Cuarenta y nueve justos

Ni cincuenta ni cuarenta y ocho, cuarenta y nueve justos son los profesionales a los que el ministro de justicia acusó de tratar de aprovecharse de los fallos de LexNet —después de que estos fuesen reparados— para tratar de introducirse en buzones ajenos y fisgar documentos que no eran suyos. Esto dijo el ministro en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 31 de agosto y no veo que nadie, desde la abogacía o la procura, hayan respondido a día de hoy a esa infamia como esa infamia merece.

Digámoslo en corto: el ministro mintió. Mintió de la forma más peligrosa y pérfida que existe y es mezclando lo real con lo imaginado y esto, a su vez, con con lo sencillamente inventado o falseado. En su intervención ante la Comisión de Justicia el ministro dio un auténtico recital de esta forma de faltar a la verdad y en esta infamia de que les hablo no lo hizo de manera diferente.

Veámoslo.

Fue el propio ministro, en su comparecencia, el que nos comunicó que, tras la reparación de LexNet, se produjeron cuarenta y nueve intentos fallidos de entrar en cuentas que no eran las propias del usuario que pretendía acceder. Esta afirmación es la única parte de su argumentación que podría ser cierta si los «logs» del sistema corroborasen la veracidad de la misma, el resto es pura basura, bullshit, caca de la vaca o vómito bilioso.

Porque de esta verdad posible el ministro extrajo la conclusión más improbable —que quienes realizaron accesos fallidos trataban de cometer un delito— para luego presentar esta conclusión improbable como verdad inconmovible: «cuarenta y nueve profesionales de la justicia intentaron acceder a documentos de otros».

Vayamos por partes.

LexNet había estado desconectado por fallos de seguridad, de forma que, cuando el gobierno volvió a conectarlo, la primera pregunta que todos los profesionales se hicieron fue: ¿estará arreglado de verdad?. Aquellos profesionales que no llegaron a enterarse de la naturaleza del problema volvieron a usar el sistema sin despejar la duda de si funcionaba correctamente o no, aquellos que disponían de algún conocimiento sí hicieron lo que cualquier persona prudente haría: comprobar si efectivamente lo habían arreglado. Esta comprobación, ciertamente, deja el aviso de un intento de acceso indebido —si el sistema está efectivamente reparado no hay miedo de que se produzca— pero en absoluto puede suponerse que la misma tiene por objeto fisgar en documentos ajenos. Es más, dada la naturaleza del fallo, resulta imposible que ninguno de estos «forty-nine testers» pudiesen acceder a la cuenta de nadie que a ellos les interesase porque, como dijo el Ministro también y esto demuestra que sabía que faltaba a la verdad, el identificador que era la clave del problema ni hacía referencia al DNI, ni al número de colegiado, ni a ningún parámetro que permitiese establecer una relación entre el mismo y un profesional concreto.

Por tanto, presentar a estos «forty-nine testers» como unos malvados que pretendían hacerse con los documentos de otros compañeros es una hipótesis que parece construida con el exclusivo fin de arrojar basura sobre unos profesionales desconocidos y para distraer la atención del gran público sobre el verdadero objeto del debate: la incompetencia del reprobado ministro compareciente y la inidoneidad del sistema por él impuesto. Un truco político tan viejo como sucio.

Y no, sé lo que están pensando y lamento decepcionarles, yo no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos», de forma que no es este un artículo en el que yo tenga ningún interés personal; es cierto que yo di cuenta al ministerio del fallo de seguridad, pero cuando el gobierno anunció que estaba reparado simplemente les creí y no hice lo que un profesional prudente habría hecho: comprobar que decían la verdad. Gracias a eso no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos» a quien el Ministro eligió llenar de basura para desviar la atención de todos. Afortunadamente este tipo de añagazas no sirven entre los profesionales y acaban volviéndose contra el que las maquina: antes o después y tras los procedimientos pertinentes la abyección ministerial será tan oficial como es evidente ahora y sólo quedará de todo esto un rastro de oprobio para él.

Por cierto, hoy hace tres años que dimitió Alberto Ruíz Gallardón, anterior ministro de justicia, pero no sin antes autoconcederse —por su puesto, por supuesto— todas las condecoraciones que tuvo a bien y fue capaz. El soberbio hijo de papá que impuso a los españoles unas infames tasas judiciales y pretendía instalar una abyecta planta judicial, que acabó definitivamente con la independencia del CGPJ e impuso un autocrático estilo de gobierno, hace ya tres años que abandonó el cargo con oprobio y ahora está en casa y cada vez más peligrosamente cerca de enfrentar responsabilidades penales en el caso Lezo.

Los abogados seguimos aquí, la Brigada sigue aquí y Alberto Ruíz Gallardón ya sólo es una mala pesadilla del pasado. Escucha, Catalá. Shemá Rafael.

Lo siento pero no puedo ir

Acabo de recibir la invitación que ven en la fotografía y sospecho que muchos otros decanos y consejeros del CGAE también la habrán recibido.

Acabo de responder a tan amable invitación: no puedo ir.

A día de hoy el ministro invitante no ha pagado a los abogados de oficio de la llamada «Zona Ministerio»2 ninguno de los servicios que han prestado desde abril de este año; es decir, que los abogados llevan trabajado medio año sin ver ni un euro de la miserable retribución que les tendría que pagar el ministro anfitrión. Comprenderán que no pueda ir a aplaudir ni felicitar a quien es responsable de que mis compañeros y compañeras no cobren lo que se les debe. No es ningún desaire, créanme, es que no puedo.

A día de hoy, igualmente, los abogados que trabajan en el turno de oficio en la «Zona Ministerio» no son solo de los que más tarde cobran sino que, además, son los peor pagados de España. 3 Uno pensaría que un ministro que es patriota de palabra lo habría de ser también de obra y que uno de sus más intensos deseos sería sin duda demostrar por la vía de los hechos lo que predica de palabra: que, juntos, los españoles funcionamos mejor que por separado y que de la unión de todos sólo pueden desprenderse ventajas. Pues bien, el patriotismo del ministro celebrante en este punto es tan solo verbal, pues la realidad es que los abogados que dependen del gobierno central —de su gobierno— son los peor pagados de España. Tarde y mal: comprenderán que no pueda ir.

Y estas serían, tan sólo, las dos primeras de una larguísima lista de razones que me dicen que no puedo aceptar tan amable invitación y que no debo —no puedo— ir.

El ministro de justicia Rafael Catalá Polo ha invitado a la abogacía institucional a su toma de posesión, un acto protocolario donde el guión exige que los presentes feliciten y aplaudan a su anfitrión en fasto tan señalado para él. Desplazar hasta el Palacio de Parcent en Madrid a todas esas personas un día laborable no es cosa baladí pero, sin duda, su presencia dará una pátina de lustre a un acto por otra parte absolutamente huero.

Estoy dispuesto a ir a Parcent si es para hablar de la manera de pagar de forma inmediata a los abogados de oficio; estoy dipuesto a ir a Parcent si es para negociar una subida de las miserables retribuciones que ahora se pagan a los abogados de oficio; estaría dispuesto a ir a Parcent a hablar de cualquier de los problemas que aquejan a la justicia en este momento si es que al ministro le interesase —cosa que dudo— mi opinión. Lo que no voy a ir a Parcent es a aplaudirle, ministro, al menos mientras usted no pague a compañeros que, cada uno, vale lo mismo que usted y que juntos valen muchísimo más que usted. Creo que comprenderá que en estas condiciones no vaya, entiéndalo, no es que no quiera, es que no puedo ir.

Sé que muchos otros sí irán: están en su derecho. Lo que sí que agradecería infinitamente es no tener que sufrir el oprobio de ver a la abogacía institucional, convertida en el caro atrezzo4 de un prescindible acto social, aplaudiendo a quien, mientras invita a consejeros y decanos, mantiene sin cobrar a los abogados a quienes ellos deben representar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera: entenderé todas las posturas, pero, particularmente, yo agradecería que no me hiciesen sentir ese oprobio.

Por lo demás, ministro, cuando quiera me vuelve a invitar. Si es para tratar de temas serios esté usted seguro que acudiré; no hay nada personal en esto.


  1. «CGAE» es el acrónimo del Consejo General de la Abogacía Española, corporación profesional de derecho público que agrupa a los colegios profesionales de abogados de España. ↩︎
  2. «Zona Ministerio» es la expresión con que en el argot judicial se designa a las comunidades y ciudades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y que por tanto dependen del Ministerio de Justicia en este ámbito y en el del pago del turno de oficio. La «Zona Ministerio» está compuesta por los siguientes territorios: Islas Baleares, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla. ↩︎
  3. Para tener una idea muy aproximada de cuánto cobran los abogados de oficio de España según el territorio en que trabajan puedes consultar esta página: «Así va el turno». ↩︎
  4. «Atrezzo», del latín attrectare: manipular, manejar, torcer y retorcer… ↩︎