Altruistas y abyectos

Altruistas y abyectos

Ted Landsmark era abogado y llegaba tarde a un señalamiento. Había tenido problemas para aparcar y ahora, preso de esa ansiedad que muchos de mis lectores conocen tan bien, caminaba a toda prisa y sin pensar demasiado en lo que ocurría a su alrededor.

Lo que ocurría a su alrededor era una protesta. El gobierno había decidido acabar con la segregación racial en las aulas aunque ello supusiera que muchos alumnos se vieran obligados a desplazarse en autobús a sus nuevos colegios.

Joseph Rakes, un joven de Boston participaba en aquella protesta.

Aquel día también Stanley Forman estaba allí aunque este en calidad de periodista cubriendo la protesta para el American Herald.

Ted Landsmark no llegó a darse cuenta de lo que pasaba hasta que fue demasiado tarde. Él era un negro en medio de una protesta de blancos y el resultado, desgraciadamente, estaba escrito: Ted Landsmark fue cobardemente agredido y allí estaba Stanley Forman para documentar una de las escenas de la agresión que se convirtió en una imagen icónica de aquellos años.

En contra de lo que pueda parecer Joseph Rakes no alcanzó a Ted Landsmark con la bandera (falló por muy poco) pero eso, a esas alturas, importaba poco. Ted Landsmark había sido agredido instantes antes y ya estaba sangrando cuando se tomó esta fotografía.

Tratar de comprender por qué el ser humano, capaz de dar la vida por sus semejantes, es capaz de conductas tan abominables como esta es algo que no deberíamos despachar simplemente con un lamento o una condena. Comprender y corregir el origen de esta barbarie es algo sin lo que no podremos habitar un mundo cada vez más interconectado.

Ni cartageneros ni murcianos: egipcios

Ni cartageneros ni murcianos: egipcios

A fin de sacar de su error a quienes aún reclaman un origen murcianocarthaginense del michirón, hoy me he determinado a preparar estas legumbres en la forma más difundida por el mundo, llamada universalmente Ful Medammes.

Los ingredientes a prevenir son:

-Michirones cocidos según el método bíblico de cocción. (O eso o los compras ya cocidos).

-Tomate finamente picado

-Perejil ad libitum

-Limón escurrido con toda la generosidad posible

-Comino en polvo usado sin miedo

-Pimentón dulce de La Ñora (si es de otro sitio sirve igual).

-Sal.

-Aceite de oliva del Huerto de Getsemaní. (Si es de Cafarnaún, de Andújar o de Baena, te saldrá más barato y hasta te sabrá mejor).

El michirón a usar en esta preparación conviene que sea un poco más pequeño de lo normal —aunque ello no tenga demasiada importancia— y es imprescindible que sea cocido siguiendo un escrupulosísimo método, probablemente fijado durante el reinado del rey asirio Senaquerib, abuelo de Asurbanipal, aunque no falten autores que, con poco fundamento, lo atribuyan al bestia de Asurnasirpal. El proceso de cocción tiene la particularidad de que ha de llevarse a cabo necesariamente en ollas de cobre pues otros metales no le dan el sabor exacto al michirón y ha de hacerse lentísimamente. El Talmud recoge (y esto no es coña) que estas ollas solían “enterrarse” en las cenizas y brasas del fuego de la noche donde se dejaban hirviendo hasta el día siguiente, de ahí que el plato, en su nombre más común, sea conocido como “Ful Medammes”, un compuesto de la palabra egipcia “Ful” (haba) y la voz copta “Medammes” (enterrado).

Esta preparación (Full Medammes) es la comida nacional de los egipcios y es a los habitantes de El Cairo lo que el arroz a los de Pekin. Gracias a los michirones y al Full Medammes los egipcios no sólo construyeron un imperio hace 5000 años sino que incluso en la actualidad promueven disputas entre murcianos y cartageneros.

Pero que el Ful Medammes sea popular en Egipto no significa que sea una comida egipcia; su consumo en las riberas del Tigris y el Eúfrates o incluso en Canaán, está acreditado desde la noche de los tiempos.

Hoy me he decidido a prepararme un plato de Ful Medammes y, para ello, he consultado al mejor consejero aúlico que podía tener, mi amigo el sirio Nasán que, además de regentar una tienda de comestibles debajo de mi casa, es hombre que todos los días, incluso en Ramadán, se desayuna un plato de Full Medammes de forma que, como ven, está el hombre sano y rozagante cual si de un Nemrod o un Hammurabbi se tratase.

Por lo demás el método de preparación del plato es sencillo: se calientan levemente los michirones una vez cocidos y se le añaden el resto de los ingredientes en preparación mezclada, no agitada.

Y créanme, están cojonudos.

Un tratado de política e infamia

Un tratado de política e infamia

El hombre que corre tras el carruaje del Rey Jorge V de Inglaterra luce en su pecho condecoraciones ganadas en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. El rey y su hijo Henry se dirigen a las carreras de Epsom y, por sus gestos, parece que ni ven al veterano de guerra convertido ahora en un mendigo que tiende su gorra esperando que aquellos por quien él peleó le presten, siquiera, atención.

Corre el año 1920 en el momento de tomarse la fotografía y es curiosa la falta de medidas de seguridad de la comitiva real (tengo algunas fotos del encuentro en Cartagena entre este mismo Jorge V y Alfonso XIII donde los niños corren alrededor del carruaje que les lleva) cuando, hacía apenas seis años, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo detonó la espoleta de la Gran Guerra.

En los rostros de los aristócratas y en el del veterano está escrito uno de los mejores tratados de política y de infamia que he visto publicados.

No se trata de lo que dicen, se trata de lo que hacen

No se trata de lo que dicen, se trata de lo que hacen

Mientras observo consternado la fotografía miro con repugnancia el rostro impasible de Derek Chauvin, la persona que asfixió a George Floyd mientras yacía esposado boca abajo en el suelo, y me pregunto qué habría pasado si el mundo no hubiese podido ver esta imagen. Aunque no nos tradujeran las palabras de los protagonistas de la escena su lenguaje corporal lo explicaría todo y es ese lenguaje corporal el que las imagenes captan para vergüenza del género humano. Un hombre está matando a otro hombre indefenso sin que aparezca en su cara siquiera un conato de mueca de compasión.

La captación de estas imágenes y su posterior difusión pusieron de manifiesto una realidad oficialmente negada, los ciudadanos que presenciaron los hechos llevaron ante los ojos de todo el mundo lo que sus cámaras habían captado y un grito universal de justicia y consternación recorrió el mundo.

Y, tras pensar en la tremenda fuerza de estas imágenes y el valioso servicio que han prestado a la sociedad, pienso en España.

Pienso en España porque recuerdo que en 2015 el gobierno aprobó una ley de seguridad ciudadana que provocó la protesta no sólo de los partidos de la oposición sino de un amplio sector de la sociedad e incluso de medios de comunicación y organizaciones internacionales.

Uno de los artículos más recordados de aquella ley era el que principiaba prohibiendo…

El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Y me pregunto si, en España, la difusión de la imagen de Derek Chauvin asfixiando hasta la muerte a George Floyd sería legal o podría subsumirse en el precepto que les he citado.

Ciertamente no creo que Derek Chauvin diese su consentimiento a la difusión de su imagen al igual que creo que la difusión de su imagen puede muy bien considerarse peligrosa para su integridad (muchos ciudadanos del mundo se han indignado ante los hechos que recogen las imágenes).

Derecho a la información y prohibición, un dilema demasiado complejo para ser resuelto por un ciudadano que presencia un posible crimen.

El New York Times, un periódico conservador del país del cual es nacional Derek Chauvin y fue nacional George Floyd, opinaba respecto de la ley española lo que sigue:

«esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática».

En un artículo posterior, el NYT reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnesty International como de Human Rights Watch, que consideraban que la ley suponía una «amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España» citando expresamente al portavoz del principal sindicato de policías, quien también manifestó su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley, entre otros, la falta del «necesario consenso político y social».

Esa ley sigue vigente en España y, a pesar de la feroz crítica de la entonces oposición, a día de hoy no parece que ya nadie la cuestione.

Y acordándome de esta ley (a la que quienes hoy gobiernan llamaron entonces «Ley Mordaza») me viene a la memoria también aquella otra ley que aprobó la mayoría que apoyaba al gobierno y que reducía los plazos de instrucción de las causas penales.

La entonces oposición tronó contra aquella abyecta ley y sus adjetivos aún pueden encontrarse en el diario de sesiones.

Y por acordarme me acuerdo de cuán beligerantes fueron los entonces miembros de la oposición contra la ley de tasas judiciales, aún hoy no derogada por completo, y así, sucesivamente, me van viniendo a la memoria todas aquellas leyes que, desde los bancos de la oposición, fueron acerbamente censuradas y que hoy, quienes ocupan el gobierno, parecen haber olvidado.

Permítanme que no ponga nombres a los partidos del gobierno y de la oposición en cada momento, simplemente no le veo sentido, sus nombres y programas no parecen importar —al menos en justicia— porque lo decisivo parece ser si son gobierno u oposición. Déjenme que les ponga un ejemplo.

El partido que gobernó antes de quienes ahora lo hacen, para acceder al gobierno, prometió en su programa electoral un cambio en la forma de elección de los vocales del CGPJ para adecuarlo a las recomendaciones europeas del CEPEJ y ventilar de este modo el politizado ambiente de nuestro máximo órgano del poder judicial. Fue llegar al gobierno y hacer justo lo contrario, ya usted ve.

Ahora, quienes en la oposición maldecían la limitación de los plazos de instrucción, o la ley mordaza, o la incompleta eliminación de las tasas judiciales, parece que ya han olvidado aquello que antes tan inaceptable lo parecía y están dispuestos a tragarlo ahora con total satisfacción.

Por supuesto ni antes se invertía en justicia ni se invierte ahora; la política de favorecer a bancos y entidades continúa aunque para ello haya de modificarse la planta judicial y el olvido de la administración de justicia y de los administrados se perpetúa.

En Justicia, al menos, los gobiernos no se suceden; si atendemos a sus acciones fundamentales un único partido parece gobernarnos desde hace lustros: el partido de la degradación y control de nuestra administración de justicia. Las caras cambian, las políticas permanecen, los discursos son distintos, los hechos son los mismos.

Y así, mientras los sucesivos gobiernos dictan leyes y más leyes, estos mismos gobiernos se cuidan muy mucho de dotar a la justicia de los medios y la independencia necesarias para que las leyes promulgadas puedan aplicarse en justicia y no como venga bien al siempre idéntico gobierno.

Por eso, cuando muchos juristas protestamos por este estado de cosas, desde las escolanías de los partidos se canta la palinodia de que ni con unos ni con otros estamos contentos.

Y no se dan cuenta de que en justicia, en el fondo, no existen ni los unos ni los otros, sólo una inmutable, absurda, suicida y abyecta única forma de hacer las cosas. Al menos en justicia.

De confinamientos, burbujas financieras, guerras y Sir Isaac Newton

De confinamientos, burbujas financieras, guerras y Sir Isaac Newton

Las pandemias y las burbujas financieras no son fenómenos recientes y de ello podría dar fe, si viviese, el mismísimo Sir Isaac Newton quien, según las versiones populares, habría concebido su teoría de la gravitación universal durante un confinamiento provocado por la Gran Peste en 1665 y se habría arruinado posteriormente debido al estallido de la burbuja provocada por la «Compañía de los Mares del Sur» en cuyas acciones Siri Isaac había invertido los ahorros de toda su vida. España jugó, de forma indirecta, un importante papel en todo esto.

Tras la Guerra de Sucesión a la Corona Española tanto Francia como Inglaterra se habían repartido un interesante botín a costa de los españoles. La parte británica del botín consistía, entre otras cosas, en el derecho de vender esclavos en las colonias españolas (el asiento) en América y en la ruptura del monopolio comercial español con sus colonias merced a la posibilidad de introducir un único navío al año.

La corona británica, sin embargo, había salido de la Guerra de Sucesión con unas deudas escalofriantes y para pagarlas decidió traspasar la deuda a una nueva compañía encargada de explotar las posibilidades comerciales con las colonias españolas: «La Compañía de los Mares del Sur».

Las fantasías que se crearon en la opinión pública inglesa sobre las riquezas y las posibilidades que presentaba el comercio con la América Española produjeron una fiebre de compra de las acciones de esta compañía de los Mares del Sur que provocaron que estas multiplicaron su precio vertiginosamente. Gracias a estas subidas el bueno de Sir Isaac obtuvo pingües beneficios en los primeros meses de 1720, beneficios que, a finales de ese mismo año, tras el estallido de la burbuja, se convirtieron en espantosas pérdidas en las que Sir Isaac perdió los ahorros de toda su vida. Ciertamente Sir Isaac era capaz de predecir el movimiento de los astros del universo pero no fue capaz de hacer lo mismo con las fluctuaciones de la bolsa londinense.

La suerte de la Compañía de los Mares del Sur no fue buena. Las fricciones entre España e Inglaterra comenzaron pronto, la vigilancia española sobre el contrabando inglés con las colonias se estrechó duramente y pronto Inglaterra comenzó a preparar una guerra contra España, la «Guerra del Asiento», que se desarrolló durante bastantes años con fortuna irregular para las armas británicas que no consiguieron ventaja alguna y sí alguna estrepitosa derrota como la de Cartagena de Indias, donde Don Blas de Lezo, con la valiosa ayuda de su sorprendente «fuerza aérea» de la que les hablaré otro día, se impuso a una enorme escuadra británica.

No se crean todo lo que leen. Las victorias militares no suelen deberse principalmente a la valentía o al coraje, aunque eso sea lo que el poder haga creer para estimular el valor de sus cándidos soldados, sino a factores muy diversos y distintos de este. En esta Guerra del Asiento la inteligencia española había conseguido fuentes magníficas en el bando británico y gracias a ellas pudo anticiparse frecuentemente a las intenciones inglesas.

Un dato poco conocido es que en 1719 (un año antes de la quiebra de Sir Isaac) tropas españolas habían sublevado a clanes escoceses (entre ellos el del famoso Rob Roy) para lanzarlos contra los ingleses apoyando su espíritu secesionista. Fueron solo 260 infantes de marina españoles pero esta intentona española es la última «invasión» de Gran Bretaña de la que se tiene noticia. La insurrección escocesa acabó en la batalla de Glenshiel.

Y ahora que he saltado de la gravitación universal a las burbujas financieras pasando por una guerra contra Inglaterra y una invasión de Gran Bretaña ya no recuerdo por qué empecé yo a escribir esto…

Bueno, da igual, si Sir Isaac no era capaz de predecir el comportamiento humano siendo la mente más preclara de la humanidad, no voy a ser yo el que trate de explicarme a mí mismo.

Lisa y la sociedad del mérito

Lisa y la sociedad del mérito

Lisa era sólo una graduada cuando oyó hablar del problema del nudo Conway en una conferencia.

El problema del nudo Conway era un famoso problema matemático sin resolver desde que se planteó en 1970. El nudo lleva el nombre de su descubridor, el matemático inglés John Horton Conway, quien escribió por primera vez sobre él en 1970.

Lisa se tomó el asunto sólo como un pasatiempo para sus ratos libres pero en una semana dio con una solución que el Washington Post calificó como una “belleza matemática que podría señalar nuevas formas de entender los nudos”.

Después de la publicación de la prueba de Piccirillo en Annals of Mathematics, se le ofreció un puesto de permanencia en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts, que comenzaría catorce meses después de la finalización de su doctorado.

Y mientras miro la fotografía de Lisa Piccirillo pienso en los estudiantes españoles e imagino un futuro en el que nuestros científicos más brillantes pudiesen continuar su vida profesional en España y, puestos a pensar, pienso también en un país donde el mérito fuese el criterio en los ascensos profesionales y donde las universidades no diesen doctorados y másteres de matute a políticos sin méritos.

Y me desespero… y vuelvo a mirar la foto de Lisa.

Gazpachos de historia

Gazpachos de historia

El gazpacho es comida misteriosa y de orígenes oscuros para los gourmands poco avisados. Siempre que un gazpacho está bien hecho y se disfruta en común surge la misma pregunta:

—¿Cómo harían el gazpacho antes de que trajesen de América el tomate? ¿Habría siquiera gazpacho?

Usualmente siempre aparece algún comensal que recuerda a los demás que el ajoblanco es gazpacho y está hecho con almendras. No falta tampoco quien recuerda que existe el gazpacho manchego a base de carne y torta cenceña y ahí languidece la conversación porque nadie acierta a encontrar el denominador común entre preparaciones culinarias tan dispares como lo son el gazpacho manchego y el ordinariamente adjetivado de andaluz.

Para resolver este dilema no hay más remedio que acudir a la etimología que nos enseña que la palabra «gazpacho» se atestigua ya en el castellano del s. XII como «gaspacho», y después en muchas fuentes, incluido el Quijote. Existe también la forma antigua «caspacho» y, según el docto magisterio de Corominas, es lo más probable que deriven de la antigua voz «caspa», en el sentido de escamas o láminas de pan sobrantes a la que se añadió el sufijo mozárabe «-acho». Originariamente se empleaba en plural (se decía comer gazpachos, y no comer gazpacho), porque gazpacho, en origen, no es el nombre del plato, sino de los fragmentos de pan o corteza de pan, o los fragmentos de torta reutilizados y guisados. Si consideramos este dato del pan troceado podemos entender perfectamente porqué gazpachos andaluces y manchegos se llaman igual pues, ya desde antiguo, se elaboraba también una especie de pan ácimo sin levadura, en forma de tortas finas, cocido en el monte a la piedra, especial para gazpachos, que luego se troceaba para ser guisado, y que hoy se llaman tortas cenceñas, los «gazpachos» del gazpacho manchego.

Esto de trocear pan seco y humedecerlo en un líquido es mucho más antiguo que el propio Jesucristo.

Si deconstruimos el gazpacho andaluz y le quitamos los trozos (gazpachos) de cualquier cosa que lleve nos quedará apenas una mezcla de agua, vinagre, sal y quizá aceite. Pues bien, esa mezcla básica de agua y vinagre no es sino la bebida reglamentaria de los legionarios romanos: la «posca». La Historia Augusta nos cuenta como Trajano o su hijo Adriano bebían la «Posca» como cualquier legionario e incluso, en los Evangelios, la «posca» ocupa un lugar destacado cuando un legionario, apiadado de la sed que padece el Crucificado, le acerca con su lanza una esponja rebosante de «posca» para aliviar su sed.

Ocurre que como en griego (el idioma en que se escriben los evangelios) no existía la palabra «posca» usaron la palabra οξος (oxos, “vinagre”) para llamar a la «posca» y, cuando estos fueron traducidos al latín en la Vulgata, la palabra «posca» fue definitivamente traducida por «acetum» (vinagre) a pesar de que, por entonces, los soldados del imperio romano de oriente todavía consumían reglamentariamente esta bebida con el nombre de phouska.

El caritativo gesto del legionario romano dando de beber a Cristo para aplacar su sed, merced a esta serie de errores de traducción, acabó injustamente convertido en un episodio más de maltrato.

¿Y por qué bebían agua y vinagre los legionarios romanos?

Por muchos y muy fundados motivos. En primer lugar porque el agua que consumían no siempre era de buena calidad y el vinagre con su ácido acético les ofrecía propiedades bactericidas que hacían más segura la ingesta de agua además de aumentar sus virtudes refrescantes.

¿Invento romano? No. Ya en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, se lee en el libro de Rut que los segadores bebían agua y vinagre como bebida isotónica avant la lettre para recuperarse del esfuerzo realizado bajo el sol y antes, mucho antes, ya desde el 3000 antes de Cristo, está acreditada la producción y consumo de vinagre en Mesopotamia.

Sí, la sopa primigenia del gazpacho ya existía hace cinco mil años en Mesopotamia y, quizá, les guste a ustedes saber que a los acadios (uno de los pueblos que dominó Mesopotamia en los albores de la civilización humana) les gustaba también trocear sus panes y sus alimentos y que a esa acción le llamaban… «kasapu». (¿Les suena parecido a algo?)

Y mientras me como mi kasapu, hecho de hortalizas y 5000 años de historia, pienso en las «esferificaciones», en las «espumas» y demás creaciones de la cocina moderna y me digo que no, que ninguna de esas creaciones me podrá contar nunca tantas historias como me cuenta un plato de kaspasu como este.

El objetivo correcto

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u “operador jurídico” de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos “operadores jurídicos” con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas “incrementalistas” las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

Un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por determinados sectores de la economía y la política de este país. Sobre la congestión de asuntos que ya presentaba nuestra administración de justicia caerá ahora la ola de procedimientos que motivará el tsunami jurídico provocado por la crisis del COVID-19 y esto, hábilmente gestionado desde las instancias oportunas, puede ser la coartada perfecta para llevar adelante una reforma de la administración de justicia que beneficie a los menos y perjudique a los más.

El ministro ya lo ha dicho con claridad, quiere reformar la justicia aprovechando la crisis del coronavirus lo cual, así dicho, suena, como poco, a broma de mal gusto (¿cómo pretende llevar a cabo lo más quien se ha mostrado incapaz de afrontar lo menos?).

Pero no, no es una broma, a determinados sectores económicos y políticos de este país les interesa más reformar la justicia para adaptarla a sus necesidades que dotarla de los medios precisos para hacer frente a la crisis del coronavirus, de ahí el nauseabundo discurso ministerial de que, más que dinero, lo que hacen falta son reformas. Un ejemplo de su posición, expresado en la jerga política de rigor, lo podemos encontrar en la edición digital del Diario de Cádiz:

–¿Plantea el Gobierno más medios tecnológicos y refuerzo de plantillas como vienen demandando varios colectivos del ámbito judicial?

–Más que de posturas incrementalistas estamos hablando de una reordenación de todos los recursos disponibles orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos.

El argumentario sesgado de quienes pretenden dejar a los ciudadanos sin justicia es tan conocido como parcial y se funda en las mismas falacias de siempre:

  1. Que los españoles son muy litigiosos y esto colapsa los juzgados.
  2. Que uno de los agentes que fomentan esta litigiosidad son los abogados.
  3. Que lo que hay que hacer es desjudicializar.

Las tres afirmaciones son falsas pero, como toda buena mentira, pueden pasar como ciertas ante el oyente desinformado o ante la opinión pública. Una buena fake new solo puede construirse sobre un andamio de verdades aparentes y estas afirmaciones que les refiero mezclan de tal forma la verdad con la falsedad más insidiosa, que se han revelado como deep fakes paradigmáticas.

Vayamos una por una.

Los españoles son litigiosos

Esta primera afirmación, repetida desde la época de Caamaño, amplificada hasta lo ofensivo por Gallardón y, desde su catastrófica ejecutoria, asumida como verdad sotto voce por Catalá y Juan Carlos Campo, viene a decirnos que si los juzgados en España están colapsados ello se debe principalmente a que los españoles acuden más al juzgado que la media de los habitantes de los países europeos.

Esta afirmación, esta deep fake, hay que reconocerlo, se ha cocinado con todos los ingredientes precisos para tener éxito.

En primer lugar la deep fake atribuye a los españoles una naturaleza maligna (somos litigiosos), naturaleza maligna que, tradicionalmente, ha sido asumida con facilidad por la población, en línea con la vieja tradición de la España Negra y de los más conspicuos poetas y literatos del siglo de oro. Esta naturaleza hobbesiana de los españoles ha sido siempre caldo de cultivo adecuado para los gobiernos autoritarios, espadones y dictadores que ha padecido España en los dos últimos siglos.

Esta deep fake también contiene una porción de verdad, pero la contiene del mismo modo que la copa de vino que se da a beber al invitado contiene el veneno preparado para acabar con él: la verdad, como el vino, no tiene otra finalidad que encubrir el tósigo oculto en la afirmación.

Es verdad que la población española, porcentualmente, ha de acudir a los tribunales más que la del resto de la mayoría de los países europeos y, hasta ahí, llega la verdad. Concluir de ese dato que el mismo se deriva de que los españoles son litigiosos es una falsedad que no sólo ofende a la inteligencia, sino que ofende a toda la población en su conjunto.

En un país donde, por ejemplo, los bancos se oponen por sistema a las demandas de los ciudadanos perdiendo los juicios en más del 90% de las ocasiones, no parece sensato decir que sean los ciudadanos los “litigiosos”. Quienes, por ejemplo, en el sector de las cláusulas abusivas producen los litigios no son los ciudadanos sino los bancos que, conociendo sus obligaciones legales y jurisprudenciales, se niegan a cumplirlas, obligando así a los ciudadanos a demandarles para que cumplan por la fuerza las obligaciones que no cumplen voluntariamente. ¿Podemos decir que los ciudadanos españoles son los más litigiosos de Europa? ¿O deberíamos decir que la ciudadanía española sufre más abusos de los bancos que ninguna otra ciudadanía europea?

El ejemplo de los bancos explica muy bien el fenómeno de la alta litigiosidad española. Al calor de una justicia lenta e ineficiente el deudor puede dilatar el cumplimiento de sus obligaciones casi a su voluntad y ello estimula el incumplimiento premeditado de sus obligaciones por las personas jurídicas que pueden encontrar algún tipo de beneficio en ello.

Obsérvese, de paso, que la justicia española no es igual de lenta para todas las personas: mientras que el banco dispone de rápidos procedimientos ejecutivos de los que conocen todos los juzgados de instancia de España (1700) y que embargan incluso un 30% del principal en concepto de intereses y costas desde el primer momento, los ciudadanos sólo pueden demandar a los bancos por sus hipotecas en poco más de 50 juzgados en toda España y a través de un juicio ordinario donde las demoras de años son frecuentes y donde las costas se discuten cómo si el banco fuese un párvulo a punto de hacer la primera comunión y el consumidor una persona jurídica sin más alma que el beneficio económico.

Los seres humanos, en contra de lo que creen algunos supremacistas, son esencialmente iguales y ninguno suele amar el conflicto o el litigio significativamente más que otro. Que en España haya un porcentaje mayor de litigios que en otros países de Europa lo que significa, en primer lugar y antes que nada, es que somos un país donde las injusticias abundan más que en el resto. ¿Por qué? Me remito a lo arriba dicho: porque incumplir la ley no suele ser tan gravoso para el poderoso como para el humilde; porque a veces incumplir la ley es rentable y se hace así porque no hay leyes -o no se quiere que hayan leyes- que corrijan ese abuso; porque la justicia es lenta y ello fomenta las conductas morosas y es en ese círculo vicioso en el que se mueve este país: como la justicia es ineficaz esto fomenta los incumplimientos legales y estos a su vez fomentan la ineficacia del sistema. Este es un círculo vicioso del cual solo se sale de dos maneras: o proveyendo lo preciso para que exista una administración de justicia rápida y eficaz o proveyendo lo preciso para que un sinnúmero de injusticias queden sin corregir.

Tradicionalmente los gobiernos han optado por esta segunda vía (es la más barata y la que les proporciona más amigos) y no parece que el gobierno actual vaya a ser una excepción a la regla.

La deep fake de que les hablo omite sistemáticamente la también inferior tasa media de jueces por habitantes que sufre España en relación con el resto de los países europeos, la carencia crónica de medios materiales que ha sufrido siempre nuestra administración, las disparatadas reformas tecnológicas emprendidas sin más explicación que la conveniencia económica de algunos… En fin, les ahorro contarles cosas que de sobra saben ustedes: nuestros gobernantes, sistemáticamente, nos toman por algo mucho peor que tontos y repiten el ritornello de la litigiosidad de los españoles con una desvergüenza que debiera irritar hasta el estallido a los ofendidos, que no son sino el 99% de los españoles y españolas.

Los abogados son uno de los agentes causantes de la alta litigosidad

Si repugnante es la primera afirmación que hemos tratado, esta segunda debiera conducir a la abogacía y a la población española a condenar públicamente y sin paliativos a quien así piensa o se expresa.

La afirmación de que la cuota litis es una práctica que fomenta la litigiosidad ha sido tan repetida desde la periferia política española que ha sido recogida incluso por medios de comunicación extranjeros. Llama la atención que los que se quejen sean periódicos de países donde la cuota litis habitual es del 33% o de jurisdicciones donde existe un mercado secundario de las costas con aseguramiento de las mismas (“no win no fee“) o incluso préstamos y fondos de inversión dedicados a financiar pleitos fundados sobre desiguales pactos de cuota litis. Las interesadas afirmaciones de tales medios son tan ridículas como si un periódico estadounidense afirmase que en España la población tiene un fácil acceso a las armas.

La cifra de abogados de un país no depende más que del número de procedimientos (de injusticias) que en dicho país precisen de remedio. Ningún abogado acude a un juzgado a demandar un imposible y las cifras así lo confirman: el número de demandas estimadas total o parcialmente es abrumadoramente mayor que el número de demandas desestimadas. En España, podemos decirlo con toda seguridad, quien reclama suele tener razón en todo o en parte y eso debiera hacernos reflexionar.

Afirmar que la abogacía es un agente catalizador de la litigosidad no sólo es una falsedad, creo que me atrevería a llamarlo insulto si no fuese porque es algo peor: acusar a la abogacía de fomentar la litigiosidad no es más que una premisa para tratar de acabar con ella, o al menos, con una parte de ella (la abogacía independiente) el sector menos cómodo para las élites políticas y económicas. Recuerden que, en un estado sin derechos, no hacen falta abogados, pero que, en un estado sin abogados, lo que primero perecen son los derechos. Si ven ustedes a alguien que afirma que sobran abogados, antes que ninguna otra cosa examine usted si lo que quiere quien tales cosas afirma es recortar los derechos de la ciudadanía.

Que lo que hay que hacer es desjudicializar

El tercer engaño habitual de los habituales de esta deep fake es que eso de la administración de justicia es una cosa antigua y que lo que hay que hacer es acudir a otros medios como la mediación o la concordia privada.

Tal afirmación es una ofensa tanto para la justicia como para los profesionales de la mediación.

La justicia es la forma más compleja y perfecta ideada por la humanidad para resolver sus conflictos (grábense eso a fuego) y puedo decirles con plena seguridad que, en general, quien desea apartar a la justicia de un determinado sector es porque piensa aprovecharse de eso para cometer en él tantas cuantas injusticias pueda.

Por ejemplo: si usted no paga la hipoteca porque no tiene dinero, observe que ninguno de los que piden desjudializar se ha acordado de usted: usted irá al juzgado a que le quiten su casa, a que le arrojen de ella y a que además no le cancelen la deuda sino que quede usted endeudado de por vida.

Claro que, si es el banco el que ha abusado de usted, le ha cobrado lo que no debe o incluso ha manipulado el euribor, entonces… entonces el coro de voces que piden desjudicializar se oye tan claro como el canto de las cigarras en agosto.

Cuando un altísimo porcentaje de las demandas de los ciudadanos se estiman íntegramente y con costas (es decir, que tenían toda la razón del mundo) ¿qué sentido tiene predicar la desjudicialización sino favorecer a los incumplidores profesionales?

Esta afirmación periférica de la deep fake que analizamos es no solo un insulto para la justicia sino también para las técnicas alternativas de resolución de conflictos que no merecen ser tratadas como meras coartadas para los inicuos planes de unos cuantos. Estas técnicas, seriamente desplegadas, pueden ser una eficaz ayuda para la administración de justicia pero, créanme, si no ha dinero para la justicia ¿creen ustedes que lo habrá para esto?

Epílogo

Desde 1998 una concepción elitista y antidemocrática de lo que debe de ser la administración de justicia pugna por abrirse paso y acabar con una forma de administrar justicia que se ha revelado particularmente molesta para los poderes económicos y políticos. Esa visión ha sido compartida, no siempre de mala fe, por multitud de operadores jurídicos pero, la sensata, firme y callada resistencia de los más así como sus pobrísimos resultados allá donde se ha pretendido implantar, ha impedido, hasta este momento, que su despliegue se llevase a cabo.

Esta crisis del coronavirus, por lo que se ve, parece haber sido detectada como terreno abonado por los defensores de esas tesis de que les he hablado y su voluntad de aprovechar la ocasión podemos percibirla directamente en las propuestas del CGPJ (concentración, especialización y otros mantras bajo los que en realidad se ocultan los planes para dejar la independencia judicial convertida en un trampantojo) y podemos leerla entre lineas también en los mensajes del ministro (no es cuestión de dinero sino de la forma de organizarse, hay que aprovechar la crisis para reformar la justicia…).

Los mensajes de este sector es verdad que hace mucho que son mirados con recelo por la comunidad jurídica nacional, así que no les extrañe ver a algún medio extranjero hacerse eco de esta odiosa antífona; así pues, estén atentos y que no les sorprenda.

Y sí recuérdenlo, un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por las élites económicas y políticas de este país y, como creo que todos sabemos desde hace tiempo, eso no solo es malo para la ciudadanía sino para quienes defienden los derechos de ella: la abogacía independiente.