SOJ Madrid: ¿estulticia o mamandurria?

Las noticias que llegan de Madrid en relación con la privatización del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) son preocupantes pero, aunque he buscado información, en primera instancia no he logrado enterarme bien de lo que estaba sucediendo de forma que he decidido profundizar un poco más y he encontrado esto. Para quien no sepa lo que es el SOJ les dejo, literalmente transcrito, el número 1 del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) que fija como uno de los contenidos del derecho de asistencia jurídica gratuita el siguiente:

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

Es importante señalar que tal servicio viene atribuido por la LAJG a los Colegios de Abogados, en, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley citada:

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición. Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.

Bien, si esto es así de claro, ¿qué ha podido pasar en Madrid?

Déjenme aclararles, antes de entrar en harina, que soy un decidido partidario del llamado «Principio de Hanlon» y que sólo atribuyo a mala fe las acciones ajenas cuando encuentro prueba plena al respecto, considerando en los demás casos que son consecuencia de la burricie, la estolidez, la necedad, la ignorancia o como ustedes prefieran llamarlo. Digo esto porque, como en este asunto están involucrados partidos de uno y otro signo político, no quiero que se vea en ninguna de estas líneas ánimo partidista alguno sino tan sólo lo que he podido llegar a saber o inferir en este asunto.

Bien, sentado lo anterior, pasemos a ver lo que he averiguado sobre este asunto.

Con anterioridad al concurso del que luego hablaremos el SOJ lo prestaba el Colegio de Abogados de Madrid, si bien, merced a un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, el servicio se prestaba no solo en las instalaciones del Colegio sino en determinados centros de servicios sociales. Así se deduce de la información que facilita públicamente el Ayuntamiento de Madrid en el link correspondiente (consultado el 22/08/2019).

Sin embargo, el 1 de marzo de 2019, unas semanas antes de las elecciones, se puso en marcha un concurso cuyo objeto es, cito textualmente:

Orientación jurídica generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y para las personas socias de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid.

Parece, pues, que el Ayuntamiento decidió sacar a concurso una orientación jurídica «generalista» (ojo al adjetivo) que, para cualquiera, se superpondría a la asistencia propia del SOJ reservado en exclusiva a los colegios. Entrar en el debate de si la asistencia «generalista» es distinta del…

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto

…a que hace referencia la LAJG es una discusión estéril. Resulta imposible discriminar qué asistencias «generalistas» se encaminan a evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión de las que no tienen tal finalidad pues, en la vida real, cualquier vulneración de derechos puede o no puede dar lugar a un procedimiento encaminado a reconocerlos o restablecerlos.

¿Qué ha podido ocurrir?

Aplicando el principio de Hanlon quiero pensar que el Ayuntamiento, llevado por la ignorancia, ha considerado que si conveniaba con el Colegio la prestación de servicio, de la misma manera, podía sacarla a concurso. Si no aplicamos el

Principio de Hanlon no cabe otra explicación que la búsqueda de la posible y muy madrileña «mamandurria» pues no de otro modo podría explicarse una interpretación tan innecesariamente torcida de la LAJG.

Ayer se abrieron las plicas y ya sabemos quiénes han acudido a la llamada del concurso

-LABE ABOGADOS

-GMCP SERVICIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS SLP y

ACCEM,

A salvo de la tercera entidad concursante (una entidad vinculada a la Iglesia Católica) no conozco a los otros dos participantes en este concurso para un contrato de un valor estimado superior al millón de euros.

Debo decir que este tipo de iniciativas se vienen multiplicando en los últimos años y hay muchos ejemplos de ello lo que nos demuestra que, o bien la estulticia es mucha (Principio de Hanlon), o bien hay un deliberado interés en muchos políticos en aplicar al mundo de los servicios jurídicos los mismos principios que a cualquier otro sector de la economía, lo cual es inicuo en esencia: fíjense que en el contrato del Ayuntamiento de Madrid se atiende a todos los ciudadanos, salvo que —fíjense, fíjense— se propongan actuar contra el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, justicia gratis, sí, pero no contra mí que soy quien la paga. ¿Se imaginan que el Estado hiciese lo mismo? ¿Cerrábamos los juzgados de lo Contencioso? ¿Y qué será de aquellos ciudadanos sin recursos que quieran demandar al Ayuntamiento por una caída, una obra que les ha causado daños en sus propiedades, una prestación impagada o una multa injusta?

Las administraciones no entienden nada, los colegios no parecen hacérselo entender y en medio de este desaguisado avanzan las tesis de aquellos que pretenden hacer negocio con el turno de oficio y la justicia gratuita.

Ahora ustedes deciden ¿ignorancia o mamandurria?

Pueden encontrar los detalles del concurso en este link.

Tu imperativo

La teoría del caos es la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias (biología, meteorología, economía, entre otras) que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Al menos esto es lo que nos dice wikipedia.

En la vieja física determinista de Newton, conocidas todas las variables del sistema, uno podía predecir con toda exactitud dónde se encontraba un cuerpo celeste —por ejemplo— en cualquier momento del pasado y dónde se encontraría en cualquier momento del futuro. El tiempo podía, pues, ir adelante o atrás sin que eso afectase demasiado al sistema.

Sin embargo la física —en especial la cuántica— nos ha revelado un universo lleno de incertidumbres, donde el conocimiento exacto de ningún dato parece posible (incertidumbre de Heisenberg ), donde los sistemas caóticos ganan protagonismo o donde la existencia de estados irreversibles permiten afirmar que, en contra de lo que pasaba en el universo determinista de Newton, la flecha del tiempo cobra especial sentido.

De todas las características de los sistemas caóticos, es la de su tremenda sensibilidad a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales la que más ha atraído la atención del público. Se sabe que, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de uno de estos sistemas, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro y se ha ejemplificado esta característica con el llamado «efecto mariposa». En el caso del tiempo atmosférico —un clásico ejemplo de sistema caótico— pequeñas variaciones como el aleteo de una mariposa en el Golfo de Guinea, se afirma, pueden acabar produciondo huracanes en las Islas de Barlovento del Caribe.

Pues bien, si el aleteo de una mariposa puede producir huracanes en un sistema caótico como el del tiempo atmosférico, ¿qué consecuencias pueden tener las acciones de un ser humano en el seno de otro sistema caótico como es el de las sociedades humanas modernas?

Si tomamos conciencia, si verdaderamente somos conscientes, de que cada una de nuestras acciones puede cambiar el mundo y la sociedad, probablemente nos ocuparíamos mucho más de llenarlas de sentido o de contenido moral.

Quienes te recomienden que no te esfuerces, que tus protestas, manifestaciones o reivindicaciones no van a servir de nada, no le dediques la más mínima atención. Tú sabes que eres importante y que todo cuanto hagas puede ser importante, muy importante, que sólo quienes no quieren que nada cambie te recomendarán estar quieto y sometido. Tú puedes cambiar el mundo con cada uno de tus actos, la física y la matemática de las ecuaciones no lineales están de tu parte, no les vayas a dar el gusto a esta caterva de deterministas que creen que todo está escrito, hazles saber que el futuro lo escribes tú tanto como ellos y que su mal guión de mala película está llamado a abandonar las carteleras. Para siempre.

Mariposa Almirante Rojo.
Mariposa «Vanesa Atalanta» (Almirante Rojo) común en Europa del Sur. Se cría en la albahaquilla de muro («parietaria judaica»), una planta que crece en las grietas de muros y paredes.

Agenda-setting y turno de oficio

La forma en que los medios de comunicación y los órganos de comunicación de las instituciones tratan de controlar a su audiencia son extremadamente sutiles.

A principios del siglo XX, a la estrategia de control de la masa a través de los medios de comunicación, se le denominaba «teoría de la aguja hipodérmica». Según esta teoría, para influir, había que suministrar los contenidos precisos a la masa y con eso sería suficiente; es por eso por lo que, en aquellos años, la propaganda resultaba mayoritariamente poco sutil y directa, aunque, indudablemente, resultó muy efectiva.

En nuestros días creo que todos convendremos en que los medios de comunicación de masas ya no engañan a nadie —o al menos engañan a mucha menos gente— pero no es posible despreciar sus sutiles métodos de control, uno de los cuales fue bautizado en los años 70 del siglo pasado como agenda-setting. Según esta teoría los medios de comunicación no pueden decirle a la gente lo que ha de pensar pero lo que sí pueden hacer es fijar los temas y establecer en qué tiene que pensar.

Si es usted español creo que no necesito explicarle demasiado en qué consiste esta técnica: los medios de comunicación de masas deciden a qué noticias prestan atención y hacen que el debate ciudadano gire sobre esos temas que los medios han seleccionado y no sobre otros que, incluso siendo más importantes para el conjunto de la población, los medios de comomunicación, por alguna razón, no quieren que ocupen el centro del debate.

Partidos y corporaciones —muy a menudo coaligados— realizan titánicos esfuerzos para fijar una agenda informativa favorable a sus intereses. Los departamentos de comunicación de las corporaciones silencian unas noticias y recalcan otras y todo ello en función de los intereses y deseos de la élite que los controla.

Si eres abogado probablemente no necesito explicártelo. La semana pasada, por ejemplo, en Cartagena, los abogados protestaron aprovechando una visita del presidente del gobierno a la ciudad y lograron su minuto de gloria en el Telediario de la Primera Cadena de TVE, al conseguir que este medio informase —siquiera brevemente— sobre el malestar existente entre los abogados del turno por los continuos impagos. En la medida de sus posibilidades estos abogados pelearon por fijar la agenda informativa de ese día, al igual que en días anteriores lo habían hecho abogados de Burgos, Zamora, Córdoba, Granada o Melilla. El sentido de esas protestas era tratar de influir en la agenda informativa y política y forzar así una mayor receptividad a sus reivindicaciones en un clima de campaña electoral.

Ahora les sugiero que comparen esa actividad de los abogados de a pie y algunos de sus colegios con la estrategia informativa del Consejo General de la Abogacía Española, un consejo que, si no recuerdo mal, destina unos 500.000€ anuales a sus herramientas informativas.

Si observan, en primer lugar, las redes sociales que maneja el Consejo verán que, por ejemplo, en tuíter, no se informa en modo alguno de las protestas. En algunos casos se retuitean condescendientemente los tuits de los colegios en protesta, pero el Consejo no pone su firma explícitamente en apoyo a las protestas celebradas. Sólo su propia protesta —en los raros casos que se produce— encuentra eco en unos caros medios que pagamos todos los abogados. Y si esto es así cuando convocan los colegios, cuando la protesta la organizan grupos de abogados no convocados por los colegios, entonces, el Consejo simplemente silencia cualquier información y calla como si estos abogados no existiesen y las protestas nunca hubiesen existido.

El Consejo parece más interesado en difundir la celebración de su alegal —¿o quizá ilegal?— Congreso de Valladolid que en respaldar las protestas de los abogados del turno de oficio.

¿Es que los medios de comunicación del Consejo quieren fastidiar a sus colegios y colegiados y acallar cualquier información sobre sus protestas?

Lo parece, pero no lo creo, a mi juicio esa no es su estrategia sino una, seguramente, más miope y mezquina. Consciente de que cualquier acción que lleven a cabo los abogados y los colegios en defensa del turno pone de relieve —por contraste— la absoluta inacción del Consejo e incluso su docilidad tradicional con el poder, este se esfuerza, por todos los medios, de que la agenda informativa no sea la que quieren los abogados sino justamente la contraria.

El año pasado, el 19 de abril y el 22 de mayo, se produjeron movilizaciones masivas de abogados en toda España, incluso el decano del Colegio de Abogados de Madrid se sumó a ellas. Convocaba las manifestaciones una por entonces desconocida «Red de Abogados» (#R). Como pueden imaginar el silencio en los carísimos medios de comunicación del Consejo fue absoluto. Para el Consejo, si la agenda informativa se centraba en las protestas de los abogados, su falta de iniciativa quedaría retratada palpablemente y por ello mantuvo un vergonzantísimo silencio.

Esta semana, con movilizaciones en diversas ciudades y con informaciones sobre el turno de oficio en el principal informativo nacional, la actividad informativa de los órganos de propaganda —permítanme que los llame así— del Consejo ha aplicado una indisimulada sordina a la noticia en lugar de amplificarla en seguimiento de una estrategia claramente enfrentada a la de sus colegios y colegiados.

La confluencia de dos estrategias contrapuestas de agenda-setting en un mismo colectivo nos demuestra que los objetivos no son compartidos, que los objetivos de los abogados que pugnan por introducir los problemas del turno de oficio en la agenda informativa y política de España, choca frontalmente con la estrategia del órgano que dice representarles, encaminada a mayor gloria, loa y autosatisfacción de quienes dirigen esos medios.

Estas estrategias diferenciadas no pasan desapercibidas a los abogados y abogadas españoles que, a estas alturas, saben perfectamente qué han de hacer si desean que sus problemas encuentren principios de solución, siquiera sea colocando sus reivindicaciones en la agenda informativa y política de España.

Lo que parecen olvidar los responsables de información del CGAE es otra teoría: la teoría de la escuela de Palo Alto, la teoría del Colegio Invisible; porque la realidad es que, haga lo que haga cualquier sujeto o corporación, siempre está comunicando. Su silencio comunica, su falta de atención comunica, sus páginas de caro papel couché dedicadas al sahumerio de conspícuos y conspícuas miembros y miembras de la dirección del Consejo comunican… Y comunican elocuentemente; tanto que ya casi nadie duda de qué lugar ocupa el Consejo en esta crisis, cuáles son sus objetivos y cuál es su verdadera agenda.

Sin embargo no todo está perdido, al final del día los abogados y abogadas son un colectivo demasiado preparado como para dejarse manipular y es por eso por lo que, a pesar de la inícua estrategia informativa del Consejo, los problemas del turno de oficio han sido mantenidos en la agenda de protestas incluso en momentos en que, con el turno impagado, la presidencia del Consejo se dedicaba a acudir e invitar a fiestas y saraos al ministro moroso, llegando a aplaudirle públicamente mientras censuraba a los abogados que protestaban.

Si eres de los abogados que has protestado y mantenido viva la llama felicítate, porque has conseguido algo importante. Con sólo voluntad, coraje e inteligencia has logrado mucho más que los muchos miles de euros que, salidos de tu bolsillo, otros dedican a la autoalabanza.

La cabaña (de oficio) del Tío Tom

Gracias al Tribunal Constitucional, desde hoy sabemos que hay un tipo de personas en España que, además de contribuir al sostenimiento de la nación con sus impuestos, están obligados a pagar un impuesto en especie en forma de trabajo forzado: los abogados y abogadas.

Dado que el Ministerio de Hacienda considera sistemáticamente a los abogados «una profesión más» no hace muchos meses decidió gravar la limosna que daban a los abogados de oficio con un 21% de IVA. Para corregir tal barbaridad Ministerio de Justicia y Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) idearon una solución consistente en declarar manifiestamente obligatorio (antes lo era de forma menos evidente) la asistencia jurídica gratuita. Gracias a esta solución ya no se pagaría el 21% de IVA pero se convertiría a la abogacía en la única profesión sometida a trabajos forzados en la España del siglo XXI. Una «genialidad», vamos.

Inmediatamente 50 diputados recurrieron ante el Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que declaraban obligatoria —forzada— la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados; ayer, el Tribunal Constitucional, dictó sentencia: la ley no es inconstitucional, nada obsta a que el estado obligue a los abogados a trabajar forzadamente en tareas que el estado pagará cuando quiera, como quiera y al precio que unilateralmente el propio gobierno decida.

Para entender cómo el Tribunal Constitucional ha podido esquivar la clara dicción del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es preciso leerse detenidamente la sentencia y aún así no creo que nadie la entienda.

Recordemos lo que dice el citado artículo 4 en sus puntos 2 y 3:

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

3. No se considera como „trabajo forzado u obligatorio“ en el sentido del presente artículo:

a) todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional ;

b) todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio;

c) todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad;

d) todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Básicamente el Tribunal Constitucional, apoyándose en lo que él llama «carácter retórico» de algunas alegaciones y en lo que también considera imprecisiones jurídicas o faltas de técnica evita entrar en el meollo del asunto y se despacha rechazando el recurso interpuesto y dejando incólume esta ley que obliga a trabajar forzadamente a unos profesionales lo quieran o no y al precio que decidan sus patrones.

Nada se habla ni en la sentencia ni en la ley de derecho alguno a negociar las retribuciones, no hay en la ley nada parecido a la negociación colectiva ni a la interlocución con los trabajadores forzados y, mientras tanto, el ministerio de justicia retrasa meses sus pagos, no actualiza sus indemnizaciones desde 1996 y, con esto, da a las CCAA transferidas la mejor coartada para mantener a sus abogados de oficio con retribuciones miserables (el TC pasa por encima de este «espinoso» tema de las retribuciones afirmando que nadie le ha llevado los baremos) con el simple argumento de recordarles que los esclavos del territorio común cobran menos.

¿Quién es el culpable de esta situación? Es triste decirlo pero, probablemente, uno de los principales responsables sea la propia abogacía.

A la hora de examinar esta curiosa neoforma de trabajos forzados —de esclavitud— no puedo evitar acordarme de la clásica novela de Harriet B. Stowe «La cabaña del Tío Tom». Esta novela narra dos historias paralelas: la del negro de la casa y la del negro del campo. El primero, el tío Tom, complaciente y obediente, sin poder imaginar un futuro fuera de la plantación; el segundo, dispuesto a todo para lograr su libertad y la de su familia.

Tú no puedes decidir si vas a ser un trabajador forzado o no (eso ya lo ha decidido por ti el Congreso y el Tribunal Constitucional) pero sí puedes decidir si vas a ser el esclavo complaciente, si vas a ser un consejo aplaudidor y sumiso, o si vas a ser una persona capaz de defender tus derechos, los de tu familia, tus hijos y hasta los del conjunto de la sociedad.

La elección es tuya.

No es tu responsabilidad pero sí es tu problema

Sin duda tú no eres el responsable de evitar que se arrojen residuos al mar, pero cuando vas a bañarte y lo encuentras todo sucio sabes que sí es tu problema; tampoco eres responsable de que las naciones no vendan armas a países en conflicto, pero, cuando millones de desplazados piden auxilio en tu país huyendo de esas mismas bombas, sabes que es tu problema; no, no eres responsable de las decisiones que toma el gobierno de tu país, pero indudablemente, de no ser acertadas, sus consecuencias serán, sin ninguna duda, tu problema.

Leo las noticias del mundo de la abogacía y veo cómo el Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, introduce modificaciones legislativas que pueden suponer la necesidad de inscribirse en el registro mercantil a buena parte de los abogados y de asumir algunas otras obligaciones de calado. Leo, por otra parte, que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha decide seguir el camino de Aragón y de la Comunidad Valenciana en sus deseos de privatizar el turno de oficio. Veo cómo los baremos en territorio común no se revisan desde 1996 o cómo no existen leyes de conciliación profesional, personal y familiar, para abogados y abogadas. Veo cómo competencias de la abogacía se traspasan a otras profesiones, como se trata de mercantilizar una profesión que no puede hacer del beneficio económico su primer objetivo y cómo se trata de debilitar a la primera y casi única defensa que tienen los ciudadanos frente al poder: la abogacía.

Veo todo esto y sé que no es responsabilidad de los abogados y abogadas evitarlo pero ¿adivináis de quién es el problema?

Puede que no sea responsabilidad nuestra —sin duda sí lo es de esas instituciones perennemente calladas como esfinges o sociedades secretas— pero lo que sí es seguro es que seremos nosotros, los abogados y abogadas de infantería, los que al final pagaremos la cuenta.

Puedes tranquilizarte diciéndote que nada de esto es responsabilidad tuya o —por el contrario— puedes asumir que tuyo es el problema y hacerte responsable de tu futuro.

Yo que tú no dejaría mi futuro en manos ajenas y me pondría a trabajar ya.

Responsables irresponsables

Cuando acabe 2018 el IPC habrá subido casi un 60% desde 1996. Cuando acabe 2018, con suerte, los abogados de oficio que cobran del ministerio de justicia verán cómo sus retribuciones de 1996 tan sólo habrán subido un 30%.

La realidad, cuando acabe 2018, será que los abogados de oficio, en términos de poder adquisitivo, cobrarán un 30% menos de lo que cobraban en 1996, un suceso sin parangón en la historia de nuestra democracia.

Sin embargo, ya lo verán ustedes, el 12 de julio, día de la justicia gratuita, harán acto de presencia personajes que dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que esa —«subida» la llamarán— del 30%, que aún está por llegar, se debe, de forma más o menos directa a su «gestión».

Son esos personajes, obsérvalos bien lector, los mismos personajes que, año tras año los últimos 22 años han contemplado impasibles cómo no se subía el IPC anualmente a los abogados de oficio; son los mismos que jamás reclamarán su cuota de responsabilidad por no haber movido un dedo ni levantado una ceja ante lo que estaba pasando; son los que nunca dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que son ellos —precisamente ellos— y no otros los que con su pasividad han dado lugar a que nos encontremos en la situación que nos encontramos los abogados de oficio de la zona ministerio: cobrando menos dinero que en 1996.

Esos personajes que tratarán de alargar el cuello el 12 de julio, son los que se ocultan en su cueva cuando alguien trata de buscar a los responsables de la vergüenza que hemos vivido los últimos 22 años. Son esa curiosa costra que, adherida a la abogacía de verdad, trata de darse importancia porque no tienen capacidad real para ser importantes. Son la excrecencia muerta que ha dejado la gloria perdida de una profesión; una gloria perdida, en muy buena parte, precisamente por su demencial gestión.

Escúchales con atención, el 12 de julio va a ser un magnífico día para saber quien defiende a la abogacía y quien, tan sólo, se defiende a sí mismo y a los suyos.

¿Qué conmemoramos de verdad el 12 de julio?

Faltan 25 días para el 12 de julio, el llamado «día de la justicia gratuita» y, quizá, sea bueno aclarar por qué se eligió ese día y qué conmemoramos de verdad en esa fecha.

El 12 de julio fue elegido como día de la justicia gratuita porque el 12 de julio de 1996 fue el día en que entró en vigor la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita.

Obviamente la justicia gratuita no nació ese 12 de julio —la justicia de pobres, el beneficio de pobreza y la justicia gratuita ya existían desde el siglo XIX— pero ese 12 de julio de 1996 es un hito a partir del cual podemos llevar la cuenta de muchas cosas.

Podemos llevar la cuenta, por ejemplo, de cuántos años han pasado desde que el Ministerio de Justicia no adecúa los baremos de las cantidades que paga a los abogados de oficio. Desde aquel 12 de julio de 1996 el Ministerio de Justicia ni siquiera ha actualizado el IPC de aquellas cantidades. Desde julio de 1996 a julio de 2017 el IPC ha subido un 57% sin que al ministerio haya parecido preocuparle lo más mínimo el deterioro de las compensaciones económicas de los abogados de oficio. Es decir; no es que el ministerio no haya elevado ninguna cantidad desde 1996, no, es que, por el contrario, ha ido dejando que las mismas disminuyan por la vía del IPC. Cada año que ha pasado desde 1996 nuestras compensaciones económicas han ido disninuyendo y lo peor es que…

¿Recuerdas alguna protesta seria de alguien?

El ex-ministro Catalá previó un incremento de en torno al 30%, lo que nos dejaría aún a 27 puntos porcentuales de alcanzar los niveles retributivos de aquel 12 de julio de 1996. ¿Ves bien ahora lo que de verdad celebramos esa fecha?

Ha pasado una semana desde que la nueva ministra fue nombrada; una semana en la que no parece haber pronunciado ni una sola vez, ni haberse acordado ni una sola vez, de los abogados ni de la abogacía. Démosle tiempo pero démosle de paso algunos datos e ideas:

  1. Los abogados de oficio del territorio común, los que dependen exclusivamente del presupuesto de su ministerio no ven subir las cantidades que se les pagan desde el mismo momento de entrada en vigor de la ley: 12 de julio de 1996.

  2. La subida del 30% de Catalá no alcanza ni siquiera a colocar estos pagos en los niveles de 1996 pues el IPC ha subido desde entonces un 57%. Esa subida, en poder adquisitivo, es un 27% inferior a lo que se recibía en 1996.

  3. Los abogados de oficio de la zona ministerio reciben por su trabajo hasta un 300% menos que los abogados de oficio de otras Comunidades Autónomas transferidas. No es que los abogados de esas comunidades reciban mucho (reciben una miseria) es que los abogados que dependen de la ministra reciben un tercio de esa miseria.

Una subida mínima para los abogados del territorio común no puede ser inferior al 200% y usted tiene dinero para hacerlo.

Una subida del 200% es una subida tan solo de 70 millones de euros y esa cantidad no debe de resultarle difícil de obtener de las Cámaras. Y, si no la obtiene, al menos obtenga el cambio de parte de asignación de esos 130 millones que Catalá quería dedicar a infraestructuras tecnológicas. Usted es férrea opositora a LexNet (y en eso acierta) no gaste dinero en un sistema que hay que replantearse por completo, invierta en capital humano lo que no va a gastar en una infraestructura tecnológica obsoleta.

Ministra: los abogados del territorio común, el 12 de julio de 2018 vamos a conmemorar la humillación anual que venimos padeciendo desde hace 22 años. Díganos cómo quiere que la conmemoremos este año y díganoslo pronto, porque faltan 25 días para el 12 de julio y somos muchos los abogados y abogadas que sí sabemos exactamente lo que conmemoramos ese día.