El objetivo correcto

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u “operador jurídico” de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos “operadores jurídicos” con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas “incrementalistas” las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

Y no hay remedio

Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!

No, no existe la cara de inocente.

A veces uno se pregunta qué pasaría si fuese acusado erróneamente de algún crimen. Algunas personas con quienes he tratado este asunto, medio en broma y medio en serio, han afirmado: «supongo que se darían cuenta en seguida que yo no soy culpable, esas cosas se notan, se ven en la cara.»

Supongo que, cuando dicen eso, quieren decir que su desesperación al ser erróneamente acusados sería tanta que «necesariamente» el juez se tendría que dar cuenta de que no estaba fingiendo su inocencia. Reconforta pensar que hay gente que de tal modo confía en la justicia pero debo decir que se equivocan.

Recuerdo cómo, hace ya muchos años, una pareja de la guardia civil requirió la documentación a un extranjero borracho que, al no llevarla encima, pidió a los agentes que le acompañasen hasta su chabola por ser el lugar donde la tenía. Los guardias le acompañaron, el extranjero apartó la madera que afectaba ser la puerta e invitó a los guardias a pasar y, para sorpresa de un desconcertado extranjero, cuando los guardias entraron, se encontraron con una persona muerta.

Interrogado el extranjero no supo qué decir, fue inmediatamente detenido, puesto a disposición de la autoridad judicial e ingresado preventivamente en prisión. El extranjero, aunque juraba ser inocente, no podía dar razón de qué hacía aquel cuerpo en su casa y, ciertamente, nadie le creyó.

Afortunadamente para él, la persona que apareció en su casa no estaba muerta, solo agonizaba por gravísimas heridas. Esta persona permaneció en coma muchos meses en el hospital pero, finalmente, logró recuperar la consciencia y, cuando se le exhibieron fotografías de su supuesto agresor, manifestó no conocerle de nada. La persona herida indicó con toda claridad a la guardia civil quién había sido la causante de sus lesiones manifestando, asimismo, que el preso preventivo no había tenido nada que ver.

El juez instructor se apresuró a poner en libertad a aquella persona que había mantenido tantos meses en prisión preventiva y esta salió de prisión aún sin entender bien por qué le había pasado toda aquella peripecia.

La explicación de lo sucedido era simple, pero difícil de detectar para el acusado dado su estado de embriaguez la noche de autos: cuando condujo a la policía a su chabola se encontraba en tal estado de intoxicación etílica que se confundió de ubicación y condujo a los guardias a una choza que no era la suya. Nadie, ni él mismo, se dieron cuenta del error.

Tuvo suerte el extranjero, nadie sabe qué hubiera ocurrido en el juicio si, la persona herida, hubiese llegado a morir sin recuperar antes la consciencia.

Muchas veces me he enfrentado a situaciones como esta y, en casi todos los casos, la sensación de impotencia es grande. No existe la cara de inocente, créanme: si son acusados erróneamente nadie detectará en ustedes su genuina condición de inocentes y, aunque alguien lo haga, la maquinaria procesal se ocupará de hacer irrelevante tal convicción.

¿Por qué les cuento esto?

Bueno, pues porque que ayer me enteré de la prematura muerte de una magnífica magistrada con quien tuve la fortuna de poder trabajar durante sus destinos como juez de lo penal en mi ciudad, Cartagena, y en la vecina ciudad de Murcia. Su dedicación a la profesión y la calidad de su trabajo no creo que nadie pueda discutirlos sino solo ponderarlos y, aunque mi trato con ella solo fue profesional, la tristeza me invadió al leer la noticia de su muerte: era demasiado joven. La última noticia que tenía de ella la situaba en La Haya y yo daba por seguro que pronto tendría noticia de nuevos logros profesionales de su parte. Esperaba solo buenas noticias de ella, no esta.

Rumiando la tristeza recordé mi último juicio con ella hace ya bastantes años. Era uno de esos juicios en los que, como he contado al principio, uno echa de menos la existencia de la «cara de inocente». Les cuento.

Una chica había denunciado ser objeto de un atraco con arma blanca y días después, trabajando, creyó detectar entre los trabajadores del centro donde ella prestaba temporalmente sus servicios al supuesto autor del robo.

Formulada la correspondiente denuncia la policía detuvo al sospechoso y, tras el reconocimiento en rueda de rigor, la denunciante le identificó «sin ningún género de duda».

Algunos de mis lectores pueden pensar que el testimonio de una sola persona no puede destruir el principio de presunción de inocencia y que, como suele decirse en la calle, esto es solo «la palabra de uno contra la de otro» pero, conforme a la jurisprudencia española, debo informarles de que se equivocan.

En España el testimonio exclusivo de la víctima puede servir para fundar una sentencia condenatoria si reúne una serie de determinados requisitos pues, de otra manera, muchos delitos quedarían impunes. Los requisitos son de sentido común y, entre ellos y relatados de forma lisa, estarían: la coherencia y constancia en la acusación, la ausencia de motivos espurios para denunciar, la existencia de circunstancias periféricas… En fin, no les canso, en este caso se daban los requisitos suficientes como para saber que mi cliente podía ser condenado.

Mi cliente afirmaba que él era inocente, que en el momento en que se decían cometidos los hechos él estaba con su novia en la cama aprovechando una ocasión propicia que les permitía estar a solas. Su novia apoyaba su afirmación pero era evidente que sólo ella podía apoyarla pues la soledad buscada para un encuentro íntimo hacía que no hubiese ningún testigo imparcial de dicho encuentro. Cuando interrogué al muchacho sobre algunos detalles de su coartada el mismo o dudaba o no se acordaba, lo que, ciertamente, podía ser desastroso en el acto del juicio.

Para colmo de males la pena pedida por el Ministerio Fiscal era muy fuerte y suponía bastantes años de estancia en prisión, lo que me obligaba a considerar la posibilidad de jugar al repugnante juego del dilema del prisionero que suele preceder a todo juicio penal.

Si no saben lo que es se lo explico. Antes de la celebración del juicio suele ofrecerse al acusado la posibilidad de llegar a una conformidad con la acusación. El fiscal suele rebajar, durante este trámite de conformidad, su petición de condena si el acusado se reconoce culpable y, de esta forma, si el acusado y su defensa acceden, el juicio no se celebra y se condena inmediatamente acusado a la pena acordada. Muchos jueces, a mi juicio indebidamente, se contaminan presenciando estas conversaciones entre el Fiscal y la defensa y es por ello por lo que, por principio, jamás me acerco a negociar con el Fiscal un acuerdo si el juez está en la sala. Considero que debo un respeto a mi cliente y que, entre las obligaciones que este respeto me impone, está la de no manifestar ni con mis palabras ni con mis actos que mi cliente estaría dispuesto a conformarse, pues esto sería mandar al juez un mensaje inequívoco de culpabilidad. Sé que esta costumbre mía enfada a bastantes funcionarios, fiscales e incluso jueces; en mi descargo sólo puedo decir que lo lamento pero que no cambiaré mi forma de actuar: cada letrado decide cómo defiende mejor a sus clientes y yo creo hacerlo así. Mi trabajo es servir a los intereses de mi cliente antes que a los de nadie así que espero que sepan disculparme.

Bien, en este tipo de negociaciones muchas son las circunstancias que pesan sobre la mente de un abogado. Por un lado está la convicción propia en la inocencia del cliente que te impulsa a no transaccionar nada, pero, por otro lado, está la incertidumbre del resultado del juicio pues, como todas las obras humanas, los juicios no son perfectos y el riesgo de un fallo no acorde con tus expectativas siempre existe. En algunos casos el dilema es dramático para el acusado: sabiéndose inocente llega a considerar la posibilidad de conformarse y asumir que ha cometido un delito simplemente para no arrostrar el riesgo de una condena mayor.

Para este caso de que les hablo yo había tratado de reunir cuantas pruebas disponía: un pago con tarjeta en un establecimiento lejano en una hora cercana a los hechos, el siempre peligroso testimonio de la novia y unas cuantas bazas más que me ahorro referirles. Quizá con otro juez no me hubiese sentido seguro pero, en este caso, la juez era ella y eso, créanme, era una garantía para la justicia y por lo tanto para mi cliente.

Cuando llegué a juicio me negué a ningún tipo de conversación con el fiscal y pasamos adelante con la muy poco impresionante declaración de mi cliente. Hizo protestas de inocencia con poca capacidad expresiva e interrogado por detalles del momento dio explicaciones sencillas y veraces pero con una escasa riqueza de detalles, circunstancia esta más debida a su carácter introvertido y nivel cultural que a otra cosa. No lo hizo mal y yo quedé razonablemente satisfecho a la espera de la que yo suponía previsible declaración de la denunciante. Me equivoqué.

Gracias a la exasperante lentitud de la justicia española desde la ocurrencia de los hechos hasta el momento del juicio habían pasado seis años y la denunciante había tenido tiempo de estudiar la carrera de derecho y se notaba que, a la luz del tiempo y de sus estudios, no estaba satisfecha de cómo habían sucedido las cosas.

Aunque se ratificó en su denuncia se mostró crítica con la forma en que se había producido el reconocimiento en rueda: «creo que ese reconocimiento no se hizo de la mejor manera posible…»

La juez no parecía tener tampoco claros los hechos, desde el principio de la vista miraba de vez en cuando y con curiosidad a mi mandante y, en medio de la declaración de la denunciante, la interrumpió: «Oiga ¿Es que no observa usted algo muy característico en la cara del acusado?»

La denunciante titubeó y yo quedé estupefacto porque, por más que miraba el rostro de mi representado, yo no le veía nada especial. Sin duda no era Brad Pitt, pero tampoco era tuerto o tenía el labio leporino.

De pronto la denunciante señaló un detalle para mí sin importancia relativo a las proporciones de la cara de mi cliente, detalle que fue inmediatamente corroborado por la juez —pues era esto lo que había llamado su atención— y que dio lugar a una moderadamente larga conversación entre ellas.

Mi cliente asistía al debate con el aspecto de sentirse un indígena maorí analizado por dos antropólogas. Finalmente juez y denunciante, tras interesantes consideraciones antropométricas, llegaron a un acuerdo claro y sin paliativos, mi cliente, aunque declarado judicialmente feo, salió absuelto del juicio: no era él quien había atracado a la denunciante.

Ni mi cliente ni su novia formularon óbice alguno aunque, para esta, el error judicial era evidente pues su novio era guapo y proporcionado. Yo, satisfecho al escuchar tan contradictorios veredictos, me fui para casa aliviado por no haber tenido que jugar todas mis cartas y que el asunto se encauzara bien desde el principio.

Ayer, mientras rumiaba la tristeza de la muerte de una profesional joven y brillante como ella, recordaba este pasaje amable de mi vida y consideraba que, si nadie me hubiese informado de su muerte, para mí seguiría tan viva como lo estaba unos días atrás y la idea de que es nuestra memoria la que da vida a las cosas volvió a invadirme.

Sabemos quiénes somos porque nos acordamos, sabemos en qué país o en qué ciudad estamos porque nos acordamos y, nuestros padres y amigos, viven, aunque no los veamos, porque siguen en nuestra memoria. El ser humano, en realidad, parece poco más que una mezcla de polvo y memoria y ahora, escribiendo estas lineas, sé que, ella, sigue viviendo en mi memoria en el recuerdo de muchos juicios orales y, por qué no, hasta en el rostro feo de un hombre que no tenía cara de inocente.

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

En marzo de 2020 la sanidad española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: una epidemia amenazaba con provocar más enfermos graves de los que sus unidades de cuidados intensivos podían tratar.

La amenaza se vivió como un drama, si tal hecho se producía muchas personas podrían perder su vida de forma que, para que eso no sucediera, se tomaron medidas radicales.

La primera de ellas fue pedir a la gente que se quedase en casa, si no se producían más contagios quizá pudiese tratarse a los ya contagiados y, según se fuesen curando, se irían quedando camas libres.

La segunda fue destinar al tratamiento de esta enfermedad a todo el personal sanitario, incluso a los no especialistas. Los anestesistas ayudaron a los anestesistas de pulmón y los médicos generalistas a los especialistas… Todas las manos se pusieron a la tarea.

En tercer lugar se improvisaron nuevas UCI’s que supliesen la falta de camas de las de los hospitales: se construyeron de la noche s la mañana UCI’s en ferias de muestras y morgues en palacios de justicia, si no había sitio en las UCI’s de un lugar se derivaban los pacientes a las UCI’s de otras ciudades pero se asumía que nadie quedaría abandonado a su suerte…

La población se confinó, los profesionales de la sanidad lo dieron todo, el estado construyó UCI’s y buscó respiradores y menos de 60 días después comenzó a verse la luz al final del túnel. La sanidad había dado una lección enorne de cómo se afronta una crisis. Pero…

Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria se supo que, unas semanas después, llegaría una emergencia jurídica y a la administración de justicia le pasaría exactamente igual que a la sanitaria.

Ya en abril de 2020 la justicia española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: las consecuencias económicas de la epidemia amenazaban con provocar más asuntos graves de los que sus juzgados podían cuidar.

La amenaza, en cambio, NO se vivió como un drama aunque todos sabían que, si tal hecho se producía, muchas personas podrían perder sus medios de vida y es triste que, para que eso no sucediera, no se tomasen medidas radicales.

En lugar de destinar a la lucha contra esta crisis a todo el personal disponible, incluso a los no especialistas, el CGPJ insistió estúpidamente en los principios de especialización y concentración condenando a la saturación a los juzgados. Los enfrentamientos y debates entre funcionarios, jueces, LAJ’s y profesionales se vieron acrecentados por las medidas sin sentido del gobierno y, en lugar de contar con el esfuerzo de todos, ya para mayo era evidente que todos estaban enfrentados al inexistente plan del gobierno.

Porque el gobierno, a pesar de r consciente de que sus UCI’s (juzgados) no podrían absorber todos los casos que se les venían encima, no solo no construyó nuevas UCI’s de emergencia sino que, a esta falta de IFEMA’s sanitarias, se unió la ridícula oposición a derivar enfermos de unos hospitales llenos a otros menos saturados, de forma que, los juzgados de lo social y lo mercantil, se vieron obligados a hacer frente ellos solos y sin ayuda ni medios a la crisis. El colapso quedó desde ese momento garantizado.

Y ahora, usted que lee esto, dígame: ¿por qué los profesionales de la sanidad se muestran capaces de enfrentar una crisis de forma organizada y los de la justicia solo sirven para pelear entre ellos y adoptar tan solo ridículas medidas que no contribuyen a nada salvo a enfrentar unos colectivos con otros?

La justicia española está escribiendo en estos momentos uno de los capítulos más negros de su historia, fallándole a la población cuando más falta le hacía a esta y convirtiéndose, así, en una de las principales responsables del drama económico que muchas familias españolas van a vivir.

Esto, ya lo dije hace semanas, es ya un desastre y pronto lo será pavoroso; y lo peor es que, mientras el barco se hunde, los oficiales bailan en cubierta en traje de gala, discuten sobre los próximos ascensos o redactan nuevas leyes como si, para cuando estas se aprueben, todo fuese a seguir igual.

Insensatos.

Los grandes despachos se van a la pesca de consumidores

Los grandes despachos se van a la pesca de consumidores

El pescador arroja pan al mar buscando atraer los peces al lugar donde, luego, echará el anzuelo. ¿Alguien diría que el pescador «regala pan» a los peces?

Hoy leo que un supermercado «regalará» asesoría jurídica a sus clientes de la mano de uno de esos despachos de ¿abogados? que miden su éxito en dinero. ¿Creen ustedes que el supermercado regala servicios a cambio de nada? ¿Creen ustedes que el despacho presta sus servicios a cambio de nada?

No sea usted necio: cuando vea llover pan del cielo puede estar seguro de que el pescado al quieren enganchar en un anzuelo es usted.

En España hace falta desde hace muchísimo tiempo una ley de servicios jurídicos que proteja a los consumidores —y a la abogacía como profesión mínimamente digna— frente a este tipo de prácticas; pero, ya lo saben ustedes, la abogacía institucional jamás se ha preocupado de ello y, a los comerciantes que se camuflan de abogados, les viene bien que no exista regulación.

Así que, ya sabes, o peleas tú por ello o no lo hará nadie.

¿Ha tenido que llegar la crisis para que aprendamos que LexNet y Minerva son patatas?

Aún lo recuerdo, el Consejo General de la Abogacía Española hacía palmas con las orejas ante los planes de Catalá de implantación de LexNet. Papel cero decían. Y recuerdo a todas las comunidades autónomas gastándose los pelos en sustanciosos contratos y desarrollos de software para construir el caos cibernético del que ahora disfrutamos.

Nunca un país invirtió tanto dinero en conseguir descabalar tan a fondo su sistema judicial.

Y aquí estamos, padeciendo ese LexNet y ese Minerva que, como el lenguaje lo aguanta todo, nuestros ministros de justicia y sus indispensable séquito de consejeros turiferarios, calificaron de grandísimos avances en su momento.

Pues bien, desde nuestras redes denunciamos que uno y otro eran dos #patatas. Dos birrias cuyo peor defecto es que medio funcionaban y que, por eso, muchos ingenuos aguantarían usando esas dos birrias hasta que pasase algo.

Y ha pasado.

Les cuento: me escribe una abogada colombiana sorprendida porque en los juzgados españoles no se pueda teletrabajar o consultar desde casa los expedientes judiciales. Le explico la desastrosa situación informática en España y el batiburrillo caótico de sistemas Avantius, Vereda, Justizia.bat, ejusticia, Adriano… y así hasta llegar a los ínclitos LexNet y Minerva.

Le digo que no, que con LexNet y Minerva no se puede teletrabajar, que LexNet es sólo un sistema de notificación y Minerva no permite la consulta de expedientes.

Ella, sorprendida, me manda unas cuántas capturas de pantallas de cómo está teletrabajando ella y me quedo pensando en lo mismo que, sin duda, tú pensarás si has llegado leyendo hasta aquí.

Y ahora vete a buscar a Caamaño, a Gallardón, a Catalá y a toda la caterva de indigentes informáticos que se gastaron millones de euros en colocar a la administración de justicia estas patatas.

Ahora es cuando deberíamos ajustar las cuentas con quienes gastaron los dineros de todos y planificaron. Y se las deberíamos ajustar muy, muy, estrechas. Pero no lo haremos, porque no tenemos memoria, porque somos pánfilos, porque perdonamos la mentira y la estafa si se hacen a lo grande.

Porque, al final, a quienes peleamos contra estas basuras no nos queda más pataleo que el de las madres cuando, enfadas, dicen a sus hijos: «Te lo advertí».

Me llevan los diablos.

Entiéndanlo: el problema de la justicia en esta crisis está en los primeros tres meses.

Veo los planes del ministro de justicia y no doy crédito a mis ojos. No sólo no resuelven ningún problema sino que lo crean.

Vamos a ver: el problema que plantea esta crisis va a ser si la administración de justicia podrá dar solución a los problemas que se le van a presentar en los primeros tres/cuatro meses tras el estado de alerta.

Los juzgados de lo social van a ver cómo se incrementa su carga de trabajo en un 80%

y los juzgados mercantiles en un muy probable 150%.

Estos datos puedes confirmarlos aquí, aquí o aquí.

Recuerda: la crisis en 2009 supuso una caída del -3,6% del PIB, este año el PIB va a caer, como poco, UN 13%. Estamos ante la crisis de 2008 multiplicada por cuatro y en un entorno sanitario en el que NUNCA podrás hacer funcionar los juzgados al 100%.

Si no entiendes eso no entiendes nada, si no entiendes que hay que colocar la administración de justicia en modo “ahorro de energía” para destinar los recursos a lo verdaderamente importante es que no entiendes nada y si, encima, adoptas medidas que te impiden hacerlo no se necesita saber más para tener por cierto que este ministro nos lleva de cabeza al fracaso.

Si la administración de justicia española no da respuesta en estos pocos meses a ese tsunami de casos lo que haga después no servirá para nada: la economía de España y la de los Españoles y Españolas se habrá ido al carajo.

Si esto no se comprende no se comprende nada ni se puede planificar nada.

La administración de justicia no puede hacer esperar ni doce ni ocho ni seis meses a un trabajador despedido: la vida de una familia va en ello.

La administración de justicia española no puede retrasar la tramitación de un concurso ni quince días so pena de convertirse en la enterradora de una empresa.

Y la onda de reclamaciones en materia laboral y de concursos YA está entrando en los tribunales y el ministro NO ha hecho nada. A estas alturas el desastre es ya casi imposible de evitar y el martes próximo el desastre será absolutamente inevitable.

El ministro no está en la realidad, no ha entendido que, para cuando los recursos lleguen (si llegan) los trabajadores y las empresas españolas y serán unas víctimas de su administración de justicia y él será el culpable.

Ya les dije que la administración de justicia va a contribuir decisivamente en esta crisis a que todos nos vayamos al carajo y, por lo que le leo al ministro, así va a ser.

Ni va a priorizar y a reasignar los recursos escasos, ni va a atender a prioridades, ni ha hablado con la abogacía —solo con una señora desintonizada— ni con la procura, ni ha convencido a los sindicatos ni tiene la más remota idea de cómo se diseña un plan de contingencia en medio de un entorno de riesgo para la salud pública como este. Los juzgados van a colapsar y van a colapsar donde el daño es mayor: laboral y mercantil.

Lo siento, no puedo darle buenas noticias, el martes será el día en que certifiquemos que la administración de justicia española no ayudará a este país a salir de la crisis, sino que contribuirá a agravarla.

El hundimiento

El hundimiento

Mueve divisiones imaginarias, escucha a portavoces que no transmiten más que su propia voz, se entrevista con representantes que no se representan ni a ellos y, cuando les hace caso y nombra a un coordinador de comisión, se encuentra que, eso que ha hecho creyendo que le congraciaría con algunos, lo que hace es enemistarle con todos.

En el búnker de San Bernardo el ministro tiene intervenidas las lineas de comunicación con el mundo real, con la procura real y con la abogacía real.

El ministro es de esas personas que confunden el continente con el contenido, las etiquetas con los productos y las formas con los fondos; es de esos jueces que, habiendo pasado demasiado tiempo en dique seco y maleado por el teatrillo de los políticos, ha acabado confundiendo la verdad formal con la verdad material.

En esta crisis no tienen cabida personas así; o quizá sí, lo tengan, a fin de cuentas en toda crisis ha de haber un responsable del desastre, alguien que, cometiendo errores ajenos, cargue sobre sí las culpas de toda esa ineptitud.

Probablemente el ministro quiere, puede y sabe, hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo.

Pero en el búnker de la calle de San Bernardo al ministro le han cortado las líneas de comunicación con la realidad y, asumiendo errores de otros, nos está conduciendo firme y decididamente hacia el desastre.

Esperemos que saque la cabeza del búnker antes de que se produzca el hundimiento y sea capaz de escuchar las voces de todos y no sólo la impostura irresponsable de unos cuantos portavoces que no portan voz alguna.

Tiene que llover

En una sociedad sin abogados la primera víctima son los derechos de todos. Las sociedades sin derechos no necesitan de abogados pero las sociedades sin abogados da igual que proclamen derechos: nunca tendrán ninguno.

Y es eso lo que quieren construir: una sociedad sin una abogacía real sino solo con una abogacía de negocios porque así los derechos de la ciudadanía no serán reales sino solo un negocio.

Para ellos, claro.

Somos ahora el 85% de la abogacía española, pero cada vez seremos menos. Aspiran a que salgamos diezmados de esta crisis, a que muchos de los nuestros vayan a la lona y no puedan seguir ejerciendo esta profesión de la que han vivido durante años. Por eso no hay ayudas para los abogados como tú y como, por eso no han dedicado ni un euro a ayudar a quienes defienden los derechos de todos, por eso, cuando hay que redactar leyes, se lo encargan a un representante de los grandes despachos y a ti ni te preguntan.

Pero no pueden tumbarte. Tú tienes que resistir compañero; tú tienes que aguantar compañera; porque si vosotros, compañeros y compañeras, no resistís, no habrán tumbado a la abogacía independiente, habrán tumbado los derechos y libertades de todos.

¿Y qué puedo hacer? Me dirás.

Haz que les duela. Aún queda un rescoldo en España de una cosa llamada democracia y se construye sobre los votos y la persuasión y vosotros, compañeros, compañeras, sois los mayores expertos en ese arte que hay en España. Ponedlo, pues, al servicio de todos.

Haz que tu visión llegue a los medios de comunicación, a tus amigos periodistas o locutores, a tus clientes, hazles saber que cuando nos golpean a nosotros quienes están recibiendo el golpe son ellos, haz que la infamia se sepa y que no se olvide.

Quizá te parezca poco pero, si todos barriésemos el portal de nuestra casa, la calle estaría reluciente. No podemos esperar salvadores ni que un día pase el camión de riego o que, de pronto, llueva. Somos nosotros quienes tenemos que hacer que el agua limpie la calle. Porque tiene que llover y vamos a hacer que llueva: a cántaros.

No preguntes qué vamos a hacer, tú sabes lo que has de hacer. Confía en tus compañeras y compañeros y sé consciente de que junto a ellos formas una red irrompible, porque es una red tejida con las aspiraciones y los ideales de todos.

Entiende, compañera, entiende, compañero, que tienes que resistir y que tienes que hacerlo no por ti, sino por el futuro de los tuyos y de todos.

Buenos días, es un placer sentirse a vuestro lado.

El ministro de justicia se ha quitado la careta

Los grupos de presión ya no necesitan presionar al gobierno, ahora, directamente, el gobierno les encarga la redacción de las leyes; las empresas que dominan el mercado ya no tienen que tratar de atraerse al poder, el poder directamente las llama para que plasmen sus deseos en los textos a debatir por las cámaras.

Si la abogacía real de este país, esa que componen un abrumador 85% de abogados y abogadas, tenían alguna duda el ministro de justicia hoy se la despejado: la redacción de la ley del derecho de defensa ha sido encargada a Garrigues Walker, el más conspícuo representante de la abogacía-negocio de España.

En un mundo jurídico cada vez más mercantilizado y alejado de los principios fundacionales básicos de la abogacía el ministro ha hecho su declaración, no de principios, que a lo que se ve no los tiene, sino de intereses.

Si este es un ministro de izquierdas en un gobierno de izquierdas entonces Gallardón era sin duda anarquista.

Es hiriente, causa arcadas, produce úlceras, comprobar cómo, en medio de la crisis, cuando el ministro no ha tenido ni un hecho y ni siquiera una palabra amable para con la abogacía real de este país, cuando no se le conoce una iniciativa con sentido, cuando ni una medida de mínima importancia ha tomado en relación con el funcionamiento de la administración de justicia su preocupación en los últimos días haya sido tratar de entregar la instrucción a los fiscales y ahora entregar la redacción del borrador de la ley a uno de esos despachos que representan la antítesis de la maravillosa abogacía de este país.

El ministro no podía llegar a más en menos tiempo. Hoy la abogacía de a pie ya sabe por qué el ministro no ha levantado ni una vez la voz ni la pluma para tratar de defenderla y no lo ha hecho, simplemente, porque esta abogacía es su objetivo, pero el objetivo a eliminar.

La amenaza es grave y hecha en el momento más grave y más duro de la historia reciente pero no lo va a lograr. No lo va a lograr.

A la abogacía real española, tiene que saberlo este más que provisional ministro, le esperan todavía muchos años de hambre y de gloria, pero sobre todo, le quedan años y memoria para no olvidar jamás la inicua conducta de un ministro prescindible.

Cuando este ministro haya de dejar su cargo con oprobio la abogacía española estará aquí para verle marchar. Más vale que lo recuerde.