Coraje extremeño, orgullo de oficio

Déjenme que les ponga en situación: en la sede del colegio de abogados de Badajoz se celebraba uno más de esos «actos institucionales» habituales; se trataba de un reconocimiento a la policía en el que participaban el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo y la Delegada del Gobierno entre otros muchos.

A esas alturas de la fiesta los abogados de oficio extremeños iban ya para casi cuatro meses sin cobrar y todo por una disputa entre el Ministerio de Justicia que se negaba a pagar 8.000.000€ a los abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, a cuenta de que éste último no justificaba la ídem de 590.000€ de nada que había recibido al parecer sin cumplir los procedimientos precisos.

Como el horno no estaba para canapés ni brindis, unos cuantos abogados y abogadas pacenses agarraron su pancarta y —aprovechando la presencia de autoridades— se fueron para el colegio; no porque estuviesen invitados a los actos protocolarios, sino para explicarles en directo a las autoridades que, en Badajoz, la tropa no cobra desde Agosto y que acudir a las fiestas está bien pero que está mucho mejor cuando antes has pagado lo que debes a quien te invita.

Trataron de acercarse con su pancarta al colegio —su colegio— pero la policía, que no estaba allí para reflexionar, les impidió acercarse a la sede, así que los manifestantes recurrieron a lo único sensato que les quedaba: gritar.

La prensa se hizo eco y acudió a donde estaban los manifestantes, la TV también e incluso las autoridades, que, en cuanto se coscaron del jaleíllo, acabaron acercándose a los/las manifestantes quienes aprovecharon la ocasión para entregarles un manifiesto con toda la lista de agravios a reparar.

Hace poco más de un mes sucedió algo muy parecido en Castellón, abogadas rápidas de reflejos aprovecharon la presencia del Presidente del Gobierno para improvisar una manifestación y hacerse oír. La imagen de varios musculosos policías vigilando que unas pocas abogadas no rebasasen una imaginaria «línea de seguridad» ilustró magníficamente ese día y cuan peligrosa le resulta a los que mandan la razón en marcha.

Este mes la huelga de los abogados y abogadas de Toledo, Ocaña, Orgaz, Illescas, Quintanar y Torrijos, forzó al ministerio y al CGAE a enzarzarse en una guerra de comunicados sobre quién era el responsable del impago a los abogados de oficio, promovió que CGAE devolviese 590.000€ al Ministerio y que este se quedase sin excusa para abonar los 8.000.000€ que aún adeuda.

Son acciones como estas las que han solucionado un impago crónico todos estos meses. Ahora, con los 590.000€ pagados por el CGaE y el acuerdo del Ministerio de pagar habrá quien pretenda sacar pecho, que no te engañen: el pago ya está librado y si vamos a poder cobrar y enterarnos de todo lo que pasa (lo de los 8.000.000 los 570.000€ de la Gurtel y los 590.000€ sin justificar y devueltos/consignados) es porque acciones como la de los compañeros de Toledo han forzado a dar explicaciones a los responsables ante el temor de que la huelga fuese a más.

Por eso, ayer, cuando testigos presenciales me contaban cómo en Badajoz la policía impedía el acceso de los abogados de oficio al colegio (su colegio) y estos coreaban, señalando al edificio, «Esa es nuestra casa» se me ponían los pelos de punta y sentía que con hombres y mujeres así se puede conseguir casi cualquier cosa que uno se proponga.

Mientras la fiesta se celebraba dentro, fuera del colegio (su colegio) habitaban el coraje y el orgullo.

El coraje extremeño y el orgullo de oficio.

Gracias compañeros, viva Extremadura.

Cambalache

Los partidos se dan más plazo para pastelear el control del Consejo General del Poder Judicial, un aquelarre en el que no sólo participan el PP y el PSOE sino también Podemos. Las asociaciones judiciales que salieron a la calle no hace mucho, ahora juegan dóciles al juego del cambio de cromos mientras la mayoría de los jueces asisten atónitos al cambalache.

Esta es la justicia que tenemos y esta es la forma en la que se juega con la independencia judicial, un juego denunciado por el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la Corrupción.

Partidos que se dicen «españoles» destruyen la credibilidad de la justicia española en europa por su afán de controlarla; partidos que se dicen «renovadores» lo único que hacen es renovar la vieja tradición de controlar a quienes luego habrán de juzgar sus acciones; partidos que se dicen patriotas no dudan en apuñalar la justicia española aunque ello suponga desangrar a esa pattia que dicen defender tan sólo en su propio interés. Esa es su patria.

En España, por decisión de unos políticos miserables y sin la más mínima grandeza moral, la justicia está desacreditada en sus más altos órganos. Y lo vamos a pagar muy caro, todos, y para saberlo no es necesario siquiera mirar a Cataluña o a su oficina bancaria.

¡Qué buen pueblo es este para unos gobernantes siquiera medio decentes!

Una historia recurrente

Cuando el comodoro George Dewey supo que la escuadra española no se encontraba en Bahía Subic testigos presenciales dicen que le vieron exclamar: «Ya les tengo».

La guerra de las Filipinas (1898) era una guerra casi perdida para los Estados Unidos en opinión de japoneses y británicos: la escuadra norteamericana esperaba el inicio de la guerra en Hong-Kong pero su base más cercana en la costa oeste estaba a más de 6.000 millas de distancia. Carbonear, reponer municiones, reparar, era misión casi imposible para los norteamericanos.

La escuadra española no era vieja ni mala y contaba (o debería haber contado) con el apoyo inestimable de la artillería de costa pero no fue así.

El lugar idóneo para la defensa española era Bahía Subic, magníficos cañones Krupp (lo mejorcito en la materia) estaban listos para ser montados allí y Dewey sabía que contra eso poco había que hacer. Pero ahí entró en juego la mezquindad española.

Un debate ridículo entre la armada y el ejército de tierra impidió que los cañones Krupp estuviesen montados a tiempo en Bahía Subic, de forma que Montojo, el almirante español, hubo de dirigirse a la Bahía de Manila a la espera de que las baterías de costa de la ciudad le amparasen frente a la armada yanqui. Nuevamente la mezquindad española vino en su auxilio.

Porque los mandamases de Manila no iban a permitir que, como consecuencia de un combate naval, proyectiles norteamericanos pudiesen caer sobre la bella Manila y sobre sus propiedades, de forma que a Montojo no le quedó otro remedio que llevar la escuadra al arsenal de Cavite (el peor sitio posible) y esperar allí la batalla en las peores condiciones posibles.

Tras la derrota naval, aunque los norteamericanos carecían de fuerzas de desembarco, la simple amenaza de bombardear Manila determinó a los mandos Españoles a rendir las Filipinas. ¿Comprenden por qué los defensores de «El Baler» (Los Últimos de Filipinas) no se creían que España se hubiese rendido?

Al final los patriotas, los que de verdad dieron todo lo que tenían por España, fueron los marineros de los barcos de Montojo (él, oportunamente, abandonó el buque insignia) que murieron al pie del cañón.

La historia se repite cíclicamente en España: patriotas que sólo defienden su escaño y sus haberes, su ascenso y sus condecoraciones, sus presidencias y sus obvenciones. Gente que, en realidad no tiene el menor pudor en dejar los cañones en el suelo o el CGPJ en manos del Congreso aunque ello pueda costarle a España una derrota vergonzante. Esos son los que se envuelven en la bandera y se llaman a sí mismos patriotas. Los héroes de Cavite ya les dejo a ustedes averiguar quiénes son en esta historia.

No se preocupen si no han entendido algo sobre la relación de todo esto con la Justicia, espero que mi amiga Verónica del Carpio se lo cuente próximamente.

Candidus

Pido disculpas de antemano pero hoy quisiera contar una historia personal.

En 1991 yo era un joven abogado afiliado a un partido político que ya no existe: Centro Democrático y Social (CDS), el partido que fundó el expresidente Adolfo Suárez cuando se marchó de UCD. Sí, yo tengo un pasado político.

Eran años en que el que los dos grandes partidos ya daban claras muestras de andar enredados en asuntos de corrupción (Alfonso Guerra y su hermano en el PSOE, Caso Naseiro en el PP, por ejemplo) y era el año en el que Adolfo Suárez, tras la campaña de acoso y derribo del PP, que ahora, cínicamente, reivindica su figura, había decidido abandonar la presidencia del partido.

En aquel 1991 se celebraba el Congreso Nacional del Partido y yo andaba enfadado, no me gustaba lo que estaba viendo ni cómo iban las cosas y decidí presentar una ponencia ideológica que contenía una enmienda a la totalidad de la presentada por el aparato del partido. Contendían en aquel congreso personalidades como Raúl Morodo, Rosa Posada, Rafael Calvo Ortega, Rafael Arias Salgado… Adolfo Suárez se decía que movía los hilos tras las bambalinas y ahí aparecí yo a defender mi enmienda a la totalidad.

Esa mañana pensé un poco qué me pondría, recordé que candidato viene de «candidus» (blanco) y busqué la chaqueta más clara que había en mi armario.

Mi novia odiaba aquella chaqueta (hay que ser muy cateto para llevar chaquetas claras, decía) y yo sabía que me iba a caer un buen rapapolvos cuando se enterase pero, como padezco de achaques de etimologías, no pude resitirme al étimo de candidato y decidí que, si había que serlo, yo lo sería en todos los sentidos, hasta en el color de la ropa. Total, iba a perder, iba a gozar de mis diez minutos de atención y aquí paz y después gloria. Ya que vamos a palmar, mejor en traje de gala, pensé.

Me equivoqué, cuando comencé mi intervención… «Buenos días, me llamo José Muelas, soy compromisario por Murcia, tengo 30 años y cuando tenga 40 quisiera poder seguir votando a este partido…» empecé a notar un silencio cargado de electricidad que me indicó que mis palabras estaban llegando a los compromisarios… intervino el portavoz oficialista en una intervención que ya ni recuerdo pues yo estaba preparándome para irme y se votó. Un mar de cartulinas rojas rechazó la moción oficial y otro más de cartulinas verdes hicieron triunfar mi enmienda a la totalidad. Y se montó la mundial.

Las televisiones y los periódicos pugnaban por entrevistarme, mi chaqueta ya era evidente que sería vista por mi novia, hube de convocar sucesivas ruedas de prensa y hasta pedir prestados cinco duros a un cámara de televisión para telefonear a mis padres y decirles que no se asustasen si veían aquel follón en el telediario, que todo había ido bien y que yo estaba contento y que no se preocupasen. Eran los tiempos en que no había teléfonos móviles.

Esa noche Francisco Umbral escribió un artículo que siempre me acompañará y esos días periódicos y televisiones me dedicaron una inesperada atención. Era la vieja historia de David y Goliat, la historia del orador que, contra todo pronóstico, hace cambiar de opinión y de voto a los compromisarios.

Yo lo que quería era volver a Cartagena para casarme y ser abogado con mi novia (acabábamos de alquilar un despachito humilde en la Serreta) y eso hice para sorpresa de muchos.

Desde que llegué a Cartagena el uso de la alba chaqueta del congreso quedó prohibido y, desde 1991, ya no pude volver a ponérmela. No tanto porque mi mujer lo impidiese sino porque comencé a engordar y, de la obesidad moderada que ya padecía en 1991, pasé a tonelajes más serios.

Hoy, mientras me vestía para ir a trabajar, he visto la chaqueta (27 años colgada en el armario) y, como he adelgazado bastante en los últimos meses, he sentido la tentación de probármela y… caramba, resulta que me estaba perfecta. Me he quedado francamente sorprendido de tener hoy día el mismo grado de sobrepeso que tenía en 1991 cuando contaba tan sólo con 30 años de edad.

He dudado, he cambiado de opinión varias veces, pero, al final, me la he puesto y me he venido al despacho donde he pedido a mi amigo Joaquín que me hiciese una fotografía. Él no había nacido la última vez que me la puse.

Tiñalpas

Los bancos llaman en busca de ayuda a todos los poderes del estado desde que se conoció la sentencia de la Sala 3ª declarando que el obligado al pago del impuesto era el banco.

Afirman que devolver lo abusivamente cobrado en los últimos quince años causaría graves daños al sistema financiero (traducido: les costaría una pasta a ellos) y que muchas entidades habrían de cerrar.

Lloro de pena.

Verdaderamente apena que cualquiera de estas entidades haya de ser absorbida por algún otro pez más grande porque no puede devolver lo afanado. Que ellas hayan dejado a familias en la calle y a personas sin más futuro que trabajar para ellos hasta la muerte nunca les ha motivado para levantar ni un sólo teléfono.

Ahora llaman a los ministros para contarles lo fatal que lo pasaría «la economía» si ellos se ven obligados a devolver lo esquilmado. A lo que se ve «la economía» de todos es solo la suya y, la de los ciudadanos que la han visto antes depredada precisamente por quienes se quejan, no son más que las granjerías de unos tiñalpas.

Los tiñalpas no debiéramos dejar que ahora el gobierno vuelva a despacharse con decretitos ralentizadores, ni debiéramos tolerar esas voces que inmediatamente pedirán «mediaciones» y «arbitrajes» so capa de un buenrollismo tonto de baba.

Los bancos han convertido durante años a la administración de justicia en su oficina de cobro, de ejecución, de subasta, de desahucios… todos los españoles hemos pagado la cuerda con que los bancos nos han ahorcado llamándola administración de justicia. Ahora, los bancos, no quieren permitir que su «oficina de recobros» haga honor a su nombre de Administración de Justicia y les diga lo que han de hacer y por eso piden ayuda al gobierno.

En los próximos días vamos a saber quién es quién en este país y de qué lado está cada uno. Van a ser semanas interesantes. O irritantes.

SOS Justicia

Desde Europa el informe Greco sobre la corrupción ha reiterado que el poder judicial español no ofrece las necesarias garantías de independencia.

Mientras los jueces de infantería defienden en general a los administrados, sus resoluciones son revocadas en nuestros más altos tribunales. Las cuestiones prejudiciales son la vía a través de la cual nuestros jueces y tribunales se saltan al Tribunal Supremo, acuden a instancias europeas y tuercen una voluntad que, sistemáticamente, ha sido menos pro-consumidor que la de los tribunales europeos.

En España la justicia viene de Europa y esa percepción es una realidad cada vez más generalizada. Pareciera que no se puede esperar nada bueno de los más altos tribunales españoles.

Mientras, los bancos siguen financiando a los partidos políticos de los que forman parte los políticos que, en esta legislatura y en las anteriores, se reparten los cargos del Consejo General del Poder Judicial que, a su vez, nombrará a los más altos cargos del Tribunal Supremo o a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo. Estos son quienes habrán de juzgarles a ellos —aforados— y ellos no van a dejar que les juzgue un vulgar juez de lo Penal como a cualquier tiñalpa ibérico. A toda esta cancamusa le llaman nuestros muy honorables políticos «democratizar» la justicia. Pápate esa.

Mientras desoyen a Europa y se reparten el pastel, quienes se quedan con la mejor parte gritan que tenemos un independentísimo poder judicial y a quien lo discuta le tildarán de antipatriota o antidemócrata (lo que primero se les ocurra).

No les crean: ellos son los antipatriotas, ellos son los antidemócratas, ellos son los que deliberadamente nos han dejado sin justicia, ellos son los que prefieren poner a España en riesgo de estallar en mil pedazos o morir de inanición antes que dejar de repartirse pasteles; ellos son los que de forma activa carcomen nuestra justicia y ellos son quienes pueden acabar demoliendo el mejor proyecto de vida en común que ha tenido este país en los últimos 500 años.

Nada les importa ni nada les preocupa salvo su propio interés.

Esto ya no da más de sí y o les arrojamos por la borda o nos iremos a pique con ellos y que se salve el que pueda.

La cabaña (de oficio) del Tío Tom

Gracias al Tribunal Constitucional, desde hoy sabemos que hay un tipo de personas en España que, además de contribuir al sostenimiento de la nación con sus impuestos, están obligados a pagar un impuesto en especie en forma de trabajo forzado: los abogados y abogadas.

Dado que el Ministerio de Hacienda considera sistemáticamente a los abogados «una profesión más» no hace muchos meses decidió gravar la limosna que daban a los abogados de oficio con un 21% de IVA. Para corregir tal barbaridad Ministerio de Justicia y Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) idearon una solución consistente en declarar manifiestamente obligatorio (antes lo era de forma menos evidente) la asistencia jurídica gratuita. Gracias a esta solución ya no se pagaría el 21% de IVA pero se convertiría a la abogacía en la única profesión sometida a trabajos forzados en la España del siglo XXI. Una «genialidad», vamos.

Inmediatamente 50 diputados recurrieron ante el Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que declaraban obligatoria —forzada— la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados; ayer, el Tribunal Constitucional, dictó sentencia: la ley no es inconstitucional, nada obsta a que el estado obligue a los abogados a trabajar forzadamente en tareas que el estado pagará cuando quiera, como quiera y al precio que unilateralmente el propio gobierno decida.

Para entender cómo el Tribunal Constitucional ha podido esquivar la clara dicción del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es preciso leerse detenidamente la sentencia y aún así no creo que nadie la entienda.

Recordemos lo que dice el citado artículo 4 en sus puntos 2 y 3:

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

3. No se considera como „trabajo forzado u obligatorio“ en el sentido del presente artículo:

a) todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional ;

b) todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio;

c) todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad;

d) todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Básicamente el Tribunal Constitucional, apoyándose en lo que él llama «carácter retórico» de algunas alegaciones y en lo que también considera imprecisiones jurídicas o faltas de técnica evita entrar en el meollo del asunto y se despacha rechazando el recurso interpuesto y dejando incólume esta ley que obliga a trabajar forzadamente a unos profesionales lo quieran o no y al precio que decidan sus patrones.

Nada se habla ni en la sentencia ni en la ley de derecho alguno a negociar las retribuciones, no hay en la ley nada parecido a la negociación colectiva ni a la interlocución con los trabajadores forzados y, mientras tanto, el ministerio de justicia retrasa meses sus pagos, no actualiza sus indemnizaciones desde 1996 y, con esto, da a las CCAA transferidas la mejor coartada para mantener a sus abogados de oficio con retribuciones miserables (el TC pasa por encima de este «espinoso» tema de las retribuciones afirmando que nadie le ha llevado los baremos) con el simple argumento de recordarles que los esclavos del territorio común cobran menos.

¿Quién es el culpable de esta situación? Es triste decirlo pero, probablemente, uno de los principales responsables sea la propia abogacía.

A la hora de examinar esta curiosa neoforma de trabajos forzados —de esclavitud— no puedo evitar acordarme de la clásica novela de Harriet B. Stowe «La cabaña del Tío Tom». Esta novela narra dos historias paralelas: la del negro de la casa y la del negro del campo. El primero, el tío Tom, complaciente y obediente, sin poder imaginar un futuro fuera de la plantación; el segundo, dispuesto a todo para lograr su libertad y la de su familia.

Tú no puedes decidir si vas a ser un trabajador forzado o no (eso ya lo ha decidido por ti el Congreso y el Tribunal Constitucional) pero sí puedes decidir si vas a ser el esclavo complaciente, si vas a ser un consejo aplaudidor y sumiso, o si vas a ser una persona capaz de defender tus derechos, los de tu familia, tus hijos y hasta los del conjunto de la sociedad.

La elección es tuya.