La des-organización de la administración de justicia española

Si hoy, querido lector, tuviese usted que explicar cómo se organiza la justicia en España a un extranjero, a un lego en la materia o incluso a un estudiante de primero de derecho, le aseguro que encontraría no pocas dificultades y le aseguro también que, si no se prepara usted el tema en profundidad, es muy posible que se equivoque. Y no, la culpa no es de usted, la culpa es de una organización que, lejos de responder a un diseño preordenado a su eficacia, es el producto de tensiones políticas, conflictos de competencias y decisiones llamativas por no decir, directamente, desacertadas. La administración de justicia española, créame, no es el producto de un diseño inteligente sinoq eu, por el contrario, es el subproducto de las tensiones que históricamente han existido entre el poder judicial y el ejecutivo, de una parte, y entre el poder ejecutivo central y los ejecutivos autonómicos de otra.

Si usted consulta la Constitución verá que el artículo 149.1,5º reserva al estado la competencia exclusiva sobre la administración de justicia.

Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
5.ª Administración de Justicia.

Y, sin embargo, si usted le cuenta esto a su interlocutor o a sus alumnos estará cometiendo un grave error pues, la realidad, es que, desde el primer momento, algunas Comunidades Autónomas comenzaron a asumir (con la aprobación de las Cortes de la Nación) competencias en justicia. Mayoritariamente los estatutos incluían cláusulas de las llamadas subrogatorias que les autorizaban a ejercer las facultades que la LOPJ o el CGPJ reconocieran al estado en materia de justicia.

El Tribunal Constitucional, en sentencias de fecha 29 (56/1990) y 30 (62/1990) de marzo de 1990 convalidó esta práctica, sentando una doctrina verdaderamente digna de un concilio bizantino: la de la “administración de la administración”; construcción, sin duda, de gran mérito literario y emparentada directamente, al decir de los expertos, con el bíblico Cantar de los Cantares o, más precisamente quizá, con el romántico y bailable tema “Amor de mis amores”, canción de 1936 compuesta en ritmo de vals peruano por el argentino Ángel Cabral con letra de su compatriota Enrique Dizeo.​ Con los años la canción (“amor de mis amores” no “administración de la administración”) se convirtió en un gran éxito y se sospecha que los redactores de las sentencias citadas estaban bajo el hechizo de sus acordes durante la partenogénesis de los platelmintos referenciados.

La letra de la canción del TC (“administración de la administración” no “amor de mis amores) dice más o menos así:

El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la «Administración de Justicia»; ello supone, en primer lugar, extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judieial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, «al servicio de la Administración de Justicia», esto es, no estrictamente integrados en ella.

Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y «administración de la Administración de Justicia»; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo.

La consecuencia de estas sentencias es que, si usted va al juzgado, lo que viene siendo la “Administración de Justicia” en sentido estricto son apenas unas unidades biológicas llamadas comúnmente “jueces”. Fuera de estos jueces todo lo demás (edificios, mobiliario, funcionarios, bolígrafos, papel, grapadoras…) es parte de esa administración de la administración de justicia que tantas alegrías nos proporciona sobre todo, como veremos, en los aspectos informáticos. La creación de Consejos Autonómicos del Poder Judicial es la doxología natural que sigue a la oración anterior como persigue un exministro un puesto en un consejo de administración.

Pero no nos adelantemos, porque, a esta tensión entre el ejecutivo central y los periféricos, se yuxtapone la tensión existente entre dos poderes del estado: el ejecutivo y el judicial. También en esta tensión (ya lo adelanto) el poder judicial salió escaldado.

¡Montesquieu ha muerto!, dicen que gritó jubilosamente Alfonso Guerra cuando, usando de la mayoría absoluta que tenía el PSOE en aquel momento, se aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Era esta Ley un texto legal calificado como “muy defectuoso” por la doctrina más solvente: la amplitud que concede al CGPJ en materia de nombramientos y ascensos en conjunción con el diseño de dicho órgano como premio electoral de los partidos vencedores, construyeron un engendro que, como todo buen engendro no debería haber tenido encaje en nuestro sistema constitucional; por eso, en palabras del profesor Marco de Benito, la declaración de constitucionalidad del texto por STC 108/1996, de 29 de julio, “sigue admirando treinta años después”, admiración a la que se suman los representantes de la doctrina más solvente.

Esta situación dantesca no sólo no amainó sino que inluso se exacerbó durante el mandato del ministro de siniestro recuerdo Alberto Ruíz Gallardón y así hemos llegado al día de hoy.

¿A qué nos ha conducido esta forma de organizar la administración de justicia que, como vemos, no responde a ningún principio ni planificación sino a las luchas por extender las parcelas de poder de los ejecutivos centrales y autonómicos siempre a costa del poder judicial? Tratemos de ilustrarlo con un ejemplo.

Dados los años en que sucedieron los hechos hasta ahora narrados (1985-1990) la informatización era un fenómeno aún incipiente mientras que internet o las nuevas tecnologías eran invitados a quienes nadie esperaba en los juzgados españoles. Las Comunidades Autónomas, titulares de la “Administración de la Administración” de Justicia (es decir, de todo menos de los jueces) decidieron cada una por su cuenta cómo informatizarían esta “Administración de la Administración”.

Como a ninguno que conozca el asunto se le escapará, el carajal informático que se formó en esa época lo estamos pagando todavía, treinta años después.

El estado, en atención a las comunidades no transferidas hubo de efectuar un desembolso para informatizarlas, desembolso que se repitió en Cataluña, País vasco, Navarra, Andalucía… Con todo ese dinero gastado los juzgados españoles podían haber dispuesto de unos recursos informáticos maravillosos pero, al gastar seis veces el mismo dinero en hacer las mismas cosas lo único que se logró fue tener una basura informática que había costado seis veces lo que valía. Hasta donde yo sé nadie ha rendido cuentas por este desaguisado.

El desaguisado no es sólo económico, al haber una pluralidad tal de sistemas, coordinarlos es tarea de locos y da lugar a más gasto y complejidad. La historia de la informática española es la historia de cómo comprar chatarra a precio de Rolls Royce. Eso sí, los paganos de la fiesta nunca fueron sus responsables sino usted y yo junto con los ciudadanos que padecen el desbarajuste informático creado.

Y si a este carajal de sistemas informáticos nos condujo la tensión estado central versus autonomías, la tensión poder ejecutivo versus poder judicial nos deparó nuevas sorpresas.

Por que ¿quién es el propietario de los datos jurisdiccionales que recogen los juzgados al tramitar los procedimientos?

Para la LOPJ el asunto es muy claro:

Artículo 236 sexies.
1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

Sin embargo, a la hora de la verdad ¿quién custodia estos datos? ¿quién los tiene físicamente?

Como ustedes pueden imaginar los de siempre: los ejecutivos autonómicos o estatales. Como ellos son la “Administración de la Administración” y ellos mantienen y controlan los 13 sistemas informáticos que hay en España son ellos quienes tratan y controlan los datos judiciales. Fastuoso. En España lo que la ley o el sentido común dicten choca siempre directamente con una realidad abstrusa que, al parecer, nadie quiere reformar.

Claro, si luego el Ministro de Justicia delinque o un Consejero de Justicia autonómico es imputado, vienen los miedos y las madres mías y comienzan a inventarse soluciones de fortuna. Y no quiero recordar en este punto recientes crisis vividas por la administración de justicia española porque no quiero levantar pasiones incontrolables. Mejor callar en este punto.

La des-organización de la administración de justicia española es tan fantástica que este desbarajuste informático no ha podido ser arreglado en 30 años y resulta muy difícil imaginar cómo puede organizarse en el futuro una oficina judicial dirigida, al mismo tiempo, por el ejecutivo central, el poder judicial y los ejecutivos autonómicos y, siempre, dándose codazos.

Como te decía al principio, querido lector, todo esto que te he contado de la organización de la administración de justicia española es muy difícil de explicar a un extranjero, a un español, a un alumno de primero de derecho o incluso a un catedrático de derecho procesal de la Universidad de Bolonia. Creo que no acabaría de entenderlo ni el mismo Aristóteles aunque volviese a nacer sólo para ello.

Sí, es muy difícil que todo esto pueda entenderse pero yo, esta mañana de sábado que me ha sorprendido con algo de tiempo libre, quería contártelo a ti. Quizá no acabes de entenderlo (yo mismo no lo entiendo) pero igual, tras este post, entiendes por qué, a veces, a los abogados nos invade la melancolía.

De escribanos, secretarios judiciales y letrados de la administración de justicia

Conociendo el origen de las cosas se entiende mejor su estado presente y esto es válido tanto para los seres humanos como para las instituciones jurídicas; sin embargo, hoy, no quiero escribir ni de lo uno ni de lo otro, sino de la oficina judicial y de los letrados de la administración de justicia (LAJ) pues, en su historia reciente, pueden encontrarse las claves de alguno de los debates más insidiosos que aquejan a nuestra administración de justicia.

Sepan todos aquellos que la presente vieren y entendieren que la oficina judicial, desde finales del siglo XIX, se organizaba “casi” de forma mimética a una notaría actual; de hecho, notarios y escribanos (así se llamaban los secretarios judiciales) habían formado parte del mismo cuerpo muchos años.

Pues bien, al igual que el notario, ganada su plaza, contrata ahora a sus oficiales, costea los gastos de infraestructura de la notaría y cobra de los usuarios de sus servicios conforme a un arancel aprobado por el estado; al igual que el notario, digo, la infraestructura de los juzgados españoles se mantenía desde antiguo con lo que el escribano (ahora LAJ) cobraba de los administrados también en forma de arancel. Del mismo arancel cobraban los empleados de la oficina judicial, contratados por el mismo escribano, de forma que, dependiendo de la productividad de estos, la oficina judicial ingresaba más o menos dinero.

Este panorama de juzgados arrendados y mantenidos de forma similar a como hoy se mantienen las notarías quizá te suene extraño, pero te aseguro que no está tan lejano en el tiempo.

Esta división de funciones hizo que los jueces —funcionarios a sueldo del estado— fuesen, en comparación con los oficiales de su juzgado, unos pobretones dignos de pena. Es verdad que eran ellos a quienes correspondía la teórica gloria de impartir justicia pero, fuera de tan honorable detalle —hasta cierto punto teórico— en lo demás eran el elemento más digno de pena del juzgado. La situación era tal que, el 15 de junio de 1924, en la Revista de Derecho Privado escribe Beceña:

«…la situación de los jueces se agrava en términos de injusticia verdaderamente extrema e incomprensible, porque en los litigios intervienen, con función que no implica el trabajo ni la responsabilidad de la del juez, personas cuya retribución no solo es muy superior a la de aquel, y esto es ya una desigualdad injusta, sino notoriamente desproporcionada también con la función que cumplen dentro del litigio. Estos funcionarios son los secretarios judiciales que humildemente renuncian a todas las prerrogativas, honores y preeminencias de la carrera judicial; de paso renuncian también al trabajo y responsabilidad que esta lleva consigo, ya que son los que proporcionan a aquella toda su gloria y se contentan con unos aranceles muy fáciles de manejar, por su claridad, cuya aplicación se efectua con tal moderación y equidad, que da por resultado que Secretarios de Madrid, Barcelona y otras muchas capitales y Juzgados ganen mucho más, no sólo que los jueces a quienes auxilian, sino incluso más que las más altas representaciones de la Magistratura»

Irónico pero implacable Beceña.

La «Ley provisional sobre Organización del Poder Judicial de 23 de junio de 1870», como toda ley «provisional» en España, fue la que dio carta de naturalezs a un sistema que se habría de prolongar más de un siglo.

Aunque, desde entonces, la supresión del arancel fue un objetivo largamente perseguido por los sucesivos gobiernos ningún cambio importante se produciría hasta 1947 en que los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes judiciales, fueron funcionarizados de manera que, todo el personal de la oficina judicial, pasó a cobrar teóricamente del estado.

Sin embargo, aunque se funcionarizó el personal de la oficina judicial y sus sueldos pasaron a depender del estado, NO se suprimió el arancel, de forma que los secretarios lo siguieron liquidando e ingresando y pagando con él no sólo las infraestructuras de la oficina sino también los gastos de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. La oficina judicial, pues, era gobernada por el Secretario Judicial y el papel del juez en ella no pasaba de seguir siendo el de un triste secundario. Los juicios, mayoritariamente escritos, se realizaban sin la inmediación del juez y ni siquiera la del secretario pues, mayoritariamente, las actuaciones eran llevadas adelante por los demás funcionarios y requerir la presencia del secretario o el juez era considerado poco menos que como una desagradable extravagancia de la parte.

Entre jueces y secretarios que no estaban, letrados que dejaban en manos del procurador la presentación de los pliegos de posiciones e interrogatorios y procuradores que delegaban tal función en sus oficiales habilitados, un juicio civil era una ceremonia que, a ojos de un abogado de hoy día, parecería una misa negra.

Esta situación, por increíble que parezca, pervivió hasta la aprobación de la ley 1/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, ley que proclamó el principio de gratuidad de la justicia. Cinco meses antes el llamado «Decreto del Autobús» (RD 210/85) había restringido las «indemnizaciones» que, con cargo al arancel, cobraban los funcionarios, erigiéndose el estado en único «indemnizador» de los funcionarios y sólo dentro de los económicos márgenes del transporte público.

Como pueden imaginarse lo que hasta ese momento era una arcadia feliz —la oficina judicial— sufrió un cataclismo de proporciones bíblicas. La puntilla a todo este decimonónico sistema la dio la Ley 25/1986 de 24 de diciembre, que suprimió definitivamente las tasas judiciales consideradas entonces y con justicia como intolerables por todos los partidos de la Cámara, siendo el Sr. Ruíz Gallardón (padre de ese ministro de execrable recuerdo) uno de los valedores de esta eliminación.

Quienes tengan años suficientes recordarán sin duda las llamadas «astillas» (Plaza «de la Astilla», se llamaba entonces a esa plaza donde se concentran bastantes juzgados en Madrid), es decir, aquellas exacciones ilegales que bajo la protección de la llamada «Ley de Mahoma» se producían en los juzgados; sin duda, conociendo los antecedentes de funcionamiento de la oficina judicial, esas astillas fueron el menor de los males esperables y la eficaz labor del estado —cuando todavía la justicia parecía importarle algo— finalmente acabó con ellas.

En todo este proceso de transformación de la oficina judicial, la figura del escribano-secretario judicial-letrado de la administración de justicia, como vemos, es capital; con los cambios experimentados con las últimas reformas citadas su papel quedó desdibujado lo cual, de la década de los 90 en adelante, trataría de ser aprovechado por los sucesivos gobiernos en una pugna que aún dura y es una de las claves para entender las estrategias de control de la administración de justicia por parte de determinados partidos.

Pero bueno, en este punto es recto que nos entramos en honduras y, de eso, ya hablaré otro día que tenga más tiempo y ganas.

PD. Si te interesa este tema hay una obra cuya lectura te recomiendo encarecidamente; se trata del libro «Justicia o burocracia» del profesor Marco de Benito Llopis-Llombart, editada por Thompson-Reuters, Cuadernos Civitas, y que es, por otra parte, la base de este post. Si hay errores en él son míos, no del autor del libro.

El libro negro de la justicia

El libro negro de la justicia

Pensar que todos los ministros de justicia que hemos tenido en los últimos tres lustros son unos inútiles es un pensamiento demasiado soberbio y que no puede ser sino equivocado. La naturaleza es democrática en la forma que distribuye la inteligencia y no suele ocurrir, salvo geniales excepciones, que el intelecto de un ser humano esté muy por encima o por debajo de otro y ello es así incluso en el caso de los ministros de justicia.

¿Por qué entonces existe este descontento generalizado por la gestión de, al menos, los últimos cinco ministros de justicia?

La pregunta es compleja pero, si hemos de buscar una respuesta única, esta no sería otra que la decidida voluntad de los partidos políticos de controlar la administración de justicia.

Esta voluntad de control de la administración de justicia entra en siniestra sinergia con los intereses de algunas grandes corporaciones e incluso con la de algunos grandes bufetes, pero, quizá, mejor que describirlo de forma abstracta, es ilustrarlo con un ejemplo reciente.

Hasta ahora, las restricciones de derechos que, con motivo de la pandemia, adoptaban los poderes ejecutivos, eran controladas por simples jueces. Recordarán ustedes que las decisiones de estos jueces no siempre han corrido parejas con las intenciones de los poderes ejecutivos y que, en algunos casos, estos vieron como algunos jueces frenaban la validez de sus decisiones.

El criterio de estos jueces puede ser criticable o plausible —según el pensamiento de cada cual— más, de lo que no puede dudarse, es de que el criterio de estos jueces era absolutamente independiente.

El poder, molesto con estas decisiones, ha decidido tomar cartas en el asunto y, la principal que ha tomado, es la que mejor ilustra la forma en que los ejecutivos tratan de influir en el sentido de las decisiones de los jueces: ha decidido trasladar la competencia para tomar este tipo de decisiones de los juzgados a los Tribunales Superiores de Justicia.

¿Cómo afecta esto a las decisiones judiciales?

Trataré de explicarme.

Los jueces, guste o no, son elegidos a través de un proceso donde el criterio político no tiene influencia alguna. La forma de acceso a la carrera judicial es memorizar para luego exponer una serie de contenidos, de forma que es la calidad reproductora del aspirante la que determina si este accederá o no a la carrera. Esta forma de acceso puede ser alabada, criticada, denostada e incluso satirizada, pero lo que nunca se podrá decir de ella es que está sesgada por ningún criterio político.

Por el contrario, la forma de selección de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) no funciona igual: en su nombramiento es decisiva la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un órgano que, como todos ustedes saben, se compone de miembros designados por los partidos polítivos tras intensas negociaciones pastelarias. Si quiere saber cuán importante es para los partidos la identidad de quienes componen este órgano tan solo piense usted en cuán intensas son las negociaciones para nombrarlos y esto le aclarará, mejor que ninguna palabra mía, lo importante que es para los partidos contar con personalidades afines en este órgano.

La diferencia, pues, entre que un asunto lo decida un juez o lo decida un TSJ es que, en el primer caso, el juez dictará la resolución que entienda procedente con arreglo a su único y exclusivo criterio. En el segundo caso no diré que la decisión sea sesgada, sólo diré que, el presidente del órgano que decide, no ha sido nombrado en virtud de un procedimiento exclusivamente basado en los principios del mérito y la capacidad, sino que ha sido sesgado por criterios que parecen mucho menos nobles.

Esta es la forma en que el poder político trata de infiltrarse y controlar la administración de justicia y este es el plan que Partido Popular y Partido Socialista diseñaron y explicitaron en el siglo XX en su libro negro de la justicia. Su idea es que, en lugar de jueces que hacen lo que les da la gana, haya «Tribunales de Instancia», cada uno con su presidente debidamente elegido, que se comporten de forma más «ordenada» a juicio del poder político, naturalmente.

Los poderes políticos no pueden controlar a 5000 jueces que han accedido a su puesto compitiendo con fundamento en los principios de mérito y capacidad y es por eso que, desde el siglo pasado, tratan de someterlos a una disciplina fundada en una jerarquía como la que les he contado que pudiera existir en los TSJ. El poder político busca establecer el momio de los tribunales de instancia no por eficacia (absolutamente nula) sino porque es la forma más eficaz de controlar a esa caterva de jueces díscolos que tienen la mala costumbre de fallar los procesos según su independiente criterio.

Para poder establecer los tribunales de instancia es fundamental reducir el número de partidos judiciales al mínimo posible aunque ello signifique alejar la administración de justicia de los ciudadanos. Esa reducción buscada por los partidos firmantes del libro negro conviene a las grandes corporaciones (dificulta el acceso de los consumidores a los juzgados), conviene a los grandes despachos (sólo necesitan 52 sucursales y no 433) pero, sobre todo a quien conviene, es a los partidos autores del actual estado de cosas.

Es por eso que el ministro Caamaño trató de reducir los partidos judiciales y es por eso que Gallardón trató de que sólo hubiese juzgados en las capitales de provincia; Catalá “especializó” los juzgados hipotecarios y los llevó a las capitales de provincia y ahora Campo vende su “oficina de justicia” en lugares como Lerma, que, curiosamente, tiene juzgado. Todo por allanar el camino de los tribunales de instancia, todo por mejor controlar la justicia.

Unos trataron de hacerlo a las bravas (Gallardón) otros poco a poco (Caamaño, Catalá), otros subrepticiamente (Campo), pero, aunque sus formas hayan sido distintas, todos los titulares de la cartera de Justicia han sido en esencia fieles creyentes de la doctrina fijada por el necronomicón judicial pactado en el siglo pasado por Partido Popular y Partido Socialista.

Por eso yo no afirmaría que todos los ministros de justicia han sido malos, inútiles o ineptos. Ciertamente y de cara al interés general su gestión ha sido nefasta pero es que no creo que el interés general haya sido su objetivo; creo más bien que su objetivo es el ánimo de controlar la administración de justicia que dio forma al libro negro de la justicia al que sirven.

Es triste decirlo pero la realidad es que no existe en España consenso alguno en relación con lo que debería ser nuestra administración de justicia, lo único que existe es una voluntad política perpetua y constante de controlarla y es eso lo que irrita a quienes, poco a poco, van tomando conciencia de ello.

¿Es imposible que tengamos un buen ministro de justicia en España?

¿Es imposible que tengamos un buen ministro de justicia en España?

Hay algo que empieza a preocuparme: ¿Es que es imposible tener un buen ministro de justicia? (Hilo)

Gallardón fue un nefasto ministro. Prometió independencia judicial y cuando llegó al poder lo primero que hizo fue recortarla en contra de lo prometido en su programa electoral.

Impuso unas infames tasa judiciales que impidieron el acceso a la justicia de los menos poderosos, trató de concentrar los jueces en tribunales de instancia para su mejor control y reducir los juzgados y partidos judiciales a 52 privando de justicia cercana a 2/3 de los españoles

Por supuesto mantuvo el presupuesto en justicia gratuita en los mismos niveles del siglo pasado.

Cuando Catalá llegó su mayor mérito fue detener las infames medidas de su antecesor. Impuso una digitalización vergonzosa y convirtió en crónica la enfermedad de LexNet, un mal sistema que se pretendió hacer pasar por bueno y que nos atrasa respecto del mundo civilizado.

Catalá, a pesar de una ridícula subida en presupuesto de justicia gratuita, mantuvo sus presupuestos en niveles del siglo pasado y dejó una administración de justicia impropia de un país europeo. La independencia judicial nunca fue su objetivo y mantuvo la politización.

Cambio de gobierno pero no cambio de ideas. La ministra Dolores Delgado, en su breve ejecutoria no modificó de ninguna forma la reforma de Gallardón y, por supuesto, mantuvo el presupuesto en justicia gratuita en los niveles que lo encontró.

Y cuando llega el actual ministro el fantasma de Gallardón parece haberse apoderado de él. Por supuesto de independencia judicial ni hablamos, todo está bien como está. De justicia gratuita ni un duro más pero, eso sí, vuelve a sacar el momio de los tribunales de distancia.

Enfrentado a una crisis que colapsará la justicia no reclama más presupuesto sino «reformas organizativas» esperando que la situación de crisis le permita hacer a él lo que Gallardón no consiguió, cancamusa de oficinal judicial mediante.

De paso monta un fangal indecente con las vacaciones de los abogados que, finalmente, no puede resolver aduciendo que él (y las cámaras) tienen que irse de vacaciones (como suena) y, por supuesto, de justicia gratuita ni un duro y la digitalización muy bien, gracias.

Y llegados a este punto uno se pregunta: ¿Por qué es imposible que España tenga un ministro de justicia medianamente presentable? ¿Es por que faltan personas capaces en España?

No, en España no faltan personas capaces, donde faltan personas capaces es en los partidos mayoritarios. Pero no capaces de preparadas o inteligentes, sino capaces de poner encima de la mesa del Consejo de Ministros las necesidades de la Justicia Española de forma terminante.

En los partidos no se llega alto discrepando se llega alto obedeciendo y, desde el siglo pasado, la voluntad de los partidos mayoritarios ha sido controlar la justicia (voluntad plasmada en su ominoso “libro negro”) y a ese fin se han plegado todos los ministros habidos.

¿Está pues España condenada a sufrir malos ministros sean estos del oartido que sean?

Sí, en tanto la agenda secreta y el “libro negro” de la justicia no se reescriban en favor de una justicia independiente, cercana, accesible y para todos.

Importa que no nos conformemos.

Importa que los jueces no se conformen con el sistema de elección del CGPJ y no participen en su juego trucado. Lo de «cambiar las cosas desde dentro» es un motete que ya no se puede repetir sin rubor. Hace tiempo que ese sistema fracasó si es que pudo servir alguna vez.

Importa que los abogados no se conformen y busquen una alternativa al actual estado de cosas con una “representatividad orgánica” inspirada en una ley de 1974 con exposición de motivos digna de una galería de los horrores.

Pero sobre todo importa que los ciudadanos no se conformen: la justicia es a la vida en sociedad lo que la verdad es a los sistemas científicos. Sin verdad no hay avances y sin justicia no hay vida digna de ser vivida.

Hay que derribar los trampantojos montados por quienes quieren una justicia inane y liberar a esa justicia que vive en los corazones de la muchísima buena gente que ha consagrado su vida a ella en servicio de sus conciudadanos.


PD. Si recuerdas algún ministro de justicia bueno puedes dejarlo en los comentarios. Pista: yo no pensaría en ninguno después del año 2000.

Sistemas antifalsificación de hace tres mil años

Sistemas antifalsificación de hace tres mil años

Falsificar documentos ha sido uno de los peligros más comunes para el tráfico jurídico desde que se inventó la escritura y fueron, precisamente los inventores de la escritura, quienes idearon algunas de las más ingeniosas técnicas antifalsificación.

Lo que ven en la primera fotografía es un contrato mesopotámico. Como ven, la tablilla donde está escrito el original del contrato está embutida en una especie de sobre, también de arcilla, que en la fotografía aparece roto. En el trozo de “sobre” que no está roto aún se ven unas figuras que son el sello del envoltorio. Dichas figuras se impresionaban sobre la arcilla blanda usando un cilindro con las mismas figuras entalladas en él, de forma que, haciéndolo rodar sobre la arcilla, dejaba impresas las figuras.

Sobre el lado que no se ve del “sobre” está copiado, rasgo por rasgo, el mismo texto que figura en el contrato original.

En la tercera foto puede verse un sobre intacto por el lado donde estaba copiado el texto del contrato. Este “sobre” fue encontrado por Sir Max Mallowan y su esposa la novelista Agatha Christie (fue su segundo marido, una historia que les contaré otro día) y se trata de un contrato de préstamo de plata fechado el día 28 del mes de Nisán (aproximadamente nuestro marzo) del año 650 AC.

El sistema funcionaba como sigue: se escribía el contrato original en una tablilla de arcilla que, luego, se recubría por un envoltorio de arcilla donde se copiaba exactamente el mismo contrato. Sobre este envoltorio se aplicaban sellos rodados (de los contratantes) y en el caso del sobre de Agatha Christie los de hasta seis testigos.

Si, posteriormente, alguien afirmaba que se había falsificado el contrato, bastaba con romper el envoltorio y confrontarlo con lo escrito en su interior. Obviamente, para falsificar el interior, había que romper el envoltorio, lo que habría delatado la manipulación.

Se me ocurre que el sistema, de una forma u otra, aún sigue en uso en algunas aplicaciones informáticas.

Los sumerios, en verdad, eran unos tipos geniales.

Infantería de primera instancia

Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una nueva sentencia que parece enmendar la plana a nuestro más alto tribunal: el Tribunal Supremo (TS).

El lector poco informado o sin conocimientos jurídicos puede pensar que esto es un deja vu, un proceso cíclico, una especie de eterno retorno en que los jueces de primera instancia y algunas audiencias valientes, a base de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, acaban por torcer la decimonónica jurisprudencia del TS, al tiempo que este, a su vez, en cuanto le llegan procesos adecuados a hombros de entidades financieras, vuelve a dictar sentencias que tratan de recortar todo lo posible el alcance de la jurisprudencia del TJUE.

Sí, esto es lo que cree el lego.

A veces, incluso, cuando alguna sección de alguna Sala del TS ha parecido romper este ciclo fatal, siempre ha aparecido oportunamente algún presidente que ha convocado a toda prisa algún pleno que ha cortado las alas de esos peligrosos magistrados díscolos.

Es normal, pues, que el lector poco informado o sin conocimientos jurídicos llegue a pensar que el TS es una especie de ángel de la guarda de bancos y entidades financieras a las que protege impulsado por algún alto móvil que la población ignorante, no alcanza a entender.

La sentencia de hoy vuelve a revivir fundamentalmente dos viejos debates: el de las comisiones de apertura en las hipotecas y el de las costas en favor de los consumidores.

El TJUE vuelve a inclinar en favor de los consumidores la posibilidad de reclamar las comisiones de apertura (posibilidad que los tribunales españoles venían negando) y ha recordado cuál debe ser el régimen de las costas en estos procesos, algo que no acaban de entender quienes fueron tomando todas las medidas precisas para volver antieconómicas las reclamaciones de los consumidores: alejar los juzgados, vincular las costas a la cuantía económica del procedimiento de forma cicatera y en perjuicio de la posibilidad de reclamar de los consumidores, etc…

Juzgados únicos provinciales lejanos y colapsados, abogados y procuradores trabajando por costas ridículas, bancos pagando abogados a 30€ el día independientemente de cuántos juicios hagan y con la casi exclusiva misión de oponerse sin razón en el 98% de los casos…

España entera pareciera estar danzando al son que tocan los bancos y algunos tribunales parecen estar bailando gozosamente ese vals mientras unos pocos jueces de primera instancia (cada vez menos, claro, que para eso se crearon los juzgados hipotecarios, para tener bien controlados a los díscolos) cambian el curso de la historia triste y gris que escriben esas entidades, sin otra gloria y premio que el de sentir que han cumplido con su deber.

Sí, hoy, para el lector poco informado o lego en leyes, aparentemente se ha escrito una página más de esa extraña lucha interminable que enfrenta al dinero con la justicia, a los valientes con los acomodados, a quienes cumplen con su deber con quienes pretenden ser cumplidos.

Sí, eso es lo que cree el lector poco informado y lego en leyes, pero no sólo él: porque esto lo cree también la mayoría de los ciudadanos, legos o no, y lo creen los abogados, procuradores y jueces de infantería que, conscientes de cuál es la jurisprudencia del TS, adecuan la jurisprudencia española al siglo XXI a golpe de cuestiones prejudiciales.

Esta va por ellos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

Un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por determinados sectores de la economía y la política de este país. Sobre la congestión de asuntos que ya presentaba nuestra administración de justicia caerá ahora la ola de procedimientos que motivará el tsunami jurídico provocado por la crisis del COVID-19 y esto, hábilmente gestionado desde las instancias oportunas, puede ser la coartada perfecta para llevar adelante una reforma de la administración de justicia que beneficie a los menos y perjudique a los más.

El ministro ya lo ha dicho con claridad, quiere reformar la justicia aprovechando la crisis del coronavirus lo cual, así dicho, suena, como poco, a broma de mal gusto (¿cómo pretende llevar a cabo lo más quien se ha mostrado incapaz de afrontar lo menos?).

Pero no, no es una broma, a determinados sectores económicos y políticos de este país les interesa más reformar la justicia para adaptarla a sus necesidades que dotarla de los medios precisos para hacer frente a la crisis del coronavirus, de ahí el nauseabundo discurso ministerial de que, más que dinero, lo que hacen falta son reformas. Un ejemplo de su posición, expresado en la jerga política de rigor, lo podemos encontrar en la edición digital del Diario de Cádiz:

–¿Plantea el Gobierno más medios tecnológicos y refuerzo de plantillas como vienen demandando varios colectivos del ámbito judicial?

–Más que de posturas incrementalistas estamos hablando de una reordenación de todos los recursos disponibles orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos.

El argumentario sesgado de quienes pretenden dejar a los ciudadanos sin justicia es tan conocido como parcial y se funda en las mismas falacias de siempre:

  1. Que los españoles son muy litigiosos y esto colapsa los juzgados.
  2. Que uno de los agentes que fomentan esta litigiosidad son los abogados.
  3. Que lo que hay que hacer es desjudicializar.

Las tres afirmaciones son falsas pero, como toda buena mentira, pueden pasar como ciertas ante el oyente desinformado o ante la opinión pública. Una buena fake new solo puede construirse sobre un andamio de verdades aparentes y estas afirmaciones que les refiero mezclan de tal forma la verdad con la falsedad más insidiosa, que se han revelado como deep fakes paradigmáticas.

Vayamos una por una.

Los españoles son litigiosos

Esta primera afirmación, repetida desde la época de Caamaño, amplificada hasta lo ofensivo por Gallardón y, desde su catastrófica ejecutoria, asumida como verdad sotto voce por Catalá y Juan Carlos Campo, viene a decirnos que si los juzgados en España están colapsados ello se debe principalmente a que los españoles acuden más al juzgado que la media de los habitantes de los países europeos.

Esta afirmación, esta deep fake, hay que reconocerlo, se ha cocinado con todos los ingredientes precisos para tener éxito.

En primer lugar la deep fake atribuye a los españoles una naturaleza maligna (somos litigiosos), naturaleza maligna que, tradicionalmente, ha sido asumida con facilidad por la población, en línea con la vieja tradición de la España Negra y de los más conspicuos poetas y literatos del siglo de oro. Esta naturaleza hobbesiana de los españoles ha sido siempre caldo de cultivo adecuado para los gobiernos autoritarios, espadones y dictadores que ha padecido España en los dos últimos siglos.

Esta deep fake también contiene una porción de verdad, pero la contiene del mismo modo que la copa de vino que se da a beber al invitado contiene el veneno preparado para acabar con él: la verdad, como el vino, no tiene otra finalidad que encubrir el tósigo oculto en la afirmación.

Es verdad que la población española, porcentualmente, ha de acudir a los tribunales más que la del resto de la mayoría de los países europeos y, hasta ahí, llega la verdad. Concluir de ese dato que el mismo se deriva de que los españoles son litigiosos es una falsedad que no sólo ofende a la inteligencia, sino que ofende a toda la población en su conjunto.

En un país donde, por ejemplo, los bancos se oponen por sistema a las demandas de los ciudadanos perdiendo los juicios en más del 90% de las ocasiones, no parece sensato decir que sean los ciudadanos los “litigiosos”. Quienes, por ejemplo, en el sector de las cláusulas abusivas producen los litigios no son los ciudadanos sino los bancos que, conociendo sus obligaciones legales y jurisprudenciales, se niegan a cumplirlas, obligando así a los ciudadanos a demandarles para que cumplan por la fuerza las obligaciones que no cumplen voluntariamente. ¿Podemos decir que los ciudadanos españoles son los más litigiosos de Europa? ¿O deberíamos decir que la ciudadanía española sufre más abusos de los bancos que ninguna otra ciudadanía europea?

El ejemplo de los bancos explica muy bien el fenómeno de la alta litigiosidad española. Al calor de una justicia lenta e ineficiente el deudor puede dilatar el cumplimiento de sus obligaciones casi a su voluntad y ello estimula el incumplimiento premeditado de sus obligaciones por las personas jurídicas que pueden encontrar algún tipo de beneficio en ello.

Obsérvese, de paso, que la justicia española no es igual de lenta para todas las personas: mientras que el banco dispone de rápidos procedimientos ejecutivos de los que conocen todos los juzgados de instancia de España (1700) y que embargan incluso un 30% del principal en concepto de intereses y costas desde el primer momento, los ciudadanos sólo pueden demandar a los bancos por sus hipotecas en poco más de 50 juzgados en toda España y a través de un juicio ordinario donde las demoras de años son frecuentes y donde las costas se discuten cómo si el banco fuese un párvulo a punto de hacer la primera comunión y el consumidor una persona jurídica sin más alma que el beneficio económico.

Los seres humanos, en contra de lo que creen algunos supremacistas, son esencialmente iguales y ninguno suele amar el conflicto o el litigio significativamente más que otro. Que en España haya un porcentaje mayor de litigios que en otros países de Europa lo que significa, en primer lugar y antes que nada, es que somos un país donde las injusticias abundan más que en el resto. ¿Por qué? Me remito a lo arriba dicho: porque incumplir la ley no suele ser tan gravoso para el poderoso como para el humilde; porque a veces incumplir la ley es rentable y se hace así porque no hay leyes -o no se quiere que hayan leyes- que corrijan ese abuso; porque la justicia es lenta y ello fomenta las conductas morosas y es en ese círculo vicioso en el que se mueve este país: como la justicia es ineficaz esto fomenta los incumplimientos legales y estos a su vez fomentan la ineficacia del sistema. Este es un círculo vicioso del cual solo se sale de dos maneras: o proveyendo lo preciso para que exista una administración de justicia rápida y eficaz o proveyendo lo preciso para que un sinnúmero de injusticias queden sin corregir.

Tradicionalmente los gobiernos han optado por esta segunda vía (es la más barata y la que les proporciona más amigos) y no parece que el gobierno actual vaya a ser una excepción a la regla.

La deep fake de que les hablo omite sistemáticamente la también inferior tasa media de jueces por habitantes que sufre España en relación con el resto de los países europeos, la carencia crónica de medios materiales que ha sufrido siempre nuestra administración, las disparatadas reformas tecnológicas emprendidas sin más explicación que la conveniencia económica de algunos… En fin, les ahorro contarles cosas que de sobra saben ustedes: nuestros gobernantes, sistemáticamente, nos toman por algo mucho peor que tontos y repiten el ritornello de la litigiosidad de los españoles con una desvergüenza que debiera irritar hasta el estallido a los ofendidos, que no son sino el 99% de los españoles y españolas.

Los abogados son uno de los agentes causantes de la alta litigosidad

Si repugnante es la primera afirmación que hemos tratado, esta segunda debiera conducir a la abogacía y a la población española a condenar públicamente y sin paliativos a quien así piensa o se expresa.

La afirmación de que la cuota litis es una práctica que fomenta la litigiosidad ha sido tan repetida desde la periferia política española que ha sido recogida incluso por medios de comunicación extranjeros. Llama la atención que los que se quejen sean periódicos de países donde la cuota litis habitual es del 33% o de jurisdicciones donde existe un mercado secundario de las costas con aseguramiento de las mismas (“no win no fee“) o incluso préstamos y fondos de inversión dedicados a financiar pleitos fundados sobre desiguales pactos de cuota litis. Las interesadas afirmaciones de tales medios son tan ridículas como si un periódico estadounidense afirmase que en España la población tiene un fácil acceso a las armas.

La cifra de abogados de un país no depende más que del número de procedimientos (de injusticias) que en dicho país precisen de remedio. Ningún abogado acude a un juzgado a demandar un imposible y las cifras así lo confirman: el número de demandas estimadas total o parcialmente es abrumadoramente mayor que el número de demandas desestimadas. En España, podemos decirlo con toda seguridad, quien reclama suele tener razón en todo o en parte y eso debiera hacernos reflexionar.

Afirmar que la abogacía es un agente catalizador de la litigosidad no sólo es una falsedad, creo que me atrevería a llamarlo insulto si no fuese porque es algo peor: acusar a la abogacía de fomentar la litigiosidad no es más que una premisa para tratar de acabar con ella, o al menos, con una parte de ella (la abogacía independiente) el sector menos cómodo para las élites políticas y económicas. Recuerden que, en un estado sin derechos, no hacen falta abogados, pero que, en un estado sin abogados, lo que primero perecen son los derechos. Si ven ustedes a alguien que afirma que sobran abogados, antes que ninguna otra cosa examine usted si lo que quiere quien tales cosas afirma es recortar los derechos de la ciudadanía.

Que lo que hay que hacer es desjudicializar

El tercer engaño habitual de los habituales de esta deep fake es que eso de la administración de justicia es una cosa antigua y que lo que hay que hacer es acudir a otros medios como la mediación o la concordia privada.

Tal afirmación es una ofensa tanto para la justicia como para los profesionales de la mediación.

La justicia es la forma más compleja y perfecta ideada por la humanidad para resolver sus conflictos (grábense eso a fuego) y puedo decirles con plena seguridad que, en general, quien desea apartar a la justicia de un determinado sector es porque piensa aprovecharse de eso para cometer en él tantas cuantas injusticias pueda.

Por ejemplo: si usted no paga la hipoteca porque no tiene dinero, observe que ninguno de los que piden desjudializar se ha acordado de usted: usted irá al juzgado a que le quiten su casa, a que le arrojen de ella y a que además no le cancelen la deuda sino que quede usted endeudado de por vida.

Claro que, si es el banco el que ha abusado de usted, le ha cobrado lo que no debe o incluso ha manipulado el euribor, entonces… entonces el coro de voces que piden desjudicializar se oye tan claro como el canto de las cigarras en agosto.

Cuando un altísimo porcentaje de las demandas de los ciudadanos se estiman íntegramente y con costas (es decir, que tenían toda la razón del mundo) ¿qué sentido tiene predicar la desjudicialización sino favorecer a los incumplidores profesionales?

Esta afirmación periférica de la deep fake que analizamos es no solo un insulto para la justicia sino también para las técnicas alternativas de resolución de conflictos que no merecen ser tratadas como meras coartadas para los inicuos planes de unos cuantos. Estas técnicas, seriamente desplegadas, pueden ser una eficaz ayuda para la administración de justicia pero, créanme, si no ha dinero para la justicia ¿creen ustedes que lo habrá para esto?

Epílogo

Desde 1998 una concepción elitista y antidemocrática de lo que debe de ser la administración de justicia pugna por abrirse paso y acabar con una forma de administrar justicia que se ha revelado particularmente molesta para los poderes económicos y políticos. Esa visión ha sido compartida, no siempre de mala fe, por multitud de operadores jurídicos pero, la sensata, firme y callada resistencia de los más así como sus pobrísimos resultados allá donde se ha pretendido implantar, ha impedido, hasta este momento, que su despliegue se llevase a cabo.

Esta crisis del coronavirus, por lo que se ve, parece haber sido detectada como terreno abonado por los defensores de esas tesis de que les he hablado y su voluntad de aprovechar la ocasión podemos percibirla directamente en las propuestas del CGPJ (concentración, especialización y otros mantras bajo los que en realidad se ocultan los planes para dejar la independencia judicial convertida en un trampantojo) y podemos leerla entre lineas también en los mensajes del ministro (no es cuestión de dinero sino de la forma de organizarse, hay que aprovechar la crisis para reformar la justicia…).

Los mensajes de este sector es verdad que hace mucho que son mirados con recelo por la comunidad jurídica nacional, así que no les extrañe ver a algún medio extranjero hacerse eco de esta odiosa antífona; así pues, estén atentos y que no les sorprenda.

Y sí recuérdenlo, un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por las élites económicas y políticas de este país y, como creo que todos sabemos desde hace tiempo, eso no solo es malo para la ciudadanía sino para quienes defienden los derechos de ella: la abogacía independiente.

Debates de partidarios, diálogos de sordos

Debates de partidarios, diálogos de sordos

Cuando las opiniones que escucho de una persona o grupo de personas coinciden regularmente con las de un partido o facción inmediatamente me pongo en guardia. No hay nada más insensato ni más humano, al mismo tiempo, que estar al lado de los tuyos con razón o sin ella y esa actitud es, a mi juicio, profundamente destructiva.

Normalmente, todos los individuos pertenecen a grupos de diferentes características: la familia, la escuela, la iglesia, la cuadrilla de amigos, un equipo deportivo, un partido político, una etnia, un pueblo o una nación. Cada uno de estos grupos modela los valores, la cultura y la forma de relacionarse de sus integrantes. Al tiempo que pertenecemos (o sentimos pertenecer) a un grupo, modelamos los rasgos que nos diferencian de los demás grupos, ya sean estos rasgos un argot o jerga, una forma de vestir, unas aficiones musicales unas creencias o unos símbolos.

Hay grupos que elegimos (el equipo de fútbol, el partido político…) y hay grupos que no elegimos (la familia) pero, en todos los casos, la inclusión en un grupo es determinante para entender el comportamiento de los seres humanos pues nada es tan valioso para las personas como esa sensación de sentirse parte un grupo. Desde la adolescencia, con sus grupos y pandillas, a la vida adulta, la sensación de pertenencia marca muchos de los comportamientos de los seres humanos.

Y no solo hay grupos de pertenencia que nos ayudan a definir lo que somos («soy del PSOE» o «soy de izquierdas», por ejemplo) sino que también hay grupos de referencia que ayudan a definir lo que no somos («yo no soy de Vox» o «soy antifascista», por poner otro ejemplo).

Los seres humanos buscan la aceptación del grupo y temen caminar solos y, por eso, con mucha frecuencia, a la hora de tomar decisiones miran antes a sus grupos de pertenencia y referencia que a los hechos, a los datos y a lo que les dicta su razón.

Tener criterio propio es el primer paso para una existencia poco cómoda. Quienes te escuchen o te lean, si decides caminar solo, buscarán inmediatamente tu grupo de pertenencia o referencia y creerán hallarlos cuando critiques las acciones de unos o ponderes las de otros. Hay personas que han renunciado de tal modo a creer que alguien pueda tener un criterio propio que necesitan imperiosamente adscribir a todo hablante a un grupo o grupos y da igual lo que se les razone: el hablante será o no será lo que ellos piensen, no lo que él diga.

Es inútil pelear contra eso, hay que acostumbrarse a vivir con ello si alguien quiere darse el lujo de tener criterio propio.

Lo más curioso es que son estas mismas personas quienes, para hacer protestas de objetividad, suelen iniciar sus intervenciones negando la pertenencia a todo grupo. Siempre que oigo a alguien iniciar una intervención con las palabras «Yo no soy racista…» inmediatamente tengo por cierto que, seguidamente, voy a escuchar algún disparate xenófobo; del mismo modo que el criptoderechista o criptoizquierdista suele quitarse la careta iniciando sus intervenciones con un revelador «Yo no soy de izquierdas ni de derechas pero…».

¿Y por qué les cuento yo esto?

Verán, llevo unos días triste por el espectáculo que está dando no sólo nuestro ministro de justicia sino también el conjunto de nuestros representantes políticos e instituciones.

Cuando la administración de justicia se enfrenta a una crisis nunca vista en la historia de España, el ministro de justicia ha dictado un decreto inane que no pone medio alguno para enfrentarla y, sin embargo, a pesar de ello, tal circunstancia en modo alguno se ha tratado en el debate parlamentario celebrado para su aprobación.

Los apoyos políticos, en España, casi nunca tienen nada que ver con el problema que se discute sino con esa pertenencia de que les hablaba a un grupo u otro y la referencia a esos de quienes nos diferenciamos y con quienes no queremos coincidencia alguna. El partido del gobierno apoya el decreto por ser del gobierno, otros lo rechazan por idéntica razón, algunos grupos lo apoyan a la espera de concesiones en otras materias y ninguno, finalmente, parece dispuesto a hacer nada en relación con el fondo de la cuestión.

Y así pasó el decreto el trámite, en medio del juego político habitual de los tuyos y los míos.

Decididamente, con este decreto, los españoles y españolas afectados por la crisis nos iremos al carajo y, lo curioso, es que nadie en el CGPJ o en el Congreso de los Diputados se sonrojará; al fin y al cabo nadie en España espera nada de la justicia.

Ni de los políticos.

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

En marzo de 2020 la sanidad española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: una epidemia amenazaba con provocar más enfermos graves de los que sus unidades de cuidados intensivos podían tratar.

La amenaza se vivió como un drama, si tal hecho se producía muchas personas podrían perder su vida de forma que, para que eso no sucediera, se tomaron medidas radicales.

La primera de ellas fue pedir a la gente que se quedase en casa, si no se producían más contagios quizá pudiese tratarse a los ya contagiados y, según se fuesen curando, se irían quedando camas libres.

La segunda fue destinar al tratamiento de esta enfermedad a todo el personal sanitario, incluso a los no especialistas. Los anestesistas ayudaron a los anestesistas de pulmón y los médicos generalistas a los especialistas… Todas las manos se pusieron a la tarea.

En tercer lugar se improvisaron nuevas UCI’s que supliesen la falta de camas de las de los hospitales: se construyeron de la noche s la mañana UCI’s en ferias de muestras y morgues en palacios de justicia, si no había sitio en las UCI’s de un lugar se derivaban los pacientes a las UCI’s de otras ciudades pero se asumía que nadie quedaría abandonado a su suerte…

La población se confinó, los profesionales de la sanidad lo dieron todo, el estado construyó UCI’s y buscó respiradores y menos de 60 días después comenzó a verse la luz al final del túnel. La sanidad había dado una lección enorne de cómo se afronta una crisis. Pero…

Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria se supo que, unas semanas después, llegaría una emergencia jurídica y a la administración de justicia le pasaría exactamente igual que a la sanitaria.

Ya en abril de 2020 la justicia española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: las consecuencias económicas de la epidemia amenazaban con provocar más asuntos graves de los que sus juzgados podían cuidar.

La amenaza, en cambio, NO se vivió como un drama aunque todos sabían que, si tal hecho se producía, muchas personas podrían perder sus medios de vida y es triste que, para que eso no sucediera, no se tomasen medidas radicales.

En lugar de destinar a la lucha contra esta crisis a todo el personal disponible, incluso a los no especialistas, el CGPJ insistió estúpidamente en los principios de especialización y concentración condenando a la saturación a los juzgados. Los enfrentamientos y debates entre funcionarios, jueces, LAJ’s y profesionales se vieron acrecentados por las medidas sin sentido del gobierno y, en lugar de contar con el esfuerzo de todos, ya para mayo era evidente que todos estaban enfrentados al inexistente plan del gobierno.

Porque el gobierno, a pesar de r consciente de que sus UCI’s (juzgados) no podrían absorber todos los casos que se les venían encima, no solo no construyó nuevas UCI’s de emergencia sino que, a esta falta de IFEMA’s sanitarias, se unió la ridícula oposición a derivar enfermos de unos hospitales llenos a otros menos saturados, de forma que, los juzgados de lo social y lo mercantil, se vieron obligados a hacer frente ellos solos y sin ayuda ni medios a la crisis. El colapso quedó desde ese momento garantizado.

Y ahora, usted que lee esto, dígame: ¿por qué los profesionales de la sanidad se muestran capaces de enfrentar una crisis de forma organizada y los de la justicia solo sirven para pelear entre ellos y adoptar tan solo ridículas medidas que no contribuyen a nada salvo a enfrentar unos colectivos con otros?

La justicia española está escribiendo en estos momentos uno de los capítulos más negros de su historia, fallándole a la población cuando más falta le hacía a esta y convirtiéndose, así, en una de las principales responsables del drama económico que muchas familias españolas van a vivir.

Esto, ya lo dije hace semanas, es ya un desastre y pronto lo será pavoroso; y lo peor es que, mientras el barco se hunde, los oficiales bailan en cubierta en traje de gala, discuten sobre los próximos ascensos o redactan nuevas leyes como si, para cuando estas se aprueben, todo fuese a seguir igual.

Insensatos.

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Creo haber dicho ya que, gracias a la administración de justicia, la economía —y quizá también la sociedad española— se irán al carajo.

El ministro de justicia, con su inane decreto, no sólo no ha puesto ningún remedio para frenar la marea de casos que amenazan con asolar nuestros juzgados, sino que, increíblemente, ha abierto la caja de los truenos a costa de declarar hábiles un cierto número de días de agosto.

Tal disposición, que probablemente sea inconstitucional, ha tenido el valor añadido de crispar y enfrentar a una ya bastante maltratada abogacía.

A pocos días de la aprobación del decreto el balance es impresionante: seguimos sin contar con medios con que afrontar el inevitable aumento de casos en lo social y en lo mercantil; seguimos sin tener ningún plan de contingencia para evitar el colapso económico de empresas y familias y por no planificar, ni siquiera se ha esbozado un plan para poder disponer de una IFEMA jurídica que auxilie, siquiera sea de modo temporal, a una administración de justicia colapsada.

Como le escribió al gobierno el Almirante Cervera al zarpar de Cartagena hacia Cuba en 1898:

«…no hay plan ni concierto, (…) esto es un desastre ya, y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco…»

Y lo fue.

Y sí, al igual que entonces, la situación de nuestra justicia es un desastre ya y es seguro que lo será pavoroso dentro de poco. Incluso lo poco que esta administración tenía (buenos hombres y mujeres capaces de dar lo mejor de sí mismos si se les daba una buena causa) ha sido horriblemente dilapidado por el ministro sembrando discordias.

A día de hoy no sólo no contamos con ningún medio más de los que contábamos antes de la pandemia sino que, además, la falta de un plan mínimamente creíble y el dictado de medidas tan solo destinadas al consumo de la galería, ha provocado un tan innecesario como encendido e inútil debate entre operadores jurídicos a cuenta de la habilidad o inhabilidad de diez días de agosto.

Resulta imposible hacerlo peor.

Debo confesar que hubo un momento que esperé que el ministro acertase, un momento en que confié en que pediría y obtendría fondos adecuados a la magnitud del reto; que tomaría medidas de calado para habilitar un 200% más de capacidad de proceso de nuestra administración en lo mercantil y en lo social… pero no; lamentablemente no ha tomado ni una medida seria y las que ha tomado, sin un plan general que les dé sentido, no sólo no sirven para nada positivo sino que sólo coadyuvan a crispar los ánimos de quienes trabajan para esta administración sin rumbo.

Sí, esto es un desastre ya y es de temer que dentro de poco lo sea pavoroso; pero no se preocupen. Aunque las trabajadoras y trabajadores españoles no puedan encontrar en los juzgados de lo social respuesta a sus demandas, aunque los juzgados de lo mercantil se conviertan en funerarias para enterrar empresas, aunque la economía española se vaya al maldito infierno por culpa de la administración de justicia, no se preocupen.

No se preocupen porque nadie ha confiado nunca en que la administración de justicia fuese a salvarles; porque la población española ha vivido ya muchos siglos con la certeza de que la administración de justicia nunca les sacará de ningún apuro; porque todos saben que la administración de justicia siempre ha estado colapsada, siempre ha estado infradotada, y ahora no va a ser distinto.

No se preocupen, nadie señalará a la administración de justicia como culpable de la pavorosa crisis económica que muchos españoles y españolas van a tener que soportar a cuerpo limpio, y no lo van a hacer porque, es muy triste decirlo, jamás esperaron nada de nosotros.

Sigamos, pues, discutiendo tranquilamente quien es el competente para montar los cañones, cuando acabemos la discusión quizá ya se haya rendido Manila.