Tu imperativo

La teoría del caos es la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias (biología, meteorología, economía, entre otras) que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Al menos esto es lo que nos dice wikipedia.

En la vieja física determinista de Newton, conocidas todas las variables del sistema, uno podía predecir con toda exactitud dónde se encontraba un cuerpo celeste —por ejemplo— en cualquier momento del pasado y dónde se encontraría en cualquier momento del futuro. El tiempo podía, pues, ir adelante o atrás sin que eso afectase demasiado al sistema.

Sin embargo la física —en especial la cuántica— nos ha revelado un universo lleno de incertidumbres, donde el conocimiento exacto de ningún dato parece posible (incertidumbre de Heisenberg ), donde los sistemas caóticos ganan protagonismo o donde la existencia de estados irreversibles permiten afirmar que, en contra de lo que pasaba en el universo determinista de Newton, la flecha del tiempo cobra especial sentido.

De todas las características de los sistemas caóticos, es la de su tremenda sensibilidad a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales la que más ha atraído la atención del público. Se sabe que, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de uno de estos sistemas, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro y se ha ejemplificado esta característica con el llamado «efecto mariposa». En el caso del tiempo atmosférico —un clásico ejemplo de sistema caótico— pequeñas variaciones como el aleteo de una mariposa en el Golfo de Guinea, se afirma, pueden acabar produciondo huracanes en las Islas de Barlovento del Caribe.

Pues bien, si el aleteo de una mariposa puede producir huracanes en un sistema caótico como el del tiempo atmosférico, ¿qué consecuencias pueden tener las acciones de un ser humano en el seno de otro sistema caótico como es el de las sociedades humanas modernas?

Si tomamos conciencia, si verdaderamente somos conscientes, de que cada una de nuestras acciones puede cambiar el mundo y la sociedad, probablemente nos ocuparíamos mucho más de llenarlas de sentido o de contenido moral.

Quienes te recomienden que no te esfuerces, que tus protestas, manifestaciones o reivindicaciones no van a servir de nada, no le dediques la más mínima atención. Tú sabes que eres importante y que todo cuanto hagas puede ser importante, muy importante, que sólo quienes no quieren que nada cambie te recomendarán estar quieto y sometido. Tú puedes cambiar el mundo con cada uno de tus actos, la física y la matemática de las ecuaciones no lineales están de tu parte, no les vayas a dar el gusto a esta caterva de deterministas que creen que todo está escrito, hazles saber que el futuro lo escribes tú tanto como ellos y que su mal guión de mala película está llamado a abandonar las carteleras. Para siempre.

Mariposa Almirante Rojo.
Mariposa «Vanesa Atalanta» (Almirante Rojo) común en Europa del Sur. Se cría en la albahaquilla de muro («parietaria judaica»), una planta que crece en las grietas de muros y paredes.

Váis a tener que mentirnos

Leo los discursos electorales de los partidos que se presentan a las elecciones, escucho a sus líderes, escudriño las reacciones de su militancia y no descubro en ninguno de ellos el más mínimo interés por la justicia.

En un país donde banqueros inicuos han mandado a la ruina a millones de ciudadanos honrados, donde políticos infames se pavonean de doctorados y másteres que jamás estudiaron, donde las administraciones han sido oficinas de recalificar terrenos en favor de los amigos, de vender negocios al tres per cent, de colocar familiares o buscarse jubilaciones; donde los partidos han sido oficinas de recaudación para regocijo de sus líderes, donde —para triunfar— es mejor tener amigos que méritos; en un país así, que está buscando justicia como el enfermo que agoniza busca una bocanada más de aire, quienes pretenden decidir nuestro futuro no incluyen en él la justicia.

Sabemos que los programas electorales son como ese whatsapp que el rufián manda a su amada jurando quererla siempre y permanecer siempre a su lado mientras, entre mensaje y mensaje, busca pareja eventual en Tinder. Sabemos que esos programas son una colección de mentiras que sólo se cumplirán si resulta conveniente para los intereses de esos cuantos que gobiernan los partidos. Pero sabemos también que, si ni siquiera te mencionan en ellos, ya no es que no les importes ni les importe engañarte, es que no existes para ellos.

Los abogados y abogadas son parte decisiva de un país donde la justicia importe, aunque sea poco. Los abogados y abogadas de oficio son parte decisiva de un país donde la justicia de los más desfavorecidos importe, aunque sea menos que poco. Por eso, cuando veo que los abogados de oficio llevan un año en la calle reclamando que se les paguen sus miserables retribuciones y veo también que en ningún discurso electoral, ni siquiera les mienten y les dicen que cobrarán a tiempo cantidades dignas, es entonces cuando sé que les importamos menos que nada. Que todos estos políticos, criados y educados en la escuela de los másteres y doctorados de paripé, en el seminario de las inagotables tarjetas black, en la academia del tres por ciento, en el liceo de las recalificaciones urbanísticas, en el colegio del soborno y en la universidad de la corrupción; a estos políticos no les interesan ni los abogados de oficio, ni la justicia de los desfavorecidos, ni la justicia a secas y en mayúscula porque sólo ella es capaz de acabar con tanta tropelía y en el fondo bastantes de entre ellos, de quienes les precedieron o de quienes precedieron a los que les precedieron, habrían de dar cuentas muy incómodas ante una administración de justicia capaz de pedírselas.

Pero yerran, un estado de disgusto y de decepción se extiende y es ya general, un consenso cada vez más firme se asienta sobre la convicción de su dudosa honestidad, una hartazón cada vez mayor alcanza al electorado y ese consenso general ya no puede deshacerse sin apelar a la justicia.

Mentiréis, volveréis a prometer lo que no pensáis cumplir, volveréis a empeñar la palabra que hace tiempo perdísteis en la casa de empeños; pero vais a tener que mentirnos y, para entonces, podéis tener la seguridad de que una red de abogados y abogadas os estará esperando para pasar cuentas a limpio.

Agenda-setting y turno de oficio

La forma en que los medios de comunicación y los órganos de comunicación de las instituciones tratan de controlar a su audiencia son extremadamente sutiles.

A principios del siglo XX, a la estrategia de control de la masa a través de los medios de comunicación, se le denominaba «teoría de la aguja hipodérmica». Según esta teoría, para influir, había que suministrar los contenidos precisos a la masa y con eso sería suficiente; es por eso por lo que, en aquellos años, la propaganda resultaba mayoritariamente poco sutil y directa, aunque, indudablemente, resultó muy efectiva.

En nuestros días creo que todos convendremos en que los medios de comunicación de masas ya no engañan a nadie —o al menos engañan a mucha menos gente— pero no es posible despreciar sus sutiles métodos de control, uno de los cuales fue bautizado en los años 70 del siglo pasado como agenda-setting. Según esta teoría los medios de comunicación no pueden decirle a la gente lo que ha de pensar pero lo que sí pueden hacer es fijar los temas y establecer en qué tiene que pensar.

Si es usted español creo que no necesito explicarle demasiado en qué consiste esta técnica: los medios de comunicación de masas deciden a qué noticias prestan atención y hacen que el debate ciudadano gire sobre esos temas que los medios han seleccionado y no sobre otros que, incluso siendo más importantes para el conjunto de la población, los medios de comomunicación, por alguna razón, no quieren que ocupen el centro del debate.

Partidos y corporaciones —muy a menudo coaligados— realizan titánicos esfuerzos para fijar una agenda informativa favorable a sus intereses. Los departamentos de comunicación de las corporaciones silencian unas noticias y recalcan otras y todo ello en función de los intereses y deseos de la élite que los controla.

Si eres abogado probablemente no necesito explicártelo. La semana pasada, por ejemplo, en Cartagena, los abogados protestaron aprovechando una visita del presidente del gobierno a la ciudad y lograron su minuto de gloria en el Telediario de la Primera Cadena de TVE, al conseguir que este medio informase —siquiera brevemente— sobre el malestar existente entre los abogados del turno por los continuos impagos. En la medida de sus posibilidades estos abogados pelearon por fijar la agenda informativa de ese día, al igual que en días anteriores lo habían hecho abogados de Burgos, Zamora, Córdoba, Granada o Melilla. El sentido de esas protestas era tratar de influir en la agenda informativa y política y forzar así una mayor receptividad a sus reivindicaciones en un clima de campaña electoral.

Ahora les sugiero que comparen esa actividad de los abogados de a pie y algunos de sus colegios con la estrategia informativa del Consejo General de la Abogacía Española, un consejo que, si no recuerdo mal, destina unos 500.000€ anuales a sus herramientas informativas.

Si observan, en primer lugar, las redes sociales que maneja el Consejo verán que, por ejemplo, en tuíter, no se informa en modo alguno de las protestas. En algunos casos se retuitean condescendientemente los tuits de los colegios en protesta, pero el Consejo no pone su firma explícitamente en apoyo a las protestas celebradas. Sólo su propia protesta —en los raros casos que se produce— encuentra eco en unos caros medios que pagamos todos los abogados. Y si esto es así cuando convocan los colegios, cuando la protesta la organizan grupos de abogados no convocados por los colegios, entonces, el Consejo simplemente silencia cualquier información y calla como si estos abogados no existiesen y las protestas nunca hubiesen existido.

El Consejo parece más interesado en difundir la celebración de su alegal —¿o quizá ilegal?— Congreso de Valladolid que en respaldar las protestas de los abogados del turno de oficio.

¿Es que los medios de comunicación del Consejo quieren fastidiar a sus colegios y colegiados y acallar cualquier información sobre sus protestas?

Lo parece, pero no lo creo, a mi juicio esa no es su estrategia sino una, seguramente, más miope y mezquina. Consciente de que cualquier acción que lleven a cabo los abogados y los colegios en defensa del turno pone de relieve —por contraste— la absoluta inacción del Consejo e incluso su docilidad tradicional con el poder, este se esfuerza, por todos los medios, de que la agenda informativa no sea la que quieren los abogados sino justamente la contraria.

El año pasado, el 19 de abril y el 22 de mayo, se produjeron movilizaciones masivas de abogados en toda España, incluso el decano del Colegio de Abogados de Madrid se sumó a ellas. Convocaba las manifestaciones una por entonces desconocida «Red de Abogados» (#R). Como pueden imaginar el silencio en los carísimos medios de comunicación del Consejo fue absoluto. Para el Consejo, si la agenda informativa se centraba en las protestas de los abogados, su falta de iniciativa quedaría retratada palpablemente y por ello mantuvo un vergonzantísimo silencio.

Esta semana, con movilizaciones en diversas ciudades y con informaciones sobre el turno de oficio en el principal informativo nacional, la actividad informativa de los órganos de propaganda —permítanme que los llame así— del Consejo ha aplicado una indisimulada sordina a la noticia en lugar de amplificarla en seguimiento de una estrategia claramente enfrentada a la de sus colegios y colegiados.

La confluencia de dos estrategias contrapuestas de agenda-setting en un mismo colectivo nos demuestra que los objetivos no son compartidos, que los objetivos de los abogados que pugnan por introducir los problemas del turno de oficio en la agenda informativa y política de España, choca frontalmente con la estrategia del órgano que dice representarles, encaminada a mayor gloria, loa y autosatisfacción de quienes dirigen esos medios.

Estas estrategias diferenciadas no pasan desapercibidas a los abogados y abogadas españoles que, a estas alturas, saben perfectamente qué han de hacer si desean que sus problemas encuentren principios de solución, siquiera sea colocando sus reivindicaciones en la agenda informativa y política de España.

Lo que parecen olvidar los responsables de información del CGAE es otra teoría: la teoría de la escuela de Palo Alto, la teoría del Colegio Invisible; porque la realidad es que, haga lo que haga cualquier sujeto o corporación, siempre está comunicando. Su silencio comunica, su falta de atención comunica, sus páginas de caro papel couché dedicadas al sahumerio de conspícuos y conspícuas miembros y miembras de la dirección del Consejo comunican… Y comunican elocuentemente; tanto que ya casi nadie duda de qué lugar ocupa el Consejo en esta crisis, cuáles son sus objetivos y cuál es su verdadera agenda.

Sin embargo no todo está perdido, al final del día los abogados y abogadas son un colectivo demasiado preparado como para dejarse manipular y es por eso por lo que, a pesar de la inícua estrategia informativa del Consejo, los problemas del turno de oficio han sido mantenidos en la agenda de protestas incluso en momentos en que, con el turno impagado, la presidencia del Consejo se dedicaba a acudir e invitar a fiestas y saraos al ministro moroso, llegando a aplaudirle públicamente mientras censuraba a los abogados que protestaban.

Si eres de los abogados que has protestado y mantenido viva la llama felicítate, porque has conseguido algo importante. Con sólo voluntad, coraje e inteligencia has logrado mucho más que los muchos miles de euros que, salidos de tu bolsillo, otros dedican a la autoalabanza.

Hipotecas y costas: urgen explicaciones

En las semanas pasadas me han estado llegando insistentes rumores de que el Colegio de Abogados de Barcelona podría estar pactando con todas o algunas entidades bancarias la limitación de las costas de los abogados en los procesos de reclamación de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. No he querido creerlos: las consecuencias serían gravísimas y el rumor lleva implícita la posible comisión de un delito.

Dado que estamos hablando de algo muy serio vayamos por partes y veamos, antes que nada, qué papel juegan los colegios de abogados en todo este asunto.

Los Colegios de Abogados, conforme al artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen encomendada la misión de emitir informe preceptivo en caso de que las costas de los abogados sean impugnadas por excesivas. Dicho informe no es vinculante pero, ciertamente, es muy influyente; no es de extrañar, pues, que las entidades bancarias hayan tratado de influir sobre el sentido de estos informes usando de todas las vías legales a su alcance.

Los bancos han atacado a los Colegios de Abogados en su flanco más débil: los llamados «libros de honorarios», libros estos que no son sino documentos que recogen una lista de criterios que las juntas de gobierno utilizan para resolver las impugnaciones y elaborar los informes a que hacía referencia en el párrafo anterior. Dado que ni los Colegios ni el Consejo General de la Abogacía han sido capaces de entenderse con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ni tampoco han logrado influir en la elaboración de normas que aclaren el embrollo, las quejas de los bancos, en ocasiones, han encontrado eco en la CNMC cuyas cuantiosas multas han espantado a los colegios de abogados.

No es necesario que les diga que los bancos, entidades de naturaleza psicópata12 a las que sólo gobierna el ánimo de lucro, han aprovechado sistemáticamente estos criterios en el pasado para arruinar a muchos miles de familias españolas, cargando sus costas inmisericordemente a pobres ciudadanos que no habían cometido más delito que ser pobres o haber caído en el desempleo víctimas de la crisis. Inflando cuantías e intereses merced a cláusulas abusivas los bancos jamas cuestionaron los criterios de honorarios de los colegios cuando les tocaba cobrar, es ahora que estàn recibiendo una pequeña dosis de su propia medicina cuando montan en cólera, aunque eso creo que ya lo he contado en otro post.

Pues bien, volviendo al papel que juegan los colegios de abogados en todo este asunto de las hipotecas, con lo dicho respecto de los informes de costas, ya pueden imaginarse ustedes que es capital por varios motivos.

En primer lugar porque las reclamaciones por gastos son de pequeña cuantía: si la condena en costas no cubre los servicios de un abogado que, en la mayoría de los casos, ha de desplazarse con su cliente a un juzgado ubicado fuera de su localidad (una repugnante treta amparada por los sucesivos gobiernos de este país) tales gastos no serán reclamados. No es mucha pérdida para un cliente sólo pero, multiplicado por los millones de afectados, es una ganancia de muchísimos millones de euros para los bancos que verían, de este modo, aseguradas y consolidadas las cantidades que depredaron a los ciudadanos a través de sus abusivas prácticas.

En segundo lugar porque, si las costas no cubren o cubren pobremente la intervención de los profesionales (abogado y procurador del consumidor) a los bancos se les servirá en bandeja la posibilidad de hacer ofertas a la baja a los consumidores y camuflar bajo el manto de «mediación» o «negociación» lo que no es más que un incalificable abuso.

Digámoslo con claridad: los bancos saben que han cobrado indebidamente determinadas cantidades ¿Por qué no las devuelven de inmediato? ¿Por qué obligan a los ciudadanos a acudir al juzgado con los gastos que ello implica? ¿Por qué el gobierno no sanciona simplemente y con dureza a todos esos bancos que no han devuelto las cantidades que saben que han de devolver y no les da la gana devolver?

Aquí, no necesito decírselo, salvo su abogado, usted y el juez de trinchera (no me hagan hablar del Tribunal Supremo) todos los demás trabajan en favor de los bancos; disimulando su parcialidad bajo diversos camuflajes, eso sí, pero a favor de los bancos.

A esa soledad del consumidor y su abogado frente al poder económico le quedaban pocos consuelos siendo el principal el de las costas y, precisamente por ello, contra ellas dispararon los bancos, sabedores de que en ellas está la clave de que puedan quedarse con todo el dinero depredado.

A paliar la soledad del consumidor y su abogado no ha ayudado nunca el gobierno quien, lejos de obligar a los bancos a devolver lo depredado, estableció mecanismos ralentizadores de las reclamaciones, alejó los juzgados de los administrados imponiendo a estos un intolerable peaje en la sombra y, en fin, hizo lo preciso por mantener una «especialización» de juzgados donde sepultar las reclamaciones para regocijo de los bancos que veían cómo, disminuido el número de jueces de trinchera que conocían de sus casos, las posibilidades de dar con un juez vsliente que plantease una cuestión prejudicial a Europa disminuían drásticamente. Todo estudiado, todo en orden, circulen.

A paliar la soledad del consumidor y su abogado frente al poder económico no parece haberle acompañado ni siquiera el apoyo de la presidencia de la abogacía institucional, cuyo comportamiento, en muchas ocasiones, ha parecido estar más del lado de los bancos que de los abogados y los consumidores.

A paliar esta soledad del abogado y su cliente consumidor parecen haber contribuido, sí, hasta ahora los colegios de abogados que han mantenido sus criterios aplicándolos a los bancos del mismo modo que los bancos exigieron su aplicación a los consumidores empobrecidos. Claro que, de ser cierto el rumor de que el Colegio de Barcelona está dispuesto a revisar sus criterios a la baja con los bancos, entonces sí que podríamos decir que el abogado y su cliente estarían solos, irremediablemente solos. Porque si el Colegio de Barcelona modifica sus criterios ¿Con qué autoridad podrían el Colegio de Madrid o el resto de los colegios de España mantener los suyos?

Fue así que, reflexionando sobre todas estas cosas y sobre el rumor antedicho, que ayer me topé con este —por muchos motivos espeluznante— tuit de la decana del Colegio de Barcelona

Mi primera sensación fue de horror. ¿Mediación entre el juzgado 50, entidades bancarias y colegios de abogados? ¿Cómo se come eso?

De entrada espeluzna que se hable de «mediación» y se olvide al principal afectado, el consumidor, que no es citado por ninguna parte; en segundo lugar horroriza que se hable de «mediación» cuando no hay nada que mediar con un juzgado: los juzgados juzgan u homologan transacciones judiciales ¿Qué se va a mediar con un juzgado? ¿es que los jjzgados ahora en lugar de juzgar se dedican a mediar con las partes?; en tercer lugar, pero primero en importancia ¿Qué se va a mediar con un banco que sabe que debe el dinero que se le reclama? La única «mediación» posible es que paguen lo que deben y las costas del juicio, todo lo demás es proporcionarles una ganancia injusta permitiéndoles quedarse con parte de lo depredado. Pero sobre todo ¿Con el consentimiento de quién está negociando la decana? ¿Sobre qué? ¿Habiendo informado a quién?

La noticia de la Vanguardia que se recoge en el tuit que mencionamos no aclara más la noticia aunque nos da la certeza de que la decana está negociando en términos desconocidos para los administrados, para los abogados de su colegio —y los del restos de colegios de la provincia de Barcelona— y no sabemos si para el resto de los colegios de España y el Consejo General de la Abogacía Española.

Y si la noticia de La Vanguardia abunda en el sentido del rumor otras noticias nos alarman en el sentido de que el Juzgado 50 y un gran bufete pudieran estar repartiendo el bacalao hipotecario en favor de los bancos.

Urge que la decana dé explicaciones; urge que el Consell se las pida, urge que el Consejo ofrezca explicaciones de todo esto a la abogacía y abandonen ese juego de secretos a que tan adictos son.

Y sobre todo urge que se deje de hacer el juego a quien se ha quedado con el dinero ajeno y no se le apliquen todo tipo de excepciones y especialidades.


  1. «Las personas con trastorno psicopático, o psicópatas, suelen estar caracterizadas por tener un “marcado comportamiento antisocial, una empatía y remordimientos reducidos, y un carácter desinhibido” (…) Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual solo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas.» (Psicopatía. S.F. en Wikipedia. Recuperado el 16/03/2019.)

  2. La caracterización de las «corporaciones» —entidades con personalidad jurídica a las que, merced a una ficción jurídica no siempre bien entendida, consideramos «personas»— como entidades gobernadas por una personalidad psicópata ha sido un campo fructífero explorado desde diversos puntos de vista; siendo quizá el ejemplo más popular el documental llamado «La Corporación», en el que se plantea directamente esta posibilidad.

Composición de textos judiciales

Hoy en tuíter un buen abogado ha realizado una encuesta sobre qué tipografía usábamos cada uno de nosotros al componer nuestros escritos judiciales. Yo he dado a esa pregunta una respuesta bastante larga aunque, debido a la complejidad del tema, siento que no he me explicado bien, así que, aquí va un pequeño post tratando de explicarle.

La composición de textos destinados a ser leídos en el seno de un proceso es una tarea compleja que, a lo largo de los años, he tratado de ir refinando. Un texto legible y de alta lecturabilidad ayudará a que el mismo sea leído y eso —no les quepa a ustedes la menor duda— nos ayudará eficazmente en nuestra tarea persuasora; así pues, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestro texto sea legible.

Comenzaré señalando que la longitud de las líneas de texto es fundamental: una línea demasiado larga hace que el paso de los ojos sobre ella sea largo en exceso y propenso a «descarrilar» entre líneas; si, por el contrario, la línea es corta, estresaremos innecesariamente a nuestro lector haciéndole cambiar de línea con más frecuencia de la deseable. Se ha calculado el número de lectores que desertan de la lectura de un texto compuesto con líneas demasiado largas o cortas; así pues, mi primer trabajo fue averiguar la longitud óptima de las líneas de texto. Aunque hay diversidad de opiniones dependiendo de multitud de circunstancias hay amplio consenso en que, en un texto impreso, la longitud óptima de línea se encuentra entre los 40 y 70 caracteres incluyendo espacios o unas 12 o 14 palabras por línea.

Otro aspecto fundamental para la legibilidad de los textos es el espaciado. Nuestros lectores son adultos que han hecho de la lectura su modo de vida; no leen letra a letra, como los niños, ni siguiendo las líneas con un dedo. Los destinatarios de nuestros escritos leen las palabras en grupos, en bloques, de un vistazo, y un elemento que les ayuda grandemente a hacer eso es que el espaciado sea lo más pequeño posible. Es mejor usar guiones de fin de línea y dividir palabras que dejar amplios espacios entre palabras con el riesgo de que se formen «ríos» de blancos en los párrafos del escrito. Por tanto, si me permites un consejo, usa guiones de división de palabras al final de cada línea siempre que veas que esa línea contiene un espaciado demasiado amplio entre palabras.

El objeto de todo este trabajo es que quien haya de leer nuestro texto se sienta cómodo haciéndolo. Una buena composición de textos es tan importante (o más) que la prosodia en el informe oral. Piensa en los destinatarios de tus escritos cuando los compongas.

Al igual que importa la longitud y composición de las líneas de texto importa una buena gestión de blancos; los blancos son al escrito como los silencios a la música: no seas cicatero con los blancos, ajusta tus composiciones a las necesidades de cada texto.

En cuanto al tipo de letra, antes de decidirte por una, deberías cerciorarte de unas cuantas cosas, al menos, las siguientes:

La legibilidad de los tipos «modernos» (Bodoni, Didot, etc…) no es mejor que la de los «antiguos» (Caslon, Garamond…) pues estos últimos tipos han demostrado su óptima legibilidad frente a cualquier otro tipo de letra. Si tienes dudas usa Caslon o Garamond, la legibilidad está asegurada, ningún lector se quejará y —dado que muy pocos tienen conocimientos de tipografía— creerán que están leyendo un Times News Roman (lo digo por si diriges tu escrito a la Sala III del Supremo con sus ridículas disposiciones tipográficas). Si vas a usar tipos modernos (Bodoni, Didot…) úsalos para titulares: es un clásico.

No uses letras sin serifas (Arial, por ejemplo) su legibilidad es inferior a Caslon o Garamond y, además, Arial es una mala copia de una fuente mítica: Helvética. Si vas a usar letras sin serifa usa Helvética, te parecerá que no se distingue de Arial, pero te aseguro que sí pues Helvética es un tipo de letra omnipresente en la sociedad y —si no me crees— te invito a que realices este test.

Otra cuestión a tener en cuenta es si la fuente que vas a usar es multiplataforma, es decir, si podrás usar idéntica fuente en Windows, Linux o Mac. No todas las fuentes son comunes en todas las plataformas y, de hecho, muchas de ellas tienen copyright. Si siempre vas a usar la misma plataforma o sistema operativo puedes obviar esto, pero te sugeriría que no dieses nada por supuesto: tu teléfono será Android o IPhone mientras que tu ordenador de sobremesa es probable que sea Windows. Tampoco sabes qué sistema operativo puede usar el receptor de tus escritos así que yo te sugeriría que usases fuentes multiplataforma y disponibles para todos los usuarios. En este sentido Google tiene una colección de fuentes verdaderamente buenas. Si tienes dudas yo te sugeriría emplear una de estas fuentes: EB Garamond. No te voy a contar las virtudes de los tipos que diseñó Jean Claude Garamond, pero, si no lo tienes claro, úsalos: no fallarás.

En fin, componer un escrito judicial es un trabajo complejo pero que, hecho una vez, queda hecho para siempre y se convierte en tu sello distintivo. Es, además, un gesto de educación y de respeto a los destinatarios de tu escrito; quizá ellos no lo aprecien pero, inadvertidamente, si tus escritos gozan de una alta legibilidad y lecturabilidad, tus posibilidades de que sean mejor leídos y comprendidos aumenta exponencialmente y eso redunda en provecho no sólo de tu lector, sino de tu cliente.

Es verdad que, ahora, los textos son leídos en la mayor parte de los casos en pantalla y esto tiene sus interesantísimas especialidades aunque no debes descartar la posibilidad de que, para leerlos, los magistrados ordenen previamente su impresión en papel. Si eres un milenial quizá te parezca raro pero la comodidad de la lectura en papel aún no ha sido superada por ningún dispositivo electrónico. No desprecies, pues, lo antiguo: un libro es un prodigio tecnológico y es el producto de varios siglos de evolución y —si quieres un dato más— cuando, en los 90, las acciones de las empresas papeleras se desplomaron en previsión de que la informática acabase con ellas, quienes vendieron sus acciones cometieron un error de bulto: el consumo de papel se ha multiplicado desde la aparición de la informática.

En fin, no voy a extenderme, no se puede tratar un tema tan complejo en un solo post pero, con lo dicho, entenderán por qué me molestan los «magistrados tipógrafos» de la Sala III del Tribunal Supremo y sus disposiciones de composición de textos.

Gobiernos, bancos y costas judiciales

Lo leo y tengo que frotarme los ojos. Existen mentiras, mentiras repugnantes y respuestas del gobierno. Leo, con estupor, que el gobierno anda preparando una reforma del RDL 1/2017 para, entre otras cosas (transcribo en lo preciso el texto legal):

Fomentar el recurso a la vía extrajudicial para intentar evitar que (…) la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

Si no fuese porque lo dicho es una canallada no tendría más remedio que troncharme de risa o lamentar la ignorancia del autor de la respuesta, pero esto no es un chiste ni es un error grosero; como dije, esto no es más que una canallada químicamente pura.

El párrafo citado recurre a una de las más viles y ofensivas añagazas a que puede recurrir un gobierno: tratar como estafadores a las víctimas y tratar como víctimas a los estafadores. Y lo que es peor aún, tratar sin ningún respeto y como bobos a los ciudadanos a quienes se dirige la norma, esperando hacerles creer que la puñalada en la ingle que les pretenden dar es por su bien.

La costumbre del partido del gobierno de cerrar filas en defensa de los bancos no es nueva. Este parrafito que les he transcrito está en la línea de una de las más lamentables intervenciones parlamentarias de una jurista, la ministra Margarita Robles, que, en sede parlamentaria y en defensa del RDL 1/2017 (el mismo que ahora quiere ampliar) soltó lo que sigue:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Esta abyecta costumbre del partido del gobierno de etiquetar a los abogados como los malos de esta película de las hipotecas y señalarles como el peligro del que la ley debe defender a la sociedad, merecería una respuesta de la profesión jurídica y de los afectados por la estafa de las hipotecas que mandase a este gobierno a su casa y para siempre. Déjenme que me explique.

En España, los bancos, en las últimas décadas, han depredado a los españoles cobrándoles intereses abusivos, imponiéndoles cláusulas abusivas, obligándoles a pagar gastos que no les correspondía satisfacer y haciéndoles pagar cantidades por servicios no prestados en forma de comisiones.

Mientras inflaban sus cuentas de resultados saqueando a sus clientes, desahuciaban a aquellos que no podían pagar sus rapiñas y, no sólo les quitaban la casa, sino que les robaban el futuro reclamando hipotecas mediante vencimientos anticipados, incrementando el principal debido con el 30% de costas (recuerden esto), aplicando intereses moratorios del 29% y, en fin, consiguiendo que el desgraciado, al que estaban engañando y que ahora no podía pagar, no sólo se quedase sin casa sino que la deuda para con el banco se multiplicase de tal modo que no pudiese pagarla ni aunque tuviese diez vidas.

No exagero ni una coma y, si quieren ejemplos de cada una de las cosas que he afirmado, les invito a que se acerquen a mi despacho o al de cualquiera de mis compañeros.

¿Qué hicieron los sucesivos gobiernos mientras los bancos saqueaban a los españoles?

Nada.

¿Se acordaron los sucesivos gobiernos de que los españoles y españolas que eran demandados ejecutivamente por los bancos veían aumentada automáticamente su deuda de cara al embargo en un 30%?

No.

¿Alguno de estos que ahora hablan de arreglar este asunto movieron siquiera un músculo de la cara cuando miles y miles de españoles eran expulsados de sus casas y colocados en situación de muerte civil por las mismas entidades bancarias que les saqueaban?

No me responda, ya sé que no es necesario, sabe usted muy bien que no hicieron nada.

Fue necesario que los tribunales europeos nos dijeran por escrito, clarito y en sentencias reiteradas, que nuestros bancos nos estaban depredando para que el gobierno adoptase alguna medida aunque esta no fue para favorecer a los consumidores, no, porque todas y cada una de las medidas que los gobiernos han ido adoptando han sido una sucesión de atentados contra el derecho de los consumidores y en claro favorecimiento de quienes les depredaban: los bancos y entidades financieras, esos mismos con quienes jamás se metieron esos gobernantes de los diversos partidos que han ocupado el gobierno.

Primero, en lugar de ordenar devolver —pura y simplemente— a los bancos las cantidades abusivamente cobradas por las cláusulas suelo y atenerse a las consecuencias si así no lo hacían, los sucesivos gobiernos decidieron que mejor se establecía un previo procedimiento de reclamación que demorase la posibilidad del consumidor de acudir al juzgado a exigir su derecho. Es curioso que, cuando eran los bancos los que ejecutaban las hipotecas, los sucesivos gobiernos no sintieron nunca la más mínima tentación de imponer un procedimiento extrajudicial a los bancos antes de permitirles acudir al juzgado.

Las palabras pueden engañar con facilidad, los hechos no, y los hechos son demoledores: ninguno de los sucesivos gobiernos ha tomado nunca medida alguna en defensa de los consumidores y sí en defensa de los bancos y entidades financieras.

Cuando era evidente que los bancos no devolverían de grado lo que la jurisprudencia europea les ordenaba devolver, los sucesivos gobiernos pusieron en marcha un eficaz plan que permitiese a los bancos conservar el producto de sus rapiñas.

En primer lugar decidieron alejar de los administrados los juzgados y hacerles cara la posibilidad de reclamar. Si el juzgado no está en su ciudad sino en una más lejana la reclamación se torna más cara y difícil. Muchas reclamaciones de consumidores apenas si llegan a los mil euros de forma que, si tiene que desplazarse junto con abogado y testigos hasta una ciudad que no está en su partido judicial, muy probablemente decida que no le merece la pena reclamar la cantidad. Punto para la banca graciad al gobierno. Para un consumidor mil euros pueden no ser nada pero evitar cientos de miles de reclamaciones son cientos de millones para los bancos. Total usted es un tiñalpa y es solo un voto, si usted pierde mil euros ¿qué es eso comparado con los millones que el banco ahorra y con los que podrá financiar la próxima campaña electoral?

En segundo lugar decidieron que las reclamaciones se eternizasen lo más posible en el tiempo. Hay muchos juzgados en cada provincia que podían resolver asuntos de esta especie pero los sucesivos gobiernos han decidido que tan sólo un juzgado por provincia resuelva este tipo de asuntos. Se lo explicaré usando el ejemplo de mi propia comunidad.

Se estima que en la Región de Murcia hay unas 45.000 hipotecas que contienen cláusulas abusivas. Si el gobierno y el CGPJ no hubiesen acordado nada, los más de 50 juzgados existentes en la comunidad habrían sido competentes para resolverlas y, teniendo en cuenta que un juzgado resuelve unos mil asuntos al año como poco, esas 45.000 hipotecas supondría. Una sobrecarga de trabajo de unos 800 asuntos por juzgado lo que supondría un retraso de unos ocho meses. Sin embargo los estrategas del gobierno y el CGPJ decidieron que todos, absolutamente todos los casos, los viese un solo juzgado. Saquen la cuenta: 45.000 hipotecas para un solo juzgado ¿45 años de retraso?. Las noticias del colapso pronto se extendieron y muchos consumidores, desanimados por la lejanía y ahora por el retraso, decidieron no reclamar.

Otro punto para la banca, gracias a los sucesivos gobiernos y a sus juzgados únicos nueva morterada de millones depredados que los bancos no devuelven.

En tercer lugar, la reclamación judicial de las cláusulas abusivas es tarea compleja que necesariamente han de realizar profesionales, dado que el consumidor ha de pagar en principio el trabajo de estos profesionales resulta evidente que muchos ciudadanos no podrían reclamar pero… para lograr este nuevo punto para la banca y el subsiguiente pelotazo de millones hay un problema: las leyes españolas, si acudes a juicio sin razón, te obligan a pagar los gastos (costas) de la parte contraria.

Así, como los bancos se han negado a pagar sin razón alguna a los consumidores, aquellos que les han demandado han obtenido de los jueces no sólo la condena a devolverles lo cobrado abusivamente, sino también a pagar los honorarios de los abogados de los consumidores.

Esta justa previsión de las leyes tiene dos consecuencias: la primera que al banco el juicio no le sale gratis. La segunda que los clientes pueden pagar a sus abogados y de esta forma se animan a reclamar. Si no existiesen las condenas en costas el 50% de las demandas serían inviables económicamente para los consumidores de forma que ese sería el premio gordo, el bote, el pleno al quince de la banca.

Sí, sin duda las costas son el mayor problema de los bancos para poder quedarse con el botín de sus abusos, por eso, necesariamente, tienen que acabar con esa posibilidad y el primer paso es acusar a los abogados de pretender cobrar por su trabajo. Esto, que parecería una memez de grueso calibre en cualquier país civilizado, en España encuentra terreno abonado entre nuestra clase política y es a la luz de todo lo dicho que se entienden las deleznables declaraciones de la ministra Margarita, recuérdenlas:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Hay que acabar con las condenas en costas como sea, a los gobiernos les parece intolerable que, bancos que no pagan pura y simplemente porque no les viene en gana, hayan de indemnizar al consumidor de los costes de su reclamación: malditos abogados, quieren cobrar por su trabajo. Al banco no le importaría si los abogados cobrasen a sus clientes consumidores, lo que el banco no soporta es pagar él al abogado del consumidor y no porque sea mucho dinero para él, sino porque mientras esto no cambie los consumidores podrán reclamar y el banco acabará siendo condenado. No hay nada ético ni moral en ello, para el banco es una pura cuestión de dinero.

Lo que si es una cuestión de moral es el repugnante posicionamiento de los sucesivos gobiernos en este asunto. ¿Recuerdan cuando más arriba les hablé de que los bancos al ejecutar las hipotecas embargaban desde el principio un 30% de más para cobrarse sus costas? Pues ningún gobierno siquiera amagó un solo gesto ni una palabra en defensa de los ejecutados.

Sin embargo, ahora, cuando los bancos pueden ser condenados en costas tras negarse a pagar unas cantidades que saben perfectamente que están obligados a devolver, el gobierno toma medidas urgentes.

Mientras los bancos, con el silencio cómplice del gobierno, cobran implacablemente las costas de las hipotecas a pobres deudores que no tienen más culpa que no tener dinero para pagar resulta que los consumidores ven como el gobierno se indigna cuando ellos quieren cobrar las costas a un banco que, sabiendo que debe el dinero, se niega a pagarlo, obliga al consumidor a acudir al juzgado, a contratar un abogado y a un procurador, a esperar años un pago que debiera ser inmediato, a desplazarse fuera de su localidad para reclamarlo y… aquí sí, aquí el gobierno sí entiende que debe intervenir para defender a los bancos de estos malvados consumidores que pretenden que sea el banco quien haya de hacerse cargo de pagar a los profesionales que el propio banco, con su actitud, les ha obligado a contratar.

Los sucesivos gobiernos, este en particular, se tornan así en cooperadores necesarios de la depredación de los consumidores y gracias a sus hechos (que no a sus palabras) sabemos exactamente donde están: del lado de la banca y contra los consumidores en la forma más grosera e infame que puede estarse; es decir, mintiendo, acusando a quienes defienden a los consumidores y tiroteando de forma eficaz los derechos de los mismos.

Digámoslo claro: no se puede litigar solo por las costas. Si el banco cumple con su obligación no habrá nada que reclamar y si se hace las costas le serán impuestas al consumidor. Para que se condene en costas al banco hace falta que este, previamente, no haya cumplido con sus obligaciones y sostener en respuesta parlamentaria que hay que evitar que

la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

es una de las vilezas más abyectas que pueden leerse en un documento oficial.

Ayuden a la banca, pero no mientan; sirvan a sus señores, pero no ofendan; legislen contra los más y en favor de los menos, pero no falten al respeto a la inteligencia de los españoles.

Mientras sus gobiernos veían desahuciar sin hacer nada a unos españoles y cobrar cantidades abusivas a los demás la abogacía defendía y estaba al lado de esos desahuciados. Fueron procedimientos jurídicos iniciados por abogados y apoyados por jueces de trinchera y saco terrero los que llegaron hasta Europa y consiguieron desenmascarar todo este saqueo hecho de abusos consentidos por el poder.

Sí, los jueces condenan a los bancos a las costas y los abogados son pagados por su trabajo pero ni los jueces son culpables de esto ni los abogados tampoco: los responsables son los bancos que se niegan a atender las justas demandas de los consumidores, porque no quieren devolver lo depredado, porque quieren quedarse con lo afanado y es sólo cuando el banco se produce así que el juez, con toda justicia, les condena en costas.

Sepan que no van ustedes a engañar a nadie, sepan que cuando ustedes se marchen a su casa con oprobio la abogacía seguirá aquí y sepan que, si siguen por este camino y no se marchan a casa antes, la ciudadanía les mandará a ella para que no vuelvan nunca.

Y hará bien.