El Consejo General de la Abogacía Española elabora sus normas de forma muy parecida a como los delincuentes cometen sus fechorías: en secreto y a espaldas de sus afectados.

Cuando durante el ¿Congreso? de Valladolid se anunció la existencia un nuevo Código Deontológico, el tal Código llevaba ya un tiempo aprobado sin que, por supuesto, en su elaboración se permitiese participar a nadie que no perteneciese al selecto club del búnker de Recoletos ni, tampoco, se diese información alguna —los debates son secretos siempre en esta congregación— sobre los debates habidos en el ominoso sótano madrileño.

Ahora vuelven a la carga con su deseo de aprobar un «nuevo» estatuto de la abogacía que fue redactado en 2013 (por supuesto a espaldas de la abogacía y con los secretos de costumbre) y que, desde entonces, ningún ministro se ha atrevido a aprobar por malo.

Pero ahí siguen los de Recoletos dando la turra con el «nuevo» estatuto de la «abogacía»; y ustedes comprenderán que use de las comillas cuando llamo «nuevo» a un texto de 2013 y de la «abogacía» a un proyecto redactado a espaldas de los abogados y abogadas de España.

Ahora pretenden también modificar la ley de asistencia jurídica gratuita, y pretenden hacerlo como siempre: en secreto y por la espalda.

El ministro, que, de momento, se encuentra encantado, debiera saber una cosa: que si apoya este tipo de conductas es mucho más que probable que, a no tardar mucho, haya de enfrentar problemas que no espera. No han pasado cien días, está aun a tiempo.

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