Juicios y lenguaje no verbal

Acabo de leer un artículo sobre lo irritante que resulta para muchos administrados comprobar cómo, tras la vista de un juicio donde el fiscal ejerce la acusación, este se queda en sala junto con el juez mientras el acusado y su letrado abandonan la sala. Teme el administrado —no se sabe si con razón o sin ella pues esto sólo lo pueden saber el juez y el fiscal que se quedan en la sala— que el fiscal goce de un tramite de informe suplementario al que la ley le concede y que el derecho de última palabra que la ley otorga al acusado, por la vía de hecho, pase al fiscal.

Siempre que este tema se suscita, naturalmente, jueces y fiscales niegan la posibilidad de que se produzca el irregular trámite de que les hablo, pero esta negativa lo cierto es que tampoco tranquiliza a los administrados pues, tanto si se produjese ese irregular trámite de informe como si no se produjese, la respuesta de jueces y fiscales sería necesariamente siempre la misma; es decir, la negación.

Se excusan jueces y fiscales habitualmente culpando al diseño de nuestros edificios judiciales y en buena parte tienen razón, aunque no toda. Nuestros edificios judiciales, es verdad, están construidos de tal forma que resulta imposible cumplir la ley. Testigos de cargo y descargo permanecen juntos esperando su turno en la mayoría de los casos; incluso las familias de víctimas y acusados se ven obligadas a esperar el inicio de la audiencia pública juntos y en compañía generalmente nada amable.

Antes, en muchos palacios de justicia, las salas de vistas tenían una puerta específica que conducía al despacho del juez, lugar al que este podía retirarse entre juicio y juicio. Ahora gracias a la NOJ, al estilo zen, a la arquitectura judicial creativa y a otra serie de majaderías de diseño y de mal entendida modernidad y eficiencia, cuando acaba una vista jueces y fiscales no tienen donde dirigirse y han de esperar a que comience el juicio siguiente en amor y compaña —si se llevan bien— o en tensa intimidad si su relación no es tan buena. Es verdad que juez y fiscal podrían abandonar la sala, pero esto les llevaría a mezclarse con abogados y administrados y, por razones que desconozco aunque puedo inferir y hasta comprender, esto parece resultarles violento y es cierto que con toda probabilidad lo sea.

Es en esta situación que les describo —juez y fiscal juntos en sala— cuando comienza el juicio siguiente y, en la generalidad de los casos, este comienza con el funcionario llamando al letrado o letrada del acusado del juicio siguiente «para que vaya a hablar con el fiscal». ¿Para hablar de qué? Pues… todos lo sabemos, de una posible conformidad.

En general los letrados entran a hablar con el fiscal y, dado que el juez está presente, Su Señoría Ilustrísima recibe del letrado defensor que tal acción realiza el, a mi modesto juicio, peor de los mensajes no verbales posibles: que el cliente del abogado está dispuesto a conformarse y admitir su culpabilidad.

Esto me irrita y me irrita profundamente.

Como norma general me prohíbo a mí mismo acercarme a hablar con el fiscal si el juez está delante. Si el fiscal quiere hablar conmigo dejo que se dirija él a mí pues, por respeto a mi cliente y porque mi trabajo es defender, yo no voy a mandar al juez el mensaje no verbal de que mi cliente podría admitir su culpa, prefiero que el fiscal le mande el casi siempre obvio mensaje de que está dispuesto a rebajar. Me consta que mi actitud molesta a algunos fiscales, créanme que sinceramente lo lamento.

Hay tribunales que, muy elegantemente y a pesar de la incomodidad que antes les he contado, se ausentan de la sala de vistas entre juicio y juicio y lo hacen, precisamente, para no contaminarse con lo que sucede en la sala de vistas entre juicio y juicio —puedo darles el nombre de alguno de estos elegantes tribunales— sin embargo, lo más frecuente, es que el juez permanezca en Sala presenciando las negociaciones y, no sólo eso, sino que, en casos que sospecho que todos mis lectores abogados pueden haber presenciado, a veces intervienen en las negociaciones e incluso, en algunos lamentables casos, anticipando de forma más o menos velada el sentido de su fallo, tratan de forzar conformidades que, por alguna razón, les parecen deseables.

Todo esto que les he descrito, personalmente lo siento como absolutamente inaceptable. Sí, ya sé que tal y como están construidas las salas de nuestras finústicas ciudades de la justicia es muy incómodo para el juez o el fiscal abandonar la sala entre juicios, lo sé, pero, puesto a elegir entre la comodidad de los operadores jurídicos y los derechos fundamentales de los administrados, me veo obligado a optar por lo segundo.

No es cuestión de estética que el juez no esté presente durante las negociaciones, no es cuestión de estética que juez y fiscal permanezca en sala entre audiencias, como no es cuestión de estética que la ley quiera que jueces, fiscales, LAJ, procuradores y letrados nos coloquemos a la misma altura en estrados. Esto tiene un sentido y ese sentido o se interioriza —como hacen esos tribunales de los que antes les he hablado y que abandonan la sala— o se transmiten al administrado todas esos mensajes que nuestras leyes quieren que no se les transmitan.

Las leyes y el proceso tienen también un lenguaje no verbal hecho de formas, conductas y ritos y ese lenguaje es tan o más explícito que el que usamos al hablar. Cuidémoslo, no es una mera cuestión de estética.

Pateras invisibles

Retransmiten en directo la llegada del Acuarius a Valencia mientras al litoral español llegan decenas de pateras anónimas. Valencia es hoy una excepción a la normalidad que rige desde Ayamonte a Port Bou. Una normalidad hecha de internamientos en CIE y expedientes de devolución que se amortigua en el caso de Valencia.

No sé si hoy, en el Puerto de Valencia, además de policías, profesionales de la sanidad, funcionarios, intérpretes, trabajadores del 112… habrán jueces, fiscales, LAJ y… abogados de oficio. Lo que sí sé es que, en el resto del litoral y para los inmigrantes que no salen en la tele habrán abogados de oficio, que tampoco saldrán en la tele ni en las palabras de la ministra de justicia.

Hace pocos meses en Cartagena recibimos a 430 inmigrantes y mis abogados y abogadas cumplieron con su deber; quizá los demás les olviden, yo nunca les olvidaré.

¿Qué conmemoramos de verdad el 12 de julio?

Faltan 25 días para el 12 de julio, el llamado «día de la justicia gratuita» y, quizá, sea bueno aclarar por qué se eligió ese día y qué conmemoramos de verdad en esa fecha.

El 12 de julio fue elegido como día de la justicia gratuita porque el 12 de julio de 1996 fue el día en que entró en vigor la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita.

Obviamente la justicia gratuita no nació ese 12 de julio —la justicia de pobres, el beneficio de pobreza y la justicia gratuita ya existían desde el siglo XIX— pero ese 12 de julio de 1996 es un hito a partir del cual podemos llevar la cuenta de muchas cosas.

Podemos llevar la cuenta, por ejemplo, de cuántos años han pasado desde que el Ministerio de Justicia no adecúa los baremos de las cantidades que paga a los abogados de oficio. Desde aquel 12 de julio de 1996 el Ministerio de Justicia ni siquiera ha actualizado el IPC de aquellas cantidades. Desde julio de 1996 a julio de 2017 el IPC ha subido un 57% sin que al ministerio haya parecido preocuparle lo más mínimo el deterioro de las compensaciones económicas de los abogados de oficio. Es decir; no es que el ministerio no haya elevado ninguna cantidad desde 1996, no, es que, por el contrario, ha ido dejando que las mismas disminuyan por la vía del IPC. Cada año que ha pasado desde 1996 nuestras compensaciones económicas han ido disninuyendo y lo peor es que…

¿Recuerdas alguna protesta seria de alguien?

El ex-ministro Catalá previó un incremento de en torno al 30%, lo que nos dejaría aún a 27 puntos porcentuales de alcanzar los niveles retributivos de aquel 12 de julio de 1996. ¿Ves bien ahora lo que de verdad celebramos esa fecha?

Ha pasado una semana desde que la nueva ministra fue nombrada; una semana en la que no parece haber pronunciado ni una sola vez, ni haberse acordado ni una sola vez, de los abogados ni de la abogacía. Démosle tiempo pero démosle de paso algunos datos e ideas:

  1. Los abogados de oficio del territorio común, los que dependen exclusivamente del presupuesto de su ministerio no ven subir las cantidades que se les pagan desde el mismo momento de entrada en vigor de la ley: 12 de julio de 1996.

  2. La subida del 30% de Catalá no alcanza ni siquiera a colocar estos pagos en los niveles de 1996 pues el IPC ha subido desde entonces un 57%. Esa subida, en poder adquisitivo, es un 27% inferior a lo que se recibía en 1996.

  3. Los abogados de oficio de la zona ministerio reciben por su trabajo hasta un 300% menos que los abogados de oficio de otras Comunidades Autónomas transferidas. No es que los abogados de esas comunidades reciban mucho (reciben una miseria) es que los abogados que dependen de la ministra reciben un tercio de esa miseria.

Una subida mínima para los abogados del territorio común no puede ser inferior al 200% y usted tiene dinero para hacerlo.

Una subida del 200% es una subida tan solo de 70 millones de euros y esa cantidad no debe de resultarle difícil de obtener de las Cámaras. Y, si no la obtiene, al menos obtenga el cambio de parte de asignación de esos 130 millones que Catalá quería dedicar a infraestructuras tecnológicas. Usted es férrea opositora a LexNet (y en eso acierta) no gaste dinero en un sistema que hay que replantearse por completo, invierta en capital humano lo que no va a gastar en una infraestructura tecnológica obsoleta.

Ministra: los abogados del territorio común, el 12 de julio de 2018 vamos a conmemorar la humillación anual que venimos padeciendo desde hace 22 años. Díganos cómo quiere que la conmemoremos este año y díganoslo pronto, porque faltan 25 días para el 12 de julio y somos muchos los abogados y abogadas que sí sabemos exactamente lo que conmemoramos ese día.

Traficantes de carne

Creo haber dicho ya que los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero y creo haber dicho también que me estremece ver cómo, en las noticias de la prensa económica, se publican tablas y cuadros comparativos de los beneficios obtenidos por esos despachos que suelen adjetivarse como «grandes» y que a mí, en cambio, lo que me cuesta es adjetivarlos como «de abogados».

Antes de que se me echen encima les diré que esta percepción no es exclusivamente mía; el mismísimo Piero Calamandrei, lo expresó de forma mucho más clara y dura que yo cuando dijo:

No me hables de riqueza, tu sabes que, el verdadero abogado, el que dedica toda su vida al patrocinio, muere pobre; ricos se hacen solamente aquellos que, bajo el título de abogados, son en realidad comerciantes o intermediarios…

Y de estos intermediarios —que ahora se dicen abogados— es de quienes quería hablarles yo hoy porque, ayer, en un canal de televisión, se emitió un documental que hablaba precisamente de esto: de intermediarios y de abogados.

La desregulación salvaje del sector legal que comenzó con la llamada «Ley Omnibus» ha conducido en muy pocos años a un panorama que, de no ser enfrentado ya y con decisión, puede conducir a la desaparición de la profesión que ejercemos. Nuestros políticos, absolutamente ajenos a ningún criterio que no sea el estrictamente económico, han regulado nuestra actividad cual si de un simple negocio se tratase y, al olvidar toda consideración distinta de la económica, han cometido un error que puede acabar con nuestra profesión para alborozo de los llamados «grandes despachos» y las también llamadas «grandes corporaciones». Veámoslo.

Empecemos por el principio de los principios, a saber: el ejercicio de la abogacia tiene como objetivo primero y primordial la defensa de los derechos ajenos.

Que la defensa de los derechos ajenos sea el primer objetivo de la abogacía supone, ya desde el principio, que una visión puramente empresarial del ejercicio profesional de la profesión o una orientación corporativa al beneficio económico es absolutamente incompatible con nuestra forma de entender la profesión.

La segunda consecuencia del principio enunciado es que, las leyes que traten de regular la abogacía, lo primero que habrán de tener en cuenta es la naturaleza no puramente empresarial de ese servicio al que llamamos abogacía.

Si el primer objetivo de las firmas de abogados va a ser obtener dividendos y la primera medida de su éxito va a ser cuantificar beneficios económicos, no duden que esta profesión pronto desaparecerá suplantada por una legión de mercaderes, intermediarios o, en el peor de los casos, delincuentes.

Tres cosas, nos enseñó Cicerón, que pagaban al abogado antes que el dinero: la admiración del público, el agradecimiento del cliente y la esperanza del resto de los agraviados en que podría haber justicia en su causa. Es cierto que ninguna de ellas alimenta mucho, pero, si la esperanza de quienes sufren injusticias va a descansar sobre unas firmas cuyo primer objetivo es ganar dinero, podemos ir despidiéndonos de la posibilidad de tener siquiera una ficción de estado de derecho.

Ya lo estamos viendo: firmas que ofrecen asesoramiento jurídico con amplia publicidad en medios de comunicación cual si tuvieran despachos en toda España y que lo que hacen es desviar los clientes que llaman para luego, compartir los honorarios del abogado porque ellos le han facilitado el cliente. Antes, al menos, estos zurupetos se ocultaban, ahora, convertidos en corporaciones, se exhiben a través de una publicidad insidiosa, para lucrarse con el trabajo de unos abogados acuciados por la crisis.

Ayer se veía en la televisión cómo empresas de internet ofrecían servicios jurídicos a precios inverosímilmente bajos o cobraban a los abogados unas cantidades nada despreciables con la promesa de hacerles llegar clientes que, luego, en multitud de casos no llegaban.

Si creemos que el beneficio económico es el primer objetivo de ¿«la abogacía»? este panorama que les acabo de contar es perfecto. Pero, si lo que creemos es que el primer objetivo de la abogacía es defender derechos ajenos y la esperanza de todos, este paisaje que les he descrito es simplemente el principio del fin.

Ya conocemos cómo se las gasta la industria del software subcontratando ingenieros a precio de salario de subsistencia. «Cárnicas» llaman los programadores a esas empresas que no parecen tratar con personas sino traficar con carne. Ya sabemos lo que ha ocurrido en el campo, por ejemplo, de las clínicas dentales o de las estéticas.

En el caso de la abogacía esta dependencia de corporaciones que subcontratan al profesional es muchísimo peor, pues la independencia es al abogado lo que la imparcialidad es al juez. Un abogado ha de servir al cliente y no a la cuenta de resultados de la empresa o despacho que le da el trabajo. ¿Alguien cree que toda la reacción que la abogacía independiente y humilde ha puesto en marcha contra las odiosas condiciones del mercado hipotecario la podrían haber puesto en marcha despachos entre cuyos clientes se cuentan los principales bancos de España?

No se engañen: si lo que queremos es becarios que defiendan los derechos de la ciudadanía para que los intermediarios o los comerciantes ganen dinero vamos en la dirección correcta; pero, si lo que deseamos es una abogacía que, como hasta ahora, sea independiente, sirva a los ciudadanos, les defienda frente a los poderosos y mantenga la esperanza de todos de que la justicia aún es posible en España, estas leyes puramente económicas son la muerte de todo cuanto amamos.

Quieren una abogacía dócil, con una planta judicial pequeña para no tener que abrir demasiados despachos ni tener que contratar demasiados abogados, sin restricciones publicitarias para poder traficar con el trabajo de los abogados y con una libertad de pacto absoluta en cuanto a honorarios para convertir a los profesionales de la abogacía en falsos autónomos pagados a precio de carne industrial.

Ahora, reflexiona un momento y dime si lo que quieres es eso porque, si no quieres eso, tendrás que levantarte y convencer a todos nuestros políticos de que tú no ejerces una profesión cuyo primer o único objetivo es ganar dinero y que, por lo mismo, no puede ser regulada como si fuese una actividad puramente mercantil.

Si crees que merece la pena levantarte y luchar por ello te espero en la Red de Abogados y Abogadas, porque tenemos que defender unos cuantos principios y hacer del futuro un lugar donde merezca la pena vivir.

Vamos.

La molesta abogacía

Los abogados a los que admiro no salen en las páginas salmón de la prensa económica. Los abogados a los que admiro no miden su éxito profesional en dinero. Los abogados y abogadas a los que admiro son los que saben que una de las obligaciones éticas de nuestra profesión es representar a las minorías, a los desfavorecidos, a las personas humildes, incluso a aquellos a quienes la sociedad desearía que no tuviesen quien hablase por ellos y mucho menos en defensa de ellos.

Los abogados a los que admiro hacen esas cosas que convierten a nuestra profesión en épica: litigan contra el estado en nombre de un particular, defienden los intereses de un consumidor contra todo un sistema de abusos bancarios y lo hacen caer… (¿alguien imagina a un gran despacho defendiendo a un inmigrante con hipoteca y llevando su caso hasta las últimas instancias europeas para hacer caer todo un sistema de abuso bancario?)

La abogacía a la que admiro es la compuesta de abogados y abogadas con despachos pequeños, a veces unipersonales; una forma de ejercicio profesional que ocupa al 85% de los abogados de España y contra la que se han ido dirigiendo de forma constante las reformas legislativas de los sucesivos gobiernos, buscando sustituirla por una abogacía-negocio aparentemente moderna pero en realidad contraria a cualquier principio ético que gobierne el ejercicio profesional de un abogado.

Hace años decidí escribirme a mí mismo un decálogo de cómo desearía yo que fuese el ejercicio profesional y el primer párrafo que escribí fue:

El ejercicio de la abogacia tiene como objetivo primero y primordial la defensa de los derechos ajenos. Una visión puramente empresarial del ejercicio profesional es incompatible con nuestra forma de entender la profesión.

Claro que, a renglón seguido, escribí también:

Quienes ejercen la abogacía tienen derecho a una retribución adecuada por sus servicios y esto es aplicable a la prestación de servicios en el Turno de Oficio.

Han pasado los años y pienso igual. Los abogados tenemos el deber ético de representar a los débiles frente a los poderosos, a los menos frente a los más, a los individuos frente al estado… y molestamos claro. Una abogacía amansada, docil y sometida es lo que desean quienes ven su superioridad económica o social amenazada por estos molestos abogados que se empeñan en defender la causa de los débiles frente a los fuertes, la de los que menos tienen frente a los que más tienen y a los ciudadanos frente al estado.

Y pienso que la abogacía es, por naturaleza, molesta para muchos, necesariamente molesta y también creo firmemente que, si no lo fuese, probablemente no sería abogacía o, al menos, no sería esa la abogacía por la que merece la pena vivir.

Superabogadas, supermadres.

Hará unos años, mientras comía con mi compañero Manolo y con el hijo de una compañera amiga nuestra, éste último nos contó un recuerdo de infancia que esa noche, al llegar a casa, me apresuré a escribir principalmente para no olvidarlo. Permítanme que les transcriba el recuerdo para ponerles en situación —son apenas cien palabras, pueden leerlo en treinta segundos— luego sigo con lo que venía a contarles:

«El hijo de una compañera abogada me contó, no hace mucho, que uno de sus más persistentes recuerdos de infancia era el de dormirse escuchando el sonido lejano de la máquina de escribir de su madre y despertarse, al día siguiente, oyendo cómo la máquina seguía sonando.

La imagen me pareció extremadamente tierna y que describía perfectamente el tremendo esfuerzo de esas abogadas madres por sacar adelante a sus hijos y su trabajo, dando a cada tarea el tiempo necesario y quitándoselo a ellas mismas.

Esta noche en que muchas abogadas concluyen sus recursos tras acostar a sus hijos, me ha venido esa imagen a la memoria y he pensado que es verdad, que cuando los niños duermen aún sacan el coraje las superabogadas.

Va por vosotras compañeras, sois lo mejor.»

Lo que yo no sabía entonces es que mis superabogadas antes habían tenido que ser supermadres, porque, por increíble que parezca, las condiciones en que estas profesionales viven la maternidad se cuentan entre las peores de entre las que pueden darse en una sociedad civilizada.

Antes de decirme que exagero y que las abogadas tienen las mismas dificultades que cualquier otra profesional o autónoma para dar a luz, permítame que le informe de que las abogadas, a todos esos problemas que tienen el resto de profesionales y autónomas, añaden el fantasma de los pazos procesales y el de la responsabilidad civil a que pueden dar lugar si se incumplen.

Una abogada puede tener un embarazo de riesgo, un parto inesperado, una urgencia… pero no por eso dejan de correrle los plazos procesales, esas reformas o reposiciones de brevísimo plazo, esos requerimientos a evacuar en el plazo de una audiencia, esas complejas contestaciones a la demanda que no entienden de maternidades ni de imprevistos.

Desde que el hijo de mi amiga me contó sus recuerdos de infancia he procurado escuchar con toda la atención posible las historias que me contaban mis compañeras abogadas; historias de ordenadores portátiles en la cama del hospital, de maridos corriendo en busca de un expediente que llevar a la clínica, de entrevistas en el despacho del juez con el bebé en brazos o de silletas y cunas en los despachos. Estas historias y las de lactancias en condiciones indignas hicieron aumentar mi admiración por ellas y me convencieron de que mi amigo no podía recordar los episodios más duros de la vida de su madre simplemente porque, cuando ocurrieron, él era demasiado niño para poder recordar nada.

Algo hay que hacer, no es admisible que en el siglo XXI nuestras abogadas tengan que dar a luz en semejantes condiciones, es imperativo resolver esta cuestión.

He pedido ayuda a compañeras abogadas que acaban de ser madres. Son abogadas y nadie mejor que ellas conoce el oficio este de hacer e interpretar leyes, son madres y conocen muy bien la dura condición de madres, son madres y abogadas y por eso no creo que haya nadie más capacitado que ellas para escribir el texto de una ley que remedie la situación en la que hasta ahora vienen dando a luz las abogadas.

Este es el texto de la propuesta de ley que han redactado, útil también para los casos de enfermedad de los abogados y abogadas, ahora se trata de que tú lo leas y propongas mejoras en su redacción o hagas sugerencias si las tienes. El tiempo de quejarse y no actuar ya pasó, eres abogado o abogada y de esto entiendes, no tienes excusa.

Luego llevaremos el texto a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso para que lo tramiten como una proposición de ley y ese será el momento en el que volveremos a pedirte ayuda, pero, no lo dudes, esta injusticia, si tú quieres, tiene los meses contados.

Venga, es por ellas y por todos.

Una mentira despreciable

Desde 2012 el gobierno ha ingresado más de 1.000.000.000€ (mil millones de euros) por efecto de las tasas judiciales y ni un sólo euro ha sido destinado a justicia gratuita conforme le obligaba la ley de tasas. A pesar de ello este año seguirá sin actualizar baremos a los abogados del turno de oficio del Territorio Común (a pesar de que ha ingresado 38.000.000€ por tasas en 2017) cuando, si destinase el dinero recaudado a lo que la ley establece (justicia gratuita) simplemente podría doblar la retribución. Incluso doblando la retribución, tras 22 años de abandono, ni siquiera equipararía el territorio común a otras comunidades autónomas pues, en bastantes casos, se percibe menos de un tercio que ellas. La vergüenza y el desprecio son intolerables. ¿No les parece que es tiempo de hacer algo?