Informática judicial: quién debe decidir

A la hora de diseñar un sistema informático la primera cuestión que habríamos de plantearnos es la de quién es el responsable de la información que se va a tratar y quién debe, por tanto, decidir cómo se trata; cuestión esta que, aunque de perogrullo, no parece haber sido tenida en cuenta por quienes han diseñado el actual caos informático de la administración de justicia española. Tal olvido no puede seguir produciéndose en el futuro si queremos tener una justicia informatizada racionalmente y sería bueno que los responsables políticos nacionales y autonómicos comenzasen a hacerse a la idea de que un cambio de paradigma en cuanto a la titularidad de los datos tratados y a la dirección del tratamiento de los mismos es imprescindible.

Conviene recordar en este punto que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo un nuevo capítulo (el “I BIS”) con el título de “Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia”.

A los efectos de este artículo resulta de capital importancia la distinción que efectua el artículo 236 ter. LOPJ, producto de la modificación legal antes mencionada, entre los datos tratados con fines jurisdiccionales (en adelante simplemente “datos jurisdiccionales”) y los datos tratados con fines no jurisdiccionales (en adelante, simplemente, “datos no jurisdiccionales”). Conforme a dicho precepto, los datos que se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan los juzgados o tribunales se considerarán “datos jurisdiccionales” y, conforme al artículo 236.1 sexies LOPJ, será responsable de los mismos el órgano jurisdiccional u oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero.

Parece evidente que la referencia a la “oficina judicial” resulta claramente inapropiada cuando hablamos de datos jurisdiccionales, pues el titular de los mismos no es ni debe ser ningún órgano del poder ejecutivo tal y como queda de manifiesto cuando el artículo 236.1 nonies declara: “1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.”

La mención a la oficina es inapropiada también si la consideramos teniendo en mente la regulación que efectua el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, pues, conforme al artículo 55.3 y al considerando 20 de este Reglamento (de aplicación directa en España a partir del 25 de mayo próximo):

Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales (…) A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El control de esas operaciones de tratamiento de datos ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro…

Como vemos, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el responsable de los datos incorporados a los procedimientos judiciales no es ni puede ser en modo alguno el poder ejecutivo.

Y si esto es así, como lo es, cada vez resulta menos admisible que sean los poderes ejecutivos estatal o autonómicos quienes se encarguen del tratamiento de los datos jurisdiccionales y no sean los órganos correspondientes del poder judicial quienes tomen el control del mismo.

Muchas voces ya han denunciado cuán contraria al sentido común es la situación actual e incluso se ha advertido del riesgo tremendo que supone que los archivos judiciales estén en manos de ejecutivos autonómicos que pueden, llegado el caso, “desconectar” la infraestructura informática de la administración de justicia si sienten que pueden ser perseguidos por ella como consecuencia de sus acciones.

Esta situación de que los datos jurisdiccionales sean tratados por quien no es su titular, de que las lineas directrices del tratamiento las determine quien no es su titular, de que toda la disponibilidad del sistema esté en manos de personas y entidades que pueden ser objeto de investigación por los juzgados y tribunales repugna ciertamente al sentido común y, con toda probabilidad, a partir del 25 de mayo, sea contraria también al ordenamiento jurídico.

Es evidente que ha llegado el momento de que la realidad se adapte a las exigencias del sentido común y del ordenamiento jurídico; es el momento de que los poderes ejecutivos procedan a entregar a los verdaderos titulares de los datos jurisdiccionales el control de los mismos y de los sistemas informáticos con que hasta ahora los tratan; es tiempo también de que procedan a dotarles de los medios económicos y materiales necesarios para su tratamiento y es, sobre todo, la ocasión de proveer lo preciso para que, en el futuro, las directrices en cuanto a organización y sistemas las tome el poder del estado que, conforme a la razón y al ordenamiento, debe hacerlo.

Ministros y procesiones

La separación iglesia-estado y el carácter aconfesional de España no parecen haber sido bien entendidos, tras 40 años de Constitución, por nuestros políticos que, llegada Semana Santa, compiten por participar en actos litúrgicos y procesiones conscientes del tirón popular de las mismas. La Semana Santa se convierte así en una especie de período pre-electoral en el que los padres de las patrias grandes y chicas se esfuerzan por demostrar su vinculación con tan populares tradiciones.

El espectáculo está servido, ministras de defensa golpeando las campanas de los pasos, ministros de justicia besando medallas o jaleando actos religiosos, alcaldes y concejales «codeándose» para salir delante de un paso y prebostes varios buscando cómo tener un momento de gloria en esta semana de pasión, ya sea dando pregones, portando velas o atizando turiferarios.

Yerran.

La presencia de las corporaciones civiles —que debiera ser excepcional— en este tipo de actos está sometida, legal y jurisprudencialmente, a requisitos que no son más que una aplicación del sentido común a estas cosas, a saber:

El primero de los requisitos es que exista una tradición previa que justifique la presencia de la corporación civil en ese acto. Tranquilos pues con las tradiciones… pero con las tradiciones de verdad; si el alcalde de su pueblo lleva saliendo en la procesión del Santo Entierro desde 1898 no tema, podrá seguir haciéndolo, pero, si al alcalde se le ocurre este año que va a salir por primera vez con la corporación municipal en el Via Crucis del Viernes de Dolores o en el Triduo del Muy Santo titular de una cofradía recién fundada, haría bien en pensárselo dos veces.

Me enfada ver a piquetes militares o de la policía local escoltando procesiones a las que nunca antes había escoltado, me molesta ver a alcaldes y concejales participando en actos cofrades en los que participan por primera vez y en general me molesta mucho este aprovechamiento político de ritos religiosos que, además, olvida y contraviene cómo han de ser las relaciones entre el poder político y las confesiones religiosas.

Cuidado, España es un país donde se hace algo dos veces seguidas y ya parece considerarse «tradición» y no es así. Ahora que ministros alcaldes y concejales acuden a actos religiosos de nuevo cuño o simplemente a los que antes no asistían, alguien debiera recordarles que España es un estado aconfesional, que su presencia allí no es acorde con este carácter aconfesional y que, incluso, su presencia en actos de nuevo cuño hace perder excepcionalidad a esos otros actos en los que sí ha sido siempre tradicional la presencia de corporaciones civiles. Las cofradías con tradiciones de verdad debieran estar particularmente interesadas y cuidar muy mucho que otras cofradías y políticos «wannabe» no infringiesen el ordenamiento, aunque sólo fuese por preservar su excepcionalidad.

Así pues, a todos aquellos que se lanzan al balamío cofrade en busca de votos, debiera dárseles un muy serio toque de atención: su conducta es con mucha probabilidad contraria al ordenamiento y perjudicial incluso para los actos en los que participan, claro que, eso, comparado con la expectativa de obtener unos cuantos votos más, a ellos no va a importarles mucho.

El segundo requisito es que la presencia de la corporación o cargo civil no suponga en ningún caso expresión de que se reconoce a la confesión en cuyo acto se participa mayor credibilidad o relevancia espiritual que a otras. Quienes, como representantes de instituciones o corporaciones civiles, participan en actos religiosos debieran cuidar muy mucho este extremo.

Y finalmente, es requisito que la presencia de la corporación en ese acto presente algún tipo de conexión lógica, otra cosa que no siempre sucede.

Si aplicásemos estas normas la participación de las corporaciones civiles en actos religiosos quedaría reducida a su justa expresión. Una tradición arraigada justificaría la excepcionalidad de la presencia de estas corporaciones en actos religiosos y vedaría el circo político-mediático que contemplamos cada Semana Santa. Sí, serían muy pocos los actos a los que pudiesen asistir políticos, pero eso es bueno para las tradiciones genuinas y sobre todo para legalidad constitucional.

Los pactos son para cumplirlos

Desde que, en 1985, el PSOE decidiese que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se llevaría a cabo por políticos y no por jueces hasta que, en 2013, el PP dejó a su particular y exclusivo gusto el sistema de elección por medio del incalificable Gallardón, los organismos europeos encargados de vigilar la corrupción en los estados miembros han venido denunciando la situación en que se encuentra el gobierno de los jueces en España y el riesgo que ello conlleva para la independencia judicial.

A los sucesivos gobiernos de PP y PSOE estas críticas les han merecido la misma atención que parece haberles merecido la mejora de la administración de justicia; es decir, ninguna. Es natural, los dos grandes partidos parecen haber dedicado más esfuerzos a controlar la justicia que a fortalecerla, pues su relación con ella ha estado más veces vinculada a mediáticos procesos por corrupción que a avances reales y tangibles en la administración de justicia española.

La aparición de nuevos partidos sin el largo historial de procesos por corrupción que soportaban los dos grandes partidos tradicionales pareció abrir vías para un nuevo replanteamiento del tema pero, la inestabilidad política de los últimos tiempos, dificultó la aparición de ninguna iniciativa novedosa; sin embargo, ahora es el momento.

Ahora es el momento porque nuevamente el informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha sido durísimo en relación a la lucha contra la corrupción en España y ha señalado la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial como uno de los puntos que deben ser corregidos para adaptarlos a las recomendaciones europeas y —añado yo— al espíritu y letra de nuestra Constitución.

Ahora es el momento porque nuevamente PP y PSOE han vuelto a cerrar filas para que todo permanezca igual y ahora es el momento porque tanto Ciudadanos como Podemos no tienen nada que perder y sí mucho que ganar impidiendo que este inicuo sistema de elección del CGPJ se mantenga.

Ciudadanos, además, se juega ante la comunidad jurídica toda su credibilidad. Recordemos que, cuando Ciudadanos decidió apoyar la investidura de Rajoy, firmó con el partido del gobierno, el PP, un catálogo de 150 medidas una de las cuales, la medida 102, se pronunciaba específicamente sobre esta materia y contenía un compromiso claro y concreto:

  1. Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados.

No caben componendas para Ciudadanos: o exige al PP el cumplimiento de este punto o tendremos que sospechar que su aparente compromiso contra la corrupción no pasa de ser una pose ajena a medidas estructurales.

Es, pues, el momento de cumplir con la palabra dada, es momento de demostrar que los acuerdos no son meras coartadas para engañar al electorado. PP y Ciudadanos se comprometieron a algo que deben llevar a cabo; el PP porque, tras los nefastos mandatos de Gallardón y Catalá, debería hacer algo más que simplemente estropear nuestra administración de justicia; Ciudadanos para acreditar que las viejas maneras no caben en los nuevos partidos y que ahora, sorprendentemente, los partidos tratan de cumplir sus compromisos.

¿Son ustedes optimistas al respecto? ¿Creen que estos partidos cumplirán sus compromisos? Hagan sus apuestas y en unos meses lo comentamos.

LexNet, el «procés» y la división de poderes

El gobierno central, en toda esta crisis catalana, ha parecido delegar en los jueces toda la responsabilidad de acabar con el «procés»; guste o no está en su derecho, para eso es el gobierno. Sin embargo el gobierno central parece olvidarse del talón de Aquiles más evidente de dicha estrategia y es que todo, absolutamente todo, el funcionamiento de los jueces y tribunales de Cataluña está en manos del «Conseller de Justícia» del gobierno catalán. Es decir, el control de todo el funcionamiento judicial está en manos de los teóricos infractores de la ley. Un solo gesto del conseller y toda la administración de justicia en Cataluña, parará durante unas horas, unas semanas, unos meses o simplemente dejará de funcionar. Al «conseller» le basta apretar un botón para que los expedientes que no convienen desaparezcan o, si lo desea, para que toda la administración de justicia salte por los aires en Cataluña.

Gracias a la insensata postura del gobierno central de mantener en manos del ejecutivo la gestión de todos los expedientes judiciales, en Cataluña, donde la justicia está transferida, ocurre lo mismo que en Madrid: que el gobierno catalán es el que administra y gestiona todos los expedientes de la administración de justicia en Cataluña; dicho de otro modo, que —si al gobierno catalán le sale de la punta del «procés»— todos los expedientes judiciales por él gestionados pueden borrarse, destruirse y desaparecer como lágrimas en la lluvia (discúlpenme la cita cyberpunk). Tras esto ya puede el ministro pedirle a los jueces que actúen, será como echar cebada a un burro muerto.

Lo dijimos, fuimos muchos los que lo dijimos y lo repetimos hasta la saciedad; lo llevamos a la Real Academia Española de Jurisprudencia y legislación y formulamos denuncias en la UE, lo planteamos al ministro y a sus turiferarios. No se trata de Cataluña ni de España, se trata de la independencia judicial, se trata de puro y simple sentido común: repugna que el control de los juzgados esté en manos de quien ha de ser controlado por ellos, es como poner a la zorra a guardar a las gallinas, es echar una paletada más de tierra sobre la tumba de Montesquieu.

Tan sólo hace un mes el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, hacía chanzas y mofas sobre esta petición en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, hoy, probablemente, se cortaría la lengua antes de decir barbaridades semejantes. Pero no se engañen, si el «procés» se interrumpe mantendrá esta aberración que le da ventajas y, si triunfa, ¿para qué cambiarlo?.

Estos malos gobernantes antes que atenerse a la sensatez prefieren atentar contra el sentido común y ahondar la fosa de Montesquieu en su propio beneficio, la división de poderes es molesta para el que manda, pero la independencia judicial es la salvaguarda de todos —incluso de ellos mismos— y atentar contra ella no es cavar la fosa de Montesquieu, es cavar la tuya propia, o la de todos.

Lo dijimos, que conste que lo dijimos.

Crisis LexNet: el núcleo de la cuestión

Ayer un lector, viendo el espectáculo de lo que estaba pasando en LexNet, me preguntaba… «pero ¿en manos de quién estamos?» y mientras pensaba qué responderle pensaba también en que esa es la pregunta clave de todo este drama: ¿en manos de quién está LexNet?

Porque la realidad es que LexNet está en manos de un ministro que ha sido reprobado por el parlamento por entorpecer investigaciones en casos de corrupción, que pertenece a un partido ahora mismo enredado en causas como Gürtel o Púnica y que pertenece a un gobierno cuyo presidente acaba de declarar como testigo en una de esas causas. ¿A alguno de ustedes le parece sensato que sea esta persona la última responsable de custodiar las comunicaciones (y los expedientes electrónicos también) de los juzgados?.

Cuando el expediente era en papel no había problema, estaba en el juzgado y de ahí no salía; pero ahora que es electrónico el expediente ya no está en el juzgado, está en servidores cuyo último responsable es el ministro de quien les hablo.

Si hubiésemos de ilustrar la situación actual con una imagen la situación sería la que se vio esta semana mientras declaraba Rajoy, salvo que la imagen habría que completarla con Catalá en Sala con los expedientes bajo el brazo.

Y lo que digo de Catalá y de su partido no es exclusivo de ellos sólos (aquí todos tienen por qué no engallarse) pues puedo decirlo del resto, no tiene sentido que allá donde las competencias en justicia están transferidas no sean los jueces quienes controlan los expedientes sino los correspondientes consejeros de justicia… piensen ustedes en Andalucía, en Cataluña o en cualquier otro lugar y se darán cuenta de que, con frecuencia, quienes controlan los expedientes son precisamente las personas de quienes deberíamos defender esos expedientes.

Esta realidad repugna al sentido común. Entiéndaseme: no digo que esta práctica sea ilegal (tampoco es ilegal poner a la zorra a proteger a las gallinas) lo que digo es que repugna al sentido común y que a cualquiera se le ocurre que los autos, los expedientes, deben estar bajo el control de los jueces, del Poder Judicial y que esto es lo más concorde con la deseable división de poderes. Así lo hemos venido sosteniendo con desigual éxito durante bastantes años un grupo cada vez más amplio de personas.

Sin embargo, mis lectores, que son listos, me dirán inmediatamente: ¿y qué ganaremos entregando el control de los expedientes al CGPJ si al final este también es un órgano controlado políticamente? Y efectivamente, al menos en el juego corto, tendrán razón y resultará que tan sólo habremos salido de Guatepeor para caer en Guatemala.

Por eso el primer paso serio para arreglar nuestra justicia es dotarla de independencia. Nuestra Constitución nos dice cómo, las recomendaciones europeas nos dicen también cómo y las asociaciones de jueces y fiscales nos dicen cómo. Si lo comprueban verán que todos nos dicen lo mismo ¿no es ya el momento de hacerlo?

Si la crisis de LexNet demuestra algo es que, en este tipo de materias, cuando se abusa del interés político propio el sistema entero puede acabar quebrando. Es tiempo de que acabe esta forma de hacer política con la justicia y es tiempo de que todos (pero todos) comencemos a hacer este trabajo juntos. Al menos tenemos claros los primeros pasos.

Vale.

LEC 2.0

En inglés el juego de palabras es sencillo y evidente: la palabra «code» quiere decir «código» tanto en sentido jurídico (como en «Código Civil») como en sentido informático (por ejemplo en «código fuente»).

Ya en 1999 Lawrence Lessig (catedrático de derecho por entonces de la Universidad de Stanford), en su libro «El código y otras leyes del ciberespacio» jugaba con este doble sentido y nos prevenía de que el ciberespacio es un espacio en el que no es posible dictar y aplicar las leyes tal y como lo habíamos venido haciendo en nuestra sociedad; y esto es así porque las leyes del ciberespacio están en el código que se ejecuta, no en lo que digan los textos legales: podemos hacer lo que el software nos permite hacer y no podemos hacer lo que ese mismo software no nos permite hacer independientemente de lo que ordene la ley que conocemos.

Veamos un ejemplo. Si a los programadores de LexNet se les ocurriese que usted no puede mandar su escrito sin rellenar un campo donde se le pida el DNI de su abuelo ya puede usted quejarse al Ministerio, al Defensor del Pueblo o a la FIFA: si usted no pone el DNI de su abuelo usted no podrá presentar el escrito.

Esta realidad, antigua como la red, parece haber sido descubierta recientemente (eso es España, un perenne retraso) por el Ministerio de Justicia, que da síntomas de andar encantado con la posibilidad de legislar vía software y anda haciendo algunas pueriles probaturas con el entusiasmo de un niño ante un juguete nuevo.

Si, ahora, un catedrático de procesal quisiera explicar a sus alumnos los defectos de la demanda que llevarán aparejada su inadmisión no le bastaría, para ser exhaustivo, enumerar los contemplados en la LEC, sino que habría de añadir los derivados de esa LEC 2.0 que está diseñando con toda la torpeza de que es capaz el ministerio; defectos como por ejemplo el de que el nombre del archivo conteniendo la demanda esté correctamente escrito en español y —por tanto— lleve acentos.

Ciertamente la LEC original premiaría la correcta ortografía de quien esto hiciera pero la LEC 2.0 del Ministerio, analfabeta y siniestra, detesta todo atisbo de inteligencia y castiga las tildes bien colocadas con la misma pena que el más grave defecto procesal pensable: el rechazo de la demanda automático. Penalty y expulsión… ¡Rafa, no me jodas!.

La cosa podría tener su gracia si no fuese porque cualquier cosa que roce al Ministerio de Justicia actual experimenta una mutación opuesta a la del mítico Rey Midas. Si este último lo que tocaba lo convertía en oro, lo que siquiera roza el Ministerio de Justicia actual se torna siniestro y siniestros empiezan a percibirse los tejemanejes informáticos que está haciendo el Ministerio con LexNet desde su implantación.

Ministro, no has inventado nada, has llegado a este mundo de la Justicia cuando tus interlocutores llevan decenas de años en él y, cuando no has columbrado aún la importancia de una buena estrategia informática, hay gentes que llevan toda su vida en ello.

No, no nos vas a aprobar unos códigos 2.0 usando la puerta informática de atrás, o al menos no lo vas a hacer sin que nos demos cuenta. No vas a poder decir aquello de «hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los programas». Los pollos no engañan a los recoveros. Rafa, no nos jodas.

Contratos de hace cuatro mil años

Llamamos historia, por oposición a prehistoria, al período de tiempo en el que la humanidad ha conocido y usado la escritura; y, como los inventores de la escritura fueron los sumerios, necesariamente habremos de admitir que la historia empieza en sumeria y también, naturalmente, que la historia del derecho empieza allí.

Hoy me he entretenido tratando de encontrar el primer contrato escrito de la historia de la humanidad y naturalmente me he dedicado a husmear entre las muchas transcripciones de tablillas mesopotámicas que la red ofrece.

La cantidad de contratos que conservamos de hace 4.000 años es tremenda, yo diría que hasta abrumadora y pareciera, tal es su número, que la escritura se hubiese inventado específicamente para documentar actos jurídicos (y quizá así sea). Esto, junto con el celo mesopotámico por clasificar y archivar minuciosamente las tablillas, ha hecho que dispongamos de una enorme cantidad de material del que tan sólo se ha traducido una pequeña parte. Hoy me he entretenido con este contrato de compraventa de inmuebles realizado por un ciudadano sumerio llamado Sini-Ishtar y que, si bien se mira, no difiere tanto de nuestras actuales escrituras. Veamos el texto (la traducción, de traducción, de traducción, es mía de forma que no me hago responsable) de circa del 2000 AC:

Sini-Ishtar, hijo de Ilu-eribu, y Apil-Ili, su hermano, han comprado un tercio de Shar de tierra con una casa construida, junto a la casa de Sini-Ishtar, y luego la casa de Minani. Un tercio de Shar de tierras de cultivo junto a la casa de Sini-Ishtar, que se enfrenta a la calle. La propiedad de Minani, el hijo de Migrat-Sin. Han pagado cuatro siclos y medio de plata, el precio acordado. Nunca se podrá reclamar por la casa de Minani.
Por su rey juraron. (A continuación, los nombres de catorce testigos y un escriba.) Mes de Tebet, año del gran muro de Karra-Shamash.

Me he sonreído pensando en el escribano de hoy día, el notario, escribiendo aquello de: «Un trozo de tierra de un Tercio de "Shar", o lo que es lo mismo un tercio de un "Nindam cuadrado" o lo que es lo mismo ocho codos cuadrados o 16 metros cuadrados de superficie. Linda con la calle donde se ubica; norte, casa de Sini-Ishtar…»

Al final juran por su rey y firman hasta 14 testigos junto con el escriba, que no pone lo de «está mi sello en tinta» como los notarios de ahora porque en sumeria los escribas y las personas de orden firmaban con los llamados «sellos rodados» que resultaban mucho más elegantes e historiados que esos sellos de goma de medio pelo que ahora usan nuestros fedatarios…

…y mientras escribo esto mi amiga Verónica del Carpio me manda por mensajería la noticia que ven en la fotografía y pienso en lo paradójico que resulta que podamos leer contratos de hace 4.000 años pero que la sinvergonzonería reinante no nos permita conocer contratos de hace menos de diez años. En Sumeria, ciertamente, cuidaban mejor sus contratos y su honra.