Cuatro meses han pasado desde que Rafael Catalá Polo fuese designado por Mariano Rajoy Ministro de Justicia en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón, de cuya dimisión se acaban de cumplir también cuatro meses y sin que percibamos que nadie le haya echado de menos.

Hasta el momento, Catalá -ese hombre de quien, con particular finura y precisión, dijo Don Andrés de la Oliva, ilustre catedrático de Derecho Procesal y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que “no se le conocía ni una mala palabra ni una buena acción”- ha empleado estos cuatro meses de mandato para ilustrar a la perfección que, en política y en la vida, una cosa es lo que se dice y otra muy distinta lo que se hace y que, a la distancia que media entre ambas cosas, se le llama mentira.

Si por algo se han caracterizado estos cuatro meses del mandato de Catalá ha sido por sus contínuas promesas de “dialogo” y sus reiteradas ofertas de “acuerdos” y “pactos”, además de su insistencia en que están estudiando a fondo la situación antes de modificar las tasas judiciales, las cuales, por cierto, fueron aprobadas sin estudios mínimamente serios. Pero también, si por algo se han caracterizado estos cuatro meses del mandato de Catalá, ha sido por el hecho de no haber dialogado en serio con nadie y por haber presentado a trámite sin debate, consenso ni pacto, algunas de las leyes más odiosas que se recuerdan en los 36 años de democracia española; bástenos con recordar la Ley Mordaza la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su inconstitucional régimen de escuchas o el proyecto de Código Penal, censurado desde todos los ámbitos políticos y jurídicos, incluído el de la Abogacía Institucional.

Catalá no hace lo que dice y lo que dice no lo hace, lo que no es nada nuevo en política por cierto, y, enfrentados a esa realidad incontestable, deberíamos preguntarnos por qué lo hace. Porque es bien sabido que, cuando la realidad es favorable a un político, las mentiras no son necesarias; fijémonos para ello en el caso de las tasas judiciales.

Catalá, enfrentado a la inicua ley de tasas de Gallardón (que no es de Gallardón sino del entero gobierno que la aprobó, y del partido que, en solitario, las apoyó reiteradamente) prometió que restablecería el diálogo con la Abogacía Institucional y que reformaría la ley de tasas de acuerdo con los operadores jurídicos. Y tras decir esto se autoimpuso un plazo: lo haría en enero de 2015.

Pues bien, enero de 2015 está a punto de expirar y no sólo no hay propuesta de reforma de la ley de tasas sino que no existe el más mínimo atisbo de diálogo entre el Ministro de Justicia y la Abogacía Institucional con quien afirmó que se sentaría en primer lugar.

Afortunadamente en el tema de las tasas en febrero Catalá tiene que enfrentarse en las Cortes a una iniciativa del PSOE para derogarlas -en los mismos términos que otra iniciativa que se votó en las Cortes el mismo día de la dimisión de Gallardón- y no parece que vaya a ser plato de gusto para el ministro tener que volver a pasar por ese trago y hacer frente de nuevo a sus contradicciones delante de la opinion pública. Por eso esta semana va a ser decisiva en materia de tasas.

El próximo viernes es el último día hábil de enero y es también fecha de Consejo de Ministros. ¿Qué hará Catalá con las tasas?

¿Seguirá sin hacer nada (o hará una propuesta pública) y dejará que llegue el debate en pleno de la proposición de ley del PSOE?

¿Aprobará el Gobierno un Real Decreto-Ley reformando las tasas conforme a su propio criterio, sin tramitación prelegislativa alguna y demostrando así su nula intención de negociar?

Pueden hacer sus apuestas y pueden apostar también sobre las consecuencias de cada una de ambas opciones; en la primera todos los grupos de la Cámara volverán a sacudir sin piedad al ministro para regocijo de los húsares de la Brigada Tuitera en particular y del electorado en general. En la segunda, poco hay que añadir, más allá de que se retrataría el ministro él solo, y con él el Gobierno del que forma parte.

Por eso, en materia de tasas, esta semana es decisiva, porque al ministro solo le sirve ya la derogación o una rebaja tan sustancial que sea lo más parecido a la derogación, pues, con cualquier otra opción, la pérdida de votos la tiene asegurada.

Sin embargo sí hay algo seguro y es que, en todos los casos, los miembros de #T #BrigadaTuitera siempre estarán y siempre se les podrá encontrar en el lugar que han ocupado desde el principio: cargando contra las tasas y en defensa del Estado de Derecho.

Y plenamente capacitados para detectar y denunciar públicamente maquillajes jurídicos.

Verónica del Carpio Fiestas & José Muelas Cerezuela

Nota: este co-post es difundido simultáneamente en los blogs de José Muelas Cerezuela, abogado y Decano de Colegio de Abogados de Cartagena, y El bosque y los árboles, de Verónica del Carpio Fiestas, abogada y profesora asociada de Derecho Civil y representa la opinión conjunta de ambos.