SOJ Madrid: ¿estulticia o mamandurria?

Las noticias que llegan de Madrid en relación con la privatización del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) son preocupantes pero, aunque he buscado información, en primera instancia no he logrado enterarme bien de lo que estaba sucediendo de forma que he decidido profundizar un poco más y he encontrado esto. Para quien no sepa lo que es el SOJ les dejo, literalmente transcrito, el número 1 del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) que fija como uno de los contenidos del derecho de asistencia jurídica gratuita el siguiente:

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

Es importante señalar que tal servicio viene atribuido por la LAJG a los Colegios de Abogados, en, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley citada:

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición. Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.

Bien, si esto es así de claro, ¿qué ha podido pasar en Madrid?

Déjenme aclararles, antes de entrar en harina, que soy un decidido partidario del llamado «Principio de Hanlon» y que sólo atribuyo a mala fe las acciones ajenas cuando encuentro prueba plena al respecto, considerando en los demás casos que son consecuencia de la burricie, la estolidez, la necedad, la ignorancia o como ustedes prefieran llamarlo. Digo esto porque, como en este asunto están involucrados partidos de uno y otro signo político, no quiero que se vea en ninguna de estas líneas ánimo partidista alguno sino tan sólo lo que he podido llegar a saber o inferir en este asunto.

Bien, sentado lo anterior, pasemos a ver lo que he averiguado sobre este asunto.

Con anterioridad al concurso del que luego hablaremos el SOJ lo prestaba el Colegio de Abogados de Madrid, si bien, merced a un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, el servicio se prestaba no solo en las instalaciones del Colegio sino en determinados centros de servicios sociales. Así se deduce de la información que facilita públicamente el Ayuntamiento de Madrid en el link correspondiente (consultado el 22/08/2019).

Sin embargo, el 1 de marzo de 2019, unas semanas antes de las elecciones, se puso en marcha un concurso cuyo objeto es, cito textualmente:

Orientación jurídica generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y para las personas socias de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid.

Parece, pues, que el Ayuntamiento decidió sacar a concurso una orientación jurídica «generalista» (ojo al adjetivo) que, para cualquiera, se superpondría a la asistencia propia del SOJ reservado en exclusiva a los colegios. Entrar en el debate de si la asistencia «generalista» es distinta del…

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto

…a que hace referencia la LAJG es una discusión estéril. Resulta imposible discriminar qué asistencias «generalistas» se encaminan a evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión de las que no tienen tal finalidad pues, en la vida real, cualquier vulneración de derechos puede o no puede dar lugar a un procedimiento encaminado a reconocerlos o restablecerlos.

¿Qué ha podido ocurrir?

Aplicando el principio de Hanlon quiero pensar que el Ayuntamiento, llevado por la ignorancia, ha considerado que si conveniaba con el Colegio la prestación de servicio, de la misma manera, podía sacarla a concurso. Si no aplicamos el

Principio de Hanlon no cabe otra explicación que la búsqueda de la posible y muy madrileña «mamandurria» pues no de otro modo podría explicarse una interpretación tan innecesariamente torcida de la LAJG.

Ayer se abrieron las plicas y ya sabemos quiénes han acudido a la llamada del concurso

-LABE ABOGADOS

-GMCP SERVICIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS SLP y

ACCEM,

A salvo de la tercera entidad concursante (una entidad vinculada a la Iglesia Católica) no conozco a los otros dos participantes en este concurso para un contrato de un valor estimado superior al millón de euros.

Debo decir que este tipo de iniciativas se vienen multiplicando en los últimos años y hay muchos ejemplos de ello lo que nos demuestra que, o bien la estulticia es mucha (Principio de Hanlon), o bien hay un deliberado interés en muchos políticos en aplicar al mundo de los servicios jurídicos los mismos principios que a cualquier otro sector de la economía, lo cual es inicuo en esencia: fíjense que en el contrato del Ayuntamiento de Madrid se atiende a todos los ciudadanos, salvo que —fíjense, fíjense— se propongan actuar contra el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, justicia gratis, sí, pero no contra mí que soy quien la paga. ¿Se imaginan que el Estado hiciese lo mismo? ¿Cerrábamos los juzgados de lo Contencioso? ¿Y qué será de aquellos ciudadanos sin recursos que quieran demandar al Ayuntamiento por una caída, una obra que les ha causado daños en sus propiedades, una prestación impagada o una multa injusta?

Las administraciones no entienden nada, los colegios no parecen hacérselo entender y en medio de este desaguisado avanzan las tesis de aquellos que pretenden hacer negocio con el turno de oficio y la justicia gratuita.

Ahora ustedes deciden ¿ignorancia o mamandurria?

Pueden encontrar los detalles del concurso en este link.

No compañero, no todo tiene precio

Este post, aunque no lo parezca, trata de justicia; eso sí, antes de entrar en materia, tendré necesariamente que hablarles del dinero.

El dinero, digámoslo desde el principio, tiene un casi infinito poder corruptor; sobre todo, cuando se utiliza para tratar de pagar cosas con las que nunca se debería comerciar.

Si es usted de los que piensa que todo tiene su precio dígame: ¿Qué valor tiene un máster comprado? ¿Qué prestigio otorga un premio adquirido? ¿Podemos llamar sentencia a una resolución judicial consecuencia de la prevaricación? No, compañero, no todo tiene precio ni todo está a la venta; hay cosas que, si se compran, si se les pone precio, pierden todo su valor.

Aunque a los gángsteres de las películas americanas y a algunos economistas les guste afirmar que todo, incluidas las personas, tiene su precio, la realidad, y usted lo sabe tan bien como yo, es que no: hay muchas cosas que no se pueden comprar y hay muchísimas más cosas que no se deberían comprar ni vender. Sin duda estará usted de acuerdo conmigo en que la libertad no se puede vender salvo que deseemos reintroducir la esclavitud y espero que esté usted de acuerdo conmigo también en que la Justicia es algo con lo que no se debería comerciar.

El ser humano, al que muchos economistas han querido reducir a un puro «homo oeconomicus», es una realidad mucho más compleja que la que ejemplifica un puro ente que actúa siempre para alcanzar el nivel más alto posible de bienestar. Además de la búsqueda de la utilidad, en el ser humano anidan muchos otros impulsos que al parecer desconciertan a muchos economistas: el altruismo, la empatía o incluso el amor, por ejemplo; facetas estas que, si bien no tienen buen encaje en los libros de economía, ocupan en el alma humana regiones mucho más vastas que las que ocupa el puro interés egoísta. O al menos así ha sido hasta ahora.

Como supongo que, a estas alturas, me habré ganado las iras jupiterinas de cualquier economista que me haya estado leyendo, me van a permitir que, para calmarles, cite en este punto a un economista que ha dedicado parte de su vida a enseñarnos que no todo tiene precio y que, aunque vivir en una economía de mercado sea bueno, permitir que esta invada todos los aspectos de nuestra sociedad hasta convertirla en una sociedad de mercado, es una aberración que pone en peligro muchos de los logros de la especie humana; me estoy refiriendo, claro, a Michael J. Sandel, profesor de la Universidad de Harvard y Premio Princesa de Asturias 2018 en Ciencias Sociales.

No, no todos los economistas piensan que la realidad íntegra pueda explicarse desde el utilitarismo y el interés, aunque es verdad que, desde la era Thatcher-Reagan, estas posiciones ideológicas se han adueñado de forma enfermiza de nuestra cultura occidental sin que el fracaso evidente de este modelo en 2008 haya servido para que economistas de conocimientos momificados revisen en profundidad su credo.

A estos economistas, para quienes cualquier problema, ya sea económico, jurídico o teológico, es siempre un problema económico solventable a base de más mercado y libre competencia, les cuesta trabajo entender que, el de los servicios jurídicos, no es un mercado del tipo que ellos creen.

En el mercado de los servicios jurídicos los agentes que intervienen en él están lejos del modelo del homo oeconomicus que entienden los economistas. En el mundo de los servicios jurídicos los agentes —a excepción de los corrompidos por el dinero— no obedecen antes que nada a su interés personal, a su ganancia económica, sino que, antes que nada, sirven a un valor muy distinto de su propio interés o su beneficio económico: la Justicia.

Sí, ya sé que esto no lo entienden los economistas de los bancos o de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; para ellos los abogados no persiguen defender los derechos ajenos antes que los intereses propios, para ellos, si un abogado trabaja, es primero y antes que nada por su interés propio y personal y, eso de la Justicia y el Derecho, son conceptos que se les escapan y que a su juicio son ficciones que sólo salen en las novelas y en las películas. Es por eso que estos «homo oeconomicus» que pueblan la CNMC son incapaces de entender cómo funciona este mercado y, si les dejamos, lo acabarán degradando, lo corromperán, como se degradan los másteres comprados y los premios adquiridos o como se corrompe la justicia a través de una sentencia pagada. No, de verdad, no entienden nada distinto del interés o el utilitarismo y, por lo mismo, no entienden bien al ser humano cuando entran en juego en sus relaciones valores distintos de los puramente económicos. Déjenme que les ponga un ejemplo.

En 1993, en un pueblo de Suiza, poco antes de celebrarse un referéndum respecto a la instalación en el pueblo de un almacén de residuos nucleares, algunos economistas efectuaron una encuesta entre los habitantes del mismo preguntándoles si votarían a favor de que se instalase en su comunidad el depósito de residuos nucleares en caso de que el Parlamento suizo decidiera ubicarlo allí.

Aunque gran parte de los vecinos consideraban la instalación una presencia nada deseable, una ajustada mayoría de ellos (el 51 por ciento) dijo que la aceptarían. Al parecer, su sentido del deber cívico se impuso a su preocupación por los peligros. Prosiguiendo con su experimento, los economistas añadieron un «soborno», un incentivo económico destinado a convencer a un mayor porcentaje de población: suponga que el Parlamento propusiera construir la instalación de residuos radiactivos en su comunidad y ofreciera compensar a cada vecino con una suma anual. ¿Estaría entonces a favor?

El resultado fue el siguiente: la compensación hizo descender, no ascender, el voto afirmativo. El incentivo económico redujo el porcentaje de aceptación a la mitad, del 51 al 25 por ciento. El ofrecimiento de dinero redujo la disposición de la población a aceptar la instalación de residuos nucleares. Y aún más: el incremento de la cantidad inicial no sirvió de nada. Los economistas quedaron sorprendidos pero creo que usted puede encontrar con cierta facilidad una explicación tan razonable como incomprensible para el «homo aeconomicus cnmcensis».

Un ejemplo más, debido también a Michael J. Sandel:

Cada país organiza la donación de sangre de una manera diferente: hay países donde el acto de donar sangre (u otros órganos) es un acto puramente altruista; sin embargo, en otros, se prefiere pagar una determinada cantidad de dinero al donante. La experiencia nos enseña que en este segundo tipo de países el donante medio es una persona pobre o de pocos recursos y que, el hecho de pagar por la sangre, hace descender el número de donaciones altruistas. Estados que tenían establecido un sistema de donación gratuita de sangre y que decidieron introducir la posibilidad del pago, vieron como, inmediatamente, se redujo de forma drástica el número de donantes altruistas y comenzaron a experimentar escasez de sangre.

Estoy seguro que usted entiende por qué, lo que no estoy seguro es si lo entenderán los covachuelistas de la CNMC.

Me permitirán que concluya este post con una experiencia propia: recuerdo que cuando me colegié allá en los años 80 del siglo pasado, nunca llegué a saber cuánto se pagaba por el turno de oficio; simplemente yo ni siquiera justificaba el trabajo; para mí el turno era una especie de deber cívico y —ahora veo que insensatamente— yo lo cumplía como sí de un deber patriótico se tratase. Luego pasó el tiempo.

Luego pasó el tiempo y comprobé que nadie parecía agradecer a los abogados de oficio su esfuerzo salvo en unos cuantos hipócritas discursos a fin de año. Pasó el tiempo y comprobé que a esos abogados que ejercían sus funciones con altruismo cívico se les maltrataba y comprobé que, cuando en 1996 se aprobó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el «impagable trabajo» de los abogados de oficio se tarificó en unas miserables retribuciones que antes ofendían que compensaban.

Saben, cuando 20 años después comprobé que el Consejo General de la Abogacía Española no había presionado en serio ni una sola vez para que se incrementaran esas retribuciones, me ocurrió como a los habitantes del pueblo suizo y a los donantes altruistas de sangre. Ustedes me entienden.

Sé que los covachuelistas de la CNMC no lo entenderán, porque estas cosas no forman parte de esa imagen deformada del ser humano que llaman «homo oeconomicus», porque fuera del interés utilitarista, la oferta, la demanda y el mercado, estos oscuros personajes no parecen capaces de entender nada más, sin embargo, tengo la seguridad de que la abogacía —y en especial la de oficio— les va a hacer a entender este concepto: se llama dignidad, ese impulso que nos lleva a realizar con gusto y de forma altruista tareas que consideramos necesarias o cívicas, pero que es el mismo impulso que nos lleva también a exigir un trato justo y una retribución justa cuando vemos que alguien paga ese altruismo con desprecio y miseria.

Quizá no sea un concepto económico pero les aseguro que es muy real. Avisados quedan.

Bancos indecentes y costas judiciales

La banca española ha ejecutado implacablemente centenares de miles de hipotecas, títulos valores, pólizas de crédito… y para ello ha utilizado los procedimientos sumarios que las leyes procesales establecieron en su favor. Desde el mismo momento que el juicio se iniciaba los ciudadanos veían cómo su deuda se incrementaba en un 30% en concepto de costas e intereses; es decir, si usted debía 100.000, el banco le embargaba 130.000 desde el primer día y así vinieron los bancos esquilmando a pobres desgraciados cuyo único delito fue quedarse sin trabajo o simplemente ser pobres. Aún hoy, muchas de aquellas personas que fueron inmisericordemente ejecutadas, siguen debiendo dinero al banco por aquellas costas que el banco les cargó desde el primer momento sin que nadie alzase la voz en su defensa.

Ahora, que están siendo condenados por sus múltiples rapiñas a los consumidores, estos mismos bancos que ejecutaron implacablemente antes sus costas judiciales a pobres y desgraciados, protestan ahora porque, otra legión de desgraciados a quienes ellos engañaron merced a cláusulas abusivas, ahora se ha revuelto y los bancos están recibiendo una infinitésima parte de la medicina con que expoliarion a centenares de miles de españoles y españolas.

Bankia, en un ejercicio inaudito de inmoralidad y poca vergüenza, ha demandado a un Colegio de Abogados porque en sus informes sobre honorarios les ha tratado a ellos exactamente igual a como ellos trataron a los infelices a los que depredaron y aún depredan. Casi un millón de euros reclaman estos rapaces.

Si hubiese vergüenza en España los tribunales de justicia harían vomitar a Bankia todas las costas cobradas ilegítimamente en ejecutivos fundados durante muchos años en cláusulas abusivas, si hubiese vergüenza en España, los directivos que han acordado tal reclamación responderían personalmente y de su peculio de los gastos y costas causados y que se causen a su entidad por su mala fe e inaudita desvergüenza.

Se les ha consentido todo, se les ha tolerado todo, incluso desde la abogacía institucional se han llegado a alimentar en alguna ocasión sus quimeras, se les ha protegido en sede parlamentaria por políticos mercenarios… No, la justicia, si se funda sobre algo, es sobre la reciprocidad y hoy, estos indecentes, merecen ser medidos con la misma vara con que ellos midieron a una legión de españoles desgraciados, una legión que aún vaga buscando una forma de recuperar el futuro que estos indecentes les subastaron.

Bankia ha rebasado todos los límites de lo admisible y hay que hacer que pague por ello. La justicia no es un negocio cuyo único objetivo es ganar dinero ni los tribunales son un casino donde apostar en función de la avidez del jugador. La desvergüenza tiene un límite y Bankia esta vez lo ha sobrepasado. Ampliamente.

Abogacía dual

Vamos a una abogacía dual compuesta de unos pocos ganadores y de muchos perdedores que apenas si podrán subsistir.

Todos sabemos que el juego está amañado pero ¿cómo han logrado —cómo hemos dejado— amañar las reglas del juego para hacer que una profesión, no hace tanto digna, se vea sometida a una tensión tan extrema como la que vivimos en los últimos años?

El nivel de vida en España, desde 1995, ha subido en casi un 300% pero la situación de los abogados ha empeorado notablemente en esos mismos años como consecuencia de sucesivas reformas legales que, perjudicando a consumidores y ciudadanía en general, han beneficiado fundamentalmente a corporaciones y grandes empresas. Hoy España, con un PIB tan sólo un 24% por debajo de Alemania, tiene unos salarios un 54% por debajo.

Los ejemplos serían muchos pero el ejemplo de lo ocurrido con las aseguradoras y el baremo es suficientemente ejemplificativo. Ahora, en plena defensa de los consumidores en el mundo de las hipotecas, el posicionamiento sistemático de los diversos gobiernos y aún de alguna institución que se dice defensora de los abogados, ha sido incuestionablemente favorable a las entidades financieras.

Si esta abogacía que nosotros, el 85% de los abogados y abogadas de España, representamos se sigue desintegrando ¿cual será el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de España? ¿Entregarán sus esperanzas de justicia y su futuro en manos de corporaciones mercantiles supuestamente jurídicas en cuya cartera de clientes serán no más que el último de los números? ¿Serán eficazmente representados por unos pocos bufetes entregados a la defensa los intereses superiores de sus cuentas más importantes en cuanto a pago de honorarios?

Hay una riqueza que crea poder político y un poder político que a su vez modifica las reglas que crean la riqueza. No solo hablamos de financiación de campañas electorales, de elaboración de informes o borradores de leyes, al final del camino siempre están las sempiternas puertas giratorias. ¿Dónde crees que fueron importantes cargos gubernamentales de todos los partidos como Soraya Sáez de Santamaría —vicepresidenta del Gobierno—, Rafael Catalá —Ministro de Justicia del PP— o Caamaño —Ministro de Justicia del PSOE— cuando abandonaron el gobierno? Exacto, lo has adivinado, a grandes firmas jurídicas. ¿Qué poder y qué capacidad de influencia crees que acumulan esas firmas que prevén que tú, abogado independiente, acabes en un mundo low-cost uberizado?

Los políticos no hablan de valores, de libertad o de justicia, es el dinero el que habla por los políticos haciendo de ellos, con escasísimas excepciones, no más que voces mercenarias, asalariados de la ideología que conviene a quienes acumulan riqueza y poder.

Quienes mandan quieren que creamos que el parlamento se divide en izquierda y derecha cuando la auténtica división es la de quienes están en la clase dirigente —de un lado— y la de quienes no están —estamos— en ella.

La forma de recuperar nuestra profesión es recuperar nuestra democracia, nuestra administración de justicia y los valores que merece la pena defender. Crear entidades que puedan disputar eficazmente la influencia de todas esas corporaciones y grupos de presión que pretenden acabar con nuestra forma de entender la profesión, la justicia y la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ser un ciudadano, ser un abogado, es algo más que votar, es algo más que defender a un solo individuo; ser un ciudadano, ser de verdad un abogado es involucrarse allá donde la justicia está en peligro y si es necesario pelear con todas las armas que la democracia y la ley ponen a nuestro alcance. Somos juristas y somos los más capacitados para hacerlo, no minusvalores nuestra capacidad de dar la batalla, debidamente organizados somos una fuerza sencillamente imparable y lo saben.

Los cambios sociales se producen cuando la población detecta una tensión entre el ideal que tienen y la realidad que ven a su alrededor. Nunca ha habido una tensión mayor que ahora entre la justicia y la realidad; nunca ha habido una distancia mayor entre la ley y los fenómenos de corrupción que han destruido grandes sectores de nuestra economía y espacios difícilmente recuperables de nuestra democracia.

Usar nuestra voz, nuestro vigor, nuestra capacidad de influencia, nuestro arsenal jurídico y hasta nuestros votos está en nuestras manos. De nosotros depende cambiar las reglas. Por eso, resérvate para ti los días 29 y 30 de noviembre, porque tenemos un trabajo que hacer juntos.

Es ahora o nunca

La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los tribunales se enfrenta a una encrucijada histórica: o tal actividad es pura y simplemente una actividad económica regida en exclusiva por las leyes del mercado o, por el contrario, es principalmente una actividad destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en cuyo caso, el beneficio económico, el mercado y sus reglas, deberán ceder ante las exigencias que se derivan de tan primordial función.

En el momento presente el 85% de la abogacía española la componen abogados y abogadas que suscriben el segundo punto de vista expuesto en el párrafo anterior, pero no es menos cierto que su forma de entender el ejercicio profesional se ve cada vez más amenazada por otra forma de ejercicio profesional principalmente orientado a la obtención de beneficio económico, donde la figura del abogado o abogada es perfectamente fungible y que está dando lugar a que la regulación legal del sector se venga haciendo a impulsos de grupos de presión a quienes conviene esta concepción de la abogacía como negocio o a quienes molesta la existencia de una abogacía auténticamente independiente.

La aparición de intermediarios que estructuran el mercado de servicios jurídicos en su beneficio y conducen a la abogacía independiente hacia una abogacía low cost, con desprecio de las garantías mínimas de los ciudadanos y ciudadanas, completa un panorama que amenaza muy seriamente con convertir a la abogacía independiente en una profesión aún más precarizada de lo que está hoy día cuando no en una actividad residual o simplemente inviable.

Esta abogacía independiente, a día de hoy, carece de una estructura organizativa capaz de contrarrestar la presión anteriormente descrita y, por ello, comienza a retroceder y a ceder posiciones hasta el punto de que en este momento es dudoso que tal forma de ejercicio pueda sobrevivir unos cuantos años más si no se da una respuesta firme y decidida a tales amenazas.

La abogacía independiente, que en estos momentos representa al 85% de la abogacía española, se encuentra en fase de contracción de forma que, cada año que pasa, su peso e influencia disminuye y es por eso que resulta evidente que, o da la batalla ahora, o ya no podrá darla nunca.

Hemos de remediarlo y por eso el 29 y el 30 de noviembre tenemos un trabajo que hacer juntos. Reserva esos dos días para ti, bloquéalos en tu agenda y considera que estarás fuera de tu ciudad. Nos ponemos en marcha, hacia el infierno o hacia la gloria, eso depende el punto de vista, pero no podemos esperar más sin hacer nada. Será un honor trabajar contigo.

Esta vez estamos hablando de ti

No mires a tu alrededor, no tenemos que esperar a ver qué hace o dice nadie más, aquí no hay nadie más que tú y yo.

Tenemos problemas y tenemos que solucionarlos.

No sé de dónde han sacado algunos la idea de que alguien tiene que venir a ocuparse de sus problemas y a solucionárselos. Llegados al lugar en que estamos ¿Vas a seguir esperando a que, quién no ha hecho nada por nosotros hasta ahora, lo haga finalmente?

¿De verdad piensas que tienes derecho a que alguien venga y te ayude si no te ayudas tú antes?

Mira hacia adelante y dime si te gusta el futuro que ves.

Mira hacia adelante y dime si crees que podrás seguir ejerciendo esta profesión por muchos años si no cambian las cosas.

Mira hacia adelante y dime si de verdad deseas que tu hijo o tu hija se incorpore a esta profesión que amas hasta el delirio.

No sé si lo has notado, pero no hemos llegado a este punto en que estamos por casualidad, han sido necesarias muchas acciones —y sobre todo muchas omisiones— de mucha gente con poder para amenazar con la destrucción a esta profesión sobre la que descansan las esperanzas de todos.

¿Cuántas veces has oído eso de que «habría que hacer algo»? ¿Cuántas lo has dicho tú?

Pues bien, tienes que saber —admítelo— que nadie va a hacer nada si antes no lo haces tú, y tienes que saber también que te sobra capacidad para afrontar esta empresa, tan sólo es necesario que te des cuenta —interiorízalo— de que o lo haces tú o no lo hará nadie.

Tú y yo tenemos un trabajo que hacer y ese trabajo empezará los días 29 y 30 de noviembre de este año; de forma que bloquéalos en tu agenda y considera que esos dos días estarás fuera de casa.

No es que esos días alguien vaya a empezar a hacer algo, es que esos días tú y yo tenemos un trabajo que hacer mano a mano.

Nos toca tomar nuestro futuro en nuestras manos y recuperarlo de esas otras manos que nos han dejado sin él. Asume que ellos pelean por sus objetivos, no por los tuyos, y que mientras dejes tu futuro en sus manos no tendrás otro futuro que el que ellos quieran.

Por eso, esta vez, no mires a tu alrededor buscando la complicidad o la aprobación de nadie, porque esta vez, asúmelo, estás solo y estamos hablando de ti.

Arcos de seguridad y birretes

Contaba Pedrol Rius una anécdota cuya autenticidad no he comprobado pero que, se non e vera e ben trovatta; sostenía Pedrol que la primera huelga de abogados de España se produjo por el uso del birrete por los abogados. Al parecer y como gesto de dignidad los jueces se arrogaron el derecho de permanecer cubiertos en sala (quien haya hecho la mili sabe que no quitarse el sombrero al entrar a lugar cubierto es una grave falta de educación) privilegio este que a los abogados encolerizó.

Jueces, fiscales y abogados se sientan en España en estrados a la misma altura y eso no es así por casualidad. La igualdad de las partes, incluso en dignidad, se visibiliza así ante el administrado con toda la fuerza que dan los hechos. Es verdad que luego, costumbres corrompidas y poco edificantes, parecen empeñarse en sacar al administrado de su error.

Hoy, en Valencia, han vuelto a tocarle los birretes a los abogados, ningún funcionario juez ni fiscal pasará por el arco de seguridad de entrada a la Ciudad de la Justicia pero los abogados sí (descúbrase abogado). Quien haya sido la cabeza pensante de esta medida ha demostrado ser tan ajeno al espíritu que preside (o debiera presidir) los procesos en España como lo es la comida basura a la gastronomía.

O todos nos cubrimos o todos sin sombrero, o todos pasan o los abogados tampoco pasan, la batalla por la justicia la han peleado los abogados en España desde lo más hondo del alma al último vuelo de la toga, desde el birrete en la cabeza a la altura en estrados.

Si la abogacía institucional no arregla inmediatamente este asunto las consecuencias no se harán esperar.