Yo no sé si hemos adaptado nuestra mentalidad a la nueva situación que ha creado esta pandemia.

Desde el 14 de marzo estamos en estado de alarma para mitigar los efectos de un virus que no hemos sabido contener en sus fases iniciales. No podemos engañarnos, la contención del coronavirus no nos fue nada bien en sus fases iniciales y convirtió a España es el país del mundo en el que más personas morían por coronavirus en proporción a su población.

Si la fase inicial de contención no nos fue bien la mitigación parece habernos ido bastante mejor: una población, en general, disciplinada y voluntariosa ha conseguido «aplanar la curva» y mantener los niveles de saturación de nuestro sistema sanitario dentro de unos límites aceptables tras unos primeros momentos de caos generalizado.

La primera embestida del virus ha costado a España más sufrimiento que a ningún otro país del mundo y ahora encaramos esa «nueva normalidad» que es la situación de anormalidad que seguirá a este primer encontronazo con el virus.

Desde ahora y hasta que se descubra una vacuna o se produzca la inmunidad grupal (nunca antes de 18 meses) viviremos en un entorno caracterizado por las medidas de alejamiento social y de restricción de movilidad. Las autoridades sanitarias van a tratar de mantener la tasa de contagios (Ro) por debajo del 1% pero por encima del 0% lo que significa que, dependiendo de la evolución de esa tasa, en unos momentos las medidas de alejamiento social se agudizarán y en otros se relajarán. Vamos a vivir con el virus durante los próximos 18 meses y las autoridades sanitarias nos van a ir diciendo en cada momento cómo deberemos bailar con él, más apretados en unos momentos y mucho más separados en otros. Nuestra administración, pues, debe estar preparada para actuar con flexibilidad de forma que permita a los administrados poder seguir operando en todos los escenarios posibles.

Ahora bien, la lucha contra los efectos nocivos de la pandemia no está en absoluto acabada con medidas puramente sanitarias.

Si España ha sido el país donde la crisis sanitaria ha golpeado con más saña en forma de muertes por millón de habitantes, España corre el riesgo más que cierto de ser el país donde la crisis económica golpee con más crudeza también.

No hace muchos días el Instituto Tecnológico de Massachusstes (MIT) publicó un artículo donde afirmaba que, la crisis económica secundaria a las medidas de mitigación de la pandemia, sería especialmente grave en aquellas comunidades que dependiesen de la industria del turismo.

No es preciso que lo dijera el MIT, al sentido común de la población española ese dato no le había pasado desapercibido y, la preocupación de la ciudadanía, comenzó a dispararse.

Piensen en comunidades como las Islas Baleares o Canarias, como la Costa del Sol o el levante español ¿qué puede ocurrir en poblaciones como Benidorm o Salou?. Ni siquiera los viajes del INSERSO van a llegarles este año… ¿qué pasará con una población que trabaja y vive de la actividad turística?

La caída del PIB español ha sido fijada por los más optimista en un -8%, por el Banco de España en un -13% y por otros observadores ha sido considerada simplemente imprevisible.

Si ustedes recuerdan la crisis de 2009 (y seguro que la recuerdan) guardarán en su memoria la imagen de movimientos sociales (el 15M por ejemplo) la aparición de nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) la actuación de organizaciones sociales oponiéndose por la fuerza a decisiones judiciales sentidas como injustas (la Plataforma Antihipotecas —PAH— evitando por la fuerza que se lanzase a familias fuera de sus hogares) o incluso la ocupación de bancos y entidades financieras por colectivos indignados.

Pues bien, esa crisis supuso tan solo en 2009 una caída del PIB del -3.6%.

Ahora piénselo: si aquella crisis de un -3,6% trajo aquellas reacciones ¿qué reacciones sociales traerá una crisis cuatro veces mayor del -13%?

Trate usted de multiplicar por cuatro aquellos niveles de indignación y aún se quedará corto porque la crisis del 2009 se distribuyó uniformemente por España, esta se va a concentrar en aquellos lugares más dependientes del turismo y eso hará que cualquier estallido en Málaga, Canarias o cualquier otra zona turística pueda ser especialmente explosivo.

Afortunadamente, igual que ocurre con la mitigación de la crisis sanitaria, sucede con la crisis económica: no podremos contenerla pero podremos mitigarla.

No podremos contener la crisis económica porque ya ha estallado y no hay vuelta atrás, desde que se fracasó en las medidas de contención sanitaria de la pandemia y se tuvieron que activar las medidas de mitigación (estado se alarma, confinamiento, alejamiento social, etc…) la crisis económica se convirtió en imparable y ahora ya no hay remedio: no podemos impedir la crisis, solo podemos mitigar sus efectos y la administración a la que corresponde mitigar los efectos de la crisis económica es, principalmente, a la administración de justicia.

La administración de justicia se enfrenta en estos momentos a una onda, a un tsunami que amenaza con hacer saltar las cuadernas del sistema judicial español: una oleada de casos laborales y mercantiles se dirigen en avalancha a los juzgados españoles y tras cada uno de esos procedimientos la vida y la felicidad de muchas personas están en juego. Si la administración de justicia no da respuesta a esos casos los dramas humanos aumentarán la conflictividad social y el estallido puede producirse en cualquier momento. Lo que ocurra después del estallido es impredecible.

La administración de justicia, como antes la administración sanitaria, tiene que atender a los casos urgentes de forma inmediata, los casos de UCI. Y para los demás casos lo único que se puede hacer es «aplanar la curva», mitigar la pandemia económica, conseguir que nuestro sistema judicial sea capaz de atender en todo momento las demandas de la sociedad sin verse rebasado nunca por ellas.

Eso sería lo ideal pero ¿se puede hacer?

Si usted le pregunta a cualquier profesional de la justicia le responderá sin titubear que NO. Nuestras UCI’s (juzgados) están saturados desde antes de que se destapara esta crisis, ya estaban atendiendo muchos más casos de los que podían, no cabe un caso más en la patera judicial ¿cómo vamos a atender nada urgente ni a soñar con «aplanar la curva»?

Quisiera responder a eso y decirles que se puede, que sí se puede, pero que, al igual que la sanidad necesita de respiradores, pruebas PCR y hospitales de campaña la administración de justicia va a precisar de una inversión inmediata que pueda poner en marcha un plan de mitigación que, operando desde ya, pueda salvar a nuestra sociedad del abismo que enfrenta.

El primer paso imprescindible es establecer un indispensable proceso de triaje jurídico-económico. Sabemos que en este momento no disponemos de los medios suficientes para atender a todo el mundo ni a todos los procesos, es preciso, pues, establecer un proceso de triaje que decida qué casos son atendidos de inmediato y cuáles no. El borrador del decreto de medidas que se pretende aprobar mañana carece por completo de medidas que permitan un eficaz triaje de los casos que ingresen en la administración de justicia y esa carencia es el primer paso hacia la catástrofe.

Tras el triaje hace falta ampliar la capacidad de nuestras UCI’s (juzgados) aunque para ello hayamos de habilitar hospitales de campaña. Quizá no sean tan maravillosos como los juzgados actuales pero tampoco era IFEMA una UCI como desearían los enfermos. Necesitamos movilizar todos los recursos y podemos hacerlo.

Si realizamos correctamente el triaje podemos descargar los juzgados de Primera Instancia de asuntos postergables y derivar los casos mercantiles a los juzgados de Primera Instancia que actuaran como la IFEMA que salve a nuestras empresas. No hay otra, yo, si estuviese enfermo, preferiría ir a una UCI normal que al pabellón de IFEMA pero, entre eso y nada, no hay opción posible.

Tampoco el borrador de decreto de medidas que se ha filtrado prevé nada de una IFEMA judicial, y ese es el segundo paso hacia el abismo.

Coetáneamente a las medidas anteriores es preciso aplanar la curva de entrada de asuntos en las UCI’s (quiero decir juzgados) de forma que permita ganar tiempo para ir adaptando el Pabellón de IFEMA y dotándolo de las medidas necesarias y ahí SÍ se ve un rayo de esperanza en el borrador del decreto del gobierno. Mediante una patada a seguir manda los concursos a diciembre y gana tiempo de esta forma pero ¿ganar tiempo para qué?

El decreto no lo dice y, si por un lado uno detecta un punto de inteligencia en la medida anterior, si no se conoce el fin de la misma es tanto como no saber nada. En este punto hay un rayo de esperanza pero solo un rayito, poco más.

Finalmente, para ampliar las UCI’s, construir las IFEMAS, comprar aparatos de ventilación y pruebas PCR que permitan funcionar a nuestros juzgados hace falta DINERO, DINERO y DINERO. Y, el borrador de decreto del gobierno, no contiene NI UNA previsión económica ni dotación presupuestaria. No parece, pues, que, de momento, podamos albergar demasiadas esperanzas.

Finalmente; si la sanidad ha sacado adelante esta situación de crisis se ha debido por sobre todo a la entrega y compromiso de los funcionarios de dicha administración dispuestos a trabajar 24 horas en turnos de mañana, tarde y noche e incluso a jugarse la vida y la salud por sus conciudadanos. ¿Están dispuestos quienes trabajan en la administración de justicia a hacer lo mismo?

Es tiempo de liderazgos, de ideas claras y planes comprensibles por los que merezca la pena luchar y por los que merezca la pena arriesgar la vida y la salud. La administración de justicia tiene en sus manos salvar a muchas familias españolas pero necesita, además de un plan claro y comprensible donde todos sepan qué papel juegan, medios, dinero, apoyo y liderazgo ético.

Conozco a quienes trabajan en los juzgados y sé de que madera están hechos; sé que vagos, indolentes y hasta perezosos son gente capaz de arriesgar su vida si les das una buena causa para hacerlo. La sociedad puede estar segura de eso. Ahora es el tiempo de los políticos: modifiquen ese decreto, doten de medios a la justicia, pídanle lo imposible a los jueces, fiscales, LAJ’s, Procuradores, funcionarios, con que contamos y no duden de que lo harán; pero, no jueguen con ellos a componendas ni pasteleos ni ventajitas por que aquí o cargamos todos o no cargará ni dios.

Hay mucha y muy buena gente en este asunto de la justicia y bien dirigida hará lo que se le pida y aún más de lo que se le pida.

No nos falle, ministro.

Me cuesta trabajo escribir este post, no porque me cueste contar lo que voy a contar sino porque no sé si lograré darle el enfoque exacto.

Lo sucedido esta mañana ha sido que el ministro de justicia, Juan Carlos Campo, me ha llamado por teléfono tras recibir el texto que podéis leer en el post que precede a este.

Debo decir que no esperaba esa llamada.

No estaba contento conmigo, pero tampoco enfadado, simplemente me ha dicho que le parecían injustas nuestras críticas y me ha puesto de ejemplo nuestra crítica al nombramiento de Antonio Garrigues Walker un hombre magnífico y de gran calidad humana.

He tenido que discrepar y aclararle que nadie discutía la calidad humana y profesional del nombrado pero que, si quería agradar al 85% de la abogacía real de Esaña, la abogacía independiente de los pequeños despachos, había elegido el perfil menos adecuado. Que si alguien desde la abogacía le había sugerido ese perfil se había equivocado.

Me ha garantizado que la pequeña abogacía estará bien representada en esa comisión y se lo he agradecido, aunque le he manifestado que, para ese 85% de abogados y abogadas de a pie, en mi sentir, era más necesaria una ley de servicios jurídicos como la alemana o la inglesa.

Hemos hablado de bastantes temas —la conversación ha sido larga— y no debo ocultar que le he pedido que no atienda a las propuestas del CGPJ; pero que, sobre todo, lo que me preocupaba era cómo pensaba él hacer frente a ese aluvión de casos que caerá sobre los juzgados de lo mercantil y lo social.

No sé si me he puesto dramático al decirle que la administración sanitaria había salvado la vida de los españoles y españolas pero que, ahora, dependía de la administración de justicia salvar su futuro, que las empresas y los trabajadores en problemas ahora van a depender todos de que la administración de justicia sea capaz de dar respuesta a sus problemas y que, si no lo hace, nos iremos todos al carajo. Que eso, ahora, estaba en sus manos y que dependía de las medidas que él tomase.

Me ha respondido que espere y que confíe en las medidas que va a publicar en el decreto del próximo martes y por ahí ha terminado la conversación.

No les diré que tenga ahora más confianza en las medidas del decreto del martes de la que tenía esta mañana. Se lo diré cuando el miércoles lea el BOE.

De hecho mi ánimo y mis presentimientos no son buenos, aunque eso puede ser solo un estado de ánimo.

Pero creo que es de justicia contar que esta mañana Juan Carlos Campo ha marcado mi número de teléfono para hablar de asuntos de justicia, escuchar y comunicar.

Le he preguntado si debía mantener esta comunicación en secreto y me ha dicho que no.

Y tras pensarlo detenidamente y hacer un profundo examen de conciencia, creo que no debo mantener este hecho en secreto.

Estimado ministro:

La suerte de esta crisis en el campo de la justicia se va a decidir en los primeros seis meses, pues, en ese período, van a ingresar en la administración de justicia española el grueso de las reclamaciones por la situación derivada de la pandemia.

Como sin duda ya sabrás, extrapolados los resultados e indicadores de la crisis 2008-2009 (-3.69% del PIB) a la situación presente (-13% del PIB), habrás encontrado que la tasa de incremento de asuntos en los juzgados de lo social y lo mercantil oscilará en los primeros entre un 40% y un 160% y en los segundos entre un 81% y más de un 200%.

Es a ese incremento de asuntos al que tu ministerio debe dar respuesta ya, cualquier otra medida pensada para un plazo superior a este mismo momento es una medida tardía.

Los problemas laborales y mercantiles son el núcleo del problema; la jurisdicción contenciosa se ve protegida por el plazo de tramitación de los expedientes administrativos que puede (y debe) ampliarse para evitar que la onda del tsunami de asuntos llegue demasiado pronto a estos juzgados y, en todo caso, impedir que se simultanee con la laboral y mercantil.

Un incremento de entre el 81 y más del 200% creo que sabes que es inasumible para los juzgados de lo mercantil, mucho más cuando ya están saturados y se habría de dar respuesta en un lapso que se mediría en semanas.

Es imposible que 68 juzgados de lo mercantil asuman esa carga de trabajo y, en un entorno de movilidad reducida, celebrar, por ejemplo, juntas de acreedores, en puntos lejanos del domicilio de las empresas (capitales de provincia) será percibido como un disparate que atenta contra la seguridad sanitaria.

La carga de los juzgados mercantiles, en esta situación de emergencia, puede ser perfectamente asumida por los 1700 juzgados de primera instancia de España (competentes hasta 2004 para su conocimiento) si se alivia de carga de trabajo a estos mismos juzgados de Primera Instancia.

Y es evidente que hay asuntos que esos juzgados tendrán que dejar de tramitar:

No se pueden seguir tramitando procesos que signifiquen el lanzamiento de ninguna persona, no ya porque pueda ser inhumano, sino porque una sola persona en la calle supone un problema sanitario inaceptable en este momento. Hay que parar durante estos primeros seis meses todos esos procedimientos, al igual que otros muchos y en la forma que señalaré a continuación.

Es preciso dotar de capacidades de gestión de procedimientos (procedures management) a Jueces y LAJ,s de forma que puedan adaptar determinados aspectos de los procedimientos a cada situación concreta, por ejemplo:

• Establecer el grado de urgencia de determinados procedimientos a fin de establecer un orden de resolución durante el período de urgencia. Los criterios pueden predeterminarse por el ministerio.
• Acordar el tipo de herramientas telemáticas que podrán usarse para teletrabajar o llevar a cabo videoconferencias con las partes.
• Ampliar o reducir plazos procesales en determinadas circunstancias así como suspender temporalmente la tramitación de ciertos procedimientos.

Con estas medidas se liberararían recursos de los juzgados de Primera Instancia que, dedicados a los asuntos mercantiles, permitirían absorber la primera onda del tsunami de asuntos y salvar así el tejido industrial español.

Por lo que respecta a la jurisdicción social la tarea es más ardua pero no queda otro remedio que adscribir juzgados, jueces funcionarios y recursos a la misma durante estos primeros y decisivos meses, de otra forma el riesgo de que una gran parte de la población no reciba respuesta a tiempo a sus demandas es altísima y, si tal respuesta no se produce, las consecuencias sociales son imprevisibles. (No es necesario recordar el ejemplo de la PAH impidiendo actuaciones judiciales por la fuerza en el marco de una crisis muchísimo menor).

Muchas otras medidas son precisas (y no es la menor de ellas un respeto exquisito por las funciones de la abogacía y la procura y su derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar) pero, estas que te he señalado, o se adoptan inmediatamente o las demás ya no tendrán sentido pues habremos perdido la batalla.

Aprovecho para ofrecerte toda mi ayuda y aquella otra de la que, en la medida de mis posibilidades, pueda proveerte en una tarea de esa especie y con esos fines. Si no son esas las finalidades lo lamentaré mucho.

Recibe un cordial saludo y espero que las medidas que se adopten el martes no sean las que andan aireando sedicentes representantes de la abogacía.

Un saludo y suerte.