Nos están dejando sin poesía

Hace apenas dos días, tras una conferencia improvisada que di en Sabadell sobre informática y derecho, hubo tertulia en un bar cercano con varios de los asistentes a la charla entre los que se encontraba Manuel Cachón, catedrático de derecho procesal en la Universidad Autónoma de Barcelona y hombre de enciclopédica cultura y fina sensibilidad.

La conversación corrió distendida por temas relativos a la propiedad intelectual y la no siempre razonable forma en que los estados la regulan. Se habló de las patentes de ADN, se habló de agricultura, se habló de los organismos genéticamente modificados y se habló, naturalmente, de los efectos que los mismos tienen o pueden tener sobre nuestro hábitat.

Yo, por mi parte, hablé a mis contertulios del «Roundup», un herbicida capaz de acabar con todas las plantas a excepción de aquellas que habían sido modificadas genéticamente para ser inmunes a él. Soja, maíz y muchos vegetales han sido modificados genéticamente por una conocida multinacional norteamericana (Monsanto) para que sean «RR» (Roundup Ready) y hasta hay noticias de trigo que podría estar modificado genéticamente.

El uso intensivo y sofisticado de herbicidas, el uso de semillas modificadas genéticamente en países pobres y las consecuencias socioeconómicas de toda esta agricultura hipertecnificada dieron para un breve rato de amena charla.

Sin embargo, si algo recuerdo de aquella conversación, fue una observación que hizo Manuel Cachón: «Viajando por Castilla cada vez se ven menos amapolas en los campos».

Y pensé que tenía razón, que la amapola no es para el agricultor más que una mala hierba que suele crecer en los cultivos de cereal y que, con tanto herbicida hipertecnificado, no solo estábamos acabando con las malas hierbas sino con las amapolas y hasta un poco con la lírica.

Lo escribo hoy para no olvidar la observación sobre la modernidad y la poesía, debo volver algún día sobre este tema aunque solo sea porque, de niño, me gustaba aquel poema —creo que de Juan Ramón Jiménez— que empezaba…

Novia del campo, amapola

que estás abierta en el trigo;

amapolita, amapola

¿te quieres casar conmigo?

De Carthago a Eliocroca hay cuarenta y cuatro mil pasos.

Bueno… yo no he ido andando de Cartagena a Lorca, pero los romanos, que medían las distancias en pasos, dicen que sí, que entre Cartagena y Lorca (Carthago y Eliocroca) había una distancia de 44 «milia» (millas); es decir 44 mil pasos.

Si usted trata de ir de Cartagena a Lorca andando, más que probablemente ya lleve consumidos los 44 mil pasos cuando haya llegado a la altura de «El Paretón» (un poco más de la mitad del trayecto actual a pie) pero es que los romanos no contaban los pasos como usted y como yo; para los romanos un paso no era simplemente la distancia que se obtiene dando una zancada y adelantando un pie, sino que para ellos un paso era el conjunto de la distancia recorrida con las dos piernas. Un paso romano equivalía a dos nuestros, por eso, para nosotros, entre Cartagena y Lorca no hay 44 mil pasos sino, muy probablemente, una cifra cercana a 88 mil.

Claro que eso será verdad si la longitud del paso romano coincide con la longitud del nuestro pero… ¿cuánto medía el paso de un romano?. Pues, la verdad, no se sabe.

Los romanos señalizaron cuidadosamente sus calzadas colocando, cada mil pasos (una milia), piedras señalizadoras: las «piedras miliares». Parece pues que bastaría medir la distancia existente entre dos piedras miliares y hallar así la longitud de la «milia» romana. Sin embargo el asunto no es tan fácil.

Para la mayor parte de los científicos la milla romana tenía una longitud de 1.481 metros (vid. Wikipedia); no obstante, otro sector de la doctrina sostiene que la distancia real de cada milla equivalía a 1.672 metros, una diferencia, como vemos, apreciable.

Esta mañana, mientras comprobaba en los «Itinerarios de Antonino» las 34 rutas romanas que conectaban Hispania, me he parado a observar la ruta que unía «La Junquera» con Carthago Spartaria y esta con Castulo, una población cercana a Linares y para llegar a la cual había que pasar por Lorca.

Los Itinerarios de Antonio son muy cuidadosos a la hora de describir los trayectos pues no sólo señalan las ciudades sino incluso las mansiones y siempre indicando las distancias existentes entre ellas y la distancia total del recorrido. Es por eso que sabemos con total seguridad que desde lo alto de los pirineos a Carthago Spartaria, por ejemplo, los romanos contaban 594 millas y es por eso que sabemos que entre Lorca y Cartagena los romanos contaban 44 millas.

Me ha picado la curiosidad y he decidido comprobar cuán exactas eran las medidas romanas y para ello he decidido comprobar la distancia que, andando, hay en la actualidad entre Cartagena y Lorca. Ya, ya sé que las autovías, carreteras y obras públicas han cambiado los viejos caminos romanos y que es virtualmente imposible que coincidan, pero así y todo me he decidido a hacerlo midiendo la distancia existente entre la Puerta del Arsenal Militar de Cartagena y la Puerta de la Colegiata de San Patricio. Con la inestimable ayuda de Google Maps el resultado ha sido una distancia de 71 kilómetros.

He procedido a dividir los 71.000 metros entre los 1.481 metros que los estudiosos atribuyen a cada a milla romana y el resultado han sido unas decepcionantes 47,9 millas romanas, unas 4 millas más que la cifra indicada en el itinerario de Antonino. Un tanto desanimado he decidido probar con la segunda medida que ofrecen los sabios; a saber: 1 milla romana=1.672 metros. En este caso el error era algo menor pues la distancia redultante era de 42,46 millas romanas; apenas 1,5 millas menos que en época romana.

Como ven, andar entre Lorca y Cartagena no nos resuelve el problema de saber cuánto medían de verdad mil pasos romanos, así que me he decidido por usar las grandes distancias pues, en ellas —he supuesto— que los posibles errores parciales quedarían más diluidos, así que he computado la distancia existente en millas romanas entre La Junquera y Cartagena (según el itinerario de Antonino) pero este cálculo tampoco me ha sacado de dudas pues el problema es saber exactamente por donde discurrían las viejas vías romanas que no necesariamente con las nuestras.

En fin, que me he pasado una mañana estupenda viajando de La Junquera a Cartagena y de La Junquera a Castulo, a Oleastrum, a Eliocroca… Creo que estas vacaciones voy a explorar alguna de las 34 vías hispanas que señala el Itinerario Antonino, todas llevan a lugares de un modo u otro importantes y dignos de verse.

Les dejo con el mapa de carreteras que Caracalla hubiese utilizado de haber venido a Hispania.

Red de vías romanas según los «Itinerarios de Antonino»

La «Tabula Peutingeriana» y Carthago Spartaria

Un interesante debate surgido a propósito de un micropost que he colocado en facebook me ha llevado a recordar la existencia de un documento prodigioso: el más perfecto mapa de carreteras de la antigüedad, la Guía Michelin de los romanos; es decir, la «Tabula Peutingeriana». Los más modernos estudios consideran la tabula una evolución del mapa realizado por Marco Vipsanio Agripa en el Siglo I AEC, fundándose para ello en que la descripción que en él figura de la Arabia Romana era absolutamente anacrónica en el siglo III, al igual que el curioso dato de la señalización de Pompeya en la tabula, ciudad que quedó destruida en el 79 EC y no volvió a ser ocupada. La aparición de Constantinopla es más bien atribuible a que, lo que nos ha llegado de la tabula, son copias muy posteriores.

La humanidad atribuye al ingeniero eléctrico Harry Beck la genialidad de diseñar los mapas de metro tan solo con lineas verticales, horizontales o diagonales y sin que la distancia que guardan entre sí las estaciones se corresponda con la distancia real. Fue una intuición genial: a los viajeros no les importa la distancia entre estaciones, les importa saber en qué estación se bajan, y es por eso que todas las ciudades con ferrocarril metropolitano usan mapas similares al que Harry Beck diseñó para el metro de Londres en 1931. Probablemente el diseño de Beck se cuente entre los diez más influyentes del siglo XX.

Sin embargo la idea no es nueva porque en en el siglo I, un desconocido «Harry Beck» romano, confeccionó lo que pasa por ser el más completo mapa de carreteras romano: la «Tabula Peutingeriana», llamada así en honor del anticuario y humanista Konrad Peutinger, quien las publicó en 1591.

El desconocido autor de la tabula, al igual que Beck haría 17 siglos más tarde, no respetó las formas geográficas y se conformó con indicar las principales vías romanas.

Hoy he disfrutado comprobando en ellas la existencia de una vía que conduce desde Cádiz a Roma por la costa pasando por Cartagena. No se refiere a ella como la «Via Augusta», del mismo modo que los «Vasos de Vicarello» tampoco dicen que el itinerario en ellos descrito sea el de dicha vía.

Trayecto más corto entre Cádiz y Roma según Google Maps.
Como cualquiera sabe la distancia —por tierra— más corta entre Cádiz y Roma no va por la costa, sino por el interior, coincidiendo de forma curiosa con el itinerario que siguió el viajero —que se supone encargó los vasos de Vicarello— de Cádiz a Roma. Aclaro que estos vasos están sometidos a estudio pues nadie acaba de entender que este supuesto viajero hiciese por tierra el viaje a Roma cuando el trayecto por mar era más rápido y mejor.Los trayectos de la Tabula Peutingeriana son corroborados por los «Itinerarios de Antonino» (otro gran mapa de carreteras romano de la época de Caracalla) de forma que los mapas de las vías de Hispania son conocidos con bastante exactitud.Así pues dejemos el debate de si la Vía Augusta era la que iba directa de Cádiz a Roma o era por el contrario el llamado por muchos clásicos «Camino de Anibal». Lo que me importa es que he disfrutado viajando de Cádiz a Cartagena y pasando por lugares tan memorables como Bolonia o Málaga. En la versión de la tábula que aparece al comienzo de este post pueden ustedes viajar por Hispania como lo haría un romano, creo que tiene suficiente resolución.O mejor no dejemos el debate, no sea que al final el corredor mediterráneo acabe pasando por Madrid o por Cuenca aprovechando que un señor hace 19 siglos decidió ir de Cádiz a Roma andando por el camino más corto.

Responsables irresponsables

Cuando acabe 2018 el IPC habrá subido casi un 60% desde 1996. Cuando acabe 2018, con suerte, los abogados de oficio que cobran del ministerio de justicia verán cómo sus retribuciones de 1996 tan sólo habrán subido un 30%.

La realidad, cuando acabe 2018, será que los abogados de oficio, en términos de poder adquisitivo, cobrarán un 30% menos de lo que cobraban en 1996, un suceso sin parangón en la historia de nuestra democracia.

Sin embargo, ya lo verán ustedes, el 12 de julio, día de la justicia gratuita, harán acto de presencia personajes que dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que esa —«subida» la llamarán— del 30%, que aún está por llegar, se debe, de forma más o menos directa a su «gestión».

Son esos personajes, obsérvalos bien lector, los mismos personajes que, año tras año los últimos 22 años han contemplado impasibles cómo no se subía el IPC anualmente a los abogados de oficio; son los mismos que jamás reclamarán su cuota de responsabilidad por no haber movido un dedo ni levantado una ceja ante lo que estaba pasando; son los que nunca dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que son ellos —precisamente ellos— y no otros los que con su pasividad han dado lugar a que nos encontremos en la situación que nos encontramos los abogados de oficio de la zona ministerio: cobrando menos dinero que en 1996.

Esos personajes que tratarán de alargar el cuello el 12 de julio, son los que se ocultan en su cueva cuando alguien trata de buscar a los responsables de la vergüenza que hemos vivido los últimos 22 años. Son esa curiosa costra que, adherida a la abogacía de verdad, trata de darse importancia porque no tienen capacidad real para ser importantes. Son la excrecencia muerta que ha dejado la gloria perdida de una profesión; una gloria perdida, en muy buena parte, precisamente por su demencial gestión.

Escúchales con atención, el 12 de julio va a ser un magnífico día para saber quien defiende a la abogacía y quien, tan sólo, se defiende a sí mismo y a los suyos.

Informática judicial: quién debe decidir

A la hora de diseñar un sistema informático la primera cuestión que habríamos de plantearnos es la de quién es el responsable de la información que se va a tratar y quién debe, por tanto, decidir cómo se trata; cuestión esta que, aunque de perogrullo, no parece haber sido tenida en cuenta por quienes han diseñado el actual caos informático de la administración de justicia española. Tal olvido no puede seguir produciéndose en el futuro si queremos tener una justicia informatizada racionalmente y sería bueno que los responsables políticos nacionales y autonómicos comenzasen a hacerse a la idea de que un cambio de paradigma en cuanto a la titularidad de los datos tratados y a la dirección del tratamiento de los mismos es imprescindible.

Conviene recordar en este punto que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo un nuevo capítulo (el “I BIS”) con el título de “Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia”.

A los efectos de este artículo resulta de capital importancia la distinción que efectua el artículo 236 ter. LOPJ, producto de la modificación legal antes mencionada, entre los datos tratados con fines jurisdiccionales (en adelante simplemente “datos jurisdiccionales”) y los datos tratados con fines no jurisdiccionales (en adelante, simplemente, “datos no jurisdiccionales”). Conforme a dicho precepto, los datos que se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan los juzgados o tribunales se considerarán “datos jurisdiccionales” y, conforme al artículo 236.1 sexies LOPJ, será responsable de los mismos el órgano jurisdiccional u oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero.

Parece evidente que la referencia a la “oficina judicial” resulta claramente inapropiada cuando hablamos de datos jurisdiccionales, pues el titular de los mismos no es ni debe ser ningún órgano del poder ejecutivo tal y como queda de manifiesto cuando el artículo 236.1 nonies declara: “1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.”

La mención a la oficina es inapropiada también si la consideramos teniendo en mente la regulación que efectua el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, pues, conforme al artículo 55.3 y al considerando 20 de este Reglamento (de aplicación directa en España a partir del 25 de mayo próximo):

Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales (…) A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El control de esas operaciones de tratamiento de datos ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro…

Como vemos, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el responsable de los datos incorporados a los procedimientos judiciales no es ni puede ser en modo alguno el poder ejecutivo.

Y si esto es así, como lo es, cada vez resulta menos admisible que sean los poderes ejecutivos estatal o autonómicos quienes se encarguen del tratamiento de los datos jurisdiccionales y no sean los órganos correspondientes del poder judicial quienes tomen el control del mismo.

Muchas voces ya han denunciado cuán contraria al sentido común es la situación actual e incluso se ha advertido del riesgo tremendo que supone que los archivos judiciales estén en manos de ejecutivos autonómicos que pueden, llegado el caso, “desconectar” la infraestructura informática de la administración de justicia si sienten que pueden ser perseguidos por ella como consecuencia de sus acciones.

Esta situación de que los datos jurisdiccionales sean tratados por quien no es su titular, de que las lineas directrices del tratamiento las determine quien no es su titular, de que toda la disponibilidad del sistema esté en manos de personas y entidades que pueden ser objeto de investigación por los juzgados y tribunales repugna ciertamente al sentido común y, con toda probabilidad, a partir del 25 de mayo, sea contraria también al ordenamiento jurídico.

Es evidente que ha llegado el momento de que la realidad se adapte a las exigencias del sentido común y del ordenamiento jurídico; es el momento de que los poderes ejecutivos procedan a entregar a los verdaderos titulares de los datos jurisdiccionales el control de los mismos y de los sistemas informáticos con que hasta ahora los tratan; es tiempo también de que procedan a dotarles de los medios económicos y materiales necesarios para su tratamiento y es, sobre todo, la ocasión de proveer lo preciso para que, en el futuro, las directrices en cuanto a organización y sistemas las tome el poder del estado que, conforme a la razón y al ordenamiento, debe hacerlo.

Rebeldes con causa

El status quo, la ley establecida y el cambio social dirimen diariamente sus diferencias en un, frecuentemente, olvidado campo de batalla: los tribunales de justicia.

Es en ese peculiar campo de batalla donde bancos y aseguradoras, por ejemplo, defienden frente a los particulares una concreta interpretación de la abusividad u opacidad de determinadas cláusulas de sus contratos que les permiten enriquecerse; las empresas y los empresarios defienden en los juzgados de lo social unos derechos y facultades que los trabajadores y los sindicatos discuten en defensa de otros derechos distintos y antagónicos; en los juzgados y tribunales del orden penal los particulares y la fiscalía tratan de perseguir en larguísimos procedimientos a quienes, ejerciendo el poder político o económico delinquen contra todos, mientras que —los más desfavorecidos— son condenados en rapidísimos juicios rápidos y, finalmente, mientras todo esto sucede, en la sala de al lado, en el juzgado o sala de lo contencioso-administrativo, los ciudadanos discuten con la administración la regularidad del ejercicio del poder por esta en una larga serie de casos en los que, por definición, siempre es parte la administración.

El panorama anterior podría incluso parecerles bien, pero no conviene que se hagan demasiadas ilusiones, amigos lectores: las instituciones legales, aunque pudiera no parecerlo, son un campo de batalla donde los poderosos gozan de la mayoría de las ventajas.

Los poderosos, las corporaciones, las grandes sociedades mercantiles, son usuarios intensivos de la administración de justicia y estos usuarios intensivos son quienes hacen las reglas y tienen recursos para hacer cumplir las leyes a su favor. Si lo piensa usted bien, hay procedimientos cuyos usuarios son casi exclusivamente las grandes corporaciones, como por ejemplo los procedimientos de ejecución hipotecaria. La ley tiene la deferencia de establecer procedimientos rápidos para aquellos supuestos en que los poderosos reclaman lo que se les debe; en la misma ley, en cambio, no parece tan sencillo encontrar ejemplos de lo contrario. Por otro lado, estas personas a las que englobamos bajo el epíteto de «los poderosos», cuentan con los medios económicos precisos para acudir a los juzgados tantas cuantas veces sea necesario y acudir ante los más altos tribunales para tratar de fijar una jurisprudencia que les resulte favorable. Sólo, a veces, su egolatría les conduce a la catástrofe; como me relata Dionisio Moreno —el abogado que defendió a Aziz en el famoso caso que cambió la jurisprudencia en el mundo de las hipotecas—, si el banco se hubiese allanado y hubiese transaccionado el asunto con Aziz la sentencia que cambió todo el panorama hipotecario jamás se habría producido pues Aziz no pretendía cambiar el mundo ni el sistema hipotecario sino solo defender su derecho. Fue la egolatría, el obcecado empecinamiento y la vanidosa seguridad en sí mismo del banco demandado el que permitió que llegase hasta las últimas instancias el caso Aziz.

En general los ciudadanos no actúan ante los tribunales de justicia persiguiendo que estos fijen unas líneas jurisprudenciales que favorezcan a los particulares, se limitan a litigar tratando de obtener justicia en su concreto y particular caso, no son usuarios intensivos como bancos y aseguradoras de la administración de justicia.

Los usuarios intensivos y poderosos económicamente de la administración de justicia gozan de importantísimas ventajas: pueden seleccionar los casos que llevarán a apelación, casación o amparo, de forma que se garantizan las mejores oportunidades para obtener o establecer una jurisprudencia que les favorezca. Los usuarios intensivos de la administración de justicia pueden transaccionar o pagar aquellos asuntos que no desean que lleguen más allá de la primera instancia, de forma que resoluciones que podrían perjudicarles jamás alcancen ni siquiera el rango de «jurisprudencia menor». Los usuarios intensivos de la administración de justicia, además, complementan toda su estrategia anterior con una eficaz y constante labor de lobby ante gobiernos y partidos de la oposición y con el uso de medios de comunicación que ellos financian con su publicidad, para establecer premisas mayores —luego les pondré un curioso ejemplo— que luego ellos aprovecharán para construir silogimos tan falaces como aparentemente irrefutables. Los usuarios intensivos de la administración de justicia incluso recurren a la financiación de grupos y actividades parajudiciales (congresos o jornadas para peritos, abogados u otros juristas, etc.) con lo que acaban de redondear una maquinaria que funciona como un mecanismo de relojería perfectamente engrasado. Todo sea por el beneficio (suyo).

Además, en la cultura política contemporánea, la ley es tan omnipresente que ha llegado a dominar la forma en que la gente común piensa sobre sus problemas y las decisiones que toman sobre la resolución de esos problemas en su vida cotidiana. De esta manera, la ley preserva los privilegios de los usuarios intensivos de la administración de justicia, no solo a través de decisiones judiciales, sino también a través de las creencias y prácticas de la gente común (Ewick & Silbey 1998, Silbey 2005).

Sin embargo, a pesar de lo dicho hasta ahora y de la refractariedad de los ciudadanos comunes a acudir a la justicia e incluso de la inclinación natural de sus abogados a tratar de evitar el conflicto jurídico por todos los medios, resulta evidente que a los individuos, a menudo, no les queda otro remedio que acudir a los juzgados y tribunales para defender lo que consideran legítimamente su derecho y es ahí donde la ley y las categorías legales tienen una potencialidad verdaderamente admirable para motivar a la gente a movilizarse y resistir contra determinadas injusticias y es ahí también donde —a veces, algunas veces— los tribunales de justicia se convierten en el campo de batalla donde se juega el mantenimiento de un determinado statu quo o el progreso y el cambio social.

Los abogados y abogadas, dentro del panorama descrito, son poderosos guardianes de las instituciones políticas y legales donde tiene lugar la dinámica entre la ley y el cambio social (Galanter 1974, Hunt 1990, Silbey 2005) y, si me lo permiten, déjenme que les ponga algunos ejemplos.

Cuando en 2012 el ministro de justicia de infausto recuerdo Alberto Ruíz Gallardón estableció unas infames tasas judiciales para poder acceder a la administración de justicia, se cuidó muy mucho de que las tasas que gravaban el acceso a los recursos fuesen las más elevadas. Esto no era casual, era la forma de colocar más lejos del ciudadano común las instancias donde se fija la jurisprudencia y era la forma de permitir a los poderosos seleccionar los procesos más convenientes para llevar ante ellos. De paso se nos dijo que los ciudadanos españoles eran muy querulantes y que para evitar las altas tasas de litigiososad de los españoles lo mejor era establecer unas tasas que se destinarían a justicia gratuita.

Como sospecho que ustedes saben, todo era un inmenso cúmulo de mentiras: los ciudadanos españoles no son usuarios intensivos de la administración de justicia, quienes lo son, son precisamente bancos, entidades financieras, aseguradoras y en general los poderosos que han hecho de la administración de justicia su particular oficina de cobros o la trinchera donde defender sus desvergonzados incumplimientos1; tampoco era cierto que lo recaudado en tasas fuese a financiar la justicia gratuita como —con incalificable desvergüenza— se atrevieron a escribir en el propio texto de la ley y la única verdad fue que los poderosos pudieron felicitarse al ver aumentadas sus herramientas y posibilidades de control.

Fue con la infamia de las tasas cuando apareció con fuerza en España una abogacía rebelde, bien que con causa, que no estuvo dispuesta a aceptar como inevitable aquella iniquidad. Una abogacía que usó de las mismas herramientas de los poderosos, que ya no litigaba por el caso concreto sino en el marco de una estrategia procesal mucho más amplia: se buscaban denodadamente casos “perfectos” que poder llevar ante los tribunales españoles y europeos a la busca de unas resoluciones que pusiesen fin a la infamia de las tasas. Ya no se litigaba por el resultado de un solo caso sino por el resultado deseable de una situación inaceptable.

Esta abogacía no era —no es— una abogacía de causas perdidas sino una abogacía de futuro, que ya no busca ganar un caso concreto sino que trabaja para ganar una causa colectiva, ya sea esta una ampliación de derechos fundamentales, la derogación de una ley injusta o el remedio de lamentables situaciones de hecho.

Siento latir este tipo de abogacía en muchas acciones de los abogados de extranjería, laboralistas, de consumidores, partidarios del conocimiento y el software libres… una dimensión ética empieza a generalizarse —siempre ha estado ahí, bien que menos visible— en la abogacía buscando con tal dimensión, abogados y abogadas, separarse de la imagen de la mera voz mercenaria o del profesional absolutamente neutral.

Desde los viejos abogados laboralistas que —durante la transición— trabajaron (y a veces murieron) defendiendo una causa y un cambio necesario, hasta los modernos abogados tecnológicos que persiguen una determinada concepción del mundo y la sociedad, la abogacía ha sido siempre un importante agente de cambio y progreso social capaz de forzar avances tan sorprendentes como necesarios.

Es quizá tiempo de que abogados y abogadas tomen conciencia de su inmenso potencial como agente de cambio y busquen la manera de organizar y optimizar su trabajo, no sólo en interés de sus clientes, sino de toda la sociedad.

¿Qué tal si lo hacemos juntos?


  1. El mejor ejemplo de esto son los juzgados trampa hipotecarios, establecidos exclusivamente en beneficio e interés de unos bancos y cajas que pierden casi el 100% de los casos y que, lejos de buscar justicia en estos juzgados, lo que han buscado es un eficaz pozo que disuada a los consumidores de reclamar y una magnífica trinchera donde ralentizar sus indudables condenas para mayor disfrutes de socios y accionistas. ↩︎

Una moral de 150 metros

Leo —y se me encoge el corazón— que un centenar de personas se han ahogado frente a las costas de Libia. Dos barcos de «Open Arms» habían tratado de hacerse a la mar para ayudarles pero las autoridades italianas les impidieron zarpar.

Me entero de la noticia por un fiscal tuitero que posteó el tuit que ven en la imagen adjuntando la noticia de Europa Press y que apostilló: «Eso es cuando menos omisión del deber de socorro y, en cualquier caso, es de una inhumanidad que indigna y avergüenza».

Sí, para cualquier alma regularmente formada, la noticia relata un inhumano caso de flagrante omisión del deber de socorro; sin embargo, y para nuestra desgracia, no parece que todas las almas humanas estén regularmente formadas y lo que es peor —muy probablemente— quizá ni siquiera tampoco lo estén las nuestras.

El hombre es un animal moral —así lo afirman los científicos— y su moral (incluso su sentido jurídico) ha evolucionado con él desde la noche de los tiempos. La moral humana es una herramienta adaptada a las necesidades de un pobre primate superior que convivía en grupos de determinadas dimensiones y en entornos ajustados a sus sentidos y posibilidades de actuación.

Profundamente empáticos, los seres humanos están genéticamente programados para no soportar el dolor ni el sufrimiento a su alrededor pero solo a su alrededor.

Imagine que, mientras charla con unos amigos, uno de ellos decide retorcer el cuello a un cachorro de perro. ¿Imagina usted cuál sería la reacción de sus amigos? Supongo que no tiene usted la menor duda y que incluso ha imaginado algún acto violento contra quien trataba de hacer daño al cachorro.

Sin embargo si, durante esa misma conversación, el que iba a retorcerle el cuello al cachorro en lugar de llevar a cabo tal maldad les informa de que, en la India, están muriendo miles de niños al día y les deja un sobre para efectuar una donación ¿cuántos de entre los que defendieron al cachorro llenarían el sobre de dinero y con qué cantidad? Si se siente usted optimista y responde que todos y con mucho, pregúntese durante cuánto tiempo lo harían y verá cómo su fe en el ser humano disminuye.

El ser humano viene equipado de serie para no soportar el sufrimiento en su entorno cercano pero no para no soportar cualquier sufrimiento allá donde se produzca. No podemos cargar con todo el sufrimiento del mundo sobre nuestras espaldas, no son tan anchas, no estamos genéticamente preparados, somos un pobre animal empático que sufre cuando los demás sufren y es feliz cuando los demás son felices, pero que, como tal animal, ha evolucionado simplemente para adaptarse a su entorno y ahora resulta que el entorno se lo han cambiado. Porque ahora cualquier sufrimiento del mundo lo tenemos a dos metros de nosotros en nuestro televisor o a escasos centímetros en la pantalla de nuestro smartphone… demasiado para la moral de 150 metros de un pobre primate.

Es de esta limitación del ser humano de lo que se aprovechan bandidos miserables como el ministro italiano que permite que centenares de vidas se vayan al fondo del mar y deja hundirse con ellas no solo el futuro y las ilusiones de cien personas sino las esperanzas de todo el género humano en una humanidad más justa.

Equipados con una moral de 150 metros agrediríamos sin compasión a ese aprendiz de satanás si le retorciese el pescuezo a un cachorro pero le dejamos pasearse tan terne por Europa después de decidir sobre la vida y la muerte de centenares de personas si nos son desconocidas y están lo suficientemente lejos.

Nuestra tecnología ha evolucionado en los últimos siglos a una velocidad tal que nuestra evolución moral ha sido dejada muy atrás y hemos de enfrentarnos al reto de hacer evolucionar culturalmente lo que la biología ya no tiene tiempo para hacer.

De todas formas, pobres primates como somos, en estos Cro-Magnones que somos usted y yo aún queda el genio y las viejas virtudes que les hicieron como son y, si no, déjenme que les cuente una vieja historia que me impresionó y que trato de recordar cada vez que vergüenzas como el ministro italiano ponen en duda mi fe en el género humano; es la historia de Isabel María y ocurrió un 3 de septiembre de 2002 en Cádiz, cuando la joven sevillana de 28 años Isabel María Caro pasaba su último domingo de vacaciones en la playa de Castillejos, en la localidad gaditana de Barbate, junto a su marido y sus hijos de siete años y 18 meses. La Voz de Galicia, entonces, lo contó así:

En un momento dado, el arenal se llenó de gente pues medio centenar de inmigrantes desembarcaban de una patera y se arrastraban pidiendo ayuda a gritos. Uno de los dos bebés que se encontraban en la embarcación era Yoice, una niña nigeriana de seis meses que no paraba de llorar. Su madre no era capaz ni de escucharla. Estaba mojada, hambrienta y exhausta. Isabel María sí la oyó, ofreció a los responsables de la Cruz Roja uno de los biberones de su hija, aunque sospechaba que seguramente la pequeña no lo iba a aceptar. Una enfermera insistía tratando de achacarlo a la congestión de nariz que sufría la cría. Isabel no lo dudó y le explicó a la sanitaria que sólo se podía hacer una cosa: «En ese momento la madre no podía darle el pecho, así que la acerqué al mío».

Y esta escena de una mujer joven amamantando a la pobre niña negra hace que me olvide de los ministros de Satanás y me reconcilie con el género humano.