresas. Hoy España, con un PIB tan sólo un 24% por debajo de Alemania, tiene unos salarios un 54% por debajo.

Los ejemplos serían muchos pero el ejemplo de lo ocurrido con las aseguradoras y el baremo es suficientemente ejemplificativo. Ahora, en plena defensa de los consumidores en el mundo de las hipotecas, el posicionamiento sistemático de los diversos gobiernos y aún de alguna institución que se dice defensora de los abogados, ha sido incuestionablemente favorable a las entidades financieras.

Si esta abogacía que nosotros, el 85% de los abogados y abogadas de España, representamos se sigue desintegrando ¿cual será el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de España? ¿Entregarán sus esperanzas de justicia y su futuro en manos de corporaciones mercantiles supuestamente jurídicas en cuya cartera de clientes serán no más que el último de los números? ¿Serán eficazmente representados por unos pocos bufetes entregados a la defensa los intereses superiores de sus cuentas más importantes en cuanto a pago de honorarios?

Hay una riqueza que crea poder político y un poder político que a su vez modifica las reglas que crean la riqueza. No solo hablamos de financiación de campañas electorales, de elaboración de informes o borradores de leyes, al final del camino siempre están las sempiternas puertas giratorias. ¿Dónde crees que fueron importantes cargos gubernamentales de todos los partidos como Soraya Sáez de Santamaría —vicepresidenta del Gobierno—, Rafael Catalá —Ministro de Justicia del PP— o Caamaño —Ministro de Justicia del PSOE— cuando abandonaron el gobierno? Exacto, lo has adivinado, a grandes firmas jurídicas. ¿Qué poder y qué capacidad de influencia crees que acumulan esas firmas que prevén que tú, abogado independiente, acabes en un mundo low-cost uberizado?

Los políticos no hablan de valores, de libertad o de justicia, es el dinero el que habla por los políticos haciendo de ellos, con escasísimas excepciones, no más que voces mercenarias, asalariados de la ideología que conviene a quienes acumulan riqueza y poder.

Quienes mandan quieren que creamos que el parlamento se divide en izquierda y derecha cuando la auténtica división es la de quienes están en la clase dirigente —de un lado— y la de quienes no están —estamos— en ella.

La forma de recuperar nuestra profesión es recuperar nuestra democracia, nuestra administración de justicia y los valores que merece la pena defender. Crear entidades que puedan disputar eficazmente la influencia de todas esas corporaciones y grupos de presión que pretenden acabar con nuestra forma de entender la profesión, la justicia y la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ser un ciudadano, ser un abogado, es algo más que votar, es algo más que defender a un solo individuo; ser un ciudadano, ser de verdad un abogado es involucrarse allá donde la justicia está en peligro y si es necesario pelear con todas las armas que la democracia y la ley ponen a nuestro alcance. Somos juristas y somos los más capacitados para hacerlo, no minusvalores nuestra capacidad de dar la batalla, debidamente organizados somos una fuerza sencillamente imparable y lo saben.

Los cambios sociales se producen cuando la población detecta una tensión entre el ideal que tienen y la realidad que ven a su alrededor. Nunca ha habido una tensión mayor que ahora entre la justicia y la realidad; nunca ha habido una distancia mayor entre la ley y los fenómenos de corrupción que han destruido grandes sectores de nuestra economía y espacios difícilmente recuperables de nuestra democracia.

Usar nuestra voz, nuestro vigor, nuestra capacidad de influencia, nuestro arsenal jurídico y hasta nuestros votos está en nuestras manos. De nosotros depende cambiar las reglas. Por eso, resérvate para ti los días 29 y 30 de noviembre, porque tenemos un trabajo que hacer juntos.

Los malos relatores

En apenas 70.000 años el ser humano —homo sapiens— ha conseguido extenderse por todo el planeta y le han bastado los 10.000 últimos para dominarlo y causar en él un impacto mayor que el del asteroide que acabó con los dinosaurios. Los ejemplares de Sapiens de hace diez mil años apenas si formaban bandas de cazadores-recolectores cuya vida difería poco de los yanomamo o bosquimanos actuales; sin embargo, desde la aparición de la agricultura, sapiens ha sido capaz de crear imperios, abandonar el tallado del silex que le ocupo durante decenas de miles de años y descubrir las tecnologías del bronce, del hierro o del coltán, explotar el poder de energías térmicas, eléctricas o nucleares y dominar por completo el planeta tierra hasta convertirse a sí mismo en la principal amenaza para su propia supervivencia y la del planeta en que vive.

¿Cómo ha podido suceder esto?

La herramienta que sapiens ha utilizado para alcanzar todos estos logros se llama cooperación. Ni más fuerte, ni más rápido, ni probablemente tan listo como se imagina a sí mismo, sapiens estuvo a punto de desaparecer como especie hace unos 70.000 años1 debido a su debilidad. Cuesta trabajo imaginar que, en ese momento, apenas sobreviviesen en todo el planeta unos 2.000 seres humanos de los cuales todos descendemos, pero los análisis genéticos demuestran que así es. Sin embargo, 68.000 años después, aquel débil animal bípedo no tiene más rival sobre la tierra que él mismo y, si algún peligro le amenaza, este se deriva de su inesperado éxito como especie y de su brutal capacidad para alterar el ecosistema que lo aloja2.

A lo largo de los últimos veinte mil años, sapiens ha pasado de cazar con armas de sílex a explorar el sistema solar con naves espaciales y no parece que ello se deba a un aumento de nuestra inteligencia (de hecho, en la actualidad nuestro cerebro parece ser menor que hace 20.000 años)3.

El factor decisivo en la conquista del mundo por nuestra especie fue la asombrosa capacidad de sapiens para conectar entre sí a muchos individuos de su misma especie. Si sapiens domina hoy el planeta es porque ha demostrado una capacidad sin parangón de crear formas flexibles de cooperación.

Supongo que algún lector me dirá que, hormigas, abejas y termitas también cooperan en sumo grado; a lo que tendré que responderle que, aparte de otros factores, sus formas de cooperación son rígidas y carecen de flexibilidad. Una colmena no puede decidir cambiar de forma de organización, guillotinar a la reina y constituirse en república para enfrentarse a un cambio de circunstancias del entorno; el ser humano, en cambio, es capaz de reprogramar las formas de cooperación de sus sociedades y hacer frente de forma mucho más flexible a las amenazas.

¿Cómo programan y reprograman las sociedades de sapiens sus estrategias de cooperación? Pues, por extraño que les parezca, a través de cambios en unas entidades específicas de un software único y propio del ser humano: las ficciones.

Mientras sapiens fue cazador-recolector y sus comunidades apenas superaban unas pocas decenas de individuos la cooperación entre ellos no precisaba de un uso intensivo de las ficciones pero, con el advenimiento de la agricultura y la formación de las primeras civilizaciones, las ficciones demostraron su enorme capacidad de mejorar la cooperación humana hasta extremos nunca vistos hasta ese momento.

Estas ficciones son entidades intersubjetivas, creídas por todos los miembros de la comunidad y que están fundadas en relatos que, asumidos por todos, dan sentido a la vida de cada uno de los individuos que componen la comunidad y les imponen códigos de conducta que fomentan la cooperación. En Sumeria, el dios Enlil o la diosa Inana eran entidades tan reales como para usted hoy lo son la Unión Europea o el Banco de Santander y determinaban la conducta de los habitantes de aquellos territorios en la misma forma que a usted se la determinan las dos últimas entidades citadas.

Religiones, ideologías, sistemas de valores, naciones, corporaciones, son ficciones, entidades intersubjetivas, que condicionan y determinan las conductas de quienes las asumen como reales y que, por lo mismo, se han revelado como formidables herramientas para la promoción de la cooperación en las sociedades humanas.

Quizá una de las ficciones más exitosas sea la del dinero. Nacido en Sumeria —las civilizaciones son inseparables de estas ficciones— el dinero es una de las ficciones más omnipresentes en todo el mundo desarrollado. Sin más valor que la confianza que tenemos en que otros seres humanos lo valoren como nosotros, muy a menudo olvidamos que el dinero no es más que una ficción, que en realidad no se trata más que de trozos de papel y que, como dicen que dijo el jefe indio Seattle, no tiene más valor que el los hombres blancos le atribuyen porque, en realidad, «el dinero no se come».

Los sumerios, con su fe en que Enlil e Inana eran entidades reales, les adoraban, les rendían tributo y les hacían donaciones confiando en que estos dioses les protegerían a ellos y a sus seres queridos. Enlil e Inana, además, daban sentido a la vida de los habitantes de Sumeria pues estos pasaban a formar parte del relato, del drama cósmico, que explicaba la creación del mundo, la existencia del hombre y les indicaba el comportamiento adecuado al sentido de aquel cosmos. Se podía incluso ir a la guerra y morir siguiendo los deseos de Enlil o Inana, una actitud repetida durante 10.000 años por sapiens, si bien, ficciones como Enlil o Inana han sido sustituídas por otras ficciones tales como el Faraón, el Papa, los reyes o las patrias.

Si bien se observa, todas las civilizaciones y sociedades humanas no son más que grupos mayores o menores de sapiens que comparten intensamente un relato y lo asumen como cierto y es así como religiones, ideologías, imperios, patrias y corporaciones mercantiles, han hecho cooperar a los seres humanos para la consecución de unos determinados objetivos. Es así como se construyeron zigurats, pirámides, catedrales, arsenales nucleares y naves espaciales. Cuando decimos que «los Estados Unidos han llegado a la luna» o que «Alemania declaró la guerra a Francia» sentimos que estamos diciendo algo muy real y, sin embargo, no estamos hablando más que de ficciones que sólo existen en nuestras mentes.

Si quieres saber si estás ante una ficción o una realidad no tienes más que preguntarte si siente dolor. Si observas que una entidad sufre cuando la golpean, llora cuando alguien muere o se acongoja cuando ve cómo una familia es expulsada de su vivienda a causa de la pobreza, no te quepa duda, estás ante una entidad real, hay todavía ante ti un individuo sapiens; porque las ficciones no lloran ni sienten y sólo en los relatos la patria llora por sus hijos, Enlil o Inana cuidan de sus fieles o el Banco de Santander nos «da» dinero.

No desprecies las ficciones, por ellas matan, mueren y viven las personas; por ellas trabajan y son ellas las que determinan si la vida de las personas es correcta o incorrecta, moral o inmoral, honrada o delictiva. Y no te confundas, tanto da si tu relato empieza afirmando que no hay más dios que Alá y que Mahoma es su profeta; como si comienza diciendo que crees en un solo Dios, Padre, Todopoderoso; como si proclama que consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: que todos los hombres han sido creados iguales; que el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables y que entre esos derechos se cuentan: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Aunque usted sea marxista y su ideología no tenga dios no por ello deja de ser una ficción semejante a las religiones, pues no son los dioses, sino los hombres, los que crean las religiones.

Es por eso que tenemos que cuidar quién determina los relatos que programan los comportamientos de la sociedad. Hoy que los que defienden un determinado relato de España están en la calle frente a otros que defienden el relato muy concreto de otra ficción llamada Cataluña, trato de pensar en todo esto y trato de impedir que estos «relatores» impongan sobre mí sus relatos interesados.

Yo, que participio intensamente de otra de estas ficciones y soy español de religión, siento que no participo del relato de casi ninguno de estos «relatores» oficiales. Que quizá el credo de mi religión yace enterrado en una fosa ignorada en Alfacar junto con los cadáveres de dos toreros anarquistas, un maestro de escuela y un poeta homosexual. Siento que quizá mi relato de España fue tiroteado en la Calle del Turco o derrotado por los Cien Mil Hijos de San Luís y siento que, sin duda alguna, mi relato de España no es el mismo del que creen ser propietarios algunos que invocan la validez de esta ficción mientras hacen tremolar banderas.

Sí, los relatos son importantes, pero me niego a permitir que mi relato lo escriban los Torra, Sánchez, Rufián, Casado, Puigdemont, Abascal, Junqueras, Iglesias o Rivera. Vengo de un credo escrito por gentes como Homero, Virgilio, Horacio, Isidoro, Berceo, Manrique, Martorell, Calderón, Cervantes, Góngora, Quevedo, Rosalía o Maragall, entre otros muchos; a estas alturas no voy a dejar que mi relato lo escriban gentes zafias, de doctorado o máster comprado y movidas en exclusiva por el afán de poder. Si he de embriagarme de ficción al menos que el vino sea bueno y los relatos de calidad.

Vivamos con intensidad nuestras ficciones, no hay nada más humano, pero, por favor, saquemos de nuestras vidas a los malos relatores.


  1. El ser humano estuvo al borde de la extinción. Diario de León. ↩︎
  2. Para hacernos una idea del impacto que sapiens ha tenido en el ecosistema global podemos tener en cuenta que, en la actualidad, más del 90 por ciento de los grandes animales del mundo (es decir, los que pesan más que unos pocos kilogramos) son o bien humanos o bien animales domesticados. Así, por ejemplo, en la actualidad unos 200.000 lobos salvajes todavía vagan por la Tierra, pero hay más de 400 millones de perros domésticos. El mundo es hogar de 40.000 leones, frente a 600 millones de gatos domésticos, de 900.000 búfalos africanos frente a 1.500 millones de vacas domesticadas, de 50 millones de pingüinos y de 20.000 millones de gallinas. Desde 1970, a pesar de una conciencia ecológica creciente, las poblaciones de animales salvajes se han reducido a la mitad (y en 1970 no eran precisamente prósperas). En 1980 había 2.000 millones de aves silvestres en Europa. En 2009 solo quedaban 1.600 millones. En el mismo año, los europeos criaban 1.900 millones de gallinas y pollos para producción de carne y huevos. (Vid. Y.N.Harari. (2016). Homo Deus: breve historia del mañana. Editorial Debate. Posición 1269. Documento de Kindle ASIN B01JQ6YNRE.) ↩︎
  3. Christopher B. Ruff, Erik Trinkaus y Trenton W. Holliday, «Body Mass and Encephalization in Pleistocene Homo», Nature, 387, 6.629 (1997), pp. 173-176; Maciej Henneberg y Maryna Steyn, «Trends in Cranial Capacity and Cranial Index in Subsaharan Africa During the Holocene», American Journal of Human Biology, 5, 4 (1993), pp. 473-479; Drew H. Bailey y David C. Geary, «Hominid Brain Evolution: Testing Climatic, Ecological, and Social Competition Models», Human Nature, 20, 1 (2009), pp. 67-79; Daniel J. Wescott y Richard L. Jantz, «Assessing Craniofacial Secular Change in American Blacks and Whites Using Geometric Morphometry», en Dennis E. Slice, ed., Modern Morphometrics in Physical Anthropology: Developments in Primatology: Progress and Prospects, Nueva York, Plenum Publishers, 2005, pp. 231-245. Citados por Y.N.Harari en op. cit. Posición 2319. ↩︎

Independencia judicial: los principios y los finales del reparto partidista del Consejo General del Poder Judicial

La actuación de los partidos hace pensar que hay temas en los que la carga ideológica, los intereses partidistas o personales o el contagioso virus de la moqueta causan incurable ceguera política. Con la que está cayendo en España, con la independencia judicial puesta en duda y hasta en solfa día sí, día también en los medios de comunicación y en redes sociales, estando pendientes casos penales notorios de inconmensurable importancia que afectan a la sociedad en su conjunto y a los propios partidos, como el tema de Cataluña, Gürtel, los EREs o las grandes estafas bancarias, procedimientos judiciales que exigen cuidado exquisito para mantener, no solo la máxima independencia judicial real sino también la máxima apariencia de independencia judicial, nos encontrarnos de nuevo con el penoso espectáculo del reparto groseramente indisimulado del Consejo General del Poder Judicial entre los partidos, mediante la designación partidista en las Cortes de las veinte vocalías del Consejo.

Sorprende que pueda haber partidos que sigan creyendo a estas alturas que mantener este sistema no tendrá consecuencias sociales y políticas, como si en vez de en 2018 estuviéramos hace treinta años, o en 2013, cuando la última renovación del CGPJ. Extraña también que haya jueces que sigan colaborando con esto como si nada hubiera pasado estos años, incluso movilizaciones y una huelga de jueces y fiscales convocada por cuatro asociaciones judiciales y tres de fiscales el 22 de mayo de 2018, y secundada masivamente, para pedir, entre otras cuestiones, que se modifique ese sistema. El sistema de reparto del CGPJ ha demostrado ser ineficaz para evitar la politización real o aparente desde que se implanto en 1985 y actualmente no es homologable en Europa -insistiremos sobre este importante punto- y resulta asombroso que en la España actual el
PSOE y el Partido Popular, al parecer con aquiescencia de Podemos
, aún crean que puede ser socialmente admisible sin reproche social y sospecha de la ciudadanía que se repartan el Consejo General del Poder Judicial, ese mismo organismo que nombra a la cúpula judicial incluyendo a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la de lo Penal, es decir, a quienes tienen que resolver sobre importantísimos casos penales de Cataluña, Gürtel, ERES, estafas bancarias. España difícilmente puede permitirse esa frivolidad de continuar como si nada en el reparto partidista del CGPJ, coadyuvando así desprestigiar y sembrar la duda masiva sobre la independencia de la judicatura en puestos clave, y también de la judicatura en su conjunto, y en momentos graves como los actuales en la que la independencia judicial es aún más esencial que nunca, y además, por si fuera poco, yendo en contra de los criterios del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Son datos jurídicos que:

  1. La cúpula judicial la designa ese CGPJ a su vez designado en su totalidad por las Cortes; incluyendo en la cúpula judicial la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tiene que resolver sobre esos casos indicados, y otros muchos.
  2. El CGPJ, no elegido en su totalidad por y entre los jueces, es el organismo que tiene la capacidad disciplinaria sobre los jueces y además decide sus ascensos y su carga de trabajo, por lo que controla indirectamente a la judicatura en su conjunto.

Por si fuera poco, en una sociedad como la española en la que brilla por su ausencia la educación jurídica, el Consejo General del Poder Judicial para mucha gente es sin más equivalente al Poder Judicial y a la judicatura en su conjunto; este equívoco perverso es propiciado en medios de comunicación con titulares que, de forma nada inocente, cada vez que el CGPJ hace o deja de hacer algo, lo describen como “el Poder Judicial” y no el Consejo General del Poder Judicial. Es fácil constatar, además, que muchos creen que el CGPJ está compuesto solo y elegido solo por y entre jueces, recayendo así injustamente sobre la totalidad del Poder Judicial como Tercer Poder y de los jueces en general el notorio desprestigio y el desgaste social que el CGPJ ha tenido estos años. Quienes hayan sufrido toda esta desinformación nada muy poco casual extraerán la única conclusión posible cuando lean las noticias sobre el reparto partidista del CGPJ y lo recordarán cuando se discutan casos judiciales notorios.

Desde que, en 1985, el Partido Socialista decidiese cambiar la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayoría de todos cuantos en España han estado en la oposición o fuera del gobierno, tanto los partidos como las asociaciones de jueces y de fiscales, se han opuesto ferozmente a la elección de todos, absolutamente todos, los vocales por las cámaras e —indirectamente— por los partidos políticos; eso «politiza» la justicia, dicen… y no les falta razón.Recordemos lo que dispone
el artículo 122.3 de la Constitución:

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

La Constitución prevé expresamente, pues, una designación de algunos miembros por el Congreso y el Senado, pero no de todos, es decir, que este sistema actual que las Cortes designen los veintetodos los vocales, los veinte, no es el único posible y, en efecto, en época constitucional ha habido uno anterior por Ley
Orgánica 1/1980
, conforme a la cual doce de los veinte vocales, los doce de procedencia judicial, eran elegidos por todos los jueces y magistrados. El sistema actual por el cual incluso los doce jueces “de procedencia judicial” son designados por las Cortes se introdujo hasta 1985, estando el PSOE en el poder con mayoría absoluta.

Sí, ese mismo PSOE que dijo apoyar la huelga de jueces y fiscales y que ahora continúa aplicando exactamente lo mismo que había antes sin tener intención alguna de cambiarlo y de la mano del Partido Popular. En estos momentos están negociando el Partido Popular y el PSOE el reparto del CGPJ:

Y esperemos que tampoco borre el presidente del Gobierno Sr. Sánchez el tuit en el que apoyaba esa huelga, enlace aquí.

De este tuit, por si acaso, incluimos impresión de pantalla.

TuitPedroSanchez

El quid de la cuestión está en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, y obsérvese el detalle de cómo el Sr. Sánchez soslaya hábilmente la referencia al cambio de sistema de selección de vocales del CGPJ como uno de los motivos de la huelga de jueces y fiscales. Pero, claro, este motivo de huelga no es cosa solo del Partido Popular; ni muchísimo menos, y el Sr. Sánchez lo sabe perfectamente.

Y es que la normativa vigente de desarrollo del artículo 122.3 CE es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que promovida por el PSOE y entonces discutida por el PP, el cual recurrió a este punto al Tribunal Constitucional. Y así sigue la ley, con distintos cambios
cosméticos que nunca han afectado a quién designa ni han dado lugar a un examen público serio en las Cortes de los candidatos prepactados. Desde que, en 1985, el Partido Socialista decidió cambiar la forma de elección de los vocales del CGPJ para hacer que
todos lo eligieran las Cortes, con apoyo entonces, después rectificado, de parte de la judicatura, seguimos como estábamos, a pesar a las constantes acusaciones de politización y a que la situación social y política se ha agravado considerablemente en
materia de independencia judicial.

Ambos partidos han aplicado de consuno y encantados durante más de treinta años ese sistema implantado en el año 1985 por el cual que Congreso y el Senado eligen por mitad y mayoría de tres quintos a los veinte miembros del CGPJ, al entender que el artículo 122.3 CE no exigía que los doce vocales “de procedencia judicial” fuesen elegidos por jueces y magistrado, sino, lo que es distinto, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales.

Esta curiosa interpretación fue considerada conforme con la Constitución por la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, de 26 de julio, enlace aquí,
pero insistiendo el TC en tres cuestiones que han sido olvidadas,
casualmente, por los partidos mayoritarios y también por la mayoría
de los partidos minoritarios, encantados estos últimos de que
también les toque algo en la pedrea, cuando les toca porque interese
a los mayoritarios en términos globales de negociación política:

  • Que el sistema recomendable no es este, sino el de la propia elección de todos los vocales por los propios jueces.
  • Que los partidos deberían tener el sentido común de dejar instituciones esenciales al margen al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.
  • Y que con este sistema existe el riesgo de una actuación de los partidos que no respete el espíritu de la Constitución en la interpretación de la norma y que simplemente se efectué un reparto por cuotas de poder parlamentario.

Transcribimos parte del Fundamento Jurídico 13 de la citada STC 108/1986, de 26 de julio, tan profusamente citado, menos leído y nada aplicado, enlace aquí

La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener
al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente caso, pues el
precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución.

La ingenuidad del Tribunal Constitucional fue es manifiesta,. y de aquellos polvos, estos lodos. El TC no solo recomendaba que se mantuviera el sistema de elección de todos los vocales por los propios miembros de la cerrera judicial, algo de lo que los partidos
no han hecho caso, ellos sabrán por qué, sino que daba por sentado que los partidos serían capaces de dejar al margen de las luchas de partidos ciertos ámbitos de poder, y señaladamente el Poder Judicial, y los partidos no han sido capaces de ninguna de estas dos cosas.

Los partidos, salvo honrosas excepciones que se niegan a participar en esto, se escudan encantados en que el TC dijo que el sistema era constitucional,

  • Y olvidan los importantes matices de la sentencia del Tribunal Constitucional que no les convienen.
  • Y también olvidan que “constitucional” no equivale ni a recomendable ni a justo ni a eficaz.
  • Y que, además, desde 1985 -1986 han pasado unas cuantas cosas en Europa que han convertido el sistema en no homologable y que coinciden, precisamente, con lo que recomendaba el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986, de 26 de julio.

Que en efecto “se distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”, salvo las honrosas excepciones de quienes decidieron quedar al margen del reparto, lo demuestran no solo las actas parlamentarias sino, constantemente, los medios de comunicación:

Es cotidiano que se diga que el vocal de turno es “conservador” o “progresista”, para no tener que decir directamente por qué partido de la Cámara han sido promocionados, o que hasta se especifique el partido mayoritario o minoritario, y así se hace pública y sistemáticamente en cada información periodística sobre la actividad del CGPJ y de sus vocales, y como es tan cotidiano y de tantos años, ni citaremos casos.

Y de actas parlamentarias vamos a citar como botón de muestra las de la designación con fecha 27 de noviembre de 2013 por el Senado de los diez vocales cuya designación les compete, enlace aquí; los portavoces de los partidos ni se molestan en intervenir y solo interviene como discrepante un senador del Grupo Mixto, Sr. Martínez Oblanca, Foro Asturias, que hace un repaso de la situación y de los vaivenes del PP que no tiene desperdicio, y del que extraemos un párrafo:

Estas son jornadas tristes para la justicia en España, porque no está de más recordar
que el consejo general, elegido por las Cortes, es un instrumento clave para nuestra sociedad. Estamos ante la máxima expresión del Poder Judicial, a partir de hoy presunto garante de la independencia de los jueces y de los tribunales respecto al resto de los poderes públicos. Este consejo, de arrastrado descrédito por un
enjuague propiciado por el Partido Popular con otras cuatro  organizaciones políticas, es el que nombrará a los magistrados y presidentes del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y a los de lo Contencioso-administrativo y lo Social de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias
provinciales, así como a jueces y magistrados. Casi nada, o mejor dicho, casi todo contaminado y maleado por la intrusión partidista que el PP prometió combatir y que ahora perpetra.

En este otro enlace, actas parlamentarias de 26 de noviembre de 2013, de la elección por el Congreso de sus diez vocales, con intervención de partidos que encarecen lo estupendo que es el sistema pero también hay dos intervenciones significativas, como las de el Sr. Alvarez Sostres, de Grupo Mixto, Foro Asturias, que anuncia el voto en blanco de su partido y habla de enjuague en unos términos muy gráficos

“Por supuesto, no ponemos en duda la
cualificación y la capacidad de quienes han sido elegidos y de
quienes a nivel individual están metidos en estas elecciones, pero
parece algo raro casar eso con la independencia que exige el
consejo, en el que alguno de sus miembros precisamente ha sido
diputado en esta Cámara durante varias legislaturas. Seguro -pienso
yo con bastante buen criterio- que la independencia requerida se va
a producir después del nombramiento, es decir, como un efecto del
resplandor áurico sobrevenido”

[ahora, por cierto, no es ya que haya diputados que sean miembros del CGPJ sino que hay más de un miembro del Gobierno del PSOE que antes fue vocal del CGPJ]

Y la de la Sra. Díez, de UPYD, partido que tampoco quiso participar en el reparto, y que en una intervención muy contundente cita las palabras del propio Sr. Ruiz-Gallardón año y medio antes, cuando sostenía lo contrario:

“No es esto, señorías, lo que quiso el legislador constituyente, no es esto lo que nos manda nuestra Constitución; es un error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar -lo digo con rotundidad y desde el principio- por acabar con esta politización y con esa percepción de politización que tienen los españoles con la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial. Este es un sistema no solamente perverso en origen, en su elección -a mi juicio, insisto-, vulnerando la voluntad del legislador constituyente, sino que además perturba de forma grave las decisiones, aunque sean adecuadas, que adopta este mismo órgano, el Consejo General del Poder Judicial. Fin de la cita. 25 de enero del año 2012. Persona que pronuncia estas palabras, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.”

y es muy dura con quienes colaboraban con un sistema ya entonces tan degenerado.

Que eEl sistema es evidentemente ineficaz para evitar la politización y contrario a las recomendaciones sobre la práctica sistema que efectuó el Tribunal Constitucional, y ya lo dicen hasta el sector de la judicatura que apoyó el sistema en su día ylo dijo el propio
Partido Popular, este cuando le interesóa decirlo, o sea, inmediatamente antes de olvidarlo.

Como pueden comprobar todos aquellos quequien lo deseen, en la página 179, punto 11, del programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 2011, enlace aquí, y en las que obtuvo una amplísima mayoría absoluta, se decía,
literalmente:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

Sin duda un buen principio, acorde con las exigencias de Europa y con el espíritu y la letra de nuestra Constitución. Pero la realidad fue que el Partido Popular, usando el poder omnímodo que le daba su mayoría absoluta, hizo exactamente lo contrario de aquello a lo que venía comprometido por su programa electoral. Si en 1985, con los
socialistas en el poder, se declaró «muerto a Montesquieu», en 2012, con la derecha gobernando con mayoría absoluta, sus restos fueron incinerados por una reforma desvergonzadamente opuesta a lo prometido en su programa y a lo que reputaban justo cuando estaban en la oposición.

Pero no solo es ineficaz el sistema y hay partidos que piden su reforma y con ese programa electoral consiguen votos, pero luego se desdicen y aplican lo que les parecía inadmisible; tampoco es ya homologable con los sistemas propugnados por los organismos europeos en materia de lucha contra la corrupción y de independencia
judicial.

No les falta razón, en primer lugar,D porque desde el Consejo de Europa, a través del informe que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Informe «GRECO») presenta anualmente, se viene denunciando, reiteradamente y desde hace años, que en España existe la «apariencia de que intereses partidistas pueden permear los procesos decisorios judiciales» , lo que, según el GRECO es un aspecto particularmente preocupante en un momento en el que los casos de corrupción política están creciendocontinúan y están
resolviéndose en los tribunales, y, añadamos nosotros, indiscutiblemente cuando procedimientos judiciales tan relevantes como relativos a Cataluña causan tan notorias tensiones.

La publicación el 3 de enero de 2018 del El informe GRECO anual de 2017, publicado con fecha 3 de enero de 2018, enlace al texto completo en inglés aquí, no vino sino a propinar un nuevo varapalo a nuestro país; el informe reiteraba con contundencia la alerta sobre la persistencia de una situación «globalmente insatisfactoria» en relación con la vigilancia de la corrupción y conflictoss de intereses entre parlamentarios, judicatura y fiscalía. Esta nueva advertencia europea ha supuesto que, de acuerdo con las reglas de procedimiento establecidas (regla 32), se haya de someter al Reino de España a un escrutinio específico advirtiendo al más alto nivel de estos incumplimientos y estableciendo un seguimiento periódico para examinar la evolución. Será muy interesante, por cierto, ver qué dice la vez siguiente el informe GRECO cuando ya se
canceló cualquier posibilidad de Pacto de Estado por la Justicia, tras haber comprobado tanto Podemos como Ciudadanos que PP y PSOE no tenían la menor intención de hacer reformas serias incluyendo, este último, que no pensaban cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ; el informe GRECO no era aún más duro en sus apreciaciones en relación con España y consideraba parcialmente cumplidas sus observaciones porque se creyeron (observaciones 36 y 37) que ese Pacto se intentaba y que se aprobaría, incluyendo para reformar el marco normativo de CGPJ, y a ver qué dice el siguiente informe cuando se encuentren que no hay ni pacto ni intención alguna de hacerlo ni tampoco se va a cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ.

No les falta razón tampoco a quienes se oponen a la forma de elección de los vocales del CGPJ establecida en 1985, en segundo lugar, porque el sistema actual de elección de los vocales que integran el CGPJ contraviene el punto 27 de la «Recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités», enlace aquí, dado que los vocales judiciales que integran el CGPJ no son elegidos por los jueces de todos los niveles y con respeto pleno del
pluralismo en el seno del sistema judicial.

Sí —es necesario que se repita tantas cuantas veces sea necesario— nuestro sistema de elección de vocales del CGPJ no es homologable a nivel europeo; veámoslo.

Si uno se interesa por estos temas y por cuáles son las recomendaciones europeas en la materia, lo primero que descubre es la existenncia dentro del Consejo de Europa de un órgano no demasiado conocido: el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) así como también documentos de tanta enjundia como la Carta Europea sobre el
Estatuto del Juez, enlace aquí, o la ya mencionada Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los estados miembros sobre los jueces: independencia,
eficiencia y responsabilidades, enlace aquí, documentos ambos todos extremadamente claros en cuanto a la independencia de los poderes judiciales y a la forma de elección de
los componentes de su órgano de gobierno.

La Carta Europea sobre el Estatuto del Juez carta opta por declarar que el gobierno de los jueces lo ha de ejercerlo un organismo independiente del poder legislativo y del ejecutivo y que debiera estar compuesto, al menos al cincuenta por ciento, por jueces
elegidos entre sus pares. Tal opción se ve desarrollada en la Recomendación que establece lo siguiente:

Capítulo IV – Los Consejos del Poder Judicial

1. Los Consejos del Poder Judicial son organismos independientes, establecidas por la ley o la Constitución, que tratan de salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales y por lo tanto para promover el funcionamiento eficiente del sistema judicial.

2. No menos de la mitad de los miembros de estos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial y con respeto a la pluralidad dentro de la judicatura.

3. Los Consejos del Poder Judicial deberán demostrar el más alto grado de transparencia hacia los jueces y la sociedad mediante el desarrollo de procedimientos preestablecidos y decisiones razonadas.

4. En el ejercicio de sus funciones, los consejos de la judicatura no deben interferir en la independencia de los jueces individuales.

Las razones que toma en cuenta el Consejo de Europa en su Carta para optar por esta composición se contienen en la Exposición de Motivos («Explanatory Memorándum») a la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, que, sintéticamente, es la que sigue. [la traducción aproximada es nuestra, así que te recomendamos acudir al original]:

La Carta prevé la intervención de un organismo independiente del [poder] ejecutivo y el legislativo, donde se tomen las decisiones sobre la selección, contratación o nombramiento de los jueces, el desarrollo de sus carreras o la terminación de sus funciones (…) Se planteó la cuestión de cual habría de ser la composición de ese órgano independiente. La Carta en este punto establece que al menos la mitad de los miembros del cuerpo deben ser jueces elegidos por sus pares, lo que significasígnica que no quiere que los jueces estén en minoría en el organismo independiente ni les obliga a estar en mayoría. A la vista de la variedad de concepciones filosóficas y debates en los Estados de Europa, la referencia a un mínimo de 50% jueces surgió como capaz de asegurar un nivel bastante alto de respeto a cualquiera de las otras consideraciones de principios que dominan los distintos sistemas nacionales. La Carta establece que los jueces que integran el organismo independiente
deben ser elegidos por sus pares, con el argumento de que el requisito de la independencia de este organismo se opone a la elección o designación de sus miembros por una autoridad política que pertenece al poder ejecutivo o el legislativo.

Habría un riesgo de sesgo partidista en la designación y el papel de los jueces en virtud de un procedimiento de este tipo. Se espera que los jueces que se hayan
de sentar en el organismo independiente se abstengan de buscar el favor de los partidos políticos o los organismos que hayan de nombrarles o elegirles.

Por último, sin insistir en cualquier sistema de votación en particular, la Carta indica que el método de elección de los jueces a este órgano debe garantizar la representación más amplia de los jueces.

Que no les falta razón a quienes se oponen al actual sistema de elección de los vocales del CGPJ se vio confirmado también el 21 de junio de 2016, fecha en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia que los políticos españoles no deberían ignorar, la importante sentencia . RAMOS NUNES DE CARVALHO CONTRA PORTUGAL. En dicha sentencia el TEDH considera que han sido violados los derechos fundamentales de una magistrada. disciplinariamente sancionada por el “Consejo Superior de la Magistratura” portugués (CSM, el homólogo del CGPJ español). Los magistrados europeos expresaron en dicha sentencia sus dudas acerca de la imparcialidad e independencia del CSM portugués a la luz del artículo seis de la Convención Europea de Derechos del Hombre en un contexto jurídico esencialmente extrapolable a la situación española actual.

Nos dice el tribunal TEDH que para poder apreciar la independencia de un tribunal ha de acudirse no soólo a datos objetivos sino incluso a las apariencias de imparcialidad. Trasladada esa doctrina al caso español resulta palmario que, desde el mismo momento en que la elección de un vocal del Consejo General del Poder Judicial depende de una mayoría o consenso parlamentario, es obvio que la desvinculación política del elegido queda desvirtuada puesto que es seleccionado por un poder del Estado construido sobre la base de los partidos políticos, con sus respectivas tendencias ideológicas. De hecho, es habitual conocer si el vocal de turno es “conservador” o “progresista”, en función del partido político que ha favorecido su nombramiento, y, a pesar del porcentaje de no afiliados de la carrera judicial y de afiliados que tienen las cuatro asociaciones judiciales, su reflejo en los integrantes del Consejo no respeta la proporción asociativa, sino la de las fuerzas que componen el arco parlamentario, que con cada renovación parcial del CGPJ se reparten los vocales judiciales. Bien, pues, si eso es lo que «dice Europa», ¿qué tenemos en España?.

Ustedes lo saben igual que nosotros: un sistema donde, muy contrariamente a lo deseado por la Carta, los miembros del poder judicial son perfectamente reconocibles por su adscripción política piadosamente llamada “conservadora” o “progresista” para no tener que decir directamente por qué partido de la Cámara han sido promocionados. Y ¿por qué no tenemos el sistema que nuestra Constitución diseña, establece la Carta
Europea y reclama el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos? Ustedes saben perfectamente por qué: desde que, en 1985, el Partido Socialista lo estableciese, ningún partido en el poder ha querido cambiar este sistema de elección fuese lo que fuese que hubiese dicho cuando estaba en la oposición. Veamos un ejemplo que nos servirá para ilustrar el cuarto motivo que abona las tesis de quienes denuncian el actual estado de cosas y, para ello, nada mejor que echar mano de Alberto Ruíz Gallardón, ministro de justicia de infausto recuerdo.

Como pueden comprobar todos aquellos que lo deseen, en la página 179, punto 11, del programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 20113 y en las que obtuvo una amplísima mayoría absoluta se decía, literalmente:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Sin duda un buen principio, acorde con las exigencias de Europa y con el espíritu y
la letra de nuestra Constitución.

La realidad fue que Gallardón, usando el poder omnímodo que le daba su mayoría absoluta, hizo exactamente lo contrario de aquello a lo que venía comprometido por su programa electoral. Si en 1985, con los socialistas en el poder, se declaró «muerto a Montesquieu», en 2012, con la derecha gobernando con mayoría absoluta, sus restos fueron incinerados por una reforma desvergonzadamente opuesta a lo prometido en su programa y a lo que reputaban justo cuando estaban en la oposición.

Lo malo de los principios en España es que solo son eso, principios, y si una de las ciencias que estudian los principios es la ética, ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país que, la que de verdad se instala en el poder, es la ciencia que estudia los finales y postrimerías: la escatología.

De Ledesma a Gallardón han pasado tres décadas en las que la independencia judicial ha sido cercenada a través de las más diversas vías y no solo la meramente legislativa:

  • La independencia judicial ha sido cercenada todos estos años desde una absoluta carencia de medios que impone a la Aadministración de Jjusticia la necesidad de depender de otros poderes del estado para poder llevar a cabo sus tareas más básicas.
  • La independencia judicial ha sido limitada asignando al poder ejecutivo —al Ministerio de Justicia y a los Ejecutivos de las Comunidades Autónomas— la titularidad de prácticamente todos los medios materiales e instalaciones con que cuentan nuestros juzgados y tribunales.
  • La independencia judicial ha sido dinamitada, con la llegada de la revolución tecnológica, a través del troyano más elefantiásico que pueda imaginarse: el software que gobierna el funcionamiento de los programas de la administración de justicia. No necesito significarles la importancia que todo este problema del software genera a la Administración de Justicia pues los flagrantes fallos de seguridad de LexNet y, sobre todo, el referéndum para la independencia de Cataluña los han puesto de manifiesto en toda su crudeza.

Así las cosas, cuando en 2017 Ciudadanos decidió apoyar la investidura de Rajoy a cambio de consensuar 150 medidas, la número 102 volvió a hacer revivir las esperanzas de que la situación de la justicia en España podría mejorar, al menos en lo relativo a la
independencia judicial y a la forma de elección del CGPJ. La posición de Podemos, Ciudadanos y —muy tímidamente— del PSOE en cuanto al debate sobre la transferencia de competencias en materia de software del Ejecutivo al CGPJ abonó el campo de las esperanzas en que algo bueno podría suceder. Finalmente la presión de los jueces y fiscales en sus manifestaciones en pro de la independencia judicial —y no solo de sus retribuciones— hicieron concebir muchas más esperanzas que culminaron con el nombramiento de una fiscal que había participado en las protestas como Ministra de Justicia.

Sin embargo, la escatológica maldición que hace que en España los finales de los ministros se hallen en las antípodas de sus principios, hizo que pronto supiésemos que, de lo dicho, nada. Que ella podía tener unos principios pero que, para el caso de ocupar la cartera de Justicia, disponía de otros y, como Gallardón y como tantos otros que han hecho lo mismo, ni siquiera se ruborizó al declarar que, como ministra, haría lo contrario de aquello por lo que había estado manifestándose.

Ahora el Partido Socialista y el Partido Popular han declarado su disposición a derogar la reforma del CGPJ de la época Gallardón pero no se engañen, sin tocar una coma en lo que a la forma de elegir a los vocales se refiere, y, de hecho, están en estos momentos aplicando ese sistema. El Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular no van a ceder ni un milímetro de poder en pro de la independencia judicial, con la cooperación necesaria de la ministra.

Próximamente —la ministra— recibirá a las  asociaciones judiciales, algunas de las cuales parecen haber rebajado el nivel de su protesta en materia de independencia judicial y, en vez de plantarse, ya sólo parecen concentrarse en sus demandas salariales (¿eran sinceras entonces sus demandas de independencia judicial? ¿O también podían sustituirlas por otras si no gustaban al la ministro o ministra de turno?) mientras se han apresurado a buscar elegibles para la próxima renovación del CGPJ a pesar de que nadie puede creer razonablemente, tras tantas décadas y tantas mentiras de partidos, que las cosas se pueden cambiar desde dentro del CGPJ cuando el marco normativo es el problema y solo se cambia en las Cortes y los partidos mayoritarios no quieren cambiarlo. No todas las asociaciones, seamos justos; , hay una asociación, que nos conste, Foro Judicial Independiente, que ha renunciado a cualquier pasteleo y eso les honra y nos hace conservar las esperanzas a muchos ciudadanos que consideramos la independencia judicial como innegociable.

De aquella situación de relativo optimismo que, en relación a este tema, vivíamos a primeros de año 2018 hemos pasado a la más negra oscuridad y cabe preguntarse: ¿Quién defiende ahora la independencia judicial?

Pues, visto que la ministra huelguista de hace cuatro meses ahora ha desertado y se ha pasado al enemigo con armas y bagaje, visto que hay quienes probablemente parecen pierdan perder ardor guerrero a cambio de un poco de dinero o del grato olor del poder, visto que parecen haber remitido o son ineficaces las iniciativas de los partidos tendentes a regularizar la situación de nuestra justicia, creo que no hace falta que #T diga quien o quiénes siguen estando ahí.. ¿Quedará siquiera alguna esperanza de que
haya no solo partidos sino también quizá parlamentarios individuales suficientemente valientes para negarse a aplicar este sistema por mucho que su partido sí lo haga y que no voten a favor de esto de forma que no se alcance la mayoría de tres quintos necesarios para la elección de los vocales, o al menos dejando claro con su voto no sumiso y sí responsable que en la compleja situación política de España y con los criterios europeos esto no puede seguir así y es ceguera política negarlo?

En 1853, cuando la reina María II de Portugal firmó un decreto que iba contra la inamovilidad de los jueces, el presidente del Tribunal Supremo Portugués, José da Silva Carvalho, le remitió una carta en la que le explicaba que, la inamovilidad de los jueces, no era un privilegio de estos, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Ese principio, es muy verdad que es tan válido hoy como en 1853.

Y es que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, ni siquiera es un principio cuya defensa les corresponda a ellos más que al resto de la sociedad. L; la independencia judicial es un derecho fundamental de todos y no es negociable ni transigible: ni puede ni debe formar parte de aquellos valores o principios cuya integridad pueda ponerse en juego en el curso de una negociación política, salarial ni de otra especie. La defensa de la independencia judicial, digámoslo claro, no es competencia exclusiva de ningún grupo específico de personas por muy cualificadas que estén, es algo que corresponde a la sociedad en su conjunto como derecho fundamental suyode la misma que es. Somos muchos, juristas y no juristas, aquellos a a quienes importa la independencia de la Jjusticia, porque aún creemos en unas cuantas cosas, porque sabemos que es un nuestro deber de todos decenderladefenderla o porque, simplemente, queremos un país mejor para #Todos y #Todas, y estamos dispuestos a denunciar la situación públicamente sea quien sea quien gobierne para todos.

Sí, , para todos, con #T de #Todos y #Todas. #T Brigada Tuitera está
siempre por la independencia judicial, con principios y sin finales.


Este post lo escribieron en cooperación José Muelas Cerezuela & Verónica del Carpio Fiestas (Septiembre de 2018)

¿La primera sentencia de divorcio de España?

Rebuscando entre los libros que hablan de la historia de mi ciudad he encontrado uno en la Biblioteca Nacional que, como anexo, contiene una sentencia de divorcio dictada el 3 de septiembre de 1873 (hace 145 años) por la Comisión Revolucionaria de Justicia del Cantón de Cartagena, organismo encargado de la jurisdicción civil y penal en la flamante primera nación de la soñada República Federal Española.

La sentencia es pues unos cincuenta años anterior a las leyes de divorcio de la II República Española. Se sabe que el divorcio era legal durante el Cantón de Cartagena lo que no sé es si fue legal en algún lugar de España con anterioridad o si esta sentencia que les acompaño es la primera o simplemente una de tantas emitidas por los tribunales federales.

No les canso más, este es el texto de la sentencia:

Oídas las quejas producidas por José Rodríguez, escribiente de la Numancia, contra su esposa Nicolasa Abad, fundadas en diferencias esenciales de carácter, en desobediencia á las prescripciones legitimas de su ma-rido, en la pérdida de todo su cariño hacia ella y en ladenuncia del hermano Ángel Rodriguez de haber cometido adulterio con su cuñado;

Atendidas las declaraciones prestadas por ambos esposos, testigos y á presíencia de antecedentes;

Atendida la retractación solemne que ha producidoÁngel Rodríguez de su calumnia á la honra de su cuñada y hermano, explicando que si bien la pronunció ó intentó sostenerla era invento de su malquerencia hacia Nicolasa Abad é irreflexivo cariño á su hermano José,por establecer de este modo entre ambos mas inevitable separación;

La Comisión revolucionaria de Justicia que actúa como Jurado en asuntos civiles y criminales, en sustitución de las autoridades judiciales, cobardemente alejadas de Cartagena, considerando que la base primordial del matrimonio es el amor, que al separarse de su marido la mujer queda sin mas amparo que el de la autoridad por no preceptuarse en la ley que el matrimonio sea un espontáneo contrato con garantía en que ambas partes aseguren su independencia para el porvenir:

Falla y condena:

1. Los cónyugues José Rodríguez y Nicolasa Abad,podrán vivir separados todo el tiempo que el marido lo reclame, quedando éste obligado á mantener á su mujer con la tercera parte de lo que gane en concepto de sueldo, emolumento ó recompensas de cualquier género que obtenga en su trabajo.

2. Si el marido reclamare la unión con su mujer, se verificará si está bajo la garantía de la autoridad á cuya vigilancia quedan la conducta del marido para con su mujer, que podrá divorciarse definitivamente recurriendo en queja.

3. Si resultaren hijos de este matrimonio, quedarán sujetos á las prescripciones generales de la legislaciónespañola.

4. Queda perdonado el hermano Ángel Rodríguez á instancias de las partes ofendidas de la calumnia con su cuñada, en razón á las circunstancias de irreflexion y ligereza que en él concurren.

Cartagena 3 de Setiembre de 1873.—P. A., AlbertoAraus, Vice-presidente.—Wenceslao G. Almansa, Vice-presidente.—José Ortega, Vocal.

Grabado que ilustra el izado de la bandera roja (señal de la insurrección) en el Castillo de Galeras. Abajo puede verse a una persona vendándose un brazo, supuestamente se trata del cartero Sáez que tiñó con su sangre la luna y la estrella blancas de la bandera turca para hacerla totalmente roja.

Españoles por el mundo

Las tardecitas de Cartagena tienen ese ¿qué se yo?… y tienen tanto que, hoy, no se me ha aparecido ningún loco de esos a los que cantaba la balada que comienza con la misma frase de este post, sino este señor que ven en la imagen. Cuando iba por la calle Jara se ha venido hacia mí y con un fortísimo acento argentino me ha dicho:

—Buenas tardes, ¿vos sabés cómo se llega al Barrio del Foro?

Se lo he indicado y no sé cómo se las ha arreglado para iniciar una conversación que, sin que yo supiese muy bien cómo, ha ido desde la arquitectura militar de frente abaluartado de mi ciudad (que le atraía muchísimo) hasta sus orígenes cartagineses. El hombre, profesor de historia, citaba fechas y siglos como si fuesen parte de su vida y con la misma solvencia subrayaba la idiotez de Carlos II que hablaba del ímpetu sexual del primer hijo de los Reyes Católicos.

El hombre me ha confesado que era español de pura cepa, bueno, había nacido en Buenos Aires y había vivido toda su vida allí dando clase, pero era hijo de un navarro y una balear emigrados a Argentina y eso imprime —decía él— carácter y por eso, como yo bien podía notar, él era español hasta la médula ósea.

Yo, debo confesarlo, lo que notaba en realidad era su incontenible verbo argentino, con el que me ha rodeado hasta tenerme a su merced. Me ha contado cómo él no supo que era argentino hasta que fue a la escuela primaria y vio una bandera albiceleste desconocida hasta entonces para él, pues, en su casa de Buenos Aires, los mapas eran de Navarra y las banderas de España y su padre no transigía con melindres rioplatenses.

En casi una hora de conversación me ha explicado que:

  1. España es la nación más importante y cojonuda del mundo.

  2. Los ingleses son unos sujetos absolutamente despreciables.

  3. Que Perón, Kirchner y todos los que han gobernado en Argentina han sido, en general, una desgracia para el país.

  4. Que Aznar, Felipe González y todos cuantos han gobernado España no son mejores que los antes citados.

  5. Que los Austrias fueron lerdos y los Borbones más.

  6. Que Fernando VII fue un hijoputa sin parangón y que

  7. San Martín, Bolivar y toda esa gente no fueron mas que unos traidores a España y que sólo gracias a la ayuda de esos ingleses indeseables desgajaron a Hispano-América de este país que, según se puede comprobar en el punto primero, es el mejor y más cojonudo sin discusión posible.

A esas alturas yo ya estaba buscando batirme en retirada, pues mi recién adquirido amigo me estaba contando las causas y consecuencias de la II Guerra del Pacífico y, aprovechando que ha aparecido mi amigo Rafael, he decidido utilizarlo como muleta para escabullirme. La sagacidad argentina no lo ha permitido, sin duda previendo mi ardid el hombre ha sitiado a Rafael con su verbo y este, encandilado y sin atender a que yo llevaba una hora revisando la historia de España, nos ha invitado a café. Ahí ha ardido Troya, pues, desde las primeras glosas emilianenses hasta la actualidad más reciente, este profesor de historia ha sentado cátedra en todas cuantas eras históricas ha recalado su discurso —eso sí, siempre referido al mejor país del mundo que, como ya ha quedado claro, es España—.

Había pasado hora y media cuando le he dejado camino yo de mi despacho y él del Barrio del Foro Romano. Le he visto marcharse con ternura infinita pues, a fin de cuentas, con él se iba el español más español que he conocido hasta el día de hoy.

Como imaginarán tenía que hacerme una foto con él.

De camisetas y banderas

Leo, con cierta estupefacción, las noticias relativas al revuelo que se ha montado con la nueva camiseta de la selección española de fútbol; que si la fila de rombos azules, al mezclarse con el rojo, producen el efecto de morado y por ende trae a la memoria los colores de la bandera de la República Española; que si Pablo Iglesias y otros líderes de izquierda han manifestado su contento con tal gama cromática; que sí el gobierno y líderes de la derecha no han acabado de ver con buenos ojos la indumentaria… No sé si es que les gusta discutir y aprovechar cualquier nimiedad para tocarse las narices recíprocamente o que, por el contrario, si es que soy yo quien carece de la necesaria sensibilidad para captar el busilis de estas cosas; lo cierto es que a mí el debate me parece absolutamente ridículo, algo parecido al debate sobre la calidad de un vino, un jamón pata negra o un perfume, cuyo único fundamento fuese el diseño de su etiqueta. Déjenme que me explique y tengan paciencia conmigo.

1. La Cruz de Borgoña

La primera «bandera de España» a que me gustaría referirme es la que luce como elemento principal la llamada «Cruz de Borgoña». Esta bandera había sido usada tradicionalmente por la Casa de Borgoña a modo de distintivo, y con la llegada de Felipe «el Hermoso», casado con Juana «La Loca», arribó a la península a principios del siglo XVI. La Cruz de Borgoña o Aspa de Borgoña es una representación de la Cruz de San Andrés en la que los troncos que forman la cruz aparecen con sus nudos en los lugares donde se cortaron las ramas. Véanla.

Esta es la bandera que se asocia naturalmente al imperio español y fue también la bandera que utilizaron los Tercios de Flandes. Si ustedes se acercan al Museo del Prado y contemplan el cuadro de «Las Lanzas», podrán saber cuáles son los soldados españoles porque estos llevan una bandera con la Cruz de Borgoña sobre un fondo ajedrezado azul celeste y blanco: la bandera del Tercio de Ambrosio de Spínola que, por razones que no alcanzo a comprender, aparece a menudo en la red como bandera del «Tercio Viejo de Cartagena», unidad que, hasta donde yo sé, sólo aparece en las novelas de Pérez Reverte.

Esta bandera de la Cruz de Borgoña es, probablemente, la que durante más años ha representado a España y aún lo sigue haciendo en numerosos lugares del mundo, singularmente en la América Hispana. Observen por ejemplo la siguiente fotografía en donde podemos verla compartiendo lugar de honor junto con las banderas de Puerto Rico y los Estados Unidos.

Usualmente llamada «Spanish Military Flag» ondea sobre los fuertes de Puerto Rico y es usada también, por sólo citar un ejemplo, en la ceremonia del «Cañonazo de las Nueve» en los fuertes de La Habana.

Esta bandera, que jugó un papel protagonista durante buena parte de nuestra historia, es también parte de la historia de otros países; y no sólo de la América Hispana, sino también de los Estados Unidos. Con ella —o bajo ella— las tropas españolas apoyaron la causa de los colonos de los Estados Unidos en su guerra de independencia de Inglaterra.

Aquí pueden verla en el cuadro de Augusto Ferrer Dalmau «Por España y por el Rey. Gálvez en América» y, si no saben quién fue Gálvez, permítanme que les recomiende, por una vez y sin que sirva de precedente, un artículo de mi paisano Arturo Pérez Reverte intitulado «El hombre que atacó solo», texto que sin duda les ilustrará sobre la clase de material del que estaba hecho el malagueño Bernardo de Gálvez.

Como consecuencia de la presencia española en América del Norte se admite generalmente que las banderas de algunos estados (Alabama, Florida…) fundan su diseño en la bandera española de la Cruz de Borgoña e incluso algunos otros —si bien con menos consenso— quieren ver en ella la inspiración de la Bandera del Ejército Confederado durante la Guerra de Secesión estadounidense.

No creo que, con lo que le he narrado hasta aquí, le parezca a usted «poco española» esta bandera bajo la que se construyó un imperio ni que, si es usted un español acendrado, le produjese urticaria si la viese en alguna camiseta deportiva. No lo creo ¿verdad?. Quienes combatieron, trabajaron o simplemente vivieron bajo ella eran tan españoles —o más— que usted. No le quepa la menor duda.

¿Por qué dejó de usarse como bandera de España? Bueno… la maldita política. Cuando llegaron los borbones a España sintieron que era una bandera demasiado austracista y, tras la Guerra de Sucesión, comenzaron la tarea de cambiarla por una bandera blanca (el blanco era el color de los borbones) con el escudo de armas del rey en medio. No lo lograron pero fue con esta bandera blanca con el escudo real en medio con la que un españolazo de Pasajes, Don Blas de Lezo Olavarrieta, infligió a los ingleses la derrota más humillante de su historia en los muros de Cartagena de Indias.

Luego vinieron las carlistadas… los partidarios de Don Carlos usaron la Cruz de Borgoña como distintivo se sus tropas (cosa normal, usaban la bandera «de España») mientras que los partidarios de su sobrina, Isabel II, usaron más de la rojigualda que había ganado mucha popularidad a partir de 1808. Finalmente, en 1843, Isabel II instituyó la rojigualda como bandera oficial de España y desde entonces la vieja bandera española con la cruz de Borgoña quedó indisolublemente unida a la causa carlista, asimilación que aumentó con la guerra civil española 1936-1939, pues era la bandera oficial de la Comunión Tradicionalista y era la que habitualmente portaban los batallones de «requetés». Durante el franquismo nuestra vieja bandera imperial fue instituida como una de las banderas oficiales del régimen de Franco junto con las de España y la rojinegra de la Falange.

Pero insisto: ¿le parece a usted «poco española» esta bandera? ¿Cree que eran menos españoles que usted quienes combatieron, trabajaron o simplemente vivieron bajo ella?. Espero que no. Si algún día aparece en alguna zamarra deportiva espero que no le provoque a usted ansiedades o iras innecesarias la aparición de esta bandera que ha representado oficialmente a España durante tres siglos y medio (la actual apenas lleva siglo y medio) y aún la sigue representando oficiosamente en muchos lugares de América.

2. La «rojigualda»

El actual diseño de la bandera de España es producto de un concurso organizado por Carlos III para dotar de una nueva enseña a la Armada Real. Dado que el blanco era el color de los borbones muchas naciones enarbolaban banderas blancas en el mar y no eran infrecuentes los equívocos que daban lugar a trágicas consecuencias.

Harto de esta situación Carlos III decidió encargar diseños de banderas que en la mar se distinguiesen perfectamente en la lejanía y los que resultaron finalistas fueron los que ven en la siguiente imagen: cualquiera de ellos podría ser la actual bandera de España.

Finalmente Carlos III eligió el primer diseño para la marina de guerra (aunque amplió al doble la franja central para compensar) y el tercer diseño para los barcos de la marina mercante. Las franjas horizontales eran visibles incluso en el caso de que la bandera flamease y los colores rojo y amarillo destacaban perfectamente sobre el azul del mar. El origen de la bandera actual de España, pues, nada tiene que ver con la bandera de la Corona de Aragón, aunque, ciertamente, sus colores son virtualmente idénticos.

Esta bandera ondeó primeramente en los barcos de la Armada, posteriormente en sus acuartelamientos e instalaciones de tierra, durante la Guerra de la Independencia fue muy popular entre los liberales y era la preferida por las unidades de la Milicia Nacional… en suma, esta bandera se asimiló a lo «liberal y progresista» mientras que la de la Cruz de Borgoña se asimiló a los valores conservadores y absolutistas propios del carlismo. Enfrentadas ambas concepciones en aquellas lamentables guerras civiles entre los partidarios del tío o de la sobrina finalmente se impuso la sobrina y la rojigualda frente a su tío y la Cruz de Borgoña. Cosas del destino.

Supongo que nadie me discutirá que el liberalote de Granátula Don Baldomero Espartero era tan español como el carlistón de Ormáiztegui Don Tomás de Zumalacárregui. Ellos mismos, si se definían como algo, era como españoles auténticos. No creo que nadie pueda afirmar que quienes combatieron, trabajaron o simplemente vivieron bajo la rojigualda sean o hayan sido menos españoles que quienes combatieron, trabajaron o simplemente vivieron bajo la de la Cruz de Borgoña.

El diseño para la Armada de Carlos III, con Isabel II, pasaría a ser bandera de España y, salvo durante la II República, ya no cambiaría jamás pues incluso la Primera República —y hasta los cantonales— usaron la rojigualda. Tan sólo el escudo ha variado, pero eso lo veremos otro día.

3. La bandera de la II República Española.

Los constituyentes de la II República Española estimaron que el diseño de la bandera de Carlos III olvidaba a una región «nervio de España» según sus propias palabras: Castilla. Es por eso que decidieron añadir a los dos colores «aragoneses» (ya sabemos que no es así en realidad) el morado «representativo» de Castilla, dando lugar a la bandera tricolor republicana. Bajo ella combatieron, trabajaron y vivieron hombres y mujeres tan españoles y españolas como usted y en muchos casos probablemente más que usted. No sé por qué produce irritación esta bandera de España ni por qué unos la exhiben para provocar el enfado de otros que tampoco entiendo bien por qué se enfadan. Permítanme que —obviando la guerra civil que enfrentó a españoles independientemente de la bandera bajo la que peleasen— les cuente una historia.

Agosto de 1944. Hitler había ordenado destruir París (¿Arde París?) a Von Choltitz, el jefe de la guarnición alemana, a la vista de que las tropas aliadas se aproximaban. Lo que no sabía es que Eisenhower, jefe supremo aliado, no quería tomar París: alimentar a ocho millones de habitantes era un problema que quería dejar en manos alemanas. Sin embargo, para De Gaulle, jefe de las fuerzas francesas, era cuestión de honor hacerlo y por eso ordenó al General Leclerc liberar a todo trance París quien, a su vez, ordenó a una de sus mejores unidades que lo hiciera. Y lo hicieron.

Los hombres de la 9ª compañía blindada del Regimiento de Marcha del Tchad, tras batirse el cobre con numerosas unidades alemanas en días anteriores, el 24 de agosto de 1944 irrumpieron en París a bordo de sus «half-tracks».

No sin sufrir bajas los blindados «Madrid», «Jarama», «Ebro», «Teruel», «Guernica», «Belchite», «Guadalajara», «Brunete» y «Don Quijote» alcanzaron el ayuntamiento de París. El primer blindado que llegó a la plaza del ayuntamiento de París fue el “Guadalajara”, con tripulación exclusivamente extremeña. Los primeros disparos que las fuerzas aliadas efectuaron se hicieron, efectivamente, desde el blindado “Ebro”, mandado por el capitán canario Campos y conducido por el catalán Bullosa. En las cercanías del Arco del Triunfo patrullaban Alfredo Piñero y Francisco Izquierdo, que se quedó mudo cuando una muchacha, tras los besos de rigor exclamó: «¡Eres el primer soldado francés al que beso!», a lo que éste contestó «somos rojos españoles, mademoiselle» y, en efecto, así era: ellos eran lo que quedaba del ejército republicano que había perdido la guerra cinco años antes.

La epopeya de estos hombres perseguidos en España por el régimen de Franco y perseguidos en toda Europa por el régimen nazi, pero que acabaron siendo quienes liberaron París, aún espera que alguien la narre como merece. Eran republicanos, peleaban bajo la bandera republicana y fue con esa bandera con la que entraron en París. Y eran españoles, tan españoles o más que usted y que yo.

Más de 70 años después de aquellos hechos el «Regimiento de Marcha del Tchad» sigue formando cada mes de agosto frente al ayuntamiento de París enarbolando la bandera de aquella 9ª Compañía Blindada de republicanos españoles. Puede verlo en la foto.

Sí, la bandera de la República Española aún ondea en actos oficiales y a mí me enorgullece tanto como ver la Cruz de Borgoña ondeando en los fuertes de Puerto Rico o la rojigualda en las Cortes de España.

Y ahora si a usted le sigue pareciendo que quienes combatieron, trabajaron o simplemente vivieron bajo la bandera tricolor republicana eran peores españoles que usted y siente urticaria al ver esa bandera en una camiseta quizá tenga usted que revisar sus convicciones. O quizá es que yo carezca de sensibilidad para estas cosas.

Miren, con la Cruz de Borgoña, con la rojigualda, con la tricolor, este país se llama España y son españoles y españolas quienes viven en él independientemente de la bandera o etiqueta que luzca el país en cada momento. Dejemos de usar las banderas para formar banderías y asumamos nuestra historia y que, los responsables de la misma, somos los españoles. Cualquiera que sea la bandera.

Y dejen de dar el coñazo con la camiseta de la selección.