La maldición de Frost

Esta semana ha sido, por muchos conceptos, memorable para mí. Como siempre, nada agradable viene sin su acompañamiento de angustias y ansiedades, pero, por lo que respecta a la acción pública emprendida hace tres años contra las tasas judiciales y en defensa de la justicia, esta semana ha sido, créanme, histórica.

Hace hoy 888 días que decidimos iniciar una acción para oponernos a la inicua ley de tasas judiciales que había aprobado el gobierno, un gobierno apoyado por una mayoría absoluta granítica y contra el que no parecía posible oponer planteamiento discrepante alguno. La situación política ofrecía todas las características precisas para que cualquier acción de protesta estuviese condenada al fracaso, pero, también, regalaba a cualquiera que pretendiese rebelarse contra ella todo lo que necesita un ser humano para ponerse en pie y sentir que la razón y la épica están de su parte, un cóctel tradicionalmente muy peligroso para los gobernantes. No hay gloria alguna en vencer sin dificultades pero, cuando la Brigada Ligera cargó en Balaclava en una acción disparatada, estaba escribiendo al mismo tiempo un poema que Tennyson no tuvo más que pasar a limpio.

En el siglo XXI ya no quedan caballos ni sables pero el espíritu que anima al ser humano a hacer cosas grandes sigue intacto, ese espíritu granadero que tan bien conocemos en Cartagena y que hace que, en un mundo de información y software, aún queden húsares a la busca de valles donde cargar y galopar poemas que otros, después, pasen a limpio.

Vivimos en el siglo XXI, un mundo donde la tecnología exige un cambio en las reglas del juego político que los gobernantes se resisten a reconocer y, por eso, decidimos utilizar las herramientas del siglo XXI para llevar a cabo nuestra acción. Usamos de las redes, provocamos enjambres, operamos en fuerza y en guerrilla según procedía, imaginamos algoritmos biomiméticos e infectamos con ellos las redes de forma que pronto dispusimos de un amplio capital, el más importante de que puede disponer ninguna organización: personas. No hay mayor riqueza en un país que las personas que lo integran, el conocimiento —jurídico por ejemplo— no está en los gobiernos ni en los asesores sustanciosamente pagados y dispuestos a alquilar su opinión mercenaria; el conocimiento jurídico está en las personas que dedican su vida al estudio del mismo y que, animadas por la razón y el épico impulso cívico, deciden ponerlo al servicio de la comunidad. Igual ocurre en los demás campos del saber, el único trabajo organizativo preciso es dejarlo fluir sin perder de vista el objetivo.

Los gobiernos, estúpidamente, suelen preguntarse cuánto les costará poner a trabajar para ellos al personal necesario; en lugar de eso debieran preguntarse más bien cuánta gente estaría dispuesta a trabajar gratis para ellos impulsada sólo por la razón y un épico impulso cívico. Desperdician la mayor riqueza de la sociedad, la tienen pero no la ven o, quizá, aún peor, no tienen épica ni razón alguna que ofrecerles. Líderes de trampantojo que desconocen que su trabajo es lograr lo que hace años ya enseñó Lao Tsé, que al acabar la tarea y conseguir los objetivos, la gente sepa que: «lo hemos hecho nosotros». Hay que reconocer que algo bueno tuvo el mandato Gallardón/Catalá: nos ofreció una buena causa por la que luchar y movilizarnos. Gracias por eso, señores, y por nada más.

Este lunes, proposiciones redactadas al 90% por húsares de la Brigada —gracias Enrique, gracias Jaime— llegaban al Congreso de los Diputados tras haber peregrinado de victoria en victoria por nueve parlamentos autonómicos de España y allí se votó su toma en consideración por el Congreso para tramitarlos y dar luz verde a su aprobación como ley que acabase con las infames tasas judiciales; este fue el resultado de la votación:

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Luz verde por práctica unanimidad (una sola abstención y al parecer por error); el ministro y el gobierno, cobardemente,  prefirieron no estar presentes una tarde en la que los húsares de la brigada ocupaban las tribunas del Congreso y hacían temblar las redes sociales con un «Trending Topic» a escala mundial. Parafraseando a Kennedy podríamos decir que estos gobernantes ignoran el verdadero valor de la democracia pues desconocen que, si bien es cierto que los hombres que ostentan el poder hacen un aporte indispensable a la grandeza del país, tan cierto o más es que los hombres que cuestionan el poder hacen un aporte igual de indispensable, especialmente cuando dicho cuestionamiento es desinteresado.

Estos gobernantes, hombres que parece que sólo diesen la cara cuando las cosas vienen bien y sacan el plasma cuando no vienen bien dadas, tendrán que conformarse con leer en el diario de sesiones del Congreso frases como estas:

Hoy se encuentra entre nosotros una de ellas, la Brigada Tuitera, que tanto tiene que ver en esta proposición de ley. Se unieron y, gracias a la presión que ejercieron —y seguramente también a que había elecciones en el horizonte—, consiguieron que al final de la pasada legislatura se eliminaran las tasas judiciales para las personas físicas. Señorías, no es suficiente. (Patricia Reyes. Ciudadanos)

O estas

Señorías, doy la bienvenida al hemiciclo, como han hecho el resto de diputados que han subido a esta tribuna, a la Brigada Tuitera. Hay que reconocerle el esfuerzo que han hecho con tal de que se ponga encima de la mesa un debate sobre la Ley de Tasas. (Sra. Perea, Partidos Socialista)

O incluso estas que fueron refrendadas por aplausos tal y como consta en las actas

Sean mis primeras palabras para expresar el privilegio que supone para mí representar desde esta tribuna a más de los 5 millones de personas que votaron a Podemos-En Comú Podem-En Marea en las elecciones del 20 de diciembre. Permítanme también que le agradezca a la Brigada Tuitera el trabajo que han hecho para que esta proposición de ley, efectivamente, vea la luz en esta Cámara. (Sr. Yllanes Suárez. Podemos)

Siguiendo con la paráfrasis, estos gobernantes que huyeron del hemiciclo dejando a sus diputados huérfanos de los causantes de sus males, no entenderán nunca lo que Frost enseñó a Kennedy: que en una sociedad democrática la labor más importante del escritor, del compositor o del artista  —y del jurista y todos en general— es ser honestos consigo mismos y dejar que la chispa caiga donde tenga que caer porque al servir a su visión de la verdad sirven mejor a su nación. Y que la nación que desdeña la misión del arte y de estas voces libres invita al destino del hombre señalado por Robert Frost, el destino de no tener «nada en el pasado para enorgullecerse y nada en el futuro que anhelar con esperanza».

Son muchos quienes preferirían que esta votación nunca hubiese tenido lugar, son muchos los que prefieren esconderse tras sus cargos de directivos en partidos y corporaciones, son muchos quienes prefieren no ver estas cosas y silenciarlas u ocultarlas para que no subrayen su propia inanidad, lo siento por ellos, su condena es la predicha por Frost.

Queda mucho trabajo que hacer aún, sin duda, pero hoy, 888 días después de iniciada la campaña, voy a sentarme y a pensar en estas cosas; mañana volverán las angustias y ansiedades y habrá que trabajar para ganarse la cada vez más difícil vida.

 

Proposiciones que serán leyes

Quienes sigan las andanzas de esos abogados que componen la sedicente Brigada Tuitera habrán observado que sus iniciativas legislativas se han multiplicado últimamente y que, recientemente, el Parlamento Andaluz ha aprobado una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno de España a retirar las tasas judiciales a las PyMES y ONG’s. La trascendencia de esta acción, de este golpe de mano, no ha sido percibida -en general- en su exacta dimensión, pero créanme si les digo que es posible que en Sevilla, en el Parlamento Andaluz, se escribiese el pasado 9 de octubre el principio del fin de las tasas.

Presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos, la proposición no de ley de la Brigada Tuitera fue apoyada por todos los grupos parlamentarios en su práctica totalidad pues sólo el PP se abstuvo -ni siquiera votó en contra- en uno de los tres puntos que la componían. Todos los grupos, pues, se posicionaron pública y solemnemente por la desaparición de las tasas para PyMES y ONG’s.

No es la única moción en marcha; en este momento mociones sintéticamente iguales a la que ganó en Andalucía se han presentado en Euskadi, Madrid, Castilla y León… Y están en marcha en La Rioja, Cantabria, Navarra, Castilla La Mancha y la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España, presentadas en cada autonomía por grupos políticos distintos, ora por Ciudadanos, ora por el PSOE, ora por cualquiera de los demás partidos.

Hoy son proposiciones no de ley apoyadas por todos los grupos políticos (con las naturales reticencias del PP) pero, el 20 de diciembre, habrá elecciones y tras ese día se constituirán nuevas Cortes Generales con unas mayorías muy distintas de las que hay hoy en ellas.

Y entonces será el momento de ir a la Carrera de San Jerónimo y presentar como proposición de ley lo que hasta ahora era una proposición no de ley, y será también el momento de pedir a los partidos que han apoyado la proposición por toda España que la apoyen también en Madrid. Y, si aún queda vergüenza, esta primavera nos pasearemos por una España sin tasas.

Llevamos dos años en campaña contra las tasas y hay que acabar lo que se empieza, hemos de cerrar este capítulo de nuestras reivindicaciones, aunque sólo sea para que algunos aprendan que no se puede gobernar contra el pueblo y que, si lo hacen, ni ellos ni sus leyes perdurarán.

Acabemos, pues, esta tarea y luego vendrán las demás. Vale.

  

Proposición no de ley contra las tasas

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Los húsares andaluces de la Brigada Tuitera están presentando a los diversos grupos políticos del Parlamento Andaluz una «proposición no de ley» para instar al Gobierno de la Nación a retirar la infame ley de tasas que aprobó el ministro Gallardón y que, a pesar de las protestas unánimes, sigue gravando, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas españolas y a las ONG´s.

En su actividad han llegado incluso a reclamar al propio PP de Andalucía que apoye e impulse esta proposición no de ley, momento que recoge la foto.

A la reunión asistieron miembros de la Brigada Tuitera de las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Granada y Huelva. En la misma, en la que estuvo presente durante un buen rato el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, expusieron los objetivos principales del movimiento tuitero, insistiendo en la necesidad de que el PP se comprometiera a presentara una proposición no de ley de rechazo a las tasas judiciales.

A esta reunión asistieron los “brigadistas” José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogado de Sevilla, María Isabel Escartín, decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Manuel Nogales, procurador de Huelva, María del Mar Mingorance, abogada de Córdoba, Rosa María Durán, abogada de Huelva, Sergio Mombo, abogado de Málaga, Enrique Hinojosa, procurador de Huelva, y los magistrados y jueces Francisco Gutierrez, Antonio Cortés, y Maria Cruz Fernández-Aragón, estos últimos miembros, también, de la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, los cuales expusieron abiertamente la dramática situación en la que se encuentra la Justicia andaluza, con señalamientos para el año 2019 en algunos órganos judiciales sevillanos.

También se le expuso al diputado autonómico andaluz una comparativa del dispar número de jueces por habitante que cada comunidad autónoma dispone, en la que Andalucía destaca con uno de los porcentajes más bajos.

En ese sentido, se resaltó que Portugal, con una extensión y población aproximada a la andaluza, cuenta con el doble de jueces que nuestra Comunidad, lo que repercute, de manera directa, en la celeridad y calidad de la Justicia.

Todos podemos unirnos a esta acción (los americanos le llamarían Grassroots) y podemos aprovechar su trabajo para solicitar en nuestra Comunidad Autónoma la adopción de una proposición no de ley similar. Por si decides asumir tú esta responsabilidad te dejo en este link el texto completo de la suya para que la adaptes a tu autonomía en la forma que estimes pertinente.

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Dónde estamos y qué queremos

Dónde estamos

Ahora que el ciclo de gobierno llega a su fin es el momento de hacer balance sobre lo que nos han deparado estos últimos cuatro años, determinar en qué estado se encuentra la Justicia en relación a aquel en que estaba en 2011 cuando se inició la legislatura y señalar los objetivos prioritarios que habrían de cubrirse en la próxima.

Si atendemos a los programas electorales que presentaron en 2011 los diferentes partidos políticos, la justicia española adolecía de los siguientes defectos:

  • Falta de medios modernos, sobre todo informáticos (PP, PSOE)
  • Insuficiente número de jueces (PSOE, IU, UPyD)
  • Falta de independencia judicial (PP, IU)

Todos los programas concluían que, el concurso de todas o algunas de estas deficiencias, generaban una clara ineficiencia del sistema judicial español que todos los partidos, sin excepción, se declaraban capaces de corregir.

Así pues, atendido al diagnóstico contenido en los diversos programas electorales, debemos preguntarnos si hoy, en mayo de 2015, estamos mejor o peor que en el momento de redactarse dichos programas, porque tal evaluación nos señalará el punto en que estamos en este momento. El resultado, ya lo adelanto, no puede ser más desalentador.

Falta de medios

Por lo que respecta a la endémica falta de medios que padecen las administraciones de justicia, es obvio, que la misma no ha hecho sino agravarse tras cuatro años de reducciones de presupuesto. Si partíamos en 2011 de una justicia insuficientemente dotada con un presupuesto de mil quinientos millones de euros, en 2014, con el presupuesto reducido a mil trescientos millones, no cabe sino concluir que nos encontramos en una situación mucho peor de la que nos encontrábamos. 

Y es importante subrayar que estos recortes se han mantenido constantes los años 2012, 2013 y 2014 pues, hallándonos en año de elecciones, no tengan ustedes la menor duda de que los presupuestos de este año 2015 se usarán como elemento de engaño electoral subiendo los presupuestos sólo para este año y vendiendo así a la opinión pública (que suponen desinformada) que esta subida abarca todo el período. Conviene estar atentos pues, una vuelta a los niveles de 2011 en los presupuestos de 2015, tratará de ser vendida como una “subida” cuando lo único que significa es la consolidación de los recortes y las pérdidas de los años del período 20112014; así pues, atentos a los engaños que, indudablemente, se tratarán de usar desde el ministerio.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de medios de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a los niveles de los años 2007-2008; es decir, un salto hacia atrás de ocho años.

Insuficiente número de jueces

La mayoría de los partidos, en sus programas electorales del año 2011, denunciaron igualmente que la justicia española adolecía un insuficiente número de jueces por lo que será razonable comparar las cifras del año 2011 con las del 2014 para averiguar qué ha ocurrido en estos cuatro años.

El número de jueces en el período 20112014 pasó de 5.171 a 5.362 según las cifras oficiales lo que supone un incremento del 3,6% situando a España en una ratio de jueces/habitante de 11,5 jueces por cada cien mil habitantes, lo que nos sitúa en uno de los últimos puestos de Europa en este tipo de ratios. Sin embargo es preciso poner de relieve que, en este período, se ha prescindido por completo de los servicios de los jueces sustitutos quienes en 2011 dictaban un 17,6% de las resoluciones. Prescindir del trabajo de estos jueces supone incrementar la carga de trabajo de los jueces de plantilla pues es obvio que ese 17,6% de resoluciones no puede haber sido absorbido por el exiguo 3,6% de jueces en que se incrementó la plantilla.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de jueces de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Falta de independencia judicial

La falta de independencia judicial ha sido denunciada como uno de las graves carencias de que adolece nuestra justicia y fue un tema al que dieron especial relevancia los programas electorales tanto del PP como de IU. El Partido Popular destinaba a este problema una medida específica que se contenía como la medida número “11” de su programa electoral y que, textualmente, decía:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

Tal medida fue directamente contravenida por el ex-ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón quien elaboró una reforma de LOPJ que se encontraba en las [antípodas de su programa electoral].

Esta iniciativa del ministro concitó las críticas unánimes de todos los partidos y asociaciones profesionales de jueces sin que ello haya producido efecto alguno hasta este momento pues el sustituto de Alberto Ruíz Galardón, Rafael Catalá Polo, ha manifestado públicamente y sin rodeos su intención de mantener la reforma elaborada por Gallardón reconociendo que, en este punto, no piensa cumplir su programa electoral.

La situación actual es que, el informe de evaluación de España aprobado en diciembre de 2013 por el “Grupo de Estados contra la Corrupción” (GRECO) del Consejo de Europa, en su párrafo 80, contiene esta específica alerta para España:

En opinión del EEG, dado el papel que el CGPJ desempeña en la toma de decisiones sobre áreas vitales de la judicatura, incluyendo los nombramientos, la promoción, inspección y disciplina relativa a los jueces, resulta crucial que este órgano no sólo sea libre sino que se vea también libre de toda influencia política. Cuando las estructuras rectoras del Poder Judicial no se consideran imparciales e independientes, se produce un impacto inmediato y negativo sobre la prevención de la corrupción y sobre la confianza pública en la justicia y eficacia del ordenamiento jurídico del país. El EEG entiende que es demasiado pronto para evaluar los efectos de los recientes cambios introducidos en el proceso de nombramiento de los miembros judiciales del CGPJ pero teme que la percepción de politización del CGPJ, dado el papel del Parlamento en el proceso, no puede solventarse a los ojos de los ciudadanos. Sin embargo, la reforma actual se enfrenta al descontento generalizado de la profesión. La primera prueba a la que se sometió la reciente reforma tuvo lugar con las elecciones de los miembros del CGPJ en noviembre de 2013. El EEG considera que esta cuestión, importante tema de debate durante años y concretamente en el contexto español, se merece un estricto seguimiento. El GRECO recomienda realizar una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos que tiene sobre la independencia de este órgano cualquier influencia indebida, real y aparente, con objeto de corregir cualquier deficiencia que se detecte.

Del mismo modo, a la vista de la forma en que se llevan a cabo los nombramientos el Grupo de Países contra la Corrupción advirtió a España de lo que sigue (párrafo 89):

Las normas internacionales son inequívocas al respecto: todas las decisiones sobre el nombramiento y la carrera profesional deben basarse en criterios objetivos; los consejos del poder judicial deberán demostrar un altísimo grado de transparencia21. El EEG tiene dificultad para reconciliar tales normas con la “discrecionalidad” en cuanto a la evaluación de los méritos y la cualificación profesional que la ley otorga al CGPJ para el nombramiento de jueces de rango superior. En los últimos años se está tratando de afinar los criterios en los que el CGPJ debería basar estos nombramientos, especialmente a través del reglamento de 2010 y de una serie de resoluciones del Tribunal Supremo. Sin embargo, los representantes entrevistados dijeron que sería preferible la inclusión específica de estos criterios en la ley e indicaron que los proyectos de enmienda de la LOPJ incluyeran disposiciones a este respecto (por ejemplo, requisitos para entregar currículos, documentos/títulos acreditativos de méritos, informes de rendimiento, etc.). El EEG acoge favorablemente cambio reglamentario previsto. Cuando la promoción no se basa en la antigüedad sino en los méritos y aptitudes, estos deben definirse claramente y evaluarse de forma objetiva. En opinión del EEG, la promoción de los jueces es un tema muy importante para dar confianza a los ciudadanos sobre la justicia y transparencia de los procesos judiciales. Deberá disiparse cualquier sospecha de influencia indebida en la promoción de jueces a altos cargos. El GRECO recomienda que se estipulen por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, por ejemplo, jueces presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso. Al poner en práctica esta recomendación las autoridades deberían tener presente las preocupaciones mencionadas en el párrafo 80 (recomendación v) sobre la percepción de la politización del CGPJ.

Finalmente la peculiar relación existente en España entre la Fiscalía y el Gobierno da lugar a las siguientes recomendaciones del Grupo de Países contra la Corrupción (GRECO):

ix. (i) reconsiderar el método de selección y el mandato del Fiscal General; (ii) establecer por ley requisitos y procedimientos claros para incrementar la transparencia de comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno; (iii) explorar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal (párrafo 131); x. que (i) se adopte un código de conducta para fiscales de fácil acceso para el público; y (ii) que se complemente con orientación dedicada a los conflictos de interés y otros asuntos relativos a la integridad (párrafo 152);

xi. desarrollar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios en el Ministerio Fiscal, que esté investido de las garantías apropiadas de equidad y eficacia, y sujeto a una revisión independiente e imparcial (párrafo 165).

A la vista de lo anterior podemos, pues, concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la independencia judicial no sólo no ha aumentado sino que se ha reducido mucho más allá de los exiguos límites dentro de los que se movía en 2011. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Otras consideraciones

Comprobado ya que la situación de la justicia en España es peor de lo que era en 2011 al comienzo de la legislatura, no podemos dejar de señalar otra serie de circunstancias que han hecho de España un país mucho más injusto en 2015 que en 2011, algo que, lejos de parecer una consecuencia accidental de la política del gobierno parece ser un objetivo perseguido de forma deliberada por él a través de una serie de inicuas iniciativas legislativas. Veámoslas.

Ley de Tasas

En noviembre de 2012 y con la finalidad declarada de dificultar el acceso de los españoles a la justicia, el ministro del ramo instauró un sistema de tasas judiciales que, de forma inmediata, concitó el unánime rechazo de todos los operadores jurídicos. No es preciso extenderse aquí en señalar la iniquidad del sistema establecido, pues ha sido objeto especialísimo de atención por diversos grupos y en especial por la “Brigada #T” que nace de la irritación que produce esta infame regulación, pero sí es preciso subrayar que la ley de tasas sigue vigente para todas las personas jurídicas de España y que derogarla es una exigencia básica de justicia. El ministro Gallardón y su sucesor Catalá Polo han manifestado de forma clara que no están dispuestos a dar cumplimiento a lo manifestado por la exposición de motivos de la Ley de Tasas que, explícitamente manifestaba:

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Tampoco, ni a Alberto Ruiz Gallardón ni a Rafael Catalá Polo ha parecido importarles lo más mínimo el tenor literal del artículo 11 de la Ley de Tasas que establece textualmente:

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Por supuesto, si ni la ley ni las exposiciones de motivos obligan al tándem Gallardón-Catalá, mucho menos les vinculan sus propias palabras y justificaciones para implantar esta inicua ley; si algo ha carecido de valor en España esta legislatura ha sido la palabra dada. La consecuencia es que, de los casi 600 millones de euros recaudados por tasas, tan sólo 6 van a ir de momento a Justicia y no parece que ni el actual ministro ni mucho menos el anterior se ruboricen lo más mínimo.

A la vista de lo anterior podemos concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, el acceso a la justicia se ha reducido a niveles no ya inferiores a los existentes en el año 2011 sino a muchos siglos atrás. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles como no habían existido desde hace siglos.

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal realizada por el Gobierno ha supuesto igualmente una injustificada restricción de libertades para los ciudadanos presentando características de “derecho autoritario” que han sido señaladas incluso por el anterior Fiscal General del Estado nombrado por el propio Gobierno autor de la reforma Sr. Torres-Dulce. Figuras como la prisión permanente revisable o la llamada “Ley Mordaza” han sido impuestos sin el más mínimo consenso y con una crítica generalizada.

Otras leyes

Tentativas de imponer una “provinciofrénica” e insensata Ley de Planta no tuvieron éxito debido a la férrea oposición de todos los sectores y partidos (incluidos sectores muy caracterizados del propio Partido Popular), tentativas de acabar con el sistema actual de justicia gratuita desde diversos flancos (Ley de Colegios Profesionales, Ley de Justicia Gratuita), tentativas aún en curso de imponer una verdadera “ley de punto final” para determinados delitos de corrupción acortando los plazos de instrucción sin dotar de medios a los juzgados… etc. son sólo algunos ejemplos de lo que ha sido la presente legislatura en materia de justicia.

En suma, si, en materia de justicia, hemos de responder a la pregunta de “dónde estamos”, habremos de concluir que no es que no hayamos avanzado nada, que no es que no nos hayamos movido del punto de partida, sino que lo que habremos de afirmar es que lo cierto y real es que estamos mucho más atrás de lo que estábamos cuando comenzó está legislatura. No es que hayamos perdido una legislatura entera, es que hemos involucionado gravemente y que, de lo único que podemos felicitarnos, es que no hayan salido adelante todas las insensatas medidas propuestas desde el ministerio durante esta legislatura pues, de no haberse parado determinadas leyes, sólo nos quedaría entonar ahora un requiem por la justicia española.

Qué queremos

Sentado lo anterior el objetivo no puede ser otro que cubrir los objetivos que todos los partidos, sin excepción comparten y que no son otros que dotar a nuestro país de una justicia independiente, una justicia con medios, con un número suficiente de jueces, que sirva al administrado sin tasas judiciales manifiestas o en la sombra (justicia cercana) y para ello es imprescindible que, para la próxima legislatura, se alcance el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas para:

  • Derogar definitivamente las tasas judiciales. (#JusticiaSinTasas)
  • Elevar los presupuestos estatales y autonómicos en justicia hasta la media europea. (#JusticiaConMedios)
  • Establecer un sistema de elección de miembros del CGPJ que garantice hasta el extremo la independencia del poder judicial. (#JusticiaIndependiente)

Y a ese fin merece la pena aplicarse, de hecho hay grupos que se vienen ocupando de ello hace ya mucho tiempo. Yo pertenezco a uno: #T

#SinJusticiaHayCorrupción

Justicia: #NoSoloTasas

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Faltan trece días para que concluya el mes de enero, menos de dos semanas para que concluya el plazo que el “dialogante” ministro Catalá se dio para presentar una reforma de la ley de tasas pactada con la abogacía institucional.

No parece que vaya a cumplir con este su primer compromiso pues, a falta de trece días, ya no tiene tiempo material de llegar a acuerdo alguno con la abogacía institucional salvo que imponga un “diktat” a la misma.

Catalá, ese ministro al que, en palabras del académico Andrés de la Oliva, hasta hace poco “no se le conocía ni una mala palabra ni una buena acción” empieza a ser conocido ya por sus malas acciones (Ley Mordaza, escuchas en la LECrim) y por sus clamorosas inacciones.

Catalá debería saber que la ley de tasas está descontada y que, si no la deroga él, será derogada en diciembre por quienes le sustituyan en el cargo. Lo único que puede hacer a estas alturas el minstro es elegir entre ser él quien derogue una ley inicua recuperando así algunos votos para su partido o no derogarla y marcharse a su casa con oprobio y sin votos en diciembre.

Pero, aunque derogue las tasas, es más que dudoso que este ministro vaya a recuperar la mínima credibilidad necesaria para recuperar algún voto porque el desastre en el que está sumida la justicia en España no sólo tiene que ver con las tasas.

Tiene que ver en primer lugar con las maniobras de su antecesor para conseguir un control político de la justicia española. Su antecesor, el infausto Gallardón, en contra de lo comprometido en el programa electoral del Partido Popular, hizo que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuesen elegidos por las Cámaras de forma que los partidos pudieron jugar al juego del reparto de sillas. Tan descarado incumplimiento de sus promesas electorales y de las recomendaciones europeas irritó a todos los operadores jurídicos y no es difícil encontrar expresiones del descontento de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a poco que se investigue.

“Cuando un responsable político no respeta la Independencia Judicial, pretende influir en los nombramientos judiciales, incumple su propia promesa electoral y quebranta los derechos y garantías esenciales de la ciudadanía, reviste el ejercicio de su poder de una absoluta indignidad.
La calidad de un sistema democrático se mide por un pilar fundamental, la independencia plena de Jueces y Tribunales. Cualquier influencia directa o indirecta del poder político en el ámbito de la administración de justicia, erosiona el núcleo de una democracia y pone en grave riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder, que no estaría sujeto a método de control alguno.” [Hay Derecho (post)]Manuel Ruiz de Lara (Magistrado-Juez)

El Informe 2014 del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la corrupción en España [(Informe Greco)] a la hora de valorar a nuestros jueces y fiscales, reconoce su alta calidad y la realidad de que, con la excepción de casos aislados, no hay evidencia de corrupción de jueces o fiscales. Sin embargo, sí se preocupa por el funcionamiento de la justicia. Esta no es todo lo efectiva que cabría esperar, los tribunales están sobrecargados, lo que vuelve la administración de justicia más lenta de lo deseable.

La otra preocupación fundamental del GRECO se refiere a los riesgos de influencia política. Si bien la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales individuales es poco discutida, se pone en tela de juicio la independencia estructural de los órganos de gobierno de la justicia y fiscalía, y el riesgo de que los intereses partidarios, penetren los procesos de toma de decisiones judiciales.

Pues bien, si no preocupó al anterior ministro incumplir impúdicamente sus compromisos electorales, mucho menos le preocuparon las recomendaciones europeas en la lucha contra la corrupción y recuperar la independencia judial, primer y principal requisito para poder tener un sistema judicial susceptible de poder funcionar dignamente. Este objetivo, recordémoslo, promesa electoral explícita del PP, no se encuentra tampoco en la agenda de Catalá. Si las tasas impiden a los españoles el acceso a la justicia la falta de independencia impide a la justicia española ser digna de tal nombre en un estado democrático.

Y, si la independencia judicial no preocupa al ministro salvo para mantener su eliminación, tampoco parecen preocuparle la absoluta falta de medios y la inanición y anemia crónicas en que vive la Administración de Justicia española. Los señalamientos de juicios con retrasos de dos, tres y cuatro años son moneda común (véase ilustración), en los expedientes de extranjería o matrimonio no es extraño que se den citas a un año vista, al igual que en las medidas provisionales en procesos de familia, que deberían verse a la mayor brevedad…

La administración de justicia es una catástrofe con y sin tasas y, recordémoslo, el único antídoto de la corrupción es esta administración de justicia a la que se mantiene en coma vigil por razones que dejo que ustedes imaginen.

Por eso, independientemente de que este ministro derogue, maquille, mantenga o incremente las tasas judiciales, la justicia española va a seguir agonizando. Por eso en #T sabemos que la retirada de las tasas no sería el fin, ni siquiera sería el principio del fin sino que apenas si podríamos decir que sería el fin del principio.

Este es año electoral, tres o quizá cuatro elecciones nos esperan, es pues nuestro momento, es el año de la ciudadanía, es el año de la Justicia.

Vamos.

Cáritas

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Hay tuits que emocionan. Hoy Cáritas ha tuiteado el que ven en la foto usando el hashtag #T que los abogados de “La Brigada” usamos para marcar nuestros mensajes… y me he alegrado en extremo. No puede dejar de alegrarme que una organización que lleva el nombre en latín de la caridad se acuerde de la justicia.

Ocurre que las palabras, a lo largo del tiempo, se cargan de significados del mismo modo que los cascos de los buques se cargan de pequeños animalitos que se van incrustando en ellos mientras navegan. Todas estas adherencias hacen que, al final, no entendamos de las palabras más que los significados más recientes y que no veamos del casco de los barcos más que la capa superficial de algas y animalitos que se han adherido a ellos. Esto pasa con caridad y Cáritas.

Porque Cáritas (caridad) no ha significado siempre lo que ahora entendemos que significa, sino que ha sido una palabra que ha atravesado los milenios conservando en su núcleo algunos de los mejores aspectos del alma humana y compartiendo su ADN con una extensa familia.

La “caridad” toma su ADN primigenio de la raíz protoindoeuropea *ka- (desear) de la que se fue generando una abundante descendencia que dio lugar, por ejemplo, al verbo caló “camelar” (querer, amar) o a la palabra latina “carus” o a la italiana “carezza” o a la castellana “caricia”. En esta familia del querer, del deseo (sí, kamasutra también es hija de *ka-), del amor, del cariño y las caricias creció caridad, nuestra protagonista.

Pero caridad también se emparenta con palabras menos gratas como la latina “careo” (carecer) y así, entre cariño y carencias, se hizo mayor nuestra caridad.

Recuerdo ahora aquellas viejas explicaciones que, de niño, me daban en clases de religión (los curas consideraban la caridad poco menos que un patrimonio exclusivo de su religión) y en las que me enseñaban que, si bien el amor nace del corazón, la caridad es producto de la razón y que, por eso mismo, no puede exigirse el amor pero la caridad sí.

Por eso no me parece mal que Cáritas recuerde hoy que hay que exigir justicia para quienes carecen de medios; porque esa “caridad” que piden no es un acto de benevolencia o magnanimidad, es una pura exigencia de la razón; no es algo que ha de darse graciosamente, es algo que se está obligado a entregar a una población que carece cada vez más de medios y a la que están cobrando cada vez más por una justicia que es inaceptablemente cara (por escasa que no por querida), una justicia con la que se hace un infame comercio a través de las tasas.

Por eso hay tuits que emocionan, porque te traen a la cabeza y al corazón cosas como la caridad, las caricias, lo querido y lo caro, caritas y careo, historias sorprendentes como la de “la caridad romana” y hasta raíces protoindoeuropeas como *ka-; sonidos y significados humanos que se esconden incluso tras el nombre popular de la patrona de mi ciudad (“La Caridad”) o -quién sabe- si hasta en el de la ciudad misma.

Gracias Cáritas.