No se trata de lo que dicen, se trata de lo que hacen

No se trata de lo que dicen, se trata de lo que hacen

Mientras observo consternado la fotografía miro con repugnancia el rostro impasible de Derek Chauvin, la persona que asfixió a George Floyd mientras yacía esposado boca abajo en el suelo, y me pregunto qué habría pasado si el mundo no hubiese podido ver esta imagen. Aunque no nos tradujeran las palabras de los protagonistas de la escena su lenguaje corporal lo explicaría todo y es ese lenguaje corporal el que las imagenes captan para vergüenza del género humano. Un hombre está matando a otro hombre indefenso sin que aparezca en su cara siquiera un conato de mueca de compasión.

La captación de estas imágenes y su posterior difusión pusieron de manifiesto una realidad oficialmente negada, los ciudadanos que presenciaron los hechos llevaron ante los ojos de todo el mundo lo que sus cámaras habían captado y un grito universal de justicia y consternación recorrió el mundo.

Y, tras pensar en la tremenda fuerza de estas imágenes y el valioso servicio que han prestado a la sociedad, pienso en España.

Pienso en España porque recuerdo que en 2015 el gobierno aprobó una ley de seguridad ciudadana que provocó la protesta no sólo de los partidos de la oposición sino de un amplio sector de la sociedad e incluso de medios de comunicación y organizaciones internacionales.

Uno de los artículos más recordados de aquella ley era el que principiaba prohibiendo…

El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

Y me pregunto si, en España, la difusión de la imagen de Derek Chauvin asfixiando hasta la muerte a George Floyd sería legal o podría subsumirse en el precepto que les he citado.

Ciertamente no creo que Derek Chauvin diese su consentimiento a la difusión de su imagen al igual que creo que la difusión de su imagen puede muy bien considerarse peligrosa para su integridad (muchos ciudadanos del mundo se han indignado ante los hechos que recogen las imágenes).

Derecho a la información y prohibición, un dilema demasiado complejo para ser resuelto por un ciudadano que presencia un posible crimen.

El New York Times, un periódico conservador del país del cual es nacional Derek Chauvin y fue nacional George Floyd, opinaba respecto de la ley española lo que sigue:

«esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática».

En un artículo posterior, el NYT reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnesty International como de Human Rights Watch, que consideraban que la ley suponía una «amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España» citando expresamente al portavoz del principal sindicato de policías, quien también manifestó su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley, entre otros, la falta del «necesario consenso político y social».

Esa ley sigue vigente en España y, a pesar de la feroz crítica de la entonces oposición, a día de hoy no parece que ya nadie la cuestione.

Y acordándome de esta ley (a la que quienes hoy gobiernan llamaron entonces «Ley Mordaza») me viene a la memoria también aquella otra ley que aprobó la mayoría que apoyaba al gobierno y que reducía los plazos de instrucción de las causas penales.

La entonces oposición tronó contra aquella abyecta ley y sus adjetivos aún pueden encontrarse en el diario de sesiones.

Y por acordarme me acuerdo de cuán beligerantes fueron los entonces miembros de la oposición contra la ley de tasas judiciales, aún hoy no derogada por completo, y así, sucesivamente, me van viniendo a la memoria todas aquellas leyes que, desde los bancos de la oposición, fueron acerbamente censuradas y que hoy, quienes ocupan el gobierno, parecen haber olvidado.

Permítanme que no ponga nombres a los partidos del gobierno y de la oposición en cada momento, simplemente no le veo sentido, sus nombres y programas no parecen importar —al menos en justicia— porque lo decisivo parece ser si son gobierno u oposición. Déjenme que les ponga un ejemplo.

El partido que gobernó antes de quienes ahora lo hacen, para acceder al gobierno, prometió en su programa electoral un cambio en la forma de elección de los vocales del CGPJ para adecuarlo a las recomendaciones europeas del CEPEJ y ventilar de este modo el politizado ambiente de nuestro máximo órgano del poder judicial. Fue llegar al gobierno y hacer justo lo contrario, ya usted ve.

Ahora, quienes en la oposición maldecían la limitación de los plazos de instrucción, o la ley mordaza, o la incompleta eliminación de las tasas judiciales, parece que ya han olvidado aquello que antes tan inaceptable lo parecía y están dispuestos a tragarlo ahora con total satisfacción.

Por supuesto ni antes se invertía en justicia ni se invierte ahora; la política de favorecer a bancos y entidades continúa aunque para ello haya de modificarse la planta judicial y el olvido de la administración de justicia y de los administrados se perpetúa.

En Justicia, al menos, los gobiernos no se suceden; si atendemos a sus acciones fundamentales un único partido parece gobernarnos desde hace lustros: el partido de la degradación y control de nuestra administración de justicia. Las caras cambian, las políticas permanecen, los discursos son distintos, los hechos son los mismos.

Y así, mientras los sucesivos gobiernos dictan leyes y más leyes, estos mismos gobiernos se cuidan muy mucho de dotar a la justicia de los medios y la independencia necesarias para que las leyes promulgadas puedan aplicarse en justicia y no como venga bien al siempre idéntico gobierno.

Por eso, cuando muchos juristas protestamos por este estado de cosas, desde las escolanías de los partidos se canta la palinodia de que ni con unos ni con otros estamos contentos.

Y no se dan cuenta de que en justicia, en el fondo, no existen ni los unos ni los otros, sólo una inmutable, absurda, suicida y abyecta única forma de hacer las cosas. Al menos en justicia.

De confinamientos, burbujas financieras, guerras y Sir Isaac Newton

De confinamientos, burbujas financieras, guerras y Sir Isaac Newton

Las pandemias y las burbujas financieras no son fenómenos recientes y de ello podría dar fe, si viviese, el mismísimo Sir Isaac Newton quien, según las versiones populares, habría concebido su teoría de la gravitación universal durante un confinamiento provocado por la Gran Peste en 1665 y se habría arruinado posteriormente debido al estallido de la burbuja provocada por la «Compañía de los Mares del Sur» en cuyas acciones Siri Isaac había invertido los ahorros de toda su vida. España jugó, de forma indirecta, un importante papel en todo esto.

Tras la Guerra de Sucesión a la Corona Española tanto Francia como Inglaterra se habían repartido un interesante botín a costa de los españoles. La parte británica del botín consistía, entre otras cosas, en el derecho de vender esclavos en las colonias españolas (el asiento) en América y en la ruptura del monopolio comercial español con sus colonias merced a la posibilidad de introducir un único navío al año.

La corona británica, sin embargo, había salido de la Guerra de Sucesión con unas deudas escalofriantes y para pagarlas decidió traspasar la deuda a una nueva compañía encargada de explotar las posibilidades comerciales con las colonias españolas: «La Compañía de los Mares del Sur».

Las fantasías que se crearon en la opinión pública inglesa sobre las riquezas y las posibilidades que presentaba el comercio con la América Española produjeron una fiebre de compra de las acciones de esta compañía de los Mares del Sur que provocaron que estas multiplicaron su precio vertiginosamente. Gracias a estas subidas el bueno de Sir Isaac obtuvo pingües beneficios en los primeros meses de 1720, beneficios que, a finales de ese mismo año, tras el estallido de la burbuja, se convirtieron en espantosas pérdidas en las que Sir Isaac perdió los ahorros de toda su vida. Ciertamente Sir Isaac era capaz de predecir el movimiento de los astros del universo pero no fue capaz de hacer lo mismo con las fluctuaciones de la bolsa londinense.

La suerte de la Compañía de los Mares del Sur no fue buena. Las fricciones entre España e Inglaterra comenzaron pronto, la vigilancia española sobre el contrabando inglés con las colonias se estrechó duramente y pronto Inglaterra comenzó a preparar una guerra contra España, la «Guerra del Asiento», que se desarrolló durante bastantes años con fortuna irregular para las armas británicas que no consiguieron ventaja alguna y sí alguna estrepitosa derrota como la de Cartagena de Indias, donde Don Blas de Lezo, con la valiosa ayuda de su sorprendente «fuerza aérea» de la que les hablaré otro día, se impuso a una enorme escuadra británica.

No se crean todo lo que leen. Las victorias militares no suelen deberse principalmente a la valentía o al coraje, aunque eso sea lo que el poder haga creer para estimular el valor de sus cándidos soldados, sino a factores muy diversos y distintos de este. En esta Guerra del Asiento la inteligencia española había conseguido fuentes magníficas en el bando británico y gracias a ellas pudo anticiparse frecuentemente a las intenciones inglesas.

Un dato poco conocido es que en 1719 (un año antes de la quiebra de Sir Isaac) tropas españolas habían sublevado a clanes escoceses (entre ellos el del famoso Rob Roy) para lanzarlos contra los ingleses apoyando su espíritu secesionista. Fueron solo 260 infantes de marina españoles pero esta intentona española es la última «invasión» de Gran Bretaña de la que se tiene noticia. La insurrección escocesa acabó en la batalla de Glenshiel.

Y ahora que he saltado de la gravitación universal a las burbujas financieras pasando por una guerra contra Inglaterra y una invasión de Gran Bretaña ya no recuerdo por qué empecé yo a escribir esto…

Bueno, da igual, si Sir Isaac no era capaz de predecir el comportamiento humano siendo la mente más preclara de la humanidad, no voy a ser yo el que trate de explicarme a mí mismo.

Lisa y la sociedad del mérito

Lisa y la sociedad del mérito

Lisa era sólo una graduada cuando oyó hablar del problema del nudo Conway en una conferencia.

El problema del nudo Conway era un famoso problema matemático sin resolver desde que se planteó en 1970. El nudo lleva el nombre de su descubridor, el matemático inglés John Horton Conway, quien escribió por primera vez sobre él en 1970.

Lisa se tomó el asunto sólo como un pasatiempo para sus ratos libres pero en una semana dio con una solución que el Washington Post calificó como una “belleza matemática que podría señalar nuevas formas de entender los nudos”.

Después de la publicación de la prueba de Piccirillo en Annals of Mathematics, se le ofreció un puesto de permanencia en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts, que comenzaría catorce meses después de la finalización de su doctorado.

Y mientras miro la fotografía de Lisa Piccirillo pienso en los estudiantes españoles e imagino un futuro en el que nuestros científicos más brillantes pudiesen continuar su vida profesional en España y, puestos a pensar, pienso también en un país donde el mérito fuese el criterio en los ascensos profesionales y donde las universidades no diesen doctorados y másteres de matute a políticos sin méritos.

Y me desespero… y vuelvo a mirar la foto de Lisa.

Gazpachos de historia

Gazpachos de historia

El gazpacho es comida misteriosa y de orígenes oscuros para los gourmands poco avisados. Siempre que un gazpacho está bien hecho y se disfruta en común surge la misma pregunta:

—¿Cómo harían el gazpacho antes de que trajesen de América el tomate? ¿Habría siquiera gazpacho?

Usualmente siempre aparece algún comensal que recuerda a los demás que el ajoblanco es gazpacho y está hecho con almendras. No falta tampoco quien recuerda que existe el gazpacho manchego a base de carne y torta cenceña y ahí languidece la conversación porque nadie acierta a encontrar el denominador común entre preparaciones culinarias tan dispares como lo son el gazpacho manchego y el ordinariamente adjetivado de andaluz.

Para resolver este dilema no hay más remedio que acudir a la etimología que nos enseña que la palabra «gazpacho» se atestigua ya en el castellano del s. XII como «gaspacho», y después en muchas fuentes, incluido el Quijote. Existe también la forma antigua «caspacho» y, según el docto magisterio de Corominas, es lo más probable que deriven de la antigua voz «caspa», en el sentido de escamas o láminas de pan sobrantes a la que se añadió el sufijo mozárabe «-acho». Originariamente se empleaba en plural (se decía comer gazpachos, y no comer gazpacho), porque gazpacho, en origen, no es el nombre del plato, sino de los fragmentos de pan o corteza de pan, o los fragmentos de torta reutilizados y guisados. Si consideramos este dato del pan troceado podemos entender perfectamente porqué gazpachos andaluces y manchegos se llaman igual pues, ya desde antiguo, se elaboraba también una especie de pan ácimo sin levadura, en forma de tortas finas, cocido en el monte a la piedra, especial para gazpachos, que luego se troceaba para ser guisado, y que hoy se llaman tortas cenceñas, los «gazpachos» del gazpacho manchego.

Esto de trocear pan seco y humedecerlo en un líquido es mucho más antiguo que el propio Jesucristo.

Si deconstruimos el gazpacho andaluz y le quitamos los trozos (gazpachos) de cualquier cosa que lleve nos quedará apenas una mezcla de agua, vinagre, sal y quizá aceite. Pues bien, esa mezcla básica de agua y vinagre no es sino la bebida reglamentaria de los legionarios romanos: la «posca». La Historia Augusta nos cuenta como Trajano o su hijo Adriano bebían la «Posca» como cualquier legionario e incluso, en los Evangelios, la «posca» ocupa un lugar destacado cuando un legionario, apiadado de la sed que padece el Crucificado, le acerca con su lanza una esponja rebosante de «posca» para aliviar su sed.

Ocurre que como en griego (el idioma en que se escriben los evangelios) no existía la palabra «posca» usaron la palabra οξος (oxos, “vinagre”) para llamar a la «posca» y, cuando estos fueron traducidos al latín en la Vulgata, la palabra «posca» fue definitivamente traducida por «acetum» (vinagre) a pesar de que, por entonces, los soldados del imperio romano de oriente todavía consumían reglamentariamente esta bebida con el nombre de phouska.

El caritativo gesto del legionario romano dando de beber a Cristo para aplacar su sed, merced a esta serie de errores de traducción, acabó injustamente convertido en un episodio más de maltrato.

¿Y por qué bebían agua y vinagre los legionarios romanos?

Por muchos y muy fundados motivos. En primer lugar porque el agua que consumían no siempre era de buena calidad y el vinagre con su ácido acético les ofrecía propiedades bactericidas que hacían más segura la ingesta de agua además de aumentar sus virtudes refrescantes.

¿Invento romano? No. Ya en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, se lee en el libro de Rut que los segadores bebían agua y vinagre como bebida isotónica avant la lettre para recuperarse del esfuerzo realizado bajo el sol y antes, mucho antes, ya desde el 3000 antes de Cristo, está acreditada la producción y consumo de vinagre en Mesopotamia.

Sí, la sopa primigenia del gazpacho ya existía hace cinco mil años en Mesopotamia y, quizá, les guste a ustedes saber que a los acadios (uno de los pueblos que dominó Mesopotamia en los albores de la civilización humana) les gustaba también trocear sus panes y sus alimentos y que a esa acción le llamaban… «kasapu». (¿Les suena parecido a algo?)

Y mientras me como mi kasapu, hecho de hortalizas y 5000 años de historia, pienso en las «esferificaciones», en las «espumas» y demás creaciones de la cocina moderna y me digo que no, que ninguna de esas creaciones me podrá contar nunca tantas historias como me cuenta un plato de kaspasu como este.

El objetivo correcto

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u “operador jurídico” de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos “operadores jurídicos” con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas “incrementalistas” las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

Un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por determinados sectores de la economía y la política de este país. Sobre la congestión de asuntos que ya presentaba nuestra administración de justicia caerá ahora la ola de procedimientos que motivará el tsunami jurídico provocado por la crisis del COVID-19 y esto, hábilmente gestionado desde las instancias oportunas, puede ser la coartada perfecta para llevar adelante una reforma de la administración de justicia que beneficie a los menos y perjudique a los más.

El ministro ya lo ha dicho con claridad, quiere reformar la justicia aprovechando la crisis del coronavirus lo cual, así dicho, suena, como poco, a broma de mal gusto (¿cómo pretende llevar a cabo lo más quien se ha mostrado incapaz de afrontar lo menos?).

Pero no, no es una broma, a determinados sectores económicos y políticos de este país les interesa más reformar la justicia para adaptarla a sus necesidades que dotarla de los medios precisos para hacer frente a la crisis del coronavirus, de ahí el nauseabundo discurso ministerial de que, más que dinero, lo que hacen falta son reformas. Un ejemplo de su posición, expresado en la jerga política de rigor, lo podemos encontrar en la edición digital del Diario de Cádiz:

–¿Plantea el Gobierno más medios tecnológicos y refuerzo de plantillas como vienen demandando varios colectivos del ámbito judicial?

–Más que de posturas incrementalistas estamos hablando de una reordenación de todos los recursos disponibles orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos.

El argumentario sesgado de quienes pretenden dejar a los ciudadanos sin justicia es tan conocido como parcial y se funda en las mismas falacias de siempre:

  1. Que los españoles son muy litigiosos y esto colapsa los juzgados.
  2. Que uno de los agentes que fomentan esta litigiosidad son los abogados.
  3. Que lo que hay que hacer es desjudicializar.

Las tres afirmaciones son falsas pero, como toda buena mentira, pueden pasar como ciertas ante el oyente desinformado o ante la opinión pública. Una buena fake new solo puede construirse sobre un andamio de verdades aparentes y estas afirmaciones que les refiero mezclan de tal forma la verdad con la falsedad más insidiosa, que se han revelado como deep fakes paradigmáticas.

Vayamos una por una.

Los españoles son litigiosos

Esta primera afirmación, repetida desde la época de Caamaño, amplificada hasta lo ofensivo por Gallardón y, desde su catastrófica ejecutoria, asumida como verdad sotto voce por Catalá y Juan Carlos Campo, viene a decirnos que si los juzgados en España están colapsados ello se debe principalmente a que los españoles acuden más al juzgado que la media de los habitantes de los países europeos.

Esta afirmación, esta deep fake, hay que reconocerlo, se ha cocinado con todos los ingredientes precisos para tener éxito.

En primer lugar la deep fake atribuye a los españoles una naturaleza maligna (somos litigiosos), naturaleza maligna que, tradicionalmente, ha sido asumida con facilidad por la población, en línea con la vieja tradición de la España Negra y de los más conspicuos poetas y literatos del siglo de oro. Esta naturaleza hobbesiana de los españoles ha sido siempre caldo de cultivo adecuado para los gobiernos autoritarios, espadones y dictadores que ha padecido España en los dos últimos siglos.

Esta deep fake también contiene una porción de verdad, pero la contiene del mismo modo que la copa de vino que se da a beber al invitado contiene el veneno preparado para acabar con él: la verdad, como el vino, no tiene otra finalidad que encubrir el tósigo oculto en la afirmación.

Es verdad que la población española, porcentualmente, ha de acudir a los tribunales más que la del resto de la mayoría de los países europeos y, hasta ahí, llega la verdad. Concluir de ese dato que el mismo se deriva de que los españoles son litigiosos es una falsedad que no sólo ofende a la inteligencia, sino que ofende a toda la población en su conjunto.

En un país donde, por ejemplo, los bancos se oponen por sistema a las demandas de los ciudadanos perdiendo los juicios en más del 90% de las ocasiones, no parece sensato decir que sean los ciudadanos los “litigiosos”. Quienes, por ejemplo, en el sector de las cláusulas abusivas producen los litigios no son los ciudadanos sino los bancos que, conociendo sus obligaciones legales y jurisprudenciales, se niegan a cumplirlas, obligando así a los ciudadanos a demandarles para que cumplan por la fuerza las obligaciones que no cumplen voluntariamente. ¿Podemos decir que los ciudadanos españoles son los más litigiosos de Europa? ¿O deberíamos decir que la ciudadanía española sufre más abusos de los bancos que ninguna otra ciudadanía europea?

El ejemplo de los bancos explica muy bien el fenómeno de la alta litigiosidad española. Al calor de una justicia lenta e ineficiente el deudor puede dilatar el cumplimiento de sus obligaciones casi a su voluntad y ello estimula el incumplimiento premeditado de sus obligaciones por las personas jurídicas que pueden encontrar algún tipo de beneficio en ello.

Obsérvese, de paso, que la justicia española no es igual de lenta para todas las personas: mientras que el banco dispone de rápidos procedimientos ejecutivos de los que conocen todos los juzgados de instancia de España (1700) y que embargan incluso un 30% del principal en concepto de intereses y costas desde el primer momento, los ciudadanos sólo pueden demandar a los bancos por sus hipotecas en poco más de 50 juzgados en toda España y a través de un juicio ordinario donde las demoras de años son frecuentes y donde las costas se discuten cómo si el banco fuese un párvulo a punto de hacer la primera comunión y el consumidor una persona jurídica sin más alma que el beneficio económico.

Los seres humanos, en contra de lo que creen algunos supremacistas, son esencialmente iguales y ninguno suele amar el conflicto o el litigio significativamente más que otro. Que en España haya un porcentaje mayor de litigios que en otros países de Europa lo que significa, en primer lugar y antes que nada, es que somos un país donde las injusticias abundan más que en el resto. ¿Por qué? Me remito a lo arriba dicho: porque incumplir la ley no suele ser tan gravoso para el poderoso como para el humilde; porque a veces incumplir la ley es rentable y se hace así porque no hay leyes -o no se quiere que hayan leyes- que corrijan ese abuso; porque la justicia es lenta y ello fomenta las conductas morosas y es en ese círculo vicioso en el que se mueve este país: como la justicia es ineficaz esto fomenta los incumplimientos legales y estos a su vez fomentan la ineficacia del sistema. Este es un círculo vicioso del cual solo se sale de dos maneras: o proveyendo lo preciso para que exista una administración de justicia rápida y eficaz o proveyendo lo preciso para que un sinnúmero de injusticias queden sin corregir.

Tradicionalmente los gobiernos han optado por esta segunda vía (es la más barata y la que les proporciona más amigos) y no parece que el gobierno actual vaya a ser una excepción a la regla.

La deep fake de que les hablo omite sistemáticamente la también inferior tasa media de jueces por habitantes que sufre España en relación con el resto de los países europeos, la carencia crónica de medios materiales que ha sufrido siempre nuestra administración, las disparatadas reformas tecnológicas emprendidas sin más explicación que la conveniencia económica de algunos… En fin, les ahorro contarles cosas que de sobra saben ustedes: nuestros gobernantes, sistemáticamente, nos toman por algo mucho peor que tontos y repiten el ritornello de la litigiosidad de los españoles con una desvergüenza que debiera irritar hasta el estallido a los ofendidos, que no son sino el 99% de los españoles y españolas.

Los abogados son uno de los agentes causantes de la alta litigosidad

Si repugnante es la primera afirmación que hemos tratado, esta segunda debiera conducir a la abogacía y a la población española a condenar públicamente y sin paliativos a quien así piensa o se expresa.

La afirmación de que la cuota litis es una práctica que fomenta la litigiosidad ha sido tan repetida desde la periferia política española que ha sido recogida incluso por medios de comunicación extranjeros. Llama la atención que los que se quejen sean periódicos de países donde la cuota litis habitual es del 33% o de jurisdicciones donde existe un mercado secundario de las costas con aseguramiento de las mismas (“no win no fee“) o incluso préstamos y fondos de inversión dedicados a financiar pleitos fundados sobre desiguales pactos de cuota litis. Las interesadas afirmaciones de tales medios son tan ridículas como si un periódico estadounidense afirmase que en España la población tiene un fácil acceso a las armas.

La cifra de abogados de un país no depende más que del número de procedimientos (de injusticias) que en dicho país precisen de remedio. Ningún abogado acude a un juzgado a demandar un imposible y las cifras así lo confirman: el número de demandas estimadas total o parcialmente es abrumadoramente mayor que el número de demandas desestimadas. En España, podemos decirlo con toda seguridad, quien reclama suele tener razón en todo o en parte y eso debiera hacernos reflexionar.

Afirmar que la abogacía es un agente catalizador de la litigosidad no sólo es una falsedad, creo que me atrevería a llamarlo insulto si no fuese porque es algo peor: acusar a la abogacía de fomentar la litigiosidad no es más que una premisa para tratar de acabar con ella, o al menos, con una parte de ella (la abogacía independiente) el sector menos cómodo para las élites políticas y económicas. Recuerden que, en un estado sin derechos, no hacen falta abogados, pero que, en un estado sin abogados, lo que primero perecen son los derechos. Si ven ustedes a alguien que afirma que sobran abogados, antes que ninguna otra cosa examine usted si lo que quiere quien tales cosas afirma es recortar los derechos de la ciudadanía.

Que lo que hay que hacer es desjudicializar

El tercer engaño habitual de los habituales de esta deep fake es que eso de la administración de justicia es una cosa antigua y que lo que hay que hacer es acudir a otros medios como la mediación o la concordia privada.

Tal afirmación es una ofensa tanto para la justicia como para los profesionales de la mediación.

La justicia es la forma más compleja y perfecta ideada por la humanidad para resolver sus conflictos (grábense eso a fuego) y puedo decirles con plena seguridad que, en general, quien desea apartar a la justicia de un determinado sector es porque piensa aprovecharse de eso para cometer en él tantas cuantas injusticias pueda.

Por ejemplo: si usted no paga la hipoteca porque no tiene dinero, observe que ninguno de los que piden desjudializar se ha acordado de usted: usted irá al juzgado a que le quiten su casa, a que le arrojen de ella y a que además no le cancelen la deuda sino que quede usted endeudado de por vida.

Claro que, si es el banco el que ha abusado de usted, le ha cobrado lo que no debe o incluso ha manipulado el euribor, entonces… entonces el coro de voces que piden desjudicializar se oye tan claro como el canto de las cigarras en agosto.

Cuando un altísimo porcentaje de las demandas de los ciudadanos se estiman íntegramente y con costas (es decir, que tenían toda la razón del mundo) ¿qué sentido tiene predicar la desjudicialización sino favorecer a los incumplidores profesionales?

Esta afirmación periférica de la deep fake que analizamos es no solo un insulto para la justicia sino también para las técnicas alternativas de resolución de conflictos que no merecen ser tratadas como meras coartadas para los inicuos planes de unos cuantos. Estas técnicas, seriamente desplegadas, pueden ser una eficaz ayuda para la administración de justicia pero, créanme, si no ha dinero para la justicia ¿creen ustedes que lo habrá para esto?

Epílogo

Desde 1998 una concepción elitista y antidemocrática de lo que debe de ser la administración de justicia pugna por abrirse paso y acabar con una forma de administrar justicia que se ha revelado particularmente molesta para los poderes económicos y políticos. Esa visión ha sido compartida, no siempre de mala fe, por multitud de operadores jurídicos pero, la sensata, firme y callada resistencia de los más así como sus pobrísimos resultados allá donde se ha pretendido implantar, ha impedido, hasta este momento, que su despliegue se llevase a cabo.

Esta crisis del coronavirus, por lo que se ve, parece haber sido detectada como terreno abonado por los defensores de esas tesis de que les he hablado y su voluntad de aprovechar la ocasión podemos percibirla directamente en las propuestas del CGPJ (concentración, especialización y otros mantras bajo los que en realidad se ocultan los planes para dejar la independencia judicial convertida en un trampantojo) y podemos leerla entre lineas también en los mensajes del ministro (no es cuestión de dinero sino de la forma de organizarse, hay que aprovechar la crisis para reformar la justicia…).

Los mensajes de este sector es verdad que hace mucho que son mirados con recelo por la comunidad jurídica nacional, así que no les extrañe ver a algún medio extranjero hacerse eco de esta odiosa antífona; así pues, estén atentos y que no les sorprenda.

Y sí recuérdenlo, un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por las élites económicas y políticas de este país y, como creo que todos sabemos desde hace tiempo, eso no solo es malo para la ciudadanía sino para quienes defienden los derechos de ella: la abogacía independiente.

¿Razonar o racionalizar?

Los seres humanos tendemos a pensar que actuamos con racionalidad, que nuestros actos obedecen a un razonamiento previo que determina lo que queremos y cómo lo queremos, pero créanme si les digo que nos engañamos y que, en el 99,99% de las ocasiones, los seres humanos nos comportamos de forma instintiva.

No se alarmen, comportarse de forma instintiva no significa necesariamente comportarse de forma irracional; hace tiempo que la ciencia asume que nuestros instintos forman parte de nuestra racionalidad, pues no son sino programas cognitivos adaptados y funcionales, aptos para resolver problemas de supervivencia.

¿Quién podía tildar de irracional el tropismo de las plantas que buscan el sol con sus hojas o el agua con sus raíces? ¿Cómo podríamos considerar irracionales nuestros instintos de conservación o reproducción? Sin esos programas (a los que algún amigo mío informático no le costaría trabajo llamar “daemones” o “demonios”) el ser humano tal y como hoy lo conocemos no existiría, simplemente se habría extinguido hace milenios.

Steven Pinker, en su libro de 2005 “La tabla rasa: La negación moderna de la naturaleza humana”, nos ilustra muy vívidamente este aspecto racional de los instintos:

Muchas especies calculan el tiempo que dedican a buscar alimento en distintos lugares, de modo que puedan optimizar su tasa de aporte de calorías por energía gastada en la búsqueda. Algunas aves aprenden la trayectoria del sol sobre el horizonte durante el día y a lo largo del año, información necesaria para navegar guiándose por el sol. La lechuza común utiliza discrepancias de un orden inferior a las milésimas de segundo entre los tiempos de llegada de un ruido a sus dos oídos para precipitarse sobre un ratón que se mueve en la hojarasca en plena oscuridad. Las especies que esconden alimentos colocan los frutos secos y las semillas en escondrijos que son impredecibles para así desbaratar los planes de los saqueadores, pero transcurridos varios meses tienen que recordar la posición de cada uno de los lugares y el cascanueces de Clark es capaz de recordar diez mil escondrijos. Los casos de manual que se aducen para ilustrar el aprendizaje por asociación, incluso los pavlovianos y los de condicionamiento operante, no resultan ser una retención de estímulos y respuestas coincidentes en el cerebro, sino algoritmos complejos para análisis de series temporales multivariantes y no estacionarias (que predicen que los sucesos ocurrirán, basándose en el historial de sucesos acaecidos).

¿Una hormiga puede realmente calcular, hacer cálculos aritméticos? Desde luego, lisa y llanamente, no; pero tampoco lo hacemos nosotros cuando ejercemos nuestra facultad de navegar a estima, nuestro “sentido de la dirección”. Los cálculos de la navegación por integración de trayectoria se hacen de forma inconsciente, y su resultado asoma en nuestra conciencia -y, en el caso de que la tuviera, en la hormiga- como una sensación abstracta de que el lugar adonde vamos se halla en la dirección que seguimos, allí a lo lejos.

Créanme, conforme al estado actual de la ciencia, la racionalidad no puede identificarse exclusivamente con la experiencia consciente y, dado que la especie humana comparte con los demás animales ciertos caracteres de la arquitectura y del diseño del cerebro y sus procesos, entonces, si la evolución «ha hecho bien su trabajo», cualquier ser vivo bien adaptado al medio ha de ser un sistema eficiente que «toma decisiones» adecuadas para su supervivencia[1].

Tal y como intuyó Darwin y han demostrado los modernos estudios genéticos, todos los seres vivos de este planeta descendemos de un único antepasado común al que se ha dado en llamar “LUCA” (Last Universal Common Ancestor); pues bien, desde esa primigenia forma de vida hasta la actualidad, todos los seres vivos, necesariamente, han tenido que estar adaptados para sobrevivir y multiplicarse (replicarse) por lo que no es de extrañar que un estudio experimental pionero de Edward Thorndike[2] concluyese, desde una perspectiva de psicología comparada, que los animales están provistos de inteligencia, y que su comportamiento es semejante al de los humanos ante elecciones e incentivos en situaciones decisorias comparables.

Voy a ahorrarles la cita de ejemplos de inteligencia animal, son numerosos y probablemente ustedes conozcan muchos; lo que sí debiera quedar claro desde este momento es que los seres vivos se comportan según procesos racionales de gestión de la supervivencia, si bien, dado su menor desarrollo cerebral en relación al animal humano, no disponen de un pensamiento “racional” en la forma que lo entendemos los seres humanos y, hasta donde sabemos, carecen de lenguaje simbólico, pensamiento consciente, formulación de proposiciones lógicas, capacidad de cálculo e inferencia, y otras muchas características que solemos asociar con “lo racional”.

Bien, sentado que los instintos no deben contraponerse a la racionalidad cabría preguntarse ¿cuántas de las acciones humanas pueden recibir el adjetivo de racionales?

Si quieren llevarse una sorpresa les diré que se ha averiguado que el cuerpo humano procesa unos 11 millones de bits por segundo de información aferente procesada a través de los sentidos externos y que, de toda esa cantidad de información, sólo unos ridículos 50 bits por segundo son procesados conscientemente[3]. Es decir, y permítaseme la broma, con esos datos en la mano el ser humano sólo sería “racional” un despreciable 0.0005% del tiempo de su existencia.

Ahora que ya sabe esto, puede, si lo desea, revisar sus creencias respecto a la racionalidad humana. Pasemos, ahora, pues, a ver cómo operan los instintos en nuestro aparentemente “racional” proceso de toma de decisiones, porque le va a sorprender, se lo aseguro.

Lo primero que le sorprenderá saber es que, ante un estímulo externo que previsiblemente exija de una decisión, el cerebro comienza a trabajar mucho antes de usted tenga conciencia de la existencia de ese estímulo.

Cuando creemos que sabemos algo (es parte de nuestra experiencia consciente), el cerebro ya cumplió su tarea. Sin embargo, la noticia “nos” parece nueva. Casi ajenos a nuestra percepción consciente, los sistemas instalados en el cerebro trabajan por sí solos, automáticamente, y concluyen su trabajo medio segundo antes de que la información procesada alcance nuestra conciencia. En realidad, no es sorprendente que la mayor parte de la actividad cerebral ocurra fuera de la conciencia; esta gran zona de actividad -donde se elaboran planes para hablar, escribir, jugar al tenis o levantar un plato de la mesa- funciona sin que siquiera sospechemos cómo lo hace. No planificamos ni articulamos estos actos: sólo observamos su rendimiento. Esta característica de la organización cerebro-mente vale en las percepciones más sencillas y en funciones más elevadas como la conducta espacial, las matemáticas e incluso el lenguaje. El cerebro disimula esta singularidad funcional creando la ilusión de que los sucesos están sucediendo en tiempo real y no antes del concurso de nuestra capacidad decisoria consciente. Muchos procesos que nos guían son actividades mentales, pero se asemejan a reflejos básicos en tanto que son adaptaciones preinstaladas, fabricadas por el cerebro cuando se enfrenta a un desafío (…) Aunque nuestro sentido de propósito y la centralidad de la voluntad aparezcan en primer plano, subyace en nosotros una maquinaria altamente especializada (…) Las técnicas de imágenes cerebrales nos permiten ver dónde y cómo actúa el cerebro antes de que surja una conducta: el cerebro decide antes. El yo consciente declara tomar una decisión que ya se ha procesado.[4]

Tal y como ejemplifica brillantemente Herranz Guillén en la tesis doctoral de la que he extraído la abrumadora mayoría de los datos que se contienen en este post (los errores, eso sí, son míos) el tálamo sensorial tarda alrededor de 500 milisegundos en captar estímulos somatosensoriales aferentes de alta frecuencia, como por ejemplo la picadura de un mosquito, para la producción de una experiencia sensorial consciente; el tiempo, sin embargo, se reduce a 150 milisegundos para que la información comience a ser procesada inconscientemente.

Como ven, bastante antes de que seamos conscientes del dolor de la picadura del mosquito, en nuestro cuerpo ya se han disparado muchos “daemones” que están procesando la información. ¿Por qué, entonces, tenemos la sensación de que el manotazo que damos es un acto consciente?

La realidad es que 350 milisegundos antes de que sintamos la picadura, permítasenos decirlo así, nuestro cuerpo ya está preparando el manotazo y es evidente que todos esos procesos ya están condicionando nuestra respuesta motora. ¿hasta donde nuestro manotazo es decisión racional y hasta dónde instintiva? La ciencia lo discute.

Y si eso es así, como lo es, en el caso de un manotazo ¿qué podremos decir de una acción más compleja?

Los instintos, en cuanto que manifestaciones de un tipo de inteligencia pre-racional, son parte indispensable del proceso de toma de decisiones racionales. Como ejemplificó Daniel Dennet, un robot ultrainteligente, con capacidades cognitivas extraordinarias, y con una base de datos enciclopédica para relacionarse con el mundo, carecería de motivaciones para actuar, y por lo tanto se vería atrapado en un bucle cognitivo similar al del famoso asno de Buridan. Seleccionar objetivos y alternativas de elección ante una determinada tesitura requiere una previa valoración relativa de todo ello, y esa valoración se lleva a cabo mediante las emociones. La diferencia existente, pues, entre animales humanos y no humanos no es una cuestión de racionalidad versus instinto, sino de que el género humano dispone de una cantidad muy superior y más variada de instintos (todos ellos racionales) que permiten concebir una cantidad extraordinariamente superior de valoraciones emocionales y alternativas de elección (Pinker 2004: 244-245).

Siendo el comportamiento causado por procesos funcionales autónomos del cerebro y no por decretos decisorios de un supuesto agente interno, ¿por qué los individuos neurológicamente sanos tienen la impresión de que dirigen voluntariamente sus actos y toman decisiones acerca de su comportamiento?

La respuesta, dicha en corto, es porque nuestro cerebro racionaliza las emociones y las acciones y hace que, finalmente, parezca que las unas y las otras están dotadas de una determinada intención o sentido. Veámoslo.

Como nos cuenta Herranz Guillén, en casos de pacientes con enfermedades neurológicas que han sido terapéuticamente hemiseccionados, la información presentada a través de los sentidos de la vista o del tacto por los canales aferentes de cada hemisferio produce comportamientos a los que el módulo intérprete provee de narrativas racionalizadoras diferentes. Así, cuando a uno de estos pacientes se le proporciona una información a través de los canales aferentes del hemisferio derecho, y esta información activa procesos emocionales y ejecutivos que desembocan en acciones y estados de ánimo, el módulo intérprete, que no ha participado de la información originaria, urde la hebra que vincula los sucesos. Valga un ejemplo: se proyecta únicamente al hemisferio derecho la orden “camina”. La respuesta del paciente es levantarse de la silla y disponerse a caminar. Si se le pregunta que adónde va, o por qué se ha levantado, las contestaciones suelen ser pintorescas, como por ejemplo: «voy a coger una Coca Cola a mi casa», «me duele la espalda de estar tanto tiempo sentado», etc. En todos estos casos, Gazzaniga justifica que «el sistema cognitivo del cerebro izquierdo necesita una teoría, e instantáneamente crea una
que, dada la información que tiene sobre esa tarea concreta, tenga sentido»

La discrepancia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace, es llamada “disonancia cognitiva” y, a lo que parece, nuestro cerebro es experto en resolverla racionalizando lo ocurrido más que razonando.

¿Y por qué les cuento yo todo esto? (se preguntarán ustedes).

Por dos razones: una largamente acariciada por mí desde hace muchos años y relativa a la forma en la que forman sus juicios morales, de equidad o justicia, los seres humanos; la otra, tristemente, este video que llegó a mi poder desde un grupo de whatsapp no hace muchos días y en que dos grupos de seres humanos se agreden señalizándose respectivamente con unas banderas.

La acción que se ve en las imágenes es absolutamente irrazonada e irrazonable y, sin embargo, de forma deliberada, dos grupos de seres humanos se buscan para agredirse.

Tengo la absoluta convicción de que ninguno de los integrantes de cualquiera de los grupos se avergonzará de lo que han llevado a cabo; todo lo contrario, lo racionalizarán y llegarán a la conclusión de que toda la culpa es del grupo contrario y de que el ejercicio de la violencia en ese caso estaba justificado. Todos sabemos que ninguno de los integrantes de esos grupos está ahí por un razonamiento digno de tal nombre, miles de instintos y procesos innatos empujan al conflicto a esos animales humanos que vemos en las imágenes: la sensación de pertenencia al grupo, la territorialidad, el altruismo hacia un marcador… El virus del COVID-19 no les ha alcanzado pero sí lo ha hecho el mucho más fatídico virus del odio.

Examínese usted. ¿está usted seguro de que evalúa las acciones del gobierno o la oposición separadamente de la identidad de quien las lleva a cabo? ¿valora usted negativa o positivamente casi de forma casi automática las acciones o iniciativas del partido que odia o al que se adhiere?

Mire, si usted coincide demasiadas veces con la opinión del partido del gobierno o de algún partido de la oposición, párese un momento y examínese porque, muy probablemente, usted no está pensando y, mucho antes de que sea consciente del problema sobre el que quiere reflexionar, sus innatismos ya habrán tomado una decisión por usted.

Los partidos saben (y los seres humanos saben también) que son las emociones las que determinan las acciones de las personas y, por eso, pasan la vida tratando de construir emociones que movilicen a la población. Ocurre, sin embargo, que ahora las cosas han cambiado y que, a la emoción partidista, se suma el catalizador de la crisis y, casi cualquier emoción, se va a ver potenciada en los próximos días, semanas y meses, y esto es una bomba cuya detonación puede tener consecuencias imprevisibles.

En esta sociedad —cuyo cerebro parece ahora más hemiseccionado que nunca— todos los partidos culpan al adversario, nadie asume la culpa propia, todos racionalizan las decisiones erróneas que tomaron pero ninguno razona lo más mínimo.

Los partidos son expertos en racionalizar (justificar) sus dislates y llegar en dicha tarea, si es preciso, hasta los más ridículos extremos y, la verdad, no es de extrañar, el ser humano, como ya hemos visto, más que un ser racional es un ser racionalizador. La situación pinta turbia, muy turbia y, si quieren que les venda —por lo que valga— un buen consejo, más vale que echemos mano en este momento de ese 0,0005% de racionalidad que hemos visto que teníamos los seres humanos y del que antes les hablaba; más vale que aprovechemos esos 50 bits de información que procesamos conscientemente en cada segundo de nuestras vidas, porque, si dejamos que la población y el país se gobiernen en exclusiva por las emociones que inyectan partidos políticos irresponsables, podemos estar viviendo las vísperas de una larga, larguísima, noche.

Quiero decir que podemos estar en la antesala de un drama social como hace tiempo no vivíamos. No sé si me explico.


[1]: DENNETT, Daniel (1971), “Intentional systems”, Journal of Philosophy, vol. LXVIII, no 4. pp. 87-106.
[2]: THORNDIKE, Edward L. (1911), Animal intelligence. Experimental studies, Macmillan, New York.
[3]: NØRRETRANDERS, Tor (1999), The user illusion. Cutting consciousness down to size, Penguin Books, New York.
[4]: GAZZANIGA, Michael S. (1999), El pasado de la mente, páginas 93-94 y 215.

Y no hay remedio

Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!

No, no existe la cara de inocente.

A veces uno se pregunta qué pasaría si fuese acusado erróneamente de algún crimen. Algunas personas con quienes he tratado este asunto, medio en broma y medio en serio, han afirmado: «supongo que se darían cuenta en seguida que yo no soy culpable, esas cosas se notan, se ven en la cara.»

Supongo que, cuando dicen eso, quieren decir que su desesperación al ser erróneamente acusados sería tanta que «necesariamente» el juez se tendría que dar cuenta de que no estaba fingiendo su inocencia. Reconforta pensar que hay gente que de tal modo confía en la justicia pero debo decir que se equivocan.

Recuerdo cómo, hace ya muchos años, una pareja de la guardia civil requirió la documentación a un extranjero borracho que, al no llevarla encima, pidió a los agentes que le acompañasen hasta su chabola por ser el lugar donde la tenía. Los guardias le acompañaron, el extranjero apartó la madera que afectaba ser la puerta e invitó a los guardias a pasar y, para sorpresa de un desconcertado extranjero, cuando los guardias entraron, se encontraron con una persona muerta.

Interrogado el extranjero no supo qué decir, fue inmediatamente detenido, puesto a disposición de la autoridad judicial e ingresado preventivamente en prisión. El extranjero, aunque juraba ser inocente, no podía dar razón de qué hacía aquel cuerpo en su casa y, ciertamente, nadie le creyó.

Afortunadamente para él, la persona que apareció en su casa no estaba muerta, solo agonizaba por gravísimas heridas. Esta persona permaneció en coma muchos meses en el hospital pero, finalmente, logró recuperar la consciencia y, cuando se le exhibieron fotografías de su supuesto agresor, manifestó no conocerle de nada. La persona herida indicó con toda claridad a la guardia civil quién había sido la causante de sus lesiones manifestando, asimismo, que el preso preventivo no había tenido nada que ver.

El juez instructor se apresuró a poner en libertad a aquella persona que había mantenido tantos meses en prisión preventiva y esta salió de prisión aún sin entender bien por qué le había pasado toda aquella peripecia.

La explicación de lo sucedido era simple, pero difícil de detectar para el acusado dado su estado de embriaguez la noche de autos: cuando condujo a la policía a su chabola se encontraba en tal estado de intoxicación etílica que se confundió de ubicación y condujo a los guardias a una choza que no era la suya. Nadie, ni él mismo, se dieron cuenta del error.

Tuvo suerte el extranjero, nadie sabe qué hubiera ocurrido en el juicio si, la persona herida, hubiese llegado a morir sin recuperar antes la consciencia.

Muchas veces me he enfrentado a situaciones como esta y, en casi todos los casos, la sensación de impotencia es grande. No existe la cara de inocente, créanme: si son acusados erróneamente nadie detectará en ustedes su genuina condición de inocentes y, aunque alguien lo haga, la maquinaria procesal se ocupará de hacer irrelevante tal convicción.

¿Por qué les cuento esto?

Bueno, pues porque que ayer me enteré de la prematura muerte de una magnífica magistrada con quien tuve la fortuna de poder trabajar durante sus destinos como juez de lo penal en mi ciudad, Cartagena, y en la vecina ciudad de Murcia. Su dedicación a la profesión y la calidad de su trabajo no creo que nadie pueda discutirlos sino solo ponderarlos y, aunque mi trato con ella solo fue profesional, la tristeza me invadió al leer la noticia de su muerte: era demasiado joven. La última noticia que tenía de ella la situaba en La Haya y yo daba por seguro que pronto tendría noticia de nuevos logros profesionales de su parte. Esperaba solo buenas noticias de ella, no esta.

Rumiando la tristeza recordé mi último juicio con ella hace ya bastantes años. Era uno de esos juicios en los que, como he contado al principio, uno echa de menos la existencia de la «cara de inocente». Les cuento.

Una chica había denunciado ser objeto de un atraco con arma blanca y días después, trabajando, creyó detectar entre los trabajadores del centro donde ella prestaba temporalmente sus servicios al supuesto autor del robo.

Formulada la correspondiente denuncia la policía detuvo al sospechoso y, tras el reconocimiento en rueda de rigor, la denunciante le identificó «sin ningún género de duda».

Algunos de mis lectores pueden pensar que el testimonio de una sola persona no puede destruir el principio de presunción de inocencia y que, como suele decirse en la calle, esto es solo «la palabra de uno contra la de otro» pero, conforme a la jurisprudencia española, debo informarles de que se equivocan.

En España el testimonio exclusivo de la víctima puede servir para fundar una sentencia condenatoria si reúne una serie de determinados requisitos pues, de otra manera, muchos delitos quedarían impunes. Los requisitos son de sentido común y, entre ellos y relatados de forma lisa, estarían: la coherencia y constancia en la acusación, la ausencia de motivos espurios para denunciar, la existencia de circunstancias periféricas… En fin, no les canso, en este caso se daban los requisitos suficientes como para saber que mi cliente podía ser condenado.

Mi cliente afirmaba que él era inocente, que en el momento en que se decían cometidos los hechos él estaba con su novia en la cama aprovechando una ocasión propicia que les permitía estar a solas. Su novia apoyaba su afirmación pero era evidente que sólo ella podía apoyarla pues la soledad buscada para un encuentro íntimo hacía que no hubiese ningún testigo imparcial de dicho encuentro. Cuando interrogué al muchacho sobre algunos detalles de su coartada el mismo o dudaba o no se acordaba, lo que, ciertamente, podía ser desastroso en el acto del juicio.

Para colmo de males la pena pedida por el Ministerio Fiscal era muy fuerte y suponía bastantes años de estancia en prisión, lo que me obligaba a considerar la posibilidad de jugar al repugnante juego del dilema del prisionero que suele preceder a todo juicio penal.

Si no saben lo que es se lo explico. Antes de la celebración del juicio suele ofrecerse al acusado la posibilidad de llegar a una conformidad con la acusación. El fiscal suele rebajar, durante este trámite de conformidad, su petición de condena si el acusado se reconoce culpable y, de esta forma, si el acusado y su defensa acceden, el juicio no se celebra y se condena inmediatamente acusado a la pena acordada. Muchos jueces, a mi juicio indebidamente, se contaminan presenciando estas conversaciones entre el Fiscal y la defensa y es por ello por lo que, por principio, jamás me acerco a negociar con el Fiscal un acuerdo si el juez está en la sala. Considero que debo un respeto a mi cliente y que, entre las obligaciones que este respeto me impone, está la de no manifestar ni con mis palabras ni con mis actos que mi cliente estaría dispuesto a conformarse, pues esto sería mandar al juez un mensaje inequívoco de culpabilidad. Sé que esta costumbre mía enfada a bastantes funcionarios, fiscales e incluso jueces; en mi descargo sólo puedo decir que lo lamento pero que no cambiaré mi forma de actuar: cada letrado decide cómo defiende mejor a sus clientes y yo creo hacerlo así. Mi trabajo es servir a los intereses de mi cliente antes que a los de nadie así que espero que sepan disculparme.

Bien, en este tipo de negociaciones muchas son las circunstancias que pesan sobre la mente de un abogado. Por un lado está la convicción propia en la inocencia del cliente que te impulsa a no transaccionar nada, pero, por otro lado, está la incertidumbre del resultado del juicio pues, como todas las obras humanas, los juicios no son perfectos y el riesgo de un fallo no acorde con tus expectativas siempre existe. En algunos casos el dilema es dramático para el acusado: sabiéndose inocente llega a considerar la posibilidad de conformarse y asumir que ha cometido un delito simplemente para no arrostrar el riesgo de una condena mayor.

Para este caso de que les hablo yo había tratado de reunir cuantas pruebas disponía: un pago con tarjeta en un establecimiento lejano en una hora cercana a los hechos, el siempre peligroso testimonio de la novia y unas cuantas bazas más que me ahorro referirles. Quizá con otro juez no me hubiese sentido seguro pero, en este caso, la juez era ella y eso, créanme, era una garantía para la justicia y por lo tanto para mi cliente.

Cuando llegué a juicio me negué a ningún tipo de conversación con el fiscal y pasamos adelante con la muy poco impresionante declaración de mi cliente. Hizo protestas de inocencia con poca capacidad expresiva e interrogado por detalles del momento dio explicaciones sencillas y veraces pero con una escasa riqueza de detalles, circunstancia esta más debida a su carácter introvertido y nivel cultural que a otra cosa. No lo hizo mal y yo quedé razonablemente satisfecho a la espera de la que yo suponía previsible declaración de la denunciante. Me equivoqué.

Gracias a la exasperante lentitud de la justicia española desde la ocurrencia de los hechos hasta el momento del juicio habían pasado seis años y la denunciante había tenido tiempo de estudiar la carrera de derecho y se notaba que, a la luz del tiempo y de sus estudios, no estaba satisfecha de cómo habían sucedido las cosas.

Aunque se ratificó en su denuncia se mostró crítica con la forma en que se había producido el reconocimiento en rueda: «creo que ese reconocimiento no se hizo de la mejor manera posible…»

La juez no parecía tener tampoco claros los hechos, desde el principio de la vista miraba de vez en cuando y con curiosidad a mi mandante y, en medio de la declaración de la denunciante, la interrumpió: «Oiga ¿Es que no observa usted algo muy característico en la cara del acusado?»

La denunciante titubeó y yo quedé estupefacto porque, por más que miraba el rostro de mi representado, yo no le veía nada especial. Sin duda no era Brad Pitt, pero tampoco era tuerto o tenía el labio leporino.

De pronto la denunciante señaló un detalle para mí sin importancia relativo a las proporciones de la cara de mi cliente, detalle que fue inmediatamente corroborado por la juez —pues era esto lo que había llamado su atención— y que dio lugar a una moderadamente larga conversación entre ellas.

Mi cliente asistía al debate con el aspecto de sentirse un indígena maorí analizado por dos antropólogas. Finalmente juez y denunciante, tras interesantes consideraciones antropométricas, llegaron a un acuerdo claro y sin paliativos, mi cliente, aunque declarado judicialmente feo, salió absuelto del juicio: no era él quien había atracado a la denunciante.

Ni mi cliente ni su novia formularon óbice alguno aunque, para esta, el error judicial era evidente pues su novio era guapo y proporcionado. Yo, satisfecho al escuchar tan contradictorios veredictos, me fui para casa aliviado por no haber tenido que jugar todas mis cartas y que el asunto se encauzara bien desde el principio.

Ayer, mientras rumiaba la tristeza de la muerte de una profesional joven y brillante como ella, recordaba este pasaje amable de mi vida y consideraba que, si nadie me hubiese informado de su muerte, para mí seguiría tan viva como lo estaba unos días atrás y la idea de que es nuestra memoria la que da vida a las cosas volvió a invadirme.

Sabemos quiénes somos porque nos acordamos, sabemos en qué país o en qué ciudad estamos porque nos acordamos y, nuestros padres y amigos, viven, aunque no los veamos, porque siguen en nuestra memoria. El ser humano, en realidad, parece poco más que una mezcla de polvo y memoria y ahora, escribiendo estas lineas, sé que, ella, sigue viviendo en mi memoria en el recuerdo de muchos juicios orales y, por qué no, hasta en el rostro feo de un hombre que no tenía cara de inocente.