La abogacía necesaria

Un eslogan muy repetido por los abogados en redes sociales para defender el que se dote de medios a la administración de justicia ha sido ese que dice que «sin justicia no hay derechos» y quizá, a base de repetirlo, se nos ha olvidado que existen cosas igualmente importantes que debiéramos defender y que, sin duda, nos tocan más de cerca.

Nos ocurre a los abogados que, a base de defender la justicia, nos olvidamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de que, aunque es verdad que sin justicia no hay derechos, lo cierto es que sin abogados tampoco los hay.

En una sociedad sin derechos la abogacía no tiene razón de ser pero, en una sociedad sin abogacía, lo primero que se extingue son los derechos de esa sociedad.

Y cuando hablo de abogacía no me refiero a cualquier abogacía sino a la abogacía de verdad. No me refiero a esa abogacía negocio que pone en el beneficio económico su primer objetivo, la que deja ver sus ecos de sociedad en las páginas de la prensa salmón, la que a menudo no es más que una herramienta más de los poderosos para tratar de adecuar la realidad jurídica a su conveniencia. Bufetes de influencias,de consejos de administración en multinacionales, condenas por delito fiscal, fondos buitre y trust en las Caimán.

A la que me refiero es a esa abogacía que defiende los derechos de los ciudadanos anteponiéndolos a los propios, a esa que, cuando usted le pregunta aquello de «si hay pleito» le responde con la verdad y le dice lo que más le conviene a usted y no a su cuenta corriente. Siglos de ejercicio profesional construyeron esa abogacía que ahora, en beneficio de los intereses de unos pocos miserables, se trata de destruir.

Se la destruye cuando se eliminan las costas en los procesos hipotecarios, porque con ello se obstaculiza la reclamación de los ciudadanos y se premia la miserable, inhumana y sucia codicia de los bancos.

Se la destruye cuando se aleja la justicia de los juzgados naturales de los consumidores para llevarlos lejos, hacer más caro su acceso y atascar su funcionamiento sin más motivo que favorecer a los de siempre.

Se la destruye cuando se favorece a los bancos reduciendo los lugares en los que pueden ser demandados ellos apenas a 52 juzgados mientras que ellos ejecutan y embargan en los 433 partidos judiciales de España.

Se la destruye cuando a los ciudadanos se les imponen automáticamente las costas de las ejecuciones como si ser pobre fuese lo mismo que ser temerario o no poder pagar fuese lo mismo que actuar de mala fe, mientras que medio país —incluido el Consejo General de la Abogacía Española— trata de que ellos, los bancos, no paguen costas más que en contados casos de conjunciones planetarias.

Se ataca a esta abogacía cuando se atacan muy discriminadamente los criterios de honorarios de los colegios, cobrándoselos con saña a los deudores hipotecarios o bancarios pero interponiendo demandas millonarias contra los colegios cuando son ellos quienes han de atenerse a una más que atemperada versión de los mismos.

Se ataca a esta abogacía cuando no se prorrogan o suspenden los plazos en caso de enfermedad, maternidad o paternidad y se pretende que los abogados y abogadas sean material fungible.

Se la ataca cuando se reconoce el derecho a litigar gratuitamente a capas de la sociedad pero no se dota a la justicia gratuita del presupuesto suficiente para que esa defensa esté dignamente retribuida.

Se la ataca cuando no se controla la publicidad engañosa de empresas que pretenden ser despachos de abogados cuando no son más que intermediarios o multinacionales de procesar carne de jurista novel.

Pero el mayor peligro que amenaza a esta abogacía somos nosotros mismos que, obcecados en defender la justicia, no nos demos cuenta de que la mejor manera de defender los derechos de la ciudadanía es defender la existencia de la abogacía que hace posibles esos derechos, la abogacía que hace que la constitución y el resto del ordenamiento no sean para ellos papel mojado.

No, en las sociedades sin una abogacía así los derechos de la ciudadanía no son más que pura retórica y es por eso que, antes que nada o al mismo tiempo que todo, nuestro deber es defender esta abogacía necesaria.

Una elección bien sencilla

Una elección bien sencilla

Dice el canon de la misa que el vino que se ha de utilizar ha de ser «fruto de la vid y del trabajo del hombre». Mucho se ha discutido sobre qué vinos cumplen con la exigencia de ser natural y puro, es decir, no mezclado con sustancias extrañas, como exige la Instrucción General del Misal Romano, pero yo tengo para mí que, si se analizase con cuidado cualquier vino, en la actualidad prácticamente ninguno cumpliría con esta exigencia. Cuál ha sido clarificado con bentonita, todos han oido hablar de la pajuela de azufre y no pocos incluso de otras sustancias menos nombrables.

Pero yo no quiero hablarles hoy del fruto de la vid sino del trabajo del hombre, porque, de este trabajo, se derivan casi más consecuencias para la sapidez del vino que del propio fruto de la vid y ningún vino ejemplifica mejor este milagro que el vino de Jerez (¿o no?).

Un experimento interesante que puede usted realizar un día que salga a comer es pedir un vino de la Tierra de Cádiz (Barbadillo por ejemplo) y compararlo con una manzanilla de Sanlúcar o un fino de Jerez, pongamos por caso Tío Pepe. Bastará mirarlos para ver las diferencias pero si, además, usted los prueba, cosa que le encarezco, comprobará que tienen sabores y olores muy diferentes. Ambos son producto de la misma uva (la Palomino) pero están vinificados de manera muy diferente: el Barbadillo de la forma estándar en que se vinifica el vino en todo el mundo y la manzanilla o el fino en la forma única y exclusiva con que se elaboran los vinos de Jerez.

El vino de Jerez, un prodigio de la naturaleza que España tiene la suerte de poseer en exclusiva, fue cantado admirablemente por el mismísimo Shakespeare quien, en su obra Enrique IV, dedica al Jerez una loa por la que morirían todos los viticultores del mundo:

Si yo tuviera mil hijos, el primer principio humano que les enseñaría sería el de abjurar de las bebidas flojas y entregarse al jerez.

Edgar Alan Poe nos enseñó en «El barril de Amontillado» que al idiota se le conoce por parecerle meritorio distinguir un fino de un amontillado y, en fin, no ha habido personaje de fuste cultural que no haya encontrado en el Jerez fuente de inspiración y… sin embargo…

Sin embargo yo prefiero el vino cordobés de Montilla-Moriles.

El vino de Montilla-Moriles, vinificado de la misma forma que el vino de Jerez, goza de una ventaja que me hace preferirle pues, no usando de la uva Palomino sino de la Pedro Ximénez, no es preciso «encabezarlo» con alcohol sino que fermenta naturalmente y sin intervención ni adición de nada por el hombre.

Quizá no haya probado usted el vino de Montilla-Moriles y no sepa a qué carta quedarse, pues bien, si su marido o su mujer es abogado o abogada, no tiene más que acompañarle al Congreso de la Abogacía Independiente que tendrá lugar en Córdoba los días 29 y 30 de noviembre. Ella o él tienen un trabajo que hacer, usted sólo tiene que realizar una elección bien sencilla: o Moriles o Montilla.

Ubuntu

Ubuntu

Somos porque son, soy porque sois, sin vosotros no soy nada y sin mí, aunque me odies, eres un poquito menos.

La ética «ubuntu» se popularizó con la llegada al poder de Nelson Mandela y con los discursos del pastor anglicano Desmond Tutu. Buena parte del éxito de la joven y nueva República Sudafricana se debe a esta particular concepción Bantú de la humanidad.

A veces pienso en nuestro ejercicio profesional en términos de esa palabra zulú, ubuntu: ¿qué razón de ser tendría nuestra profesión si no existiese una ciudadanía que ve amenazados sus derechos fundamentales? ¿Qué otro sentido podría tener nuestro ejercicio profesional sino ese?

Hay quien ve nuestra actividad como un negocio pero hay quien todavía cree que esta profesión es algo más que eso. Porque existen ciudadanos con recursos limitados y que han de enfrentarse solos a corporaciones o instituciones con contactos, influencias y capacidades económicas virtualmente ilimitadas, es por lo que existe una abogacía independiente. Somos porque son.

Si algún día ellos desaparecen no tendremos razón de existir (en un mundo sin derechos los abogados sobran) pero, si un día nosotros desaparecemos, ellos dejarán de ser ciudadanos y serán meros súbditos a merced de los poderosos.

Sí, somos porque son, pero ellos también son porque somos y, por eso, cuando defendemos nuestra particular visión de nuestra profesión también les estamos defendiendo a ellos.

Es por eso que una de las mejores formas de defenderles a ellos es defender a esta abogacía que tú yo queremos. No es egoísmo, capricho ni apetencia, es que defendernos es una de las formas más eficaces de defenderles.

Por eso espero verte en Córdoba o en cualquier otro lugar, porque tenemos un trabajo que hacer juntos y tenemos que hacerlo mucho tiempo.

Buenos días y ubuntu.

Abogacía dual

Vamos a una abogacía dual compuesta de unos pocos ganadores y de muchos perdedores que apenas si podrán subsistir.

Todos sabemos que el juego está amañado pero ¿cómo han logrado —cómo hemos dejado— amañar las reglas del juego para hacer que una profesión, no hace tanto digna, se vea sometida a una tensión tan extrema como la que vivimos en los últimos años?

El nivel de vida en España, desde 1995, ha subido en casi un 300% pero la situación de los abogados ha empeorado notablemente en esos mismos años como consecuencia de sucesivas reformas legales que, perjudicando a consumidores y ciudadanía en general, han beneficiado fundamentalmente a corporaciones y grandes empresas. Hoy España, con un PIB tan sólo un 24% por debajo de Alemania, tiene unos salarios un 54% por debajo.

Los ejemplos serían muchos pero el ejemplo de lo ocurrido con las aseguradoras y el baremo es suficientemente ejemplificativo. Ahora, en plena defensa de los consumidores en el mundo de las hipotecas, el posicionamiento sistemático de los diversos gobiernos y aún de alguna institución que se dice defensora de los abogados, ha sido incuestionablemente favorable a las entidades financieras.

Si esta abogacía que nosotros, el 85% de los abogados y abogadas de España, representamos se sigue desintegrando ¿cual será el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de España? ¿Entregarán sus esperanzas de justicia y su futuro en manos de corporaciones mercantiles supuestamente jurídicas en cuya cartera de clientes serán no más que el último de los números? ¿Serán eficazmente representados por unos pocos bufetes entregados a la defensa los intereses superiores de sus cuentas más importantes en cuanto a pago de honorarios?

Hay una riqueza que crea poder político y un poder político que a su vez modifica las reglas que crean la riqueza. No solo hablamos de financiación de campañas electorales, de elaboración de informes o borradores de leyes, al final del camino siempre están las sempiternas puertas giratorias. ¿Dónde crees que fueron importantes cargos gubernamentales de todos los partidos como Soraya Sáez de Santamaría —vicepresidenta del Gobierno—, Rafael Catalá —Ministro de Justicia del PP— o Caamaño —Ministro de Justicia del PSOE— cuando abandonaron el gobierno? Exacto, lo has adivinado, a grandes firmas jurídicas. ¿Qué poder y qué capacidad de influencia crees que acumulan esas firmas que prevén que tú, abogado independiente, acabes en un mundo low-cost uberizado?

Los políticos no hablan de valores, de libertad o de justicia, es el dinero el que habla por los políticos haciendo de ellos, con escasísimas excepciones, no más que voces mercenarias, asalariados de la ideología que conviene a quienes acumulan riqueza y poder.

Quienes mandan quieren que creamos que el parlamento se divide en izquierda y derecha cuando la auténtica división es la de quienes están en la clase dirigente —de un lado— y la de quienes no están —estamos— en ella.

La forma de recuperar nuestra profesión es recuperar nuestra democracia, nuestra administración de justicia y los valores que merece la pena defender. Crear entidades que puedan disputar eficazmente la influencia de todas esas corporaciones y grupos de presión que pretenden acabar con nuestra forma de entender la profesión, la justicia y la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ser un ciudadano, ser un abogado, es algo más que votar, es algo más que defender a un solo individuo; ser un ciudadano, ser de verdad un abogado es involucrarse allá donde la justicia está en peligro y si es necesario pelear con todas las armas que la democracia y la ley ponen a nuestro alcance. Somos juristas y somos los más capacitados para hacerlo, no minusvalores nuestra capacidad de dar la batalla, debidamente organizados somos una fuerza sencillamente imparable y lo saben.

Los cambios sociales se producen cuando la población detecta una tensión entre el ideal que tienen y la realidad que ven a su alrededor. Nunca ha habido una tensión mayor que ahora entre la justicia y la realidad; nunca ha habido una distancia mayor entre la ley y los fenómenos de corrupción que han destruido grandes sectores de nuestra economía y espacios difícilmente recuperables de nuestra democracia.

Usar nuestra voz, nuestro vigor, nuestra capacidad de influencia, nuestro arsenal jurídico y hasta nuestros votos está en nuestras manos. De nosotros depende cambiar las reglas. Por eso, resérvate para ti los días 29 y 30 de noviembre, porque tenemos un trabajo que hacer juntos.

Es ahora o nunca

Es ahora o nunca

La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los tribunales se enfrenta a una encrucijada histórica: o tal actividad es pura y simplemente una actividad económica regida en exclusiva por las leyes del mercado o, por el contrario, es principalmente una actividad destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en cuyo caso, el beneficio económico, el mercado y sus reglas, deberán ceder ante las exigencias que se derivan de tan primordial función.

En el momento presente el 85% de la abogacía española la componen abogados y abogadas que suscriben el segundo punto de vista expuesto en el párrafo anterior, pero no es menos cierto que su forma de entender el ejercicio profesional se ve cada vez más amenazada por otra forma de ejercicio profesional principalmente orientado a la obtención de beneficio económico, donde la figura del abogado o abogada es perfectamente fungible y que está dando lugar a que la regulación legal del sector se venga haciendo a impulsos de grupos de presión a quienes conviene esta concepción de la abogacía como negocio o a quienes molesta la existencia de una abogacía auténticamente independiente.

La aparición de intermediarios que estructuran el mercado de servicios jurídicos en su beneficio y conducen a la abogacía independiente hacia una abogacía low cost, con desprecio de las garantías mínimas de los ciudadanos y ciudadanas, completa un panorama que amenaza muy seriamente con convertir a la abogacía independiente en una profesión aún más precarizada de lo que está hoy día cuando no en una actividad residual o simplemente inviable.

Esta abogacía independiente, a día de hoy, carece de una estructura organizativa capaz de contrarrestar la presión anteriormente descrita y, por ello, comienza a retroceder y a ceder posiciones hasta el punto de que en este momento es dudoso que tal forma de ejercicio pueda sobrevivir unos cuantos años más si no se da una respuesta firme y decidida a tales amenazas.

La abogacía independiente, que en estos momentos representa al 85% de la abogacía española, se encuentra en fase de contracción de forma que, cada año que pasa, su peso e influencia disminuye y es por eso que resulta evidente que, o da la batalla ahora, o ya no podrá darla nunca.

Hemos de remediarlo y por eso el 29 y el 30 de noviembre tenemos un trabajo que hacer juntos. Reserva esos dos días para ti, bloquéalos en tu agenda y considera que estarás fuera de tu ciudad. Nos ponemos en marcha, hacia el infierno o hacia la gloria, eso depende el punto de vista, pero no podemos esperar más sin hacer nada. Será un honor trabajar contigo.

Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

Inteligencia Artificial y estupidez humana

La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Cuando se habla de la Inteligencia Artificial y sus peligros, el cine y la televisión suelen mostrarnos máquinas o robots de aspecto humano que, de pronto, adquieren sentimientos y se rebelan contra su creador o se enamoran de él, dependiendo de la mayor o menor imaginación del guionista. Este recurso cinematográfico confunde inteligencia con conciencia, pero no dejes que la realidad te estropee un buen guión.

Puede ser que en algún momento del futuro las máquinas adquieran conciencia pero para eso falta mucho y antes hay un período verdaderamente peligroso que es al que nos enfrentamos y del que no estoy seguro si la sociedad ni los abogados tienen conciencia plena.

Voy a repetir el primer párrafo de este post: La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Lo peligroso de la Inteligencia Artificial no es que se rebele contra su dueño sino justamente lo contrario, que le obedecerá ciegamente y dotará a su propietario, una minoría poderosa, de un poder como nunca se ha visto en la historia del género humano. Si quieren un símil esto es como cuando en el siglo XIX unos cientos de ingleses se apoderaban de extensiones enormes de África usando sus ametralladoras Maxim contra miles de aborígenes armados con lanza.

La Inteligencia Artificial ha venido aquí para quedarse y no se trata de limitar su crecimiento, se trata de precavernos del mal uso que los pocos que controlen esta tecnología pueden hacer de ella.

A ver cómo se lo explico, una impresora inteligente no se va a rebelar contra su dueño o se va a enamorar del escáner; lo que sí puede hacer esa impresora inteligente es ajustar el consumo de tinta, aprender sus errores más comunes a la hora de introducir el papel, predecir si usted quiere imprimir en formato recto, apaisado, por las dos caras… Pero también comunicar a su fabricante cuanto trabajo imprime usted al mes, si usted se dedica al derecho civil o al penal, si usted se demora en el cambio del tóner y si hay indicios de que usted pasa por apuros económicos… Y esto no es nada pero el Internet de las Cosas, el Big Data y la Inteligencia Artificial simplemente dotarán a quienes los posean de un poder asombroso y, convénzase, aunque le hablen a usted de transformarse o le lleven a bailar con un robot, ni usted ni yo vamos a ser quienes controlen esas tecnologías en su versión más avanzada.

Quien, por ejemplo, controla tecnologías es el Banco de Santander (por cierto, le vi como espónsor de la Feria esa de la Abogacía de Valladolid) quienes no las controlan son esos tres mil quinientos empleados afectados por el ERE que acaba de presentar.

La Europa Medieval fue un fenómeno de acumulación de tierras (el principal activo) en manos de unas pocas familias; la revolución industrial fue un fenómeno de acumulación de capitales en manos de una minoría (los capitalistas) y la revolución tecnológica es un proceso de acumulación de tecnologías y de información en manos de una élite. Tanto la Europa Feudal, como la Europa Industrial sufrieron fuertes crisis y revoluciones que trataron de redistribuir la riqueza; tengamos cuidado porque en la Revolución Tecnológica todo va mucho más rápido.

Muchos científicos y personalidades relevantes del mundo de la Revolución Tecnológica contemplan como seguro un mundo donde habrá un importante excedente de mano de obra y, recurrentemente, aluden a una Renta Básica Universal (Zuckerberg) que permita sobrevivir a todos. En ese futuro de Zuckerberg y otros todos sobreviviremos pero seremos simplemente irrelevantes y todo el pastel se lo comerán unas pocas compañías y, en nuestro sector, unos pocos bufetes/negocio multinacionales.

No, créanme, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la estupidez humana. Vamos hacia una nueva sociedad donde el riesgo de control de los muchos por unos pocos es de una dimensión nunca vista. Ese riesgo puede ser conjurado ahora, no limitando los avances en Inteligencia Artificial sino democratizándola.

El Consejo General de la Abogacía Española acaba de aprobar a espaldas de los abogados españoles un código deontológico que, en lugar de adelantarse a las tensiones del sector, nace viejo y caduco. Es con estas herramientas con las que se puede prever y regular el futuro pero, para eso, al menos hay que tratar de prever el futuro.

Nadie está en posesión de la verdad (dicen que dios es demócrata y repartió estupidez e inteligencia a partes más o menos iguales) por eso lo mejor es escuchar al mayor número posible de voces (un informático diría que las sociedades procesan datos como organismo) pero, la pequeña élite que controla nuestro Consejo General de la Abogacía Española, ni admite consejos, ni lo hace de forma general si lo hace, ni mucho menos los admite de la abogacía española a la que impide participar en la redacción de los textos que la afectan. De forma que en muy poco tiempo esa pequeña élite ha logrado que este CGAE ni sea Consejo, ni sea General, ni sea de la Abogacía Española.

Este tipo de corporaciones que funcionan así, de espaldas sus miembros, son justo lo menos indicado para afrontar el futuro. No creo que podamos esperar mucho de ellos, así más vale que te organices y tomes tu futuro en tus manos. Con inteligencia humana.