La hambrienta abogacía necesaria

La hambrienta abogacía necesaria

Ayer saltó la noticia de que un abogado de oficio, César Pinto, en defensa de un particular, había logrado vencer a la ominosa Goldmann Sachs y a su legión de carísimos abogados y logró tumbar la venta de 3.000 viviendas de protección oficial. No sólo logró eso, logró, como nos enseñó Cicerón, las tres cosas que mejor retribuyen a un abogado: el agradecimiento de su cliente, la admiración del público y, sobre todo, la esperanza de esas 3.000 familias que ven cómo sus vidas no quedarán en manos de un despiadado fondo buitre.

Y ahora le ruego que se pregunte usted una cosa ¿Cree que esta victoria la habría obtenido uno de esos macrodespachos que compran premios en inglés y cobran facturas millonarias?

Sé que usted sabe que no, que esos despachos jamás moverían un dedo por usted y ello por dos razones: la primera porque no tiene usted dinero ni para entrar por la puerta, la segunda porque ellos jamás harían nada que pudiese molestar a sus principales clientes que son, precisamente, este tipo de entidades financieras.

La esperanza de usted, sépalo y grábeselo a fuego, es que la raza de los César Pinto, los Dionisio Moreno y tantos otros no se extinga jamás porque si esa raza se extingue usted y los suyos quedarán a merced del dinero de quienes les engañan y oprimen. En esta abogacía que hoy encarno en César y Dionisio residen todas las esperanzas de usted y los seres que ama.

Pero, igual que usted sabe que sin ellos sus esperanzas morirán también lo saben los que manejan el dinero. ¿Entiende usted ahora por qué los bancos son ricos y Dionisio pobre? ¿Entiende usted por qué Goldmann Sachs es multimillonaria y César pobre?

Esta abogacía molesta a los más poderosos y por eso es maltratada, por eso el turno de oficio se paga con cantidades de mierda y por eso a César, a Dionisio, a su abogada y a mí los plazos nos correrán aunque estemos agonizando, por que así es la vida, porque los que tienen dinero imponen su ley y porque para ser abogada o abogado de la estirpe de Dionisio y César no basta con ser una persona normal, hay que tener madera de héroe.

Ahora escúcheme bien e interiorícelo: si este tipo de abogacía muere todas sus esperanzas y la de todos los suyos habrán muerto con ella, porque ya no quedará nadie que defienda sus derechos.

Si es usted un ciudadano normal lo mejor que puede hacer es exigir a sus gobernantes que dejen de acosar a este tipo de abogacía y que dejen de arrinconar a quienes la practican.

Si eres abogado o abogada tienes que saber que es tu obligación defender este tipo de ejercicio profesional porque esa, y no otra, es la mejor manera de defender los derechos de tus conciudadanos y, si no sabes cómo hacerlo, tienes una forma sencilla: únete a la red.

Cuenta lo que somos

Cuenta lo que somos

Muy pocos clientes nos comprenden, por eso es importante que, de vez en cuando, contemos quienes somos. No solemos hacerlo a menudo, por eso, discúlpenme si hoy les cuento un poco de lo que somos.

Somos esas personas que, cuando todos le abandonen, estarán a su lado. En otros tiempos acompañábamos a nuestro cliente hasta el mismo patíbulo, hoy, gracias sean dadas, sólo le acompañamos a la prisión.

Nosotros somos esas personas que, cuando nadie le crea, defenderán su verdad frente a la convicción general.

Nosotros somos quienes, cuando una corporación multinacional abuse de usted, nos subiremos a un estrado a defender su derecho de ciudadano humilde y honesto frente a la desvergüenza multidivisa.

Nosotros somos, en suma, esas personas que hacen que los derechos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales no sean un trampantojo sino el arco de carga sobre el que construir un mundo digno lleno de personas con dignidad.

Y molestamos, claro.

Al rico, que ve cómo su dinero no le sirve para avasallar al pobre; al gobernante, que se da cuenta de que hay límites que su poder e influencia no pueden traspasar; a la sociedad llena de prejuicios que ve como alguien, insolentemente, es capaz de sostener una verdad distinta de la que les han contado medios de comunicación envilecidos; a las corporaciones multinacionales que sufren la resistencia de unos don nadie con toga y, desgraciadamente, hasta algunos funcionario que preferirían que los expedientes acabasen rápido y sin incidentes ni recursos.

Recuerdo bien el momento en que se produjo esta foto. Dionisio estaba llorando emocionado por el aplauso y los gritos de una sala puesta en pie. No les contaré lo que pasó antes, lo verán y lo escucharán a su debido tiempo.

A millares

A millares

Hoy hace una semana que el trabajo de unos pocos se convirtió en la acción de unos cientos. Ese trabajo de unos pocos y esa acción de unos cientos son hoy, siete días después, la ilusión de muchas personas que hay que contar por miles.

Puedes dejar que lo hagamos o puedes trabajar tú también; yo, que tú, no me perdería esta fiesta.

Únete a la red.

Vamos.

La puerta de Almodóvar

La puerta de Almodóvar

Recuerdo muy bien cuándo tomé esta foto y recuerdo vívidamente también cuál era el estado de ánimo que me embargaba.

Despuntaba la mañana del 29 de noviembre de 2019 y yo no había podido conciliar el sueño en toda la noche; había salido a pasear de madrugada por la desierta judería y ahora amanecía en la Puerta de Almodóvar.

Se acercaba la hora de marchar a la vieja Facultad de Veterinaria y yo andaba tratando de espantar al miedo como dicen que lo hacía Juan Belmonte: hablándole:

«—¿Sigues ahí? ¿Aún no te has ido? Pues vete o, al menos, aléjate de mí; voy a ir a ver a unas personas y lo último que quiero es que te vean conmigo.»

Sé que todavía hablaba con él cuando tomé esta foto.

Ahora, esta noche en que estoy de guardia, la miro y vuelvo a sentir las mismas sensaciones que cuando la tomé. Y vuelvo a repetirme las palabras que escribí cuando la subí a Instagram: «Ya es la hora. Vamos.»

Y pienso que es verdad, que esta es la hora, que, esta, es siempre la hora.

Vamos.

Los abogados y los bienes inembargables

Los abogados y los bienes inembargables

Proclama el ordinal segundo del artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que serán inembargables:

Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Dicho de otro modo, si es usted albañil sus herramientas de trabajo son inembargables y, si es usted programador, puede estar tranquilo, su ordenador y periféricos necesarios para su trabajo están a salvo del banco.

No es que la ley le haga a usted ningún favor, no; lo que la ley quiere es garantizarse que usted podrá seguir trabajando y pagar a su acreedor porque, como seguramente usted sabe —y si no lo sabe yo se lo digo—, en España las deudas son vitalicias y usted estará obligado a satisfacerlas no hasta el límite de sus haberes (como los bancos y las personas jurídicas) sino hasta que las pague o por completo o se muera. Quizá esto que le cuento le sorprenda, en España estamos acostumbrados a que las deudas sean para siempre, pero eso que a usted le parece normal es una anomalía tanto histórica como geográfica.

Pero vamos a lo que importa. Si lo que la ley persigue es que los deudores puedan seguir trabajando hasta pagar su deuda ¿qué sentido tiene impedir el ejercicio profesional al letrado o letrada que no han podido pagar su cuota colegial o de la Mutualidad de la Abogacía?

Pareciera que hablar de pobreza en la abogacía molesta y, sin embargo, no es arriesgado afirmar que un tercio de los abogados y abogadas de España están en situación límite a la insolvencia.

Hace dos años la Mutualidad de la Abogacía remitió cuarenta mil cartas a abogados y abogadas que no estaban al corriente de sus pagos y los colegios de abogados no son ajenos al volumen de impagados que soportan en las cuotas, a pesar de su moderado importe. Cuarenta mil abogados de un censo de menos de ciento cincuenta mil indica que nos hallamos en una situación límite en un momento en que una nueva recesión se anuncia. ¿Cómo resistirán esos abogados y abogadas, sus familias y sus hijos, a un nuevo golpe?

No todo han de ser malas noticias, pues, para quienes cotizan como autónomos el impago de sus cuotas no les impedirá continuar con su ejercicio. Si mis compañeros laboralistas no me han informado mal —yo no soy laboralista— en el caso de estar afiliado al RETA (régimen de los trabajadores autónomos) el impago no impide trabajar y si se gana menos del salario mínimo no hay obligación de pago.

Y si esto es así ¿Por qué el impago de cuotas priva a los abogados y abogadas de la única herramienta con que podrían pagar sus deudas?

El último proyecto de ley de Colegios y servicios profesionales previó poner fin a esta aberración y expresamente prohibió que se pudiese privar de su capacidad para el ejercicio profesional a quien no pagase su cuota colegial. Todo ello, claro, sin perjuicio de que se reclamasen dichas cantidades con los recargos procedentes; pero, lo que no se toleraba, era privar a abogados y abogadas de su herramienta de trabajo. Nada extraño, tal proyecto de ley solo pretendía tratar a letrados y letradas de la misma manera que la Ley de Enjuiciamiento Civil trata al resto de los españoles.

Las deudas no pueden llegar a tanto que impidan trabajar al deudor pues ello es condenarle a la muerte civil y eso es así en cualquier lugar del mundo civilizado, incluida España, aunque, al parecer, la república de la abogacía no debe formar parte de este país porque es la única a la que no alcanza tal limitación.

Sé que molesta oír hablar de pobreza en la abogacíay que los dirigentes sector prefieren vivir en mundos llenos de microrrelatos, estupefacientes digitales que no entienden, ferias de muestras, coros y danzas y, sobre todo, competiciones de bisutería condecorativa. Pero, sepámoslo, en la abogacía hay bolsas no de escasez o apretura, sino de pura pobreza, y esas bolsas alcanzan a abogados que, hasta ahora, se habían ganado la vida dignamente. Una nueva recesión se anuncia y en la cubierta del Titanic de la abogacía la orquesta sigue interpretando polkas.

Alguien tendrá que enfrentar la crisis que viene y tomar las medidas precisas para que esta no golpee, como siempre, a quienes menos convendría que golpease.

Está en tus manos impedirlo. Aún puedes ir a Córdoba.

Antes de firmar un contrato consulte a su farmacéutico

Antes de firmar un contrato consulte a su farmacéutico

En España no se venden fármacos en establecimientos distintos de las farmacias y es normal: los fármacos son productos potencialmente peligrosos para la salud y no pueden ser consumidos sin el debido asesoramiento médico o farmacéutico.

Incluso las campañas publicitarias de los medicamentos más inocuos y sin aparentes problemas, sistemáticamente son acompañadas con el cartelito de «consulte a su farmacéutico», y a nadie le parece mal.

Sin embargo, en España, al tiempo que usted no puede ingerir una aspirina sin que alguien le recuerde que debe usted consultar al farmacéutico, puede usted firmar una hipoteca que le ata 30 años de su vida, adquirir un coche con una financiación que usted firma sin entender un párrafo del contrato o divorciarse rellenando usted mismo unos formularios en internet, sin que nadie le diga que pregunte antes a un abogado.

En España los fármacos para el dolor de cabeza se venden en las farmacias y con la recomendación de consultar al farmacéutico, en cambio, los consejos jurídicos se expenden en el bar, la peluquería o en un formulario de una web boliviana. Es verdad que un analgésico mal tomado puede producir acidez de estómago y no curar el dolor de cabeza, pero le aseguro que una hipoteca mal firmada o un divorcio mal llevado puede arruinar su vida, la de sus hijos y hasta la de los hijos de sus hijos.

Pero no, los servicios jurídicos en España han de ser libres (¿qué tontería es esa de que los haya de prestar un profesional cualificado?) porque eso de la competencia y el libre mercado es algo estupendo. Estupendo, digámoslo claro, para el mercachifle que sin cualificación ofrece servicios jurídicos, para el empresario que publicita servicios jurídicos dados por telefonistas y para quien quiere amasar un dinerito a costa de engañar al prójimo.

En España a los ciudadanos nadie les aconseja consultar a su abogado, y no es por casualidad, imagínese usted que al ciudadano se le ocurriese consultar a un profesional ¿no se da usted cuenta de que entonces sería más difícil engañarle?.

Si usted quiere reconocer a un estafador no tiene más que observar si se le escapan frases de este tipo: «no, pero esto lo hacemos sin abogados, que lo enredan todo», «firme hombre, si es solo una formalidad», «no, no, no le puedo dar copia para que usted la estudie, esto hay que firmarlo aquí»…

En España hay leyes que obligan a que la publicidad de los medicamentos incorpore la advertencia de consultar a un abogado; en España nadie puede despachar medicamentos potencialmente peligrosos sin receta médica y bajo la supervisión de un farmacéutico. Sin embargo en España no existe ley alguna que obligue a recomendar la asistencia de un abogado cuando se llevan a cabo determinados actos jurídicos.

¿Qué tienen los servicios jurídicos que les hace diferentes? ¿Qué es esto de que se expidan contratos en internet por algoritmos sin intervención humana?

En España viene haciendo falta desde hace tiempo una ley de servicios jurídicos que regule el sector e impida tanta tropelía como hay ahora. La libertad de mercado está bien, pero no tanto como para que esa libertad permita ejercer la medicina a quien no es médico, a expedir drogas a quien no es farmaceútico, a construir casas a quien no sabe lo que es un cimiento, ni, por supuesto, a dar consejo jurídico a quien no tiene la cualificación para ello.

No sé si me explico.

Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Frente a las innovaciones tecnológicas, tradicionalmente, han existido tres posiciones: quienes han tratado de aprovecharlas en su propio beneficio, quienes han tratado de prohibirlas considerándolas una amenaza y quienes han tratado de estudiarlas y regularlas en beneficio de todos.

Existe, no obstante, una cuarta posición, quizá la peor de todas, y que no es sino la de aquellos que ignoran cómo afectarán las tecnologías a su sector y dejan suceder las cosas, dando por sentado que las tecnologías “siempre triunfan”. Tal actitud ha sido y es, simplemente, ignorante, indolente e irresponsablemente suicida.

Las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX han sido, hasta ahora, mayoritariamente mecánicas. Quienes apostaron porque tales revoluciones acabarían con el trabajo humano erraron, porque dichas revoluciones mecánicas con quien acabaron fue con aquellos obreros que sólo podían ofrecer trabajo mecánico y esos «obreros» no eran humanos. Cuando los alemanes invadieron la URSS en junio de 1941 su mecanizadísimo ejército solamente tenía unos 150.000 camiones frente a unos 625.000 caballos. Hasta 1945-50 gran parte de la energía de trabajo era todavía muscular y provenía de los animales de tiro, pero, en apenas unas pocas décadas, la extensión de los efectos de estas «revoluciones industriales mecánicas» acabó de tal modo con nuestros inmemoriales compañeros de cuatro patas que, a día de hoy, especies como el burro están en peligro de extinción, la mula no es más que un exotismo y el caballo una distracción para las clases acomodadas.

A quienes prefieren ignorar el verdadero sentido de las revoluciones y apuestan por no hacer nada, les vendría bien reconsiderar el papel de los burros tras las anteriores revoluciones industriales mecánicas, no sea que en esta —la revolución de la información y la inteligencia artificial— acaben siendo ellos los burros. Y no digo nada de lo que le puede esperar a una sociedad gobernada por burros de esta especie. Si algo me preocupa es ver a un responsable político o social inhibiéndose de intervenir y afirmando con ignorante suficiencia que «la tecnología siempre triunfa».

Todas las revoluciones, industriales o tecnológicas, llevan aparejados cambios jurídicos y, dependiendo de estos cambios jurídicos, los efectos de dichas revoluciones han favorecido a unos, a otros, a todos o a ninguno. Déjenme ponerles unos ejemplos.

Cuando Eastman comercializó la película flexible Kodak hizo de la fotografía una tecnología al alcance de cualquiera, pero esta tecnología inmediatamente planteó problemas jurídicos antes nunca pensados, como el de si los propietarios de las cosas tenían derecho a impedir que fuesen fotografiadas. Para quienes eran propietarios de un monumento, un paisaje bello o una catedral vistosa, lo conveniente era que el fotógrafo hubiese de pagar por fotografiarlos, para el desarrollo de la fotografía era mucho más preferible que hacerlo fuese gratuito. La pugna legal fue dura en los Estados Unidos y se solucionó optando por la gratuidad, pues ello favorecía el desarrollo de la fotografía en beneficio de todos. Si a ustedes este debate les parece anticuado harían bien en pensárselo dos veces pues, en Europa, la libertad de panorama (así la denomina la Directiva 2001/29/EC) no es igual en todos los paises y, si usted viaja a Francia o Italia, se encontrará con que eso de fotografiar monumentos u obras de arte tiene su especial regulación.

Otro ejemplo muy ilustrativo de como las revoluciones industriales cambian las legislaciones es el que nos ofrece la aviación. Hasta que se inventaron los aviones era indiscutido que, conforme los juristas venían diciendo desde época de Justiniano, la propiedad de una parcela de tierra se extendía bajo ella “hasta los infiernos” y sobre ella “hasta los confines del universo”. Y si esto era así, como lo era, ¿podían volar los aviones sobre mi finca sin mi permiso?.

A ustedes esta pregunta quizá les mueva a risa pero estoy seguro que esa risa se desdibujará de su cara cuando piensen, por ejemplo, en el espacio aéreo de las naciones. ¿Puede volar un avión extranjero sobre nuestro territorio nacional sin permiso previo?. Y, si un avión extranjero no puede entrar sin permiso en nuestro espacio aéreo, ¿entonces por qué los satélites artificiales sí pueden?; y sobre mis tierras ¿sí o no?

El tema les parecerá de laboratorio pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hubo de enfrentarse a él cuando, en 1946, los hermanos Causby decidieron prohibir a los aviones sobrevolar sus fincas.

En el caso United States v. Causby (328 U.S. 256) el Tribunal Supremo hubo de reconocer que a los demandantes les asistía la razón y que una inmemorial jurisprudencia avalaba su postura, pero que «atentaba al sentido común» tener que pedir permiso para sobrevolar sus tierras.

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos (1946) hacía ya medio siglo que los aviones surcaban los cielos pero ¿Qué cree usted que habría respondido ese mismo tribunal en 1900 cuando los vuelos eran una excentricidad de ricos?

La ley cambió para siempre en USA con el caso Causby, pero no cambió el régimen de la soberanía sobre el espacio aéreo de las naciones y su invasión y, aunque fuese por un solo avión de reconocimiento, tal acción podía poner al mundo al borde de la guerra atómica (por ejemplo en el caso del derribo del estadounidense avión espía U-2 sobre territorio de la URSS en 1960).

Créanme, los cambios tecnológicos fuerzan los cambios jurídicos y estos cambios jurídicos son gobernados por fuerzas y grupos de presión que, a menudo, no trabajan por el interés común sino por el suyo propio; pensemos por ejemplo en las leyes de propiedad intelectual.

Ni Homero, ni Virgilio, ni Horacio, ni el juglar que compuso el Mío Cid, percibieron nunca derechos de autor y, sin embargo, no parece que la literatura ni el arte de escribir haya estado nunca en peligro. No fue sino hasta una revolución tecnológica, la imprenta, que alguien se planteó que se pudiese conceder algún tipo de regalía a los autores. En realidad el hecho de que los autores cobrasen no era algo que preocupase en exceso, pues, a los autores, se les pagaba para que compusiesen nuevas obras, no para que reinterpretasen las antiguas; pero, al ver cómo los impresores ganaban muchísimo dinero vendiendo libros de determinados autores, decidieron que este dinero fuese en parte también a los autores y fue por ello que en Inglaterra la Reina Ana, en 1710, dictó la que pasa por ser la primera ley en materia de propiedad intelectual: el Estatuto de Ana.

Ahora, el sistema de propiedad intelectual que apareció con esa ley, a muchos les parece normal y natural pero, ya antes de que dicho estatuto se aprobara, a las mentes más preclaras del planeta, tal forma de regular la propiedad intelectual les parecía una aberración.

Las mentes más preclaras, es bueno que se sepa, eran españolas y se avecinaban en Salamanca; formaban una escuela que se llamó Escuela de Salamanca y su capacidad teórica y nivel de conocimientos estaban al nivel de las mejores, quizá un punto por encima.

Para estos pensadores la propiedad intelectual no era un juego de suma cero (no te preocupes, luego te explico qué es esto) y por tanto no se podía aplicar la regulación tradicional de la propiedad de los bienes, que es un ejemplo clásico de juego de suma cero.

Un juego de suma cero es, por ejemplo, el tenis: o gana Nadal o gana Federer, pero no pueden ganar los dos. La propiedad tradicional es también un juego de suma cero: o yo conduzco el coche o lo conduces tú, pero ambos a la vez no; las cosas son de alguien pero, en cuanto son de alguien, ya no son de los demás.

En cambio la propiedad de las ideas no es posible concebirla como si fuese un juego de suma cero: si yo tengo una idea y te la doy tú tendrás la idea pero yo no la perderé, de forma que los dos tendremos la idea. Todos ganan y nadie pierde, esto claramente no es un juego de suma cero.

Si usted tuviese un pan y pudiese sin esfuerzo hacer tantas copias del mismo cuantas quisiera ¿Con qué fuerza moral podría impedir usted que se acabase con el hambre del mundo?

Pues bien, la Escuela de Salamanca, precisamente porque entendió que la propiedad de las ideas no era igual que la propiedad de la materia y que no estábamos ante un juego de suma cero, desaconsejó esta solución.

Fue sin éxito, en Inglaterra y en el mundo no conocían otra forma de propiedad que la de Justiniano y en esta ocasión ganaron los Causby de la época y se aplicó a las ideas el mismo régimen de propiedad que al resto de las cosas.

La regulación no fue del todo mal hasta la aparición de los irdenadores y de internet. Hoy la copia de obras no es algo complicado ni producto de una invención avanzadísima —como parecía la imprenta en el siglo XVI— sino que es algo que se produce millones de veces y sin coste. ¿Por qué habríamos de pagar por una copia?

Redulta curioso que los adalides del software libre (el software que hace funcionar el mundo que conoces) recurran ahora, en pleno siglo XXI, a aquella maravillosa visión de la Escuela de Salamanca y proclamen que toda la regulación sobre propiedad intelectual en el mundo descansa sobre un principio falso, que se trata de un juego de suma cero, y que debería ser revisada de alto en bajo y regularla como lo que es, un juego de suma no cero. Pero, ¡ay!, tras tres siglos de unas leyes mal concebidas, nuestras conciencias se han habituado a ellas, las vemos como naturales, nos resistimos al cambio y, lo que es peor, terribles intereses económicos se aprovechan de las inconsistencias de esta legislación. Para los Estados Unidos la industria de Hollywood es intocable (les produce muchísimos millones en ganancias) y la misma descansa sobre una determinada concepción de la propiedad intelectual que ellos mismos han ido construyendo a su conveniencia tras apropiarse del trabajo de otros. Y, si Hollywood es intocable, permítanme que les diga que Estados Unidos ya ingresa más por derechos de autor de videojuegos que de producciones de Hollywood. ¿Comprenden ustedes por qué esta legislación no va a cambiar aunque esté mal concebida?

Es por eso que hoy que Amazon ha abierto la guerra de los servicios jurídicos en internet es más necesario que nunca que los juristas hagamos un esfuerzo teórico y creativo superlativo, porque si permitimos que la regulación del sector se deje en unas solas manos, quienes perderán serán los que no estén en la redacción de esa regulación. No es temor a la tecnología, no, no es tratar de frenarla, tampoco; amamos la tecnología, pero sobre todo amamos la justicia y lo que no podemos hacer es dejar indolentemente en manos ajenas esta regulación.

Así pues grábatelo a fuego: o damos la batalla por una regulación moderna y justa que no frene sino que fomente la tecnología en beneficio de todos o corremos un riesgo cierto que nos pase como a los burros de la wehrmacht.