Hace unas semanas el diario «El Confidencial» publicaba que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) alquilaba con el dinero de todos y para uso de la Presidenta un piso en Madrid que era propiedad de una empresa de la que era administrador, curiosamente, un Decano también miembro del CGAE.

En medio de una importante bronca por la absoluta opacidad de CGAE en cuanto a la forma en que se reparten las dietas sus componentes salió a la luz también que, este decano y esta presidenta, formaban parte de órganos directivos de la Mutualidad Ceneral de la Abogacía, razón por la cual, además de las ocultas dietas de CGAE, se embolsaban cada uno un mínimo de 30.000€ anuales más.

Todos estos cargos no exigen demasiado esfuerzo de forma que son compatibles con el ejercicio profesional y cualquier otro trabajo de los perceptores de las dietas.

¿Cuánto percibían ambos de CGAE en concepto de dietas y gastos? ¿A cuánto ascendía el alquiler del piso que le pagábamos todos? Nadie quiso responder a eso y la única respuesta que acertaron a dar desde los equipos de comunicación de CGAE —también pagados por nosotros— fue la de que «todo era una campaña de desprestigio», tesis conspiranóica que recuerda los peores momentos de la corrupción en España.

La organización colegial en España es un pilar fundamental para defender los intereses de la abogacía, sobre todo de la más desprotegida y, sin embargo, en los ya muy largos últimos años, está ofreciendo un electroencefalograma plano en este aspecto. Perdida en un mar de actos sociales, congresos, cursos y conferencias donde premiar adhesiones, el órgano superior de los colegios de España parece haber olvidado sus funciones estatutarias y haber perdido toda capacidad combativa para entregarse a un frenesí de postureos sin trascendencia para los abogados y abogadas que, mayoritariamente, integran la profesión.

Como ilustración de todo esto, esta misma semana y sin que aún se hayan apagado los ecos del escándalo de opacidad del alquiler del piso, el decano arrendante ha condecorado a la presidenta —inquilina gracias al dinero de todos— como colegiada de honor (o algo así) por los servicios prestados desde todos sus cargos que, a lo que se ve, son y han sido muchos.

Yo no sé si se dan cuenta de la penosa imagen que ofrecen ni de que esos premios y condecoraciones que se conceden, lejos de decorar ni con-decorar, lo que hacen es afear la conducta de quienes debieran fomentar la transparencia, premiar el mérito ajeno y no el amiguismo ni el compadreo propio.

Y lo penoso no es que estas personas se hagan trampas al solitario, lo penoso es que estas conductas dañan de forma grave a la institución colegial, una estructura que debiera ser imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra profesión y que, por conductas como estas, resulta dañada gravemente.

Es triste que, quienes debieran cuidar los intereses de todos, prefieran que todos cuidemos los suyos.