Arcos de seguridad y birretes

Contaba Pedrol Rius una anécdota cuya autenticidad no he comprobado pero que, se non e vera e ben trovatta; sostenía Pedrol que la primera huelga de abogados de España se produjo por el uso del birrete por los abogados. Al parecer y como gesto de dignidad los jueces se arrogaron el derecho de permanecer cubiertos en sala (quien haya hecho la mili sabe que no quitarse el sombrero al entrar a lugar cubierto es una grave falta de educación) privilegio este que a los abogados encolerizó.

Jueces, fiscales y abogados se sientan en España en estrados a la misma altura y eso no es así por casualidad. La igualdad de las partes, incluso en dignidad, se visibiliza así ante el administrado con toda la fuerza que dan los hechos. Es verdad que luego, costumbres corrompidas y poco edificantes, parecen empeñarse en sacar al administrado de su error.

Hoy, en Valencia, han vuelto a tocarle los birretes a los abogados, ningún funcionario juez ni fiscal pasará por el arco de seguridad de entrada a la Ciudad de la Justicia pero los abogados sí (descúbrase abogado). Quien haya sido la cabeza pensante de esta medida ha demostrado ser tan ajeno al espíritu que preside (o debiera presidir) los procesos en España como lo es la comida basura a la gastronomía.

O todos nos cubrimos o todos sin sombrero, o todos pasan o los abogados tampoco pasan, la batalla por la justicia la han peleado los abogados en España desde lo más hondo del alma al último vuelo de la toga, desde el birrete en la cabeza a la altura en estrados.

Si la abogacía institucional no arregla inmediatamente este asunto las consecuencias no se harán esperar.

Los oficios de dios

Dice el Génesis (1:26) que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza aunque tengo para mí que la cosa fue al revés y quien creo a dios a su imagen y semejanza fue el hombre.

El ser humano empezó viendo a dios con tanta frecuencia en la naturaleza que casi cada cosa tenía su dios: el árbol, el búfalo, la fuente… Con un sinfín de dioses el hombre fue tirando durante milenios y según abandonaba su status de cazador-recolector fue haciendo disminuir el número de dioses a adorar: en la Atenas clásica ya no adoraba a un dios para cada cosa sino que les reservaba tareas, digamos, más abstractas: ahora tenía dioses para el amor, la guerra, la muerte, la belleza…

Con las grandes religiones monoteístas se resolvió la hiperabundancia de dioses pero la historia se encargó de ir adecuando sus trabajos a las necesidades humanas. Así, mientras que en el momento de escribirse el Génesis el oficio de Dios era verdaderamente prolijo y hubo de ir creando una por una todas las cosas llegando incluso a ejercer de alfarero para crear al hombre y a la mujer; con el Imperio Romano y Bizancio adoptó visos de basileus y convirtió el cielo en corte celestial. Avanzó el tiempo y con Newton y su universo determinista ya no tuvo necesidad de crear las cosas una por una sino que le bastó con enunciar las leyes físicas que movían al universo para hacerlo funcionar y, en nuestros días, su función creadora va poco más allá de definir las ecuaciones que gobiernan el universo que conocemos. Hemos reservado a dios un puesto de supremo programador del universo.

Esta variabilidad de las tareas divinas en función de los descubrimientos científicos más recientes no es exclusiva del concepto de dios sino que se extiende a otros muchos ámbitos. Por ejemplo, mientras el cielo de los judíos —habitantes de un país seco— era un huerto con frutales, para algunos escandinavos era un cerdo que nunca se consumía por más filetes que se le cortasen, para los musulmanes ya lo saben ustedes y supongo que, para un milenial, el cielo será una especie de sofisticada experiencia de realidad virtual.

También las organizaciones humanas han caído en esta correlación: si para los bizantinos la corte del emperador era un trasunto del reino de dios (a su vez copia de la corte), tras la Ilustración las organizaciones eran relojes que funcionaban con precisión newtoniana (Timon Cormenin) y tras la revolución industrial máquinas bien engrasadas. En la actualidad las buenas organizaciones tienden a ser imaginadas como redes y, en general, seguimos haciendo de dioses, cielos y organizaciones, metáforas de nuestros últimos avances tecnológicos.

En el fondo quizá nosotros mismos no escapemos a ese fenómeno y resulte que las tecnologías que vamos adquiriendo nos vayan modificando, aunque, bien mirado, esto último es una pura obviedad.

Diseño inteligente

Discuten en Estados Unidos sobre la veracidad de la Teoría de la Evolución y en ciertos estados tratan de compaginarla con una supuesta teoría del diseño inteligente. Tal empeño causa hilaridad entre el mundo científico.

La realidad es que la naturaleza operó mediante selección natural durante millones de años premiando el éxito reproductivo de los individuos y esto fue así hasta que el ser humano evolucionó lo suficiente para inventar el diseño inteligente mediante la selección humana. En lugar de permitir que la naturaleza premiase a los individuos que más se reproducían el ser humano decidió premiar con una mayor reproducción al tipo de individuos que más le convenía a él. Así cruzó las vacas más pacíficas y que más carne producían con los machos más domesticables y con mayores carnes; fue así seleccionando según sus necesidades los animales que él necesitaba como especie sustituyendo a la naturaleza con tal éxito que, a día de hoy, los animales domésticos superan en más de cinco veces a sus homólogos salvajes.

Gracias a esta selección el ser humano creó formas animales tan distintas como un San Bernardo y un Chihuahua o como una vaca o un toro de lidia. Porque el ser humano no sólo ha usado el diseño inteligente para sus necesidades básicas sino para su diversión y entretenimiento. A través de este diseño inteligente el ser humano ha ido premiando unos genes en detrimento de otros; ahora, con la posibilidad de manipulación genética, esta capacidad del ser humano para el «diseño inteligente» ha permitido insertar, por ejemplo, genes de medusas luminiscentes en el código genético de conejos. «Alba» es el nombre del primer conejo fluorescente y dejo al criterio de quien esto lea calificar el experimento como «arte», «diseño inteligente», «experimento científico», «monstruosidad» o cualquier otro adjetivo que prefiera.

Buenos días de domingo.

Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

¿Hay muchos abogados en España?

La afirmación de que en España hay demasiados abogados reaparece con extraña regularidad en las noticias; sin embargo, esta especie de serpiente de verano jurídica, ni es una novedad ni, hasta la fecha, la he visto apoyada sobre un estudio serio y que tome en cuenta todos los parámetros necesarios —no siempre económicos— que deberían ser considerados antes de efectuarla.

Sí, la afirmación de que «hay demasiados abogados», es un tópico clásico de la civilización occidental en relación con nuestra profesión que se repite cíclicamente; de hecho creo que, en los más de treinta años que llevo ejerciendo, nunca he dejado de escucharla.

Las quejas sobre el exceso de abogados fueron corrientes ya en la Inglaterra y en los Estados Unidos de 1840, por ejemplo; también en la Alemania de la primera década del siglo XX; en Australia, Canada, los Estados Unidos y Escocia en la década de los ochenta del siglo pasado…, etc.1 No estamos pues ante una afirmación novedosa ni que responda a criterios científicos, pues parece válida para cualquier tiempo y lugar. Esta afirmación, más que con consideraciones económicas o jurídicas, parece tener que ver con ciertos lugares comunes negativos que la sociedad suele tener sobre la profesión de abogado.

La afirmación, además, no suele ser neutra ni imparcial y, cuando se hace, es bueno analizar cuidadosamente las características de su emisor pues puede que la misma, lejos de ser un diagnóstico de una situación real, no sea más que un ardid o engaño para arrimar el ascua a su sardina o, como más elegantemente dicen los abogados, sea un simple argumento «pro domo sua».

Reducir el número de abogados en el mercado es bueno, en primer lugar, para quienes ya están suficientemente establecidos en él: una menor oferta hace subir los precios y por ende los beneficios. ¿Alguien cree que detrás del endurecimiento de los requisitos de acceso a la abogacía no se esconde una porción de ese deseo de reducir la oferta de letrados con la vista puesta en una mayor cuota de mercado para los ya establecidos?.

Reducir la oferta de letrados, en segundo lugar, es bueno para quien desee reducir o recortar los derechos de la ciudadanía. Los abogados facultan a los ciudadanos para defender sus derechos individuales frente al poder (los «empoderan» que diría algún moderno); cuanto más caro o difícil sea acceder a un letrado tanto más complicado será oponerse a un abuso o restricción de derechos2. Toda la batalla que los bancos están dando ahora en relación a las costas sólo tiene un sentido: hacer antieconómico para letrados y clientes reclamar por las cláusulas nulas en los casos de pequeña cuantía de forma que los bancos puedan lucrarse impunemente por sus abusos-masa. Alejar los juzgados de los administrados (juzgados únicos provinciales hipotecarios) tiene el mismo efecto: encarecer para el ciudadano y su letrado el procedimiento y favorecer el enriquecimiento abusivo de los bancos; del mismo modo colapsar deliberadamente esos juzgados prolonga en el tiempo los procedimientos y disuade al consumidor. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan?

Reducir la oferta de letrados favorece, en tercer lugar, el control de la independencia real de los letrados. Si la abogacía, en lugar de estar compuesta por un 85% de letrados independientes, lo estuviera por tan sólo doscientos o trescientos grandes bufetes para quienes trabajasen el 85% de los abogados, tengan por seguro que procedimientos como el de las cláusulas suelo serían muchísimo más difíciles pues, en la generalidad de los casos, estos despachos tendrían como cliente principal a alguna gran corporación o banco que dificultaría que el despacho trabajase con la deseable independencia en contra de sus intereses.

En realidad el número deseable de abogados tan sólo está en relación con un indicador: el número de injusticias que se cometen en un país. El trabajo de los abogados es remediar injusticias y su número será mucho o poco tan sólo en función del número de injusticias que se hayan de remediar.

Para tener una idea aproximada veamos las tasas de litigiosidad en España y pongámoslas en conexión con el número de abogados ejercientes.

Conforme a las estadísticas publicadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) la tasa de litigiosidad (casos ingresados por cada mil habitantes) en la jurisdicción civil es de 47,7 casos. Si tal afirmación es cierta eso supondría aproximadamente un total de 150.000 casos civiles anuales ingresados y, si consideramos que todos esos casos fuesen simples casos de juicios verbales en los que tan sólo pudiese cobrar el abogado el mínimo imprescindible, resultaría que la facturación estimada de tal mercado estaría en torno a los 1.600 millones de euros y esto en el caso más restrictivo pues ustedes saben que no solo de procedimientos verbales de ínfima cuantía vive el hombre. Si dividimos el mercado civil así considerado (juicio verbal, cuantía ínfima, un solo letrado por caso ingresado) entre los 150.000 letrados teóricos de España a cada uno corresponderían unos ingresos de 10.000€. Parece poco pero es que hemos calculado en las peores condiciones, incluso considerando que en un juicio sólo hay un letrado (lo racional sería duplicar esos diez mil euros).

Ahora bien, si la tasa de litigiosidad civil es de 47.7 casos, la tasa de litigiosidad penal es de ¡67,5!, punto este en el que les dejo a ustedes calcular el tamaño mínimo del mercado en euros. En lo Contencioso la tasa es de 4,5 y en Social de 8,7.

¿Sobran abogados? Pues… a juzgar por las cifras crudas, en un primer vistazo parece que no, aunque, claro, nunca hay mercado que soporte una intervención insidiosa. Veámoslo.

Una forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados es proclamar un amplio derecho a la justicia gratuita que alcance a grandes capas de la población y luego pagar esos servicios a 2€/hora, por ejemplo. Si se hace esto se está operando sobre el mercado forzando una bajada artificial de los precios de los servicios sin que la CNMC parezca tener nada que decir al respecto en este caso. Pagar con justicia a los abogados de oficio no es sólo una exigencia de los abogados de oficio sino una demanda irrenunciable de la abogacía independiente si quiere poder sobrevivir.

Otra forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados y contraer el mercado es alejar las sedes judiciales del lugar donde viven los ciudadanos. Tal alejamiento encarece los servicios para los ciudadanos pues los letrados, necesariamente, habrán de minutar los gastos de desplazamiento mientras, bancos y empresas grandes, verán cómo sus gastos se reducen al litigar en el foro donde suelen tener sus despachos: la capital de provincia. Esta maniobra de concentración de juzgados es quizá una de las más siniestras estrategias de los diversos gobiernos para cercenar los derechos de los consumidores, para favorecer a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos y para atentar contra la independencia judicial, pero todo eso para dos o tres posts. Simplemente permítanme dejar aquí anotado este efecto pernicioso para el mercado de servicios jurídicos.

La política de costas es otra forma eficaz a través de la cual el poder restringe el acceso a la justicia. Siempre favoreciendo a bancos y grandes empresas (las costas en los procesos ejecutivos o hipotecarios se embargan desde el primer día) los poderes públicos se han protegido en la jurisdicción contenciosa con un estricto sistema de costas mientras los bancos —y de forma siniestra la propia abogacía— buscan cómo modificar las costas en la jurisdicción ordinaria en su beneficio y en perjuicio de los consumidores.

Así pues ¿sobran abogados?. No deberían sobrar pero, si no tomamos en nuestras manos las riendas de la situación y corregimos los abusos que desde el poder se están llevando a cabo contra la abogacía, pronto sí que sobrarán y sobrarán muchos. Las artificiales condiciones del mercado hacen que, en tanto que hay un importante incremento en la demanda de servicios jurídicos, el precio de los mismos caiga fortísimamente, una paradoja que convendría estudiar seriamente.

Por el momento baste señalar que la afirmación de que «hay muchos abogados» debe ser tomada a beneficio de inventario pues no se apoya en ningún estudio serio, debe señalarse también que que el estado interviene en los precios a través de su política de justicia gratuita, de planta judicial, de costas judiciales, de forma que sienta las bases para hacerle un ERE de dimensiones inauditas a la abogacía independiente en favor de la abogacía negocio.

Mientras la abogacía independiente está en peligro de muerte el Consejo General de la Abogacía Española se reúne de urgencia elndía 7 en pleno monográfico para hablar del control horario en los despachos y de la postura contraria al mismo de los grandes despachos y del propio CGAE. Nada de turno de oficio o de precarización de la profesión, lo urgente es defender los intereses de los grandes despachos.

Yo que tú no dejaría mi futuro en sus manos y me organizaría.


  1. Abel, England and Wales, 37; Gerald W. Gawalt, “Sources of Anti-Lawyer Sentiment in Massachusetts, 1740–1840,” in Essays in Nineteenth-Century American Legal History, ed. Wythe Holt, 624–648 (Westport, CT: Greenwood Press, 1976), 624–625; Blankenburg, 127; Weisbrot, 246; Arthurs, 128; Marc Galanter, “Predators and Parasites: Lawyer-Bashing and Civil Justice, ” 28 Ga. L. Rev. 633, 644–648 (1994); Stephen D. Easton, “Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,” Wall Street Journal, 27 November 1984; Gerry Spence, With Justice For None: Destroying An American Myth (New York: Times Books, 1989), 27–40; Paterson, 76; todos ellos citados en wikipedia, bajo la voz «Lawyer». ↩︎
  2. Stephen D. Easton, “Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,” Wall Street Journal, 27 November 1984. Este artículo refuta la queja generalizada de que hay demasiados abogados en los Estados Unidos, señalando que, en aquellos países donde hay menos abogados, como Japón, a los demandantes les resulta virtualmente imposible llevar adelante con éxito sus reclamaciones simplemente porque el número de letrados es insuficiente. El artículo señala que incluso los casos de muerte por negligencia con pruebas claras de culpa pueden prolongarse durante décadas en Japón (¿les suena?). Por lo tanto —concluye el autor— cualquier reducción en el número de abogados resultaría en una reducción de la aplicación de los derechos individuales. ↩︎

Unidades didácticas

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la instintiva sensación de que pretenden engañarme. ¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que me explique. Cuando yo era niño, además de la asignatura de «Unidades Didácticas» que da nombre a este post, formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del espíritu nacional». A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaban particularmente curiosas aquellas organizaciones que el régimen llamaba «sindicatos».

Los sindicatos del franquismo a mí me resultaban particularmente sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iba a reclamar un sindicato de esos un aumento de sueldo para los trabajadores, pero lo cierto es que así era, aunque es verdad que ya funcionaban en la semiclandestinidad e incluso a veces incrustadas en el propio sindicato vertical (así llamaba el franquismo a este tipo de sindicatos) las Comisiones Obreras; el sindicato que hoy conocemos.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores y sí solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Esa reunión de trabajadores tenía unos efectos jurídicos parecidos a los de algún reciente «congreso» de la abogacía. Perdónenme, son recuerdos y me desvío del tema.

Aquella democracia «orgánica» y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hoy leo en la prensa que el Consejo General de la Abogacía se va a reunir de urgencia para estudiar la ley que obliga a controlar el horario en la jornada laboral de los trabajadoresy, como por arte de magia, la idea y el recuerdo de los sindicatos verticales me ha vuelto a la memoria, pues ¿por qué tendría que opinar nada CGAE en ese punto?

La ley de control horario se ha establecido para que no se explote a los trabajadores haciéndoles prestar interminables jornadas llenas de horas extra; medida esta que, a priori, favorecería a los más de 7.000 abogados que trabajan para los poco más de 250 grandes despachos que hay en España.

Dado que esos 7.000 abogados pagan sus cuotas religiosamente en sus colegios y en la misma cantidad que los accionistas de los 250 despachos ¿con quién o contra quién debiera posicionarse CGAE?

CGAE ya ha dejado ver en el simulacro de congreso de Valladolid que se opone a la ley y apuesta por los empleadores y, si lo hace así, ¿quién defenderá entonces a los empleados, tan abogados colegiados como sus jefes y aun mayoritarios numéricamente?.

CGAE parece que no se harta de pretender ser el bebé en el bautizo y el muerto en el entierro, ha decidido ahora ejercer de sindicato vertical y no les extrañe que, si alguien protesta por su decisión, le acusen, en el más rancio estilo verticalista, de tratar de romper la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es lo que hacía el viejo sindicato vertical; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si esta, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Por eso, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle: ¿Unidad en torno a qué? Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Las demandas de estos abogados trabajadores son perfectamente
canalizables a través de los sindicatos (¿para cuando sindicatos de abogados como en Francia?) y las demandas de sus empleadores tienen su cauce en las asociaciones patronales pertinentes. ¿Qué pinta CGAE en este entuerto? ¿Pretende ejercer de sindicato vertical? ¿Por qué se
posicionó ya en Valladolid, sin pleno ni nada, a favor de los 250 y en contra de los 7.000?

Miren, los colegios nacieron con unas funciones de control deontológico y prestación del turno de oficio muy meritorias. Son esas dos funciones su razón de ser y no esta cabalgata de ferias, fiestas, saraos, contratos, convenios, viajes y dietas que vivimos con continuidad. Los colegios ni la organización colegial fueron creados para eso sino para cumplir sus funciones estatutarias. La unidad es perfectamente mantenible en tanto en cuanto la organización colegial cumpla sus obligaciones estatutarias, en el resto pedir unidad puede incluso ser una traición a los propios principios. Los despachos/negocio o los empresarios tienen una visión diametralmente opuesta a la de de los despachos independientes o los abogados asalariados ¿de qué unidad estamos hablando aquí?.

Puede haber unidad, sin duda, en cuanto a la prestación de la función deontológica o de organización del turno de oficio de los colegios; pero ni puede haberla, ni es bueno que la haya, ni la va a haber entre el criterio de los 7.000 abogados trabajadores y sus 250 bufetes empleadores. Unidad si pero coartadas no: las unidades se forjan en torno a las ideas, no a las personas, y hasta ahora muy pocas ideas he visto en CGAE que merezcan adhesión y sí muchos —demasiados— hechos censurables. Si CGAE se gasta un millón de euros en un Congreso que no cumple con lo ordenado por el propio Estatuto General de la Abogacía, que no pida unidad, porque pedir unidad ahí es
pretender complicidad. Si CGAE ovaciona ministros que no pagan el
turno de oficio, que no pida unidad porque, al menos yo, no voy a aplaudir ni festejar a quien maltrata a mis compañeros. Por eso, tengan cuidado cuando alguien les pida «unidad» porque, muy
probablemente, tras engañarle lo que le está pidiendo es que se calle.

La unidad, que puede ser un valor, en manos de la mafia es omertá y en manos de algunos dirigentes es coartada; por tanto, cuidado con ella y cuando le pidan unidad pregunte usted: ¿en torno a qué?.

Creo que ningún llamamiento a la unidad me enseñó tanto como aquellos llamamientos a la «unidad» que se hacían desde los sindicatos verticales por aquellos ministros. Llamar a la unidad cada vez que alguien reivindicaba algo era una ilustración perfecta de esto que les cuento, tanto que creo que justamente tañes llamadas a la unidad fueron «las auténticas unidades didácticas» del régimen.


  1. Según el barómetro interno de la
    abogacía de 2015
    , los llamados «grandes despachos» emplean a unos
    7.000 abogados y sólo una decena supera los 250 letrados en plantilla.
    En España hay actualmente casi 150.000 abogados y, además, otros
    100.000 colegiados no ejercientes. Esta es una profesión muy plural,
    pero en la mayoría de los casos, el 71 por ciento, estamos hablando de
    despachos unipersonales o, como mucho, compartidos con otros
    compañeros. ↩︎