Coraje extremeño, orgullo de oficio

Déjenme que les ponga en situación: en la sede del colegio de abogados de Badajoz se celebraba uno más de esos «actos institucionales» habituales; se trataba de un reconocimiento a la policía en el que participaban el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo y la Delegada del Gobierno entre otros muchos.

A esas alturas de la fiesta los abogados de oficio extremeños iban ya para casi cuatro meses sin cobrar y todo por una disputa entre el Ministerio de Justicia que se negaba a pagar 8.000.000€ a los abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, a cuenta de que éste último no justificaba la ídem de 590.000€ de nada que había recibido al parecer sin cumplir los procedimientos precisos.

Como el horno no estaba para canapés ni brindis, unos cuantos abogados y abogadas pacenses agarraron su pancarta y —aprovechando la presencia de autoridades— se fueron para el colegio; no porque estuviesen invitados a los actos protocolarios, sino para explicarles en directo a las autoridades que, en Badajoz, la tropa no cobra desde Agosto y que acudir a las fiestas está bien pero que está mucho mejor cuando antes has pagado lo que debes a quien te invita.

Trataron de acercarse con su pancarta al colegio —su colegio— pero la policía, que no estaba allí para reflexionar, les impidió acercarse a la sede, así que los manifestantes recurrieron a lo único sensato que les quedaba: gritar.

La prensa se hizo eco y acudió a donde estaban los manifestantes, la TV también e incluso las autoridades, que, en cuanto se coscaron del jaleíllo, acabaron acercándose a los/las manifestantes quienes aprovecharon la ocasión para entregarles un manifiesto con toda la lista de agravios a reparar.

Hace poco más de un mes sucedió algo muy parecido en Castellón, abogadas rápidas de reflejos aprovecharon la presencia del Presidente del Gobierno para improvisar una manifestación y hacerse oír. La imagen de varios musculosos policías vigilando que unas pocas abogadas no rebasasen una imaginaria «línea de seguridad» ilustró magníficamente ese día y cuan peligrosa le resulta a los que mandan la razón en marcha.

Este mes la huelga de los abogados y abogadas de Toledo, Ocaña, Orgaz, Illescas, Quintanar y Torrijos, forzó al ministerio y al CGAE a enzarzarse en una guerra de comunicados sobre quién era el responsable del impago a los abogados de oficio, promovió que CGAE devolviese 590.000€ al Ministerio y que este se quedase sin excusa para abonar los 8.000.000€ que aún adeuda.

Son acciones como estas las que han solucionado un impago crónico todos estos meses. Ahora, con los 590.000€ pagados por el CGaE y el acuerdo del Ministerio de pagar habrá quien pretenda sacar pecho, que no te engañen: el pago ya está librado y si vamos a poder cobrar y enterarnos de todo lo que pasa (lo de los 8.000.000 los 570.000€ de la Gurtel y los 590.000€ sin justificar y devueltos/consignados) es porque acciones como la de los compañeros de Toledo han forzado a dar explicaciones a los responsables ante el temor de que la huelga fuese a más.

Por eso, ayer, cuando testigos presenciales me contaban cómo en Badajoz la policía impedía el acceso de los abogados de oficio al colegio (su colegio) y estos coreaban, señalando al edificio, «Esa es nuestra casa» se me ponían los pelos de punta y sentía que con hombres y mujeres así se puede conseguir casi cualquier cosa que uno se proponga.

Mientras la fiesta se celebraba dentro, fuera del colegio (su colegio) habitaban el coraje y el orgullo.

El coraje extremeño y el orgullo de oficio.

Gracias compañeros, viva Extremadura.

Tiñalpas

Los bancos llaman en busca de ayuda a todos los poderes del estado desde que se conoció la sentencia de la Sala 3ª declarando que el obligado al pago del impuesto era el banco.

Afirman que devolver lo abusivamente cobrado en los últimos quince años causaría graves daños al sistema financiero (traducido: les costaría una pasta a ellos) y que muchas entidades habrían de cerrar.

Lloro de pena.

Verdaderamente apena que cualquiera de estas entidades haya de ser absorbida por algún otro pez más grande porque no puede devolver lo afanado. Que ellas hayan dejado a familias en la calle y a personas sin más futuro que trabajar para ellos hasta la muerte nunca les ha motivado para levantar ni un sólo teléfono.

Ahora llaman a los ministros para contarles lo fatal que lo pasaría «la economía» si ellos se ven obligados a devolver lo esquilmado. A lo que se ve «la economía» de todos es solo la suya y, la de los ciudadanos que la han visto antes depredada precisamente por quienes se quejan, no son más que las granjerías de unos tiñalpas.

Los tiñalpas no debiéramos dejar que ahora el gobierno vuelva a despacharse con decretitos ralentizadores, ni debiéramos tolerar esas voces que inmediatamente pedirán «mediaciones» y «arbitrajes» so capa de un buenrollismo tonto de baba.

Los bancos han convertido durante años a la administración de justicia en su oficina de cobro, de ejecución, de subasta, de desahucios… todos los españoles hemos pagado la cuerda con que los bancos nos han ahorcado llamándola administración de justicia. Ahora, los bancos, no quieren permitir que su «oficina de recobros» haga honor a su nombre de Administración de Justicia y les diga lo que han de hacer y por eso piden ayuda al gobierno.

En los próximos días vamos a saber quién es quién en este país y de qué lado está cada uno. Van a ser semanas interesantes. O irritantes.

SOS Justicia

Desde Europa el informe Greco sobre la corrupción ha reiterado que el poder judicial español no ofrece las necesarias garantías de independencia.

Mientras los jueces de infantería defienden en general a los administrados, sus resoluciones son revocadas en nuestros más altos tribunales. Las cuestiones prejudiciales son la vía a través de la cual nuestros jueces y tribunales se saltan al Tribunal Supremo, acuden a instancias europeas y tuercen una voluntad que, sistemáticamente, ha sido menos pro-consumidor que la de los tribunales europeos.

En España la justicia viene de Europa y esa percepción es una realidad cada vez más generalizada. Pareciera que no se puede esperar nada bueno de los más altos tribunales españoles.

Mientras, los bancos siguen financiando a los partidos políticos de los que forman parte los políticos que, en esta legislatura y en las anteriores, se reparten los cargos del Consejo General del Poder Judicial que, a su vez, nombrará a los más altos cargos del Tribunal Supremo o a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo. Estos son quienes habrán de juzgarles a ellos —aforados— y ellos no van a dejar que les juzgue un vulgar juez de lo Penal como a cualquier tiñalpa ibérico. A toda esta cancamusa le llaman nuestros muy honorables políticos «democratizar» la justicia. Pápate esa.

Mientras desoyen a Europa y se reparten el pastel, quienes se quedan con la mejor parte gritan que tenemos un independentísimo poder judicial y a quien lo discuta le tildarán de antipatriota o antidemócrata (lo que primero se les ocurra).

No les crean: ellos son los antipatriotas, ellos son los antidemócratas, ellos son los que deliberadamente nos han dejado sin justicia, ellos son los que prefieren poner a España en riesgo de estallar en mil pedazos o morir de inanición antes que dejar de repartirse pasteles; ellos son los que de forma activa carcomen nuestra justicia y ellos son quienes pueden acabar demoliendo el mejor proyecto de vida en común que ha tenido este país en los últimos 500 años.

Nada les importa ni nada les preocupa salvo su propio interés.

Esto ya no da más de sí y o les arrojamos por la borda o nos iremos a pique con ellos y que se salve el que pueda.

La cabaña (de oficio) del Tío Tom

Gracias al Tribunal Constitucional, desde hoy sabemos que hay un tipo de personas en España que, además de contribuir al sostenimiento de la nación con sus impuestos, están obligados a pagar un impuesto en especie en forma de trabajo forzado: los abogados y abogadas.

Dado que el Ministerio de Hacienda considera sistemáticamente a los abogados «una profesión más» no hace muchos meses decidió gravar la limosna que daban a los abogados de oficio con un 21% de IVA. Para corregir tal barbaridad Ministerio de Justicia y Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) idearon una solución consistente en declarar manifiestamente obligatorio (antes lo era de forma menos evidente) la asistencia jurídica gratuita. Gracias a esta solución ya no se pagaría el 21% de IVA pero se convertiría a la abogacía en la única profesión sometida a trabajos forzados en la España del siglo XXI. Una «genialidad», vamos.

Inmediatamente 50 diputados recurrieron ante el Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que declaraban obligatoria —forzada— la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados; ayer, el Tribunal Constitucional, dictó sentencia: la ley no es inconstitucional, nada obsta a que el estado obligue a los abogados a trabajar forzadamente en tareas que el estado pagará cuando quiera, como quiera y al precio que unilateralmente el propio gobierno decida.

Para entender cómo el Tribunal Constitucional ha podido esquivar la clara dicción del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es preciso leerse detenidamente la sentencia y aún así no creo que nadie la entienda.

Recordemos lo que dice el citado artículo 4 en sus puntos 2 y 3:

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

3. No se considera como „trabajo forzado u obligatorio“ en el sentido del presente artículo:

a) todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional ;

b) todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio;

c) todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad;

d) todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Básicamente el Tribunal Constitucional, apoyándose en lo que él llama «carácter retórico» de algunas alegaciones y en lo que también considera imprecisiones jurídicas o faltas de técnica evita entrar en el meollo del asunto y se despacha rechazando el recurso interpuesto y dejando incólume esta ley que obliga a trabajar forzadamente a unos profesionales lo quieran o no y al precio que decidan sus patrones.

Nada se habla ni en la sentencia ni en la ley de derecho alguno a negociar las retribuciones, no hay en la ley nada parecido a la negociación colectiva ni a la interlocución con los trabajadores forzados y, mientras tanto, el ministerio de justicia retrasa meses sus pagos, no actualiza sus indemnizaciones desde 1996 y, con esto, da a las CCAA transferidas la mejor coartada para mantener a sus abogados de oficio con retribuciones miserables (el TC pasa por encima de este «espinoso» tema de las retribuciones afirmando que nadie le ha llevado los baremos) con el simple argumento de recordarles que los esclavos del territorio común cobran menos.

¿Quién es el culpable de esta situación? Es triste decirlo pero, probablemente, uno de los principales responsables sea la propia abogacía.

A la hora de examinar esta curiosa neoforma de trabajos forzados —de esclavitud— no puedo evitar acordarme de la clásica novela de Harriet B. Stowe «La cabaña del Tío Tom». Esta novela narra dos historias paralelas: la del negro de la casa y la del negro del campo. El primero, el tío Tom, complaciente y obediente, sin poder imaginar un futuro fuera de la plantación; el segundo, dispuesto a todo para lograr su libertad y la de su familia.

Tú no puedes decidir si vas a ser un trabajador forzado o no (eso ya lo ha decidido por ti el Congreso y el Tribunal Constitucional) pero sí puedes decidir si vas a ser el esclavo complaciente, si vas a ser un consejo aplaudidor y sumiso, o si vas a ser una persona capaz de defender tus derechos, los de tu familia, tus hijos y hasta los del conjunto de la sociedad.

La elección es tuya.

No es tu responsabilidad pero sí es tu problema

Sin duda tú no eres el responsable de evitar que se arrojen residuos al mar, pero cuando vas a bañarte y lo encuentras todo sucio sabes que sí es tu problema; tampoco eres responsable de que las naciones no vendan armas a países en conflicto, pero, cuando millones de desplazados piden auxilio en tu país huyendo de esas mismas bombas, sabes que es tu problema; no, no eres responsable de las decisiones que toma el gobierno de tu país, pero indudablemente, de no ser acertadas, sus consecuencias serán, sin ninguna duda, tu problema.

Leo las noticias del mundo de la abogacía y veo cómo el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, introduce modificaciones legislativas que pueden suponer la necesidad de inscribirse en el registro mercantil a buena parte de los abogados y de asumir algunas otras obligaciones de calado. Leo, por otra parte, que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha decide seguir el camino de Aragón y de la Comunidad Valenciana en sus deseos de privatizar el turno de oficio. Veo cómo los baremos en territorio común no se revisan desde 1996 o cómo no existen leyes de conciliación profesional, personal y familiar, para abogados y abogadas. Veo cómo competencias de la abogacía se traspasan a otras profesiones, como se trata de mercantilizar una profesión que no puede hacer del beneficio económico su primer objetivo y cómo se trata de debilitar a la primera y casi única defensa que tienen los ciudadanos frente al poder: la abogacía.

Veo todo esto y sé que no es responsabilidad de los abogados y abogadas evitarlo pero ¿adivináis de quién es el problema?

Puede que no sea responsabilidad nuestra —sin duda sí lo es de esas instituciones perennemente calladas como esfinges o sociedades secretas— pero lo que sí es seguro es que seremos nosotros, los abogados y abogadas de infantería, los que al final pagaremos la cuenta.

Puedes tranquilizarte diciéndote que nada de esto es responsabilidad tuya o —por el contrario— puedes asumir que tuyo es el problema y hacerte responsable de tu futuro.

Yo que tú no dejaría mi futuro en manos ajenas y me pondría a trabajar ya.

Cien días de gobierno socialista: balance provisional en justicia.

Se cumplen los cien días que Roosevelt estableció como período de cortesía tras la llegada al poder de un nuevo gobierno; Pedro Sánchez hoy —toreando para la solanera— se ha estirado ante los suyos y se ha dado importancia coincidiendo con la efeméride.

No sé si puede estirarse y darse importancia en el resto de áreas de gobierno pero, ciertamente, en Justicia no. En Justicia el gobierno de Pedro Sánchez tiene más motivos para arrugarse y esconderse que para celebrar nada. Veámoslo.

Justicia Independiente

Crítico feroz con las manipulaciones y tejemanejes del gobierno del PP cerca de la cúpula de los jueces, no parece que al gobierno de Pedro Sánchez ahora le importe cambiar la fuente de todos aquellos enjuagues: la forma de elección de los vocales del CGPJ.

Con una ministra de justicia que sólo dos meses antes de acceder al cargo se manifestaba contra la forma de elección de esos vocales hemos visto al gobierno de Sánchez —o al menos a su ministra— virar en redondo y defender ahora justo lo que antes criticaba. La última escena de la actualidad ya nos presenta de nuevo a PP y PSOE de la mano dispuestos a cambiar todo lo necesario para que nada cambie en la forma de elección.

La primera en la frente.

Justicia con medios

La partida presupuestaria que en sus presupuestos aprobó el PP es la misma que sigue estando. No hay noticia de que la inversión en Justicia forme parte importante de la negociación que el PSOE está llevando a cabo para la aprobación de sus presupuestos y a la ministra parece importarle tan sólo reunirse con los jueces para tratar de calmar sus reivindicaciones salariales con las partidas presupuestarias de su antecesor en el cargo.

No hay noticias del turno de oficio en zona ministerio (la miserable subida tras 22 años sin actualizar ni siquiera el IPC fue obra de Catalá) y lo único que parece importarle a la nueva ministra es hacer que la segunda fila de su ministerio se reúna con una domesticada abogacía institucional para ver cómo se reparten la subida de Catalá.

Tampoco ha derogado el infame sistema que colapsa los juzgados hipotecarios. Con todos los operadores jurídicos en contra de tal aberración ella ha decidido mantener el sistema que costó a Catalá críticas feroces y de las que ella parece creerse exenta.

La segunda en la boca.

LexNet patata

La ministra, férrea opositora a la implantación de LexNet en la fiscalía cuando era fiscal, no parece tener idea alguna de fondo respecto de la informatización de la justicia ni de las exigencias en este tema desde el punto de vista constitucional de la independencia judicial.

Con las mismas partidas aprobadas por Catalá la nueva ministra parece continuar la misma política de aquel ahondando así en la catástrofe informática en que está sumida nuestra administración de justicia.

La tercera en el pecho.

Relación con la abogacía

La ministra parece dispuesta a recibir asociaciones de jueces y fiscales tantas cuantas veces sea necesario, sin embargo, no parece dispuesta a reunirse con ninguna asociación de abogados y procuradores en una pose que destila el pestífero aroma clasista de quien cree en el fondo que la abogacía o la procura son más un molesto estorbo que la garantía de la existencia de un estado de derecho.

La cuarta en…

Conclusión provisional

Tras cien días de gobierno, en lo sustancial, nada ha cambiado en los programas de justicia del gobierno. Muchas cosas podían hacerse —o al menos intentarse— sin coste alguno y no se han hecho (juzgados hipotecarios, plazos procesales, forma de elección de los vocales del CGPJ…) de forma que, al no hacerlo, la administración de justicia española sigue en el mismo estado en que la dejó Catalá; si bien la actitud de este, estérilmente dialogante siempre (ni una mala palabra ni una buena acción) al menos resultaba mucho menos molesta que la almidonada actitud de la nueva ministra.

Cambian los gobiernos pero no cambian las formas ni las ideas, malamente cambiará así nuestra justicia de sino. Quizá al final lo del virus de la moqueta sea verdad.

Independencia judicial: los principios y los finales del reparto partidista del Consejo General del Poder Judicial

La actuación de los partidos hace pensar que hay temas en los que la carga ideológica, los intereses partidistas o personales o el contagioso virus de la moqueta causan incurable ceguera política. Con la que está cayendo en España, con la independencia judicial puesta en duda y hasta en solfa día sí, día también en los medios de comunicación y en redes sociales, estando pendientes casos penales notorios de inconmensurable importancia que afectan a la sociedad en su conjunto y a los propios partidos, como el tema de Cataluña, Gürtel, los EREs o las grandes estafas bancarias, procedimientos judiciales que exigen cuidado exquisito para mantener, no solo la máxima independencia judicial real sino también la máxima apariencia de independencia judicial, nos encontrarnos de nuevo con el penoso espectáculo del reparto groseramente indisimulado del Consejo General del Poder Judicial entre los partidos, mediante la designación partidista en las Cortes de las veinte vocalías del Consejo.

Sorprende que pueda haber partidos que sigan creyendo a estas alturas que mantener este sistema no tendrá consecuencias sociales y políticas, como si en vez de en 2018 estuviéramos hace treinta años, o en 2013, cuando la última renovación del CGPJ. Extraña también que haya jueces que sigan colaborando con esto como si nada hubiera pasado estos años, incluso movilizaciones y una huelga de jueces y fiscales convocada por cuatro asociaciones judiciales y tres de fiscales el 22 de mayo de 2018, y secundada masivamente, para pedir, entre otras cuestiones, que se modifique ese sistema. El sistema de reparto del CGPJ ha demostrado ser ineficaz para evitar la politización real o aparente desde que se implanto en 1985 y actualmente no es homologable en Europa -insistiremos sobre este importante punto- y resulta asombroso que en la España actual el
PSOE y el Partido Popular, al parecer con aquiescencia de Podemos
, aún crean que puede ser socialmente admisible sin reproche social y sospecha de la ciudadanía que se repartan el Consejo General del Poder Judicial, ese mismo organismo que nombra a la cúpula judicial incluyendo a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la de lo Penal, es decir, a quienes tienen que resolver sobre importantísimos casos penales de Cataluña, Gürtel, ERES, estafas bancarias. España difícilmente puede permitirse esa frivolidad de continuar como si nada en el reparto partidista del CGPJ, coadyuvando así desprestigiar y sembrar la duda masiva sobre la independencia de la judicatura en puestos clave, y también de la judicatura en su conjunto, y en momentos graves como los actuales en la que la independencia judicial es aún más esencial que nunca, y además, por si fuera poco, yendo en contra de los criterios del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Son datos jurídicos que:

  1. La cúpula judicial la designa ese CGPJ a su vez designado en su totalidad por las Cortes; incluyendo en la cúpula judicial la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que tiene que resolver sobre esos casos indicados, y otros muchos.
  2. El CGPJ, no elegido en su totalidad por y entre los jueces, es el organismo que tiene la capacidad disciplinaria sobre los jueces y además decide sus ascensos y su carga de trabajo, por lo que controla indirectamente a la judicatura en su conjunto.

Por si fuera poco, en una sociedad como la española en la que brilla por su ausencia la educación jurídica, el Consejo General del Poder Judicial para mucha gente es sin más equivalente al Poder Judicial y a la judicatura en su conjunto; este equívoco perverso es propiciado en medios de comunicación con titulares que, de forma nada inocente, cada vez que el CGPJ hace o deja de hacer algo, lo describen como “el Poder Judicial” y no el Consejo General del Poder Judicial. Es fácil constatar, además, que muchos creen que el CGPJ está compuesto solo y elegido solo por y entre jueces, recayendo así injustamente sobre la totalidad del Poder Judicial como Tercer Poder y de los jueces en general el notorio desprestigio y el desgaste social que el CGPJ ha tenido estos años. Quienes hayan sufrido toda esta desinformación nada muy poco casual extraerán la única conclusión posible cuando lean las noticias sobre el reparto partidista del CGPJ y lo recordarán cuando se discutan casos judiciales notorios.

Desde que, en 1985, el Partido Socialista decidiese cambiar la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la mayoría de todos cuantos en España han estado en la oposición o fuera del gobierno, tanto los partidos como las asociaciones de jueces y de fiscales, se han opuesto ferozmente a la elección de todos, absolutamente todos, los vocales por las cámaras e —indirectamente— por los partidos políticos; eso «politiza» la justicia, dicen… y no les falta razón.Recordemos lo que dispone
el artículo 122.3 de la Constitución:

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

La Constitución prevé expresamente, pues, una designación de algunos miembros por el Congreso y el Senado, pero no de todos, es decir, que este sistema actual que las Cortes designen los veintetodos los vocales, los veinte, no es el único posible y, en efecto, en época constitucional ha habido uno anterior por Ley
Orgánica 1/1980
, conforme a la cual doce de los veinte vocales, los doce de procedencia judicial, eran elegidos por todos los jueces y magistrados. El sistema actual por el cual incluso los doce jueces “de procedencia judicial” son designados por las Cortes se introdujo hasta 1985, estando el PSOE en el poder con mayoría absoluta.

Sí, ese mismo PSOE que dijo apoyar la huelga de jueces y fiscales y que ahora continúa aplicando exactamente lo mismo que había antes sin tener intención alguna de cambiarlo y de la mano del Partido Popular. En estos momentos están negociando el Partido Popular y el PSOE el reparto del CGPJ:

Y esperemos que tampoco borre el presidente del Gobierno Sr. Sánchez el tuit en el que apoyaba esa huelga, enlace aquí.

De este tuit, por si acaso, incluimos impresión de pantalla.

TuitPedroSanchez

El quid de la cuestión está en el sistema de elección de los vocales del CGPJ, y obsérvese el detalle de cómo el Sr. Sánchez soslaya hábilmente la referencia al cambio de sistema de selección de vocales del CGPJ como uno de los motivos de la huelga de jueces y fiscales. Pero, claro, este motivo de huelga no es cosa solo del Partido Popular; ni muchísimo menos, y el Sr. Sánchez lo sabe perfectamente.

Y es que la normativa vigente de desarrollo del artículo 122.3 CE es la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, que promovida por el PSOE y entonces discutida por el PP, el cual recurrió a este punto al Tribunal Constitucional. Y así sigue la ley, con distintos cambios
cosméticos que nunca han afectado a quién designa ni han dado lugar a un examen público serio en las Cortes de los candidatos prepactados. Desde que, en 1985, el Partido Socialista decidió cambiar la forma de elección de los vocales del CGPJ para hacer que
todos lo eligieran las Cortes, con apoyo entonces, después rectificado, de parte de la judicatura, seguimos como estábamos, a pesar a las constantes acusaciones de politización y a que la situación social y política se ha agravado considerablemente en
materia de independencia judicial.

Ambos partidos han aplicado de consuno y encantados durante más de treinta años ese sistema implantado en el año 1985 por el cual que Congreso y el Senado eligen por mitad y mayoría de tres quintos a los veinte miembros del CGPJ, al entender que el artículo 122.3 CE no exigía que los doce vocales “de procedencia judicial” fuesen elegidos por jueces y magistrado, sino, lo que es distinto, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales.

Esta curiosa interpretación fue considerada conforme con la Constitución por la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, de 26 de julio, enlace aquí,
pero insistiendo el TC en tres cuestiones que han sido olvidadas,
casualmente, por los partidos mayoritarios y también por la mayoría
de los partidos minoritarios, encantados estos últimos de que
también les toque algo en la pedrea, cuando les toca porque interese
a los mayoritarios en términos globales de negociación política:

  • Que el sistema recomendable no es este, sino el de la propia elección de todos los vocales por los propios jueces.
  • Que los partidos deberían tener el sentido común de dejar instituciones esenciales al margen al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial.
  • Y que con este sistema existe el riesgo de una actuación de los partidos que no respete el espíritu de la Constitución en la interpretación de la norma y que simplemente se efectué un reparto por cuotas de poder parlamentario.

Transcribimos parte del Fundamento Jurídico 13 de la citada STC 108/1986, de 26 de julio, tan profusamente citado, menos leído y nada aplicado, enlace aquí

La finalidad de la norma sería así, cabría afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara (art. 112.3 LOPJ). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener
al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente caso, pues el
precepto impugnado es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a la Constitución.

La ingenuidad del Tribunal Constitucional fue es manifiesta,. y de aquellos polvos, estos lodos. El TC no solo recomendaba que se mantuviera el sistema de elección de todos los vocales por los propios miembros de la cerrera judicial, algo de lo que los partidos
no han hecho caso, ellos sabrán por qué, sino que daba por sentado que los partidos serían capaces de dejar al margen de las luchas de partidos ciertos ámbitos de poder, y señaladamente el Poder Judicial, y los partidos no han sido capaces de ninguna de estas dos cosas.

Los partidos, salvo honrosas excepciones que se niegan a participar en esto, se escudan encantados en que el TC dijo que el sistema era constitucional,

  • Y olvidan los importantes matices de la sentencia del Tribunal Constitucional que no les convienen.
  • Y también olvidan que “constitucional” no equivale ni a recomendable ni a justo ni a eficaz.
  • Y que, además, desde 1985 -1986 han pasado unas cuantas cosas en Europa que han convertido el sistema en no homologable y que coinciden, precisamente, con lo que recomendaba el Tribunal Constitucional en su sentencia 108/1986, de 26 de julio.

Que en efecto “se distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”, salvo las honrosas excepciones de quienes decidieron quedar al margen del reparto, lo demuestran no solo las actas parlamentarias sino, constantemente, los medios de comunicación:

Es cotidiano que se diga que el vocal de turno es “conservador” o “progresista”, para no tener que decir directamente por qué partido de la Cámara han sido promocionados, o que hasta se especifique el partido mayoritario o minoritario, y así se hace pública y sistemáticamente en cada información periodística sobre la actividad del CGPJ y de sus vocales, y como es tan cotidiano y de tantos años, ni citaremos casos.

Y de actas parlamentarias vamos a citar como botón de muestra las de la designación con fecha 27 de noviembre de 2013 por el Senado de los diez vocales cuya designación les compete, enlace aquí; los portavoces de los partidos ni se molestan en intervenir y solo interviene como discrepante un senador del Grupo Mixto, Sr. Martínez Oblanca, Foro Asturias, que hace un repaso de la situación y de los vaivenes del PP que no tiene desperdicio, y del que extraemos un párrafo:

Estas son jornadas tristes para la justicia en España, porque no está de más recordar
que el consejo general, elegido por las Cortes, es un instrumento clave para nuestra sociedad. Estamos ante la máxima expresión del Poder Judicial, a partir de hoy presunto garante de la independencia de los jueces y de los tribunales respecto al resto de los poderes públicos. Este consejo, de arrastrado descrédito por un
enjuague propiciado por el Partido Popular con otras cuatro  organizaciones políticas, es el que nombrará a los magistrados y presidentes del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia y a los de lo Contencioso-administrativo y lo Social de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias
provinciales, así como a jueces y magistrados. Casi nada, o mejor dicho, casi todo contaminado y maleado por la intrusión partidista que el PP prometió combatir y que ahora perpetra.

En este otro enlace, actas parlamentarias de 26 de noviembre de 2013, de la elección por el Congreso de sus diez vocales, con intervención de partidos que encarecen lo estupendo que es el sistema pero también hay dos intervenciones significativas, como las de el Sr. Alvarez Sostres, de Grupo Mixto, Foro Asturias, que anuncia el voto en blanco de su partido y habla de enjuague en unos términos muy gráficos

“Por supuesto, no ponemos en duda la
cualificación y la capacidad de quienes han sido elegidos y de
quienes a nivel individual están metidos en estas elecciones, pero
parece algo raro casar eso con la independencia que exige el
consejo, en el que alguno de sus miembros precisamente ha sido
diputado en esta Cámara durante varias legislaturas. Seguro -pienso
yo con bastante buen criterio- que la independencia requerida se va
a producir después del nombramiento, es decir, como un efecto del
resplandor áurico sobrevenido”

[ahora, por cierto, no es ya que haya diputados que sean miembros del CGPJ sino que hay más de un miembro del Gobierno del PSOE que antes fue vocal del CGPJ]

Y la de la Sra. Díez, de UPYD, partido que tampoco quiso participar en el reparto, y que en una intervención muy contundente cita las palabras del propio Sr. Ruiz-Gallardón año y medio antes, cuando sostenía lo contrario:

“No es esto, señorías, lo que quiso el legislador constituyente, no es esto lo que nos manda nuestra Constitución; es un error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar -lo digo con rotundidad y desde el principio- por acabar con esta politización y con esa percepción de politización que tienen los españoles con la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial. Este es un sistema no solamente perverso en origen, en su elección -a mi juicio, insisto-, vulnerando la voluntad del legislador constituyente, sino que además perturba de forma grave las decisiones, aunque sean adecuadas, que adopta este mismo órgano, el Consejo General del Poder Judicial. Fin de la cita. 25 de enero del año 2012. Persona que pronuncia estas palabras, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.”

y es muy dura con quienes colaboraban con un sistema ya entonces tan degenerado.

Que eEl sistema es evidentemente ineficaz para evitar la politización y contrario a las recomendaciones sobre la práctica sistema que efectuó el Tribunal Constitucional, y ya lo dicen hasta el sector de la judicatura que apoyó el sistema en su día ylo dijo el propio
Partido Popular, este cuando le interesóa decirlo, o sea, inmediatamente antes de olvidarlo.

Como pueden comprobar todos aquellos quequien lo deseen, en la página 179, punto 11, del programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 2011, enlace aquí, y en las que obtuvo una amplísima mayoría absoluta, se decía,
literalmente:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

Sin duda un buen principio, acorde con las exigencias de Europa y con el espíritu y la letra de nuestra Constitución. Pero la realidad fue que el Partido Popular, usando el poder omnímodo que le daba su mayoría absoluta, hizo exactamente lo contrario de aquello a lo que venía comprometido por su programa electoral. Si en 1985, con los
socialistas en el poder, se declaró «muerto a Montesquieu», en 2012, con la derecha gobernando con mayoría absoluta, sus restos fueron incinerados por una reforma desvergonzadamente opuesta a lo prometido en su programa y a lo que reputaban justo cuando estaban en la oposición.

Pero no solo es ineficaz el sistema y hay partidos que piden su reforma y con ese programa electoral consiguen votos, pero luego se desdicen y aplican lo que les parecía inadmisible; tampoco es ya homologable con los sistemas propugnados por los organismos europeos en materia de lucha contra la corrupción y de independencia
judicial.

No les falta razón, en primer lugar,D porque desde el Consejo de Europa, a través del informe que el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Informe «GRECO») presenta anualmente, se viene denunciando, reiteradamente y desde hace años, que en España existe la «apariencia de que intereses partidistas pueden permear los procesos decisorios judiciales» , lo que, según el GRECO es un aspecto particularmente preocupante en un momento en el que los casos de corrupción política están creciendocontinúan y están
resolviéndose en los tribunales, y, añadamos nosotros, indiscutiblemente cuando procedimientos judiciales tan relevantes como relativos a Cataluña causan tan notorias tensiones.

La publicación el 3 de enero de 2018 del El informe GRECO anual de 2017, publicado con fecha 3 de enero de 2018, enlace al texto completo en inglés aquí, no vino sino a propinar un nuevo varapalo a nuestro país; el informe reiteraba con contundencia la alerta sobre la persistencia de una situación «globalmente insatisfactoria» en relación con la vigilancia de la corrupción y conflictoss de intereses entre parlamentarios, judicatura y fiscalía. Esta nueva advertencia europea ha supuesto que, de acuerdo con las reglas de procedimiento establecidas (regla 32), se haya de someter al Reino de España a un escrutinio específico advirtiendo al más alto nivel de estos incumplimientos y estableciendo un seguimiento periódico para examinar la evolución. Será muy interesante, por cierto, ver qué dice la vez siguiente el informe GRECO cuando ya se
canceló cualquier posibilidad de Pacto de Estado por la Justicia, tras haber comprobado tanto Podemos como Ciudadanos que PP y PSOE no tenían la menor intención de hacer reformas serias incluyendo, este último, que no pensaban cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ; el informe GRECO no era aún más duro en sus apreciaciones en relación con España y consideraba parcialmente cumplidas sus observaciones porque se creyeron (observaciones 36 y 37) que ese Pacto se intentaba y que se aprobaría, incluyendo para reformar el marco normativo de CGPJ, y a ver qué dice el siguiente informe cuando se encuentren que no hay ni pacto ni intención alguna de hacerlo ni tampoco se va a cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ.

No les falta razón tampoco a quienes se oponen a la forma de elección de los vocales del CGPJ establecida en 1985, en segundo lugar, porque el sistema actual de elección de los vocales que integran el CGPJ contraviene el punto 27 de la «Recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités», enlace aquí, dado que los vocales judiciales que integran el CGPJ no son elegidos por los jueces de todos los niveles y con respeto pleno del
pluralismo en el seno del sistema judicial.

Sí —es necesario que se repita tantas cuantas veces sea necesario— nuestro sistema de elección de vocales del CGPJ no es homologable a nivel europeo; veámoslo.

Si uno se interesa por estos temas y por cuáles son las recomendaciones europeas en la materia, lo primero que descubre es la existenncia dentro del Consejo de Europa de un órgano no demasiado conocido: el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) así como también documentos de tanta enjundia como la Carta Europea sobre el
Estatuto del Juez, enlace aquí, o la ya mencionada Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los estados miembros sobre los jueces: independencia,
eficiencia y responsabilidades, enlace aquí, documentos ambos todos extremadamente claros en cuanto a la independencia de los poderes judiciales y a la forma de elección de
los componentes de su órgano de gobierno.

La Carta Europea sobre el Estatuto del Juez carta opta por declarar que el gobierno de los jueces lo ha de ejercerlo un organismo independiente del poder legislativo y del ejecutivo y que debiera estar compuesto, al menos al cincuenta por ciento, por jueces
elegidos entre sus pares. Tal opción se ve desarrollada en la Recomendación que establece lo siguiente:

Capítulo IV – Los Consejos del Poder Judicial

1. Los Consejos del Poder Judicial son organismos independientes, establecidas por la ley o la Constitución, que tratan de salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales y por lo tanto para promover el funcionamiento eficiente del sistema judicial.

2. No menos de la mitad de los miembros de estos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial y con respeto a la pluralidad dentro de la judicatura.

3. Los Consejos del Poder Judicial deberán demostrar el más alto grado de transparencia hacia los jueces y la sociedad mediante el desarrollo de procedimientos preestablecidos y decisiones razonadas.

4. En el ejercicio de sus funciones, los consejos de la judicatura no deben interferir en la independencia de los jueces individuales.

Las razones que toma en cuenta el Consejo de Europa en su Carta para optar por esta composición se contienen en la Exposición de Motivos («Explanatory Memorándum») a la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, que, sintéticamente, es la que sigue. [la traducción aproximada es nuestra, así que te recomendamos acudir al original]:

La Carta prevé la intervención de un organismo independiente del [poder] ejecutivo y el legislativo, donde se tomen las decisiones sobre la selección, contratación o nombramiento de los jueces, el desarrollo de sus carreras o la terminación de sus funciones (…) Se planteó la cuestión de cual habría de ser la composición de ese órgano independiente. La Carta en este punto establece que al menos la mitad de los miembros del cuerpo deben ser jueces elegidos por sus pares, lo que significasígnica que no quiere que los jueces estén en minoría en el organismo independiente ni les obliga a estar en mayoría. A la vista de la variedad de concepciones filosóficas y debates en los Estados de Europa, la referencia a un mínimo de 50% jueces surgió como capaz de asegurar un nivel bastante alto de respeto a cualquiera de las otras consideraciones de principios que dominan los distintos sistemas nacionales. La Carta establece que los jueces que integran el organismo independiente
deben ser elegidos por sus pares, con el argumento de que el requisito de la independencia de este organismo se opone a la elección o designación de sus miembros por una autoridad política que pertenece al poder ejecutivo o el legislativo.

Habría un riesgo de sesgo partidista en la designación y el papel de los jueces en virtud de un procedimiento de este tipo. Se espera que los jueces que se hayan
de sentar en el organismo independiente se abstengan de buscar el favor de los partidos políticos o los organismos que hayan de nombrarles o elegirles.

Por último, sin insistir en cualquier sistema de votación en particular, la Carta indica que el método de elección de los jueces a este órgano debe garantizar la representación más amplia de los jueces.

Que no les falta razón a quienes se oponen al actual sistema de elección de los vocales del CGPJ se vio confirmado también el 21 de junio de 2016, fecha en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó una sentencia que los políticos españoles no deberían ignorar, la importante sentencia . RAMOS NUNES DE CARVALHO CONTRA PORTUGAL. En dicha sentencia el TEDH considera que han sido violados los derechos fundamentales de una magistrada. disciplinariamente sancionada por el “Consejo Superior de la Magistratura” portugués (CSM, el homólogo del CGPJ español). Los magistrados europeos expresaron en dicha sentencia sus dudas acerca de la imparcialidad e independencia del CSM portugués a la luz del artículo seis de la Convención Europea de Derechos del Hombre en un contexto jurídico esencialmente extrapolable a la situación española actual.

Nos dice el tribunal TEDH que para poder apreciar la independencia de un tribunal ha de acudirse no soólo a datos objetivos sino incluso a las apariencias de imparcialidad. Trasladada esa doctrina al caso español resulta palmario que, desde el mismo momento en que la elección de un vocal del Consejo General del Poder Judicial depende de una mayoría o consenso parlamentario, es obvio que la desvinculación política del elegido queda desvirtuada puesto que es seleccionado por un poder del Estado construido sobre la base de los partidos políticos, con sus respectivas tendencias ideológicas. De hecho, es habitual conocer si el vocal de turno es “conservador” o “progresista”, en función del partido político que ha favorecido su nombramiento, y, a pesar del porcentaje de no afiliados de la carrera judicial y de afiliados que tienen las cuatro asociaciones judiciales, su reflejo en los integrantes del Consejo no respeta la proporción asociativa, sino la de las fuerzas que componen el arco parlamentario, que con cada renovación parcial del CGPJ se reparten los vocales judiciales. Bien, pues, si eso es lo que «dice Europa», ¿qué tenemos en España?.

Ustedes lo saben igual que nosotros: un sistema donde, muy contrariamente a lo deseado por la Carta, los miembros del poder judicial son perfectamente reconocibles por su adscripción política piadosamente llamada “conservadora” o “progresista” para no tener que decir directamente por qué partido de la Cámara han sido promocionados. Y ¿por qué no tenemos el sistema que nuestra Constitución diseña, establece la Carta
Europea y reclama el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos? Ustedes saben perfectamente por qué: desde que, en 1985, el Partido Socialista lo estableciese, ningún partido en el poder ha querido cambiar este sistema de elección fuese lo que fuese que hubiese dicho cuando estaba en la oposición. Veamos un ejemplo que nos servirá para ilustrar el cuarto motivo que abona las tesis de quienes denuncian el actual estado de cosas y, para ello, nada mejor que echar mano de Alberto Ruíz Gallardón, ministro de justicia de infausto recuerdo.

Como pueden comprobar todos aquellos que lo deseen, en la página 179, punto 11, del programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones generales de 20113 y en las que obtuvo una amplísima mayoría absoluta se decía, literalmente:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Sin duda un buen principio, acorde con las exigencias de Europa y con el espíritu y
la letra de nuestra Constitución.

La realidad fue que Gallardón, usando el poder omnímodo que le daba su mayoría absoluta, hizo exactamente lo contrario de aquello a lo que venía comprometido por su programa electoral. Si en 1985, con los socialistas en el poder, se declaró «muerto a Montesquieu», en 2012, con la derecha gobernando con mayoría absoluta, sus restos fueron incinerados por una reforma desvergonzadamente opuesta a lo prometido en su programa y a lo que reputaban justo cuando estaban en la oposición.

Lo malo de los principios en España es que solo son eso, principios, y si una de las ciencias que estudian los principios es la ética, ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país que, la que de verdad se instala en el poder, es la ciencia que estudia los finales y postrimerías: la escatología.

De Ledesma a Gallardón han pasado tres décadas en las que la independencia judicial ha sido cercenada a través de las más diversas vías y no solo la meramente legislativa:

  • La independencia judicial ha sido cercenada todos estos años desde una absoluta carencia de medios que impone a la Aadministración de Jjusticia la necesidad de depender de otros poderes del estado para poder llevar a cabo sus tareas más básicas.
  • La independencia judicial ha sido limitada asignando al poder ejecutivo —al Ministerio de Justicia y a los Ejecutivos de las Comunidades Autónomas— la titularidad de prácticamente todos los medios materiales e instalaciones con que cuentan nuestros juzgados y tribunales.
  • La independencia judicial ha sido dinamitada, con la llegada de la revolución tecnológica, a través del troyano más elefantiásico que pueda imaginarse: el software que gobierna el funcionamiento de los programas de la administración de justicia. No necesito significarles la importancia que todo este problema del software genera a la Administración de Justicia pues los flagrantes fallos de seguridad de LexNet y, sobre todo, el referéndum para la independencia de Cataluña los han puesto de manifiesto en toda su crudeza.

Así las cosas, cuando en 2017 Ciudadanos decidió apoyar la investidura de Rajoy a cambio de consensuar 150 medidas, la número 102 volvió a hacer revivir las esperanzas de que la situación de la justicia en España podría mejorar, al menos en lo relativo a la
independencia judicial y a la forma de elección del CGPJ. La posición de Podemos, Ciudadanos y —muy tímidamente— del PSOE en cuanto al debate sobre la transferencia de competencias en materia de software del Ejecutivo al CGPJ abonó el campo de las esperanzas en que algo bueno podría suceder. Finalmente la presión de los jueces y fiscales en sus manifestaciones en pro de la independencia judicial —y no solo de sus retribuciones— hicieron concebir muchas más esperanzas que culminaron con el nombramiento de una fiscal que había participado en las protestas como Ministra de Justicia.

Sin embargo, la escatológica maldición que hace que en España los finales de los ministros se hallen en las antípodas de sus principios, hizo que pronto supiésemos que, de lo dicho, nada. Que ella podía tener unos principios pero que, para el caso de ocupar la cartera de Justicia, disponía de otros y, como Gallardón y como tantos otros que han hecho lo mismo, ni siquiera se ruborizó al declarar que, como ministra, haría lo contrario de aquello por lo que había estado manifestándose.

Ahora el Partido Socialista y el Partido Popular han declarado su disposición a derogar la reforma del CGPJ de la época Gallardón pero no se engañen, sin tocar una coma en lo que a la forma de elegir a los vocales se refiere, y, de hecho, están en estos momentos aplicando ese sistema. El Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular no van a ceder ni un milímetro de poder en pro de la independencia judicial, con la cooperación necesaria de la ministra.

Próximamente —la ministra— recibirá a las  asociaciones judiciales, algunas de las cuales parecen haber rebajado el nivel de su protesta en materia de independencia judicial y, en vez de plantarse, ya sólo parecen concentrarse en sus demandas salariales (¿eran sinceras entonces sus demandas de independencia judicial? ¿O también podían sustituirlas por otras si no gustaban al la ministro o ministra de turno?) mientras se han apresurado a buscar elegibles para la próxima renovación del CGPJ a pesar de que nadie puede creer razonablemente, tras tantas décadas y tantas mentiras de partidos, que las cosas se pueden cambiar desde dentro del CGPJ cuando el marco normativo es el problema y solo se cambia en las Cortes y los partidos mayoritarios no quieren cambiarlo. No todas las asociaciones, seamos justos; , hay una asociación, que nos conste, Foro Judicial Independiente, que ha renunciado a cualquier pasteleo y eso les honra y nos hace conservar las esperanzas a muchos ciudadanos que consideramos la independencia judicial como innegociable.

De aquella situación de relativo optimismo que, en relación a este tema, vivíamos a primeros de año 2018 hemos pasado a la más negra oscuridad y cabe preguntarse: ¿Quién defiende ahora la independencia judicial?

Pues, visto que la ministra huelguista de hace cuatro meses ahora ha desertado y se ha pasado al enemigo con armas y bagaje, visto que hay quienes probablemente parecen pierdan perder ardor guerrero a cambio de un poco de dinero o del grato olor del poder, visto que parecen haber remitido o son ineficaces las iniciativas de los partidos tendentes a regularizar la situación de nuestra justicia, creo que no hace falta que #T diga quien o quiénes siguen estando ahí.. ¿Quedará siquiera alguna esperanza de que
haya no solo partidos sino también quizá parlamentarios individuales suficientemente valientes para negarse a aplicar este sistema por mucho que su partido sí lo haga y que no voten a favor de esto de forma que no se alcance la mayoría de tres quintos necesarios para la elección de los vocales, o al menos dejando claro con su voto no sumiso y sí responsable que en la compleja situación política de España y con los criterios europeos esto no puede seguir así y es ceguera política negarlo?

En 1853, cuando la reina María II de Portugal firmó un decreto que iba contra la inamovilidad de los jueces, el presidente del Tribunal Supremo Portugués, José da Silva Carvalho, le remitió una carta en la que le explicaba que, la inamovilidad de los jueces, no era un privilegio de estos, sino un derecho fundamental de los ciudadanos. Ese principio, es muy verdad que es tan válido hoy como en 1853.

Y es que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, ni siquiera es un principio cuya defensa les corresponda a ellos más que al resto de la sociedad. L; la independencia judicial es un derecho fundamental de todos y no es negociable ni transigible: ni puede ni debe formar parte de aquellos valores o principios cuya integridad pueda ponerse en juego en el curso de una negociación política, salarial ni de otra especie. La defensa de la independencia judicial, digámoslo claro, no es competencia exclusiva de ningún grupo específico de personas por muy cualificadas que estén, es algo que corresponde a la sociedad en su conjunto como derecho fundamental suyode la misma que es. Somos muchos, juristas y no juristas, aquellos a a quienes importa la independencia de la Jjusticia, porque aún creemos en unas cuantas cosas, porque sabemos que es un nuestro deber de todos decenderladefenderla o porque, simplemente, queremos un país mejor para #Todos y #Todas, y estamos dispuestos a denunciar la situación públicamente sea quien sea quien gobierne para todos.

Sí, , para todos, con #T de #Todos y #Todas. #T Brigada Tuitera está
siempre por la independencia judicial, con principios y sin finales.


Este post lo escribieron en cooperación José Muelas Cerezuela & Verónica del Carpio Fiestas (Septiembre de 2018)