Los nuevos astrólogos

Los nuevos astrólogos

Antes los arúspices examinaban las entrañas de los animales para adivinar el futuro, los augures analizaban el vuelo de las aves y los astrólogos la posición de los astros; con ello se aventuraban a predecir el futuro si bien sus pronósticos, como los del oráculo de Delfos, solían ser lo suficientemente crípticos como para que el destinatario de los mismos nunca pudiese estar del todo seguro del sentido de la predicción.

No es extraño, si hay algo difícil es realizar predicciones de hechos futuros, tanto que, sin apoyo del método científico, tal labor es un puro engaño. Es por eso que los farsantes dedicados a las artes adivinatorias (“mancias”) rodeaban sus predicciones de un aparato pseudocientífico que podía ir desde el análisis del hígado de una vaca muerta a pimplarse —previa observación de sus características organolépticas— una buena dosis de vino (“enomancia”); arte adivinatoria esta muy usada hoy por una legión de farsantes que ya no es que se muestren incapaces de adivinar el futuro en el vino, sino que son incapaces de advininar la uva de que está hecho.

Pues bien, la nueva mancia es el análisis de las curvas de los mercados financieros. A esta nueva mancia (quizá debamos llamarla “kampilymancia” por darle un toque grecolatino) se pliegan multitud de agentes económicos y participa de las viejas mancias en lo abstruso de su lenguaje y en una amplitud tal de sus predicciones que lo mismo sirve para predecir un crack bursátil que una subida generalizada en los mercados.

Si antes eran Marte o Ceres las deidades a observar ahora es el dios dinero. Déjenme que les ponga un ejemplo de una de esas predicciones:

Bitcoin (BTC) superó la barrera de los USD 19,000 el 24 de noviembre y está tratando de subir lo poco que le falta para alcanzar la marca de los USD 20.000. La formación de un patrón de velas Doji el día de hoy sugiere que los alcistas dudan si comprar agresivamente en los niveles actuales. Sin embargo, la buena noticia es que los alcistas no han permitido que el precio caiga, ni siquiera a la media móvil exponencial de 20 días (USD 17,095), desde que comenzó la tendencia alcista el pasado 8 de octubre. Esto demuestra que los alcistas están comprando hasta en las caídas más pequeñas.

Rakesh Upadhyay «Cointelegraph» nov. 25, 2020

Los nuevos augures, en lugar de observar el vuelo de los pájaros, observan las formas que dibujan las curvas de los mercados y así, a cada patrón, le asignan significados y nombres diversos: velas Doji, cabeza-hombros, mechas…

Con esos patrones en mente los augures tratan de predecir la evolución de los mercados del mismo modo que los antiguos advinos, es decir, a través de profecías abstrusas y lo suficientemente ambiguas como para que sirvan de apoyo para una predicción y su contraria.

Esta madrugada ha bajado el bitcoin con fuerza en una caída no predicha por nadie ayer y, hoy, ya aparecen los adivinos del pasado explicando por qué está pasando lo que está pasando, cosa que, pienso yo, si hubiesen hecho ayer, habría estado mucho mejor.

Según avanza la mañana bitcoin fluctúa y todos los adivinos actualizan sus predicciones para actualizar su explicación del pasado. Es curioso cómo viejas técnicas de hace 8.000 años aún siguen funcionando en la actualidad, han cambiado el hígado de la vaca por curvas de precios pero el proceso, en conjunto, no ha cambiado lo más mínimo.

Este año subió bitcoin en una subida imprevista y hoy, a esta hora, baja (de forma ya no tan fuerte como esta madrugada) de forma también imprevista. A la hora de la verdad, en los asuntos del futuro ajenos al determinismo científico, nunca existen predicciones sino post-dicciones ni tampoco hay profetas sino post-fetas.

Funcionarios de justicia y tópicos

Solemos elaborar nuestros juicios sobre tópicos que asumimos acríticamente como ciertos; son esos estereotipos que se van forjando poco a poco en la opinión pública hasta pasar a ser dogmas de fe incontestables y, sin embargo, cuando uno mira los datos…

Déjenme que les cuente.

Esta mañana la he dedicado a bucear entre las estadísticas que ofrece el Consejo General del Poder Judicial para comprobar si existía algún dato mínimamente fiable que sustentase las afirmaciones del ministro de justicia respecto a que la Nueva Oficina Judicial (noten la cursiva en “nueva”) iba a suponer un gran avance para la justicia española. Dado que la Nueva Oficina Judicial lleva muchos años en funcionamiento en partidos judiciales como Burgos o Murcia se me ocurrió que sería bueno comprobar con datos si esas Nuevas Oficinas Judiciales habían supuesto algún tipo de mejora para el funcionamiento de dichos partidos judiciales y, tras un análisis de tablas y datos, el resultado no ha podido ser más demoledor: NO, absolutamente NO, lo que dice el ministro de justicia de la Nueva Oficina Judicial no es más que un ridículo camelo, una mentira consciente, para forzar un modelo de justicia conveniente a los partidos que se han instalado en el gobierno de nuestro país.

Sin embargo, mientras comprobaba los datos de los diversos partidos judiciales, se me ha ocurrido que, seguramente, sería bueno referir los datos de cada juzgado al número de asuntos resueltos, pendientes, etc. que se llevaban en cada Partido Judicial pues la cifra resultante, sin ser exacta respecto del funcionamiento de cada juzgado en concreto, sí que nos daría una idea muy aproximada del rendimiento medio de los funcionarios de cada partido judicial y compararlo, por ejemplo, con los funcionarios que atienden las NOJ ya existentes. Un buen sistema organizativo, he pensado, debe hacer rendir más a los funcionarios y, con menos de ellos, se podrá hacer más; así que me he aplicado a la tarea y toda una serie interminable de tópicos y estereotipos han empezado a venirse abajo hasta no quedar títere con cabeza.

Lo primero que he hecho es averiguar el número de asuntos resueltos el año 2019 en cada partido judicial y relacionarlo con el número de funcionarios que trabajan en él, el resultado, como verán en la tabla de abajo ha sido sorprendente:

Los diez primeros partidos judiciales ordenados según la productividad de sus funcionarios son TODOS andaluces; es decir, el tópico del andaluz holgazán ya pueden ir ustedes guardándolo: en la administración de justicia española los funcionarios más productivos son los andaluces y no los de grandes juzgados o los que han recibido la inversión de la NOJ, no; en los juzgados donde más trabajo se saca adelante es en los juzgados pequeños: entre los 10 primeros partidos judiciales de la lista por productividad de sus funcionarios sólo dos superan los cien mil habitantes y sólo uno (Vélez Málaga) ha recibido el refuerzo de la NOJ.

Si el primer tópico que podía usted arrojar a la basura era el de “andaluces holgazanes”, ahora puede ir usted arrojando a la basura igualmente dos más muy queridos al ministro: que “los partidos judiciales pequeños no son eficaces” o que “los funcionarios rinden más con la NOJ”.

Naturalmente varios abogados, al ver lugares como Montoro o San Fernando en los primeros lugares de la lista por productividad de sus funcionarios, me han llamado para decirme: no puede ser, los juzgados de Montoro o San Fernando están absolutamente colapsados.

Naturalmente he decidido comprobarlo y he vuelto a referir el número de asuntos en trámite a las plantillas de funcionarios existentes en cada partido judicial para ver la tasa de atasco analizada desde el punto de vista del número de funcionarios. La tabla ha quedado como sigue:

Como ven todavía bastantes juzgados andaluces arriba pero, sobre todo, lo sorprendente es que partidos judiciales cuyos funcionarios sabemos que son de una productividad extraordinaria (Montoro, San Fernando…) tienen, al mismo tiempo las mayores tasas de asuntos pendientes. Ante este fenómeno sólo hay una explicación posible: en Montoro o San Fernando los funcionarios trabajan como máquinas aunque, desafortunadamente, la carga de trabajo está muy por encima de sus posibilidades; es decir: faltan medios.

La percepción general, pues, de que los juzgados funcionan mal es correcta; lo que no es correcto es que sea a causa de la incuria de sus funcionarios. Como en todas partes hay funcionarios buenos y malos pero, el problema de la justicia española no está en que tengamos malos funcionarios, el problema es que tenemos malos dirigentes que son incapaces de mirar datos y prefieren conocer España por puros tópicos. Caso paradigmático es el actual ministro.

Como pueden ver en la primera de las tablas (la que relaciona el número de casos resueltos con el número de funcionarios) sólo aparece una NOJ (Vélez Málaga) y no en los primeros puestos; si miramos los últimos lugares veremos que es allí donde se acumulan las NOJ (ese sitema organizativo tan cojonudo que logra que los juzgados funcionen peor a costa de un cuantiosa inversión de dinero). La cosa, como ven, manda huebos (sí, con “b”).

Como no quiero herir orgullos identitarios no les pondré los últimos lugares de la tabla de productividad no sea que comunidades tradicionalmente catalogadas como eficientes se me enfaden y, por eso, pondré el ejemplo de mi propia Comunidad Autónoma: la Región de Murcia.

Aquí está la tabla

Como ven, los funcionarios de los juzgados de Cartagena son los campeones de esta liga en dura pugna con los de Lorca, Molina y Totana. Murcia, ultradotada y con funcionarios magníficos queda en último lugar. Si no le gustan los datos les dejo la fuente de donde están tomados (el CGPJ) pueden comprobarlos.

Miren, yo no creo que por trabajar en Murcia o Molina un funcionario trabaje más o menos, lo que sí le puedo decir es que allá donde esta la NOJ no se observa (siendo piadoso) ningún resultado que haga pensar que sea una solución a los problemas de nuestra justicia y sí una forma de coartar la independencia de los jueces.

Pero, ya que estoy con la Región de Murcia, no deseo quedarme a medias: vamos a revisar la tasa de atasco por funcionario que esta presenta. Veámos la tabla.

Como ven, partidos judiciales con funcionarios acreditadamente productivos (Molina y Totana) ven que su trabajo no sirve de nada y el atasco aumenta porque los recursos que debieran destinarse a ellos se destinan a una NOJ que, probadamente, no funciona y dilapida la capacidad e trabajo de los funcionarios de nuestra región. Si es usted funcionario en Molina de Segura o Totana se tiene usted ganado el cielo. Y luego hay idiotas unimunicipales que estiman que los partidos de Molina o Totana son inútiles. Necios.

En fin, entiéndaseme, no digo que los juzgados españoles funcionen bien (funcionan pésimamente) pero si hemos de buscar culpables con todas seguridad no deberíamos señalar ni a los funcionarios, ni a los partidos judiciales pequeños, ni a los juzgados unipersonales; más que probablemente deberíamos señalar a la estulticia de todos esos ministros que, desde 1997, están intentado sustituir un sistema que necesita medios por otro peor (la NOJ) tan sólo para poder controlar mejor la justicia.

Y en esta legislatura el ministro sigue en ello.

Necios.

Justicia contra la crisis

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene cuídelo, creo que le va a hacer falta.

No sé cómo están sus cuentas, lector, lo que sí le aseguro es que a su alrededor son muchos los que ya no tienen dinero en las suyas, viven al día y esperan afanosamente cada primero de mes que les ingresen el sueldo, el paro o el dinero del ERTE, para ver cómo desaparece instantáneamente debido a las domiciliaciones, a la hipoteca o al descubierto de la tarjeta.

En España, eso sí, son pocos ya los que se sienten solos: una legión de pobres desgraciados por un sueldo mísero trabajan de teleoperadores y se dedican a llamar insistentemente a otra legión de pobres desgraciados que se han retrasado en el pago de la hipoteca…

—Buenas tardes, llamo de Banco Sabadell, pregunto por Don… (…)

Y así, estos desgraciados, le recuerdan en nombre del mismo banco al que usted ha rescatado con su dinero (y que aún le debe la cláusula suelo, los saldos en posiciones deudoras, la comisión de apertura y los gastos de tu hipoteca) que es usted pobre, que debe dinero y que, si esto sigue así, no podrá mantener a sus hijos en 2021 y que, si no paga, no sólo perderá su casa sino su dignidad y su futuro. Y para que no lo olvide le llamarán mañana, tarde y noche, a la hora que más puedan molestarle y si bloquea su teléfono lo harán desde otros 100 números más que tienen sólo para que recordarle que debe usted dinero, que es usted pobre, que es usted un mierda con un futuro de mierda.

Y mientras los bancos alivian su soledad dándole esta amable conversación le clavan al mismo tiempo 40 ó 50 euros en comisiones deudoras cada vez que se retrasa usted unos días en el pago. Hay quien vende sucedáneos de sexo y amor por dinero; los bancos, en cambio, le sodomizan y le cobran a 50€ el servicio. Santas corporaciones, no sé cómo nos atrevemos a retrasarnos en el pago.

Y esto, amigo lector, no ha hecho más que empezar.

Porque los créditos antes o después vencerán (aunque se alarguen artificialmente) los ERTES acabarán siendo despidos y los impagos concursos. Las empresas serán debidamente momificadas y cremadas en los tanatorios de lo mercantil y los empresarios individuales y los autónomos, verán cómo los bancos y la administración pública se repartirán sus despojos dejándolos sin dinero, sin dignidad y sin futuro; porque en España, la Administración no olvida el siniestro contenido del artículo 1911 del Código Civil:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Con todos los bienes «presentes y futuros»; es decir, hasta que pagues o hasta que te mueras, porque has de saber que si un banco no te paga estarás jodido —liquidarán el banco y si no hay suficiente no te pagarán— pero si eres tú quien no le paga al banco entonces también serás tú el que esté jodido y, si le debes dinero a la Administración, entonces olvídate de exoneraciones, porque a las personas físicas, en España, sólo se las liquida con la muerte.

La ley de segunda oportunidad ha sido un fracaso, los juzgados de lo mercantil han sido un fracaso y en general el tratamiento de los deudores por el ordenamiento jurídico es un completo fracaso.

Los juzgados españoles de lo mercantil son tanatorios de empresas (menos de un 5% salen vivas del concurso) la ley de segunda oportunidad se ha revelado insuficiente (las deudas con la administración no son del todo exonerables) y, mientras se acerca una bancarrota masiva de personas físicas y jurídicas en España el gobierno y el ministro de justicia se dedican, miserablemente, a profundizar en sus intentos de controlar el poder judicial.

La suerte de los españoles les importa un carajo a lo que parece.

Pero llegará 2021 y habrá que enfrentarse a la verdad, y los obreros verán sus juicios por despido señalados con años de retraso, los autónomos se encontrarán condenados a trabajar en la economía sumergida, con facturas a nombre de terceras personas y sin posibilidad ni siquiera de tener una tarjeta con 300€ de crédito porque la Administración les embarga impmacablemente.

Muertos civiles. Ese es el final que espera a centenares de miles de personas en España mientras políticos y ministros ensucian las moquetas con babas trufadas de canapés.

Estamos al borde del abismo y ellos siguen jugando a sus juegos políticos de controlar el CGPJ, de entregar la instrucción a los fiscales para controlar las instrucciones de los delitos que cometen sus amigos, de prometer tribunales de mierdinstancia para que no haya jueces insolentes con el poder político o de gastar el dinero en implantar momios del siglo pasado como la ¿Nueva? (déjenme que me descojone) Oficina Judicial.

Todo menos trasponer y mejorar la directiva sobre insolvencia, adaptando y previendo las terribles situaciones que muchos españoles y españolas van a vivir; todo menos legislar lo preciso para que los mataderos de lo mercantil no sean la morgue del futuro de la economía española; todo menos preparar los juzgados de lo social para responder al aluvión de trabajo que se avecina y que ya, hoy, no pueden ni atender.

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene, cuídelo, porque es seguro que le va a hacer falta y, si no lo tiene, seguramente va siendo hora de que se prepare para hacer algo para salvarse porque, a quienes nos gobiernan, usted —que no tiene nada— les importa una mierda.

Hay mucho que se puede hacer para que los españoles enfrenten esta crisis con esperanza y justicia pero —es necesario que lo sepa— o se moviliza usted mismo y pelea por conseguirlo, o le aseguro que ellos jamás lo harán.

Necesitamos un país justo.

Cómo acabar de una vez por todas con la independencia judicial (IV): entregar la instrucción de las causas a la fiscalía

Ya conté en el primer post de esta serie, dedicado a la NOJ, cómo los partidos políticos que ocupan el gobierno tratan de vaciar de contenido la función de los jueces a base de retirar de sus competencias todas cuantas puedan para entregarlas a funcionarios férreamente sujetos a la disciplina del ministro y sus dedinombrados altos cargos. En el caso de la NOJ el truco era escindir los aspectos procesales y sustantivos del proceso y poner los primeros en manos de los LAJ pero —y ahí está la trampa— sin dotar a estos funcionarios ni de la independencia ni de ninguna de las garantías que la constitución atribuye a los jueces.

Con la entrega de la instrucción de las causas a la fiscalía ocurre otro tanto: el gobierno aparta de esos molestos jueces (independientes, inamovibles, sometidos solo a la ley…) la instrucción de las causas para entregárselas a los fiscales, funcionarios que NO están adornados de la independencia de los jueces y que, como el propio presidente del gobierno puso de manifiesto con toda claridad, están sometidos al principio de jerarquía.

Lo que no han logrado ni con la NOJ, ni con los tribunales de instancia, ni con todas las malas artes que les he descrito en los tres post anteriores, pretenden ahora lograrlo entregando la instrucción a la fiscalía pero sin dotarla ni de independencia y sin liberarla de ese principio de jerarquía que la sujeta.

La fiscalía además carece de medios y en el presupuesto no se contempla ninguno: ¿a quién favorece entonces esta aberración?

Pues les favorece a ellos, los políticos, y de entre ellos a los ya corruptos o los que están en trámite de corromperse. El juez de instrucción, ese tipo odioso que puede ordenar la detención de cualquier alcalde o concejal de urbanismo, es una figura insoportable para el político que se cree intocable. Mejor que ese juez capaz de pensar por sí mismo, piensan estos genares de quien les hablo, un fiscal bien sujetadito a una jerarquía que ya nos encargaremos nosotros de poner a punto.

En medio de la pandemia, con la justicia a mes y medio del caos, el ministro —a quien por lo que se ve le importa un carajo que España se vaya al idem— se dedica a proponer una tras otra las mismas medidas que ya trató de imponer Caamaño, Gallardón y Catalá, para mejor controlar al único poder capaz de frenar la desvergüenza de esta caspa castosa.

Y, lo que más me perturba, créanme, es que, si los españoles y españolas no toman conciencia de ello y lo impiden, esta banda acabará saliéndose con la suya y acabando con todas las esperanzas de vivir en una sociedad digna.

El alimento que nos hizo humanos

El alimento que nos hizo humanos

Ayer les conté algo que es y no es exacto al mismo tiempo. Les dije que «homo sapiens» (nuestra especie) tenía 300 mil años y esto es verdad, pero sólo si atendemos a sus características físicas. Los que entienden de esto, además de a las características físicas, atienden a las características mentales de la especie y, la verdad, en esos hominidos de nuestra especie el llamado “pensamiento humano” no aparece sino hasta hace unos 165.000 años en un lugar de África del Suroeste llamado «Pinnacle Point».

¿Qué fue lo que hizo que un simio con forma humana comenzase a pensar de forma humana?

Los científicos debaten sobre esto pero cada vez se abre paso con más fuerza una hipótesis más que razonable: su dieta.

En Pinnacle Point los hominidos con forma humana y pensamientos no humanos comenzaron a alimentarse de moluscos y productos del mar y ese aporte alimenticio fue decisivo para que apareciesen capacidades cerebrales antes inexistentes.

Así pues el mar nos hizo humanos.

Hay científicos que van mucho más lejos y, observando la extrañísima morfología del mamífero humano y algunas de sus más insólitas características, han lanzado una hipótesis perturbadora.

Déjenme que les haga un par de preguntas: ¿Conocen algún mamífero que, como el ser humano, no tenga el cuerpo cubierto de pelo?

Sin duda conoce muchos: ballenas, delfines, leones marinos, morsas… Pero, si se fija, todos los animales citados son mamíferos marinos ¿Será acaso el hombre un mamífero marino?

¡No! Dirán desde el otro bando, ¡el elefante y el rinoceronte son mamíferos y tampoco tienen pelo!. Buen intento, pero no sirve, el antepasado cercano de elefantes y rinocerontes fue también, sí, un mamífero marino.

Y entonces ¿Por qué andamos sobre dos piernas y no nadamos?

Bueno, seguro que usted lo sabe, los bebés recién dados a luz saben nadar y bucear espontáneamente y de forma natural; aunque no saben andar y… Piense un poco ¿Cuándo todos los simios del mundo se ponen sobre dos piernas y bipedestan? Pues… Cuando cruzan un cauce de agua o se encuentran en un entorno acuático. Si un simio pesca en un lago con el agua a la cintura no dude que permanecerá en bipedestación…

¿Sugerente verdad?

Bien, contado lo anterior entenderán por qué hoy me he ido al mercado de Santa Florentina y me he gobernado unos buenos trozos de emperador y de lecha, porque si a los simios de Pinnacle Point les sirvió no veo porque no han de servirme a mí. Siento que a veganos y vegetarianos les chafe un poco el discurso este asunto de comer peces y moluscos, pero también nosotros algún día seremos alimento de malvas y bacterias y no veo razón por la que yo hubiese de echarles nada en cara.

Hoy toca pescado: el alimento que nos hizo humanos.

Cómo acabar de una vez por todas con la Independencia Judicial (III): hackear los sistemas informáticos judiciales.

Si usted desea paralizar o controlar la completa actividad de la administración de justicia española el método más eficaz y rápido para hacerlo es hackear sus sistemas informáticos.

En los servidores de la Administración de Justicia Española se almacenan datos secretos —incluso al nivel de los secretos de estado— que pertenecen, por imperativo legal, al Poder Judicial.

Imaginen cuán importante sería para cualquier grupo poderoso tener acceso, no ya a los datos, sino siquiera a los metadatos, de nuestra administración de justicia. Es por eso que el sentido común y la ley ordenan que los datos (y los metadatos) contenidos en los expedientes judiciales sean propiedad exclusiva del Poder Judicial1 y, tan es esto así, que ni la mismísima Agencia Española de Protección de Datos puede, legalmente, tener acceso a ellos2.

Sí, los datos que obran en los expedientes judiciales pertenecen al poder judicial y sería lamentable que nadie ajeno a él pudiese llegar a controlar sus sistemas informáticos y sus archivos. Imaginen que un ministro investigado y que se jugase su cargo político pudiese hackear los sistemas informáticos judiciales o pedirle a un conmilitón que lo hiciese por él, sería terrible; o que un gobierno autonómico, decidido a realizar un referéndum ilegal por la independencia, lograse paralizar los sistemas informáticos judiciales de su comunidad autónoma porque tiene el control de ellos; o que un grupo que ha apoyado a terroristas en el pasado pudiese hacer desaparecer los registros informáticos de sus crímenes, o que sus adversarios políticos se apoderasen de datos reservados…

Pues bien, todo esto que les cuento es lo que ocurre exactamente en España, pero no porque nadie delinca, no, en España el hackeo se produce de forma oficial y con todas las bendiciones de nuestra clase política. Es tan acojonante que parece increíble pero no, es así, dejen, dejen que les cuente.

En España, los datos que obran en los expedientes judiciales y que son propiedad del Poder Judicial no están bajo el control del Poder Judicial porque, en los juzgados de España, ni un solo ordenador es propiedad del Poder Judicial. Los datos de los juzgados se almacenan en servidores bajo el control del Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo) o de las Consejerías de Justicia de las diversas comunidades autónomas (Poderes Ejecutivos). Sí, ministros y consejeros, algunos condenados judicialmente, son o han sido los dueños y señores de unos datos de los que es único titular el Poder Judicial.

Es acojonante, pero más acojonante aún es que esto se acepte como normal por el común de los operadores jurídicos en España.

Y, por si esta aberración del hackeo oficializado de los datos judiciales en España no fuese suficiente, el panorama ha sido deliberadamente completado con un despliegue de recursos informáticos que no se le habría ocurrido ni al peor enemigo de la justicia: planes informatizadores insensatos que han dado lugar a un sinnúmero de sistemas difícilmente compatibles; contumacia infinita para gastar una y otra vez dinero público en la obtención de la misma herramienta; contratos tan irresponsablemente realizados que han dado lugar a que empresas «cárnicas» realicen los trabajos con clara explotación de sus trabajadores; uso y abuso de software propietario que no puede garantizar la inexistencia de puertas traseras ni permiten auditar su seguridad… Y, luego, la guinda: la caradura infinita de ministros y consejeros de llamar «moderno» a lo obsoleto, «modernización» a la desactualización programada y «eficaces» o «racionales» a las mayores insensateces y basuras informáticas con que pueda dotarse a una administración.

En España, que un programa funcione ya nos maravilla y nos acostumbramos a él por muy malo que sea, este era el gran peligro de LexNet y, aunque lo avisé en su día, nunca dejaré de lamentarme de haber acertado.

Hackear LexNet en 2016 era un trabajo de niños y que podía realizar cualquier abogado casi sin conocimientos informáticos pero, con toda desvergüenza y conciencia de su falsedad, se presentó la terrible falla de seguridad por el entonces ministro como un ataque de hackers y de 49 abogados malvados. Y no pasó nada. Hoy LexNet es la misma basura que siempre fue pero como, aunque mal, funciona, habremos de seguir sufriéndolo y habremos de seguir soportando que, ministro tras ministro, nos canten con toda desfachatez sus virtudes. Miren, la única virtud de LexNet es permitirnos comprobar la poca o mucha vergüenza de cada nuevo ministro.

Sí, créanme, la mejor forma de controlar, paralizar o incluso acabar con la administración de justicia en un país es hackear su sistema informático. Lo admirable es que en España quien lo ha hackeado desde siempre y con intención de hacerlo para siempre es el Poder Ejecutivo; es decir, rectius, los partidos políticos que en cada momento lo ocupan; de forma que, en esas manos, exactamente en esas manos, estamos.

Y el ministro viene a hablarnos de modernización.

Me descojono.


Notas

1.La titularidad de los datos se establece en el artículo 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2.El artículo 236 nonies de la LOPJ establece con toda claridad que las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos las ejercerá el Consejo General del Poder Judicial en el caso de los datos jurisdiccionales, literalmente: 1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.

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Cómo acabar de una vez por todas con la Independencia Judicial (II): despojar a la Justicia de los medios necesarios.

Es un fenómeno frecuente que, en las sociedades machistas, la mujer se vea sometida al arbitrio del hombre por el sencillo método de no permitirle poseer medios materiales con los que poder valerse por sí misma.

En España, una de las mujeres más maltratadas de esta forma, es la Justicia. El Poder Ejecutivo, como esos maridos que odian a su mujer pero no quieren dejarla marchar tampoco, se ha apropiado de todos los medios a través de los cuales la Justicia podría desempeñar sus funciones de juzgar y ejecutar lo juzgado y, gracias a ello, tenemos una Justicia incapaz de valerse por sí misma si, antes, al Poder Ejecutivo, no le da la gana de dotarla de los medios necesarios.

Quizá le suene raro pero le aseguro que el Poder Ejecutivo en España se ha apropiado del 99,99% de todos los recursos que le son necesarios a la Justicia para llevar adelante su labor. Y, no contento con eso, aún pretende quitarle todo cuanto pueda del 0,01% restante.

A usted, que me lee y no conoce lo que es la justicia por dentro, puede parecerle que lo que digo es extraño pues ¿no son “de la justicia” todas esas “ciudades de la justicia” que hay en muchas poblaciones de España? ¿no es “de la justicia” la policía judicial? ¿no son “de la justicia” los ordenadores y medios informáticos que hay en los juzgados? ¿Y todos esos funcionarios que trabajan para la justicia?

Créame que alguna vez yo también he caído en ese engaño, pero, si me acompaña a buscar en un juzgado alguna propiedad o vestigio del Poder Judicial, tenga por seguro que entenderá mejor lo que le digo.

Si me acompaña a buscar eso que le digo a un juzgado de España, cuando se encuentre frente al juzgado, palacio de justicia o ciudad de la justicia de su pueblo o ciudad, no se deje deslumbrar: el edificio que ve no pertenece al Poder Judicial sino al Poder Ejecutivo; es decir, pertenece al Gobierno o a la Consejería de su Comunidad. La justicia, amigo, vive en casa ajena, si es que allí vive la Justicia.

Cuando entre por la puerta el control de seguridad lo realizará la Guardia Civil (Poder Ejecutivo) o unos guardias de seguridad contratados y pagados por el Poder Ejecutivo.

La luz que ilumina el edificio al que acaba de entrar al igual que la calefacción o refrigeración que lo acondicionan, los paga y son igualmente del Poder Ejecutivo y del Ejecutivo son también los muebles, ordenadores, impresoras y fotocopiadoras que vea por allí. Incluso las lineas telefónicas son del Poder Ejecutivo.

—Pero… ¿Los funcionarios de los juzgados sí serán poder judicial, no?

—Pues no señor, no. Los funcionarios que usted encuentra en los juzgados son funcionarios del poder ejecutivo y dependen de uno de sus ministerios lo mismo que los LAJ,s (los Secretarios Judiciales) que no son más que agentes y subordinados del Poder Ejecutivo. Sí, los Letrados de la Administración de Justicia y el resto de funcionarios, son todos subordinados del Poder Ejecutivo.

—Pero oiga, los sumarios, los cartapacios que contienen las instrucciones de los delitos ¿Esos sí serán del Poder Judicial, no? ¿No me diga que toda esa información está en manos de los Ministros y Consejeros de Justicia de las diversas comunidades?

—Pues se lo digo: y no sólo esos cartapacios: del papel a la tinta con que están impresos y hasta la grapa que los une son de los diversos poderes ejecutivos de este país (ministros, consejeros) pues ellos son los que se encargan de su tratamiento y custodia.

—Oiga ¿me está usted diciendo que un consejero de una comunidad autónoma o un ministro (algunos de los cuales ya sabemos que han sido condenados) son quienes cuidan de las gallinas de este corral?

—Justo eso le digo: el consejero o ministro de un ejecutivo, a veces corrupto, es quien cuida de los expedientes judiciales que acusan a sus conmilitones de delitos diversos; y no solo eso, también cuida y trata de los expedientes que acusan o involucran a sus adversarios políticos. Pero no se preocupe, en España los consejeros y ministros son gente honrada, eso lo sabemos todos ¿No? En este país nadie se copiaría una tesis, o se quedaría tresesporcientos, o repartiría sobres de dinero negro u organizaría bandas criminales desde el gobierno. ¿Verdad que no?

Pero sigamos, si resulta que ni el edificio, ni el mobiliario, ni los equipos informáticos, ni los funcionarios, ni la fé pública encarnada en los LAJ’s, son poder judicial ¿Dónde narices está en España el Poder Judicial? ¿Acaso en el despacho del juez?

No sé, entremos; como ve el despacho está en el juzgado, o sea que el despacho no es del poder judicial sino propiedad del ejecutivo, al igual que el ordenador, la mesa e incluso la silla en que se sienta el juez. Incluso son del poder ejecutivo los folios que garabatea el juez con un bolígrafo «Bic» propiedad también (¿Lo adivina?) del Poder Ejecutivo.

No, no se deprima, porque ahora que parece que nada es Poder Judicial, quizá estemos llegando al lugar exacto. ¿Ve usted ese espacio que existe sobre las cejas de la juez que hay sentada tras la mesa? Se llama «cerebro», cada juez, en mayor o menor medida, tiene uno y ese es el único sitio donde usted podrá encontrar al Poder Judicial en un juzgado.

—Pero oiga, eso es una insensatez, ¿de qué vale lo que piense esta señora si le quitan los folios, las impresoras, le miran los archivos informáticos…? ¿No se da usted cuenta de que los juzgados funcionan o no según le dé la gana al ejecutivo?

—Uy, y no solo eso, porque el poder ejecutivo, además, también quiere adueñarse de ese pequeño espacio que le falta por conquistar, el entendimiento y la voluntad de los jueces, su cerebro, y para ello ha elaborado estrategias tan complejas como malignas.

Los jueces, además de jueces, son personas y tienen debilidades; por ejemplo, les gusta hacerlo bien en su trabajo y ascender. Es ahí donde les espera el poder de los políticos, porque este poder se reserva, de forma directa o indirecta, la selección de los más altos cargos de la judicatura. Son los políticos quienes, en España, eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y para llegar alto de nada te valdrá (o muy poco) una espléndida carrera profesional; mucho más útil te será buscar buenos contactos entre los políticos que conforman las mayorías de cada momento.

Hubo un tiempo en que los magistrados de las Audiencias elegían a su presidente, pero ya no, ahora esos presidentes se designan y ya pueden imaginar ustedes por quién y qué criterios priman. Y si usted quiere ser predidente del Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad, magistrado del Supremo o Presidente de Sala y no digamos presidente del propio Tribunal, ya le digo yo que solamente con su buen trabajo no lo va a lograr.

El Poder Judicial, ese de que hablábamos y que se residencia sobre las cejas del juez, según se avanza en la pirámide jerárquica, se va licuefactando y se va entreverando con concesiones a factores que muy poco tienen que ver con el Poder Judicial y sí bastante más con los partidos que ocupan los otros poderes del estado.

Afortunadamente de los cinco mil jueces que hay en España son muy pocos los que se pliegan a este juego, la mayoría, la gloriosa mayoría, sigue considerando que lo que hay sobre sus cejas, valga más o menos, es su único patrimonio y que, antes que renunciar a una parcela de él, prefieren seguir siendo capitanes de sí mismos que mercenarios de inicuos. Es la infantería de la judicatura, la esperanza de los ciudadanos.

Pero ¿qué se puede hacer con un Poder Judicial que sólo puede comer lo que le dan, que por carecer carece hasta de los folios donde se imprimen sus sentencias, que si el ejecutivo le cortase la luz se vería desahuciado como un mendigo?

No, no me digan que exagero, recientemente en una comunidad autónoma de España algunos jueces tuvieron que guardar sus archivos informáticos en lugares distintos de sus ordenadores pues, quienes gobernaban dicha comunidad, podían en cualquier momento dejar a sus juzgados y tribunales sin recursos para funcionar. No es ciencia ficción lo que les digo, ha pasado y nos enteramos, pasa y no nos enteramos y seguirá pasando si no hacemos algo por evitarlo.

La forma en que se organiza el Poder Judicial en España es una anomalía en Europa y, en tanto no decidamos cumplir con el espíritu de nuestra Constitución y las recomendaciones del Consejo de Europa, seguiremos viviendo en una anomalía que pagaremos —ya la estamos pagando— muy cara.

Y lo que más duele es que todo este daño a la justicia no se está haciendo en beneficio de ella ni de los administrados sino de unos cuantos políticos provisionales y quienes les bailan el agua.

Cómo acabar de una vez por todas con la Independencia Judicial (I): la NOJ

Vamos a ver si logro explicárselo en corto y por derecho: la finalidad de la nueva oficina judicial (NOJ) no es dotar de eficacia a nuestros juzgados, su finalidad real y única es retirar competencias a los jueces en los aspectos procesales y ponerlas en manos del Ministerio de Justicia.

Más corto aún: la finalidad de la NOJ es quitar competencias al Poder Judicial y traspasarlas al Ejecutivo.

Toda la filosofía de la NOJ se contiene en el designio de retirar cuantas competencias procesales se les puedan quitar a los jueces y atribuirlas a los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) hasta convertir a estos en «jueces de lo procesal»1 pero, y ahí está la trampa, sin ceder un ápice en las facultades directivas y jerárquicas que el Ministro de Justicia tiene sobre estos LAJ2.

Quien crea que los LAJ son parte del Poder Judicial se equivoca y lo primero que debe de hacer es salir inmediatamente de su error: los LAJ son funcionarios dependientes del Ministro de Justicia y con una cadena de mando férreamente establecida3. Los LAJ, a diferencia de los jueces y magistrados, no son, en modo alguno, esas personas independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley que dice el artículo 117.1 de la Constitución. Tampoco gozan de esos privilegios de no poder ser separados, suspendidos, trasladados… con que el número 2 del artículo citado protege a los encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado.

La cadena de mando, desde el Ministro al último LAJ, está férreamente establecida en las leyes y es por eso por lo que estos están obligados a cumplir los protocolos, instrucciones u órdenes que se les impartan4. Dicho de otro modo, aquellos que van a encargarse de la mayoría de los aspectos procesales del proceso están sometidos al principio de jerarquía respecto de un poder distinto del Poder Judicial. En España la mayoría de las resoluciones procesales las toman unos funcionarios ajenos al Poder Judicial y jerárquicamente dependientes del Poder Ejecutivo.

Creo que, con entender esto, ya podrán saber ustedes cuáles son las intenciones de este ministro y de los anteriores y por qué han puesto tanto empeño en forzar la implantación de la nueva oficina judicial.

Y ahora esbocemos algún posible ejemplo de para qué le sirve o le podría servir al Poder Ejecutivo tener a sus órdenes a los funcionarios que ejercen el papel de “jueces de lo procesal”.

Por ejemplo, a la hora de fijar la cuantía de un procedimiento de nulidad de cláusulas hipotecarias, mediante las convenientes reformas, los LAJ podrían recibir instrucciones para fijarla como de cuantía indeterminada (18.000€) o, alternativamente, podrían reducir la cuantía en exclusiva a las cantidades líquidas reclamadas por gastos… (apenas 1000 o 2000€) ¿te suena? ¿te lo imaginas o crees que lo has vivido ya?. Si el gobierno quisiera hacerle un favor a la banca ¿Saben cuantos millones de euros les ahorraría una decisión como esta?

Es verdad que el intento del ejecutivo de que algunas decisiones de los LAJ no pudieran ser revisadas por los jueces fue declarada nula en 2016 por el Tribunal Constitucional5, pero, salvado este monumental atentado a la independencia judicial e incluso en el caso de que todas sus resoluciones puedan ser revisadas por los jueces (siempre a instancia de parte), divorciar a estos últimos de la ordenación del procedimiento es poner injustamente en manos de los sucesivos gobiernos (rectius de de los partidos que los ocupan) un poder inmenso.

Escindir lo procesal de lo sustantivo es una aberración jurídica pero, créanme, no hay aberración que no sean capaces de llevar a cabo los partidos políticos que ocupan los sillones del poder.

Tengan la seguridad de que si el poder judicial cae en sus manos —y falta muy poco para que esto suceda— el Estado de Derecho dejará de existir en España para siempre.

 

1.De la Oliva Santos, A. (2011) Sobre la calidad de la Justicia en España. International Journal of Procedural Law. 1 (1) 19-49. Citado en (2020) ¿ES INCONSTITUCIONAL LA «NUEVA OFICINA JUDICIAL»? A PROPÓSITO DEL LIBRO JUSTICIA O BUROCRACIA / Is the new “Court Administrative Office” unconstitutional? Apropos of the book Justice or burocracy on JSTOR. Retrieved November 15, 2020, from https://www.jstor.org/stable/26557949?read-now=1&seq=23#page_scan_tab_contents

2. La férrea jerarquización de los LAJ se positivó a través de las reformas operadas en la LOPJ por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; también debe tenerse en cuenta el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

3. Por si a alguien le queda alguna duda sobre de quién dependen los Letrados de la Administración de Justicia es bueno que lean el siniestro artículo 463.1 LOPJ cuya dicción no deja lugar a dudas: “Bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se ordena jerárquicamente en la forma que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. En este sentido, realizarán todas aquellas funciones de naturaleza análoga a las que les son propias, inherentes al puesto de trabajo que ocupen y que les sean encomendadas por sus superiores.”

4.Además del suficientemente expresivo artículo 463.1 LOPJ antes citado, la férrea cadena de mando a que la aludimos se diseña en los artículos 437.3 LOPJ: “Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un letrado de la Administración de Justicia que ejercerá las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalización del servicio, un mismo letrado de la Administración de Justicia podrá actuar en más de una de estas unidades”; 438.5 LOPJ: “Al frente de cada servicio común procesal constituido en el seno de la Oficina judicial habrá un letrado de la Administración de Justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados de la Administración de Justicia y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de que se trate y que, en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene asignado el mismo.”; 438.6LOPJ: “El letrado de la Administración de Justicia que dirija un servicio común procesal deberá hacer cumplir, en el ámbito organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos. En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces o tribunales en el ejercicio de sus competencias.”; 440.LOPJ: “Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial. 542.LOPJ: “1. Los letrados de la Administración de Justicia desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les encomienden esta ley y las normas de procedimiento respectivo, así como su reglamento orgánico. Las funciones de los letrados de la Administración de Justicia no serán objeto de delegación ni de habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 451.3. 2. En el ejercicio de sus funciones, los letrados de la Administración de Justicia cumplirán y velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los jueces o tribunales en el ámbito de sus competencias. 3. Los letrados de la Administración de Justicia colaborarán con las comunidades autónomas con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que estas ostentan en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores jerárquicos. Para una mejor coordinación podrán constituirse Comisiones Mixtas de Letrados de la Administración de Justicia y representantes de las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos territoriales.”; 465.LOPJ: Serán competencias de los Secretarios de Gobierno: 1. La inspección de los servicios que sean responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito competencial, sin perjuicio de la que corresponda al Consejo General del Poder Judicial, a las Salas de Gobierno o, en su caso, al Presidente del Tribunal o de la Sala respectivos. 2. La incoación de expedientes disciplinarios por las posibles infracciones que los letrados de la Administración de Justicia puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, así como la imposición de la sanción de apercibimiento. 3. Proponer al Ministerio de Justicia el nombramiento de los letrados de la Administración de Justicia de libre designación en su ámbito territorial, que hubiesen participado en la correspondiente convocatoria, así como su cese cuando éste proceda. 4. Control y seguimiento estadístico. 5. Dirección y organización de los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan, respetando y tutelando su independencia en el ejercicio de la fe pública. 6. Impartir instrucciones a los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito territorial, a solicitud de las comunidades autónomas con competencias asumidas, cuando sea precisa la colaboración de aquellos para garantizar la efectividad de las funciones que tienen éstas en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. 7. Proponer al Ministerio de Justicia, o en su caso a la comunidad autónoma con competencias transferidas, las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que fueren de su respectiva competencia, comunicando al Ministerio de Justicia cuantas incidencias afecten a los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan. 8. Cursar circulares e instrucciones de servicio a los letrados de la Administración de Justicia de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un letrado de la Administración de Justicia intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso. 9. Concesión de permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador. 10. Conocer de los incidentes de recusación de los Letrados de la Administración de Justicia. 11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administración de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. 12. Las demás previstas en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.”; 467.LOPJ: “Bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador ejercerá las siguientes competencias: 1. Dictar instrucciones de servicio a los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. 2. Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que dependa. 3. Dar cuenta de forma inmediata al Secretario de Gobierno de cuantos hechos sean relevantes al buen funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de las necesidades de medios personales y materiales de las secretarías ubicadas en su territorio. 4. Colaborar con las comunidades autónomas con competencias asumidas, para la efectividad de las funciones que éstas ostenten en materia de medios personales y materiales. 5. Coordinar el funcionamiento de cuantos servicios comunes procesales se encuentren ubicados en su territorio, o en su caso, asumir directamente su dirección cuando exista un único servicio común procesal provincial. 6. Proponer al Ministerio de Justicia las comisiones de servicio de Letrados de la Administración de Justicia que, dentro de su territorio, sean precisas para el correcto funcionamiento de las oficinas judiciales. 7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito. 8. Resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia que de él dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 9. Conceder, por delegación del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio. 10. Las demás que establezcan las leyes y su propio reglamento orgánico. También es preciso tener en cuenta la LO 19/2003 Disposición adicional novena. que establece un “Nuevo órgano de dirección y coordinación. En la estructura del Ministerio de Justicia existirá un órgano encargado de la dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de secretarios judiciales, cuyo titular se denominará Secretario General de la Administración de Justicia.” y el RD 1608/2005. ROCSJ que dispone que “16. ROCSJ: Los Secretarios de Gobierno tendrán las siguientes competencias, referidas en cada caso a su concreto ámbito de actuación: g) Impartir instrucciones a los Secretarios Judiciales de su respectivo ámbito territorial, a solicitud de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, cuando sea precisa la colaboración de los Secretarios Judiciales con dichas Comunidades Autónomas para garantizar la efectividad de las competencias que tienen éstas en materia de organización y gestión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. h) Cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia a través del Secretario General de la Administración de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de Jueces o Magistrados ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un secretario judicial intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso.” 18. ROCSJ: “Las competencias que ejercerán los Secretarios Coordinadores Provinciales, bajo la dependencia directa de los respectivos Secretarios de Gobierno, serán las siguientes: a) Dictar instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. b) Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que dependan.n) Elaborar cuantos protocolos de carácter técnico procesal sean necesarios para el correcto funcionamiento de las Oficinas judiciales de su provincia, según lo establecido en el artículo 8 de este Reglamento, pudiendo también hacer suyos o enmendar los protocolos propuestos por los Secretarios Judiciales que dirijan los Servicios Comunes Procesales.21. ROCSJ: “El Secretario General de la Administración de Justicia tiene las siguientes competencias: 1) Dirigir y coordinar a los Secretarios de Gobierno y a todos los integrantes del cuerpo de Secretarios Judiciales, impartiendo las instrucciones y circulares que considere oportunas, así como velando por el cumplimiento de las mismas. 2) Supervisar y coordinar las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno del Cuerpo que dicten los Secretarios de Gobierno y, en general, la dirección, coordinación e inspección del mismo. A este fin, las órdenes, circulares, instrucciones y comunicaciones que emita directamente se trasladarán a los Secretarios Judiciales a través del superior jerárquico, a no ser que la urgencia del caso aconseje hacerlo directamente al destinatario, en cuyo caso dará inmediato conocimiento al Secretario de Gobierno, sin que en ningún caso estas comunicaciones puedan interferir en las competencias de las Administraciones Públicas con competencias en materia de justicia.”

5. Sentencia 58/2016, de 17 de marzo de 2016. Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-2013. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional: nulidad del precepto legal que excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia.

 

Caviar chumbo

Caviar chumbo

Yo los he visto y ellos me han mirado…

—¿Qué precio lleva la bandejica de higos chumbos?

—Seis cincuenta…

—¡Pero pijo! ¡Si eso es precio de caviar!

—Es que son de retallo y eso es más caro…

—¿De retallo? Fijo que están boticarios…

Obviamente no estaban boticarios, su pinta era cojonuda, pero es que a mí pagar por los higos de pala se me clava en los entresijos. Por los higos de pala se trabaja, pero no se paga.

Uno se va al campo y busca una palera, coge los higos conforme a su técnica preferida para evitar las «punchas» (la mía era la del vaso de danone), y los mete en un cubo con agua para comérselos de desayuno.

No los he comprado, cada higo salía a un euro y pico…

—Sin pelar a 5,50…

—¡Otra barbaridad!

La mujer del puesto me ha mirado con un gesto como de entre pena y comprensión. No debo ser el primero entre los de mi edad que no acabe de entender que los higos de pala vayan tan caros: los zagales de mi edad jamás pagamos nada por un higo de pala.

La cosa era que, en el campo, todas las fincas tenían una palera que, las más de las veces, la familia que moraba en la casa usaba de excusado o letrina. Las paleras crecían fuertes y exhuberantes. Nadie te ponía pegas si aparecías por allí con tu cubo a coger higos, había de sobra y si eras chiquillo hasta te ayudaban y todo las personas mayores a coger los más altos.

Luego, tras meterlos en un cubo con agua fría, te los comías mientras rezabas el Salmo 33 de San Isidoro de Cartagena que decía:

«Buenos días, higo chumbo,
amigo de mi navaja;
te corto cabeza y culo,
enmedio te hago una raja
y te mando al otro mundo»

La gracia consistía en dar con la navaja los cortes a la piel del higo coordinadamente con el rezo de la jaculatoria, al tiempo que te lo zampabas no bien rezabas lo de…

«…y te mando al otro mundo.»

No he podido pagar 6’50€ por la media docena de higos, no por el dinero en sí, es que se me clava en el alma tener que pagar por estas cosas… Pero debo rendirme. Las pobres paleras han pasado una epidemia muchísimo más mortal para ellas que el Covid para nosotros, la administración renunció a ayudar a los poseedores de paleras porque, según ella, eran una «planta exótica».

Joer, en Cartagena «exótico» es un castaño, que yo no vi el primero hasta hacer mi primer Camino de Santiago… Pero ¿una palera exótica? ¡Coño! ¡Si en los belenes hasta el tío que caga lo hace detrás de una!

Pues nada, con el rollo de que las paleras son «exóticas» han dejado morir a muchas de ellas y, claro, ahora los higos de pala van a precio de bitcoin. Una lección más.

Una lección más para que disfrutemos de esas cosas que son baratas pero sabrosas como las más caras viandas. Y si no escuchen: el día que escaseen las sardinas pagaremos por media docena de sardinas asadas lo mismo que por una cena en un tres estrellas Michelin.

Y si no, al tiempo.

Albóndigas

Albóndigas

Me cuesta tanto aburrirme que, a veces, he deseado poder experimentar esa sensación.

Vivo solo, pero eso no es óbice para que me pase el día hablando conmigo o con gente a la que aprecio aunque no estén a mi lado. Hoy, tras hablar conmigo mismo un rato, he acabado hablando con mi amigo Aurelio y todo a cuenta de estas albóndigas que ven en mi plato. La causa de mi disputa de hoy con él es la incapacidad de euskéricos y castellanos viejos de pronunciar algunas cosas. Sus respuestas a mis preguntas no son más que una forma de preguntarme y responderme yo mismo, ya lo sé, pero este tipo de conversaciones son mucho más interesantes si tu oponente tiene una personalidad distinta a la tuya.

El caso es que hoy me he gobernado unas albóndigas para comer e, inmediatamente, he caído en la cuenta que estas al-bóndigas habían de ser un regalo árabe. He confirmado mi certeza tras breve investigación pero, mucho más interesante, he averiguado que los árabes tomaron el nombre de las al-bóndigas (albúnduqah) del nombre griego de unas avellanas que se criaban en el Mar Negro, el Ponto Euxino por su nombre en el siglo (en aquel siglo, claro) y que, naturalmente se llamaban «pónticas» lo que dio origen a la palabra árabe «bundiqa» o «bunduqa». ¿Por qué les llamaron los árabes «búndiqa» y no «póntica»? Bueno, por una razón simple, el idioma árabe odia la letra «p».

No, no se rían, el árabe odia la «p» de la misma forma que el chino o el francés odian nuestra «rr». Trate usted de decirle a un chino o a un francés que pronuncien «Roma» y ya verán la risa. Pues lo mismo le pasa a los árabes, que no pueden con la «p» y por eso el viejo elefante indio (pil) trató de ser “al-pil” en árabe, pero no pudo y acabó en “al-fil”, y con la “al-póntica” pasó lo mismo, que acabó siendo “al-búndiqa”.

A los vascos y castellanos viejos les pasa lo mismo que a los árabes pero con la «f». Le tienen tirria, les molesta pronunciarla, y por eso prefieren poner una «h» muda donde cualquier lengua romance como dios manda tiene una «f». ¿Que usted come “fabas” en Valencia? Pues habas en castellano. ¿Que usted es capaz de “facelo” en gallego? Pues en castellano no sería capaz de “hacerlo”.

Llegado a este punto, necesariamente, tenía que discutir con mi amigo Aurelio pues los castellanos viejos no solo odian la «f», como los vascos, sino que además odian las palabras agudas. Esta manía de colocar la sílaba tónica en este sitio u otro no es manía exclusiva de los habitantes de las Merindades; si se fija, casi todas las palabras francesas son agudas, es decir, están acentuadas en la última sílaba y, supongo que por joder más que por otra cosa, a los castellanos les domina la enfermedad de las palabras llanas, es decir, acentuadas en la penúltima sílaba.

No ya es que las palabras castellanas sean mayoritariamente llanas (igual por eso se llama caste-llano) sino que en el país de Las Merindades hasta las palabras agudas las pronuncian llanas.

Hay en el país del que les hablo, Las Merindades, un pueblo que fue bautizado en honor del primer y mítico juez de Castilla, Laín Calvo, y que, por esta causa se llama Villalaín. Pues bien, ni mito, ni juez, ni ortografía de la Real Academia valen un higo en ese país pues el pueblo, los comunes, le llaman Villaláin, acentuado en la “a” para que el nombre en vez de agudo sea llano castellano.

Casi la tengo con Aurelio a cuenta de esto pero tampoco era cosa de que llegase la sangre al Nela y como, a esas alturas del debate, ya me había zampado yo las albóndigas —que eran de bacalao y estaban cojonudas, dicho sea en estrictos términos de defensa— he terminado la conversación conviniendo que cada uno hable como le salga de las al-bundiqas, pues, si según la RAE ya se puede escribir “almóndiga” lo mismo que “albóndiga” ¿quién soy para meterme con cómo quieran pronunciar las cosas en Castilla o en su cabeza y capital Las Merindades?

Hecha la paz he rebañado el plato de albóndigas hasta dejarlo limpio y he pasado al postre.