No compañero, no todo tiene precio

Este post, aunque no lo parezca, trata de justicia; eso sí, antes de entrar en materia, tendré necesariamente que hablarles del dinero.

El dinero, digámoslo desde el principio, tiene un casi infinito poder corruptor; sobre todo, cuando se utiliza para tratar de pagar cosas con las que nunca se debería comerciar.

Si es usted de los que piensa que todo tiene su precio dígame: ¿Qué valor tiene un máster comprado? ¿Qué prestigio otorga un premio adquirido? ¿Podemos llamar sentencia a una resolución judicial consecuencia de la prevaricación? No, compañero, no todo tiene precio ni todo está a la venta; hay cosas que, si se compran, si se les pone precio, pierden todo su valor.

Aunque a los gángsteres de las películas americanas y a algunos economistas les guste afirmar que todo, incluidas las personas, tiene su precio, la realidad, y usted lo sabe tan bien como yo, es que no: hay muchas cosas que no se pueden comprar y hay muchísimas más cosas que no se deberían comprar ni vender. Sin duda estará usted de acuerdo conmigo en que la libertad no se puede vender salvo que deseemos reintroducir la esclavitud y espero que esté usted de acuerdo conmigo también en que la Justicia es algo con lo que no se debería comerciar.

El ser humano, al que muchos economistas han querido reducir a un puro «homo oeconomicus», es una realidad mucho más compleja que la que ejemplifica un puro ente que actúa siempre para alcanzar el nivel más alto posible de bienestar. Además de la búsqueda de la utilidad, en el ser humano anidan muchos otros impulsos que al parecer desconciertan a muchos economistas: el altruismo, la empatía o incluso el amor, por ejemplo; facetas estas que, si bien no tienen buen encaje en los libros de economía, ocupan en el alma humana regiones mucho más vastas que las que ocupa el puro interés egoísta. O al menos así ha sido hasta ahora.

Como supongo que, a estas alturas, me habré ganado las iras jupiterinas de cualquier economista que me haya estado leyendo, me van a permitir que, para calmarles, cite en este punto a un economista que ha dedicado parte de su vida a enseñarnos que no todo tiene precio y que, aunque vivir en una economía de mercado sea bueno, permitir que esta invada todos los aspectos de nuestra sociedad hasta convertirla en una sociedad de mercado, es una aberración que pone en peligro muchos de los logros de la especie humana; me estoy refiriendo, claro, a Michael J. Sandel, profesor de la Universidad de Harvard y Premio Princesa de Asturias 2018 en Ciencias Sociales.

No, no todos los economistas piensan que la realidad íntegra pueda explicarse desde el utilitarismo y el interés, aunque es verdad que, desde la era Thatcher-Reagan, estas posiciones ideológicas se han adueñado de forma enfermiza de nuestra cultura occidental sin que el fracaso evidente de este modelo en 2008 haya servido para que economistas de conocimientos momificados revisen en profundidad su credo.

A estos economistas, para quienes cualquier problema, ya sea económico, jurídico o teológico, es siempre un problema económico solventable a base de más mercado y libre competencia, les cuesta trabajo entender que, el de los servicios jurídicos, no es un mercado del tipo que ellos creen.

En el mercado de los servicios jurídicos los agentes que intervienen en él están lejos del modelo del homo oeconomicus que entienden los economistas. En el mundo de los servicios jurídicos los agentes —a excepción de los corrompidos por el dinero— no obedecen antes que nada a su interés personal, a su ganancia económica, sino que, antes que nada, sirven a un valor muy distinto de su propio interés o su beneficio económico: la Justicia.

Sí, ya sé que esto no lo entienden los economistas de los bancos o de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; para ellos los abogados no persiguen defender los derechos ajenos antes que los intereses propios, para ellos, si un abogado trabaja, es primero y antes que nada por su interés propio y personal y, eso de la Justicia y el Derecho, son conceptos que se les escapan y que a su juicio son ficciones que sólo salen en las novelas y en las películas. Es por eso que estos «homo oeconomicus» que pueblan la CNMC son incapaces de entender cómo funciona este mercado y, si les dejamos, lo acabarán degradando, lo corromperán, como se degradan los másteres comprados y los premios adquiridos o como se corrompe la justicia a través de una sentencia pagada. No, de verdad, no entienden nada distinto del interés o el utilitarismo y, por lo mismo, no entienden bien al ser humano cuando entran en juego en sus relaciones valores distintos de los puramente económicos. Déjenme que les ponga un ejemplo.

En 1993, en un pueblo de Suiza, poco antes de celebrarse un referéndum respecto a la instalación en el pueblo de un almacén de residuos nucleares, algunos economistas efectuaron una encuesta entre los habitantes del mismo preguntándoles si votarían a favor de que se instalase en su comunidad el depósito de residuos nucleares en caso de que el Parlamento suizo decidiera ubicarlo allí.

Aunque gran parte de los vecinos consideraban la instalación una presencia nada deseable, una ajustada mayoría de ellos (el 51 por ciento) dijo que la aceptarían. Al parecer, su sentido del deber cívico se impuso a su preocupación por los peligros. Prosiguiendo con su experimento, los economistas añadieron un «soborno», un incentivo económico destinado a convencer a un mayor porcentaje de población: suponga que el Parlamento propusiera construir la instalación de residuos radiactivos en su comunidad y ofreciera compensar a cada vecino con una suma anual. ¿Estaría entonces a favor?

El resultado fue el siguiente: la compensación hizo descender, no ascender, el voto afirmativo. El incentivo económico redujo el porcentaje de aceptación a la mitad, del 51 al 25 por ciento. El ofrecimiento de dinero redujo la disposición de la población a aceptar la instalación de residuos nucleares. Y aún más: el incremento de la cantidad inicial no sirvió de nada. Los economistas quedaron sorprendidos pero creo que usted puede encontrar con cierta facilidad una explicación tan razonable como incomprensible para el «homo aeconomicus cnmcensis».

Un ejemplo más, debido también a Michael J. Sandel:

Cada país organiza la donación de sangre de una manera diferente: hay países donde el acto de donar sangre (u otros órganos) es un acto puramente altruista; sin embargo, en otros, se prefiere pagar una determinada cantidad de dinero al donante. La experiencia nos enseña que en este segundo tipo de países el donante medio es una persona pobre o de pocos recursos y que, el hecho de pagar por la sangre, hace descender el número de donaciones altruistas. Estados que tenían establecido un sistema de donación gratuita de sangre y que decidieron introducir la posibilidad del pago, vieron como, inmediatamente, se redujo de forma drástica el número de donantes altruistas y comenzaron a experimentar escasez de sangre.

Estoy seguro que usted entiende por qué, lo que no estoy seguro es si lo entenderán los covachuelistas de la CNMC.

Me permitirán que concluya este post con una experiencia propia: recuerdo que cuando me colegié allá en los años 80 del siglo pasado, nunca llegué a saber cuánto se pagaba por el turno de oficio; simplemente yo ni siquiera justificaba el trabajo; para mí el turno era una especie de deber cívico y —ahora veo que insensatamente— yo lo cumplía como sí de un deber patriótico se tratase. Luego pasó el tiempo.

Luego pasó el tiempo y comprobé que nadie parecía agradecer a los abogados de oficio su esfuerzo salvo en unos cuantos hipócritas discursos a fin de año. Pasó el tiempo y comprobé que a esos abogados que ejercían sus funciones con altruismo cívico se les maltrataba y comprobé que, cuando en 1996 se aprobó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el «impagable trabajo» de los abogados de oficio se tarificó en unas miserables retribuciones que antes ofendían que compensaban.

Saben, cuando 20 años después comprobé que el Consejo General de la Abogacía Española no había presionado en serio ni una sola vez para que se incrementaran esas retribuciones, me ocurrió como a los habitantes del pueblo suizo y a los donantes altruistas de sangre. Ustedes me entienden.

Sé que los covachuelistas de la CNMC no lo entenderán, porque estas cosas no forman parte de esa imagen deformada del ser humano que llaman «homo oeconomicus», porque fuera del interés utilitarista, la oferta, la demanda y el mercado, estos oscuros personajes no parecen capaces de entender nada más, sin embargo, tengo la seguridad de que la abogacía —y en especial la de oficio— les va a hacer a entender este concepto: se llama dignidad, ese impulso que nos lleva a realizar con gusto y de forma altruista tareas que consideramos necesarias o cívicas, pero que es el mismo impulso que nos lleva también a exigir un trato justo y una retribución justa cuando vemos que alguien paga ese altruismo con desprecio y miseria.

Quizá no sea un concepto económico pero les aseguro que es muy real. Avisados quedan.

Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

Traficantes de carne

Creo haber dicho ya que los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero y creo haber dicho también que me estremece ver cómo, en las noticias de la prensa económica, se publican tablas y cuadros comparativos de los beneficios obtenidos por esos despachos que suelen adjetivarse como «grandes» y que a mí, en cambio, lo que me cuesta es adjetivarlos como «de abogados».

Antes de que se me echen encima les diré que esta percepción no es exclusivamente mía; el mismísimo Piero Calamandrei, lo expresó de forma mucho más clara y dura que yo cuando dijo:

No me hables de riqueza, tu sabes que, el verdadero abogado, el que dedica toda su vida al patrocinio, muere pobre; ricos se hacen solamente aquellos que, bajo el título de abogados, son en realidad comerciantes o intermediarios…

Y de estos intermediarios —que ahora se dicen abogados— es de quienes quería hablarles yo hoy porque, ayer, en un canal de televisión, se emitió un documental que hablaba precisamente de esto: de intermediarios y de abogados.

La desregulación salvaje del sector legal que comenzó con la llamada «Ley Omnibus» ha conducido en muy pocos años a un panorama que, de no ser enfrentado ya y con decisión, puede conducir a la desaparición de la profesión que ejercemos. Nuestros políticos, absolutamente ajenos a ningún criterio que no sea el estrictamente económico, han regulado nuestra actividad cual si de un simple negocio se tratase y, al olvidar toda consideración distinta de la económica, han cometido un error que puede acabar con nuestra profesión para alborozo de los llamados «grandes despachos» y las también llamadas «grandes corporaciones». Veámoslo.

Empecemos por el principio de los principios, a saber: el ejercicio de la abogacia tiene como objetivo primero y primordial la defensa de los derechos ajenos.

Que la defensa de los derechos ajenos sea el primer objetivo de la abogacía supone, ya desde el principio, que una visión puramente empresarial del ejercicio profesional de la profesión o una orientación corporativa al beneficio económico es absolutamente incompatible con nuestra forma de entender la profesión.

La segunda consecuencia del principio enunciado es que, las leyes que traten de regular la abogacía, lo primero que habrán de tener en cuenta es la naturaleza no puramente empresarial de ese servicio al que llamamos abogacía.

Si el primer objetivo de las firmas de abogados va a ser obtener dividendos y la primera medida de su éxito va a ser cuantificar beneficios económicos, no duden que esta profesión pronto desaparecerá suplantada por una legión de mercaderes, intermediarios o, en el peor de los casos, delincuentes.

Tres cosas, nos enseñó Cicerón, que pagaban al abogado antes que el dinero: la admiración del público, el agradecimiento del cliente y la esperanza del resto de los agraviados en que podría haber justicia en su causa. Es cierto que ninguna de ellas alimenta mucho, pero, si la esperanza de quienes sufren injusticias va a descansar sobre unas firmas cuyo primer objetivo es ganar dinero, podemos ir despidiéndonos de la posibilidad de tener siquiera una ficción de estado de derecho.

Ya lo estamos viendo: firmas que ofrecen asesoramiento jurídico con amplia publicidad en medios de comunicación cual si tuvieran despachos en toda España y que lo que hacen es desviar los clientes que llaman para luego, compartir los honorarios del abogado porque ellos le han facilitado el cliente. Antes, al menos, estos zurupetos se ocultaban, ahora, convertidos en corporaciones, se exhiben a través de una publicidad insidiosa, para lucrarse con el trabajo de unos abogados acuciados por la crisis.

Ayer se veía en la televisión cómo empresas de internet ofrecían servicios jurídicos a precios inverosímilmente bajos o cobraban a los abogados unas cantidades nada despreciables con la promesa de hacerles llegar clientes que, luego, en multitud de casos no llegaban.

Si creemos que el beneficio económico es el primer objetivo de ¿«la abogacía»? este panorama que les acabo de contar es perfecto. Pero, si lo que creemos es que el primer objetivo de la abogacía es defender derechos ajenos y la esperanza de todos, este paisaje que les he descrito es simplemente el principio del fin.

Ya conocemos cómo se las gasta la industria del software subcontratando ingenieros a precio de salario de subsistencia. «Cárnicas» llaman los programadores a esas empresas que no parecen tratar con personas sino traficar con carne. Ya sabemos lo que ha ocurrido en el campo, por ejemplo, de las clínicas dentales o de las estéticas.

En el caso de la abogacía esta dependencia de corporaciones que subcontratan al profesional es muchísimo peor, pues la independencia es al abogado lo que la imparcialidad es al juez. Un abogado ha de servir al cliente y no a la cuenta de resultados de la empresa o despacho que le da el trabajo. ¿Alguien cree que toda la reacción que la abogacía independiente y humilde ha puesto en marcha contra las odiosas condiciones del mercado hipotecario la podrían haber puesto en marcha despachos entre cuyos clientes se cuentan los principales bancos de España?

No se engañen: si lo que queremos es becarios que defiendan los derechos de la ciudadanía para que los intermediarios o los comerciantes ganen dinero vamos en la dirección correcta; pero, si lo que deseamos es una abogacía que, como hasta ahora, sea independiente, sirva a los ciudadanos, les defienda frente a los poderosos y mantenga la esperanza de todos de que la justicia aún es posible en España, estas leyes puramente económicas son la muerte de todo cuanto amamos.

Quieren una abogacía dócil, con una planta judicial pequeña para no tener que abrir demasiados despachos ni tener que contratar demasiados abogados, sin restricciones publicitarias para poder traficar con el trabajo de los abogados y con una libertad de pacto absoluta en cuanto a honorarios para convertir a los profesionales de la abogacía en falsos autónomos pagados a precio de carne industrial.

Ahora, reflexiona un momento y dime si lo que quieres es eso porque, si no quieres eso, tendrás que levantarte y convencer a todos nuestros políticos de que tú no ejerces una profesión cuyo primer o único objetivo es ganar dinero y que, por lo mismo, no puede ser regulada como si fuese una actividad puramente mercantil.

Si crees que merece la pena levantarte y luchar por ello te espero en la Red de Abogados y Abogadas, porque tenemos que defender unos cuantos principios y hacer del futuro un lugar donde merezca la pena vivir.

Vamos.

¿Cuánto vale la vida de una persona?

Los estados son propensos a poner precio a la vida de las personas. De mis películas infantiles del Far-West recuerdo aquellas recompensas que se ofrecían por la vida de los forajidos (“dead or alive”) y de mis primeras lecturas recuerdo también la valoración que hacía Huerta de la vida de Emiliano Zapata: Dieciocho centavos, el precio de una soga para ahorcarlo.

Por eso, cuando inicié mis estudios de derecho, me sorprendió la coherencia del derecho romano que, considerando que el valor de la vida humana era inestimable, no concedía valor alguno en dinero a la misma en el caso de que el muerto fuese un hombre libre. Cuestión distinta era el caso de los esclavos que, por estar asimilados a la categoría de cosa, si tenían valor pecuniario y su muerte podía y debia ser indemnizada en buenos sestercios.

Avanzando el tiempo los ordenamientos jurídicos fueron admitiendo la indemnización en dinero de la vida humana y, al menos en España, hasta 1995 la tarea de fijar la indemnización para la vida humana se dejó en manos de los jueces que deberían atender de forma individualizada a cada caso concreto. Sin embargo en 1995 todo cambió por la influencia que el lobby de las compañías de seguros ejerció sobre el gobierno. Seguir leyendo “¿Cuánto vale la vida de una persona?”