Es la pregunta de todos los años: ¿hay demasiados abogados en España?. Cada vez que los profesionales de la abogacía experimentan dificultades una de las primera hipótesis que se formulan es la de que hay demasiados abogados en España; los gobiernos hacen leyes declaradamente para reducir el número de abogados en España y cuando se ofrecen datos sobre el número de profesionales suelen seleccionarse los resultados (cherry picking) a fin de abonar las tesis de quien realiza la afirmación.

Pero ¿qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿qué nos dicen los datos?.

Me he tomado la molestia de recopilar los datos que nos ofrecen diversas fuentes para confeccionar la siguiente tabla donde, en la columna 1 se contiene la relación de países considerada por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) y se anota en cada uno de ellos el número de abogados existente por cada cien mil habitantes (columna 2), el número de jueces existentes por cada cien mil habitantes (columna 2), el PIB del país expresado en miles de millones de dólares (columna 3) según el «World Factbook» elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el índice democrático (columna 4) que otorga la Unidad de Inteligencia de «The Economist» y el PIB per capita de ada país de acuerdo con el ya mencionado Factbook de la CIA.

Antes de ninguna otra consideración les dejo con la lista «en crudo».

Ordenada la lista según el número de abogados existente en cada país la primera sorpresa es que el número de abogados existente en cada uno de ellos no parece responder al resto de los parámetros considerados, ni el mayor o menor número de jueces, ni el PIB per cápita, ni el índice democrático de un país parecen guardar relación alguna con el número de abogados y así un país como Israel, con un PIB per cápita similar al español, más que dobla la media de abogados de España. Sí parece observarse una tasa similar de abogados en los países del Mediterráneo (Italia, Grecia, España…) pero también en países muy alejados como Islandia o el riquísimo Luxemburgo. Inglaterra, Gales y Escocia presentan una tasa muy similar de abogados a la que presentan todos los países anteriores.

Tampoco existe una correlación en la otra parte de la tabla pues, entre los países con menos abogados (por debajo de 100 abogados por cada cien mil habitantes) abundan los países pobres (Albania, Moldavia, Armenia…) pero también los hay riquísimos (Finlandia, Mónaco, Austria).

En la tabla sí aparecen otras correlaciones pero que, aparentemente, nada tienen que ver con el número de abogados o de jueces que haya en un país. La más evidente es la clara correlación existente entre PIB per cápita e Índice democrático, lo que sugiere que, o bien los países más ricos son más democráticos o que los países más democráticos son más ricos sin que correlación implique causalidad y sin que podamos formular más que conjeturas acerca de cuál es la causa o cuál la consecuencia.

Veamos la tabla anterior ordenada en sus 20 primeros países según el índice democrático atribuído a cada uno de ellos.

La tabla, ordenada según el PIB per cápita ofrece pocas variaciones y son pocos los países que entran o salen del «top 20» de los países considerados por el CEPEJ. Eso sí, si observamos la media de abogados por país existente en este «top 20» podemos constatar que la misma se situa en 212 y 231 abogados por cada cien mil habitantes lo que, ciertamente, está mucho más cerca de la media española de lo que puede parecer.

Una vez repasados los datos lo primero debemos recordar es que, en las sociedades democráticas, es el mercado el que regula nos niveles de oferta y demanda y que, cualquier afirmación del tipo «hay muchos (o pocos) abogados» es una afirmación tendente a modificar el mercado que debe reputarse, prima facies, como inadmisible salvo prueba en contrario.

En segundo lugar la disparidad de los datos es tal que nos lleva a pensar en que las métricas para el cómputo de los profesionales de la abogacía difieren notablemente de un país a otro e incluso nos lleva a pensar que en casos como el de España se están produciendo datos que no son homologables con las realidades de otros países.

Así pues, con los datos recopilados, no puede concluirse de ningún modo que en España hayan muchos (o pocos) abogados.

Con los datos existente sólo se pueden efectuar afirmaciones ingenuas del tipo de que en España hay un número de abogados similar a los de Inglaterra, Irlanda o Islandia, o tres veces más abogados que en Francia o la mitad menos que en Israel; pero lo que NUNCA puede afirmarse es que en España existan muchos o pocos abogados. A los profesionales de la abogacía siempre les parecerán «muchos» (son su competencia y preferirían menos) y a quien busque un abogado especialista es muy probable que le parezcan «pocos» (preferiría una mayor oferta y un menor precio) pero esto es normal y no es peligroso. Lo que sí es peligroso es que desde un ministerio o desde una gran firma de abogados se realice ese tipo de afirmación pues, no les quepa duda, lo que se pretende es modificar la asignación de oferta y demanda que ha realizado el mercado en beneficio de un interés particular.

Guárdate de aquellos a quienes oigas decir eso.