La des-organización de la administración de justicia española

Si hoy, querido lector, tuviese usted que explicar cómo se organiza la justicia en España a un extranjero, a un lego en la materia o incluso a un estudiante de primero de derecho, le aseguro que encontraría no pocas dificultades y le aseguro también que, si no se prepara usted el tema en profundidad, es muy posible que se equivoque. Y no, la culpa no es de usted, la culpa es de una organización que, lejos de responder a un diseño preordenado a su eficacia, es el producto de tensiones políticas, conflictos de competencias y decisiones llamativas por no decir, directamente, desacertadas. La administración de justicia española, créame, no es el producto de un diseño inteligente sinoq eu, por el contrario, es el subproducto de las tensiones que históricamente han existido entre el poder judicial y el ejecutivo, de una parte, y entre el poder ejecutivo central y los ejecutivos autonómicos de otra.

Si usted consulta la Constitución verá que el artículo 149.1,5º reserva al estado la competencia exclusiva sobre la administración de justicia.

Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
5.ª Administración de Justicia.

Y, sin embargo, si usted le cuenta esto a su interlocutor o a sus alumnos estará cometiendo un grave error pues, la realidad, es que, desde el primer momento, algunas Comunidades Autónomas comenzaron a asumir (con la aprobación de las Cortes de la Nación) competencias en justicia. Mayoritariamente los estatutos incluían cláusulas de las llamadas subrogatorias que les autorizaban a ejercer las facultades que la LOPJ o el CGPJ reconocieran al estado en materia de justicia.

El Tribunal Constitucional, en sentencias de fecha 29 (56/1990) y 30 (62/1990) de marzo de 1990 convalidó esta práctica, sentando una doctrina verdaderamente digna de un concilio bizantino: la de la “administración de la administración”; construcción, sin duda, de gran mérito literario y emparentada directamente, al decir de los expertos, con el bíblico Cantar de los Cantares o, más precisamente quizá, con el romántico y bailable tema “Amor de mis amores”, canción de 1936 compuesta en ritmo de vals peruano por el argentino Ángel Cabral con letra de su compatriota Enrique Dizeo.​ Con los años la canción (“amor de mis amores” no “administración de la administración”) se convirtió en un gran éxito y se sospecha que los redactores de las sentencias citadas estaban bajo el hechizo de sus acordes durante la partenogénesis de los platelmintos referenciados.

La letra de la canción del TC (“administración de la administración” no “amor de mis amores) dice más o menos así:

El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la «Administración de Justicia»; ello supone, en primer lugar, extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judieial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, «al servicio de la Administración de Justicia», esto es, no estrictamente integrados en ella.

Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y «administración de la Administración de Justicia»; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo.

La consecuencia de estas sentencias es que, si usted va al juzgado, lo que viene siendo la “Administración de Justicia” en sentido estricto son apenas unas unidades biológicas llamadas comúnmente “jueces”. Fuera de estos jueces todo lo demás (edificios, mobiliario, funcionarios, bolígrafos, papel, grapadoras…) es parte de esa administración de la administración de justicia que tantas alegrías nos proporciona sobre todo, como veremos, en los aspectos informáticos. La creación de Consejos Autonómicos del Poder Judicial es la doxología natural que sigue a la oración anterior como persigue un exministro un puesto en un consejo de administración.

Pero no nos adelantemos, porque, a esta tensión entre el ejecutivo central y los periféricos, se yuxtapone la tensión existente entre dos poderes del estado: el ejecutivo y el judicial. También en esta tensión (ya lo adelanto) el poder judicial salió escaldado.

¡Montesquieu ha muerto!, dicen que gritó jubilosamente Alfonso Guerra cuando, usando de la mayoría absoluta que tenía el PSOE en aquel momento, se aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Era esta Ley un texto legal calificado como “muy defectuoso” por la doctrina más solvente: la amplitud que concede al CGPJ en materia de nombramientos y ascensos en conjunción con el diseño de dicho órgano como premio electoral de los partidos vencedores, construyeron un engendro que, como todo buen engendro no debería haber tenido encaje en nuestro sistema constitucional; por eso, en palabras del profesor Marco de Benito, la declaración de constitucionalidad del texto por STC 108/1996, de 29 de julio, “sigue admirando treinta años después”, admiración a la que se suman los representantes de la doctrina más solvente.

Esta situación dantesca no sólo no amainó sino que inluso se exacerbó durante el mandato del ministro de siniestro recuerdo Alberto Ruíz Gallardón y así hemos llegado al día de hoy.

¿A qué nos ha conducido esta forma de organizar la administración de justicia que, como vemos, no responde a ningún principio ni planificación sino a las luchas por extender las parcelas de poder de los ejecutivos centrales y autonómicos siempre a costa del poder judicial? Tratemos de ilustrarlo con un ejemplo.

Dados los años en que sucedieron los hechos hasta ahora narrados (1985-1990) la informatización era un fenómeno aún incipiente mientras que internet o las nuevas tecnologías eran invitados a quienes nadie esperaba en los juzgados españoles. Las Comunidades Autónomas, titulares de la “Administración de la Administración” de Justicia (es decir, de todo menos de los jueces) decidieron cada una por su cuenta cómo informatizarían esta “Administración de la Administración”.

Como a ninguno que conozca el asunto se le escapará, el carajal informático que se formó en esa época lo estamos pagando todavía, treinta años después.

El estado, en atención a las comunidades no transferidas hubo de efectuar un desembolso para informatizarlas, desembolso que se repitió en Cataluña, País vasco, Navarra, Andalucía… Con todo ese dinero gastado los juzgados españoles podían haber dispuesto de unos recursos informáticos maravillosos pero, al gastar seis veces el mismo dinero en hacer las mismas cosas lo único que se logró fue tener una basura informática que había costado seis veces lo que valía. Hasta donde yo sé nadie ha rendido cuentas por este desaguisado.

El desaguisado no es sólo económico, al haber una pluralidad tal de sistemas, coordinarlos es tarea de locos y da lugar a más gasto y complejidad. La historia de la informática española es la historia de cómo comprar chatarra a precio de Rolls Royce. Eso sí, los paganos de la fiesta nunca fueron sus responsables sino usted y yo junto con los ciudadanos que padecen el desbarajuste informático creado.

Y si a este carajal de sistemas informáticos nos condujo la tensión estado central versus autonomías, la tensión poder ejecutivo versus poder judicial nos deparó nuevas sorpresas.

Por que ¿quién es el propietario de los datos jurisdiccionales que recogen los juzgados al tramitar los procedimientos?

Para la LOPJ el asunto es muy claro:

Artículo 236 sexies.
1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

Sin embargo, a la hora de la verdad ¿quién custodia estos datos? ¿quién los tiene físicamente?

Como ustedes pueden imaginar los de siempre: los ejecutivos autonómicos o estatales. Como ellos son la “Administración de la Administración” y ellos mantienen y controlan los 13 sistemas informáticos que hay en España son ellos quienes tratan y controlan los datos judiciales. Fastuoso. En España lo que la ley o el sentido común dicten choca siempre directamente con una realidad abstrusa que, al parecer, nadie quiere reformar.

Claro, si luego el Ministro de Justicia delinque o un Consejero de Justicia autonómico es imputado, vienen los miedos y las madres mías y comienzan a inventarse soluciones de fortuna. Y no quiero recordar en este punto recientes crisis vividas por la administración de justicia española porque no quiero levantar pasiones incontrolables. Mejor callar en este punto.

La des-organización de la administración de justicia española es tan fantástica que este desbarajuste informático no ha podido ser arreglado en 30 años y resulta muy difícil imaginar cómo puede organizarse en el futuro una oficina judicial dirigida, al mismo tiempo, por el ejecutivo central, el poder judicial y los ejecutivos autonómicos y, siempre, dándose codazos.

Como te decía al principio, querido lector, todo esto que te he contado de la organización de la administración de justicia española es muy difícil de explicar a un extranjero, a un español, a un alumno de primero de derecho o incluso a un catedrático de derecho procesal de la Universidad de Bolonia. Creo que no acabaría de entenderlo ni el mismo Aristóteles aunque volviese a nacer sólo para ello.

Sí, es muy difícil que todo esto pueda entenderse pero yo, esta mañana de sábado que me ha sorprendido con algo de tiempo libre, quería contártelo a ti. Quizá no acabes de entenderlo (yo mismo no lo entiendo) pero igual, tras este post, entiendes por qué, a veces, a los abogados nos invade la melancolía.

Ius y yoga

Ius y yoga

Mi amigo Luis Morillo hoy me ha recomendado yoga, mucho yoga, lo que quizá él no sepa es que llevo bastante más de 30 años dedicándome a algo muy parecido al yoga: el derecho.

Sí, «yoga» y «ius» son palabras hermanas y derivan ambas del vocablo indoeuropeo *HieH3u “unir”, raíz de la que proceden, además de ius y yoga otras muchas palabras.

En primer lugar esta raíz tiene el significado de “unir” al cocinar y, por eso, no es extraño que la palabra “sopa” se diga en latín, precisamente, “ius” (sacad vuestros diccionarios de latín y comprobad que sopa, en latín, se dice «ius»). Por eso, si ustedes algún día visitan Pompeya y ven escrita en las paredes de alguna taberna la expresión “ius olitorium”, no piensen que están en presencia de algún tipo de derecho como el “ius puniendi” o el “ius maletractandi”; lo que la expresión anuncia es una humilde menestra: una sopa de verduras.

El “ius” se esconde casi siempre bajo las palabras que indican unión. Así, el artilugio que unce a los bueyes es el “yugo” (iu)go, los animales unidos forman una “yunta”, cuando nos unimos a otra persona la llamámos “cónyuge” con(iu)ge y, la unión de todos los vecinos de un municipio da lugar al “ayuntamiento” a(iu)ntamiento. El ius es, pues, ése vínculo que mantiene unida a la sociedad o ese vínculo que une al alma con la divinidad en el caso del yoga.

Así pues yoga y ius nos remiten a un vínculo y dan lugar a un amplio campo semántico que comprende, entre otros, los sustantivos para “derecho” en latín (ius), avéstico (yaož) y sánscrito (yos). Con el sufijo -t-o, resulta iustus “el que actualiza la noción de ius”, o sea, “el que observa el derecho”, de donde de donde “justo, recto”, palabra de la que deriva a su vez el sustantivo iustitia “justicia”, justo al contrario de que pensaba Ulpiano. Finalmente (con rotacismo, esto es, paso de -s- intervocálica a -r-) ius es origen del verbo latino iuro “jurar”.

Me sorprende que, a muchas personas que han consagrado su vida al estudio del derecho, nunca les haya picado la curiosidad de saber qué significa exactamente «ius». Ahora que lo sé veo a los juristas como cocineros que tratan de mezclar todos los ingredientes en la proporción justa, cuidando la cocción a la temperatura adecuada y procurando que todos los sabores armonicen.

En la foto les muestro a Triboniano durante uno de los pocos descansos que pudo tomarse mientras redactaba el Digesto.

The Devil’s Own

The Devil’s Own

Para el día 8 de junio ya era evidente que los abogados no podrían alcanzar sus objetivos, no obstante, volvieron a intentarlo, pero lo imposible es imposible y fracasaron.

Controlar los puentes era una tarea de vital importancia para las fuerzas aliadas que desembarcaron el 6 de junio en Normandía: si los puentes “Pegasus” y “Horsa” en Benauville no eran controlados intactos los ingleses no podrían avanzar hacia el este y envolver Caen; si, por el contrario, había un contraataque alemán en la zona era importante, en ese caso, destruirlos para que los panzer no alcanzasen la margen izquierda del río Orne. Fue por eso por lo que, usando de planeadores y de paracaidistas y antes de que los desembarcos comenzasen, los aliados dieron un golpe de mano al norte de Caen, en Benauville, para controlar estos puentes.

Sin embargo quedaban, al menos, trece puentes más sobre los ríos Odon y Orne que alguien tendría que destruir y esa misión le fue encargada a los abogados del «Inns of Court» un regimiento compuesto exclusivamente por juristas. Este regimiento era una de esas reliquias fósiles que tanto gustan a los «british», su origen se perdía en la noche de los tiempos y era en él en el que prestaban su servicio militar abogados y jueces. Cuando al rey Jorge III le dijeron que el regimiento estaba compuesto íntegramente de lawyers dijo enfadado: «No les llamaen lawyers, llámenles The Devil’s Own». Aquello era una ofensa grave pero, flemáticamente, los lawyers decidieron llamar a su regimiento “The Devil’s Own” y con este nombre llegaron a Normandía.

La verdad es que a estos abogados no les pusieron las cosas fáciles. La tarea que les encomendaron era casi suicida pues se trataba de, sin apoyo de ninguna especie, infiltrarse en territorio enemigo, alcanzar los ríos Odon y Orne y destruir los trece puentes por los que podrían contraatacar las fuerzas alemanas. Para ello se formarían doce grupos compuestos de tres vehículos en su mayor parte, un blindado sobre ruedas Daimler, un vehículo blindado ligero “Dingo” y un “half-track” cargado de explosivos para demoler puentes. Cada grupo de tres vehículos haría la guerra por su cuenta, habría de penetrar en solitario en territorio enemigo, trataría de alcanzar su puente, volarlo y buscar entonces la forma de huir y enlazar con las brigadas paracaidistas o las fuerzas que, teóricamente, avanzarían desde las playas. La cosa fue mal desde el principio.

Los abogados desembarcaron en la playa Juno apoyados por los canadienses, pero, de los dos transportes en que llegaron a la playa, uno tuvo problemas con las minas y varios vehículos acabaron dañados. Más tarde la operación se retrasó seis horas hasta que bajó la marea y pudieron desembarcar el resto para, finalmente, salir disparados en misión suicida hacia el interior del territorio enemigo.

Increiblemente lograron sobrepasar el cinturón germano aunque antes, los blindados canadienses, confundiendo los vehículos de los abogados (naturalmente pintados de negro) con vehículos enemigos les dispararon causándoles tristísimas bajas por fuego amigo. No fueron las únicas.

Ya estaban infiltrados en terreno alemán cuando un cazabombardero norteamericano «Thunderbolt» comenzó a disparar contra ellos. Los abogados habían colocado en sus vehículos distintivos amarillos y lanzaron bengalas amarillas, la contraseña para identificarse como aliados, pero la aviación norteamericana siguió disparando hasta alcanzar al half-track que transportaba explosivos para la demolición. La explosión que se produjo no sólo acabó con el vehículo sino con los dos que le acompañaban: no sobrevivió nadie del grupo.

A pesar de ello y de la cada vez más dura defensa alemana los grupos que quedaban operativos siguieron presionando hacia el interior hasta llegar a «Jerusalem Crossroads», un lugar donde aún hoy hay un cementerio militar, pero la 21ª Panzerdivisionen ya había llegado a la zona y tratar de enfrentarse con cañones de 40 mm y ametralladoras Bren a los panzer era simplemente un suicidio.

Aún y así los abogados lo intentaron y el 8 de junio lanzaron su último y desesperado ataque con la esperanza de abrirse paso hacia sus objetivos. Fue una buena carga, lamentablemente no sirvió de nada, la maquinaria alemana era muy superior en calidad y desbarató fácilmente el ataque.

El día 9 de junio el jefe del regimiento decidió que ya había sido suficiente y que era hora de dejarlo («I rest my case») y ordenó el sálvese quien pueda. Cada uno de los grupos de tres vehículos buscó la salvación por su cuenta y, no sin lamentar fuertes pérdidas, pudieron enlazar con fuerzas aliadas que combatían en la cabeza de puente de Normandía.

Una “Military Cross” y cuatro “Military Medals” fueron el premio que su majestad dió a los abogados del “The Devil’s Own”. Una pequeña lápida en “Jerusalem Crossroads” conmemora el obstinado empeño del regimiento de abogados por abrirse paso entre los blindados alemanes.

Quizá si este año Miguel Pouget se acerca por Chouain (al sur de Arromanches) pueda decirnos si la lápida aún sigue ahí.

El objetivo correcto

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u “operador jurídico” de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos “operadores jurídicos” con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas “incrementalistas” las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

Y no hay remedio

Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!

No, no existe la cara de inocente.

A veces uno se pregunta qué pasaría si fuese acusado erróneamente de algún crimen. Algunas personas con quienes he tratado este asunto, medio en broma y medio en serio, han afirmado: «supongo que se darían cuenta en seguida que yo no soy culpable, esas cosas se notan, se ven en la cara.»

Supongo que, cuando dicen eso, quieren decir que su desesperación al ser erróneamente acusados sería tanta que «necesariamente» el juez se tendría que dar cuenta de que no estaba fingiendo su inocencia. Reconforta pensar que hay gente que de tal modo confía en la justicia pero debo decir que se equivocan.

Recuerdo cómo, hace ya muchos años, una pareja de la guardia civil requirió la documentación a un extranjero borracho que, al no llevarla encima, pidió a los agentes que le acompañasen hasta su chabola por ser el lugar donde la tenía. Los guardias le acompañaron, el extranjero apartó la madera que afectaba ser la puerta e invitó a los guardias a pasar y, para sorpresa de un desconcertado extranjero, cuando los guardias entraron, se encontraron con una persona muerta.

Interrogado el extranjero no supo qué decir, fue inmediatamente detenido, puesto a disposición de la autoridad judicial e ingresado preventivamente en prisión. El extranjero, aunque juraba ser inocente, no podía dar razón de qué hacía aquel cuerpo en su casa y, ciertamente, nadie le creyó.

Afortunadamente para él, la persona que apareció en su casa no estaba muerta, solo agonizaba por gravísimas heridas. Esta persona permaneció en coma muchos meses en el hospital pero, finalmente, logró recuperar la consciencia y, cuando se le exhibieron fotografías de su supuesto agresor, manifestó no conocerle de nada. La persona herida indicó con toda claridad a la guardia civil quién había sido la causante de sus lesiones manifestando, asimismo, que el preso preventivo no había tenido nada que ver.

El juez instructor se apresuró a poner en libertad a aquella persona que había mantenido tantos meses en prisión preventiva y esta salió de prisión aún sin entender bien por qué le había pasado toda aquella peripecia.

La explicación de lo sucedido era simple, pero difícil de detectar para el acusado dado su estado de embriaguez la noche de autos: cuando condujo a la policía a su chabola se encontraba en tal estado de intoxicación etílica que se confundió de ubicación y condujo a los guardias a una choza que no era la suya. Nadie, ni él mismo, se dieron cuenta del error.

Tuvo suerte el extranjero, nadie sabe qué hubiera ocurrido en el juicio si, la persona herida, hubiese llegado a morir sin recuperar antes la consciencia.

Muchas veces me he enfrentado a situaciones como esta y, en casi todos los casos, la sensación de impotencia es grande. No existe la cara de inocente, créanme: si son acusados erróneamente nadie detectará en ustedes su genuina condición de inocentes y, aunque alguien lo haga, la maquinaria procesal se ocupará de hacer irrelevante tal convicción.

¿Por qué les cuento esto?

Bueno, pues porque que ayer me enteré de la prematura muerte de una magnífica magistrada con quien tuve la fortuna de poder trabajar durante sus destinos como juez de lo penal en mi ciudad, Cartagena, y en la vecina ciudad de Murcia. Su dedicación a la profesión y la calidad de su trabajo no creo que nadie pueda discutirlos sino solo ponderarlos y, aunque mi trato con ella solo fue profesional, la tristeza me invadió al leer la noticia de su muerte: era demasiado joven. La última noticia que tenía de ella la situaba en La Haya y yo daba por seguro que pronto tendría noticia de nuevos logros profesionales de su parte. Esperaba solo buenas noticias de ella, no esta.

Rumiando la tristeza recordé mi último juicio con ella hace ya bastantes años. Era uno de esos juicios en los que, como he contado al principio, uno echa de menos la existencia de la «cara de inocente». Les cuento.

Una chica había denunciado ser objeto de un atraco con arma blanca y días después, trabajando, creyó detectar entre los trabajadores del centro donde ella prestaba temporalmente sus servicios al supuesto autor del robo.

Formulada la correspondiente denuncia la policía detuvo al sospechoso y, tras el reconocimiento en rueda de rigor, la denunciante le identificó «sin ningún género de duda».

Algunos de mis lectores pueden pensar que el testimonio de una sola persona no puede destruir el principio de presunción de inocencia y que, como suele decirse en la calle, esto es solo «la palabra de uno contra la de otro» pero, conforme a la jurisprudencia española, debo informarles de que se equivocan.

En España el testimonio exclusivo de la víctima puede servir para fundar una sentencia condenatoria si reúne una serie de determinados requisitos pues, de otra manera, muchos delitos quedarían impunes. Los requisitos son de sentido común y, entre ellos y relatados de forma lisa, estarían: la coherencia y constancia en la acusación, la ausencia de motivos espurios para denunciar, la existencia de circunstancias periféricas… En fin, no les canso, en este caso se daban los requisitos suficientes como para saber que mi cliente podía ser condenado.

Mi cliente afirmaba que él era inocente, que en el momento en que se decían cometidos los hechos él estaba con su novia en la cama aprovechando una ocasión propicia que les permitía estar a solas. Su novia apoyaba su afirmación pero era evidente que sólo ella podía apoyarla pues la soledad buscada para un encuentro íntimo hacía que no hubiese ningún testigo imparcial de dicho encuentro. Cuando interrogué al muchacho sobre algunos detalles de su coartada el mismo o dudaba o no se acordaba, lo que, ciertamente, podía ser desastroso en el acto del juicio.

Para colmo de males la pena pedida por el Ministerio Fiscal era muy fuerte y suponía bastantes años de estancia en prisión, lo que me obligaba a considerar la posibilidad de jugar al repugnante juego del dilema del prisionero que suele preceder a todo juicio penal.

Si no saben lo que es se lo explico. Antes de la celebración del juicio suele ofrecerse al acusado la posibilidad de llegar a una conformidad con la acusación. El fiscal suele rebajar, durante este trámite de conformidad, su petición de condena si el acusado se reconoce culpable y, de esta forma, si el acusado y su defensa acceden, el juicio no se celebra y se condena inmediatamente acusado a la pena acordada. Muchos jueces, a mi juicio indebidamente, se contaminan presenciando estas conversaciones entre el Fiscal y la defensa y es por ello por lo que, por principio, jamás me acerco a negociar con el Fiscal un acuerdo si el juez está en la sala. Considero que debo un respeto a mi cliente y que, entre las obligaciones que este respeto me impone, está la de no manifestar ni con mis palabras ni con mis actos que mi cliente estaría dispuesto a conformarse, pues esto sería mandar al juez un mensaje inequívoco de culpabilidad. Sé que esta costumbre mía enfada a bastantes funcionarios, fiscales e incluso jueces; en mi descargo sólo puedo decir que lo lamento pero que no cambiaré mi forma de actuar: cada letrado decide cómo defiende mejor a sus clientes y yo creo hacerlo así. Mi trabajo es servir a los intereses de mi cliente antes que a los de nadie así que espero que sepan disculparme.

Bien, en este tipo de negociaciones muchas son las circunstancias que pesan sobre la mente de un abogado. Por un lado está la convicción propia en la inocencia del cliente que te impulsa a no transaccionar nada, pero, por otro lado, está la incertidumbre del resultado del juicio pues, como todas las obras humanas, los juicios no son perfectos y el riesgo de un fallo no acorde con tus expectativas siempre existe. En algunos casos el dilema es dramático para el acusado: sabiéndose inocente llega a considerar la posibilidad de conformarse y asumir que ha cometido un delito simplemente para no arrostrar el riesgo de una condena mayor.

Para este caso de que les hablo yo había tratado de reunir cuantas pruebas disponía: un pago con tarjeta en un establecimiento lejano en una hora cercana a los hechos, el siempre peligroso testimonio de la novia y unas cuantas bazas más que me ahorro referirles. Quizá con otro juez no me hubiese sentido seguro pero, en este caso, la juez era ella y eso, créanme, era una garantía para la justicia y por lo tanto para mi cliente.

Cuando llegué a juicio me negué a ningún tipo de conversación con el fiscal y pasamos adelante con la muy poco impresionante declaración de mi cliente. Hizo protestas de inocencia con poca capacidad expresiva e interrogado por detalles del momento dio explicaciones sencillas y veraces pero con una escasa riqueza de detalles, circunstancia esta más debida a su carácter introvertido y nivel cultural que a otra cosa. No lo hizo mal y yo quedé razonablemente satisfecho a la espera de la que yo suponía previsible declaración de la denunciante. Me equivoqué.

Gracias a la exasperante lentitud de la justicia española desde la ocurrencia de los hechos hasta el momento del juicio habían pasado seis años y la denunciante había tenido tiempo de estudiar la carrera de derecho y se notaba que, a la luz del tiempo y de sus estudios, no estaba satisfecha de cómo habían sucedido las cosas.

Aunque se ratificó en su denuncia se mostró crítica con la forma en que se había producido el reconocimiento en rueda: «creo que ese reconocimiento no se hizo de la mejor manera posible…»

La juez no parecía tener tampoco claros los hechos, desde el principio de la vista miraba de vez en cuando y con curiosidad a mi mandante y, en medio de la declaración de la denunciante, la interrumpió: «Oiga ¿Es que no observa usted algo muy característico en la cara del acusado?»

La denunciante titubeó y yo quedé estupefacto porque, por más que miraba el rostro de mi representado, yo no le veía nada especial. Sin duda no era Brad Pitt, pero tampoco era tuerto o tenía el labio leporino.

De pronto la denunciante señaló un detalle para mí sin importancia relativo a las proporciones de la cara de mi cliente, detalle que fue inmediatamente corroborado por la juez —pues era esto lo que había llamado su atención— y que dio lugar a una moderadamente larga conversación entre ellas.

Mi cliente asistía al debate con el aspecto de sentirse un indígena maorí analizado por dos antropólogas. Finalmente juez y denunciante, tras interesantes consideraciones antropométricas, llegaron a un acuerdo claro y sin paliativos, mi cliente, aunque declarado judicialmente feo, salió absuelto del juicio: no era él quien había atracado a la denunciante.

Ni mi cliente ni su novia formularon óbice alguno aunque, para esta, el error judicial era evidente pues su novio era guapo y proporcionado. Yo, satisfecho al escuchar tan contradictorios veredictos, me fui para casa aliviado por no haber tenido que jugar todas mis cartas y que el asunto se encauzara bien desde el principio.

Ayer, mientras rumiaba la tristeza de la muerte de una profesional joven y brillante como ella, recordaba este pasaje amable de mi vida y consideraba que, si nadie me hubiese informado de su muerte, para mí seguiría tan viva como lo estaba unos días atrás y la idea de que es nuestra memoria la que da vida a las cosas volvió a invadirme.

Sabemos quiénes somos porque nos acordamos, sabemos en qué país o en qué ciudad estamos porque nos acordamos y, nuestros padres y amigos, viven, aunque no los veamos, porque siguen en nuestra memoria. El ser humano, en realidad, parece poco más que una mezcla de polvo y memoria y ahora, escribiendo estas lineas, sé que, ella, sigue viviendo en mi memoria en el recuerdo de muchos juicios orales y, por qué no, hasta en el rostro feo de un hombre que no tenía cara de inocente.

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

En marzo de 2020 la sanidad española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: una epidemia amenazaba con provocar más enfermos graves de los que sus unidades de cuidados intensivos podían tratar.

La amenaza se vivió como un drama, si tal hecho se producía muchas personas podrían perder su vida de forma que, para que eso no sucediera, se tomaron medidas radicales.

La primera de ellas fue pedir a la gente que se quedase en casa, si no se producían más contagios quizá pudiese tratarse a los ya contagiados y, según se fuesen curando, se irían quedando camas libres.

La segunda fue destinar al tratamiento de esta enfermedad a todo el personal sanitario, incluso a los no especialistas. Los anestesistas ayudaron a los anestesistas de pulmón y los médicos generalistas a los especialistas… Todas las manos se pusieron a la tarea.

En tercer lugar se improvisaron nuevas UCI’s que supliesen la falta de camas de las de los hospitales: se construyeron de la noche s la mañana UCI’s en ferias de muestras y morgues en palacios de justicia, si no había sitio en las UCI’s de un lugar se derivaban los pacientes a las UCI’s de otras ciudades pero se asumía que nadie quedaría abandonado a su suerte…

La población se confinó, los profesionales de la sanidad lo dieron todo, el estado construyó UCI’s y buscó respiradores y menos de 60 días después comenzó a verse la luz al final del túnel. La sanidad había dado una lección enorne de cómo se afronta una crisis. Pero…

Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria se supo que, unas semanas después, llegaría una emergencia jurídica y a la administración de justicia le pasaría exactamente igual que a la sanitaria.

Ya en abril de 2020 la justicia española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: las consecuencias económicas de la epidemia amenazaban con provocar más asuntos graves de los que sus juzgados podían cuidar.

La amenaza, en cambio, NO se vivió como un drama aunque todos sabían que, si tal hecho se producía, muchas personas podrían perder sus medios de vida y es triste que, para que eso no sucediera, no se tomasen medidas radicales.

En lugar de destinar a la lucha contra esta crisis a todo el personal disponible, incluso a los no especialistas, el CGPJ insistió estúpidamente en los principios de especialización y concentración condenando a la saturación a los juzgados. Los enfrentamientos y debates entre funcionarios, jueces, LAJ’s y profesionales se vieron acrecentados por las medidas sin sentido del gobierno y, en lugar de contar con el esfuerzo de todos, ya para mayo era evidente que todos estaban enfrentados al inexistente plan del gobierno.

Porque el gobierno, a pesar de r consciente de que sus UCI’s (juzgados) no podrían absorber todos los casos que se les venían encima, no solo no construyó nuevas UCI’s de emergencia sino que, a esta falta de IFEMA’s sanitarias, se unió la ridícula oposición a derivar enfermos de unos hospitales llenos a otros menos saturados, de forma que, los juzgados de lo social y lo mercantil, se vieron obligados a hacer frente ellos solos y sin ayuda ni medios a la crisis. El colapso quedó desde ese momento garantizado.

Y ahora, usted que lee esto, dígame: ¿por qué los profesionales de la sanidad se muestran capaces de enfrentar una crisis de forma organizada y los de la justicia solo sirven para pelear entre ellos y adoptar tan solo ridículas medidas que no contribuyen a nada salvo a enfrentar unos colectivos con otros?

La justicia española está escribiendo en estos momentos uno de los capítulos más negros de su historia, fallándole a la población cuando más falta le hacía a esta y convirtiéndose, así, en una de las principales responsables del drama económico que muchas familias españolas van a vivir.

Esto, ya lo dije hace semanas, es ya un desastre y pronto lo será pavoroso; y lo peor es que, mientras el barco se hunde, los oficiales bailan en cubierta en traje de gala, discuten sobre los próximos ascensos o redactan nuevas leyes como si, para cuando estas se aprueben, todo fuese a seguir igual.

Insensatos.

Los grandes despachos se van a la pesca de consumidores

Los grandes despachos se van a la pesca de consumidores

El pescador arroja pan al mar buscando atraer los peces al lugar donde, luego, echará el anzuelo. ¿Alguien diría que el pescador «regala pan» a los peces?

Hoy leo que un supermercado «regalará» asesoría jurídica a sus clientes de la mano de uno de esos despachos de ¿abogados? que miden su éxito en dinero. ¿Creen ustedes que el supermercado regala servicios a cambio de nada? ¿Creen ustedes que el despacho presta sus servicios a cambio de nada?

No sea usted necio: cuando vea llover pan del cielo puede estar seguro de que el pescado al quieren enganchar en un anzuelo es usted.

En España hace falta desde hace muchísimo tiempo una ley de servicios jurídicos que proteja a los consumidores —y a la abogacía como profesión mínimamente digna— frente a este tipo de prácticas; pero, ya lo saben ustedes, la abogacía institucional jamás se ha preocupado de ello y, a los comerciantes que se camuflan de abogados, les viene bien que no exista regulación.

Así que, ya sabes, o peleas tú por ello o no lo hará nadie.

¿Ha tenido que llegar la crisis para que aprendamos que LexNet y Minerva son patatas?

Aún lo recuerdo, el Consejo General de la Abogacía Española hacía palmas con las orejas ante los planes de Catalá de implantación de LexNet. Papel cero decían. Y recuerdo a todas las comunidades autónomas gastándose los pelos en sustanciosos contratos y desarrollos de software para construir el caos cibernético del que ahora disfrutamos.

Nunca un país invirtió tanto dinero en conseguir descabalar tan a fondo su sistema judicial.

Y aquí estamos, padeciendo ese LexNet y ese Minerva que, como el lenguaje lo aguanta todo, nuestros ministros de justicia y sus indispensable séquito de consejeros turiferarios, calificaron de grandísimos avances en su momento.

Pues bien, desde nuestras redes denunciamos que uno y otro eran dos #patatas. Dos birrias cuyo peor defecto es que medio funcionaban y que, por eso, muchos ingenuos aguantarían usando esas dos birrias hasta que pasase algo.

Y ha pasado.

Les cuento: me escribe una abogada colombiana sorprendida porque en los juzgados españoles no se pueda teletrabajar o consultar desde casa los expedientes judiciales. Le explico la desastrosa situación informática en España y el batiburrillo caótico de sistemas Avantius, Vereda, Justizia.bat, ejusticia, Adriano… y así hasta llegar a los ínclitos LexNet y Minerva.

Le digo que no, que con LexNet y Minerva no se puede teletrabajar, que LexNet es sólo un sistema de notificación y Minerva no permite la consulta de expedientes.

Ella, sorprendida, me manda unas cuántas capturas de pantallas de cómo está teletrabajando ella y me quedo pensando en lo mismo que, sin duda, tú pensarás si has llegado leyendo hasta aquí.

Y ahora vete a buscar a Caamaño, a Gallardón, a Catalá y a toda la caterva de indigentes informáticos que se gastaron millones de euros en colocar a la administración de justicia estas patatas.

Ahora es cuando deberíamos ajustar las cuentas con quienes gastaron los dineros de todos y planificaron. Y se las deberíamos ajustar muy, muy, estrechas. Pero no lo haremos, porque no tenemos memoria, porque somos pánfilos, porque perdonamos la mentira y la estafa si se hacen a lo grande.

Porque, al final, a quienes peleamos contra estas basuras no nos queda más pataleo que el de las madres cuando, enfadas, dicen a sus hijos: «Te lo advertí».

Me llevan los diablos.

Entiéndanlo: el problema de la justicia en esta crisis está en los primeros tres meses.

Veo los planes del ministro de justicia y no doy crédito a mis ojos. No sólo no resuelven ningún problema sino que lo crean.

Vamos a ver: el problema que plantea esta crisis va a ser si la administración de justicia podrá dar solución a los problemas que se le van a presentar en los primeros tres/cuatro meses tras el estado de alerta.

Los juzgados de lo social van a ver cómo se incrementa su carga de trabajo en un 80%

y los juzgados mercantiles en un muy probable 150%.

Estos datos puedes confirmarlos aquí, aquí o aquí.

Recuerda: la crisis en 2009 supuso una caída del -3,6% del PIB, este año el PIB va a caer, como poco, UN 13%. Estamos ante la crisis de 2008 multiplicada por cuatro y en un entorno sanitario en el que NUNCA podrás hacer funcionar los juzgados al 100%.

Si no entiendes eso no entiendes nada, si no entiendes que hay que colocar la administración de justicia en modo “ahorro de energía” para destinar los recursos a lo verdaderamente importante es que no entiendes nada y si, encima, adoptas medidas que te impiden hacerlo no se necesita saber más para tener por cierto que este ministro nos lleva de cabeza al fracaso.

Si la administración de justicia española no da respuesta en estos pocos meses a ese tsunami de casos lo que haga después no servirá para nada: la economía de España y la de los Españoles y Españolas se habrá ido al carajo.

Si esto no se comprende no se comprende nada ni se puede planificar nada.

La administración de justicia no puede hacer esperar ni doce ni ocho ni seis meses a un trabajador despedido: la vida de una familia va en ello.

La administración de justicia española no puede retrasar la tramitación de un concurso ni quince días so pena de convertirse en la enterradora de una empresa.

Y la onda de reclamaciones en materia laboral y de concursos YA está entrando en los tribunales y el ministro NO ha hecho nada. A estas alturas el desastre es ya casi imposible de evitar y el martes próximo el desastre será absolutamente inevitable.

El ministro no está en la realidad, no ha entendido que, para cuando los recursos lleguen (si llegan) los trabajadores y las empresas españolas y serán unas víctimas de su administración de justicia y él será el culpable.

Ya les dije que la administración de justicia va a contribuir decisivamente en esta crisis a que todos nos vayamos al carajo y, por lo que le leo al ministro, así va a ser.

Ni va a priorizar y a reasignar los recursos escasos, ni va a atender a prioridades, ni ha hablado con la abogacía —solo con una señora desintonizada— ni con la procura, ni ha convencido a los sindicatos ni tiene la más remota idea de cómo se diseña un plan de contingencia en medio de un entorno de riesgo para la salud pública como este. Los juzgados van a colapsar y van a colapsar donde el daño es mayor: laboral y mercantil.

Lo siento, no puedo darle buenas noticias, el martes será el día en que certifiquemos que la administración de justicia española no ayudará a este país a salir de la crisis, sino que contribuirá a agravarla.