Cuando acabe 2018 el IPC habrá subido casi un 60% desde 1996. Cuando acabe 2018, con suerte, los abogados de oficio que cobran del ministerio de justicia verán cómo sus retribuciones de 1996 tan sólo habrán subido un 30%.

La realidad, cuando acabe 2018, será que los abogados de oficio, en términos de poder adquisitivo, cobrarán un 30% menos de lo que cobraban en 1996, un suceso sin parangón en la historia de nuestra democracia.

Sin embargo, ya lo verán ustedes, el 12 de julio, día de la justicia gratuita, harán acto de presencia personajes que dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que esa —«subida» la llamarán— del 30%, que aún está por llegar, se debe, de forma más o menos directa a su «gestión».

Son esos personajes, obsérvalos bien lector, los mismos personajes que, año tras año los últimos 22 años han contemplado impasibles cómo no se subía el IPC anualmente a los abogados de oficio; son los mismos que jamás reclamarán su cuota de responsabilidad por no haber movido un dedo ni levantado una ceja ante lo que estaba pasando; son los que nunca dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que son ellos —precisamente ellos— y no otros los que con su pasividad han dado lugar a que nos encontremos en la situación que nos encontramos los abogados de oficio de la zona ministerio: cobrando menos dinero que en 1996.

Esos personajes que tratarán de alargar el cuello el 12 de julio, son los que se ocultan en su cueva cuando alguien trata de buscar a los responsables de la vergüenza que hemos vivido los últimos 22 años. Son esa curiosa costra que, adherida a la abogacía de verdad, trata de darse importancia porque no tienen capacidad real para ser importantes. Son la excrecencia muerta que ha dejado la gloria perdida de una profesión; una gloria perdida, en muy buena parte, precisamente por su demencial gestión.

Escúchales con atención, el 12 de julio va a ser un magnífico día para saber quien defiende a la abogacía y quien, tan sólo, se defiende a sí mismo y a los suyos.