Escritor de oficio

Escritor de oficio

La vida es impredecible, estudiamos y nos preparamos para desempeñar un oficio concreto pero, en última instancia, es la vida la que decide lo que finalmente seremos.

A mí, por ejemplo, la vida me hizo escritor.

Sí, a menudo escribo historias de ficción, historias de hombres que son injustamente acusados por crímenes que nunca cometieron pero hombres que, casi siempre, me estropean todo el trabajo al conformarse con cualquier condena que no les conduzca inmediatamente a prisión.

Es una pena.

Otras veces escribo historias reales, historias de hombres que son injustamente acusados por crímenes que nunca cometieron, hombres que, como los anteriores, muy a menudo me estropean todo el trabajo al conformarse, al igual que los otros, con cualquier condena que no les conduzca inmediatamente a prisión.

Es una pena aun mayor que la anterior

Mi drama como escritor es que rara vez estoy seguro de cuáles de las historias que escribo son reales o de ficción. Muchos escritores de mi gremio creen saber cuándo cuentan una historia real y cuándo ficticia y yo les admiro pues nunca he logrado estar absolutamente seguro de nada.

Cuando he creído saber con precisión lo ocurrido en realidad, circunstancias inesperadas me han sacado de mi error revelándome cuán vanidosa es la mente humana —en especial la mía— y cuánto ama sus propias conclusiones, a las que, como hijas suyas que son, juzga perfectas y sin error.

A lo largo de mucho más de treinta años he ido guardando y clasificando historias de ficción juzgadas como reales por mis lectores e historias reales juzgadas como de ficción por quienes forman mi audiencia. Nunca ha dejado de admirarme la rotundidad con que las personas erradas son capaces de expresar sus yerros. A veces leo sentencias rotundas, tan cargadas de razón como de errores y reflexiono largamente sobre la vanidad humana.

Porque en este particular mercado literario en que trabajo todos los autores tienen derecho a que su obra sea leída aunque, lamentablemente, que sea juzgada bien o mal, correcta o incorrectamente, catalogada como real o de ficción, es algo que no se garantiza en absoluto.

Es por eso que los hombres cuyas historias cuento, reales o ficticias —ellos sabrán— prefieren muy a menudo un mal liviano pactado que aguardar una opinión imprevisible.

Informática judicial española: caótica por diseño

Hace una semana les dije que una de las causas del caos informático de la administración de justicia española era la peculiar interpretación que, en los primeros años 90, el Tribunal Constitucional había hecho de la distribución de competencias que, en materia de justicia, establecía nuestra Constitución.

A fin de que sea comprensible para quienes no conocen el funcionamiento de la administración de justicia española voy a tratar de justificar mi afirmación de la manera más sencilla posible lo cual, necesariamente, hará que no sea rigurosa hasta el extremo, pero creo que será suficientemente ilustrativa.

Veamos…

Si a cualquiera de los españoles o españolas se les pregunta dónde está la justicia lo más probable es que señalen el edificio de los juzgados de su partido judicial. Y en parte es verdad, pero no del todo.

La justicia es uno de los tres poderes del estado, es el llamado poder judicial, pero nada o casi nada de lo que vulgarmente consideramos «justicia» es poder judicial sino que pertenece al gobierno.

Por ejemplo, el edificio de los juzgados no pertenece al poder judicial, sino al gobierno, del mismo modo que los funcionarios que trabajan dentro del juzgado no son funcionarios del poder judicial, sino del gobierno. Los jefes de estos funcionarios no son tampoco funcionarios del poder judicial sino que dependen del gobierno (sí, los letrados de la administración de justicia no son poder judicial sino poder ejecutivo) y del gobierno son también los muebles, ordenadores, sistemas informáticos y hasta el bolígrafo bic y los folios que el juez usa para tomar notas en sala. La silla donde se sienta y la pantalla que mira el juez son, por supuesto, también propiedad del poder ejecutivo.

Y si esto es así ¿Dónde está en España el Poder Judicial?

Pues… Única y exclusivamente dentro del cerebro del juez.

Este juez que no es jefe de los funcionarios que le asisten y no puede hacer nada por sí mismo salvo que lo pida al poder ejecutivo —al gobierno— es el último reducto del poder judicial, un reducto que desde hace unos 40 años viene siendo asediado por gobiernos que, sistemáticamente, le retiran competencias procesales para asignarlas a funcionarios del gobierno. Los gobiernos justifican este asedio con razones de «eficiencia» y de «mejor asignación de recursos» pero no se engañen, tras esa coartada, se oculta la voluntad perpetua y constante de los gobiernos de controlar al poder judicial.

Y ahora que ya saben cómo funciona la administración de justicia veamos como este funcionamiento ha dado lugar al caos informático que padece la justicia española.

Durante los años 80 nuestro país estaba adaptándose al novedoso estado de las autonomías que había diseñado la Constitución de 1978, la cual declaraba inequívocamente en su artículo 149.5⁰ que el estado tenía competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

Teóricamente la Administración de Justicia era competencia exclusiva del estado y no podía ser transferida a las comunidades autónomas.

Entonces ¿qué pasó?

Pues pasó que las comunidades autónomas se aprovecharon de esa avidez tradicional de los gobiernos por controlar la administración de justicia. Como les dije antes ni los juzgados, ni los funcionarios, ni los Letrados de la Administración de Justicia, ni el mobiliario ni los sistemas informáticos eran propiedad del Poder Judicial sino del gobierno y las comunidades autónomas razonaron con ingenio que, si todo eso no era poder judicial sino poder ejecutivo, sus competencias debían ser transferidas a las comunidades autónomas.

El debate llegó hasta el Tribunal Constitucional.

El gobierno central sostenía que la administración de justicia existente era verdaderamente la administración de justicia de que hablaba la Constitución; las comunidades autónomas sostenían justo lo contrario, que aquello no era administración de justicia sino unos medios que el gobierno disponía para «auxiliar» a la administración de justicia.

Finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que aquello era una administración de la administración de justicia y la competencia en materia de medios informáticos quedó en manos de las comunidades autónomas que tenían transferidas esta competencia.

Con las competencias transferidas las comunidades autónomas muy bien podían haber financiado un sistema informático común a todas de forma que todas contasen con el mismo sistema con un coste de tan solo una séptima parte.

Sin embargo nuestros políticos prefirieron otra solución: cada comunidad elaboró un sistema informático propio de forma que, el conjunto de España, gastó siete veces más dinero para conseguir no ya un sistema único sino siete sistemas distintos que, además, no se interconectaban bien.

Repitámoslo: hemos gastado más de siete veces el dinero necesario para conseguir no un sistema siete veces mejor, sino siete veces peor.

Nuestos políticos, en muchas encuestas, figuran como el primer problema al que hemos de hacer frente los españoles y, sin duda, si nos fijamos en barbaridades como estas, las encuestas tienen razón. Pero aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza por este desastre que ha estado en la raíz de algunos crímenes terribles debido a su ineficiencia.

Por eso les dije en el podcast anterior que los más de 400 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para reformas informáticas en nuestra administración de justicia serán tirados a la basura en gran parte, porque el diseño de nuestros sistemas informáticos presenta problemas insolubles de raíz, problemas que, al ser de naturaleza política, nadie quiere arreglar y es por eso que ya, de principio, los 400 millones se han repartido entre todas las administraciones causantes del desastre y, como el político español es el único animal que tropieza siete veces en la misma piedra, en lugar de arreglar un diseño defectuoso trataremos de hacerlo funcionar a base de parches y apaños que se venderán a la opinión pública con alharaca y estrépito de prodigios informáticos, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial y de todas esas pamplinas y humo con que nuestros políticos tratan de engañarnos y engañarse.

Nuestros sistemas informáticos judiciales son catastróficos por diseño pero eso no importa cuando de gastar se trata, aun cuando hayamos de gastar siete veces más para obtener una solución siete veces peor.

La semana que viene les espero. Ojalá esta les vaya bien.

Crónica de un fracaso informático anunciado

El Gobierno de España y los de las Comunidades Autónomas acaban de recibir dinero de Europa, un dinero que deben invertir principalmente en informática judicial y, claro, no caben en sí de gozo.

Más de cuatrocientos millones de euros van a poder gastarse nuestros políticos en tecnología, una cantidad que podría significar un fuerte salto adelante de la justicia española pero que, desafortunadamente, en sus manos, apenas si servirá para mitigar un poco el caos informático estructural que padecemos.

Pero, antes que nada, veamos primero cual es la situación que presenta la justicia española en este año 2022 y que causas nos han traído hasta aquí.

## Un caos informático

En primer lugar hay que subrayar algo que todos sabemos: la justicia española es un auténtico desbarajuste donde conviven multitud de sistemas informáticos que, a menudo, no se entienden entre sí.

Cómo y por qué se ha llegado a este desvarío se debe a varios factores fundamentales:

En primer lugar la distribución de competencias en materia de justicia que diseña en nuestra constitución y, sobre todo, la peculiar forma en que está distribución competencial fue interpretada por nuestro Tribunal Constitucional en los primeros 90 del siglo pasado.

En segundo lugar la absoluta incapacidad de nuestros políticos para entender cómo funcionan las nuevas tecnologías.

En tercer lugar el siempre interesado asesoramiento de las empresas cercanas al poder.

En cuarto lugar la indiscutible vigencia en España de las leyes de Kranzberg, en especial la cuarta, esa que nos enseña que, cuando de tecnología se trata, los criterios políticos acaban primando siempre sobre los puramente tecnológicos.

Y en quinto y último, pero no menos importante, lugar,  la voluntad perpetua y constante de los poderes ejecutivos nacional y autonómicos para controlar de la forma más intensa posible al poder judicial.

## Inexistencia de una visión compartida y honesta de lo que debe ser la administración de justicia en España.

Junto con el desbarajuste de sistemas informáticos que caracteriza a la justicia española, hay un segundo factor que determina que cualquier inversión económica en tecnologías este mayoritariamente abocada a ser un fracaso y, este, es el de la falta en nuestros representantes políticos de una visión compartida y honesta de lo que debe ser la administración de justicia en España.

Es triste decirlo pero es así.

Desde el famoso «Montesquieu ha muerto» que, con razón o sin ella, se dice que pronunció determinado personaje político en 1985, es lo cierto que los partidos que se han turnado en el poder han competido por ver cuál de los dos conseguía controlar mejor al poder judicial. El espectáculo es tal que, a día de hoy, los partidos en lo que de verdad se esfuerzan es en prevalecer en la lucha por los cargos que gobiernan el Poder Judicial mientras se aferran a un insostenible sistema de elección de vocales.

Si, ya sé que cada una de estas afirmaciones debe ser justificada, pero como no puedo alargar este podcast más allá de un tiempo razonable, les ruego que tengan paciencia: el próximo podcast ya está en el horno y espero ponerlo a su disposición tan pronto como la semana que viene.

Hasta entonces, que tengan una buena semana .


El mejor —y el mayor— bufete de España

El mejor (y mayor) bufete de abogados de España no es ninguno de los que salen en las páginas salmón de la prensa económica; tampoco es ninguno de esos que defienden a cprporaciones, bancos, fondos de inversión o grupos empresariales internacionales; ni, por supuesto, tampoco ninguno de esos bufetes que, con nombres en inglés, se dan una patina británica con abundante tramoya de company limited y alguna «et» (&) en su denominación social.

No, esos bufetes son sólo el 15% del mercado de los servicios jurídicos españoles.

Luego están los abogados importantes, los que defienden a los españoles, los que tratan a los clientes de uno en uno y no en rebaño, los que sacan las castañas del fuego a las personas de verdad (las físicas) y las que hacen posible que los habitantes de este país puedan tener derechos de verdad y no solo literatura jurídica.

Este bufete de los abogados independientes supone el 85% del mercado de los servicios jurídicos nacionales y son el mayor y, sin duda, también el mejor de los bufetes de abogados de España.

Ocurre, sin embargo, que esta forma de ejercicio profesional, en solitario o en pequeños despachos, supone para ellos una importante debilidad. Son extremadamente sensibles a las malas rachas económicas, carecen de recursos para realizar operaciones publicitarias a gran escala, no pueden coordinarse con la eficacia que lo hacen los «grandes» (nótense las comillas) despachos y, en general, en este momento apenas si se conforman con sobrevivir.

Es triste decirlo pero es así. En los albores del siglo XXI una forma de ejercicio profesional sobre la que descansan los derechos y libertades de los ciudadanos de España, que supone la última esperanza de igualdad de estos frente a las grandes corporaciones y que es una de las más importantes reservas éticas de la sociedad, se encuentra en franca recesión acosada por gobiernos, corporaciones y sedicentes grandes bufetes de accionariado, juniors y seniors.

A día de hoy estos abogados independientes son presa fácil de empresas que les ofrecen servicios de captación de clientes, mano de obra barata para atender las necesidades puntuales de bancos o aseguradoras y víctimas propiciatorias para cualquier nueva tropelía del gobierno, desde condenarles a trabajos forzados en el turno de oficio a negarles cualquier tipo de ayuda en caso de crisis.

A día de hoy todos los hermanos y hermanas de esta sagrada cofradía de los abogados y abogadas independientes se enfrentan con un bien disimulado temor al futuro, celebrando vivir al día y asumiendo que habrán de trabajar —si las cosas vienen bien dadas— hasta los 70 u 80 años porque de la Mutualidad esperan muy poco si no nada.

Es lo que hay: los miembros del mejor —y mayor— bufete de abogados de España enfrentan un futuro difícil con siniestros pronósticos.

Y eso no puede aceptarse.

Porque el mejor y mayor bufete de España es superior a cualquier a cualquier otra empresa de servicios jurídicos que puedan imaginar y, si el mayor de los grandes despachos tiene sucursales en las 52 capitales de provincia, el mejor y mayor bufete de España las tiene en los 433 partidos judiciales. Por eso los grandes despachos quieren menos sedes judiciales y los abogados independientes más. Porque unos defienden su negocio y no a la ciudadanía mientras que lls abogados independientes defienden su negocio, sí, pero también a la ciudadanía.

No, ningún «gran» (vuelvan a notar las comillas) bufete puede competir contra el mejor —y mayor— de los despachos y les temen. Les temen porque saben que si todo este potencial se organiza será virtualmente imparable y que, si bien antes esa organización era poco menos que imposible, ahora las más avanzadas tecnologías sí lo permiten.

Y piensan bien.

Es la hora de las organizaciones distribuidas como la abogacía independiente, es la hora de las redes de pares, es la hora de las estructuras descentralizadas y es la hora de los ciudadanos y no de las corporaciones.

La tecnología para organizar grandes redes distribuidas como las de la abogacía independiente están ya a nuestra disposición y exigen esfuerzo, pero nadie prometió que fuese fácil.

Creo que podemos empezar a explorar nuevos caminos a través de esas herramientas y a mí me apetece hacerlo.

Los planes están hechos y las herramientas a punto. Si a ti te apetece intentarlo déjame un comentario, me encantará trabajar contigo.

¿Hay trabajo para todos los abogados ejercientes?

Seguramente el post de ayer no estaría completo si, además de estudiar el lado de la oferta no estudiamos el lado de la demanda, esto es ¿cuánto trabajo genera la administración de justicia para los abogados?

Como veremos es extremadamente difícil dar una respuesta exacta con los datos en la mano de forma que, como pura aproximación, echaremos un vistazo a los datos que facilita el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actividad de juzgados y tribunales para obtener alguna orientación.

Observemos en primer lugar la actividad de la jurisdicción civil en el año 2020

Fig.1 Resumen de la carga y resolución de asuntos en la jurisdicción civil

Los datos que he decidido tomar en cuenta de este resumen es exclusivamente el de sentencias dictadas pues en tales procedimiento podemos estar casi seguros que al menos han intervenido dos abogados por sentencia. Es verdad que hay casos de rebeldía, pero también de litisconsorcio activo y pasivo de forma que un cálculo prudente arrojaría que las 570.251 dictadas han generado 1.140.502 intervenciones letrada. Muy probablemente sean bastantes más pero a los efectos de este post seremos prudentes.

La jurisdicción penal, por su parte, ofrece los siguientes datos según el CGPJ

Fig.2 Resumen de la carga y resolución de asuntos en la jurisdicción penal

En este caso hemos excluido de la base de cálculo las sentencias dictadas en los juzgados de instrucción y hemos considerado la intervención de un único abogado. Es evidente que puede haber pluralidad de acusados pero, insisto, dado que no hay cifras a ese respecto he optado por la cifra más conservadora y, conforme a los criterios anteriores, podemos concluir en que los datos anteriores nos dan un mínimo razonable de 193.863 intervenciones de letrado.

La jurisdicción contencioso administrativa, por su parte, arroja unas cifras muy inferiores

Y prescindiremos de computar la jurisdicción social dado que a ella concurren también graduados sociales y, con los datos facilitados por el CGPJ, es imposible desagregar las cantidades. No obstante y por si alguien siente curiosidad estas son las cifras.

Pues bien, siguiendo el criterio conservador y de mínimos enunciado y sumando las intervenciones letradas computadas podemos concluir que en el año 2020 hubo un total de 1.456.447 actuaciones que, divididas entre los teóricos 154.296 letrados ejercientes que el CGPJ declara existentes en España, nos darían una media de 9,4 asuntos por abogado y año.

¿Son esos datos creíbles?

Podría comenzar justo aquí el post pero se me hace tarde y me parece que, mucho más interesante que lo que yo diga, es la percepción que me den los lectores. Temas como el turno de oficio, los falsos autónomos, la abogacía litigante real… Para poder tomar decisiones con acierto son necesarias buenas métricas y estas que ofrezco son las que tenemos.

Analícenlas (las tablas, no mis estimaciones) y díganme qué conclusiones sacan si es que sacan alguna.

¿Hay demasiados abogados en España?

Es la pregunta de todos los años: ¿hay demasiados abogados en España?. Cada vez que los profesionales de la abogacía experimentan dificultades una de las primera hipótesis que se formulan es la de que hay demasiados abogados en España; los gobiernos hacen leyes declaradamente para reducir el número de abogados en España y cuando se ofrecen datos sobre el número de profesionales suelen seleccionarse los resultados (cherry picking) a fin de abonar las tesis de quien realiza la afirmación.

Pero ¿qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿qué nos dicen los datos?.

Me he tomado la molestia de recopilar los datos que nos ofrecen diversas fuentes para confeccionar la siguiente tabla donde, en la columna 1 se contiene la relación de países considerada por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) y se anota en cada uno de ellos el número de abogados existente por cada cien mil habitantes (columna 2), el número de jueces existentes por cada cien mil habitantes (columna 2), el PIB del país expresado en miles de millones de dólares (columna 3) según el «World Factbook» elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el índice democrático (columna 4) que otorga la Unidad de Inteligencia de «The Economist» y el PIB per capita de ada país de acuerdo con el ya mencionado Factbook de la CIA.

Antes de ninguna otra consideración les dejo con la lista «en crudo».

Fuentes: CEPEJ-CIA Factbook-Unidad de Inteligencia de «The Economist»-CIA Factbook.

Ordenada la lista según el número de abogados existente en cada país la primera sorpresa es que el número de abogados existente en cada uno de ellos no parece responder al resto de los parámetros considerados, ni el mayor o menor número de jueces, ni el PIB per cápita, ni el índice democrático de un país parecen guardar relación alguna con el número de abogados y así un país como Israel, con un PIB per cápita similar al español, más que dobla la media de abogados de España. Sí parece observarse una tasa similar de abogados en los países del Mediterráneo (Italia, Grecia, España…) pero también en países muy alejados como Islandia o el riquísimo Luxemburgo. Inglaterra, Gales y Escocia presentan una tasa muy similar de abogados a la que presentan todos los países anteriores.

Tampoco existe una correlación en la otra parte de la tabla pues, entre los países con menos abogados (por debajo de 100 abogados por cada cien mil habitantes) abundan los países pobres (Albania, Moldavia, Armenia…) pero también los hay riquísimos (Finlandia, Mónaco, Austria).

En la tabla sí aparecen otras correlaciones pero que, aparentemente, nada tienen que ver con el número de abogados o de jueces que haya en un país. La más evidente es la clara correlación existente entre PIB per cápita e Índice democrático, lo que sugiere que, o bien los países más ricos son más democráticos o que los países más democráticos son más ricos sin que correlación implique causalidad y sin que podamos formular más que conjeturas acerca de cuál es la causa o cuál la consecuencia.

Veamos la tabla anterior ordenada en sus 20 primeros países según el índice democrático atribuído a cada uno de ellos.

La tabla, ordenada según el PIB per cápita ofrece pocas variaciones y son pocos los países que entran o salen del «top 20» de los países considerados por el CEPEJ. Eso sí, si observamos la media de abogados por país existente en este «top 20» podemos constatar que la misma se situa en 212 y 231 abogados por cada cien mil habitantes lo que, ciertamente, está mucho más cerca de la media española de lo que puede parecer.

Una vez repasados los datos lo primero debemos recordar es que, en las sociedades democráticas, es el mercado el que regula nos niveles de oferta y demanda y que, cualquier afirmación del tipo «hay muchos (o pocos) abogados» es una afirmación tendente a modificar el mercado que debe reputarse, prima facies, como inadmisible salvo prueba en contrario.

En segundo lugar la disparidad de los datos es tal que nos lleva a pensar en que las métricas para el cómputo de los profesionales de la abogacía difieren notablemente de un país a otro e incluso nos lleva a pensar que en casos como el de España se están produciendo datos que no son homologables con las realidades de otros países.

Así pues, con los datos recopilados, no puede concluirse de ningún modo que en España hayan muchos (o pocos) abogados.

Con los datos existente sólo se pueden efectuar afirmaciones ingenuas del tipo de que en España hay un número de abogados similar a los de Inglaterra, Irlanda o Islandia, o tres veces más abogados que en Francia o la mitad menos que en Israel; pero lo que NUNCA puede afirmarse es que en España existan muchos o pocos abogados. A los profesionales de la abogacía siempre les parecerán «muchos» (son su competencia y preferirían menos) y a quien busque un abogado especialista es muy probable que le parezcan «pocos» (preferiría una mayor oferta y un menor precio) pero esto es normal y no es peligroso. Lo que sí es peligroso es que desde un ministerio o desde una gran firma de abogados se realice ese tipo de afirmación pues, no les quepa duda, lo que se pretende es modificar la asignación de oferta y demanda que ha realizado el mercado en beneficio de un interés particular.

Guárdate de aquellos a quienes oigas decir eso.

El Ministerio de Justicia, una eficaz ayuda para agravar la crisis

No hacía falta ser un profeta para adivinarlo, bastaba con comparar la caída del PIB en 2020 y en 2009 y extrapolar los datos para saberlo. Lo habría visto un niño de seis años, pero el ministro tiene 60 y una larga trayectoria política y seguramente por eso no lo vio.

Los concursos de acreedores han subido ya un 50% en España sin que el ministerio haya adoptado ni previsto medida alguna de fuste para hacer frente a tal aumento. Y ese 50% de subida aún está ralentizado por las medidas que impiden que lleguen a los juzgados de lo mercantil todos los concursos que deberían llegar. El gobierno, en lugar de afrontar el problema, ha decidido crear la apariencia de que no pasa nada permitiendo que las empresas en situación de insolvencia no se vean obligadas a pedir el concurso hasta el 31 de diciembre.

Y a pesar de eso los cconcursos han subido —como habría previsto cualquiera— un 50% sin que la planta de los juzgados de lo mercantil haya sufrido ningún refuerzo adecuado a esta subida.

¿A qué se ha dedicado el ministerio de justicia?

A todo menos a hacer frente a los problemas auténticos de la justicia en España.

Dice que va a transformar los juzgados de instancia en tribunales de instancia, una medida largamente perseguida por todos los gobiernos (en esto PP y PSOE han demostrado una sintonía absoluta) para poder controlar mejor a los jueces aunque para ello hayan de hacer funcionar peor la justicia.

Me llevan los demonios.

Van a venir muchos más concursos en cuanto se abra la espita y llevamos año y medio sin que el ministerio de justicia haga nada. Vamos a enfrentar un problema sin precedentes, lo saben y no hacen nada. Yo ya no sé del lado de quien están estos sujetos, de lo que estoy seguro es de que no juegan en nuestro equipo.

Claro que, como en este país hace tiempo que ya nadie espera nada de la justicia, al ministro probablemente le bastará culpar a la crisis de todo y dejar que los actuales juzgados de lo mercantil se conviertan en tanatorios de empresas incapaces siquiera de enterrar los cadáveres que les llegan.

No entiendo esta actitud rayana en la desvergüenza. No entiendo que cuando los bárbaros están a las puertas de la ciudad los prebostillos se vayan de cena sin mascarilla y sigan buscando como repartirse influencias y cómo controlar jueces y judicaturas.

Esto es ya un desastre y pronto lo será total y este desastre tendrá nombre y responsables.

¿Son de verdad secretas las comunicaciones de los letrados con sus clientes?

Si te dedicas al ejercicio de la abogacía necesitas saber esto: si no usas las aplicaciones adecuadas para comunicar con tus clientes es posible que estés ayudando a condenarles.

Permítanme que les ponga un par de ejemplos de ayer mismo.

Ayer, en una operación a escala mundial, más de 800 personas fueron detenidas, más de 30 toneladas de droga fueron aprehendidas y más de 48 millones dólares incautados en forma de divisas y criptodivisas. ¿Cómo fue posible esto? Muy fácil, interviniendo las comunicaciones.

Todos los detenidos usaban un sistema supuestamente ultraseguro de comunicaciones (Anom) sin saber que, desde 2019, ese sistema estaba en manos del FBI. Una operación policial canadiense un año antes había permitido la detención de responsables de la red que, a cambio de una sustancial rebaja en sus condenas, habían facilitado al FBI una puerta trasera para intervenir las comunicaciones de los ahora detenidos.

Por supuesto que no tengo ninguna simpatía por estos delincuentes y que la cárcel me parece el mejor lugar para ellos pero, dicho eso, debo decir también que no me tranquiliza en absoluto que las comunicaciones entre un abogado y su cliente puedan ser espiadas.

Si usted ha ejercido esta profesión sabrá que muchos atestados comienzan con frases del tipo «Por confidencias recibidas se supo que…»

¿Confidencias? ¿Como estas de Anom y el FBI? ¿Como las de Echelon o como las de Prism?

Para los abogados comunicar con seguridad con su cliente en España es verdaderamente complicado y hacerlo en un entorno en el que uno pueda tener la seguridad de no ser escuchado casi imposible. Incluso las comunicaciones en prisión se hacen a través de un sistema de monitorización y grabación (Marathon y Marathon Evolution) que permite escuchar las conversaciones sin que se haya ofrecido, hasta ahora, garantía alguna de que tal sistema no puede ser utilizado incorrectamente.

Si su cliente va a transmitirle un dato delicado mejor que no lo haga en un locutorio de la prisión.

Pero es que, si su cliente va a transmitirle un dato delicado, es mejor también que no lo haga por teléfono, ni por el email que le facilita el Consejo General de la Abogacía (el gasto más caro e inútil que  pudo realizar la actual presidenta), ni siquiera por aplicaciones de mensajería al uso.

Si usted comunica con su cliente y este le facilita datos comprometedores sepa que, si el caso es de la suficiente entidad, con toda seguridad puede estar siendo espiado.

Sí, ya sé, usted me dirá que esa escucha no será prueba válida en juicio y yo le responderé ¿qué mas da? Si su cliente le informa de que una prueba comprometedora está enterrada a cinco pasos de la higuera de su finca, no dude usted que «por confidencias recibidas», la policía la encontrará. La policía, casi siempre, más que pruebas necesita información y esa información se la estará proporcionando usted mismo.

Piense en Puigdemont, ¿cree usted que Gonzalo Boyé, abogado de Puigdemont, le manda los correos a su cliente a través del correo que nos vende el Consejo General de la Abogacía?

Déjeme que le.ponga otro ejemplo. Ayer también, el FBI anunció que había recuperado más de 60 bitcoins de los que fueron extorsionados a una empresa de transporte de petróleo mediante un ataque ransomware. ¿Cómo pudo el FBI recuperar unas criptomonedas sin disponer de sus contraseñas? Al parecer no a través de ningún proceso mágico sino por el más simple y pedestre procedimiento de infiltrarse y apretar las clavijas a la casa de custodia en que, ingenuamente, los delincuentes habían colocado sus bitcoins.

A los delincuentes capturados en el caso de Anom y a estos delincuentes de chantaje y ransomware les pillaron por lo mismo, por un problema que en informática se llama «Man in the middle» («el hombre que está en medio»). Y si las cosas son como te cuento —que lo son— puedes estar seguro de que, si no comunicas con tu cliente de forma segura, es mucho más que posible que seas tú mismo el que esté facilitando las pruebas para condenarle porque, a día de hoy, el secreto profesional solo lo garantizan las leyes pero no lo asegura la tecnología. Al derecho al secreto profesional le pasa como al derecho a la vivienda, que es bonito proclamarlo en las leyes, pero de ahí no pasa la cosa.

Cuando pienso en todo esto siento que la primera obligación de un profesional de la abogacía es garantizar a su cliente que sus comunicaciones serán seguras hasta los límites de lo razonablemete posible. La tecnología de que disponen en este momento los estados es virtualmente incontrolable por los jueces y la ley no es una defensa eficaz contra ella, de forma que la única forma de defender tu derecho y el de tu cliente al secreto en vuestras comunicaciones está, en gran medida, en las herramientas y aplicaciones que uses para ello.

Otro día te contaré que soluciones usan algunos abogados que deben ser especialmente cuidadosos en este aspecto e incluso algunas de las que uso yo (aunque obviamente yo no soy ejemplo de nada).

Pero, por hoy, vamos a dejarlo aquí. En otro post seguiremos con este asunto.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Yo sé que ustedes se preguntarán qué es lo que estoy haciendo en Sevilla con un sombrero «vueltiao» en la cabeza. Dénme ocasión, antes de que opinen nada, a que les responda.

Hace muy pocos días me llegó desde Colombia (un país hermano que —como saben— enfrenta una situación dramática) este «sombrero vueltiao»; una prenda hecha con un tejido vegetal exclusivo, de muy laborioso y especializado trenzado y que es, por sobre todas las demás cosas, el símbolo nacional de Colombia.

Pues bien, ese afecto que venía envuelto en el sombrero necesitaba un agradecimiento específico de mi parte y como, por razones de trabajo, había de desplazarme a Sevilla me determiné a llevar a Colombia no sólo en el corazón sino también en la cabeza y fotografiarme frente al Archivo General de Indias con él. ¿Por qué el Archivo General de Indias?, bueno… porque en ese lugar es donde aún hoy día lloran los originales de aquellas viejas Leyes de Indias que, dictadas para proteger a los indígenas, jamás se cumplieron desde entonces hasta hoy, condenando a un país rico y hermoso a vivir las dramáticas situaciones de desigualdad que están en la base de los disturbios que, tristemente, vive hoy día ese país hermano.

Yo tenía una deuda de afecto con mis amigos y compañeros de Colombia y, aunque sé que nunca podré pagársela cumplidamente, déjenme intentarlo hoy.

Escribo estas líneas en la más vieja taberna de Sevilla, una casa de comidas abierta ya en 1670, y que se encuentra a apenas unos cientos de metros del lugar donde estuvo la cárcel en que un Cervantes preso gestó la más inmortal de sus obras; esa obra que nos enseña que no existen más que dos razas en el mundo que son la del tener y la del no tener.

Los españoles lo sabemos bien. Los árabes que llegan en yate de lujo son protegidos por el estado y hasta son amigos de reyes eméritos, en cambio, los árabes que llegan en patera o lancha neumática son inmediatamente ingresados en centros de detención. No hay nada que les haga diferentes a unos de otros, simplemente pertenecen a razas diferentes, unos a la raza del tener y otros a la del no tener.

Dicen los evangelios que pobres siempre los habrá, lo que no dicen los evangelios es que siempre hayan de ser los mismos y en Colombia, como en otros muchos países, los indígenas han sido siempre unos de los integrantes habituales de la raza del no tener.

Por eso esta tarde yo tenía que tomarme una foto frente al Archivo General de Indias y por eso, ahora, estoy escribiendo estas lineas a unos pocos centenares de metros donde estuvo la prisión en que encerraron a Cervantes.

La peor clienta de un abogado

He escrito mucho sobre mujeres duras y sufridas en la paz y en la guerra, sin embargo, hoy, escuchando la radio me he dado cuenta de que la estirpe de mujeres más duras que conozco reinó en la España de los años 40 y 50. Eran inevitablemente andaluzas y lo mismo trabajaban en un burdel donde regalaban servicios a los hombres con ojos verdes, verdes como la albahaca, que se llevaban por delante a quien hiciera falta si ellas juzgaban que les habían faltado a lo que no había que faltarles. Mujeres duras pero sentidas, habitualmente iban armadas y eran peligrosas. El metaverso femenino de Rafael de León parece imposible que pudiese prosperar en la beatísima España franquista pero lo hizo y con fuerza inaudita.

Estas mujeres solían cantar o trabajar en cafés de marineros («En Cái tiene La Bizcocha un café de marineros») si no es que trabajaban en sitios peores («Apoyá en el quicio de la mancebía…), despreciaban a los hombres («le habló primero a un tratante y luego fue de un marqués, que la llenó de brillantes de la cabeza a los pies») a los que abandonaban siempre por algún petimetre de ojos bonitos que las hacía perder la cabeza. No las movía el dinero, ellas eran, como dije, duras pero sentidas, y tenían una enfermiza inclinación romántica que las llevaba siempre a enamorarse de quien no debían y a meterse en unos líos de los que no eran capaces de salir más que apuñalando a alguien.

Estas mujeres, como abogado, son, sin duda, las peores clientes del mundo aunque, si me dan a elegir, la peor de todas es sin duda «Lola Puñales». Su historia es bastante estándar y la recoge el autor en la primera parte de la canción que dice así:

Entre la gente del bronce
que cantaba y que bebía
brillaba Lola Puñales.

Era una rosa morena
que a los hombres envolvia
igual que a los vendavales.

Vino primero Don Pedro, un marqués
enamorao y galán,
pero la Lola, con mucho saber,
lo desprecio por Don Juan.

Y asi la Puñales,
perdiendo y ganando,
trataba a los hombres
de mala manera,
hasta que una noche
la fueron matando
los ojos de un hombre
que dijo a su vera:

¿Quien ha encendido esa hoguera
en tus ojeras
de petenera
Lola Puñales?
y aunque no sufras dolores
prendes de amores
a los mejores
y mas cabales.

Sin saber cómo ni cuándo
tú te vas a enamorar,
con el fuego estas jugando
y te tienes que quemar;
y verás entraña mia
lo que son ducas mortales
cuando llores de agonía
y te den las claritas del día
sin dormir, Lola Puñales.

Hasta ahí todo normal, la Lola caantaba, bailaba, bebía y despreciaba marqueses y tratantes como la Zarzamora hasta que, claro, aparece el petimetre de ojitos bonitos y la muy zopenca da en enamorarse de él. Veamos como lo relata la canción:

Con fatiguitas de muerte
y dolores de agonía
lloraba Lola Puñales,
porque aquel hombre moreno
se llevo pa toda la vida
la rosa de sus rosales.

Mucho «te quiero» y «me muero» mujer
mucho «te juro por Dios»
y, si te vi no me acuerdo, después
de que en sus brazos cayo.

Corrió como loca
buscando la reja
en donde de otra
los besos bebía.

Y un grito de muerte
se oyo en la calleja
mientras que unos ojos
quedaban sin vida.

La Lola, como ven, no estaba para bromas. El ojitos bonitos le había tomado el pelo y eso la Puñales lo solventaba tirando de oficio. Nocturnidad, alevosía y puñalada en la femoral, cuatro litros de sangre sobre el empedrado y asunto resuelto.

Y ahora es cuando a usted le toca ser abogado o abogada de oficio de «La Puñales», prepara usted eximentes completas e incompletas, atenuantes, los celos, el arrebato, la obcecación… Y llega La Puñales, la pasan ante el juez y, según la canción larga lo que sigue:

«Vayan los jueces pasando
vayan firmando
que esta esperando
Lola Puñales.

(Chula la investigada)

Que no me importa la pena
ni ir a la trena
que estoy serena
y en mis cabales.

(A tomar por saco toda eximente o atenuante)

Lo maté yo a sangre fría
por hacer burla de mí
y otra vez lo mataria
si volviera a revivir.

(Y ahora a tomar por saco cualquier arrepentimiento ni zarandaja parecida, La Puñales, a lo que se vé se quedó a gusto y se refocila en su contumacia.)

Con que apunte el escribano (LAJ)
al causante de mis males,
por jurar cariño en vano

(Si al juez le faltaba un móvil ya se lo da ella)

sin siquiera temblarle la mano
lo mató Lola Puñales».

A estas alturas, usted, su abogado o abogada de oficio o está llorando sobre los formularios de solicitud de la justicia gratuita o está llamando a su mamá en busca de ayuda.

Sí, sin duda la Puñales es la peor cliente posible de un abogado. Afortunadamente aquella estirpe de mujeres se extinguió el siglo pasado, justo cuando la democracia y la libertad llegaron a nuestro país.

Sin embargo, a mí, las radios de madera y cretona de mi infancia me cantaron muchas veces historias de estas mujeres a las que yo, insensatamente, admiré… y, aunque ya no quedan, alguna vez en mi carrera profesional me he encontrado con alguna. Duras pero sentidas y de navaja en mano, quizá alguna vez escriba yo esa historia.

Les dejo con una interpretación moderna de «Lola Puñales» para que tengan una idea aproximada de cómo sonaba.