Composición de textos judiciales

Hoy en tuíter un buen abogado ha realizado una encuesta sobre qué tipografía usábamos cada uno de nosotros al componer nuestros escritos judiciales. Yo he dado a esa pregunta una respuesta bastante larga aunque, debido a la complejidad del tema, siento que no he me explicado bien, así que, aquí va un pequeño post tratando de explicarle.

La composición de textos destinados a ser leídos en el seno de un proceso es una tarea compleja que, a lo largo de los años, he tratado de ir refinando. Un texto legible y de alta lecturabilidad ayudará a que el mismo sea leído y eso —no les quepa a ustedes la menor duda— nos ayudará eficazmente en nuestra tarea persuasora; así pues, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestro texto sea legible.

Comenzaré señalando que la longitud de las líneas de texto es fundamental: una línea demasiado larga hace que el paso de los ojos sobre ella sea largo en exceso y propenso a «descarrilar» entre líneas; si, por el contrario, la línea es corta, estresaremos innecesariamente a nuestro lector haciéndole cambiar de línea con más frecuencia de la deseable. Se ha calculado el número de lectores que desertan de la lectura de un texto compuesto con líneas demasiado largas o cortas; así pues, mi primer trabajo fue averiguar la longitud óptima de las líneas de texto. Aunque hay diversidad de opiniones dependiendo de multitud de circunstancias hay amplio consenso en que, en un texto impreso, la longitud óptima de línea se encuentra entre los 40 y 70 caracteres incluyendo espacios o unas 12 o 14 palabras por línea.

Otro aspecto fundamental para la legibilidad de los textos es el espaciado. Nuestros lectores son adultos que han hecho de la lectura su modo de vida; no leen letra a letra, como los niños, ni siguiendo las líneas con un dedo. Los destinatarios de nuestros escritos leen las palabras en grupos, en bloques, de un vistazo, y un elemento que les ayuda grandemente a hacer eso es que el espaciado sea lo más pequeño posible. Es mejor usar guiones de fin de línea y dividir palabras que dejar amplios espacios entre palabras con el riesgo de que se formen «ríos» de blancos en los párrafos del escrito. Por tanto, si me permites un consejo, usa guiones de división de palabras al final de cada línea siempre que veas que esa línea contiene un espaciado demasiado amplio entre palabras.

El objeto de todo este trabajo es que quien haya de leer nuestro texto se sienta cómodo haciéndolo. Una buena composición de textos es tan importante (o más) que la prosodia en el informe oral. Piensa en los destinatarios de tus escritos cuando los compongas.

Al igual que importa la longitud y composición de las líneas de texto importa una buena gestión de blancos; los blancos son al escrito como los silencios a la música: no seas cicatero con los blancos, ajusta tus composiciones a las necesidades de cada texto.

En cuanto al tipo de letra, antes de decidirte por una, deberías cerciorarte de unas cuantas cosas, al menos, las siguientes:

La legibilidad de los tipos «modernos» (Bodoni, Didot, etc…) no es mejor que la de los «antiguos» (Caslon, Garamond…) pues estos últimos tipos han demostrado su óptima legibilidad frente a cualquier otro tipo de letra. Si tienes dudas usa Caslon o Garamond, la legibilidad está asegurada, ningún lector se quejará y —dado que muy pocos tienen conocimientos de tipografía— creerán que están leyendo un Times News Roman (lo digo por si diriges tu escrito a la Sala III del Supremo con sus ridículas disposiciones tipográficas). Si vas a usar tipos modernos (Bodoni, Didot…) úsalos para titulares: es un clásico.

No uses letras sin serifas (Arial, por ejemplo) su legibilidad es inferior a Caslon o Garamond y, además, Arial es una mala copia de una fuente mítica: Helvética. Si vas a usar letras sin serifa usa Helvética, te parecerá que no se distingue de Arial, pero te aseguro que sí pues Helvética es un tipo de letra omnipresente en la sociedad y —si no me crees— te invito a que realices este test.

Otra cuestión a tener en cuenta es si la fuente que vas a usar es multiplataforma, es decir, si podrás usar idéntica fuente en Windows, Linux o Mac. No todas las fuentes son comunes en todas las plataformas y, de hecho, muchas de ellas tienen copyright. Si siempre vas a usar la misma plataforma o sistema operativo puedes obviar esto, pero te sugeriría que no dieses nada por supuesto: tu teléfono será Android o IPhone mientras que tu ordenador de sobremesa es probable que sea Windows. Tampoco sabes qué sistema operativo puede usar el receptor de tus escritos así que yo te sugeriría que usases fuentes multiplataforma y disponibles para todos los usuarios. En este sentido Google tiene una colección de fuentes verdaderamente buenas. Si tienes dudas yo te sugeriría emplear una de estas fuentes: EB Garamond. No te voy a contar las virtudes de los tipos que diseñó Jean Claude Garamond, pero, si no lo tienes claro, úsalos: no fallarás.

En fin, componer un escrito judicial es un trabajo complejo pero que, hecho una vez, queda hecho para siempre y se convierte en tu sello distintivo. Es, además, un gesto de educación y de respeto a los destinatarios de tu escrito; quizá ellos no lo aprecien pero, inadvertidamente, si tus escritos gozan de una alta legibilidad y lecturabilidad, tus posibilidades de que sean mejor leídos y comprendidos aumenta exponencialmente y eso redunda en provecho no sólo de tu lector, sino de tu cliente.

Es verdad que, ahora, los textos son leídos en la mayor parte de los casos en pantalla y esto tiene sus interesantísimas especialidades aunque no debes descartar la posibilidad de que, para leerlos, los magistrados ordenen previamente su impresión en papel. Si eres un milenial quizá te parezca raro pero la comodidad de la lectura en papel aún no ha sido superada por ningún dispositivo electrónico. No desprecies, pues, lo antiguo: un libro es un prodigio tecnológico y es el producto de varios siglos de evolución y —si quieres un dato más— cuando, en los 90, las acciones de las empresas papeleras se desplomaron en previsión de que la informática acabase con ellas, quienes vendieron sus acciones cometieron un error de bulto: el consumo de papel se ha multiplicado desde la aparición de la informática.

En fin, no voy a extenderme, no se puede tratar un tema tan complejo en un solo post pero, con lo dicho, entenderán por qué me molestan los «magistrados tipógrafos» de la Sala III del Tribunal Supremo y sus disposiciones de composición de textos.

Gobiernos, bancos y costas judiciales

Lo leo y tengo que frotarme los ojos. Existen mentiras, mentiras repugnantes y respuestas del gobierno. Leo, con estupor, que el gobierno anda preparando una reforma del RDL 1/2017 para, entre otras cosas (transcribo en lo preciso el texto legal):

Fomentar el recurso a la vía extrajudicial para intentar evitar que (…) la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

Si no fuese porque lo dicho es una canallada no tendría más remedio que troncharme de risa o lamentar la ignorancia del autor de la respuesta, pero esto no es un chiste ni es un error grosero; como dije, esto no es más que una canallada químicamente pura.

El párrafo citado recurre a una de las más viles y ofensivas añagazas a que puede recurrir un gobierno: tratar como estafadores a las víctimas y tratar como víctimas a los estafadores. Y lo que es peor aún, tratar sin ningún respeto y como bobos a los ciudadanos a quienes se dirige la norma, esperando hacerles creer que la puñalada en la ingle que les pretenden dar es por su bien.

La costumbre del partido del gobierno de cerrar filas en defensa de los bancos no es nueva. Este parrafito que les he transcrito está en la línea de una de las más lamentables intervenciones parlamentarias de una jurista, la ministra Margarita Robles, que, en sede parlamentaria y en defensa del RDL 1/2017 (el mismo que ahora quiere ampliar) soltó lo que sigue:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Esta abyecta costumbre del partido del gobierno de etiquetar a los abogados como los malos de esta película de las hipotecas y señalarles como el peligro del que la ley debe defender a la sociedad, merecería una respuesta de la profesión jurídica y de los afectados por la estafa de las hipotecas que mandase a este gobierno a su casa y para siempre. Déjenme que me explique.

En España, los bancos, en las últimas décadas, han depredado a los españoles cobrándoles intereses abusivos, imponiéndoles cláusulas abusivas, obligándoles a pagar gastos que no les correspondía satisfacer y haciéndoles pagar cantidades por servicios no prestados en forma de comisiones.

Mientras inflaban sus cuentas de resultados saqueando a sus clientes, desahuciaban a aquellos que no podían pagar sus rapiñas y, no sólo les quitaban la casa, sino que les robaban el futuro reclamando hipotecas mediante vencimientos anticipados, incrementando el principal debido con el 30% de costas (recuerden esto), aplicando intereses moratorios del 29% y, en fin, consiguiendo que el desgraciado, al que estaban engañando y que ahora no podía pagar, no sólo se quedase sin casa sino que la deuda para con el banco se multiplicase de tal modo que no pudiese pagarla ni aunque tuviese diez vidas.

No exagero ni una coma y, si quieren ejemplos de cada una de las cosas que he afirmado, les invito a que se acerquen a mi despacho o al de cualquiera de mis compañeros.

¿Qué hicieron los sucesivos gobiernos mientras los bancos saqueaban a los españoles?

Nada.

¿Se acordaron los sucesivos gobiernos de que los españoles y españolas que eran demandados ejecutivamente por los bancos veían aumentada automáticamente su deuda de cara al embargo en un 30%?

No.

¿Alguno de estos que ahora hablan de arreglar este asunto movieron siquiera un músculo de la cara cuando miles y miles de españoles eran expulsados de sus casas y colocados en situación de muerte civil por las mismas entidades bancarias que les saqueaban?

No me responda, ya sé que no es necesario, sabe usted muy bien que no hicieron nada.

Fue necesario que los tribunales europeos nos dijeran por escrito, clarito y en sentencias reiteradas, que nuestros bancos nos estaban depredando para que el gobierno adoptase alguna medida aunque esta no fue para favorecer a los consumidores, no, porque todas y cada una de las medidas que los gobiernos han ido adoptando han sido una sucesión de atentados contra el derecho de los consumidores y en claro favorecimiento de quienes les depredaban: los bancos y entidades financieras, esos mismos con quienes jamás se metieron esos gobernantes de los diversos partidos que han ocupado el gobierno.

Primero, en lugar de ordenar devolver —pura y simplemente— a los bancos las cantidades abusivamente cobradas por las cláusulas suelo y atenerse a las consecuencias si así no lo hacían, los sucesivos gobiernos decidieron que mejor se establecía un previo procedimiento de reclamación que demorase la posibilidad del consumidor de acudir al juzgado a exigir su derecho. Es curioso que, cuando eran los bancos los que ejecutaban las hipotecas, los sucesivos gobiernos no sintieron nunca la más mínima tentación de imponer un procedimiento extrajudicial a los bancos antes de permitirles acudir al juzgado.

Las palabras pueden engañar con facilidad, los hechos no, y los hechos son demoledores: ninguno de los sucesivos gobiernos ha tomado nunca medida alguna en defensa de los consumidores y sí en defensa de los bancos y entidades financieras.

Cuando era evidente que los bancos no devolverían de grado lo que la jurisprudencia europea les ordenaba devolver, los sucesivos gobiernos pusieron en marcha un eficaz plan que permitiese a los bancos conservar el producto de sus rapiñas.

En primer lugar decidieron alejar de los administrados los juzgados y hacerles cara la posibilidad de reclamar. Si el juzgado no está en su ciudad sino en una más lejana la reclamación se torna más cara y difícil. Muchas reclamaciones de consumidores apenas si llegan a los mil euros de forma que, si tiene que desplazarse junto con abogado y testigos hasta una ciudad que no está en su partido judicial, muy probablemente decida que no le merece la pena reclamar la cantidad. Punto para la banca graciad al gobierno. Para un consumidor mil euros pueden no ser nada pero evitar cientos de miles de reclamaciones son cientos de millones para los bancos. Total usted es un tiñalpa y es solo un voto, si usted pierde mil euros ¿qué es eso comparado con los millones que el banco ahorra y con los que podrá financiar la próxima campaña electoral?

En segundo lugar decidieron que las reclamaciones se eternizasen lo más posible en el tiempo. Hay muchos juzgados en cada provincia que podían resolver asuntos de esta especie pero los sucesivos gobiernos han decidido que tan sólo un juzgado por provincia resuelva este tipo de asuntos. Se lo explicaré usando el ejemplo de mi propia comunidad.

Se estima que en la Región de Murcia hay unas 45.000 hipotecas que contienen cláusulas abusivas. Si el gobierno y el CGPJ no hubiesen acordado nada, los más de 50 juzgados existentes en la comunidad habrían sido competentes para resolverlas y, teniendo en cuenta que un juzgado resuelve unos mil asuntos al año como poco, esas 45.000 hipotecas supondría. Una sobrecarga de trabajo de unos 800 asuntos por juzgado lo que supondría un retraso de unos ocho meses. Sin embargo los estrategas del gobierno y el CGPJ decidieron que todos, absolutamente todos los casos, los viese un solo juzgado. Saquen la cuenta: 45.000 hipotecas para un solo juzgado ¿45 años de retraso?. Las noticias del colapso pronto se extendieron y muchos consumidores, desanimados por la lejanía y ahora por el retraso, decidieron no reclamar.

Otro punto para la banca, gracias a los sucesivos gobiernos y a sus juzgados únicos nueva morterada de millones depredados que los bancos no devuelven.

En tercer lugar, la reclamación judicial de las cláusulas abusivas es tarea compleja que necesariamente han de realizar profesionales, dado que el consumidor ha de pagar en principio el trabajo de estos profesionales resulta evidente que muchos ciudadanos no podrían reclamar pero… para lograr este nuevo punto para la banca y el subsiguiente pelotazo de millones hay un problema: las leyes españolas, si acudes a juicio sin razón, te obligan a pagar los gastos (costas) de la parte contraria.

Así, como los bancos se han negado a pagar sin razón alguna a los consumidores, aquellos que les han demandado han obtenido de los jueces no sólo la condena a devolverles lo cobrado abusivamente, sino también a pagar los honorarios de los abogados de los consumidores.

Esta justa previsión de las leyes tiene dos consecuencias: la primera que al banco el juicio no le sale gratis. La segunda que los clientes pueden pagar a sus abogados y de esta forma se animan a reclamar. Si no existiesen las condenas en costas el 50% de las demandas serían inviables económicamente para los consumidores de forma que ese sería el premio gordo, el bote, el pleno al quince de la banca.

Sí, sin duda las costas son el mayor problema de los bancos para poder quedarse con el botín de sus abusos, por eso, necesariamente, tienen que acabar con esa posibilidad y el primer paso es acusar a los abogados de pretender cobrar por su trabajo. Esto, que parecería una memez de grueso calibre en cualquier país civilizado, en España encuentra terreno abonado entre nuestra clase política y es a la luz de todo lo dicho que se entienden las deleznables declaraciones de la ministra Margarita, recuérdenlas:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Hay que acabar con las condenas en costas como sea, a los gobiernos les parece intolerable que, bancos que no pagan pura y simplemente porque no les viene en gana, hayan de indemnizar al consumidor de los costes de su reclamación: malditos abogados, quieren cobrar por su trabajo. Al banco no le importaría si los abogados cobrasen a sus clientes consumidores, lo que el banco no soporta es pagar él al abogado del consumidor y no porque sea mucho dinero para él, sino porque mientras esto no cambie los consumidores podrán reclamar y el banco acabará siendo condenado. No hay nada ético ni moral en ello, para el banco es una pura cuestión de dinero.

Lo que si es una cuestión de moral es el repugnante posicionamiento de los sucesivos gobiernos en este asunto. ¿Recuerdan cuando más arriba les hablé de que los bancos al ejecutar las hipotecas embargaban desde el principio un 30% de más para cobrarse sus costas? Pues ningún gobierno siquiera amagó un solo gesto ni una palabra en defensa de los ejecutados.

Sin embargo, ahora, cuando los bancos pueden ser condenados en costas tras negarse a pagar unas cantidades que saben perfectamente que están obligados a devolver, el gobierno toma medidas urgentes.

Mientras los bancos, con el silencio cómplice del gobierno, cobran implacablemente las costas de las hipotecas a pobres deudores que no tienen más culpa que no tener dinero para pagar resulta que los consumidores ven como el gobierno se indigna cuando ellos quieren cobrar las costas a un banco que, sabiendo que debe el dinero, se niega a pagarlo, obliga al consumidor a acudir al juzgado, a contratar un abogado y a un procurador, a esperar años un pago que debiera ser inmediato, a desplazarse fuera de su localidad para reclamarlo y… aquí sí, aquí el gobierno sí entiende que debe intervenir para defender a los bancos de estos malvados consumidores que pretenden que sea el banco quien haya de hacerse cargo de pagar a los profesionales que el propio banco, con su actitud, les ha obligado a contratar.

Los sucesivos gobiernos, este en particular, se tornan así en cooperadores necesarios de la depredación de los consumidores y gracias a sus hechos (que no a sus palabras) sabemos exactamente donde están: del lado de la banca y contra los consumidores en la forma más grosera e infame que puede estarse; es decir, mintiendo, acusando a quienes defienden a los consumidores y tiroteando de forma eficaz los derechos de los mismos.

Digámoslo claro: no se puede litigar solo por las costas. Si el banco cumple con su obligación no habrá nada que reclamar y si se hace las costas le serán impuestas al consumidor. Para que se condene en costas al banco hace falta que este, previamente, no haya cumplido con sus obligaciones y sostener en respuesta parlamentaria que hay que evitar que

la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

es una de las vilezas más abyectas que pueden leerse en un documento oficial.

Ayuden a la banca, pero no mientan; sirvan a sus señores, pero no ofendan; legislen contra los más y en favor de los menos, pero no falten al respeto a la inteligencia de los españoles.

Mientras sus gobiernos veían desahuciar sin hacer nada a unos españoles y cobrar cantidades abusivas a los demás la abogacía defendía y estaba al lado de esos desahuciados. Fueron procedimientos jurídicos iniciados por abogados y apoyados por jueces de trinchera y saco terrero los que llegaron hasta Europa y consiguieron desenmascarar todo este saqueo hecho de abusos consentidos por el poder.

Sí, los jueces condenan a los bancos a las costas y los abogados son pagados por su trabajo pero ni los jueces son culpables de esto ni los abogados tampoco: los responsables son los bancos que se niegan a atender las justas demandas de los consumidores, porque no quieren devolver lo depredado, porque quieren quedarse con lo afanado y es sólo cuando el banco se produce así que el juez, con toda justicia, les condena en costas.

Sepan que no van ustedes a engañar a nadie, sepan que cuando ustedes se marchen a su casa con oprobio la abogacía seguirá aquí y sepan que, si siguen por este camino y no se marchan a casa antes, la ciudadanía les mandará a ella para que no vuelvan nunca.

Y hará bien.

El secreto profesional de los abogados y el correo electrónico

¿Cree usted que nadie le escucha cuando habla con su abogado o que nadie interviene —legal o ilegalmente— sus comunicaciones con él?

La pregunta no es retórica, sin privacidad en las comunicaciones abogado-cliente el derecho de defensa no existe y, si no existe el derecho de defensa, tampoco existe el estado de derecho.

Ya les he hablado alguna vez de mis más que serias sospechas sobre la privacidad de las comunicaciones en los locutorios de las prisiones, sospechas que me han llevado a plantearme muy seriamente la conveniencia de no recibir información sensible de mis clientes en las comunicaciones realizadas en dichos locutorios porque, digámoslo con franqueza, mi sensación es que los abogados somos escuchados más a menudo de lo necesario y mucho más de lo que la ley permite. Permítanme que les cuente una historia real a propósito de una red llamada «Echelon». Si usted ya lo sabe todo sobre esta red puede saltarse unos cuantos párrafos y seguir en el que comienza con las palabras «Si es usted un ciudadano común…», si no, puede ser interesante que siga leyendo.

«Echelon» es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia. Controlada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Echelon puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que esta red intercepta más de tres mil millones de comunicaciones cada día.

Se sospecha que esta red no sólo es utilizada para encontrar pistas sobre tramas terroristas, planes del narcotráfico e inteligencia política y diplomática; sino que está casi plenamente confirmado que es utilizada también para el espionaje económico de cualquier nación y la invasión de privacidad en gran escala.

No, no les estoy hablando de ninguna teoría de la conspiración ni de terraplanismo, ustedes mismos pueden comprobar que en 2001, el Parlamento Europeo en Acta del 5 de septiembre, emitió un informe en el que se expresa que:

considerando que no hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial

constató la existencia de un sistema de interceptación mundial de las comunicaciones, resultado de una cooperación entre los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda siendo

la finalidad del sistema es la interceptación, como mínimo, de comunicaciones privadas y comerciales, y no militares.

Así pues, si creen que les estoy hablando de una red conspiranóica, abandonen la idea: la existencia y uso de Echelon ha sido constatada por el Parlamento de la Unión Europea.

Incluso parece que España ha tenido que ver con esta red, en especial durante el gobierno de José María Aznar, cuando nuestras inmejorables relaciones con los Estados Unidos de George Bush y el Reino Unido de Tony Blair condujeron a nuestro país a involucrarse en la guerra de Afghanistán. Medios extranjeros como «The Guardian» aseguraron que los Estados Unidos habían ofrecido al Gobierno de Aznar ayuda en su lucha contra ETA en forma de espionaje electrónico. Ciertamente resulta difícil conocer los detalles de estas operaciones reservadas pero, si hemos de juzgarlas a la luz de los resultados en la lucha contra ETA en aquellos años, o la ayuda existió ciertamente o la eficacia de nuestros cuerpos y fuerzas de orden público mejoró súbitamente.

Y créanme que les estoy hablando de una sola red en un mundo donde hay muchas más, supongo que todos podrían añadir a Echelon redes que han sido noticia mucho más recientemente. Las redes y sistemas de intercepción son tantos que, a veces, hasta algún conocido juez ha sufrido llamativas confusiones entre ellas, no distinguiendo SITEL de Marathon y Marathon Evolution, sistemas cuyo funcionamiento presenta aspectos muy preocupantes para el secreto profesional de los abogados.

Si es usted un ciudadano común sospecho que está suficientemente avisado respecto de las infinitas capacidades de monitorizar sus comunicaciones que tienen los gobiernos; si es usted abogado simplemente piense en cuantos atestados comienzan o contienen frases como la siguiente: «Por confidencias recibidas se tuvo conocimiento de que en la noche del día tal podría suceder tal cosa en tal sitio, por lo que se procedió a montar el correspondiente operativo policial».

Sí, muy a menudo la policía sabe cosas que prefiere no explicar cómo las sabe; confidentes, soplos… ya se sabe, pero ¿de verdad creen ustedes que no hay detrás de estos inexplicados conocimientos operaciones de inteligencia tecnológica en algún caso?

Digámoslo claro: no hay comunicaciones teóricamente más sustanciosas para la policía que las que tiene una persona con su abogado. Los ciudadanos involucrados en una investigación penal cuentan a su abogado todos los detalles del asunto y, en el siglo XXI, no sólo lo hacen de viva voz sino por correo electrónico, por teléfono o incluso a través de los intercomunicadores de los locutorios de las prisiones.

Formularé otra pregunta nada retórica: ¿están ustedes absolutamente seguros de que nadie les escucha?

Si su respuesta es «no estoy seguro» el secreto profesional de los abogados ya no existe porque, tal secreto, no se limita a que no se monitoricen las comunicaciones sino que implica necesariamente que tanto abogado como cliente comuniquen en un ambiente tal que puedan tener la absoluta seguridad de que nadie les está escuchando. Esa tranquilidad es la que permite una comunicación cliente-abogado ajustada a los derechos fundamentales que proclaman nuestras declaraciones de derechos.

No limiten su visión a España, piensen en lugares y países de los cinco continentes donde la inseguridad de las comunicaciones cliente-abogado hacen de estas conversaciones una tan ilícita como eficaz fuente de información para los gobiernos. Un mundo libre y respetuoso con los derechos de las personas exige que estas puedan comunicar sin ser espiados con sus abogados y es por eso que, cuando comunico con mis clientes, trato de cuidar de que mi comunicación con ellos no acabe siendo una fuente de información para alguien que quisiera espiar tal conversación.

Hoy he visto que se ha producido una buena dosis de confusión y alarma en el correo que el Consejo General de la Abogacía Española decidió contratar a un precio astronómico hace unos años y he recordado a quienes tomaron una decisión de contratación que, en mi sentir, perjudicó notoriamente a los abogados y abogadas de España.

Si todo aquel dinero que se dedicó a alquilarle un servicio estándar de correo a una empresa norteamericana (Microsoft) se hubiese dedicado a establecer un sistema de correo electrónico seguro para los abogados españoles se habría creado un espacio seguro y de libertad que garantizaría el secreto profesional a que los ciudadanos tienen derecho. Un sistema encargado a un tercero no tiene más fiabilidad que la fiabilidad que uno conceda al tercero (una empresa estadounidense) de que no cederá ni permitirá observar nuestras comunicaciones profesionales a nadie. Un sistema en el que las herramientas de cifrado son de un tercero y es este tercero el encargado de cifrar los mensajes, no ofrece más seguridad que la confianza que queramos depositar en las empresas que cifran o suministran los sistemas criptográficos. Ustedes mismos pueden juzgar si el correo que ha arrendado el Consejo General de la Abogacía Española, es susceptible de construir ese espacio donde cliente y abogado pueden estar absolutamente seguros de que no son escuchados. Gobiernos como el holandés no hace mucho manifestaban sus reticencias respecto al correo del gigante norteamericano pero, en todo caso, permítanme recordar que Microsoft y sus programas son los campeones del software propietario, algo que puede ofrecer de todo menos seguridad en lo que hacen programas que, por definición, no son auditables en su funcionamiento. Si quieren saber por qué el software libre es imprescindible cuando de asuntos públicos se trata pueden entretenerse un rato leyendo a propósito de el «Caso Toyota Camri».

En fin, que el lío que se ha montado estos días alrededor del carísimo correo de la abogacía me ha llevado a recordar una gran oportunidad perdida ya para siempre y a reflexionar sobre la necesidad de que los abogados seamos conscientes de los riesgos que acechan a nuestras comunicaciones con nuestros clientes y sepamos que la mejor defensa del secreto profesional en estos momentos no son leyes ni reglamentos, sino tratar de dotarnos de las herramientas tecnológicas adecuadas.

Tengan cuidado ahí afuera.

Mediación

Hoy es el día internacional de la mediación y la Asociación de Mediadores de la Región de Murcia me ha pedido que intervenga en el acto conmemorativo que se celebrará esta tarde a las 18:00 en los salones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, de forma que, esta mañana, ando pensando lo que les contaré. Suelo improvisar mis intervenciones pero, para hacerlo, antes debo acopiar una buena colección de ideas que luego usaré o no, discrecionalmente, porque, como dicen que dijo Mark Twain: lleva varias semanas preparar un buen discurso improvisado.

Dándole algunas vueltas al asunto me ha venido a la cabeza esta mañana que hace unos 4.300 años que las leyes regulan la vida de las personas (si tomamos como fecha inicial la del gobierno de Urukagina de Lagash en Sumeria) pero que esos 4.300 años no representan más que un pequeñísimo fragmento (apenas el 1,4%) de los 300.000 años de historia de la especie humana1, una historia exitosa de convivencia, cooperación, vida en común y trabajo en equipo. Homo sapiens —el zoon politikon de Aristóteles— si es algo, es, antes que nada, un animal social que comparte y coopera y, quizá hoy, en el día mundial de la mediación, debiéramos preguntarnos cómo este animal político ha conseguido resolver sus conflictos durante esos 300.000 años de historia en que vivió sin leyes ni jueces.

Conviene que descartemos en primer lugar la violencia pura y simple como método de resolución de conflictos —no infravaloren a nuestra especie— pues la violencia, tendremos ocasión de verlo, no es el sistema que emplea la naturaleza para promover la cooperación. De hecho, la especie humana, tiene una curiosa aversión a los machos alfa: a diferencia de otras especie de simios la especie humana ha desterrado de su ADN la predisposición a tal jerarquía social, no hay «machos alfa» en la espacie humana, a sapiens nunca le han gustado los abusones y sus conflictos siempre ha procurado resolverlos por medios distintos de la violencia.

En segundo lugar, en esta larga biografía de 300.000 años debemos descartar también a la administración de justicia como el método de resolución de conflictos usado por sapiens. No fue sino hasta la revolución neolítica, con la aparición de la agricultura, que aparecieron también las primeras civilizaciones y, con ellas, las organizaciones sociales necesarias para instaurar un sistema de leyes que regularan la vida de las personas junto con un cuerpo de jueces que distinguiesen lo justo de lo injusto.

¿Cómo resolvió sapiens sus conflictos durante esos 296.000 años que vivió sin jueces? ¿Resolvía sus conflictos peor que ahora o la armonía en que vivían tribus y clanes era de una calidad similar a la de la sociedad actual? ¿Qué herramientas, mecanismos o sistemas, ha usado sapiens estos 296.000 años para conseguir armonía y eficacia cooperativa en sus grupos?

Todas esas preguntas, que deberían ser objeto de estudio si existiesen unos verdaderos estudios sobre «Derecho Natural» en España, han tratado de ser respondidas desde las más diversas ramas de la ciencia; desde la antropología, a la biología pero, si algunas ciencias han rendido especiales servicios a esta investigación, estas son, en mi sentir, las matemáticas —singularmente la teoría de juegos— junto con las ciencias que estudian los procesos evolutivos.

Llama mi atención que, mientras que en el resto del mundo se hace un esfuerzo importantísimo para conocer los fundamentos biológicos o evolutivos de lo que llamamos «justicia», en España sigamos repitiendo la misma cancamusa de siempre.

Para entender la justicia prefiero unas líneas de Robert Axelrod o Frans de Waal que sesudos volúmenes de los filósofos de siempre —espero que se me disculpe esta afirmación «performática»— y, por lo mismo, prefiero aproximarme a la justicia y a la resolución de conflictos usando del método científico antes que de la especulación.

Hemos dicho que la historia de convivencia y cooperación de sapiens se ciñe a los últimos trescientos mil años; pero no podemos olvidar que sapiens no es más que una especie del género homo, un género también caracterizado por la vida en sociedad y la cooperación (piensen si no en homo neanderthalensis y en su humana forma de vida) que remonta nuestro pasado hasta más allá de dos millones y medio de años hacia el pasado; dos millones y medio de años en los que homo vivió en sociedad y usó de mecanismos de resolución de conflictos que, siendo exitosos tal y como la propia historia acredita, no parecen atraer a día de hoy la atención de los científicos patrios.

En realidad, tanto sapiens como homo, no son más que una especie y un género de la gran familia de los hominidos, una ingente colección de formas vivientes todas ellas expertas en la cooperación y en la solución de conflictos grupales. Es sobre los hombros de todos estos antepasados sobre los que se levanta nuestra justicia y nuestros métodos, no tan alternativos, de resolución de conflictos y entre ellos, singularmente, la mediación.

No debo extenderme más en este punto ni creo que sea preciso insistir sobre la particular forma de ceguera que se deriva de considerar a la administración de justicia como la única herramienta válida para solucionar los conflictos humanos, pero no debo dejar de advertir sobre la particular sordera que muestran, sobre todo los poderes públicos, cuando se niegan a dotar de medios a la forma más moderna, refinada y eficaz que sapiens ha descubierto para resolver sus problemas: la administración de justicia.

Viendo el proyecto de presupuestos generales de este año observo cómo la Justicia sigue padeciendo de una absoluta falta de medios y de dotaciones presupuestarias mientras se trata de presentar a la mediación a guisa de cimbel como la solución a estas carencias. Por otro lado, observamos cómo la mediación tampoco cuenta con dotaciones presupuestarias y se la usa, más como un expediente útil para no destinar medios a justicia que con una sincera confianza de los poderes públicos en sus posibilidades.

La política presupuestaria del gobierno parece que nos quiera llevar de las «diligencias para mejor proveer» de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil a una «mediación para mejor dilatar» que disimule la lentitud y falta de medios en que vive y trabaja la Administración de Justicia Española; política presupuestaria esta que aniquila no sólo las capacidades de nuestra Justicia, sino que hace saltar por los aires cualquier esperanza de que la mediación pueda instaurarse como una herramienta útil en la resolución de conflictos.

Estas ideas rondan mi cabeza esta mañana, esta tarde ya veremos qué cuento a los mediadores, aunque sé que algunas de estas ideas estarán en mi intervención junto con otras sobre las que he escrito antes y los apuntes de algunas otras más sobre las que siento que debo investigar más. La forma en la que los seres humanos y los animales sociales resuelven los conflictos que nacen de la cooperación es un campo extremadamente fértil en el que, por desgracia, en España no parecemos estar interesados en sembrar y, mientras esto sea así, no hace falta ser profeta para saber lo que se cosechará: nada.


  1. Los restos más antiguos de Homo sapiens se encuentran en Marruecos, con 315 000 años. Las evidencias más antiguas de comportamiento moderno son las de Pinnacle Point (Sudáfrica), con 165 000 años. Nuestra especie homo sapiens pertenece al género homo, que fue más diversificado y, durante el último millón y medio de años, incluía otras especies ya extintas. Desde la extinción del homo neanderthalensis, hace 28 000 años, y del homo floresiensis hace 12 000 años (debatible), el homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. ↩︎

Democracia vs. Derechos

Democracia y derechos humanos parecen estar librando en estas primeras décadas del siglo XXI una sorda contienda en todo el mundo desarrollado.

Las democracias occidentales, vencedoras indiscutibles en la lucha librada contra fascismos y comunismos en el siglo XX, se convulsionan ahora por la lucha interna de sus dos elementos caracterizadores: la voluntad popular y los derechos humanos.

Si consustancial es al sistema democrático el concepto de soberanía popular igualmente consustancial a él es el respeto a una serie de derechos y libertades fundamentales del indivíduo reconocidos en tratados internacionales y constituciones. Sin embargo, estos dos elementos consustanciales a los sistemas democráticos, no parecen poder convivir sin fricciones y sobre estas fricciones están apareciendo movimientos políticos, de extrema izquierda o de extrema derecha en la terminología habitual, que pueden poner en peligro el propio sistema democrático.

Quizá las crisis migratorias que se producen en todo el mundo entre países pobres y ricos o las reacciones legislativas o políticas de los países ricos ante los atentados terroristas u otras caracterizadas formas de delito ilustren perfectamente esto que digo.

La crisis económica ha despertado en los últimos años sentimientos contrarios a la presencia de inmigrantes entre determinadas clases sociales; se cuestionan los derechos de los extranjeros, la conveniencia de su admisión o incluso la posibilidad de su expulsión. La escasez de recursos entre los nacidos en un determinado territorio estimula en ellos el deseo de expulsar del mismo a quienes no han nacido en él, hayan llegado al mismo estos últimos de manera regular o no. Líderes populistas cabalgan la ola de ese deseo y encuentran en él un importante caladero de votos.

Delitos que aparecen como particularmente odiosos a los ojos de la población, en particular los relacionados con la libertad sexual o con los menores, reclaman para su más sencilla persecución o prevención medidas que, en muchos casos, suponen una restricción de los derechos individuales de todos, restricciones que muchos están dispuestos a tolerar pues creen sinceramente que sólo se usarán en casos que a ellos no les atañen y que, por lo tanto, son a menudo demandados de forma enérgica por capas importantes de la población. También en estos casos aparecen pronto líderes políticos dispuestos a cabalgar la ola.

Del mismo modo que en los casos anteriores —dejo que cada uno de ustedes busque el ejemplo— aparecen grupos que expresan su viva indignación frente a principios como el de la presunción de inocencia en determinados casos, al de libertad de información en determinados otros o al secreto profesional en otros muchos. La lista es larga pero la tensión existente entre la voluntad popular —promovida por líderes ávidos de votos— y los derechos y libertades individuales es una constante en la vida política de las naciones llamadas desarrolladas y la curiosa caracterización de los líderes electos en algunas de ellas no puede ser más ilustrativa de esto que digo.

El papel de la abogacía en este punto, en cuanto que defensora de los derechos individuales, es absolutamente capital y no es infrecuente que abogados y abogadas se encuentren sólos e icomprendidos peleando una batalla, a veces sin esperanza, entre el derecho de uno frente a la voluntad de casi todos. Pero eso es lo que hace grande a esta profesión, que es sobre ella sobre la que recae el deber de defender los derechos individuales y que es en ella donde hallan su último reducto las esperanzas de todos; que su pelea en muchos casos incomprendida es la que, en muy buena medida, hace posible que muchas democracias sigan mereciendo tal nombre.

Viviremos muchos más episodios de esta guerra y es bueno saber que, con frecuencia, no estaremos del lado de la mayoría, conviene estar preparados.

Coraje extremeño, orgullo de oficio

Déjenme que les ponga en situación: en la sede del colegio de abogados de Badajoz se celebraba uno más de esos «actos institucionales» habituales; se trataba de un reconocimiento a la policía en el que participaban el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo y la Delegada del Gobierno entre otros muchos.

A esas alturas de la fiesta los abogados de oficio extremeños iban ya para casi cuatro meses sin cobrar y todo por una disputa entre el Ministerio de Justicia que se negaba a pagar 8.000.000€ a los abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, a cuenta de que éste último no justificaba la ídem de 590.000€ de nada que había recibido al parecer sin cumplir los procedimientos precisos.

Como el horno no estaba para canapés ni brindis, unos cuantos abogados y abogadas pacenses agarraron su pancarta y —aprovechando la presencia de autoridades— se fueron para el colegio; no porque estuviesen invitados a los actos protocolarios, sino para explicarles en directo a las autoridades que, en Badajoz, la tropa no cobra desde Agosto y que acudir a las fiestas está bien pero que está mucho mejor cuando antes has pagado lo que debes a quien te invita.

Trataron de acercarse con su pancarta al colegio —su colegio— pero la policía, que no estaba allí para reflexionar, les impidió acercarse a la sede, así que los manifestantes recurrieron a lo único sensato que les quedaba: gritar.

La prensa se hizo eco y acudió a donde estaban los manifestantes, la TV también e incluso las autoridades, que, en cuanto se coscaron del jaleíllo, acabaron acercándose a los/las manifestantes quienes aprovecharon la ocasión para entregarles un manifiesto con toda la lista de agravios a reparar.

Hace poco más de un mes sucedió algo muy parecido en Castellón, abogadas rápidas de reflejos aprovecharon la presencia del Presidente del Gobierno para improvisar una manifestación y hacerse oír. La imagen de varios musculosos policías vigilando que unas pocas abogadas no rebasasen una imaginaria «línea de seguridad» ilustró magníficamente ese día y cuan peligrosa le resulta a los que mandan la razón en marcha.

Este mes la huelga de los abogados y abogadas de Toledo, Ocaña, Orgaz, Illescas, Quintanar y Torrijos, forzó al ministerio y al CGAE a enzarzarse en una guerra de comunicados sobre quién era el responsable del impago a los abogados de oficio, promovió que CGAE devolviese 590.000€ al Ministerio y que este se quedase sin excusa para abonar los 8.000.000€ que aún adeuda.

Son acciones como estas las que han solucionado un impago crónico todos estos meses. Ahora, con los 590.000€ pagados por el CGaE y el acuerdo del Ministerio de pagar habrá quien pretenda sacar pecho, que no te engañen: el pago ya está librado y si vamos a poder cobrar y enterarnos de todo lo que pasa (lo de los 8.000.000 los 570.000€ de la Gurtel y los 590.000€ sin justificar y devueltos/consignados) es porque acciones como la de los compañeros de Toledo han forzado a dar explicaciones a los responsables ante el temor de que la huelga fuese a más.

Por eso, ayer, cuando testigos presenciales me contaban cómo en Badajoz la policía impedía el acceso de los abogados de oficio al colegio (su colegio) y estos coreaban, señalando al edificio, «Esa es nuestra casa» se me ponían los pelos de punta y sentía que con hombres y mujeres así se puede conseguir casi cualquier cosa que uno se proponga.

Mientras la fiesta se celebraba dentro, fuera del colegio (su colegio) habitaban el coraje y el orgullo.

El coraje extremeño y el orgullo de oficio.

Gracias compañeros, viva Extremadura.

Tiñalpas

Los bancos llaman en busca de ayuda a todos los poderes del estado desde que se conoció la sentencia de la Sala 3ª declarando que el obligado al pago del impuesto era el banco.

Afirman que devolver lo abusivamente cobrado en los últimos quince años causaría graves daños al sistema financiero (traducido: les costaría una pasta a ellos) y que muchas entidades habrían de cerrar.

Lloro de pena.

Verdaderamente apena que cualquiera de estas entidades haya de ser absorbida por algún otro pez más grande porque no puede devolver lo afanado. Que ellas hayan dejado a familias en la calle y a personas sin más futuro que trabajar para ellos hasta la muerte nunca les ha motivado para levantar ni un sólo teléfono.

Ahora llaman a los ministros para contarles lo fatal que lo pasaría «la economía» si ellos se ven obligados a devolver lo esquilmado. A lo que se ve «la economía» de todos es solo la suya y, la de los ciudadanos que la han visto antes depredada precisamente por quienes se quejan, no son más que las granjerías de unos tiñalpas.

Los tiñalpas no debiéramos dejar que ahora el gobierno vuelva a despacharse con decretitos ralentizadores, ni debiéramos tolerar esas voces que inmediatamente pedirán «mediaciones» y «arbitrajes» so capa de un buenrollismo tonto de baba.

Los bancos han convertido durante años a la administración de justicia en su oficina de cobro, de ejecución, de subasta, de desahucios… todos los españoles hemos pagado la cuerda con que los bancos nos han ahorcado llamándola administración de justicia. Ahora, los bancos, no quieren permitir que su «oficina de recobros» haga honor a su nombre de Administración de Justicia y les diga lo que han de hacer y por eso piden ayuda al gobierno.

En los próximos días vamos a saber quién es quién en este país y de qué lado está cada uno. Van a ser semanas interesantes. O irritantes.