El bitcoin y el Antiguo Egipto

El bitcoin y el Antiguo Egipto

Hoy el bitcoin ha rebasado la barrera de los 25.000 dólares y, como siempre que bitcoin bate records (lo cual últimamente sucede casi todos los días), siempre hay quien me pregunta cómo es posible que una unidad de cuenta sin valor intrínseco alguno pueda alcanzar semejantes precios.

La pregunta es pertinente pero sería del todo pertinente si a esa pregunta se añadiese otra: ¿cómo es posible que un trozo de papel impreso tenga más valor que el valor intrínseco del papel?

Para entender este aparente sinsentido, seguramente, deberemos viajar al pasado hasta el mismo momento en que se inventó el dinero, lo cual, por cierto, sucedió en fecha bastante más reciente de lo que pudiera pensarse, pues las primeras civilizaciones y los primeros imperios que existieron sobre la tierra (sumerios, acadios, egipcios…) simplemente lo desconocieron; al menos en su versión física. Para entender como imperios tan extensos llevaban adelante su economía fijémonos, por ejemplo, en cómo sucedían las cosas en el Antiguo Egipto.

En el Antiguo Egipto no se acuñaba dinero, pero eso no significa que no tuviesen métodos de intercambio suficientemente sofisticados y, para ello, hacían uso de unidades de medida que podían ser de peso, superficie o capacidad. Por su extrema popularidad nos fijaremos en una unidad llamada “Deben” que equivalía a unos 91 gramos y que se dividía en diez partes (kite) de unos 9,1 gramos cada una.

La utilidad del Deben y su uso quedan patentes si nos fijamos, por ejemplo, en el Ostracón (un trozo de cerámica escrito) Turín 9753; en él se documenta la venta de una cabeza de ganado que el jefe de policía egipcio Nebsmen hace a un ciudadanos llamado Hay.

Nebsmen tasa el valor de su animal en 120 deben de cobre (el Deben de cobre era la medida generalmente usada) y Hay, para pagarle, le entrega mercaderías por valor de esos mismos 120 deben de cobre, en concreto dos tarros de grasa, cinco camisas de tejido fino, un vestido de tela del Alto Egipto y una piel.

No tengo la más mínima duda de que usted, inmediatamente, habrá pensado: “pues si las cosas se valoran en deben de cobre, llevando cobre en la bolsa, en forma de monedas, lingotes o en la que sea, el dinero ya estaba inventado”. Pues sí, pero no. Los egipcios usaban el deben de cobre como medida de valor pero no cargaban con el cobre preciso para ir haciendo los pagos.

Naturalmente, desde que existía una unidad de valor la posibilidad de aplazar y garantizar las operaciones presentando avalistas o fiadores estaba servida.

Veamos el caso de la ciudadana egipcia Iret Neferet, ocurrido en el año 15 del reinado de Ramsés II (1264 AC) y que nos ha llegado recogido en un papiro de naturaleza judicial (el llamado Papiro Cairo 65739) y en el que se narra una violenta disputa entre dos mujeres.

Hay que hacer notar que el tratamiento que el papiro (un documento oficial) otorga a la acusada Iret Neferet es el de “ciudadana” lo que, junto con la actividad negocial y jurídica que ella y su adversaria llevaron a cabo, nos revela un papel negocial de las mujeres en Egipto mucho más independiente del que podríamos imaginar.

La propia Iret Neferet nos cuenta así el principio de su caso:

En el año 15 (de Ramsés II) siete años después de que yo entrara en la casa del inspector del distrito Samut, el mercader Raia se acercó a mí con la esclava siria Gemeherimentet, siendo ella aún una niña y él me dijo: “Compra a esta chica y dame un precio por ella”. Eso me dijo. Y yo le compré a la chica y le di un precio por ella.

Resulta horrible que la vida y la libertad de una niña se valorase en aquel tiempo en 373,1 gramos de plata (unos 310€ a precio de hoy) pero, al margen de este tristísimo hecho, la compra de la esclava siria Gemenherimentet por la ciudadana Iret Neferet nos ilustra muy bien sobre cómo se llevaban a cabo las operaciones comerciales en el antiguo Egipto.

El caso de Iret Neferet no terminó ahí pues otra ciudadana, llamada Bakmut, acusó a Iret Neferet de haber pagado a Raia, el mercader de esclavos, con objetos de su propiedad, lo que dio lugar a un feo litigio en el que Bakmut llevó ante el tribunal hasta seis testigos (tres hombres y tres mujeres) que, según dice el papiro, juraron por su rey y por su dios.

Como vemos, en el caso de Iret Neferet, el precio ya no se paga en deben de cobre sino de plata, lo que nos sugiere que, en ese tiempo, ya debía existir una cotización plata/cobre, y no nos equivocamos, pues ya en época de Ramsés II se sabe que cada deben de plata equivalía a 100 deben de cobre, cotización que bajó durante el reinado de Ramsés III en el que el deben de plata se cambiaba por tan solo 60 deben de cobre. Supongo que los ciudadanos de Ramsés III estarían tan sorprendidos por la bajada de la plata como nosotros por la subida del bitcoin.

Con esta forma de operar era una pura cuestión de tiempo que a alguien se le ocurriese llevar cobre o plata en la bolsa para pagar las mercancías y, quizá por eso y tal y como nos cuenta Herodoto, sobre el año 680 AC los lidios comenzaron a acuñar moneda que no era sino una forma de certificar el peso del metal que contenía la moneda.

Durante más de 2600 años (desde el año 680 AC hasta el 15 de agosto del año 1971 DC), el mundo funcionó de la misma forma que en Egipto y Lidia. Los precios de las cosas se valoraban según un determinado peso en metal (oro o plata) y, si los bancos extendían billetes, estos eran canjeables por la cantidad de metal que representaban.

Pero, para mayo de 1971, la Guerra de Vietnam estaba drenando las reservas estadounidenses y Nixon constató que ya no disponía de las reservas de oro precisas para atender a los jeques árabes, por ejemplo, si estos venían a cambiar sus petrodólares por oro, por lo que, el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon decidió que el dólar se desvincularía del patrón oro y que, a partir de ese momento, pasaría a convertirse en un dinero “fiat”.

¿Qué significaba esto? Pues, dicho en corto, que el dólar, a partir de ese momento, no tendría más valor que la confianza que en él depositaran las personas que lo usaban. Desde esa fecha el dólar carece de ningún valor intrínseco, es un trozo de papel que, eso sí, genera más fe y más confianza que los más importantes textos sagrados aunque esa fe puede volatilizarse en muy poco tiempo.

A día de hoy podemos decir que el Bitcoin y el Dólar tienen el mismo valor intrínseco: ninguno. Y creo que con esto puedo cerrar hoy este post (que ya va siendo largo de más) y dejar para mañana, o para pasado, comparar las ventajas y desventajas que, como unidades de cuenta, tienen las criptomonedas como bitcoin y las monedas fiat como el dólar y el resto de divisas nacionales.

Pero eso será otro día.

El testamento de Naunakhte

El testamento de Naunakhte

Es difícil saber cómo la condición de la mujer ha podido alcanzar las indignantes cotas de desigualdad a las que ha llegado en nuestra civilización occidental y, a veces, me pregunto si esto siempre fue así o si, simplemente, fue el producto de una sociedad atada a un determinado sistema de valores. Es por eso que, mientras estudio la cultura de antiguas civilizaciones, observo, por el rabillo del ojo, qué me cuentan los datos que aprendo de las mujeres que en ellas vivieron.

Recuerdo cuánto me sorprendió comprobar que el primer legislador conocido (Urukagina de Lagash) a pesar de sus intentos de proteger a pobres y huérfanos, viera turbada la paz de su mandato porque al hombre se le ocurrió prohibir la poliandría (que las mujeres pudieran desposar a varios hombres) y esto causó un follón muy importante en Lagash. De primeras uno simpatiza con Urukagina, a fin de cuentas el hombre protegía a pobres y huérfanos de las depredaciones de los ricos, pero, como me dijo una amiga feminista: ¿Y por qué no prohibió también que los hombres se casasen con varias mujeres?

No supe qué decir, en realidad ni siquiera sé si en Lagash los hombres podían casarse con varias mujeres… Así que hube de archivar a Urukagina.

Dando vueltas por los documentos sumerios, acadios, asirios y babilónicos uno encuentra no pocos ejemplos de contratos en los que intervienen mujeres con total capacidad de obrar (algo que perdieron hasta hace muy poco) y hoy he encontrado un texto legal egipcio que nos señala algo parecido: el testamento de Naunakhte.

Naunakhte, una zagala egipcia de época ramésida a la que imagino morena y guapa, tuvo la mala suerte de ser casada a los doce años con un escriba de más de cincuenta. El escriba no debía carburar muy bien porque murió pronto sin haber dejado embarazada a Naunakhte quien, de este modo, se convirtió en su heredera y se hizo con una fortunita apañada para su tiempo.

Naturalmente Naunakhte, joven y con dinero, tardó poco en volver a casarse en segundas nupcias, fruto de las cuales dio a luz cuatro hijos y cuatro hijas.

Conservamos de Naunakhte su testamento y en él, la voz antigua de una madre de hace más de 3.000 años, nos cuenta cómo sacó a sus ocho hijos adelante y como dio a todos sus hijos e hijas casas donde vivir y enseres para equiparlas pero… Lo de siempre. Naunakhte, en el otoño de su vida, vieja y enferma, vio como algunos de sus hijos e hijas no la cuidaron cuando lo necesitaba y la anciana, en su testamento, nos lo cuenta y afirma que sus bienes irán solo a los hijos que «han puesto sus manos sobre las mías», no así a esas dos hijas y a ese hijo que, vieja y enferma, no la han cuidado.

Fuera de lo emocionante que resulta volver a leer en textos de hace tres mil años esta historia tantas veces contada, para un jurista hay unas cuanta cosas interesantes. La primera que una mujer egipcia testaba con mayor libertad que una mujer europea de hasta hace pocos años y la segunda que, por lo que se lee, no la limitaban legítimas ni tercios de mejora: su herencia, era toda de “libre disposición” y podía disponer de ella de la forma que le viniese en gana.

Claro que Naunakhte era rica y, al igual que otras mujeres que aparecen en documentos acadios o asirios gobernando sus bienes o forzando condiciones ventajosas en los divorcios, estaba protegida por su patrimonio.

Tener o no tener, that is the question.

Funcionarios de justicia y tópicos

Solemos elaborar nuestros juicios sobre tópicos que asumimos acríticamente como ciertos; son esos estereotipos que se van forjando poco a poco en la opinión pública hasta pasar a ser dogmas de fe incontestables y, sin embargo, cuando uno mira los datos…

Déjenme que les cuente.

Esta mañana la he dedicado a bucear entre las estadísticas que ofrece el Consejo General del Poder Judicial para comprobar si existía algún dato mínimamente fiable que sustentase las afirmaciones del ministro de justicia respecto a que la Nueva Oficina Judicial (noten la cursiva en “nueva”) iba a suponer un gran avance para la justicia española. Dado que la Nueva Oficina Judicial lleva muchos años en funcionamiento en partidos judiciales como Burgos o Murcia se me ocurrió que sería bueno comprobar con datos si esas Nuevas Oficinas Judiciales habían supuesto algún tipo de mejora para el funcionamiento de dichos partidos judiciales y, tras un análisis de tablas y datos, el resultado no ha podido ser más demoledor: NO, absolutamente NO, lo que dice el ministro de justicia de la Nueva Oficina Judicial no es más que un ridículo camelo, una mentira consciente, para forzar un modelo de justicia conveniente a los partidos que se han instalado en el gobierno de nuestro país.

Sin embargo, mientras comprobaba los datos de los diversos partidos judiciales, se me ha ocurrido que, seguramente, sería bueno referir los datos de cada juzgado al número de asuntos resueltos, pendientes, etc. que se llevaban en cada Partido Judicial pues la cifra resultante, sin ser exacta respecto del funcionamiento de cada juzgado en concreto, sí que nos daría una idea muy aproximada del rendimiento medio de los funcionarios de cada partido judicial y compararlo, por ejemplo, con los funcionarios que atienden las NOJ ya existentes. Un buen sistema organizativo, he pensado, debe hacer rendir más a los funcionarios y, con menos de ellos, se podrá hacer más; así que me he aplicado a la tarea y toda una serie interminable de tópicos y estereotipos han empezado a venirse abajo hasta no quedar títere con cabeza.

Lo primero que he hecho es averiguar el número de asuntos resueltos el año 2019 en cada partido judicial y relacionarlo con el número de funcionarios que trabajan en él, el resultado, como verán en la tabla de abajo ha sido sorprendente:

Los diez primeros partidos judiciales ordenados según la productividad de sus funcionarios son TODOS andaluces; es decir, el tópico del andaluz holgazán ya pueden ir ustedes guardándolo: en la administración de justicia española los funcionarios más productivos son los andaluces y no los de grandes juzgados o los que han recibido la inversión de la NOJ, no; en los juzgados donde más trabajo se saca adelante es en los juzgados pequeños: entre los 10 primeros partidos judiciales de la lista por productividad de sus funcionarios sólo dos superan los cien mil habitantes y sólo uno (Vélez Málaga) ha recibido el refuerzo de la NOJ.

Si el primer tópico que podía usted arrojar a la basura era el de “andaluces holgazanes”, ahora puede ir usted arrojando a la basura igualmente dos más muy queridos al ministro: que “los partidos judiciales pequeños no son eficaces” o que “los funcionarios rinden más con la NOJ”.

Naturalmente varios abogados, al ver lugares como Montoro o San Fernando en los primeros lugares de la lista por productividad de sus funcionarios, me han llamado para decirme: no puede ser, los juzgados de Montoro o San Fernando están absolutamente colapsados.

Naturalmente he decidido comprobarlo y he vuelto a referir el número de asuntos en trámite a las plantillas de funcionarios existentes en cada partido judicial para ver la tasa de atasco analizada desde el punto de vista del número de funcionarios. La tabla ha quedado como sigue:

Como ven todavía bastantes juzgados andaluces arriba pero, sobre todo, lo sorprendente es que partidos judiciales cuyos funcionarios sabemos que son de una productividad extraordinaria (Montoro, San Fernando…) tienen, al mismo tiempo las mayores tasas de asuntos pendientes. Ante este fenómeno sólo hay una explicación posible: en Montoro o San Fernando los funcionarios trabajan como máquinas aunque, desafortunadamente, la carga de trabajo está muy por encima de sus posibilidades; es decir: faltan medios.

La percepción general, pues, de que los juzgados funcionan mal es correcta; lo que no es correcto es que sea a causa de la incuria de sus funcionarios. Como en todas partes hay funcionarios buenos y malos pero, el problema de la justicia española no está en que tengamos malos funcionarios, el problema es que tenemos malos dirigentes que son incapaces de mirar datos y prefieren conocer España por puros tópicos. Caso paradigmático es el actual ministro.

Como pueden ver en la primera de las tablas (la que relaciona el número de casos resueltos con el número de funcionarios) sólo aparece una NOJ (Vélez Málaga) y no en los primeros puestos; si miramos los últimos lugares veremos que es allí donde se acumulan las NOJ (ese sitema organizativo tan cojonudo que logra que los juzgados funcionen peor a costa de un cuantiosa inversión de dinero). La cosa, como ven, manda huebos (sí, con “b”).

Como no quiero herir orgullos identitarios no les pondré los últimos lugares de la tabla de productividad no sea que comunidades tradicionalmente catalogadas como eficientes se me enfaden y, por eso, pondré el ejemplo de mi propia Comunidad Autónoma: la Región de Murcia.

Aquí está la tabla

Como ven, los funcionarios de los juzgados de Cartagena son los campeones de esta liga en dura pugna con los de Lorca, Molina y Totana. Murcia, ultradotada y con funcionarios magníficos queda en último lugar. Si no le gustan los datos les dejo la fuente de donde están tomados (el CGPJ) pueden comprobarlos.

Miren, yo no creo que por trabajar en Murcia o Molina un funcionario trabaje más o menos, lo que sí le puedo decir es que allá donde esta la NOJ no se observa (siendo piadoso) ningún resultado que haga pensar que sea una solución a los problemas de nuestra justicia y sí una forma de coartar la independencia de los jueces.

Pero, ya que estoy con la Región de Murcia, no deseo quedarme a medias: vamos a revisar la tasa de atasco por funcionario que esta presenta. Veámos la tabla.

Como ven, partidos judiciales con funcionarios acreditadamente productivos (Molina y Totana) ven que su trabajo no sirve de nada y el atasco aumenta porque los recursos que debieran destinarse a ellos se destinan a una NOJ que, probadamente, no funciona y dilapida la capacidad e trabajo de los funcionarios de nuestra región. Si es usted funcionario en Molina de Segura o Totana se tiene usted ganado el cielo. Y luego hay idiotas unimunicipales que estiman que los partidos de Molina o Totana son inútiles. Necios.

En fin, entiéndaseme, no digo que los juzgados españoles funcionen bien (funcionan pésimamente) pero si hemos de buscar culpables con todas seguridad no deberíamos señalar ni a los funcionarios, ni a los partidos judiciales pequeños, ni a los juzgados unipersonales; más que probablemente deberíamos señalar a la estulticia de todos esos ministros que, desde 1997, están intentado sustituir un sistema que necesita medios por otro peor (la NOJ) tan sólo para poder controlar mejor la justicia.

Y en esta legislatura el ministro sigue en ello.

Necios.

Justicia contra la crisis

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene cuídelo, creo que le va a hacer falta.

No sé cómo están sus cuentas, lector, lo que sí le aseguro es que a su alrededor son muchos los que ya no tienen dinero en las suyas, viven al día y esperan afanosamente cada primero de mes que les ingresen el sueldo, el paro o el dinero del ERTE, para ver cómo desaparece instantáneamente debido a las domiciliaciones, a la hipoteca o al descubierto de la tarjeta.

En España, eso sí, son pocos ya los que se sienten solos: una legión de pobres desgraciados por un sueldo mísero trabajan de teleoperadores y se dedican a llamar insistentemente a otra legión de pobres desgraciados que se han retrasado en el pago de la hipoteca…

—Buenas tardes, llamo de Banco Sabadell, pregunto por Don… (…)

Y así, estos desgraciados, le recuerdan en nombre del mismo banco al que usted ha rescatado con su dinero (y que aún le debe la cláusula suelo, los saldos en posiciones deudoras, la comisión de apertura y los gastos de tu hipoteca) que es usted pobre, que debe dinero y que, si esto sigue así, no podrá mantener a sus hijos en 2021 y que, si no paga, no sólo perderá su casa sino su dignidad y su futuro. Y para que no lo olvide le llamarán mañana, tarde y noche, a la hora que más puedan molestarle y si bloquea su teléfono lo harán desde otros 100 números más que tienen sólo para que recordarle que debe usted dinero, que es usted pobre, que es usted un mierda con un futuro de mierda.

Y mientras los bancos alivian su soledad dándole esta amable conversación le clavan al mismo tiempo 40 ó 50 euros en comisiones deudoras cada vez que se retrasa usted unos días en el pago. Hay quien vende sucedáneos de sexo y amor por dinero; los bancos, en cambio, le sodomizan y le cobran a 50€ el servicio. Santas corporaciones, no sé cómo nos atrevemos a retrasarnos en el pago.

Y esto, amigo lector, no ha hecho más que empezar.

Porque los créditos antes o después vencerán (aunque se alarguen artificialmente) los ERTES acabarán siendo despidos y los impagos concursos. Las empresas serán debidamente momificadas y cremadas en los tanatorios de lo mercantil y los empresarios individuales y los autónomos, verán cómo los bancos y la administración pública se repartirán sus despojos dejándolos sin dinero, sin dignidad y sin futuro; porque en España, la Administración no olvida el siniestro contenido del artículo 1911 del Código Civil:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Con todos los bienes «presentes y futuros»; es decir, hasta que pagues o hasta que te mueras, porque has de saber que si un banco no te paga estarás jodido —liquidarán el banco y si no hay suficiente no te pagarán— pero si eres tú quien no le paga al banco entonces también serás tú el que esté jodido y, si le debes dinero a la Administración, entonces olvídate de exoneraciones, porque a las personas físicas, en España, sólo se las liquida con la muerte.

La ley de segunda oportunidad ha sido un fracaso, los juzgados de lo mercantil han sido un fracaso y en general el tratamiento de los deudores por el ordenamiento jurídico es un completo fracaso.

Los juzgados españoles de lo mercantil son tanatorios de empresas (menos de un 5% salen vivas del concurso) la ley de segunda oportunidad se ha revelado insuficiente (las deudas con la administración no son del todo exonerables) y, mientras se acerca una bancarrota masiva de personas físicas y jurídicas en España el gobierno y el ministro de justicia se dedican, miserablemente, a profundizar en sus intentos de controlar el poder judicial.

La suerte de los españoles les importa un carajo a lo que parece.

Pero llegará 2021 y habrá que enfrentarse a la verdad, y los obreros verán sus juicios por despido señalados con años de retraso, los autónomos se encontrarán condenados a trabajar en la economía sumergida, con facturas a nombre de terceras personas y sin posibilidad ni siquiera de tener una tarjeta con 300€ de crédito porque la Administración les embarga impmacablemente.

Muertos civiles. Ese es el final que espera a centenares de miles de personas en España mientras políticos y ministros ensucian las moquetas con babas trufadas de canapés.

Estamos al borde del abismo y ellos siguen jugando a sus juegos políticos de controlar el CGPJ, de entregar la instrucción a los fiscales para controlar las instrucciones de los delitos que cometen sus amigos, de prometer tribunales de mierdinstancia para que no haya jueces insolentes con el poder político o de gastar el dinero en implantar momios del siglo pasado como la ¿Nueva? (déjenme que me descojone) Oficina Judicial.

Todo menos trasponer y mejorar la directiva sobre insolvencia, adaptando y previendo las terribles situaciones que muchos españoles y españolas van a vivir; todo menos legislar lo preciso para que los mataderos de lo mercantil no sean la morgue del futuro de la economía española; todo menos preparar los juzgados de lo social para responder al aluvión de trabajo que se avecina y que ya, hoy, no pueden ni atender.

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene, cuídelo, porque es seguro que le va a hacer falta y, si no lo tiene, seguramente va siendo hora de que se prepare para hacer algo para salvarse porque, a quienes nos gobiernan, usted —que no tiene nada— les importa una mierda.

Hay mucho que se puede hacer para que los españoles enfrenten esta crisis con esperanza y justicia pero —es necesario que lo sepa— o se moviliza usted mismo y pelea por conseguirlo, o le aseguro que ellos jamás lo harán.

Necesitamos un país justo.

Cómo acabar de una vez por todas con la independencia judicial (IV): entregar la instrucción de las causas a la fiscalía

Ya conté en el primer post de esta serie, dedicado a la NOJ, cómo los partidos políticos que ocupan el gobierno tratan de vaciar de contenido la función de los jueces a base de retirar de sus competencias todas cuantas puedan para entregarlas a funcionarios férreamente sujetos a la disciplina del ministro y sus dedinombrados altos cargos. En el caso de la NOJ el truco era escindir los aspectos procesales y sustantivos del proceso y poner los primeros en manos de los LAJ pero —y ahí está la trampa— sin dotar a estos funcionarios ni de la independencia ni de ninguna de las garantías que la constitución atribuye a los jueces.

Con la entrega de la instrucción de las causas a la fiscalía ocurre otro tanto: el gobierno aparta de esos molestos jueces (independientes, inamovibles, sometidos solo a la ley…) la instrucción de las causas para entregárselas a los fiscales, funcionarios que NO están adornados de la independencia de los jueces y que, como el propio presidente del gobierno puso de manifiesto con toda claridad, están sometidos al principio de jerarquía.

Lo que no han logrado ni con la NOJ, ni con los tribunales de instancia, ni con todas las malas artes que les he descrito en los tres post anteriores, pretenden ahora lograrlo entregando la instrucción a la fiscalía pero sin dotarla ni de independencia y sin liberarla de ese principio de jerarquía que la sujeta.

La fiscalía además carece de medios y en el presupuesto no se contempla ninguno: ¿a quién favorece entonces esta aberración?

Pues les favorece a ellos, los políticos, y de entre ellos a los ya corruptos o los que están en trámite de corromperse. El juez de instrucción, ese tipo odioso que puede ordenar la detención de cualquier alcalde o concejal de urbanismo, es una figura insoportable para el político que se cree intocable. Mejor que ese juez capaz de pensar por sí mismo, piensan estos genares de quien les hablo, un fiscal bien sujetadito a una jerarquía que ya nos encargaremos nosotros de poner a punto.

En medio de la pandemia, con la justicia a mes y medio del caos, el ministro —a quien por lo que se ve le importa un carajo que España se vaya al idem— se dedica a proponer una tras otra las mismas medidas que ya trató de imponer Caamaño, Gallardón y Catalá, para mejor controlar al único poder capaz de frenar la desvergüenza de esta caspa castosa.

Y, lo que más me perturba, créanme, es que, si los españoles y españolas no toman conciencia de ello y lo impiden, esta banda acabará saliéndose con la suya y acabando con todas las esperanzas de vivir en una sociedad digna.

Cómo acabar de una vez por todas con la Independencia Judicial (II): despojar a la Justicia de los medios necesarios.

Es un fenómeno frecuente que, en las sociedades machistas, la mujer se vea sometida al arbitrio del hombre por el sencillo método de no permitirle poseer medios materiales con los que poder valerse por sí misma.

En España, una de las mujeres más maltratadas de esta forma, es la Justicia. El Poder Ejecutivo, como esos maridos que odian a su mujer pero no quieren dejarla marchar tampoco, se ha apropiado de todos los medios a través de los cuales la Justicia podría desempeñar sus funciones de juzgar y ejecutar lo juzgado y, gracias a ello, tenemos una Justicia incapaz de valerse por sí misma si, antes, al Poder Ejecutivo, no le da la gana de dotarla de los medios necesarios.

Quizá le suene raro pero le aseguro que el Poder Ejecutivo en España se ha apropiado del 99,99% de todos los recursos que le son necesarios a la Justicia para llevar adelante su labor. Y, no contento con eso, aún pretende quitarle todo cuanto pueda del 0,01% restante.

A usted, que me lee y no conoce lo que es la justicia por dentro, puede parecerle que lo que digo es extraño pues ¿no son “de la justicia” todas esas “ciudades de la justicia” que hay en muchas poblaciones de España? ¿no es “de la justicia” la policía judicial? ¿no son “de la justicia” los ordenadores y medios informáticos que hay en los juzgados? ¿Y todos esos funcionarios que trabajan para la justicia?

Créame que alguna vez yo también he caído en ese engaño, pero, si me acompaña a buscar en un juzgado alguna propiedad o vestigio del Poder Judicial, tenga por seguro que entenderá mejor lo que le digo.

Si me acompaña a buscar eso que le digo a un juzgado de España, cuando se encuentre frente al juzgado, palacio de justicia o ciudad de la justicia de su pueblo o ciudad, no se deje deslumbrar: el edificio que ve no pertenece al Poder Judicial sino al Poder Ejecutivo; es decir, pertenece al Gobierno o a la Consejería de su Comunidad. La justicia, amigo, vive en casa ajena, si es que allí vive la Justicia.

Cuando entre por la puerta el control de seguridad lo realizará la Guardia Civil (Poder Ejecutivo) o unos guardias de seguridad contratados y pagados por el Poder Ejecutivo.

La luz que ilumina el edificio al que acaba de entrar al igual que la calefacción o refrigeración que lo acondicionan, los paga y son igualmente del Poder Ejecutivo y del Ejecutivo son también los muebles, ordenadores, impresoras y fotocopiadoras que vea por allí. Incluso las lineas telefónicas son del Poder Ejecutivo.

—Pero… ¿Los funcionarios de los juzgados sí serán poder judicial, no?

—Pues no señor, no. Los funcionarios que usted encuentra en los juzgados son funcionarios del poder ejecutivo y dependen de uno de sus ministerios lo mismo que los LAJ,s (los Secretarios Judiciales) que no son más que agentes y subordinados del Poder Ejecutivo. Sí, los Letrados de la Administración de Justicia y el resto de funcionarios, son todos subordinados del Poder Ejecutivo.

—Pero oiga, los sumarios, los cartapacios que contienen las instrucciones de los delitos ¿Esos sí serán del Poder Judicial, no? ¿No me diga que toda esa información está en manos de los Ministros y Consejeros de Justicia de las diversas comunidades?

—Pues se lo digo: y no sólo esos cartapacios: del papel a la tinta con que están impresos y hasta la grapa que los une son de los diversos poderes ejecutivos de este país (ministros, consejeros) pues ellos son los que se encargan de su tratamiento y custodia.

—Oiga ¿me está usted diciendo que un consejero de una comunidad autónoma o un ministro (algunos de los cuales ya sabemos que han sido condenados) son quienes cuidan de las gallinas de este corral?

—Justo eso le digo: el consejero o ministro de un ejecutivo, a veces corrupto, es quien cuida de los expedientes judiciales que acusan a sus conmilitones de delitos diversos; y no solo eso, también cuida y trata de los expedientes que acusan o involucran a sus adversarios políticos. Pero no se preocupe, en España los consejeros y ministros son gente honrada, eso lo sabemos todos ¿No? En este país nadie se copiaría una tesis, o se quedaría tresesporcientos, o repartiría sobres de dinero negro u organizaría bandas criminales desde el gobierno. ¿Verdad que no?

Pero sigamos, si resulta que ni el edificio, ni el mobiliario, ni los equipos informáticos, ni los funcionarios, ni la fé pública encarnada en los LAJ’s, son poder judicial ¿Dónde narices está en España el Poder Judicial? ¿Acaso en el despacho del juez?

No sé, entremos; como ve el despacho está en el juzgado, o sea que el despacho no es del poder judicial sino propiedad del ejecutivo, al igual que el ordenador, la mesa e incluso la silla en que se sienta el juez. Incluso son del poder ejecutivo los folios que garabatea el juez con un bolígrafo «Bic» propiedad también (¿Lo adivina?) del Poder Ejecutivo.

No, no se deprima, porque ahora que parece que nada es Poder Judicial, quizá estemos llegando al lugar exacto. ¿Ve usted ese espacio que existe sobre las cejas de la juez que hay sentada tras la mesa? Se llama «cerebro», cada juez, en mayor o menor medida, tiene uno y ese es el único sitio donde usted podrá encontrar al Poder Judicial en un juzgado.

—Pero oiga, eso es una insensatez, ¿de qué vale lo que piense esta señora si le quitan los folios, las impresoras, le miran los archivos informáticos…? ¿No se da usted cuenta de que los juzgados funcionan o no según le dé la gana al ejecutivo?

—Uy, y no solo eso, porque el poder ejecutivo, además, también quiere adueñarse de ese pequeño espacio que le falta por conquistar, el entendimiento y la voluntad de los jueces, su cerebro, y para ello ha elaborado estrategias tan complejas como malignas.

Los jueces, además de jueces, son personas y tienen debilidades; por ejemplo, les gusta hacerlo bien en su trabajo y ascender. Es ahí donde les espera el poder de los políticos, porque este poder se reserva, de forma directa o indirecta, la selección de los más altos cargos de la judicatura. Son los políticos quienes, en España, eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y para llegar alto de nada te valdrá (o muy poco) una espléndida carrera profesional; mucho más útil te será buscar buenos contactos entre los políticos que conforman las mayorías de cada momento.

Hubo un tiempo en que los magistrados de las Audiencias elegían a su presidente, pero ya no, ahora esos presidentes se designan y ya pueden imaginar ustedes por quién y qué criterios priman. Y si usted quiere ser predidente del Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad, magistrado del Supremo o Presidente de Sala y no digamos presidente del propio Tribunal, ya le digo yo que solamente con su buen trabajo no lo va a lograr.

El Poder Judicial, ese de que hablábamos y que se residencia sobre las cejas del juez, según se avanza en la pirámide jerárquica, se va licuefactando y se va entreverando con concesiones a factores que muy poco tienen que ver con el Poder Judicial y sí bastante más con los partidos que ocupan los otros poderes del estado.

Afortunadamente de los cinco mil jueces que hay en España son muy pocos los que se pliegan a este juego, la mayoría, la gloriosa mayoría, sigue considerando que lo que hay sobre sus cejas, valga más o menos, es su único patrimonio y que, antes que renunciar a una parcela de él, prefieren seguir siendo capitanes de sí mismos que mercenarios de inicuos. Es la infantería de la judicatura, la esperanza de los ciudadanos.

Pero ¿qué se puede hacer con un Poder Judicial que sólo puede comer lo que le dan, que por carecer carece hasta de los folios donde se imprimen sus sentencias, que si el ejecutivo le cortase la luz se vería desahuciado como un mendigo?

No, no me digan que exagero, recientemente en una comunidad autónoma de España algunos jueces tuvieron que guardar sus archivos informáticos en lugares distintos de sus ordenadores pues, quienes gobernaban dicha comunidad, podían en cualquier momento dejar a sus juzgados y tribunales sin recursos para funcionar. No es ciencia ficción lo que les digo, ha pasado y nos enteramos, pasa y no nos enteramos y seguirá pasando si no hacemos algo por evitarlo.

La forma en que se organiza el Poder Judicial en España es una anomalía en Europa y, en tanto no decidamos cumplir con el espíritu de nuestra Constitución y las recomendaciones del Consejo de Europa, seguiremos viviendo en una anomalía que pagaremos —ya la estamos pagando— muy cara.

Y lo que más duele es que todo este daño a la justicia no se está haciendo en beneficio de ella ni de los administrados sino de unos cuantos políticos provisionales y quienes les bailan el agua.

Cómo acabar de una vez por todas con la Independencia Judicial (I): la NOJ

Vamos a ver si logro explicárselo en corto y por derecho: la finalidad de la nueva oficina judicial (NOJ) no es dotar de eficacia a nuestros juzgados, su finalidad real y única es retirar competencias a los jueces en los aspectos procesales y ponerlas en manos del Ministerio de Justicia.

Más corto aún: la finalidad de la NOJ es quitar competencias al Poder Judicial y traspasarlas al Ejecutivo.

Toda la filosofía de la NOJ se contiene en el designio de retirar cuantas competencias procesales se les puedan quitar a los jueces y atribuirlas a los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) hasta convertir a estos en «jueces de lo procesal»1 pero, y ahí está la trampa, sin ceder un ápice en las facultades directivas y jerárquicas que el Ministro de Justicia tiene sobre estos LAJ2.

Quien crea que los LAJ son parte del Poder Judicial se equivoca y lo primero que debe de hacer es salir inmediatamente de su error: los LAJ son funcionarios dependientes del Ministro de Justicia y con una cadena de mando férreamente establecida3. Los LAJ, a diferencia de los jueces y magistrados, no son, en modo alguno, esas personas independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley que dice el artículo 117.1 de la Constitución. Tampoco gozan de esos privilegios de no poder ser separados, suspendidos, trasladados… con que el número 2 del artículo citado protege a los encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado.

La cadena de mando, desde el Ministro al último LAJ, está férreamente establecida en las leyes y es por eso por lo que estos están obligados a cumplir los protocolos, instrucciones u órdenes que se les impartan4. Dicho de otro modo, aquellos que van a encargarse de la mayoría de los aspectos procesales del proceso están sometidos al principio de jerarquía respecto de un poder distinto del Poder Judicial. En España la mayoría de las resoluciones procesales las toman unos funcionarios ajenos al Poder Judicial y jerárquicamente dependientes del Poder Ejecutivo.

Creo que, con entender esto, ya podrán saber ustedes cuáles son las intenciones de este ministro y de los anteriores y por qué han puesto tanto empeño en forzar la implantación de la nueva oficina judicial.

Y ahora esbocemos algún posible ejemplo de para qué le sirve o le podría servir al Poder Ejecutivo tener a sus órdenes a los funcionarios que ejercen el papel de “jueces de lo procesal”.

Por ejemplo, a la hora de fijar la cuantía de un procedimiento de nulidad de cláusulas hipotecarias, mediante las convenientes reformas, los LAJ podrían recibir instrucciones para fijarla como de cuantía indeterminada (18.000€) o, alternativamente, podrían reducir la cuantía en exclusiva a las cantidades líquidas reclamadas por gastos… (apenas 1000 o 2000€) ¿te suena? ¿te lo imaginas o crees que lo has vivido ya?. Si el gobierno quisiera hacerle un favor a la banca ¿Saben cuantos millones de euros les ahorraría una decisión como esta?

Es verdad que el intento del ejecutivo de que algunas decisiones de los LAJ no pudieran ser revisadas por los jueces fue declarada nula en 2016 por el Tribunal Constitucional5, pero, salvado este monumental atentado a la independencia judicial e incluso en el caso de que todas sus resoluciones puedan ser revisadas por los jueces (siempre a instancia de parte), divorciar a estos últimos de la ordenación del procedimiento es poner injustamente en manos de los sucesivos gobiernos (rectius de de los partidos que los ocupan) un poder inmenso.

Escindir lo procesal de lo sustantivo es una aberración jurídica pero, créanme, no hay aberración que no sean capaces de llevar a cabo los partidos políticos que ocupan los sillones del poder.

Tengan la seguridad de que si el poder judicial cae en sus manos —y falta muy poco para que esto suceda— el Estado de Derecho dejará de existir en España para siempre.

 

1.De la Oliva Santos, A. (2011) Sobre la calidad de la Justicia en España. International Journal of Procedural Law. 1 (1) 19-49. Citado en (2020) ¿ES INCONSTITUCIONAL LA «NUEVA OFICINA JUDICIAL»? A PROPÓSITO DEL LIBRO JUSTICIA O BUROCRACIA / Is the new “Court Administrative Office” unconstitutional? Apropos of the book Justice or burocracy on JSTOR. Retrieved November 15, 2020, from https://www.jstor.org/stable/26557949?read-now=1&seq=23#page_scan_tab_contents

2. La férrea jerarquización de los LAJ se positivó a través de las reformas operadas en la LOPJ por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; también debe tenerse en cuenta el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

3. Por si a alguien le queda alguna duda sobre de quién dependen los Letrados de la Administración de Justicia es bueno que lean el siniestro artículo 463.1 LOPJ cuya dicción no deja lugar a dudas: “Bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se ordena jerárquicamente en la forma que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. En este sentido, realizarán todas aquellas funciones de naturaleza análoga a las que les son propias, inherentes al puesto de trabajo que ocupen y que les sean encomendadas por sus superiores.”

4.Además del suficientemente expresivo artículo 463.1 LOPJ antes citado, la férrea cadena de mando a que la aludimos se diseña en los artículos 437.3 LOPJ: “Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un letrado de la Administración de Justicia que ejercerá las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalización del servicio, un mismo letrado de la Administración de Justicia podrá actuar en más de una de estas unidades”; 438.5 LOPJ: “Al frente de cada servicio común procesal constituido en el seno de la Oficina judicial habrá un letrado de la Administración de Justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados de la Administración de Justicia y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de que se trate y que, en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene asignado el mismo.”; 438.6LOPJ: “El letrado de la Administración de Justicia que dirija un servicio común procesal deberá hacer cumplir, en el ámbito organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos. En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces o tribunales en el ejercicio de sus competencias.”; 440.LOPJ: “Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial. 542.LOPJ: “1. Los letrados de la Administración de Justicia desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les encomienden esta ley y las normas de procedimiento respectivo, así como su reglamento orgánico. Las funciones de los letrados de la Administración de Justicia no serán objeto de delegación ni de habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 451.3. 2. En el ejercicio de sus funciones, los letrados de la Administración de Justicia cumplirán y velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los jueces o tribunales en el ámbito de sus competencias. 3. Los letrados de la Administración de Justicia colaborarán con las comunidades autónomas con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que estas ostentan en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores jerárquicos. Para una mejor coordinación podrán constituirse Comisiones Mixtas de Letrados de la Administración de Justicia y representantes de las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos territoriales.”; 465.LOPJ: Serán competencias de los Secretarios de Gobierno: 1. La inspección de los servicios que sean responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito competencial, sin perjuicio de la que corresponda al Consejo General del Poder Judicial, a las Salas de Gobierno o, en su caso, al Presidente del Tribunal o de la Sala respectivos. 2. La incoación de expedientes disciplinarios por las posibles infracciones que los letrados de la Administración de Justicia puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, así como la imposición de la sanción de apercibimiento. 3. Proponer al Ministerio de Justicia el nombramiento de los letrados de la Administración de Justicia de libre designación en su ámbito territorial, que hubiesen participado en la correspondiente convocatoria, así como su cese cuando éste proceda. 4. Control y seguimiento estadístico. 5. Dirección y organización de los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan, respetando y tutelando su independencia en el ejercicio de la fe pública. 6. Impartir instrucciones a los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito territorial, a solicitud de las comunidades autónomas con competencias asumidas, cuando sea precisa la colaboración de aquellos para garantizar la efectividad de las funciones que tienen éstas en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. 7. Proponer al Ministerio de Justicia, o en su caso a la comunidad autónoma con competencias transferidas, las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que fueren de su respectiva competencia, comunicando al Ministerio de Justicia cuantas incidencias afecten a los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan. 8. Cursar circulares e instrucciones de servicio a los letrados de la Administración de Justicia de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un letrado de la Administración de Justicia intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso. 9. Concesión de permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador. 10. Conocer de los incidentes de recusación de los Letrados de la Administración de Justicia. 11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administración de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. 12. Las demás previstas en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.”; 467.LOPJ: “Bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador ejercerá las siguientes competencias: 1. Dictar instrucciones de servicio a los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. 2. Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que dependa. 3. Dar cuenta de forma inmediata al Secretario de Gobierno de cuantos hechos sean relevantes al buen funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de las necesidades de medios personales y materiales de las secretarías ubicadas en su territorio. 4. Colaborar con las comunidades autónomas con competencias asumidas, para la efectividad de las funciones que éstas ostenten en materia de medios personales y materiales. 5. Coordinar el funcionamiento de cuantos servicios comunes procesales se encuentren ubicados en su territorio, o en su caso, asumir directamente su dirección cuando exista un único servicio común procesal provincial. 6. Proponer al Ministerio de Justicia las comisiones de servicio de Letrados de la Administración de Justicia que, dentro de su territorio, sean precisas para el correcto funcionamiento de las oficinas judiciales. 7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito. 8. Resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia que de él dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 9. Conceder, por delegación del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio. 10. Las demás que establezcan las leyes y su propio reglamento orgánico. También es preciso tener en cuenta la LO 19/2003 Disposición adicional novena. que establece un “Nuevo órgano de dirección y coordinación. En la estructura del Ministerio de Justicia existirá un órgano encargado de la dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de secretarios judiciales, cuyo titular se denominará Secretario General de la Administración de Justicia.” y el RD 1608/2005. ROCSJ que dispone que “16. ROCSJ: Los Secretarios de Gobierno tendrán las siguientes competencias, referidas en cada caso a su concreto ámbito de actuación: g) Impartir instrucciones a los Secretarios Judiciales de su respectivo ámbito territorial, a solicitud de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, cuando sea precisa la colaboración de los Secretarios Judiciales con dichas Comunidades Autónomas para garantizar la efectividad de las competencias que tienen éstas en materia de organización y gestión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. h) Cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia a través del Secretario General de la Administración de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de Jueces o Magistrados ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un secretario judicial intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso.” 18. ROCSJ: “Las competencias que ejercerán los Secretarios Coordinadores Provinciales, bajo la dependencia directa de los respectivos Secretarios de Gobierno, serán las siguientes: a) Dictar instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. b) Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que dependan.n) Elaborar cuantos protocolos de carácter técnico procesal sean necesarios para el correcto funcionamiento de las Oficinas judiciales de su provincia, según lo establecido en el artículo 8 de este Reglamento, pudiendo también hacer suyos o enmendar los protocolos propuestos por los Secretarios Judiciales que dirijan los Servicios Comunes Procesales.21. ROCSJ: “El Secretario General de la Administración de Justicia tiene las siguientes competencias: 1) Dirigir y coordinar a los Secretarios de Gobierno y a todos los integrantes del cuerpo de Secretarios Judiciales, impartiendo las instrucciones y circulares que considere oportunas, así como velando por el cumplimiento de las mismas. 2) Supervisar y coordinar las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno del Cuerpo que dicten los Secretarios de Gobierno y, en general, la dirección, coordinación e inspección del mismo. A este fin, las órdenes, circulares, instrucciones y comunicaciones que emita directamente se trasladarán a los Secretarios Judiciales a través del superior jerárquico, a no ser que la urgencia del caso aconseje hacerlo directamente al destinatario, en cuyo caso dará inmediato conocimiento al Secretario de Gobierno, sin que en ningún caso estas comunicaciones puedan interferir en las competencias de las Administraciones Públicas con competencias en materia de justicia.”

5. Sentencia 58/2016, de 17 de marzo de 2016. Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-2013. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional: nulidad del precepto legal que excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia.

 

La des-organización de la administración de justicia española

Si hoy, querido lector, tuviese usted que explicar cómo se organiza la justicia en España a un extranjero, a un lego en la materia o incluso a un estudiante de primero de derecho, le aseguro que encontraría no pocas dificultades y le aseguro también que, si no se prepara usted el tema en profundidad, es muy posible que se equivoque. Y no, la culpa no es de usted, la culpa es de una organización que, lejos de responder a un diseño preordenado a su eficacia, es el producto de tensiones políticas, conflictos de competencias y decisiones llamativas por no decir, directamente, desacertadas. La administración de justicia española, créame, no es el producto de un diseño inteligente sinoq eu, por el contrario, es el subproducto de las tensiones que históricamente han existido entre el poder judicial y el ejecutivo, de una parte, y entre el poder ejecutivo central y los ejecutivos autonómicos de otra.

Si usted consulta la Constitución verá que el artículo 149.1,5º reserva al estado la competencia exclusiva sobre la administración de justicia.

Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
5.ª Administración de Justicia.

Y, sin embargo, si usted le cuenta esto a su interlocutor o a sus alumnos estará cometiendo un grave error pues, la realidad, es que, desde el primer momento, algunas Comunidades Autónomas comenzaron a asumir (con la aprobación de las Cortes de la Nación) competencias en justicia. Mayoritariamente los estatutos incluían cláusulas de las llamadas subrogatorias que les autorizaban a ejercer las facultades que la LOPJ o el CGPJ reconocieran al estado en materia de justicia.

El Tribunal Constitucional, en sentencias de fecha 29 (56/1990) y 30 (62/1990) de marzo de 1990 convalidó esta práctica, sentando una doctrina verdaderamente digna de un concilio bizantino: la de la “administración de la administración”; construcción, sin duda, de gran mérito literario y emparentada directamente, al decir de los expertos, con el bíblico Cantar de los Cantares o, más precisamente quizá, con el romántico y bailable tema “Amor de mis amores”, canción de 1936 compuesta en ritmo de vals peruano por el argentino Ángel Cabral con letra de su compatriota Enrique Dizeo.​ Con los años la canción (“amor de mis amores” no “administración de la administración”) se convirtió en un gran éxito y se sospecha que los redactores de las sentencias citadas estaban bajo el hechizo de sus acordes durante la partenogénesis de los platelmintos referenciados.

La letra de la canción del TC (“administración de la administración” no “amor de mis amores) dice más o menos así:

El art. 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la «Administración de Justicia»; ello supone, en primer lugar, extremo éste por nadie cuestionado, que el Poder Judicial es único y a él le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y así se desprende del art. 117.5 de la Constitución; en segundo lugar, el gobierno de ese Poder Judicial es también único, y corresponde al Consejo General del Poder Judieial (art. 122.2 de la Constitución). La competencia estatal reservada como exclusiva por el art. 149.1.5 termina precisamente allí. Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existen un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se colocan, como dice expresamente el art. 122.1, al referirse al personal, «al servicio de la Administración de Justicia», esto es, no estrictamente integrados en ella.

Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y «administración de la Administración de Justicia»; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el art. 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el art. 152.1, segundo párrafo.

La consecuencia de estas sentencias es que, si usted va al juzgado, lo que viene siendo la “Administración de Justicia” en sentido estricto son apenas unas unidades biológicas llamadas comúnmente “jueces”. Fuera de estos jueces todo lo demás (edificios, mobiliario, funcionarios, bolígrafos, papel, grapadoras…) es parte de esa administración de la administración de justicia que tantas alegrías nos proporciona sobre todo, como veremos, en los aspectos informáticos. La creación de Consejos Autonómicos del Poder Judicial es la doxología natural que sigue a la oración anterior como persigue un exministro un puesto en un consejo de administración.

Pero no nos adelantemos, porque, a esta tensión entre el ejecutivo central y los periféricos, se yuxtapone la tensión existente entre dos poderes del estado: el ejecutivo y el judicial. También en esta tensión (ya lo adelanto) el poder judicial salió escaldado.

¡Montesquieu ha muerto!, dicen que gritó jubilosamente Alfonso Guerra cuando, usando de la mayoría absoluta que tenía el PSOE en aquel momento, se aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Era esta Ley un texto legal calificado como “muy defectuoso” por la doctrina más solvente: la amplitud que concede al CGPJ en materia de nombramientos y ascensos en conjunción con el diseño de dicho órgano como premio electoral de los partidos vencedores, construyeron un engendro que, como todo buen engendro no debería haber tenido encaje en nuestro sistema constitucional; por eso, en palabras del profesor Marco de Benito, la declaración de constitucionalidad del texto por STC 108/1996, de 29 de julio, “sigue admirando treinta años después”, admiración a la que se suman los representantes de la doctrina más solvente.

Esta situación dantesca no sólo no amainó sino que inluso se exacerbó durante el mandato del ministro de siniestro recuerdo Alberto Ruíz Gallardón y así hemos llegado al día de hoy.

¿A qué nos ha conducido esta forma de organizar la administración de justicia que, como vemos, no responde a ningún principio ni planificación sino a las luchas por extender las parcelas de poder de los ejecutivos centrales y autonómicos siempre a costa del poder judicial? Tratemos de ilustrarlo con un ejemplo.

Dados los años en que sucedieron los hechos hasta ahora narrados (1985-1990) la informatización era un fenómeno aún incipiente mientras que internet o las nuevas tecnologías eran invitados a quienes nadie esperaba en los juzgados españoles. Las Comunidades Autónomas, titulares de la “Administración de la Administración” de Justicia (es decir, de todo menos de los jueces) decidieron cada una por su cuenta cómo informatizarían esta “Administración de la Administración”.

Como a ninguno que conozca el asunto se le escapará, el carajal informático que se formó en esa época lo estamos pagando todavía, treinta años después.

El estado, en atención a las comunidades no transferidas hubo de efectuar un desembolso para informatizarlas, desembolso que se repitió en Cataluña, País vasco, Navarra, Andalucía… Con todo ese dinero gastado los juzgados españoles podían haber dispuesto de unos recursos informáticos maravillosos pero, al gastar seis veces el mismo dinero en hacer las mismas cosas lo único que se logró fue tener una basura informática que había costado seis veces lo que valía. Hasta donde yo sé nadie ha rendido cuentas por este desaguisado.

El desaguisado no es sólo económico, al haber una pluralidad tal de sistemas, coordinarlos es tarea de locos y da lugar a más gasto y complejidad. La historia de la informática española es la historia de cómo comprar chatarra a precio de Rolls Royce. Eso sí, los paganos de la fiesta nunca fueron sus responsables sino usted y yo junto con los ciudadanos que padecen el desbarajuste informático creado.

Y si a este carajal de sistemas informáticos nos condujo la tensión estado central versus autonomías, la tensión poder ejecutivo versus poder judicial nos deparó nuevas sorpresas.

Por que ¿quién es el propietario de los datos jurisdiccionales que recogen los juzgados al tramitar los procedimientos?

Para la LOPJ el asunto es muy claro:

Artículo 236 sexies.
1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero, y dentro de él decidirá quien tenga la competencia atribuida por la normativa vigente de acuerdo a la solicitud que se reciba del ciudadano.

Sin embargo, a la hora de la verdad ¿quién custodia estos datos? ¿quién los tiene físicamente?

Como ustedes pueden imaginar los de siempre: los ejecutivos autonómicos o estatales. Como ellos son la “Administración de la Administración” y ellos mantienen y controlan los 13 sistemas informáticos que hay en España son ellos quienes tratan y controlan los datos judiciales. Fastuoso. En España lo que la ley o el sentido común dicten choca siempre directamente con una realidad abstrusa que, al parecer, nadie quiere reformar.

Claro, si luego el Ministro de Justicia delinque o un Consejero de Justicia autonómico es imputado, vienen los miedos y las madres mías y comienzan a inventarse soluciones de fortuna. Y no quiero recordar en este punto recientes crisis vividas por la administración de justicia española porque no quiero levantar pasiones incontrolables. Mejor callar en este punto.

La des-organización de la administración de justicia española es tan fantástica que este desbarajuste informático no ha podido ser arreglado en 30 años y resulta muy difícil imaginar cómo puede organizarse en el futuro una oficina judicial dirigida, al mismo tiempo, por el ejecutivo central, el poder judicial y los ejecutivos autonómicos y, siempre, dándose codazos.

Como te decía al principio, querido lector, todo esto que te he contado de la organización de la administración de justicia española es muy difícil de explicar a un extranjero, a un español, a un alumno de primero de derecho o incluso a un catedrático de derecho procesal de la Universidad de Bolonia. Creo que no acabaría de entenderlo ni el mismo Aristóteles aunque volviese a nacer sólo para ello.

Sí, es muy difícil que todo esto pueda entenderse pero yo, esta mañana de sábado que me ha sorprendido con algo de tiempo libre, quería contártelo a ti. Quizá no acabes de entenderlo (yo mismo no lo entiendo) pero igual, tras este post, entiendes por qué, a veces, a los abogados nos invade la melancolía.

De escribanos, secretarios judiciales y letrados de la administración de justicia

Conociendo el origen de las cosas se entiende mejor su estado presente y esto es válido tanto para los seres humanos como para las instituciones jurídicas; sin embargo, hoy, no quiero escribir ni de lo uno ni de lo otro, sino de la oficina judicial y de los letrados de la administración de justicia (LAJ) pues, en su historia reciente, pueden encontrarse las claves de alguno de los debates más insidiosos que aquejan a nuestra administración de justicia.

Sepan todos aquellos que la presente vieren y entendieren que la oficina judicial, desde finales del siglo XIX, se organizaba “casi” de forma mimética a una notaría actual; de hecho, notarios y escribanos (así se llamaban los secretarios judiciales) habían formado parte del mismo cuerpo muchos años.

Pues bien, al igual que el notario, ganada su plaza, contrata ahora a sus oficiales, costea los gastos de infraestructura de la notaría y cobra de los usuarios de sus servicios conforme a un arancel aprobado por el estado; al igual que el notario, digo, la infraestructura de los juzgados españoles se mantenía desde antiguo con lo que el escribano (ahora LAJ) cobraba de los administrados también en forma de arancel. Del mismo arancel cobraban los empleados de la oficina judicial, contratados por el mismo escribano, de forma que, dependiendo de la productividad de estos, la oficina judicial ingresaba más o menos dinero.

Este panorama de juzgados arrendados y mantenidos de forma similar a como hoy se mantienen las notarías quizá te suene extraño, pero te aseguro que no está tan lejano en el tiempo.

Esta división de funciones hizo que los jueces —funcionarios a sueldo del estado— fuesen, en comparación con los oficiales de su juzgado, unos pobretones dignos de pena. Es verdad que eran ellos a quienes correspondía la teórica gloria de impartir justicia pero, fuera de tan honorable detalle —hasta cierto punto teórico— en lo demás eran el elemento más digno de pena del juzgado. La situación era tal que, el 15 de junio de 1924, en la Revista de Derecho Privado escribe Beceña:

«…la situación de los jueces se agrava en términos de injusticia verdaderamente extrema e incomprensible, porque en los litigios intervienen, con función que no implica el trabajo ni la responsabilidad de la del juez, personas cuya retribución no solo es muy superior a la de aquel, y esto es ya una desigualdad injusta, sino notoriamente desproporcionada también con la función que cumplen dentro del litigio. Estos funcionarios son los secretarios judiciales que humildemente renuncian a todas las prerrogativas, honores y preeminencias de la carrera judicial; de paso renuncian también al trabajo y responsabilidad que esta lleva consigo, ya que son los que proporcionan a aquella toda su gloria y se contentan con unos aranceles muy fáciles de manejar, por su claridad, cuya aplicación se efectua con tal moderación y equidad, que da por resultado que Secretarios de Madrid, Barcelona y otras muchas capitales y Juzgados ganen mucho más, no sólo que los jueces a quienes auxilian, sino incluso más que las más altas representaciones de la Magistratura»

Irónico pero implacable Beceña.

La «Ley provisional sobre Organización del Poder Judicial de 23 de junio de 1870», como toda ley «provisional» en España, fue la que dio carta de naturalezs a un sistema que se habría de prolongar más de un siglo.

Aunque, desde entonces, la supresión del arancel fue un objetivo largamente perseguido por los sucesivos gobiernos ningún cambio importante se produciría hasta 1947 en que los cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes judiciales, fueron funcionarizados de manera que, todo el personal de la oficina judicial, pasó a cobrar teóricamente del estado.

Sin embargo, aunque se funcionarizó el personal de la oficina judicial y sus sueldos pasaron a depender del estado, NO se suprimió el arancel, de forma que los secretarios lo siguieron liquidando e ingresando y pagando con él no sólo las infraestructuras de la oficina sino también los gastos de los funcionarios en el desempeño de sus funciones. La oficina judicial, pues, era gobernada por el Secretario Judicial y el papel del juez en ella no pasaba de seguir siendo el de un triste secundario. Los juicios, mayoritariamente escritos, se realizaban sin la inmediación del juez y ni siquiera la del secretario pues, mayoritariamente, las actuaciones eran llevadas adelante por los demás funcionarios y requerir la presencia del secretario o el juez era considerado poco menos que como una desagradable extravagancia de la parte.

Entre jueces y secretarios que no estaban, letrados que dejaban en manos del procurador la presentación de los pliegos de posiciones e interrogatorios y procuradores que delegaban tal función en sus oficiales habilitados, un juicio civil era una ceremonia que, a ojos de un abogado de hoy día, parecería una misa negra.

Esta situación, por increíble que parezca, pervivió hasta la aprobación de la ley 1/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial, ley que proclamó el principio de gratuidad de la justicia. Cinco meses antes el llamado «Decreto del Autobús» (RD 210/85) había restringido las «indemnizaciones» que, con cargo al arancel, cobraban los funcionarios, erigiéndose el estado en único «indemnizador» de los funcionarios y sólo dentro de los económicos márgenes del transporte público.

Como pueden imaginarse lo que hasta ese momento era una arcadia feliz —la oficina judicial— sufrió un cataclismo de proporciones bíblicas. La puntilla a todo este decimonónico sistema la dio la Ley 25/1986 de 24 de diciembre, que suprimió definitivamente las tasas judiciales consideradas entonces y con justicia como intolerables por todos los partidos de la Cámara, siendo el Sr. Ruíz Gallardón (padre de ese ministro de execrable recuerdo) uno de los valedores de esta eliminación.

Quienes tengan años suficientes recordarán sin duda las llamadas «astillas» (Plaza «de la Astilla», se llamaba entonces a esa plaza donde se concentran bastantes juzgados en Madrid), es decir, aquellas exacciones ilegales que bajo la protección de la llamada «Ley de Mahoma» se producían en los juzgados; sin duda, conociendo los antecedentes de funcionamiento de la oficina judicial, esas astillas fueron el menor de los males esperables y la eficaz labor del estado —cuando todavía la justicia parecía importarle algo— finalmente acabó con ellas.

En todo este proceso de transformación de la oficina judicial, la figura del escribano-secretario judicial-letrado de la administración de justicia, como vemos, es capital; con los cambios experimentados con las últimas reformas citadas su papel quedó desdibujado lo cual, de la década de los 90 en adelante, trataría de ser aprovechado por los sucesivos gobiernos en una pugna que aún dura y es una de las claves para entender las estrategias de control de la administración de justicia por parte de determinados partidos.

Pero bueno, en este punto es recto que nos entramos en honduras y, de eso, ya hablaré otro día que tenga más tiempo y ganas.

PD. Si te interesa este tema hay una obra cuya lectura te recomiendo encarecidamente; se trata del libro «Justicia o burocracia» del profesor Marco de Benito Llopis-Llombart, editada por Thompson-Reuters, Cuadernos Civitas, y que es, por otra parte, la base de este post. Si hay errores en él son míos, no del autor del libro.

El libro negro de la justicia

El libro negro de la justicia

Pensar que todos los ministros de justicia que hemos tenido en los últimos tres lustros son unos inútiles es un pensamiento demasiado soberbio y que no puede ser sino equivocado. La naturaleza es democrática en la forma que distribuye la inteligencia y no suele ocurrir, salvo geniales excepciones, que el intelecto de un ser humano esté muy por encima o por debajo de otro y ello es así incluso en el caso de los ministros de justicia.

¿Por qué entonces existe este descontento generalizado por la gestión de, al menos, los últimos cinco ministros de justicia?

La pregunta es compleja pero, si hemos de buscar una respuesta única, esta no sería otra que la decidida voluntad de los partidos políticos de controlar la administración de justicia.

Esta voluntad de control de la administración de justicia entra en siniestra sinergia con los intereses de algunas grandes corporaciones e incluso con la de algunos grandes bufetes, pero, quizá, mejor que describirlo de forma abstracta, es ilustrarlo con un ejemplo reciente.

Hasta ahora, las restricciones de derechos que, con motivo de la pandemia, adoptaban los poderes ejecutivos, eran controladas por simples jueces. Recordarán ustedes que las decisiones de estos jueces no siempre han corrido parejas con las intenciones de los poderes ejecutivos y que, en algunos casos, estos vieron como algunos jueces frenaban la validez de sus decisiones.

El criterio de estos jueces puede ser criticable o plausible —según el pensamiento de cada cual— más, de lo que no puede dudarse, es de que el criterio de estos jueces era absolutamente independiente.

El poder, molesto con estas decisiones, ha decidido tomar cartas en el asunto y, la principal que ha tomado, es la que mejor ilustra la forma en que los ejecutivos tratan de influir en el sentido de las decisiones de los jueces: ha decidido trasladar la competencia para tomar este tipo de decisiones de los juzgados a los Tribunales Superiores de Justicia.

¿Cómo afecta esto a las decisiones judiciales?

Trataré de explicarme.

Los jueces, guste o no, son elegidos a través de un proceso donde el criterio político no tiene influencia alguna. La forma de acceso a la carrera judicial es memorizar para luego exponer una serie de contenidos, de forma que es la calidad reproductora del aspirante la que determina si este accederá o no a la carrera. Esta forma de acceso puede ser alabada, criticada, denostada e incluso satirizada, pero lo que nunca se podrá decir de ella es que está sesgada por ningún criterio político.

Por el contrario, la forma de selección de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) no funciona igual: en su nombramiento es decisiva la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un órgano que, como todos ustedes saben, se compone de miembros designados por los partidos polítivos tras intensas negociaciones pastelarias. Si quiere saber cuán importante es para los partidos la identidad de quienes componen este órgano tan solo piense usted en cuán intensas son las negociaciones para nombrarlos y esto le aclarará, mejor que ninguna palabra mía, lo importante que es para los partidos contar con personalidades afines en este órgano.

La diferencia, pues, entre que un asunto lo decida un juez o lo decida un TSJ es que, en el primer caso, el juez dictará la resolución que entienda procedente con arreglo a su único y exclusivo criterio. En el segundo caso no diré que la decisión sea sesgada, sólo diré que, el presidente del órgano que decide, no ha sido nombrado en virtud de un procedimiento exclusivamente basado en los principios del mérito y la capacidad, sino que ha sido sesgado por criterios que parecen mucho menos nobles.

Esta es la forma en que el poder político trata de infiltrarse y controlar la administración de justicia y este es el plan que Partido Popular y Partido Socialista diseñaron y explicitaron en el siglo XX en su libro negro de la justicia. Su idea es que, en lugar de jueces que hacen lo que les da la gana, haya «Tribunales de Instancia», cada uno con su presidente debidamente elegido, que se comporten de forma más «ordenada» a juicio del poder político, naturalmente.

Los poderes políticos no pueden controlar a 5000 jueces que han accedido a su puesto compitiendo con fundamento en los principios de mérito y capacidad y es por eso que, desde el siglo pasado, tratan de someterlos a una disciplina fundada en una jerarquía como la que les he contado que pudiera existir en los TSJ. El poder político busca establecer el momio de los tribunales de instancia no por eficacia (absolutamente nula) sino porque es la forma más eficaz de controlar a esa caterva de jueces díscolos que tienen la mala costumbre de fallar los procesos según su independiente criterio.

Para poder establecer los tribunales de instancia es fundamental reducir el número de partidos judiciales al mínimo posible aunque ello signifique alejar la administración de justicia de los ciudadanos. Esa reducción buscada por los partidos firmantes del libro negro conviene a las grandes corporaciones (dificulta el acceso de los consumidores a los juzgados), conviene a los grandes despachos (sólo necesitan 52 sucursales y no 433) pero, sobre todo a quien conviene, es a los partidos autores del actual estado de cosas.

Es por eso que el ministro Caamaño trató de reducir los partidos judiciales y es por eso que Gallardón trató de que sólo hubiese juzgados en las capitales de provincia; Catalá “especializó” los juzgados hipotecarios y los llevó a las capitales de provincia y ahora Campo vende su “oficina de justicia” en lugares como Lerma, que, curiosamente, tiene juzgado. Todo por allanar el camino de los tribunales de instancia, todo por mejor controlar la justicia.

Unos trataron de hacerlo a las bravas (Gallardón) otros poco a poco (Caamaño, Catalá), otros subrepticiamente (Campo), pero, aunque sus formas hayan sido distintas, todos los titulares de la cartera de Justicia han sido en esencia fieles creyentes de la doctrina fijada por el necronomicón judicial pactado en el siglo pasado por Partido Popular y Partido Socialista.

Por eso yo no afirmaría que todos los ministros de justicia han sido malos, inútiles o ineptos. Ciertamente y de cara al interés general su gestión ha sido nefasta pero es que no creo que el interés general haya sido su objetivo; creo más bien que su objetivo es el ánimo de controlar la administración de justicia que dio forma al libro negro de la justicia al que sirven.

Es triste decirlo pero la realidad es que no existe en España consenso alguno en relación con lo que debería ser nuestra administración de justicia, lo único que existe es una voluntad política perpetua y constante de controlarla y es eso lo que irrita a quienes, poco a poco, van tomando conciencia de ello.