Transparencia y CGAE: un puedo y no quiero.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española no quiere que los abogados que le pagan dietas y gastos sepan ni cuánto le pagan ni qué gastos le pagan. Podría decirlo pero, como los acusados que se acogen a su derecho a no declarar, ella se acoge a que esos gastos y dietas son «privados» —no son de derecho administrativo— y que, por lo tanto, no tiene por qué decirlo. Y no lo dice.

Puede, pero no quiere; se los lleva, pero no quiere contarlo; dame tu dinero y no preguntes qué hago con él. Esa es la transparencia de Victoria Ortega.

En un país donde un ciudadano puede conocer exactamente y al momento cuánto gana el alcalde o un concejal de su pueblo los abogados y abogadas NO pueden conocer qué parte del dinero que pagan se lleva la presidenta.

Ella podría decirlo, pero no quiere, prefiere afirmar que tiene derecho a guardar silencio. Y lo guarda.

Su silencio y los silencios de quienes, debiendo hablar, callan, dañan a las institución colegial mucho más de lo que soñarían sus peores enemigos.

Para camuflar su silencio los callantes hablan de «conspiraciones», de «campañas», de que «todo está claro» y se muestran particularmente locuaces en manifestar cualquier cosa que no sea lo que se les pregunta: cuánto se lleva en dietas la presidenta y qué gastos se le pagan.

Si, a partir de ahora, les escuchas hablar y pregonar su adhesión incondicional a la líder, sólo pregúntales una cosa: ¿cuánto se lleva esta en dietas y gastos? Si no te responden a eso ya sabes que sólo están haciendo ruido para que no se escuche la pregunta.

La presidenta puede y no quiere, esa es la verdad. La presidenta, entre la transparencia y la opacidad, ha elegido dañar a la abogacía.

Captura de pantalla del diario «El Confidencial».

¿Condecoraciones o trampas al solitario?

Hace unas semanas el diario «El Confidencial» publicaba que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) alquilaba con el dinero de todos y para uso de la Presidenta un piso en Madrid que era propiedad de una empresa de la que era administrador, curiosamente, un Decano también miembro del CGAE.

En medio de una importante bronca por la absoluta opacidad de CGAE en cuanto a la forma en que se reparten las dietas sus componentes salió a la luz también que, este decano y esta presidenta, formaban parte de órganos directivos de la Mutualidad Ceneral de la Abogacía, razón por la cual, además de las ocultas dietas de CGAE, se embolsaban cada uno un mínimo de 30.000€ anuales más.

Todos estos cargos no exigen demasiado esfuerzo de forma que son compatibles con el ejercicio profesional y cualquier otro trabajo de los perceptores de las dietas.

¿Cuánto percibían ambos de CGAE en concepto de dietas y gastos? ¿A cuánto ascendía el alquiler del piso que le pagábamos todos? Nadie quiso responder a eso y la única respuesta que acertaron a dar desde los equipos de comunicación de CGAE —también pagados por nosotros— fue la de que «todo era una campaña de desprestigio», tesis conspiranóica que recuerda los peores momentos de la corrupción en España.

La organización colegial en España es un pilar fundamental para defender los intereses de la abogacía, sobre todo de la más desprotegida y, sin embargo, en los ya muy largos últimos años, está ofreciendo un electroencefalograma plano en este aspecto. Perdida en un mar de actos sociales, congresos, cursos y conferencias donde premiar adhesiones, el órgano superior de los colegios de España parece haber olvidado sus funciones estatutarias y haber perdido toda capacidad combativa para entregarse a un frenesí de postureos sin trascendencia para los abogados y abogadas que, mayoritariamente, integran la profesión.

Como ilustración de todo esto, esta misma semana y sin que aún se hayan apagado los ecos del escándalo de opacidad del alquiler del piso, el decano arrendante ha condecorado a la presidenta —inquilina gracias al dinero de todos— como colegiada de honor (o algo así) por los servicios prestados desde todos sus cargos que, a lo que se ve, son y han sido muchos.

Yo no sé si se dan cuenta de la penosa imagen que ofrecen ni de que esos premios y condecoraciones que se conceden, lejos de decorar ni con-decorar, lo que hacen es afear la conducta de quienes debieran fomentar la transparencia, premiar el mérito ajeno y no el amiguismo ni el compadreo propio.

Y lo penoso no es que estas personas se hagan trampas al solitario, lo penoso es que estas conductas dañan de forma grave a la institución colegial, una estructura que debiera ser imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra profesión y que, por conductas como estas, resulta dañada gravemente.

Es triste que, quienes debieran cuidar los intereses de todos, prefieran que todos cuidemos los suyos.

Las inteligencias artificiales y el CGAE

Las inteligencias artificiales no dejan de sorprenderme. Hoy he colocado en mi inteligencia de lenguaje natural la siguiente frase:

«La labor del Consejo General de la Abogacía Española es …»

Y he pedido a la inteligencia artificial que la complete. Es decir, la inteligencia artificial busca en sus bancos de datos frases que, añadidas a la por mí proporcionada, compongan un texto.

El resultado me ha dejado estupefacto y con la boca más que abierta pues, colocada la frase inicial, el texto que me ha devuelto la inteligencia artificial es el siguiente:

«La labor del Consejo General de la Abogacía Española es ilegal

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara la ilegalidad de la labor del Consejo General de la Abogacía Española. Según el Alto Tribunal, el CGAE vulnera el derecho de asociación de los abogados y el derecho a la libertad de empresa.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara la ilegalidad de la labor del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Según el Alto Tribunal, el CGAE vulnera el derecho de asociación de los abogados y el derecho a la libertad de empresa.

En concreto, el Supremo estima el recurso de un abogado contra el CGAE por considerar que la organización impide la libre competencia entre abogados. Asimismo, el Tribunal afirma que el CGAE vulnera el derecho de asociación de los abogados al obligarles a afiliarse a la organización.

El CGAE es una organización independiente que agrupa a todos los abogados de España. La sentencia del Tribunal Supremo podría suponer un cambio en la organización de la abogacía española y la posibilidad de que los abogados puedan afiliarse a la organización que consideren más adecuada.»

Obviamente me he quedado en estado de shock; no conozco ninguna sentencia que diga lo que dice la inteligencia artificial ni sé de dónde ha podido sacar la inteligencia artificial —o si simplemente se ha inventado— la sentencia que cita. Pero en ambos casos me deja en estupefacción:

Si la sentencia existe soy un ignorante, una sentencia así sería tan importante que todos deberíamos conocerla, si existe y no la conozco es evidente que debo dar las gracias a la inteligencia artificial por revelármelo; si, en cambio, la sentencia NO existe toda la teoría montada por la inteligencia artificial no puede sino ser motivo de admiración porque la tesis que construye no es despreciable «ab initio».

Pudiera ocurrir también que toda la construcción de la inteligencia artificial fuese una especie de «tertium genus» a caballo entre algo dicho en una sentencia y una interpretación concreta… lo cual sería una teoría creativa de primera magnitud.

¿Y tú qué piensas? ¿Existe o no existe la sentencia que cita la inteligencia artificial?

El despotismo cateto

Quizá no exista una república más igualitaria que la de los abogados y abogadas; en ella, de la primera al último de sus componentes, todos tienen una y la misma condición: son abogados. Cada uno de los abogados y abogadas que la componen son tan buenos y válidos para opinar sobre sus problemas como cualquier otro y es por eso que, el hecho de que uno de ellos pretenda tener superior cualificación para hacerlo, no es más que una confirmación de que el efecto Dunning-Kruger existe también en la abogacía.

Y si de algo entienden abogados y abogadas es de leyes, de contratos, de estatutos… por lo que el caudal de conocimientos del colectivo en este punto es enorme.

Digo esto porque en 2010, hace ya 11 años, se comenzó a redactar por parte del Consejo General de la Abogacía Española lo que se llamó el «nuevo estatuto de la abogacía», un texto que, por inexplicables razones, se redactó de espaldas a los auténticos especialistas en la redacción de normas y estatutos: los abogados y abogadas de España.

La cosa podría ser asumible si ese estatuto fuese a regular a algún colectivo ajeno a los conocimientos jurídicos, pero es que ese estatuto se dirigía a gobernar las vidas de quienes ejercían la abogacía en España, un colectivo al cual, minuciosamente, se excluyó del debate del nuevo estatuto cual si su opinión no sirviese.

Algún decano rebelde publicó el anteproyecto en la web para que, quien quisiera, formulase enmiendas que él llevaría al pleno, pero esta iniciativa fue vista como una excentricidad y, todas aquellas enmiendas que habían redactado abogados tan abogados como los miembros del Consejo, fueron rechazadas en conjunto sin ser siquiera leídas ni debatidas.

Ese «nuevo proyecto de estatuto» durmió el intranquilo sueño de los poco justos desde entonces hasta el año 2021 en que fue aprobado por un, hasta entonces, renuente gobierno luciendo todas sus galas de estatuto ya viejuno y redactado de espaldas a los profesionales de la abogacía.

Toda esta forma de actuar me recuerda que existió una vez una ideología a la que se llamó despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado en la que, partiendo de la incultura de la masa, se trataba de reformar los países desde la razón absolutista.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, algún extraño virus debe anidar en el búnker de Recoletos para que quienes lo ocupan crean que son ellos los «ilustrados» y no otros los que entienden sobre algún tema. Iguales en esencia a cualquier otro abogado o abogada de España pareciera que la bajada al búnker produce en algunos miembros del consejo efectos taumatúrgicos y de pronto, como en un nuevo Pentecostés, comienzan a gozar de conocimientos que antes no tenían.

Hasta la aprobación en 2021del actual —y viejuno— estatuto, el Consejo General de la Abogacía Española tenía a gala saltarse el anterior e incumplía flagrantemente sus prescripciones a fin de evitar que la voz de la abogacía de a pie pudiese llegar a mayor nivel que el de las asambleas de su colegio. El Estatuto General de la Abogacía anterior garantizaba que, cada cuatro años, habría de celebrarse un Congreso que sería el principal órgano consultivo de la abogacía, sometido a un reglamento y donde podrían presentar ponencias los abogados y abogadas de España.

Obviamente el virus del búnker de Recoletos hizo que este tipo de congresos no se celebrase, que esa participación de la abogacía se cercenase, y los congresos se convirtieron en ferias de muestras —algunas vergonzantemente dedicadas a algún gran despacho de abogados— donde las editoriales exhibían sus productos y donde los adictos al régimen lucían su influencia dejándose ver en actos y saraos. Con la reforma del Estatuto, afortunadamente para ellos, ya no necesitarán infringir el Estatuto porque lo han reformado de forma que los colegiados ya no dispongan de aquel derecho que el estatuto anterior les daba. Lo de avanzar en participación y transparencia no parece ser ninguna máxima de la actual dirección del CGAE.

Las asambleas del consejo son secretas (no sea que alguien se enteren de lo que dicen allí y les pida cuentas) y tan sólo se exhiben las actas, parcialmente y censuradas, desde que algún letrado particular les puso en vergüenza ante los órganos estatales de transaparencia. Ahora quienes más dinero reciben en concepto de dietas, gastos, viajes, comidas, noches de hotel y pisitos alquilados, son quienes más fuertemente defienden que esos datos no sean conocidos por sus iguales. Son ellos mismos los que llegan a acuerdos que hacen pagar a todos los letrados por un correo que solo usa un tercio de los mismos, llegan al acuerdo pero, eso sí, lo mantienen secreto porque ¿por qué habrían de saber los letrados y letradas por qué les hacemos pagar?

Decisiones que costaron muchos millones a los letrados y letradas de este país —recuerden el cierre de LexNet abogacía (±5.000.000€) o el arrendamiento de lo que llamaron de forma tan pomposa como sietemesina «el correo de la abogacía» (±6.000.000€), entre otras— fueron tomados por un reducido número de personas cuyos conocimientos de estos asuntos eran cercanos a la nada. ¿Para qué iban a solicitar la opinión de los letrados?.

El búnker del Paseo de Recoletos (ahora Paseo de Recolectas en ingeniosa dicción de algún letrado) está narcotizado por una droga que solo conviene al pequeño núcleo que lo dirige; sería bueno que recordasen quiénes son y que no son más ni menos que los 140000 letrados y letradas que hay afuera y que, si hay profesionales que sepan, antes se encuentran entre los que están fuera que entre los que están dentro.

Luego se quejan de que, si se les censura desde fuera es «porque no comunican bien lo que se hace»; obsérvese que no se reconocen errores, sólo que se comunica mal. Y tiene gracia porque, con la de cientos de miles de euros que dedican a comunicación, muy mal deben hacerlo para haber generado una casi unanimidad exterior en cuanto a su incompetencia. Si uno mira los tuits de la presidenta o del Consejo podrá comprobar que en un 80% los retuits son de cuentas de colegios o de miembros del propio Consejo lo que ilustra en qué burbuja, en qué cámara de eco se mueven.

Es tiempo de que quienes bajan al búnker de Recolectas se vacunen de una cultura corporativa tan rancia y antidemocrática que no se aguanta un segundo más.

Afortunadamente son sólo cien personas que, aunque se gasten 11.000.000€ salidos del bolsillo de todos, no dejan de ser una minoría al lado del resto de los 140.000 abogados y abogadas ejercientes de España y no dejan de representar una forma de pensar y ejercer la representación tan rancia, absurda y periclitada que no puede sino estar condenada a la desaparición.

Por el conducto reglamentario

Por el conducto reglamentario

Cuando en el servicio militar o en el ejército alguien protestaba se le recordaba, no siempre de buenas maneras, que las reclamaciones debían ser hechas «por el conducto reglamentario». Ese «conducto reglamentario» era no más que una innecesaria limitación de derechos pero, a lo que se ve, sigue anclado en la mente y en la conciencia jurídica de muchas personas.

Digo esto porque hoy leo que un ex-decano (a quien tengo por persona buena y honesta a carta cabal) censura en su página de Facebook la solicitud de información que están haciendo muchos compañeros —yo entre ellos—  respecto a las noticias relativas al funcionamiento del CGAE aparecidas en prensa estos días. En síntesis sostiene que la petición de información no debe hacerse individualmente sino a través de los decanos (el conducto que él entiende apropiado).

Debo quizá aclarar públicamente algo: hace siete años yo ya solicité conocer el destino de las dietas siendo decano y la esperpéntica situación que se produjo a continuación ya la he contado alguna que otra vez:

—Se me exhibió una información parcial
—Se me prohibió obtener fotocopias
—Se me prohibió tomar notas (¿puedo memorizar?, llegué a preguntar)
—Se me indicó que no podría, bajo ningún concepto, revelar la información que viese y que, si lo hacía, habría de sufrir las correspondientes acciones legales que me describieron como tremebundas.

Por lo que veo, a día de hoy y a pesar de la tremenda alarma que se ha levantado, ningún decano ni consejero ha solicitado información en relación con el tema de que trataban las noticias, pues ningún decano ha sido capaz siquiera de decirnos cuánto percibe la Presidenta del CGAE del dinero que pagan sus compañeros.

Las protestas de «claridad» y «cumplida respuesta» de los consejeros y decanos mueren en cuanto se les pregunta este dato; la realidad es que, a día de hoy, ninguno se ha atrevido ni a preguntar ni a revelar lo que percibe en dietas, gastos y otras obvenciones cualesquiera que perciba la presidenta. A lo que se ve el conducto se atrancó hace muchos años aunque aún hay quien prefiere ignorarlo.

Puedo saber cuánto gana mi alcalde o un ministro mirando la web ¿Y la presidenta de CGAE no?

No, no, no… Ni colegiados ni consejeros ni decanos, la presidenta no ha sido transparente con nadie y, si alguien pretende negar esto, tiene una forma fácil de hacerlo: facilitar inmediatamente los datos de los ingresos de la presidenta.

Hasta hoy en este tema desde CGAE se proclaman unidades, se hacen protestas de transparencia, se dice dar respuesta… Pero datos, lo que son datos, no se ha dado ni uno. Es decir que se nos señala el conducto pero no que está atrancado; se nos enseña el hábito pero se nos oculta al monje; se nos da ruido pero no nueces; predican, pero son incapaces de dar trigo y siguen tratando de darnos gatos cuando lo que deberían es entregar liebres.

La transparencia se demuestra con datos, no con opiniones y el tiempo de decir que se es sobradamente transparente ya pasó: den los datos y entonces serán transparentes.

Pedir información jamás es inicuo, pedir información es justamente lo contrario: un derecho que la ley reconoce a cualquier español o española y que no se pierde por el hecho de ejercer la abogacía.

La unidad como coartada

La unidad como coartada

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la sensación instintiva de que pretenden engañarme.

¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que les cuente una historia y me explique. Cuando yo era niño formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del Espíritu Nacional» (FEN). A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaba particularmente curiosa aquella organización a la que el régimen llamaba «sindicato».

Los sindicatos del franquismo a mí, aunque era un niño, me resultaban sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iban a reclamar los obreros de un sindicato vertical de esos un aumento de sueldo, no veía yo a trabajadores y empresarios compartiendo objetivos y sentados en el mismo bando en esa negociación.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís Ruíz sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores sino solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos y domesticados obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Aquella democracia «orgánica» (tan elocuentemente cantada en el preámbulo de la Ley de Colegios que aún regula nuestros colegios y consejos generales) y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hija de aquel régimen político orgánico de familia, municipio, sindicato y movimiento, es nuestra Ley 2/1974 de 13 de febrero que regula los Colegios Profesionales (sí, ha leído usted bien, 13 de febrero de 1974) y, si bien muchos de sus artículos han sido derogados por inconstitucionales, hay modos y maneras en las personas que ocupan los cargos dirigentes de esas agrupaciones que parecen haberse perpetuado hasta nuestros días.

De hecho son tan parecidos que, cuando reciben alguna crítica, reaccionan exactamente igual que aquellos sindicatos verticales: llamando a la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es precisamente lo que hacía aquel viejo sindicato vertical del que les hablo; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si la unidad, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Es por eso que, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle:

¿Unidad en torno a qué?

Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Hay formas de conducta (responder a la crítica pidiendo «unidad», considerar las peticiones de transparencia como una afrenta, reputar malintencionada cualquier opinión discrepante…) que tienen mejor encaje en la España de 1974 que en la de 2022.

En la república de las abogadas y abogados, todos son iguales a todos y nadie es más que nadie y es por eso  por lo que criticar la discrepancia es una repugnante forma de defender la posición o la prebenda propia.

La principal obligación de cualquier miembro de un grupo social es ser honesto consigo mismo y manifestar lo que piensa, porque es de este modo y no de otro es como mejor sirve a los intereses del grupo, diciendo en cada momento lo que cree más conveniente y mejor para todos.

Si alguien cree que quien así procede atenta contra la «unidad» es que aún no ha entendido los principios básicos de la vida en democracia; o peor aún: pretende mantener un status quo del que se beneficia personalmente.

Por eso en la igualitaria república de las abogadas y abogados todas las opiniones caben y son tan valiosas la opiniones discrepantes porque, cuando lo que se persigue es el interés del grupo, no importa que existan caminos distintos para alcanzar el destino compartido.

En secreto y por la espalda

El Consejo General de la Abogacía Española elabora sus normas de forma muy parecida a como los delincuentes cometen sus fechorías: en secreto y a espaldas de sus afectados.

Cuando durante el ¿Congreso? de Valladolid se anunció la existencia un nuevo Código Deontológico, el tal Código llevaba ya un tiempo aprobado sin que, por supuesto, en su elaboración se permitiese participar a nadie que no perteneciese al selecto club del búnker de Recoletos ni, tampoco, se diese información alguna —los debates son secretos siempre en esta congregación— sobre los debates habidos en el ominoso sótano madrileño.

Ahora vuelven a la carga con su deseo de aprobar un «nuevo» estatuto de la abogacía que fue redactado en 2013 (por supuesto a espaldas de la abogacía y con los secretos de costumbre) y que, desde entonces, ningún ministro se ha atrevido a aprobar por malo.

Pero ahí siguen los de Recoletos dando la turra con el «nuevo» estatuto de la «abogacía»; y ustedes comprenderán que use de las comillas cuando llamo «nuevo» a un texto de 2013 y de la «abogacía» a un proyecto redactado a espaldas de los abogados y abogadas de España.

Ahora pretenden también modificar la ley de asistencia jurídica gratuita, y pretenden hacerlo como siempre: en secreto y por la espalda.

El ministro, que, de momento, se encuentra encantado, debiera saber una cosa: que si apoya este tipo de conductas es mucho más que probable que, a no tardar mucho, haya de enfrentar problemas que no espera. No han pasado cien días, está aun a tiempo.


Puedes acceder a este artículo en formato audio (podcast) en: http://www.ivoox.com/47216677

No en mi nombre

Hoy se celebra algo parecido a unas elecciones en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la candidata oficialista va a ganar esas elecciones, pero ni va a representar a los abogados y abogadas de España ni va a tener la autoridad mínima necesaria para dirigir la abogacía.

Nadie puede pretender representar a alguien cuando la voluntad de ese alguien no ha sido consultada. La candidata, que no ha tenido ni la delicadeza de presentar públicamente un programa electoral, aspira a ser presidenta del CGAE y, sin duda, lo será, pero la antidemocrática forma en que entiende los procesos electorales no le permitirá representar a la abogacía ni representar, en modo alguno, el deseo y los intereses de las abogadas y abogados; en todo caso y como mucho, se representará a sí misma y a los decanos que componen el consejo.

Representar a los decanos o al órgano colegiado que ellos forman, no es representar ni a la abogacía ni a los abogados y abogadas que la integran. La candidata se ha cuidado muy mucho de ocultar a abogadas y abogados cuáles son sus objetivos y los decanos que la han votado han guardado un ominoso silencio sobre las razones que les han movido a votarla, las posibilidades, pues, de intervenir u opinar por parte de abogados y abogadas ha sido simplemente nula.

El vínculo entre la candidata y sus votantes es secreto y es secreto porque, con muchas probabilidades, hsy en el mismo aspectos inconfesables (nadie oculta aquello de lo que no tiene que avergonzarse) que tienen más que ver con un sietemesino reparto de trampantojos, puestos y puestecillos en el consejo que con una visión de futuro para el colectivo. La candidata se ha ocupado de ocultar sus intenciones y buena parte de quienes componen el consejo también. Ellos, pues, sabrán a quiénes pretenden representar actuando de esa forma, desde luego a abogados y abogadas no.

La candidata no puede aspirar a dirigir un colectivo cuando antes no ha manifestado en qué dirección le llevará. La candidata debe entender que las personas y colectivos han de tomar la dirección que ellos desean porque lo contrario no es democracia sino manipulación. La candidata no puede pretender llevar a nadie hacia ningún lugar sin preguntarle antes.

Por eso la candidata debe de saber que cada vez que trate de hablar en mi nombre me ocuparé de que mi voz se escuche alto y claro para que todo el mundo sepa que no representa en ningún modo ni mi opinión ni mi criterio. Y tengo la convicción de que una parte cada día más importante de la abogacía, dejará oír su voz para que los españoles sepan que la candidata que hoy va a ganar estas extrañas elecciones carece de autoridad para hablar en nombre de ellos.

No compañera, y ahora me dirijo a ti, candidata, mientras yo pueda estar presente tú no me vas a representar y mientras yo tenga voz tú no hablarás en mi nombre.

Haz lo que quieras con tu cargo, pero no en mi nombre; cobra dietas y gastos, pero no me representes; regala condecoraciones y organiza saraos, pero jamás, jamás, jamás, hables por mí.

Cooptación

Cooptación

Pasado mañana 83 decanos elegirán su presidenta y digo presidenta porque estas elecciones no encierran ninguna sorpresa: el resultado ya está escrito.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es un órgano compuesto por los decanos de los 83 colegios de abogados de España, desde Madrid (40.000 abogados) a Tafalla, Tudela o Estella (entre 40 y 100 abogados). Todos los votos valen lo mismo de forma que el voto de los decanos de Estella y Tafalla, que teóricamente representan a menos de 200 colegiados vale el doble que el del decano de Madrid que, teóricamente, representa a 40.000.

Para ganar las elecciones hacen falta 42 votos y para ello hay que convencer a 42 decanos; sin embargo la convicción se produce de diversas formas y ahí se esconde el diablo.

En primer lugar debe usted saber que la presidenta ha elegido a su libre albedrío hasta 9 vicepresidentes. Sí, ha oído usted bien, si se queja de que el gobierno de @sanchezcastejon tiene muchas vicepresidencias CGAE tiene el doble.

No necesito decirle a quién van a votar esas personas, si votan adecuadamente (es decir continuismo) con casi total seguridad seguirán en el cargo. Creo que no necesito decirle más.

Pero la presidenta no solo ha nombrado a los 8 vicepresidentes, también ha nombrado a los cargos de las muchas comisiones y subcomisiones que «funcionan» en el CGAE. Adivinen a quién van a votar estas personas.

Por supuesto la presidenta ha nombrado también a su secretario general, ha propuesto también a los patronos de la fundación, ha condecorado, ha comisionado…

Si a usted le resultan sorprendentes el sinnúmero de saraos, placas, condecoraciones, reconocimientos, homenajes, puestos visibles en conferencias y demás quincalla pseudoaristocrática que tienen lugar entre muchos de los miembros de CGAE tras esta explicación ahora lo entenderá usted mejor: uno no vota en contra de quien le ha concedido o ha favorecido la concesión de una distinción.

El CGAE, pues, más que ser un órgano deliberante es una especie de macroejecutivo donde todos los cargos los reparte una sola persona: la presidenta. Una buena parte de los electores, pues, llegan a estas elecciones siendo parte del equipo de la presidenta y, siendo parte de su equipo, quedan incapacitados para toda autocrítica. Usted puede reconocer a cualquiera de estos «apparatchiki» porque, cuando usted le diga que CGAE funciona mal, él responderá indefectiblemente: «Funcionamos bien pero no sabemos transmitirlo». De nada servirá que usted le responda que CGAE tiene un buen número de periodistas en nómina, que gasta una buena cantidad de dinero en community managers que les escriban los tuits a la presidenta y en newsletters y revistas. A pesar de que gastan en comunicación centenares de miles de euros (que pagamos todos) ellos insistirán en que «no saben transmitir».

Con toda esta cantidad de cargos y prebendas repartidos por la presidenta pueden ustedes imaginarse que el resultado de las elecciones está cantado y pueden ustedes entender también por qué, tras cuatro años catastróficos para la abogacía, pueda repetir como presidenta la principal responsable del desastre.

Es por eso que estas elecciones no me interesan lo más mínimo: porque ya conozco su resultado. Si quieres conocer la verdad de como funciona CGAE es bueno que te des una vuelta por la cuenta de uno de los candidatos @DecanoManoloH

Por eso, si alguien le dice a usted que CGAE cambiará desde dentro, no le dé mucho crédito, es lo que dice quien va a cooperar con la anquilosis. Para cambiar las cosas es necesaria una reforma de la Ley de Colegios Profesionales de 1974 (sí, de 1974, de cuando Franco).
#cooptación

Y en todo caso recuerde que CGAE no solo representa a los abogados que, como tú y como yo, compañero, trabajamos en pequeños despachos o trabajamos como empleados de bufetes, sino que representa también, a esos grandes bufetes, justo como en el antiguo sindicato vertical.

Y aunque tú, compañero, pienses que, por ser nosotros, los pequeños, más, importaremos también más, es bueno que salgas tu error y recuerdes que del ilegal congreso de Valladolid la única opinión que saltó con fuerza a la prensa fue la de los grandes despachos. Y no es el de Valladolid un caso aislado, cuatro años antes el Congreso de Vitoria fue un homenaje al fundador de uno de esos grandes despachos.

Sabiendo esto puedes entender ahora por qué la actual presidenta ni siquiera ha presentado en público un programa: simplemente porque no le hace falta.

Ella necesita los votos de los consejeros, tú, en estas elecciones, no cuentas.

Obscenidad y cooptación

La etimología de la palabra «obscena» es dudosa y se han ofrecido respecto de ella múltiples versiones. De entre todas, la que más me gusta (nótese que digo «la que más me gusta» y no «la más acertada») es la que se atribuye en unos lugares a D.H. Lawrence y en otros a Philip Matyszak.

Según esta versión que les refiero, la palabra «obscena» derívaría de una especie de compuesto de las palabras «ob» y «skena» y se referiría a aquello que sucede en las representaciones teatrales, no en la escena, sino fuera de ella por razones de moralidad.

Se non è vero, è ben trovato: todos conservamos en la memoria muchos de esos trucos escénicos y cinematográficos que permiten que el espectador sepa que algo ha ocurrido en la obra (un asesinato cruel, un adulterio…) pero sin mostrarlo explícitamente a sus ojos. Como nos dice Cervantes en el Quijote (II, 59) «de las cosas obscenas y torpes, los pensamientos se han de apartar, cuanto más los ojos» y es por eso que en el teatro del mundo las cosas que repugnan suelen ocultarse.

A mí, no sé por qué, cuando hablo de obscenidad, suelen venirme a la mente todo tipo de procesos electorales. Seguramente, mi memoria, guarda el recuerdo de todas esas elecciones que he vivido en las que, mientras los candidatos decían una cosa, trabajaban en secreto justamente por la contraria. ¿Quién no recuerda a Felipe González defendiendo la salida de la OTAN para trabajar luego por permanecer? ¿Quién no recuerda a Gallardón prometiendo independencia judicial para hacer justo lo contrario en cuanto le nombraron ministro?

En España estamos acostumbrados a estos obscenos juegos de manos; pero nunca deja de sorprender cómo se nos sigue tratando de engañar con ellos. Me explico.

En fechas pasadas alguien ha convocado elecciones a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española; y digo «alguien» porque, a día de hoy, aún no están disponibles las actas del último pleno tras el que se anunció la tal convocatoria, por lo que no es posible saber si las elecciones las convocó la presidenta, el pleno o el vigilante de seguridad de la puerta y, créanme, no es esta cuestión sin importancia pues podría determinar la nulidad de la convocatoria. Lo que se haya hecho, de momento, está oculto, obscenidad le llaman.

No sabemos qué se discutió en el pleno, pues es secreto, no sabemos que opinó cada consejero, pues se mantiene en secreto, la presidenta no se ha dignado aclararnos por qué adelanta las elecciones, eso lo mantiene en secreto e, incluso, con excepción de un candidato, ninguno ha presentado ni siquiera un conato de programa electoral: no sabemos para qué quieren ser presidentes/as ni lo que piensan hacer si son elegidos, a lo que se ve eso es también secreto.

Se puede disculpar a los candidatos que no tengan preparado un programa debido a lo sorpresivo de la convocatoria y a lo perentorio del plazo pero ¿Y a la presidenta?

Ella promovió la convocatoria de elecciones ¿Y lo hizo sin motivo y sin tener un programa preparado? ¿Es de recibo que alguien se presente siquiera sea a presidente de su comunidad de propietarios sin anunciar lo que quiere hacer? ¿Tan poco respeto democrático nos queda?

No se engañen, claro que tiene programa, pero es un programa obsceno; es decir, un programa secreto y esto puede ser así porque el Consejo General de la Abogacía Española, además de por el principio de obscenidad, se gobierna por el sistema de cooptación.

Se llama cooptación a un sistema consistente en llenar las vacantes que se producen en el seno de una corporación mediante el voto de los integrantes de ella y esta es la forma en que el Consejo General de la Abogacía Españoma elige a su presidenta. Esa presidenta que luego se arrogará la representación de los más de 140 mil abogadas y abogados de España es elegida por el voto de tan sólo 83 decanos, decanos que, por supuesto, no han recabado la opinión de sus iguales simplemente porque no podrían hacerlo: ¿Qué dirán que pretende hacer cada candidato si —con excepción de uno— no hay programas que presentar?

El programa de la presidenta no lo conoceréis pues es obsceno, existe tan sólo en su mente y ni siquiera lo conocen por completo aquellos que por su interés personal —ya lo contaré en otro post— van a votarle.

Obscenidad y cooptación son las dos claves de estas elecciones a la presidencia del CGAE; como podéis imaginar, con tales ingredientes, es casi imposible que pueda resultar nada bueno.