Cómo el copyright perjudica a la cultura

Si uno observa en las tiendas de libros, por ejemplo en Amazon, los libros que hay a la venta descubrirá -y esto no es una sorpresa- que los libros más ofertados suelen ser los más recientes; es decir, que los libros escritos entre el año 2000 y 2010 se ofertan más que los escritos en la década comprendida entre los años 1990 y 2000. Nada sorprendente, como digo, pues parece razonable que los libros más recientes se vendan más y esta regla se cumple perfectamente según viajamos hacia atrás en el tiempo, pues, los libros de la década de los 80 se ofertan más que los de la decada de los 70 y así sucesivamente.

Esta constante se cumple perfectamente según exploramos el pasado pero, ¡Oh!, llegados a la década de 1920, al menos en Amazon, los libros de aquella década se venden más que los de la década de los 30 y, si analizamos los libros que se ofrecen de las décadas anteriores, observaremos que la oferta de los mismos aumenta exponencialmente.

La cantidad de libros de cada década ofertados por Amazon puede verse en la siguiente gráfica, presentada públicamente por Paul Heald, profesor de derecho de la Universidad de Illinois. Para realizarla un alumno suyo escribió un programa de ordenador que recogió el número de libros ofertados en Amazon y los clasificó según la década en que fueron escritos. Los resultados fueron expuestos en una conferencia dada por el propio Paul Heald el 16 de marzo pasado en la Universidad de Canterbury.

Oferta de libros según la década en que fueron escritos
Oferta de libros en Amazon según la década en que fueron escritos

Como pueden observar los libros de la década de los 10, se ofertan diez veces más que los de la década de los 60.

La explicación a este curioso fenómeno se encuentra en la regulación del copyright, pues, los libros que se escribieron en la década de los 20 ya están casi todos en el dominio público -su copyright ha expirado- y Amazon puede ponerlos a disposición del público sin problemas. No ocurre lo mismo con los de las décadas siguientes, de forma que los lectores quedan dramáticamente privados de la posibilidad de comprarlos.

Como puede observarse en la gráfica el copyright ha convertido el siglo XX en un erial cultural, privando de todo sentido a la legislación en materia de copyright que, como vemos, no sólo no estimula la cultura sino que, simplemente, la bloquea haciendo caer en el olvido a decenas de miles de títulos que los lectores, eventualmente, podrían leer.

No creo que sea preciso añadir más.

Nota: Esta entrada se publicó el 31 de marzo de 2012 en “El otro blog de José Muelas”

Las voces y los ecos

Quizá un cierto grado de frívola superficialidad sea el precio que hemos de pagar por tratar de vivir en una sociedad libre. Las sociedades libres dan a sus ciudadanos un amplio margen de libertad para decidir sobre qué quieren estar informados, quién quieren que les informe y cómo quieren que lo hagan. Nadie está tampoco obligado a informarse en una sociedad libre ni mucho menos obligado a leer, escuchar o ver, determinados medios de comunicación.

La capacidad de atención de un ser humano es limitada, no podemos atender a todas las noticias y estímulos que nos llegan desde los diversos medios de comunicación y, a cada momento, estamos seleccionando y filtrando la información que recibimos: desde el canal de TV que vemos, al tipo de música que escuchamos en la radio de nuestro coche o las personas que leemos en nuestra cuenta de Facebook, Tuíter o Instagram. Permanecemos en unos grupos de whatsapp y nos salimos de otros a nuestro albedrío de forma que, en general, acabamos viendo las noticias, oyendo la música o leyendo en las redes, sólo aquello que nos gusta.

El algoritmo de Facebook está optimizado para cumplir con este principio, pues sabe lo que el usuario desea leer o ver y el algoritmo se lo da incesantemente y cada vez con mayor porcentaje de aciertos. Facebook lo sabe casi todo sobre usted y, por eso, le coloca en primer lugar aquellos posts que encajan con sus gustos; Facebook pelea por su atención y tratará por todos los medios de darle una programación de su agrado y adaptada a sus gustos y aficiones, deportivas, culturales y políticas.

Si usted me está leyendo ahora es muy probable que sea porque ya ha leído algún post mío antes y el algoritmo de Facebook ha decidido ofrecerle este post en su newsfeed de hoy.

Parece que no hay nada malo en ello y, sin embargo, puede ser que esta forma de captar su atención que utilizan los algoritmos, esta forma de suministrarle información, sea el germen de indeseables situaciones de las que ya estamos viendo los primeros ejemplos.

Fue Marshall McCluhan quien imaginó un mundo donde cada ciudadano tendría su propio periódico, en lugar de Daily Mirror, le llamó Daily Me y espero que entiendan el juego de palabras. Le llamó Daily Me porque ese periódico estaría compuesto con las noticias que a cada uno de nosotros nos interesaran o nos gustaran y no otras.

Pues bien, gracias a las redes sociales estamos muy cerca de que cada uno de nosotros tenga su propio Daily Me y eso, créanme, no es bueno.

Gracias al algoritmo de Facebook leemos aquellas noticias que provienen de fuentes que antes nos han gustado, nuestros clicks y me gusta nos han ido delatando. Si alguien nos enfada o no compartimos sus opiniones, la ausencia de «likes» por nuestra parte le relegará a lugares perdidos de nuestra newsfeed y no le leeremos nunca; de forma que, finalmente, todo nuestro newsfeed estará compuesto de noticias que coinciden con nuestra forma de pensar o ver las cosas. Así, nuestro newsfeed, al cabo de poco tiempo, se vuelve una especie de eco que amplifica nuestra propia voz, lo que sentimos y lo que pensamos.

Esto no ocurre solo con nosotros sino también con el resto de los usuarios que, por efecto del algoritmo de Facebook, acaban concentrándose en burbujas o grupos de usuarios que comparten creencias, convicciones, gustos o ideologías. El algoritmo, lenta pero implacablemente, saca de nuestra vida a quienes discrepan.

Podría ser un mundo feliz, pero no lo es. Las últimas elecciones estadounidenses nos han mostrado cómo, dentro de las «cámaras de eco» formadas por los seguidores de Trump, por ejemplo, podían verterse falsedades y patrañas que nadie se encargaba de desmentir pues agradaban a los miembros de esa comunidad: el escenario para la irrupción de la postverdad estaba preparado.

Piensen, por poner un ejemplo más cercano, en Cataluña. Independentistas y no independentistas hablan y conviven en sus propios grupos como si de burbujas aisladas se tratase; no importa lo que se cuente dentro de esas burbujas, poco importa si es verdadero o falso: los «encapsulados» se retroalimentan unos a otros y entran en un proceso de radicalización que está catalizado por esas burbujas.

Nos gusta sentirnos parte de un grupo, nos molesta la discrepancia y no vemos en ella la forma de abrir una puerta en nuestra cámara, de forma que podamos escuchar una voz nueva que nos libere de los ecos redundantes que llenan nuestra burbuja; el algoritmo, además, hace el trabajo por nosotros sacando de nuestra burbuja, de nuestra cámara de eco, a toda voz discrepante y lo hace sin violencia pero con implacable eficacia.

Si todos a tu lado cantan la misma canción ponte alerta; si todos a tu alrededor comparten las mismas creencias, mantén la guardia alta; si todos miran en una dirección, trata de otear el horizonte que ellos no miran; trata de que siempre haya una puerta abierta por donde pueda entrar la voz discrepante que te dé la oportunidad de descubrir que estás equivocado, no permitas que se cree una cámara de eco a tu alrededor; porque los demócratas de verdad son esas personas que no están seguras siempre de todo, salvo de que pueden estar equivocadas.

O como dijo Don Antonio Machado

Desdeño las romanzas de los tenores huecos

y el coro de los grillos que cantan a la luna.

A distinguir me paro las voces de los ecos,

y escucho solamente, entre las voces, una.

Informática judicial: quién debe decidir

A la hora de diseñar un sistema informático la primera cuestión que habríamos de plantearnos es la de quién es el responsable de la información que se va a tratar y quién debe, por tanto, decidir cómo se trata; cuestión esta que, aunque de perogrullo, no parece haber sido tenida en cuenta por quienes han diseñado el actual caos informático de la administración de justicia española. Tal olvido no puede seguir produciéndose en el futuro si queremos tener una justicia informatizada racionalmente y sería bueno que los responsables políticos nacionales y autonómicos comenzasen a hacerse a la idea de que un cambio de paradigma en cuanto a la titularidad de los datos tratados y a la dirección del tratamiento de los mismos es imprescindible.

Conviene recordar en este punto que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo un nuevo capítulo (el “I BIS”) con el título de “Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia”.

A los efectos de este artículo resulta de capital importancia la distinción que efectua el artículo 236 ter. LOPJ, producto de la modificación legal antes mencionada, entre los datos tratados con fines jurisdiccionales (en adelante simplemente “datos jurisdiccionales”) y los datos tratados con fines no jurisdiccionales (en adelante, simplemente, “datos no jurisdiccionales”). Conforme a dicho precepto, los datos que se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan los juzgados o tribunales se considerarán “datos jurisdiccionales” y, conforme al artículo 236.1 sexies LOPJ, será responsable de los mismos el órgano jurisdiccional u oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero.

Parece evidente que la referencia a la “oficina judicial” resulta claramente inapropiada cuando hablamos de datos jurisdiccionales, pues el titular de los mismos no es ni debe ser ningún órgano del poder ejecutivo tal y como queda de manifiesto cuando el artículo 236.1 nonies declara: “1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.”

La mención a la oficina es inapropiada también si la consideramos teniendo en mente la regulación que efectua el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, pues, conforme al artículo 55.3 y al considerando 20 de este Reglamento (de aplicación directa en España a partir del 25 de mayo próximo):

Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales (…) A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El control de esas operaciones de tratamiento de datos ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro…

Como vemos, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el responsable de los datos incorporados a los procedimientos judiciales no es ni puede ser en modo alguno el poder ejecutivo.

Y si esto es así, como lo es, cada vez resulta menos admisible que sean los poderes ejecutivos estatal o autonómicos quienes se encarguen del tratamiento de los datos jurisdiccionales y no sean los órganos correspondientes del poder judicial quienes tomen el control del mismo.

Muchas voces ya han denunciado cuán contraria al sentido común es la situación actual e incluso se ha advertido del riesgo tremendo que supone que los archivos judiciales estén en manos de ejecutivos autonómicos que pueden, llegado el caso, “desconectar” la infraestructura informática de la administración de justicia si sienten que pueden ser perseguidos por ella como consecuencia de sus acciones.

Esta situación de que los datos jurisdiccionales sean tratados por quien no es su titular, de que las lineas directrices del tratamiento las determine quien no es su titular, de que toda la disponibilidad del sistema esté en manos de personas y entidades que pueden ser objeto de investigación por los juzgados y tribunales repugna ciertamente al sentido común y, con toda probabilidad, a partir del 25 de mayo, sea contraria también al ordenamiento jurídico.

Es evidente que ha llegado el momento de que la realidad se adapte a las exigencias del sentido común y del ordenamiento jurídico; es el momento de que los poderes ejecutivos procedan a entregar a los verdaderos titulares de los datos jurisdiccionales el control de los mismos y de los sistemas informáticos con que hasta ahora los tratan; es tiempo también de que procedan a dotarles de los medios económicos y materiales necesarios para su tratamiento y es, sobre todo, la ocasión de proveer lo preciso para que, en el futuro, las directrices en cuanto a organización y sistemas las tome el poder del estado que, conforme a la razón y al ordenamiento, debe hacerlo.

Decisiones trascendentales

Hoy he tomado una decisión que yo calificaría de trascendental: me he comprado un botijo.

No, no, no empecemos con bromas y chascarrillos que ya os conozco a todos y sé de qué pié cojeáis; un botijo es una herramienta tecnológicamente avanzadísima y por completo integrada en el mundo de las tecnologías de la información. Lo que pasa es que, como la ignorancia es atrevida, siempre habrá algún ignaro que diga aquello de «es simple como el mecanismo de un botijo».

«Simple como el mecanismo de un botijo», hay que ser un beocio de España para decir tal majadería. El mecanismo del botijo es tan complejo que daría para explicar desde la formación del universo hasta su mismo final, y no les exagero lo más mínimo.

El principio de funcionamiento del botijo es el siguiente: el agua almacenada se filtra por los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente seco exterior (característica del clima mediterráneo) se evapora, produciendo un enfriamiento (2,219 kilojulios por gramo de agua evaporada). La clave del enfriamiento está, por lo tanto, en la evaporación del agua exudada, ya que ésta, para evaporarse, extrae parte de la energía térmica del agua almacenada dentro del botijo.

Los beocios a que antes aludía —que no distinguen un kilojulio de lo que cabe en una litrona de cerveza en verano— menos aún van a saber lo que es la energía térmica más allá del difuso concepto de “la calor”, sin acertar a distinguir entre conceptos tales como temperatura, calor, energía cinética macroscópica y energía interna. La próxima vez que un beocio de estos les diga lo de «simple como el mecanismo de un botijo» pídale usted que le explique ese mecanismo y disfrute viendo al beocio boquear como un aladroque fuera del agua.

Bien, ya tengo mi botijo y soy un poco más feliz. Lo he llenado y lo he puesto sobre un plato para que el exudado no moje la mesa y ahora ya solo me queda disfrutar de agua fresquita todo el año. Va por ustedes.

El secreto profesional y la protección de datos de los abogados

Se acerca el 25 de mayo y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o RGPD) empieza a dejar sentir su alargada sombra sobre el ejercicio profesional de la abogacía.

No se asusten, no voy en este post a realizar recomendación alguna sobre el cumplimiento del Reglamento ni a amenazarles con las penas del infierno si no se apresuran a estudiar y cumplir el mismo, sólo quisiera llamar la atención de ustedes sobre la particular naturaleza de los datos que tratamos los abogados en nuestro ejercicio profesional, naturaleza particular que puede conducirnos a no considerar aplicables determinadas normas relativas a la protección de datos o a postergarlas en beneficio de otras.

Me estoy refiriendo a la distinción entre datos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que establece la LOPJ en sus articulos 236 bis a decies y a la particular autoridad de control que corresponde a cada uno de ellos. Finalmente quisiera considerar la particular naturaleza de los datos no jurisdiccionales que, aún no aportados a un procedimiento judicial, forman parte del acervo de lo que se ha venido denominando el secreto profesional de los abogados.

Para empezar conviene recordar que La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo un nuevo capítulo (el “I BIS”) con el título de “Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia“, capítulo en el se que regulan importantes aspectos relativos al régimen jurídico de la información tratada por nuestros juzgados y tribunales.

A los efectos de este artículo resulta de capital importancia la distinción que efectua el artículo 236 ter. LOPJ, producto de la modificación legal antes mencionada, entre los datos tratados con fines jurisdiccionales (en adelante simplemente “datos jurisdiccionales”) y los datos tratados con fines no jurisdiccionales (en adelante, simplemente, “datos no jurisdiccionales”), clasificación que se realiza tomando como criterio el hecho de que los datos se encuentren incorporados o no a los procesos de que conozcan nuestros juzgados y tribunales y cuya finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así lo expresa literalmente el artículo 236 ter. 1 de la LOPJ cuando dispone:

Los Tribunales podrán tratar datos de carácter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitará a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Pareciera, en principio, que estos datos jurisdiccionales sólo podrían encontrarse dentro de los ficheros de nuestros juzgados y tribunales; sin embargo, no cabe olvidar que, de dichos datos, tienen una copia virtualmente idéntica los profesionales que intervienen en el proceso: los abogados y procuradores de las partes. Y si esto es así, como sin duda lo es, ¿podremos sostener que los datos jurisdiccionales pìerden su carácter de tales por el mero hecho de no encontrarse albergados en los ficheros judiciales y sí en los de los profesionales que intervienen en el procedimiento?

A nuestro juicio es evidente que no y evidente también resulta que la Agencia Española de Protección de Datos no debiera ser la autoridad de control competente para los datos jurisdiccionales en poder de los abogados y procuradores, por imperativo del artículo 236.1 nonies que declara:

“1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.”

A igual conclusión llegamos si tomamos en cuenta el RGPD, cuyos efectos sentiremos plenamente a partir del próximo 25 de mayo, pues, concordemente con lo proclamado por su considerando 20, el artículo 55.3 del Reglamento establece que

“3. Las autoridades de control no serán competentes para controlar las operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio de su función judicial.”

Así pues, parece evidente que la Agencia Española de Protección de Datos no sería la competente para controlar este tipo de datos (probablemente mayoritarios en los despachos de abogados más habituales) quedando tan sólo bajo su competencia aquellos datos que, conforme al 236 ter. de la LOPJ, no se encuentran incorporados a los procesos judiciales y que, por tanto, denomina como datos no jurisdiccionales.

Pudiera pensarse que estos datos no jurisdiccionales son los menos valiosos o menos importantes de los tratados por los abogados en su ejercicio profesional, pero ello constituiría un grave error, pues, dentro de estos datos no incorporados a los expedientes judiciales, se encuentra también todo ese amplísimo acervo de confidencias y revelaciones que el cliente hace a su abogado y que se encuentran amparados por lo que se ha venido denominando el secreto profesional.

Ninguna mención hace de estos datos el anteproyecto de Ley de Protección de Datos ni el RGPD, pero resulta evidente que, con el resto de legislación en la mano, estos datos no sólo escaparían a la competencia inspectora de la Agencia de Protección de Datos sino también al órgano de control que establezca el Consejo General del Poder Judicial, debiendo quedar a salvo estos datos fuera de la actividad inspectora de cualquier tipo de organismo.

No, no se apresuren con sus muestras de alegría, la custodia de estos datos es, aunque aparentemente ajena a las autoridades de control, la más difícil y complicada de todas para el abogado pero, es ya tarde, es sábado por la noche, no quiero amargarles la fiesta y con estos apuntes habrá de bastar por hoy. Continuará.

Comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso

Ayer hube de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre determinados extremos del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, consecuencia del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Fue un honor, claro, pero también una gran responsabilidad que me causó no poca desazón. Al final este que pueden ver en el video de este post fue el resultado de la comparecencia. Para mí el resultado fue una enorme tranquilidad.

El año del bitcoin

Si este ha sido el año de algo, indudablemente ha sido el año del bitcoin, una criptodivisa ideada para sustituir a nuestro actual dinero. Se habla de burbuja, de que se está usando el bitcoin como instrumento de especulación y no como instrumento de pago que es su función, sin embargo hay algo que parece claro: si algo parece obsoleto en el siglo XXI es la forma en que funciona nuestro dinero fiduciario actual.

Bitcoin nos ha traído el «blockchain», la genial tecnología que lo hace posible, y una filosofía de funcionamiento apasionante. Es evidente que hay oro en las Colinas Negras, lo que no sabemos es si este será el filón bueno. De momento 2017 deja al bitcoin con más de un 1.000% en ganancias ¿quién da más?

Evolución histórica del bitcoin