Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

¿Hay muchos abogados en España?

La afirmación de que en España hay demasiados abogados reaparece con extraña regularidad en las noticias; sin embargo, esta especie de serpiente de verano jurídica, ni es una novedad ni, hasta la fecha, la he visto apoyada sobre un estudio serio y que tome en cuenta todos los parámetros necesarios —no siempre económicos— que deberían ser considerados antes de efectuarla.

Sí, la afirmación de que «hay demasiados abogados», es un tópico clásico de la civilización occidental en relación con nuestra profesión que se repite cíclicamente; de hecho creo que, en los más de treinta años que llevo ejerciendo, nunca he dejado de escucharla.

Las quejas sobre el exceso de abogados fueron corrientes ya en la Inglaterra y en los Estados Unidos de 1840, por ejemplo; también en la Alemania de la primera década del siglo XX; en Australia, Canada, los Estados Unidos y Escocia en la década de los ochenta del siglo pasado…, etc.1 No estamos pues ante una afirmación novedosa ni que responda a criterios científicos, pues parece válida para cualquier tiempo y lugar. Esta afirmación, más que con consideraciones económicas o jurídicas, parece tener que ver con ciertos lugares comunes negativos que la sociedad suele tener sobre la profesión de abogado.

La afirmación, además, no suele ser neutra ni imparcial y, cuando se hace, es bueno analizar cuidadosamente las características de su emisor pues puede que la misma, lejos de ser un diagnóstico de una situación real, no sea más que un ardid o engaño para arrimar el ascua a su sardina o, como más elegantemente dicen los abogados, sea un simple argumento «pro domo sua».

Reducir el número de abogados en el mercado es bueno, en primer lugar, para quienes ya están suficientemente establecidos en él: una menor oferta hace subir los precios y por ende los beneficios. ¿Alguien cree que detrás del endurecimiento de los requisitos de acceso a la abogacía no se esconde una porción de ese deseo de reducir la oferta de letrados con la vista puesta en una mayor cuota de mercado para los ya establecidos?.

Reducir la oferta de letrados, en segundo lugar, es bueno para quien desee reducir o recortar los derechos de la ciudadanía. Los abogados facultan a los ciudadanos para defender sus derechos individuales frente al poder (los «empoderan» que diría algún moderno); cuanto más caro o difícil sea acceder a un letrado tanto más complicado será oponerse a un abuso o restricción de derechos2. Toda la batalla que los bancos están dando ahora en relación a las costas sólo tiene un sentido: hacer antieconómico para letrados y clientes reclamar por las cláusulas nulas en los casos de pequeña cuantía de forma que los bancos puedan lucrarse impunemente por sus abusos-masa. Alejar los juzgados de los administrados (juzgados únicos provinciales hipotecarios) tiene el mismo efecto: encarecer para el ciudadano y su letrado el procedimiento y favorecer el enriquecimiento abusivo de los bancos; del mismo modo colapsar deliberadamente esos juzgados prolonga en el tiempo los procedimientos y disuade al consumidor. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan?

Reducir la oferta de letrados favorece, en tercer lugar, el control de la independencia real de los letrados. Si la abogacía, en lugar de estar compuesta por un 85% de letrados independientes, lo estuviera por tan sólo doscientos o trescientos grandes bufetes para quienes trabajasen el 85% de los abogados, tengan por seguro que procedimientos como el de las cláusulas suelo serían muchísimo más difíciles pues, en la generalidad de los casos, estos despachos tendrían como cliente principal a alguna gran corporación o banco que dificultaría que el despacho trabajase con la deseable independencia en contra de sus intereses.

En realidad el número deseable de abogados tan sólo está en relación con un indicador: el número de injusticias que se cometen en un país. El trabajo de los abogados es remediar injusticias y su número será mucho o poco tan sólo en función del número de injusticias que se hayan de remediar.

Para tener una idea aproximada veamos las tasas de litigiosidad en España y pongámoslas en conexión con el número de abogados ejercientes.

Conforme a las estadísticas publicadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) la tasa de litigiosidad (casos ingresados por cada mil habitantes) en la jurisdicción civil es de 47,7 casos. Si tal afirmación es cierta eso supondría aproximadamente un total de 150.000 casos civiles anuales ingresados y, si consideramos que todos esos casos fuesen simples casos de juicios verbales en los que tan sólo pudiese cobrar el abogado el mínimo imprescindible, resultaría que la facturación estimada de tal mercado estaría en torno a los 1.600 millones de euros y esto en el caso más restrictivo pues ustedes saben que no solo de procedimientos verbales de ínfima cuantía vive el hombre. Si dividimos el mercado civil así considerado (juicio verbal, cuantía ínfima, un solo letrado por caso ingresado) entre los 150.000 letrados teóricos de España a cada uno corresponderían unos ingresos de 10.000€. Parece poco pero es que hemos calculado en las peores condiciones, incluso considerando que en un juicio sólo hay un letrado (lo racional sería duplicar esos diez mil euros).

Ahora bien, si la tasa de litigiosidad civil es de 47.7 casos, la tasa de litigiosidad penal es de ¡67,5!, punto este en el que les dejo a ustedes calcular el tamaño mínimo del mercado en euros. En lo Contencioso la tasa es de 4,5 y en Social de 8,7.

¿Sobran abogados? Pues… a juzgar por las cifras crudas, en un primer vistazo parece que no, aunque, claro, nunca hay mercado que soporte una intervención insidiosa. Veámoslo.

Una forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados es proclamar un amplio derecho a la justicia gratuita que alcance a grandes capas de la población y luego pagar esos servicios a 2€/hora, por ejemplo. Si se hace esto se está operando sobre el mercado forzando una bajada artificial de los precios de los servicios sin que la CNMC parezca tener nada que decir al respecto en este caso. Pagar con justicia a los abogados de oficio no es sólo una exigencia de los abogados de oficio sino una demanda irrenunciable de la abogacía independiente si quiere poder sobrevivir.

Otra forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados y contraer el mercado es alejar las sedes judiciales del lugar donde viven los ciudadanos. Tal alejamiento encarece los servicios para los ciudadanos pues los letrados, necesariamente, habrán de minutar los gastos de desplazamiento mientras, bancos y empresas grandes, verán cómo sus gastos se reducen al litigar en el foro donde suelen tener sus despachos: la capital de provincia. Esta maniobra de concentración de juzgados es quizá una de las más siniestras estrategias de los diversos gobiernos para cercenar los derechos de los consumidores, para favorecer a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos y para atentar contra la independencia judicial, pero todo eso para dos o tres posts. Simplemente permítanme dejar aquí anotado este efecto pernicioso para el mercado de servicios jurídicos.

La política de costas es otra forma eficaz a través de la cual el poder restringe el acceso a la justicia. Siempre favoreciendo a bancos y grandes empresas (las costas en los procesos ejecutivos o hipotecarios se embargan desde el primer día) los poderes públicos se han protegido en la jurisdicción contenciosa con un estricto sistema de costas mientras los bancos —y de forma siniestra la propia abogacía— buscan cómo modificar las costas en la jurisdicción ordinaria en su beneficio y en perjuicio de los consumidores.

Así pues ¿sobran abogados?. No deberían sobrar pero, si no tomamos en nuestras manos las riendas de la situación y corregimos los abusos que desde el poder se están llevando a cabo contra la abogacía, pronto sí que sobrarán y sobrarán muchos. Las artificiales condiciones del mercado hacen que, en tanto que hay un importante incremento en la demanda de servicios jurídicos, el precio de los mismos caiga fortísimamente, una paradoja que convendría estudiar seriamente.

Por el momento baste señalar que la afirmación de que «hay muchos abogados» debe ser tomada a beneficio de inventario pues no se apoya en ningún estudio serio, debe señalarse también que que el estado interviene en los precios a través de su política de justicia gratuita, de planta judicial, de costas judiciales, de forma que sienta las bases para hacerle un ERE de dimensiones inauditas a la abogacía independiente en favor de la abogacía negocio.

Mientras la abogacía independiente está en peligro de muerte el Consejo General de la Abogacía Española se reúne de urgencia elndía 7 en pleno monográfico para hablar del control horario en los despachos y de la postura contraria al mismo de los grandes despachos y del propio CGAE. Nada de turno de oficio o de precarización de la profesión, lo urgente es defender los intereses de los grandes despachos.

Yo que tú no dejaría mi futuro en sus manos y me organizaría.


  1. Abel, England and Wales, 37; Gerald W. Gawalt, “Sources of Anti-Lawyer Sentiment in Massachusetts, 1740–1840,” in Essays in Nineteenth-Century American Legal History, ed. Wythe Holt, 624–648 (Westport, CT: Greenwood Press, 1976), 624–625; Blankenburg, 127; Weisbrot, 246; Arthurs, 128; Marc Galanter, “Predators and Parasites: Lawyer-Bashing and Civil Justice, ” 28 Ga. L. Rev. 633, 644–648 (1994); Stephen D. Easton, “Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,” Wall Street Journal, 27 November 1984; Gerry Spence, With Justice For None: Destroying An American Myth (New York: Times Books, 1989), 27–40; Paterson, 76; todos ellos citados en wikipedia, bajo la voz «Lawyer». ↩︎
  2. Stephen D. Easton, “Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,” Wall Street Journal, 27 November 1984. Este artículo refuta la queja generalizada de que hay demasiados abogados en los Estados Unidos, señalando que, en aquellos países donde hay menos abogados, como Japón, a los demandantes les resulta virtualmente imposible llevar adelante con éxito sus reclamaciones simplemente porque el número de letrados es insuficiente. El artículo señala que incluso los casos de muerte por negligencia con pruebas claras de culpa pueden prolongarse durante décadas en Japón (¿les suena?). Por lo tanto —concluye el autor— cualquier reducción en el número de abogados resultaría en una reducción de la aplicación de los derechos individuales. ↩︎

Unidades didácticas

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la instintiva sensación de que pretenden engañarme. ¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que me explique. Cuando yo era niño, además de la asignatura de «Unidades Didácticas» que da nombre a este post, formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del espíritu nacional». A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaban particularmente curiosas aquellas organizaciones que el régimen llamaba «sindicatos».

Los sindicatos del franquismo a mí me resultaban particularmente sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iba a reclamar un sindicato de esos un aumento de sueldo para los trabajadores, pero lo cierto es que así era, aunque es verdad que ya funcionaban en la semiclandestinidad e incluso a veces incrustadas en el propio sindicato vertical (así llamaba el franquismo a este tipo de sindicatos) las Comisiones Obreras; el sindicato que hoy conocemos.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores y sí solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Esa reunión de trabajadores tenía unos efectos jurídicos parecidos a los de algún reciente «congreso» de la abogacía. Perdónenme, son recuerdos y me desvío del tema.

Aquella democracia «orgánica» y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hoy leo en la prensa que el Consejo General de la Abogacía se va a reunir de urgencia para estudiar la ley que obliga a controlar el horario en la jornada laboral de los trabajadoresy, como por arte de magia, la idea y el recuerdo de los sindicatos verticales me ha vuelto a la memoria, pues ¿por qué tendría que opinar nada CGAE en ese punto?

La ley de control horario se ha establecido para que no se explote a los trabajadores haciéndoles prestar interminables jornadas llenas de horas extra; medida esta que, a priori, favorecería a los más de 7.000 abogados que trabajan para los poco más de 250 grandes despachos que hay en España.

Dado que esos 7.000 abogados pagan sus cuotas religiosamente en sus colegios y en la misma cantidad que los accionistas de los 250 despachos ¿con quién o contra quién debiera posicionarse CGAE?

CGAE ya ha dejado ver en el simulacro de congreso de Valladolid que se opone a la ley y apuesta por los empleadores y, si lo hace así, ¿quién defenderá entonces a los empleados, tan abogados colegiados como sus jefes y aun mayoritarios numéricamente?.

CGAE parece que no se harta de pretender ser el bebé en el bautizo y el muerto en el entierro, ha decidido ahora ejercer de sindicato vertical y no les extrañe que, si alguien protesta por su decisión, le acusen, en el más rancio estilo verticalista, de tratar de romper la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es lo que hacía el viejo sindicato vertical; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si esta, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Por eso, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle: ¿Unidad en torno a qué? Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Las demandas de estos abogados trabajadores son perfectamente
canalizables a través de los sindicatos (¿para cuando sindicatos de abogados como en Francia?) y las demandas de sus empleadores tienen su cauce en las asociaciones patronales pertinentes. ¿Qué pinta CGAE en este entuerto? ¿Pretende ejercer de sindicato vertical? ¿Por qué se
posicionó ya en Valladolid, sin pleno ni nada, a favor de los 250 y en contra de los 7.000?

Miren, los colegios nacieron con unas funciones de control deontológico y prestación del turno de oficio muy meritorias. Son esas dos funciones su razón de ser y no esta cabalgata de ferias, fiestas, saraos, contratos, convenios, viajes y dietas que vivimos con continuidad. Los colegios ni la organización colegial fueron creados para eso sino para cumplir sus funciones estatutarias. La unidad es perfectamente mantenible en tanto en cuanto la organización colegial cumpla sus obligaciones estatutarias, en el resto pedir unidad puede incluso ser una traición a los propios principios. Los despachos/negocio o los empresarios tienen una visión diametralmente opuesta a la de de los despachos independientes o los abogados asalariados ¿de qué unidad estamos hablando aquí?.

Puede haber unidad, sin duda, en cuanto a la prestación de la función deontológica o de organización del turno de oficio de los colegios; pero ni puede haberla, ni es bueno que la haya, ni la va a haber entre el criterio de los 7.000 abogados trabajadores y sus 250 bufetes empleadores. Unidad si pero coartadas no: las unidades se forjan en torno a las ideas, no a las personas, y hasta ahora muy pocas ideas he visto en CGAE que merezcan adhesión y sí muchos —demasiados— hechos censurables. Si CGAE se gasta un millón de euros en un Congreso que no cumple con lo ordenado por el propio Estatuto General de la Abogacía, que no pida unidad, porque pedir unidad ahí es
pretender complicidad. Si CGAE ovaciona ministros que no pagan el
turno de oficio, que no pida unidad porque, al menos yo, no voy a aplaudir ni festejar a quien maltrata a mis compañeros. Por eso, tengan cuidado cuando alguien les pida «unidad» porque, muy
probablemente, tras engañarle lo que le está pidiendo es que se calle.

La unidad, que puede ser un valor, en manos de la mafia es omertá y en manos de algunos dirigentes es coartada; por tanto, cuidado con ella y cuando le pidan unidad pregunte usted: ¿en torno a qué?.

Creo que ningún llamamiento a la unidad me enseñó tanto como aquellos llamamientos a la «unidad» que se hacían desde los sindicatos verticales por aquellos ministros. Llamar a la unidad cada vez que alguien reivindicaba algo era una ilustración perfecta de esto que les cuento, tanto que creo que justamente tañes llamadas a la unidad fueron «las auténticas unidades didácticas» del régimen.


  1. Según el barómetro interno de la
    abogacía de 2015
    , los llamados «grandes despachos» emplean a unos
    7.000 abogados y sólo una decena supera los 250 letrados en plantilla.
    En España hay actualmente casi 150.000 abogados y, además, otros
    100.000 colegiados no ejercientes. Esta es una profesión muy plural,
    pero en la mayoría de los casos, el 71 por ciento, estamos hablando de
    despachos unipersonales o, como mucho, compartidos con otros
    compañeros. ↩︎

Abogacía y honorarios

La justicia y el dinero nunca se llevaron bien y es comprensible: hay cosas que no se pueden comprar ni vender y una de ellas es la justicia.

Ustedes entienden perfectamente que si un juez vende el sentido de su sentencia se le conduzca a prisión, como entienden también algo que no entendió cierto ministro cuyo nombre es mejor olvidar: que no puede condicionarse el acceso a la justicia al pago de inicuas cantidades de dinero.

No, la justicia no es un negocio, el establecimiento de la justicia es la primera razón que los constituyentes españoles esgrimieron para redactar nuestra constitución y por eso las leyes del mercado, del beneficio económico, ceden ante ella. Sólo los esclavos compran la libertad, sólo los malvados venden la justicia; no, hay cosas a las que aplicar el credo de la oferta y la demanda es delito de simonía.

El problema es que la confrontación entre justicia y dinero alcanzó desde antiguo al campo de la abogacía y no parece que dicha confrontación haya sido resuelta nunca satisfactoriamente. Déjenme que les cuente algunas historias que quizá ilustren lo que digo.

Para un romano clásico nada había más sucio y repugnante que poner la elocuencia al servicio del dinero y no de la verdad. Si alguien lo hacía era calificado de vox mercenaria y perdía de forma automática toda su credibilidad. A la vieja virtud romana no le gustaban esos peritos que hoy, por un poco de dinero, pueden defender una cosa y la contraria; pero tampoco le gustaban los abogados que ponían sus servicios al servicio del dinero y no del ius.

Eran otros tiempos, califíquenlos ustedes de mejores o peores.

A tanto llegó el celo romano en este punto que un senador romano de los siglos III-II AEC, Lucius Cincius Alimentus, consiguió aprobar una ley que prohibía que los abogados cobrasen.

Un vecino de mi ciudad que ejerció de abogado en Roma, Marcus Oppius, tuvo como contemporáneo a un tal Marco Tulio Cicerón, de oficio abogado y de los buenos, que legó a la posteridad la composición exacta de la minuta de honorarios de un abogado cuando nos enseñó que la verdadera retribución de los abogados se compone de tres partidas ninguna de las cuales permite vivir, por cierto: la admiración de los oyentes, el agradecimiento del cliente y la esperanza de los agraviados.

¿Cómo cobraba un abogado clásico romano? Bueno, la realidad es que no cobraba pero, y aquí está el truco, si admitía los regalos que el cliente satisfecho le hacía en honor a los servicios prestados. A estos bienes que se le entregaban en agradecimiento, en honor, a los servicios prestados se les llama por eso honorarios. Los abogados no cobramos salario, sueldos, obvenciones, ni mucho menos coimas ni mamandurrias; el dinero que un abogado gana legítimamente se llama honorario y no por casualidad.

Han pasado veintitrés siglos desde que Lucius Cincius Alimentus y el senado romano prohibiesen cobrar a los abogados y el asunto de los honorarios de estos sigue presente porque, de la vieja virtud romana hemos pasado exactamente al polo opuesto. A nadie parece preocuparle ya la existencia de voces mercenarias ni de que la justicia pueda convertirse en una mercancía sujeta a las reglas de la oferta y la demanda. Cuando los economistas y las Comisiones de Defensa de la Competencia hablan de los honorarios de los abogados la justicia es un concepto que no figura en su vocabulario. Cuando no conoces más herramienta que el martillo todos los problemas te parecen un clavo y esto pasa a estos apparátchiki que, armados tan sólo de su credo económico, todas las relaciones humanas les parecen tan solo transacciones económicas.

Vivimos una época de precarización en la abogacía, a los gobiernos no le preocupa que se ofrezcan divorcios a 150€, les parece la consecuencia natural y deseable del juego de la oferta y la demanda; ni se preguntan si con 150€ el administrado podrá gozar de la dirección jurídica adecuada.

A los gobiernos no parece importarles si las personas encuentran justicia, si los enfermos sobreviven en la privada o si las casas se caen, lo que parece importarles es que el dinero, el stercore diaboli del Papa Francisco, fluya con arreglo al credo y al dogma de la oferta y la demanda.

Pero nosotros somos abogados, no economistas, y a nosotros nos toca defender eso que nos enseñó Cicerón: la esperanza de los agraviados. Y nosotros sabemos que la uberización de la justicia no beneficia a los ciudadanos ni a nuestro país, y que, en el fondo, no es más que la vía para conseguir una justicia de dos velocidades, la de los ricos con acceso a grandes bufetes-negocio y la de los pobres atados a una dirección letrada en perenne estado de precariedad.

En otro tiempo podríamos haber confiado en que nuestra representación corporativa habría defendido a la abogacía-justicia
frente a la abogacía-negocio pero hoy ya no podemos confiar en ello.

En nuestras corporaciones, como en los viejos sindicatos verticales del franquismo, conviven los empresarios con los trabajadores, los bufetes grandes y los pequeños y, como en los viejos sindicatos verticales, son los empresarios los que se imponen a los trabajadores y los bufetes grandes a los pequeños. Nuestra representación corporativa representa a unos más que a otros. Los despachos pequeños, los despachos-justicia, somos el 85% de la abogacía española y ocupamos una cuota de mercado que los pocos pero grandes bufetes-negocio necesitan para crecer. El espectáculo, bochornoso en muchos aspectos, que hemos visto recientemente en Valladolid nos ilustra muy bien de qué lado están nuestras instituciones corporativas y nos dejan muy claro a los bufetes pequeños qué podemos esperar de ellas en el futuro.

No obstante todavía somos el 85% de la profesión, todavía podemos dar la batalla y todavía encarnamos las esperanzas de justicia de una población que es la primera razón para que esta profesión se siga ejerciendo dentro de un determinado marco ético.

Se acabó el tiempo de confiar en la abogacía institucional, empieza el tiempo de que tomemos el futuro en nuestras manos y que hagamos posible que las esperanzas de justicia de todos aún tengan donde apoyarse.

Es tiempo de organizarse.

Inteligencia Artificial y estupidez humana

La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Cuando se habla de la Inteligencia Artificial y sus peligros, el cine y la televisión suelen mostrarnos máquinas o robots de aspecto humano que, de pronto, adquieren sentimientos y se rebelan contra su creador o se enamoran de él, dependiendo de la mayor o menor imaginación del guionista. Este recurso cinematográfico confunde inteligencia con conciencia, pero no dejes que la realidad te estropee un buen guión.

Puede ser que en algún momento del futuro las máquinas adquieran conciencia pero para eso falta mucho y antes hay un período verdaderamente peligroso que es al que nos enfrentamos y del que no estoy seguro si la sociedad ni los abogados tienen conciencia plena.

Voy a repetir el primer párrafo de este post: La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Lo peligroso de la Inteligencia Artificial no es que se rebele contra su dueño sino justamente lo contrario, que le obedecerá ciegamente y dotará a su propietario, una minoría poderosa, de un poder como nunca se ha visto en la historia del género humano. Si quieren un símil esto es como cuando en el siglo XIX unos cientos de ingleses se apoderaban de extensiones enormes de África usando sus ametralladoras Maxim contra miles de aborígenes armados con lanza.

La Inteligencia Artificial ha venido aquí para quedarse y no se trata de limitar su crecimiento, se trata de precavernos del mal uso que los pocos que controlen esta tecnología pueden hacer de ella.

A ver cómo se lo explico, una impresora inteligente no se va a rebelar contra su dueño o se va a enamorar del escáner; lo que sí puede hacer esa impresora inteligente es ajustar el consumo de tinta, aprender sus errores más comunes a la hora de introducir el papel, predecir si usted quiere imprimir en formato recto, apaisado, por las dos caras… Pero también comunicar a su fabricante cuanto trabajo imprime usted al mes, si usted se dedica al derecho civil o al penal, si usted se demora en el cambio del tóner y si hay indicios de que usted pasa por apuros económicos… Y esto no es nada pero el Internet de las Cosas, el Big Data y la Inteligencia Artificial simplemente dotarán a quienes los posean de un poder asombroso y, convénzase, aunque le hablen a usted de transformarse o le lleven a bailar con un robot, ni usted ni yo vamos a ser quienes controlen esas tecnologías en su versión más avanzada.

Quien, por ejemplo, controla tecnologías es el Banco de Santander (por cierto, le vi como espónsor de la Feria esa de la Abogacía de Valladolid) quienes no las controlan son esos tres mil quinientos empleados afectados por el ERE que acaba de presentar.

La Europa Medieval fue un fenómeno de acumulación de tierras (el principal activo) en manos de unas pocas familias; la revolución industrial fue un fenómeno de acumulación de capitales en manos de una minoría (los capitalistas) y la revolución tecnológica es un proceso de acumulación de tecnologías y de información en manos de una élite. Tanto la Europa Feudal, como la Europa Industrial sufrieron fuertes crisis y revoluciones que trataron de redistribuir la riqueza; tengamos cuidado porque en la Revolución Tecnológica todo va mucho más rápido.

Muchos científicos y personalidades relevantes del mundo de la Revolución Tecnológica contemplan como seguro un mundo donde habrá un importante excedente de mano de obra y, recurrentemente, aluden a una Renta Básica Universal (Zuckerberg) que permita sobrevivir a todos. En ese futuro de Zuckerberg y otros todos sobreviviremos pero seremos simplemente irrelevantes y todo el pastel se lo comerán unas pocas compañías y, en nuestro sector, unos pocos bufetes/negocio multinacionales.

No, créanme, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la estupidez humana. Vamos hacia una nueva sociedad donde el riesgo de control de los muchos por unos pocos es de una dimensión nunca vista. Ese riesgo puede ser conjurado ahora, no limitando los avances en Inteligencia Artificial sino democratizándola.

El Consejo General de la Abogacía Española acaba de aprobar a espaldas de los abogados españoles un código deontológico que, en lugar de adelantarse a las tensiones del sector, nace viejo y caduco. Es con estas herramientas con las que se puede prever y regular el futuro pero, para eso, al menos hay que tratar de prever el futuro.

Nadie está en posesión de la verdad (dicen que dios es demócrata y repartió estupidez e inteligencia a partes más o menos iguales) por eso lo mejor es escuchar al mayor número posible de voces (un informático diría que las sociedades procesan datos como organismo) pero, la pequeña élite que controla nuestro Consejo General de la Abogacía Española, ni admite consejos, ni lo hace de forma general si lo hace, ni mucho menos los admite de la abogacía española a la que impide participar en la redacción de los textos que la afectan. De forma que en muy poco tiempo esa pequeña élite ha logrado que este CGAE ni sea Consejo, ni sea General, ni sea de la Abogacía Española.

Este tipo de corporaciones que funcionan así, de espaldas sus miembros, son justo lo menos indicado para afrontar el futuro. No creo que podamos esperar mucho de ellos, así más vale que te organices y tomes tu futuro en tus manos. Con inteligencia humana.

La belleza como atenuante

Cuando percibimos una característica positiva en un individuo tendemos a hacer extensivo nuestro juicio positivo a otras cualidades que nada tienen que ver con la primera. Este sesgo lo descubrió un científico norteamericano, Edward Lee Thorndike, y lo confirmó experimentando cómo valoraban los oficiales del ejército a sus soldados. Thorndike se percató de que, cuando la opinión que el oficial tenía del soldado era globalmente positiva también tendía a valorar positivamente el resto de facetas de su personalidad. A este sesgo se le llamó «Efecto Halo» y es especialmente interesante cuando es referido a la belleza.

Experimentos científicos han demostrado que cuando percibimos como bella a una persona tendemos a juzgar positivamente el resto de facetas de su personalidad; por ejemplo, en un famoso experimento se mostró a los participantes un manuscrito pésimamente redactado y lleno de faltas de ortografía y luego se mostraba la fotografía de la supuesta autora del texto. En el experimento se mostraban tres fotografías: la de una persona bella, la de una más bien normal y la de otra decididamente poco agraciada y se pedía acto seguido a los participantes en el experimento que calificasen la calidad del escrito. Los/las participantes en el experimento juzgaron benévolamente los textos supuestamente escritos por personas bellas (en torno al 5), algo más severamente al de las personas normales (en torno al 4) y decididamente mal al de las personas poco agraciadas (un 2).

En lo que a los abogados afecta es interesante contar que se han hecho experimentos científicos para estudiar la influencia de la belleza en los veredictos judiciales.

En 1974 Efran, (Efran, M. G. (1974), “The Effect of Physical Appearance on the Judgment of Guilt, Interpersonal Attraction, and Severity of Recommended Punishment in Simulated Jury Task”, Journal of Research in Personality, 8: 45–54, doi:10.1016/0092-6566(74)90044-0.) llevó a cabo un interesante experimento —al que siguieron muchos otros— en el que constató que, estadísticamente, los autores/as de delitos recibían condenas menos severas si su apariencia era atractiva. Incluso, en experimentos llevados a cabo con trabajadores sociales, se observó que estos atribuían mayores posibilidades de reinserción a las personas con mejor apariencia.

Sin embargo no siempre la belleza es tratada positivamente, hay un delito en que se la juzga peyorativamente: la estafa. Si el juzgador o jurado percibe que en el engaño pudo influir la belleza, entonces mejor es parecer un sujeto feo al juez.

Así pues, ahora que la inteligencia artificial hace pronósticos sobre los resultados de los procesos judiciales aquí tiene un dato más a considerar: la belleza. También las corporaciones, porque una persona física no puede cambiar su aspecto, pero una persona jurídica puede incluso adecuar sus representantes legales a los gustos del jurado o juez (cuando de dinero se trata los bancos son capaces de todo) y, quizá, gracias a estos estudios esté justificado eso que usted dice a sus clientes cuando los citan para juicio y él acude a su despacho con pantalón corto, chanclas y camiseta de tirantas: «oye, Fulano, al juicio vete algo más arreglaíco».

Si quieres ser abogado déjalo ahora: no tienes ninguna oportunidad.

Por lo que veo no he logrado convencerte, joven amigo, y sigues empeñado en ser abogado. Te ha gustado todo eso que te conté ayer de la ética y de que ser abogado era una forma de vida; veo que tienes buena pasta, pero no te engañes: no vas a ser un abogado de esos de que te he hablado porque, simplemente, no tienes la más mínima oportunidad.

Hoy, en España, el 85% de los abogados forman parte de esa república de que te he hablé ayer pero ese tiempo ha llegado a su fin.

Ha llegado a su fin porque a los gobiernos no les importa tanto la justicia como desregular la profesión, de forma que se establezca una guerra de precios que no permita la supervivencia de este tipo de despachos más que de forma residual. Supongo que ya habrás visto publicidad de divorcios a 150€ (¿tú crees que se puede asesorar y dirigir debidamente un proceso de esta especie por 150€?) y habrás visto también aplicaciones en las que se subastan procedimientos al abogado que ofrezca llevarlos más barato. ¿Crees que a los gobiernos les preocupa si se pueden llevar o no dignamente asesinatos o ejecuciones hipotecarias a 300€? ¿Crees que les preocupa que ejecutante y ejecutado dispongan de una dirección letrada de calidad pareja? ¿Crees que esto es visto con malos ojos por los gobiernos o los dirigentes del Consejo General de la Abogacía Española?

Te daré un dato: en el último «congreso» (nota las comillas joven amigo) el CGAE, en lugar de tratar de buscar una regulación adecuada para estas aplicaciones, ha convocado un hackaton afortunadamente con escaso éxito de participación. Como ves no puedes esperar mucho, ni del gobierno ni de tus representantes, que, no lo olvides, no sólo representan esa forma que amas del ejercicio profesional, representan también a los grandes despachos y a la abogacía-negocio.

No me entiendas mal: la libre competencia es buena, más que buena imprescindible. La libre concurrencia abarata —sin duda— los servicios de los abogados, pero, si estamos de acuerdo en que el dinero no es el primer objetivo de nuestra profesión sino la defensa de los derechos de los ciudadanos, el gobierno y nuestros representantes deberían establecer unas justas reglas del juego, priorizando la justicia frente al precio y adoptando algunas —mínimas— medidas complementarias, salvo —claro está— que quieran beneficiar a un tipo muy concreto de despachos (los despachos-negocio), despachos estos expertos, por cierto, en las tareas de lobby y en subvencionar congresos y saraos a los que siempre son invitados, adivina quiénes, joven amigo.

No creo que nadie entendiese que una clínica privada pudiera ofertar apendicectomías a 150€ o que, en el mercado del medicamento, no hubiese más criterio de regulación que el del negocio y el precio. Los abogados no curamos a nadie de una afección cardíaca pero por nuestras manos pasan la libertad de las personas o el futuro de muchos menores, por ejemplo; quizá no nos juguemos la muerte de nuestros clientes pero sí que nos jugamos su vida.

El gobierno y nuestros representantes no están por ti ni por mí, joven amigo, no están por la defensa de la profesión de que te hablé ayer y, por eso, el avance de una profesión mercantilizada se produce en los últimos años a pasos agigantados. Los procedimientos que afectan a multitud de afectados son un caramelo demasiado dulce para que los fondos de inversión y los bufetes-negocio extranjeros no se hayan fijado en ellos. No te estoy hablando de ciencia-ficción, amigo, te estoy hablando de algo que vamos a ver en los próximos meses o años.

A día de hoy, joven amigo, nadie cuida de esa profesión de la que aspiras a ser parte, déjame que te dé unos datos:

-Si eres abogada y vas a ser madre o si, simplemente, tienes una grave enfermedad, nadie detendrá siquiera mínimamente los plazos procesales: tu enfermedad te deparará, además de sufrimiento, la pérdida de clientes y deudas en forma de responsabilidad civil. Las
peticiones a todos los partidos han sido hechas y tus representantes no han pedido nada distinto de lo que ya existe en la ley.

-Tu trabajo como abogado de oficio para los más pobres, declarado obligatorio por el gobierno en connivencia con tus representantes, se paga a precios de esclavitud. El gobierno valora tu hora de trabajo apenas a dos euros, exige tu trabajo, y lo paga mal… cuando lo paga. Sin duda has visto en las redes manifestaciones de abogados en protesta por el turno de oficio. Habrás visto que colegios de aquí y de allá han organizado protestas y te habrás preguntado: si todos protestan, unos un día y otros otro, ¿por qué los representantes nacionales no convocan un único día de protesta o convocan huelga? Buena pregunta joven amigo, si encuentras una respuesta lógica dímela, yo aún no encuentro explicación salvo la connivencia cómplice o el Principio de Hanlon.

-Habrás visto que, cuando los abogados y abogadas claman por planificar políticas comunes frente a los impagos del turno de oficio, la falta de conciliación, la precarización de la profesión, la explotación de jóvenes abogados por los grandes despachos… los que dicen ser tus representantes organizan un «congreso» en Valladolid en el que hablan de músicas celestiales, tortas y pan pintados. En ese ¿congreso? La única manifestación visible fue la oposición de los grandes despachos y CGAE a las medidas de control de tiempo y exceso de horas extras tomadas por el gobierno. El turno de oficio sólo ha existido porque un puñado de profesionales dignos han llevado su protesta hasta allí.

-Habrás visto también que los abogados de esa clase que tú aspiras a ser no cuentan en absoluto para sus dirigentes: el «congreso», máximo órgano consultivo de la abogacía ha sido convertido, con clara infracción del Estatuto de la Abogacía, en una feria; el código deontológico, una eficaz herramienta para evitar que se acabe con esta forma de entender la profesión, ha sido modificado a espaldas de los abogados, sin periodo de información pública, sin recibir enmiendas más que de los pocos que se sientan en un oscuro sótano en el paseo de Recoletos. Pareciera que esos pocos entiendan que el resto de los abogados no tienen nada que aportar y olvidan así el primer mandamiento de la república de los abogados: que nadie es más que nadie, que en esta república todos somos lo mismo: abogados, desde la presidenta al último colegiado, y que prescindir de cualquiera de los miembros de esta república es desperdiciar la mayor riqueza que esta tiene: sus mujeres y hombres. La participación, tu participación, joven amigo, está en vías de extinción: si se aprueba el nuevo y ominoso estatuto de la abogacía por el que se pugna desde el sótano de Recoletos ya no tendrán ni que saltarse el Estatuto para convocar un Congreso donde nadie pueda hablar, pues ese tipo de Congresos, simplemente, habrá sido eliminado. Eso es lo que puedes esperar de un borrador estatuto redactado en 2013 y que, si entonces ya nació viejo, ahora es un atentado contra la profesión que amas.

No te engañes, pues: no tienes ninguna oportunidad. Aseguradoras, partidos, bancos, lobbys y hasta tus propios representantes (deliberadamente o por efecto de Hanlon) trabajan en la dirección contraria. No vengas pues, no tienes nada que hacer.

El 85% de los abogados de este país carecen de futuro. Son mayoría, sí, pero cada vez serán menos. El año que viene serán el 80% y en dos o tres años no llegarán al 60.

Por eso, joven amigo, si, a pesar de todo, aún persistes en la idea de ser un abogado de esos de los que te hablé ayer, tendrás que pelear por lo que quieres y tendrás que pelear ya, porque hoy somos el 85% y podemos dar la batalla pero cada vez seremos menos y pronto no podremos hacer nada.

Por eso, joven amigo, si quieres ser abogado, no puedes dejar tu futuro en manos de nadie sino tomarlo en las tuyas; por eso, cuando se hable de abogacía, no puedes dejar que nadie hable por ti —porque probablemente no hable en favor de lo que crees y amas— sino que debes ponerte en pie y dejar oír tu voz; por eso debes saber que nadie hará por ti lo que tú no hagas y que el tiempo de hacerlo es ya.

Por eso no mires alrededor y esperes que alguien empiece la acción, vienes a una profesión de héroes y has de acostumbrarte a pelear solo. No temas, tu acción es importante, siempre seremos unos cuantos los que te sigamos y ten fe en que la acción de unos pocos puede cambiar la historia. Y sobre todo no te quejes si el presente es malo, porque lo seguro, joven amigo, es que el mañana es tuyo.