¿Hay trabajo para todos los abogados ejercientes?

Seguramente el post de ayer no estaría completo si, además de estudiar el lado de la oferta no estudiamos el lado de la demanda, esto es ¿cuánto trabajo genera la administración de justicia para los abogados?

Como veremos es extremadamente difícil dar una respuesta exacta con los datos en la mano de forma que, como pura aproximación, echaremos un vistazo a los datos que facilita el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actividad de juzgados y tribunales para obtener alguna orientación.

Observemos en primer lugar la actividad de la jurisdicción civil en el año 2020

Fig.1 Resumen de la carga y resolución de asuntos en la jurisdicción civil

Los datos que he decidido tomar en cuenta de este resumen es exclusivamente el de sentencias dictadas pues en tales procedimiento podemos estar casi seguros que al menos han intervenido dos abogados por sentencia. Es verdad que hay casos de rebeldía, pero también de litisconsorcio activo y pasivo de forma que un cálculo prudente arrojaría que las 570.251 dictadas han generado 1.140.502 intervenciones letrada. Muy probablemente sean bastantes más pero a los efectos de este post seremos prudentes.

La jurisdicción penal, por su parte, ofrece los siguientes datos según el CGPJ

Fig.2 Resumen de la carga y resolución de asuntos en la jurisdicción penal

En este caso hemos excluido de la base de cálculo las sentencias dictadas en los juzgados de instrucción y hemos considerado la intervención de un único abogado. Es evidente que puede haber pluralidad de acusados pero, insisto, dado que no hay cifras a ese respecto he optado por la cifra más conservadora y, conforme a los criterios anteriores, podemos concluir en que los datos anteriores nos dan un mínimo razonable de 193.863 intervenciones de letrado.

La jurisdicción contencioso administrativa, por su parte, arroja unas cifras muy inferiores

Y prescindiremos de computar la jurisdicción social dado que a ella concurren también graduados sociales y, con los datos facilitados por el CGPJ, es imposible desagregar las cantidades. No obstante y por si alguien siente curiosidad estas son las cifras.

Pues bien, siguiendo el criterio conservador y de mínimos enunciado y sumando las intervenciones letradas computadas podemos concluir que en el año 2020 hubo un total de 1.456.447 actuaciones que, divididas entre los teóricos 154.296 letrados ejercientes que el CGPJ declara existentes en España, nos darían una media de 9,4 asuntos por abogado y año.

¿Son esos datos creíbles?

Podría comenzar justo aquí el post pero se me hace tarde y me parece que, mucho más interesante que lo que yo diga, es la percepción que me den los lectores. Temas como el turno de oficio, los falsos autónomos, la abogacía litigante real… Para poder tomar decisiones con acierto son necesarias buenas métricas y estas que ofrezco son las que tenemos.

Analícenlas (las tablas, no mis estimaciones) y díganme qué conclusiones sacan si es que sacan alguna.

¿Hay demasiados abogados en España?

Es la pregunta de todos los años: ¿hay demasiados abogados en España?. Cada vez que los profesionales de la abogacía experimentan dificultades una de las primera hipótesis que se formulan es la de que hay demasiados abogados en España; los gobiernos hacen leyes declaradamente para reducir el número de abogados en España y cuando se ofrecen datos sobre el número de profesionales suelen seleccionarse los resultados (cherry picking) a fin de abonar las tesis de quien realiza la afirmación.

Pero ¿qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿qué nos dicen los datos?.

Me he tomado la molestia de recopilar los datos que nos ofrecen diversas fuentes para confeccionar la siguiente tabla donde, en la columna 1 se contiene la relación de países considerada por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) y se anota en cada uno de ellos el número de abogados existente por cada cien mil habitantes (columna 2), el número de jueces existentes por cada cien mil habitantes (columna 2), el PIB del país expresado en miles de millones de dólares (columna 3) según el “World Factbook” elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el índice democrático (columna 4) que otorga la Unidad de Inteligencia de “The Economist” y el PIB per capita de ada país de acuerdo con el ya mencionado Factbook de la CIA.

Antes de ninguna otra consideración les dejo con la lista “en crudo”.

Fuentes: CEPEJ-CIA Factbook-Unidad de Inteligencia de “The Economist”-CIA Factbook.

Ordenada la lista según el número de abogados existente en cada país la primera sorpresa es que el número de abogados existente en cada uno de ellos no parece responder al resto de los parámetros considerados, ni el mayor o menor número de jueces, ni el PIB per cápita, ni el índice democrático de un país parecen guardar relación alguna con el número de abogados y así un país como Israel, con un PIB per cápita similar al español, más que dobla la media de abogados de España. Sí parece observarse una tasa similar de abogados en los países del Mediterráneo (Italia, Grecia, España…) pero también en países muy alejados como Islandia o el riquísimo Luxemburgo. Inglaterra, Gales y Escocia presentan una tasa muy similar de abogados a la que presentan todos los países anteriores.

Tampoco existe una correlación en la otra parte de la tabla pues, entre los países con menos abogados (por debajo de 100 abogados por cada cien mil habitantes) abundan los países pobres (Albania, Moldavia, Armenia…) pero también los hay riquísimos (Finlandia, Mónaco, Austria).

En la tabla sí aparecen otras correlaciones pero que, aparentemente, nada tienen que ver con el número de abogados o de jueces que haya en un país. La más evidente es la clara correlación existente entre PIB per cápita e Índice democrático, lo que sugiere que, o bien los países más ricos son más democráticos o que los países más democráticos son más ricos sin que correlación implique causalidad y sin que podamos formular más que conjeturas acerca de cuál es la causa o cuál la consecuencia.

Veamos la tabla anterior ordenada en sus 20 primeros países según el índice democrático atribuído a cada uno de ellos.

La tabla, ordenada según el PIB per cápita ofrece pocas variaciones y son pocos los países que entran o salen del “top 20” de los países considerados por el CEPEJ. Eso sí, si observamos la media de abogados por país existente en este “top 20” podemos constatar que la misma se situa en 212 y 231 abogados por cada cien mil habitantes lo que, ciertamente, está mucho más cerca de la media española de lo que puede parecer.

Una vez repasados los datos lo primero debemos recordar es que, en las sociedades democráticas, es el mercado el que regula nos niveles de oferta y demanda y que, cualquier afirmación del tipo “hay muchos (o pocos) abogados” es una afirmación tendente a modificar el mercado que debe reputarse, prima facies, como inadmisible salvo prueba en contrario.

En segundo lugar la disparidad de los datos es tal que nos lleva a pensar en que las métricas para el cómputo de los profesionales de la abogacía difieren notablemente de un país a otro e incluso nos lleva a pensar que en casos como el de España se están produciendo datos que no son homologables con las realidades de otros países.

Así pues, con los datos recopilados, no puede concluirse de ningún modo que en España hayan muchos (o pocos) abogados.

Con los datos existente sólo se pueden efectuar afirmaciones ingenuas del tipo de que en España hay un número de abogados similar a los de Inglaterra, Irlanda o Islandia, o tres veces más abogados que en Francia o la mitad menos que en Israel; pero lo que NUNCA puede afirmarse es que en España existan muchos o pocos abogados. A los profesionales de la abogacía siempre les parecerán “muchos” (son su competencia y preferirían menos) y a quien busque un abogado especialista es muy probable que le parezcan “pocos” (preferiría una mayor oferta y un menor precio) pero esto es normal y no es peligroso. Lo que sí es peligroso es que desde un ministerio o desde una gran firma de abogados se realice ese tipo de afirmación pues, no les quepa duda, lo que se pretende es modificar la asignación de oferta y demanda que ha realizado el mercado en beneficio de un interés particular.

Guárdate de aquellos a quienes oigas decir eso.

El Ministerio de Justicia, una eficaz ayuda para agravar la crisis

No hacía falta ser un profeta para adivinarlo, bastaba con comparar la caída del PIB en 2020 y en 2009 y extrapolar los datos para saberlo. Lo habría visto un niño de seis años, pero el ministro tiene 60 y una larga trayectoria política y seguramente por eso no lo vio.

Los concursos de acreedores han subido ya un 50% en España sin que el ministerio haya adoptado ni previsto medida alguna de fuste para hacer frente a tal aumento. Y ese 50% de subida aún está ralentizado por las medidas que impiden que lleguen a los juzgados de lo mercantil todos los concursos que deberían llegar. El gobierno, en lugar de afrontar el problema, ha decidido crear la apariencia de que no pasa nada permitiendo que las empresas en situación de insolvencia no se vean obligadas a pedir el concurso hasta el 31 de diciembre.

Y a pesar de eso los cconcursos han subido —como habría previsto cualquiera— un 50% sin que la planta de los juzgados de lo mercantil haya sufrido ningún refuerzo adecuado a esta subida.

¿A qué se ha dedicado el ministerio de justicia?

A todo menos a hacer frente a los problemas auténticos de la justicia en España.

Dice que va a transformar los juzgados de instancia en tribunales de instancia, una medida largamente perseguida por todos los gobiernos (en esto PP y PSOE han demostrado una sintonía absoluta) para poder controlar mejor a los jueces aunque para ello hayan de hacer funcionar peor la justicia.

Me llevan los demonios.

Van a venir muchos más concursos en cuanto se abra la espita y llevamos año y medio sin que el ministerio de justicia haga nada. Vamos a enfrentar un problema sin precedentes, lo saben y no hacen nada. Yo ya no sé del lado de quien están estos sujetos, de lo que estoy seguro es de que no juegan en nuestro equipo.

Claro que, como en este país hace tiempo que ya nadie espera nada de la justicia, al ministro probablemente le bastará culpar a la crisis de todo y dejar que los actuales juzgados de lo mercantil se conviertan en tanatorios de empresas incapaces siquiera de enterrar los cadáveres que les llegan.

No entiendo esta actitud rayana en la desvergüenza. No entiendo que cuando los bárbaros están a las puertas de la ciudad los prebostillos se vayan de cena sin mascarilla y sigan buscando como repartirse influencias y cómo controlar jueces y judicaturas.

Esto es ya un desastre y pronto lo será total y este desastre tendrá nombre y responsables.

¿Son de verdad secretas las comunicaciones de los letrados con sus clientes?

Si te dedicas al ejercicio de la abogacía necesitas saber esto: si no usas las aplicaciones adecuadas para comunicar con tus clientes es posible que estés ayudando a condenarles.

Permítanme que les ponga un par de ejemplos de ayer mismo.

Ayer, en una operación a escala mundial, más de 800 personas fueron detenidas, más de 30 toneladas de droga fueron aprehendidas y más de 48 millones dólares incautados en forma de divisas y criptodivisas. ¿Cómo fue posible esto? Muy fácil, interviniendo las comunicaciones.

Todos los detenidos usaban un sistema supuestamente ultraseguro de comunicaciones (Anom) sin saber que, desde 2019, ese sistema estaba en manos del FBI. Una operación policial canadiense un año antes había permitido la detención de responsables de la red que, a cambio de una sustancial rebaja en sus condenas, habían facilitado al FBI una puerta trasera para intervenir las comunicaciones de los ahora detenidos.

Por supuesto que no tengo ninguna simpatía por estos delincuentes y que la cárcel me parece el mejor lugar para ellos pero, dicho eso, debo decir también que no me tranquiliza en absoluto que las comunicaciones entre un abogado y su cliente puedan ser espiadas.

Si usted ha ejercido esta profesión sabrá que muchos atestados comienzan con frases del tipo «Por confidencias recibidas se supo que…»

¿Confidencias? ¿Como estas de Anom y el FBI? ¿Como las de Echelon o como las de Prism?

Para los abogados comunicar con seguridad con su cliente en España es verdaderamente complicado y hacerlo en un entorno en el que uno pueda tener la seguridad de no ser escuchado casi imposible. Incluso las comunicaciones en prisión se hacen a través de un sistema de monitorización y grabación (Marathon y Marathon Evolution) que permite escuchar las conversaciones sin que se haya ofrecido, hasta ahora, garantía alguna de que tal sistema no puede ser utilizado incorrectamente.

Si su cliente va a transmitirle un dato delicado mejor que no lo haga en un locutorio de la prisión.

Pero es que, si su cliente va a transmitirle un dato delicado, es mejor también que no lo haga por teléfono, ni por el email que le facilita el Consejo General de la Abogacía (el gasto más caro e inútil que  pudo realizar la actual presidenta), ni siquiera por aplicaciones de mensajería al uso.

Si usted comunica con su cliente y este le facilita datos comprometedores sepa que, si el caso es de la suficiente entidad, con toda seguridad puede estar siendo espiado.

Sí, ya sé, usted me dirá que esa escucha no será prueba válida en juicio y yo le responderé ¿qué mas da? Si su cliente le informa de que una prueba comprometedora está enterrada a cinco pasos de la higuera de su finca, no dude usted que «por confidencias recibidas», la policía la encontrará. La policía, casi siempre, más que pruebas necesita información y esa información se la estará proporcionando usted mismo.

Piense en Puigdemont, ¿cree usted que Gonzalo Boyé, abogado de Puigdemont, le manda los correos a su cliente a través del correo que nos vende el Consejo General de la Abogacía?

Déjeme que le.ponga otro ejemplo. Ayer también, el FBI anunció que había recuperado más de 60 bitcoins de los que fueron extorsionados a una empresa de transporte de petróleo mediante un ataque ransomware. ¿Cómo pudo el FBI recuperar unas criptomonedas sin disponer de sus contraseñas? Al parecer no a través de ningún proceso mágico sino por el más simple y pedestre procedimiento de infiltrarse y apretar las clavijas a la casa de custodia en que, ingenuamente, los delincuentes habían colocado sus bitcoins.

A los delincuentes capturados en el caso de Anom y a estos delincuentes de chantaje y ransomware les pillaron por lo mismo, por un problema que en informática se llama “Man in the middle” (“el hombre que está en medio”). Y si las cosas son como te cuento —que lo son— puedes estar seguro de que, si no comunicas con tu cliente de forma segura, es mucho más que posible que seas tú mismo el que esté facilitando las pruebas para condenarle porque, a día de hoy, el secreto profesional solo lo garantizan las leyes pero no lo asegura la tecnología. Al derecho al secreto profesional le pasa como al derecho a la vivienda, que es bonito proclamarlo en las leyes, pero de ahí no pasa la cosa.

Cuando pienso en todo esto siento que la primera obligación de un profesional de la abogacía es garantizar a su cliente que sus comunicaciones serán seguras hasta los límites de lo razonablemete posible. La tecnología de que disponen en este momento los estados es virtualmente incontrolable por los jueces y la ley no es una defensa eficaz contra ella, de forma que la única forma de defender tu derecho y el de tu cliente al secreto en vuestras comunicaciones está, en gran medida, en las herramientas y aplicaciones que uses para ello.

Otro día te contaré que soluciones usan algunos abogados que deben ser especialmente cuidadosos en este aspecto e incluso algunas de las que uso yo (aunque obviamente yo no soy ejemplo de nada).

Pero, por hoy, vamos a dejarlo aquí. En otro post seguiremos con este asunto.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Yo sé que ustedes se preguntarán qué es lo que estoy haciendo en Sevilla con un sombrero “vueltiao” en la cabeza. Dénme ocasión, antes de que opinen nada, a que les responda.

Hace muy pocos días me llegó desde Colombia (un país hermano que —como saben— enfrenta una situación dramática) este “sombrero vueltiao”; una prenda hecha con un tejido vegetal exclusivo, de muy laborioso y especializado trenzado y que es, por sobre todas las demás cosas, el símbolo nacional de Colombia.

Pues bien, ese afecto que venía envuelto en el sombrero necesitaba un agradecimiento específico de mi parte y como, por razones de trabajo, había de desplazarme a Sevilla me determiné a llevar a Colombia no sólo en el corazón sino también en la cabeza y fotografiarme frente al Archivo General de Indias con él. ¿Por qué el Archivo General de Indias?, bueno… porque en ese lugar es donde aún hoy día lloran los originales de aquellas viejas Leyes de Indias que, dictadas para proteger a los indígenas, jamás se cumplieron desde entonces hasta hoy, condenando a un país rico y hermoso a vivir las dramáticas situaciones de desigualdad que están en la base de los disturbios que, tristemente, vive hoy día ese país hermano.

Yo tenía una deuda de afecto con mis amigos y compañeros de Colombia y, aunque sé que nunca podré pagársela cumplidamente, déjenme intentarlo hoy.

Escribo estas líneas en la más vieja taberna de Sevilla, una casa de comidas abierta ya en 1670, y que se encuentra a apenas unos cientos de metros del lugar donde estuvo la cárcel en que un Cervantes preso gestó la más inmortal de sus obras; esa obra que nos enseña que no existen más que dos razas en el mundo que son la del tener y la del no tener.

Los españoles lo sabemos bien. Los árabes que llegan en yate de lujo son protegidos por el estado y hasta son amigos de reyes eméritos, en cambio, los árabes que llegan en patera o lancha neumática son inmediatamente ingresados en centros de detención. No hay nada que les haga diferentes a unos de otros, simplemente pertenecen a razas diferentes, unos a la raza del tener y otros a la del no tener.

Dicen los evangelios que pobres siempre los habrá, lo que no dicen los evangelios es que siempre hayan de ser los mismos y en Colombia, como en otros muchos países, los indígenas han sido siempre unos de los integrantes habituales de la raza del no tener.

Por eso esta tarde yo tenía que tomarme una foto frente al Archivo General de Indias y por eso, ahora, estoy escribiendo estas lineas a unos pocos centenares de metros donde estuvo la prisión en que encerraron a Cervantes.

La peor clienta de un abogado

He escrito mucho sobre mujeres duras y sufridas en la paz y en la guerra, sin embargo, hoy, escuchando la radio me he dado cuenta de que la estirpe de mujeres más duras que conozco reinó en la España de los años 40 y 50. Eran inevitablemente andaluzas y lo mismo trabajaban en un burdel donde regalaban servicios a los hombres con ojos verdes, verdes como la albahaca, que se llevaban por delante a quien hiciera falta si ellas juzgaban que les habían faltado a lo que no había que faltarles. Mujeres duras pero sentidas, habitualmente iban armadas y eran peligrosas. El metaverso femenino de Rafael de León parece imposible que pudiese prosperar en la beatísima España franquista pero lo hizo y con fuerza inaudita.

Estas mujeres solían cantar o trabajar en cafés de marineros («En Cái tiene La Bizcocha un café de marineros») si no es que trabajaban en sitios peores («Apoyá en el quicio de la mancebía…), despreciaban a los hombres («le habló primero a un tratante y luego fue de un marqués, que la llenó de brillantes de la cabeza a los pies») a los que abandonaban siempre por algún petimetre de ojos bonitos que las hacía perder la cabeza. No las movía el dinero, ellas eran, como dije, duras pero sentidas, y tenían una enfermiza inclinación romántica que las llevaba siempre a enamorarse de quien no debían y a meterse en unos líos de los que no eran capaces de salir más que apuñalando a alguien.

Estas mujeres, como abogado, son, sin duda, las peores clientes del mundo aunque, si me dan a elegir, la peor de todas es sin duda «Lola Puñales». Su historia es bastante estándar y la recoge el autor en la primera parte de la canción que dice así:

Entre la gente del bronce
que cantaba y que bebía
brillaba Lola Puñales.

Era una rosa morena
que a los hombres envolvia
igual que a los vendavales.

Vino primero Don Pedro, un marqués
enamorao y galán,
pero la Lola, con mucho saber,
lo desprecio por Don Juan.

Y asi la Puñales,
perdiendo y ganando,
trataba a los hombres
de mala manera,
hasta que una noche
la fueron matando
los ojos de un hombre
que dijo a su vera:

¿Quien ha encendido esa hoguera
en tus ojeras
de petenera
Lola Puñales?
y aunque no sufras dolores
prendes de amores
a los mejores
y mas cabales.

Sin saber cómo ni cuándo
tú te vas a enamorar,
con el fuego estas jugando
y te tienes que quemar;
y verás entraña mia
lo que son ducas mortales
cuando llores de agonía
y te den las claritas del día
sin dormir, Lola Puñales.

Hasta ahí todo normal, la Lola caantaba, bailaba, bebía y despreciaba marqueses y tratantes como la Zarzamora hasta que, claro, aparece el petimetre de ojitos bonitos y la muy zopenca da en enamorarse de él. Veamos como lo relata la canción:

Con fatiguitas de muerte
y dolores de agonía
lloraba Lola Puñales,
porque aquel hombre moreno
se llevo pa toda la vida
la rosa de sus rosales.

Mucho “te quiero” y “me muero” mujer
mucho “te juro por Dios”
y, si te vi no me acuerdo, después
de que en sus brazos cayo.

Corrió como loca
buscando la reja
en donde de otra
los besos bebía.

Y un grito de muerte
se oyo en la calleja
mientras que unos ojos
quedaban sin vida.

La Lola, como ven, no estaba para bromas. El ojitos bonitos le había tomado el pelo y eso la Puñales lo solventaba tirando de oficio. Nocturnidad, alevosía y puñalada en la femoral, cuatro litros de sangre sobre el empedrado y asunto resuelto.

Y ahora es cuando a usted le toca ser abogado o abogada de oficio de «La Puñales», prepara usted eximentes completas e incompletas, atenuantes, los celos, el arrebato, la obcecación… Y llega La Puñales, la pasan ante el juez y, según la canción larga lo que sigue:

«Vayan los jueces pasando
vayan firmando
que esta esperando
Lola Puñales.

(Chula la investigada)

Que no me importa la pena
ni ir a la trena
que estoy serena
y en mis cabales.

(A tomar por saco toda eximente o atenuante)

Lo maté yo a sangre fría
por hacer burla de mí
y otra vez lo mataria
si volviera a revivir.

(Y ahora a tomar por saco cualquier arrepentimiento ni zarandaja parecida, La Puñales, a lo que se vé se quedó a gusto y se refocila en su contumacia.)

Con que apunte el escribano (LAJ)
al causante de mis males,
por jurar cariño en vano

(Si al juez le faltaba un móvil ya se lo da ella)

sin siquiera temblarle la mano
lo mató Lola Puñales».

A estas alturas, usted, su abogado o abogada de oficio o está llorando sobre los formularios de solicitud de la justicia gratuita o está llamando a su mamá en busca de ayuda.

Sí, sin duda la Puñales es la peor cliente posible de un abogado. Afortunadamente aquella estirpe de mujeres se extinguió el siglo pasado, justo cuando la democracia y la libertad llegaron a nuestro país.

Sin embargo, a mí, las radios de madera y cretona de mi infancia me cantaron muchas veces historias de estas mujeres a las que yo, insensatamente, admiré… y, aunque ya no quedan, alguna vez en mi carrera profesional me he encontrado con alguna. Duras pero sentidas y de navaja en mano, quizá alguna vez escriba yo esa historia.

Les dejo con una interpretación moderna de «Lola Puñales» para que tengan una idea aproximada de cómo sonaba.

Yo creo en algunas cosas

Respecto de mi profesión yo creo en algunas, no muchas, cosas.

Creo, por ejemplo, que el primer objetivo de un abogado es defender los derechos ajenos y que, por eso, la abogacía no puede ser entendida como un negocio. En los negocios el primer objetivo es el ánimo de lucro pero, en algunas profesiones —la abogacía entre ellas—, la defensa del interés ajeno le antecede.

Sí, sé que ustedes pueden citarme despachos concebidos como empresas, despachos orientados al beneficio económico y que miden su éxito según su cuenta de pérdidas y ganancias; sí, sé que existen, pero tengo por cierto que ellos y nosotros no ejercemos la misma profesión.

Al igual que creo que el primer objetivo de un abogado es defender los derechos ajenos, creo que la segunda obligación es exigir del cliente una retribución adecuada. Una retribución adecuada permite dedicar al asunto el tiempo y la atención que necesita y, en un mercado de servicios jurídicos donde se ofertan —por ejemplo— divorcios a 140€, se produce una presión bajista en los precios que, inevitablemente, deteriora la calidad del servicio prestado. Exigir una retribución adecuada no es solo un legítimo derecho del abogado, es una salvaguarda de los intereses del cliente.

Creo, en tercer lugar y para finalizar, que ninguna sociedad puede soñar con conseguir nada parecido a la justicia ni ningún estado puede ser llaamado “de derecho” si no cuenta con una abogacía que responda a los dos principios que les he dicho.

Finalmente no creo, sino que sé, que una abogacía como la que les he descrito molesta y es siempre objeto de ataques más o menos velados por las más distintas vías, desde las puramente conceptuales (“un despacho es antes que nada un negocio”, “el éxito de un despacho se mide en dinero”) hasta las simplemente económicas (“en el mercado y en los precios sólo importan oferta y demanda, hay que desregular”, “el turno de oficio es altruismo y ya tiene bastante compensación”, “divorcios a 140€, así es el mercado”…) pasando por las insidias habituales de ayer y de hoy (“los abogados fomentan la litigiosidad”, “los españoles son querulantes”, “la justicia necesita cambios organizativos, no más medios”…)

Es esta abogacía de las personas a la que muchos llaman —para escándalo de algunos otros— abogacía independiente. A mí me da igual como la llamen siempre que responda a estas pocas cosas en las que creo, porque lo decisivo no es el nombre: lo decisivo es que, si algún día logran acabar con esta abogacía, habrán acabado con el estado de derecho y con todos los sueños de justicia en España.

No hay oposición en justicia

Tener un mal gobierno es una desgracia; tener un mal gobierno y una mala oposición es una tragedia y es en esta tragedia en la que está instalada la justicia de nuestro país desde hace años.Que tenemos un ministro de justicia y una política en justicia lamentables ya lo he contado en posts anteriores, pero, ayer, me encontré con un tuit del líder la oposición, Pablo Casado, que me reveló también que, si mala es la política del gobierno en materia de justicia, igual de mala es la política que preconiza el poco avisado líder de la oposición. Pero antes de entrar en harina dejemos que hable el citado: aquí tienen su tuit.

Sí, han leído bien, el aspirante a ser inquilino de la Moncloa pudo haber citado por ejemplo a Doña Margarita Mariscal de Gante, la ministra que reformó la LEC e introdujo la videograbación en la jusricia española, pero, en su lugar y sin experimentar molestia intestinal alguna el líder de la oposición prefirió a elegir a cuatro ministros perfectamente olvidables cuando no directamente reprobables y hasta en algunos casos efectivamente reprobados. El tuit del líder de la oposición, ya digo que sin sonrojo ni pudor, decía:

«Con los Ministros de Justicia Acebes, Michavila, Gallardón y Catalá defendemos un Poder Judicial independiente frente a las agresiones del Gobierno, reivindicamos el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, y pedimos la despolitización de la Fiscalía y de la elección del CGPJ. https://t.co/rbFqhfEHVb »

Esto lo escribió y publicó sin vergüenza alguna el líder de la oposición y debiera experimentarla, porque sus palabras son no sólo erróneas —siendo piadosos en el adjetivo— en una parte, sino simplemente falsas en otra y finalmente injustas en lo que calla y a quienes olvida. No sé quién asesora al líder de la oposición en cuestiones de Justicia o si estas declaraciones se le han ocurrido a él solo pero, si son estas cuatro personas quienes le asesoran, ya podemos empezar a rezar porque el joven líder opositor jamás gane unas elecciones.

En el mundo es habitual que a los líderes alguien les escriba los discursos; en España, yendo un paso más allá, a algunos/as líderes/as, les escriben hasta las tesis doctorales por lo que no veo yo qué mal habría en que al líder de la oposición alguien le sugiriese ideas en justicia menos insensatas de las que se deja ir por tuíter. Analicemos el tuit porque no tiene desperdicio.

Afirma en primer lugar el líder de la oposición:

«Con los Ministros de Justicia Acebes, Michavila, Gallardón y Catalá defendemos un Poder Judicial independiente frente a las agresiones del Gobierno…»

No se ve enoticono alguno en el tuit que nos haga pensar que el líder está de guasa, cómico o ebrio, de forma que no nos deja sino tomar la peor ocpión: pensar que lo dice en serio.

Hablar de que esa cáfila a quien menciona el tuit defendió un Poder Judicial independiente es ignorar la realidad o tener muy poca vergüenza; permítanme, pues, que, piadosamente, me adhiera a la primera opción y les recuerde algunas cosas.

Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 2011 lo hizo comprometiéndose en su programa electoral (página 178, medida 11 en el capítulo dedicado a la justicia) a lo siguiente:

«Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.»

Muchos les creyeron y les votaron pero allí estaba Gallardón quien, apoyado por una mayoría absoluta superlativa se sintió con derecho a mentir y traicionar a sus electores llevando a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial justo en sentido contrario al prometido y con la única finalidad de ejercer un mayor control político sobre el Consejo General del Poder Judicial.

¿Y es este señor de quién dice el líder de la oposición que debemos tomar ejemplo?

¿Y lo ha dicho sin desternillarse de risa o sin vomitar de vergüenza?

No necesito decirles que el sucesor de ese señor del que les hablo (es la forma en que en el partido del líder llaman a los caídos en desgracia) tampoco hizo nada por arreglar la trapisonda de su predecesor y así hasta el día de hoy en que ministros de uno y otro color han venido disfrutando de aquella tropelía.

La segunda parte del tuit es también de traca

«…reivindicamos el Pacto de Estado por la Justicia de 2001…»

Ese «pacto» no es de Estado, ese pacto es la tontina que firmaron los dos partidos que en 2001 se creían intocables para controlar la justicia a través de unas medidas (Nueva Oficina Judicial y Tribunales de Instancia incluídos) destinadas en esencia a aumentar su capacidad de influencia en la administración de justicia y a dejar sin justicia cercana a dos terceras partes de la población española. En próximas semanas dedicaré una serie de post (por cierto ya iniciada) al momio de los tribunales de instancia, por ahora básteme decir que todos los ministros de justicia, Gallardón y Campo incluídos, son fieles acólitos de aquella misa negra.

Si lo observan, entre reducciones de planta (Caamaño, Gallardón) o la búsqueda de la promoción de tribunales de instancia (Gallardón, Campo), las políticas en justicia de PP y PSOE son sistemáticamente iguales y predecibles con el libro negro a que hace referencia el líder de la oposición en la mano. Es por eso que, todos los ministros que salen en la fotografía del tuit y todos los ministros que pueda poner el PSOE desde 2001 son absolutamente prescindibles en la historia de la justicia española: porque todos han tratado de llevar adelante aquel pacto de control y sumisión de la justicia, esa administración que demostró ser la única capaz a poner coto a todo el demencial espectáculo de corrupción y depredación de caudales públicos por los partidos mayoritarios en los últimos 20 años.

Que no le engañen: en justicia, al menos en justicia, la política de los dos partidos mayoritarios es exactamente la misma en lo esencial y tiene un único fin desde 2001: controlar la administración de justicia.

Es por eso que resulta especialmente estomagante leer tuits como el de ayer, primero porque son falsedades y en segundo lugar porque nos sitúan en la peor posición posible: en la de un país que tiene un mal gobierno en justicia pero que ni siquiera puede hallar una mínima esperanza en la oposición.

La des-organización de la administración de justicia española

Si hoy, querido lector, tuviese usted que explicar cómo se organiza la justicia en España a un extranjero, a un lego en la materia o incluso a un estudiante de primero de derecho, le aseguro que encontraría no pocas dificultades y le aseguro también que, si no se prepara usted el tema en profundidad, es muy posible que se equivoque. Y no, la culpa no es de usted, la culpa es de una organización que, lejos de responder a un diseño preordenado a su eficacia, es el producto de tensiones políticas, conflictos de competencias y decisiones llamativas por no decir, directamente, desacertadas. La administración de justicia española, créame, no es el producto de un diseño inteligente sinoq eu, por el contrario, es el subproducto de las tensiones que históricamente han existido entre el poder judicial y el ejecutivo, de una parte, y entre el poder ejecutivo central y los ejecutivos autonómicos de otra.

Si usted consulta la Constitución verá que el artículo 149.1,5º reserva al estado la competencia exclusiva sobre la administración de justicia.

Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
5.ª Administración de Justicia.

Y, sin embargo, si usted le cuenta esto a su interlocutor o a sus alumnos estará cometiendo un grave error pues, la realidad, es que, desde el primer momento, algunas Comunidades Autónomas comenzaron a asumir (con la aprobación de las Cortes de la Nación) competencias en justicia. Mayoritariamente los estatutos incluían cláusulas de las llamadas subrogatorias que les autorizaban a ejercer las facultades que la LOPJ o el CGPJ reconocieran al estado en materia de justicia.

El Tribunal Constitucional, en sentencias de fecha 29 (56/1990) y 30 (62/1990) de marzo de 1990 convalidó esta práctica, sentando una doctrina verdaderamente digna de un concilio bizantino: la de la “administración de la administración”; construcción, sin duda, de gran mérito literario y emparentada directamente, al decir de los expertos, con el bíblico Cantar de los Cantares o, más precisamente quizá, con el romántico y bailable tema “Amor de mis amores”, canción de 1936 compuesta en ritmo de vals peruano por el argentino Ángel Cabral con letra de su compatriota Enrique Dizeo.​ Con los años la canción (“amor de mis amores” no “administración de la administración”) se convirtió en un gran éxito y se sospecha que los redactores de las sentencias citadas estaban bajo el hechizo de sus acordes durante la partenogénesis de los platelmintos referenciados.

La letra de la canción del TC (“administración de la administración” no “amor de mis amores) dice más o menos así:

El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la «Administración de Justicia»; ello supone, en primer lugar, extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judieial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, «al servicio de la Administración de Justicia», esto es, no estrictamente integrados en ella.

Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y «administración de la Administración de Justicia»; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo.

La consecuencia de estas sentencias es que, si usted va al juzgado, lo que viene siendo la “Administración de Justicia” en sentido estricto son apenas unas unidades biológicas llamadas comúnmente “jueces”. Fuera de estos jueces todo lo demás (edificios, mobiliario, funcionarios, bolígrafos, papel, grapadoras…) es parte de esa administración de la administración de justicia que tantas alegrías nos proporciona sobre todo, como veremos, en los aspectos informáticos. La creación de Consejos Autonómicos del Poder Judicial es la doxología natural que sigue a la oración anterior como persigue un exministro un puesto en un consejo de administración.

Pero no nos adelantemos, porque, a esta tensión entre el ejecutivo central y los periféricos, se yuxtapone la tensión existente entre dos poderes del estado: el ejecutivo y el judicial. También en esta tensión (ya lo adelanto) el poder judicial salió escaldado.

¡Montesquieu ha muerto!, dicen que gritó jubilosamente Alfonso Guerra cuando, usando de la mayoría absoluta que tenía el PSOE en aquel momento, se aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Era esta Ley un texto legal calificado como “muy defectuoso” por la doctrina más solvente: la amplitud que concede al CGPJ en materia de nombramientos y ascensos en conjunción con el diseño de dicho órgano como premio electoral de los partidos vencedores, construyeron un engendro que, como todo buen engendro no debería haber tenido encaje en nuestro sistema constitucional; por eso, en palabras del profesor Marco de Benito, la declaración de constitucionalidad del texto por STC 108/1996, de 29 de julio, “sigue admirando treinta años después”, admiración a la que se suman los representantes de la doctrina más solvente.

Esta situación dantesca no sólo no amainó sino que inluso se exacerbó durante el mandato del ministro de siniestro recuerdo Alberto Ruíz Gallardón y así hemos llegado al día de hoy.

¿A qué nos ha conducido esta forma de organizar la administración de justicia que, como vemos, no responde a ningún principio ni planificación sino a las luchas por extender las parcelas de poder de los ejecutivos centrales y autonómicos siempre a costa del poder judicial? Tratemos de ilustrarlo con un ejemplo.

Dados los años en que sucedieron los hechos hasta ahora narrados (1985-1990) la informatización era un fenómeno aún incipiente mientras que internet o las nuevas tecnologías eran invitados a quienes nadie esperaba en los juzgados españoles. Las Comunidades Autónomas, titulares de la “Administración de la Administración” de Justicia (es decir, de todo menos de los jueces) decidieron cada una por su cuenta cómo informatizarían esta “Administración de la Administración”.

Como a ninguno que conozca el asunto se le escapará, el carajal informático que se formó en esa época lo estamos pagando todavía, treinta años después.

El estado, en atención a las comunidades no transferidas hubo de efectuar un desembolso para informatizarlas, desembolso que se repitió en Cataluña, País vasco, Navarra, Andalucía… Con todo ese dinero gastado los juzgados españoles podían haber dispuesto de unos recursos informáticos maravillosos pero, al gastar seis veces el mismo dinero en hacer las mismas cosas lo único que se logró fue tener una basura informática que había costado seis veces lo que valía. Hasta donde yo sé nadie ha rendido cuentas por este desaguisado.

El desaguisado no es sólo económico, al haber una pluralidad tal de sistemas, coordinarlos es tarea de locos y da lugar a más gasto y complejidad. La historia de la informática española es la historia de cómo comprar chatarra a precio de Rolls Royce. Eso sí, los paganos de la fiesta nunca fueron sus responsables sino usted y yo junto con los ciudadanos que padecen el desbarajuste informático creado.

Y si a este carajal de sistemas informáticos nos condujo la tensión estado central versus autonomías, la tensión poder ejecutivo versus poder judicial nos deparó nuevas sorpresas.

Por que ¿quién es el propietario de los datos jurisdiccionales que recogen los juzgados al tramitar los procedimientos?

Para la LOPJ el asunto es muy claro:

Artículo 236 sexies.
1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

Sin embargo, a la hora de la verdad ¿quién custodia estos datos? ¿quién los tiene físicamente?

Como ustedes pueden imaginar los de siempre: los ejecutivos autonómicos o estatales. Como ellos son la “Administración de la Administración” y ellos mantienen y controlan los 13 sistemas informáticos que hay en España son ellos quienes tratan y controlan los datos judiciales. Fastuoso. En España lo que la ley o el sentido común dicten choca siempre directamente con una realidad abstrusa que, al parecer, nadie quiere reformar.

Claro, si luego el Ministro de Justicia delinque o un Consejero de Justicia autonómico es imputado, vienen los miedos y las madres mías y comienzan a inventarse soluciones de fortuna. Y no quiero recordar en este punto recientes crisis vividas por la administración de justicia española porque no quiero levantar pasiones incontrolables. Mejor callar en este punto.

La des-organización de la administración de justicia española es tan fantástica que este desbarajuste informático no ha podido ser arreglado en 30 años y resulta muy difícil imaginar cómo puede organizarse en el futuro una oficina judicial dirigida, al mismo tiempo, por el ejecutivo central, el poder judicial y los ejecutivos autonómicos y, siempre, dándose codazos.

Como te decía al principio, querido lector, todo esto que te he contado de la organización de la administración de justicia española es muy difícil de explicar a un extranjero, a un español, a un alumno de primero de derecho o incluso a un catedrático de derecho procesal de la Universidad de Bolonia. Creo que no acabaría de entenderlo ni el mismo Aristóteles aunque volviese a nacer sólo para ello.

Sí, es muy difícil que todo esto pueda entenderse pero yo, esta mañana de sábado que me ha sorprendido con algo de tiempo libre, quería contártelo a ti. Quizá no acabes de entenderlo (yo mismo no lo entiendo) pero igual, tras este post, entiendes por qué, a veces, a los abogados nos invade la melancolía.

Ius y yoga

Ius y yoga

Mi amigo Luis Morillo hoy me ha recomendado yoga, mucho yoga, lo que quizá él no sepa es que llevo bastante más de 30 años dedicándome a algo muy parecido al yoga: el derecho.

Sí, «yoga» y «ius» son palabras hermanas y derivan ambas del vocablo indoeuropeo *HieH3u “unir”, raíz de la que proceden, además de ius y yoga otras muchas palabras.

En primer lugar esta raíz tiene el significado de “unir” al cocinar y, por eso, no es extraño que la palabra “sopa” se diga en latín, precisamente, “ius” (sacad vuestros diccionarios de latín y comprobad que sopa, en latín, se dice «ius»). Por eso, si ustedes algún día visitan Pompeya y ven escrita en las paredes de alguna taberna la expresión “ius olitorium”, no piensen que están en presencia de algún tipo de derecho como el “ius puniendi” o el “ius maletractandi”; lo que la expresión anuncia es una humilde menestra: una sopa de verduras.

El “ius” se esconde casi siempre bajo las palabras que indican unión. Así, el artilugio que unce a los bueyes es el “yugo” (iu)go, los animales unidos forman una “yunta”, cuando nos unimos a otra persona la llamámos “cónyuge” con(iu)ge y, la unión de todos los vecinos de un municipio da lugar al “ayuntamiento” a(iu)ntamiento. El ius es, pues, ése vínculo que mantiene unida a la sociedad o ese vínculo que une al alma con la divinidad en el caso del yoga.

Así pues yoga y ius nos remiten a un vínculo y dan lugar a un amplio campo semántico que comprende, entre otros, los sustantivos para “derecho” en latín (ius), avéstico (yaož) y sánscrito (yos). Con el sufijo -t-o, resulta iustus “el que actualiza la noción de ius”, o sea, “el que observa el derecho”, de donde de donde “justo, recto”, palabra de la que deriva a su vez el sustantivo iustitia “justicia”, justo al contrario de que pensaba Ulpiano. Finalmente (con rotacismo, esto es, paso de -s- intervocálica a -r-) ius es origen del verbo latino iuro “jurar”.

Me sorprende que, a muchas personas que han consagrado su vida al estudio del derecho, nunca les haya picado la curiosidad de saber qué significa exactamente «ius». Ahora que lo sé veo a los juristas como cocineros que tratan de mezclar todos los ingredientes en la proporción justa, cuidando la cocción a la temperatura adecuada y procurando que todos los sabores armonicen.

En la foto les muestro a Triboniano durante uno de los pocos descansos que pudo tomarse mientras redactaba el Digesto.