Democracia ¿Orgánica?

Los juristas solemos hablar bastante de humos y aromas de manera que, una de las expresiones más habituales en el mundo del foro, es la del “fumus boni iuris”, el “aroma a buen derecho”.

Reflexionando estos días sobre el proceso electoral habido en el Consejo General de la Abogacía Española y el pésimo aroma democrático que me llega de él, me ha venido a la mente la posibilidad de que, al igual que se habla de “aroma” o “humo” de buen o mal derecho, se pudiera hablar también de aroma a ley democrática o predemocrática.

Déjenme que les cite aquí el preámbulo de una ley:

El principio de representación orgánica consagrado por el ordenamiento constitucional español se hace efectivo mediante la participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general, que se lleva a cabo a través de la familia, el Municipio, el Sindicato y demás Entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Estas instituciones deben ser amparadas en cuanto satisfacen exigencias socialos de interés general, para que puedan participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional.

Entre las Entidades aludidas se encuentran los Colegios Profesionales, cuya participación en las Cortes y a través de ellas en el Consejo del Reino, así como en las Corporaciones Locales, se reconoce en las Leyes Constitutiva de las Cortes, de Sucesión en la Jefatura del Estado y de Régimen Local.

Como sin duda habrán notado, en este fragmento se citan leyes, instituciones y conceptos que, si han nacido ustedes después de 1975, les resultarán absolutamente desconocidas.

Así, la participación del pueblo en las tareas legislativas, según esta ley que les cito, no se lleva a cabo a través de los partidos políticos sino que se lleva a cabo “a través de la familia, el Municipio, el Sindicato y demás Entidades con representación orgánica”.

Toma candela, Manuela, «representación orgánica» ¿Alguno de ustedes sabe bien lo que es eso? ¿Le suena a usted el concepto “Democracia Orgánica” de algo?

No acaba la cosa en eso de «Familia, Municipio, Sindicato y Movimiento» (¡Uy! ¡Se me ha escapado!) sino que el fragmento también nos habla del “Consejo del Reino”, la “Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado” y otra serie de instituciones y leyes probablemente desconocidas para usted.

Estoy seguro, joven amigo jurista, que tú no estudiaste esas instituciones ni esas leyes y, muy probablemente, sólo has visto sus nombres en los libros de historia.

El preámbulo de la Ley que acabo de citarte pertenece a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, aún hoy vigente y que es la que regula el funcionamiento de nuestros colegios.

Si naciste después del año 1975 permíteme que te cuente lo que pasaba ese 13 de febrero de 1974 en que se aprobó la ley.

Ese día 13 de febrero apenas si habían transcurrido 53 desde que, el 20 de diciembre anterior, la banda terrorista ETA asesinase al almirante Don Luís Carrero Blanco, Jefe del Gobierno de España por designación del entonces Jefe del Estado Francisco Franco. El régimen quedó conmocionado y se nombró sucesor del asesinado almirante a Don Carlos Arias Navarro, el cual mantuvo bastantes de los ministros nombrados por su precedesor (8) e introdujo o reintrodujo a cierto número de burócratas falangistas de la línea dura. Prácticamente, la única concesión a la modernidad, y que en su día pareció pequeña, fue la conservación de Antonio Barrera de Irimo, expresidente, tiempo atrás de la Compañía Telefónica Nacional de España, en el cargo de Ministro de Hacienda.

La primera declaración política de Carlos Arias ante las Cortes “orgánicas” (ya sabes, nada de partidos, sino familia, municipio, sindicato…) tuvo lugar el 12 de febrero (un día antes de la aprobación de esta ley que les he citado) en un discurso timidísimamente aperturista que los hagiógrafos del régimen consideraron padre de un nuevo espíritu: el llamado “Espíritu del 12 de febrero”, un “espíritu” que se desvanecería en poco tiempo evaporado por la inquietud que causó en el régimen la “Revolución de los Claveles”, sublevación militar que se sintió muy cercana a los deseos de muchos españoles y que acabó con la dictadura portuguesa en abril de ese mismo año.

Pues bien, fue en este contexto en el que se aprobó la ley de colegios que aún hoy día nos gobierna.

Que esta ley sea anterior a la Comstitución de 1978 no la hace anticonstitucional, no, pero, sin duda, lo que es innegable es que no fueron precisamente los principios democráticos constitucionales los que la inspiraron sino, más bien, aquellos principios de democracia “orgánica” a que hace referencia la propia ley en su preámbulo y a lo que entonces se llamaban, las Leyes Fundamentales del Reino, con la “Ley de Principios del Movimiento Nacional” a la cabeza.

Por eso ahora reflexiono sobre si el espíritu preconstitucional y orgánico de esta ley no estará detrás del déficit democrático que una buena parte de las abogadas y abogados de este país percibimos en las elecciones de ayer.

Las leyes se hacen para implementar y desarrollar valores y principios y esta de 1974 lo hace, lo que pasa es que los valores y principios que menciona no son los que acoge la Constitución de 1978 sino otros muy distintos.

Insisto, que una ley sea anterior a la Constitución no significa que sea inconstitucional, en absoluto, pero de lo que también estoy seguro es que ya va siendo urgente sustituir esta ley y los principios que la inspiran por otra ley de colegios inspirada en la Constitución democrática que hoy nos rige.

No sé lo que pensarán ustedes.

No en mi nombre

Hoy se celebra algo parecido a unas elecciones en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la candidata oficialista va a ganar esas elecciones, pero ni va a representar a los abogados y abogadas de España ni va a tener la autoridad mínima necesaria para dirigir la abogacía.

Nadie puede pretender representar a alguien cuando la voluntad de ese alguien no ha sido consultada. La candidata, que no ha tenido ni la delicadeza de presentar públicamente un programa electoral, aspira a ser presidenta del CGAE y, sin duda, lo será, pero la antidemocrática forma en que entiende los procesos electorales no le permitirá representar a la abogacía ni representar, en modo alguno, el deseo y los intereses de las abogadas y abogados; en todo caso y como mucho, se representará a sí misma y a los decanos que componen el consejo.

Representar a los decanos o al órgano colegiado que ellos forman, no es representar ni a la abogacía ni a los abogados y abogadas que la integran. La candidata se ha cuidado muy mucho de ocultar a abogadas y abogados cuáles son sus objetivos y los decanos que la han votado han guardado un ominoso silencio sobre las razones que les han movido a votarla, las posibilidades, pues, de intervenir u opinar por parte de abogados y abogadas ha sido simplemente nula.

El vínculo entre la candidata y sus votantes es secreto y es secreto porque, con muchas probabilidades, hsy en el mismo aspectos inconfesables (nadie oculta aquello de lo que no tiene que avergonzarse) que tienen más que ver con un sietemesino reparto de trampantojos, puestos y puestecillos en el consejo que con una visión de futuro para el colectivo. La candidata se ha ocupado de ocultar sus intenciones y buena parte de quienes componen el consejo también. Ellos, pues, sabrán a quiénes pretenden representar actuando de esa forma, desde luego a abogados y abogadas no.

La candidata no puede aspirar a dirigir un colectivo cuando antes no ha manifestado en qué dirección le llevará. La candidata debe entender que las personas y colectivos han de tomar la dirección que ellos desean porque lo contrario no es democracia sino manipulación. La candidata no puede pretender llevar a nadie hacia ningún lugar sin preguntarle antes.

Por eso la candidata debe de saber que cada vez que trate de hablar en mi nombre me ocuparé de que mi voz se escuche alto y claro para que todo el mundo sepa que no representa en ningún modo ni mi opinión ni mi criterio. Y tengo la convicción de que una parte cada día más importante de la abogacía, dejará oír su voz para que los españoles sepan que la candidata que hoy va a ganar estas extrañas elecciones carece de autoridad para hablar en nombre de ellos.

No compañera, y ahora me dirijo a ti, candidata, mientras yo pueda estar presente tú no me vas a representar y mientras yo tenga voz tú no hablarás en mi nombre.

Haz lo que quieras con tu cargo, pero no en mi nombre; cobra dietas y gastos, pero no me representes; regala condecoraciones y organiza saraos, pero jamás, jamás, jamás, hables por mí.

La hambrienta abogacía necesaria

La hambrienta abogacía necesaria

Ayer saltó la noticia de que un abogado de oficio, César Pinto, en defensa de un particular, había logrado vencer a la ominosa Goldmann Sachs y a su legión de carísimos abogados y logró tumbar la venta de 3.000 viviendas de protección oficial. No sólo logró eso, logró, como nos enseñó Cicerón, las tres cosas que mejor retribuyen a un abogado: el agradecimiento de su cliente, la admiración del público y, sobre todo, la esperanza de esas 3.000 familias que ven cómo sus vidas no quedarán en manos de un despiadado fondo buitre.

Y ahora le ruego que se pregunte usted una cosa ¿Cree que esta victoria la habría obtenido uno de esos macrodespachos que compran premios en inglés y cobran facturas millonarias?

Sé que usted sabe que no, que esos despachos jamás moverían un dedo por usted y ello por dos razones: la primera porque no tiene usted dinero ni para entrar por la puerta, la segunda porque ellos jamás harían nada que pudiese molestar a sus principales clientes que son, precisamente, este tipo de entidades financieras.

La esperanza de usted, sépalo y grábeselo a fuego, es que la raza de los César Pinto, los Dionisio Moreno y tantos otros no se extinga jamás porque si esa raza se extingue usted y los suyos quedarán a merced del dinero de quienes les engañan y oprimen. En esta abogacía que hoy encarno en César y Dionisio residen todas las esperanzas de usted y los seres que ama.

Pero, igual que usted sabe que sin ellos sus esperanzas morirán también lo saben los que manejan el dinero. ¿Entiende usted ahora por qué los bancos son ricos y Dionisio pobre? ¿Entiende usted por qué Goldmann Sachs es multimillonaria y César pobre?

Esta abogacía molesta a los más poderosos y por eso es maltratada, por eso el turno de oficio se paga con cantidades de mierda y por eso a César, a Dionisio, a su abogada y a mí los plazos nos correrán aunque estemos agonizando, por que así es la vida, porque los que tienen dinero imponen su ley y porque para ser abogada o abogado de la estirpe de Dionisio y César no basta con ser una persona normal, hay que tener madera de héroe.

Ahora escúcheme bien e interiorícelo: si este tipo de abogacía muere todas sus esperanzas y la de todos los suyos habrán muerto con ella, porque ya no quedará nadie que defienda sus derechos.

Si es usted un ciudadano normal lo mejor que puede hacer es exigir a sus gobernantes que dejen de acosar a este tipo de abogacía y que dejen de arrinconar a quienes la practican.

Si eres abogado o abogada tienes que saber que es tu obligación defender este tipo de ejercicio profesional porque esa, y no otra, es la mejor manera de defender los derechos de tus conciudadanos y, si no sabes cómo hacerlo, tienes una forma sencilla: únete a la red.

Los abogados y los bienes inembargables

Los abogados y los bienes inembargables

Proclama el ordinal segundo del artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que serán inembargables:

Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Dicho de otro modo, si es usted albañil sus herramientas de trabajo son inembargables y, si es usted programador, puede estar tranquilo, su ordenador y periféricos necesarios para su trabajo están a salvo del banco.

No es que la ley le haga a usted ningún favor, no; lo que la ley quiere es garantizarse que usted podrá seguir trabajando y pagar a su acreedor porque, como seguramente usted sabe —y si no lo sabe yo se lo digo—, en España las deudas son vitalicias y usted estará obligado a satisfacerlas no hasta el límite de sus haberes (como los bancos y las personas jurídicas) sino hasta que las pague o por completo o se muera. Quizá esto que le cuento le sorprenda, en España estamos acostumbrados a que las deudas sean para siempre, pero eso que a usted le parece normal es una anomalía tanto histórica como geográfica.

Pero vamos a lo que importa. Si lo que la ley persigue es que los deudores puedan seguir trabajando hasta pagar su deuda ¿qué sentido tiene impedir el ejercicio profesional al letrado o letrada que no han podido pagar su cuota colegial o de la Mutualidad de la Abogacía?

Pareciera que hablar de pobreza en la abogacía molesta y, sin embargo, no es arriesgado afirmar que un tercio de los abogados y abogadas de España están en situación límite a la insolvencia.

Hace dos años la Mutualidad de la Abogacía remitió cuarenta mil cartas a abogados y abogadas que no estaban al corriente de sus pagos y los colegios de abogados no son ajenos al volumen de impagados que soportan en las cuotas, a pesar de su moderado importe. Cuarenta mil abogados de un censo de menos de ciento cincuenta mil indica que nos hallamos en una situación límite en un momento en que una nueva recesión se anuncia. ¿Cómo resistirán esos abogados y abogadas, sus familias y sus hijos, a un nuevo golpe?

No todo han de ser malas noticias, pues, para quienes cotizan como autónomos el impago de sus cuotas no les impedirá continuar con su ejercicio. Si mis compañeros laboralistas no me han informado mal —yo no soy laboralista— en el caso de estar afiliado al RETA (régimen de los trabajadores autónomos) el impago no impide trabajar y si se gana menos del salario mínimo no hay obligación de pago.

Y si esto es así ¿Por qué el impago de cuotas priva a los abogados y abogadas de la única herramienta con que podrían pagar sus deudas?

El último proyecto de ley de Colegios y servicios profesionales previó poner fin a esta aberración y expresamente prohibió que se pudiese privar de su capacidad para el ejercicio profesional a quien no pagase su cuota colegial. Todo ello, claro, sin perjuicio de que se reclamasen dichas cantidades con los recargos procedentes; pero, lo que no se toleraba, era privar a abogados y abogadas de su herramienta de trabajo. Nada extraño, tal proyecto de ley solo pretendía tratar a letrados y letradas de la misma manera que la Ley de Enjuiciamiento Civil trata al resto de los españoles.

Las deudas no pueden llegar a tanto que impidan trabajar al deudor pues ello es condenarle a la muerte civil y eso es así en cualquier lugar del mundo civilizado, incluida España, aunque, al parecer, la república de la abogacía no debe formar parte de este país porque es la única a la que no alcanza tal limitación.

Sé que molesta oír hablar de pobreza en la abogacíay que los dirigentes sector prefieren vivir en mundos llenos de microrrelatos, estupefacientes digitales que no entienden, ferias de muestras, coros y danzas y, sobre todo, competiciones de bisutería condecorativa. Pero, sepámoslo, en la abogacía hay bolsas no de escasez o apretura, sino de pura pobreza, y esas bolsas alcanzan a abogados que, hasta ahora, se habían ganado la vida dignamente. Una nueva recesión se anuncia y en la cubierta del Titanic de la abogacía la orquesta sigue interpretando polkas.

Alguien tendrá que enfrentar la crisis que viene y tomar las medidas precisas para que esta no golpee, como siempre, a quienes menos convendría que golpease.

Está en tus manos impedirlo. Aún puedes ir a Córdoba.

La abogacía necesaria

La abogacía necesaria

Un eslogan muy repetido por los abogados en redes sociales para defender el que se dote de medios a la administración de justicia ha sido ese que dice que «sin justicia no hay derechos» y quizá, a base de repetirlo, se nos ha olvidado que existen cosas igualmente importantes que debiéramos defender y que, sin duda, nos tocan más de cerca.

Nos ocurre a los abogados que, a base de defender la justicia, nos olvidamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de que, aunque es verdad que sin justicia no hay derechos, lo cierto es que sin abogados tampoco los hay.

En una sociedad sin derechos la abogacía no tiene razón de ser pero, en una sociedad sin abogacía, lo primero que se extingue son los derechos de esa sociedad.

Y cuando hablo de abogacía no me refiero a cualquier abogacía sino a la abogacía de verdad. No me refiero a esa abogacía negocio que pone en el beneficio económico su primer objetivo, la que deja ver sus ecos de sociedad en las páginas de la prensa salmón, la que a menudo no es más que una herramienta más de los poderosos para tratar de adecuar la realidad jurídica a su conveniencia. Bufetes de influencias,de consejos de administración en multinacionales, condenas por delito fiscal, fondos buitre y trust en las Caimán.

A la que me refiero es a esa abogacía que defiende los derechos de los ciudadanos anteponiéndolos a los propios, a esa que, cuando usted le pregunta aquello de «si hay pleito» le responde con la verdad y le dice lo que más le conviene a usted y no a su cuenta corriente. Siglos de ejercicio profesional construyeron esa abogacía que ahora, en beneficio de los intereses de unos pocos miserables, se trata de destruir.

Se la destruye cuando se eliminan las costas en los procesos hipotecarios, porque con ello se obstaculiza la reclamación de los ciudadanos y se premia la miserable, inhumana y sucia codicia de los bancos.

Se la destruye cuando se aleja la justicia de los juzgados naturales de los consumidores para llevarlos lejos, hacer más caro su acceso y atascar su funcionamiento sin más motivo que favorecer a los de siempre.

Se la destruye cuando se favorece a los bancos reduciendo los lugares en los que pueden ser demandados ellos apenas a 52 juzgados mientras que ellos ejecutan y embargan en los 433 partidos judiciales de España.

Se la destruye cuando a los ciudadanos se les imponen automáticamente las costas de las ejecuciones como si ser pobre fuese lo mismo que ser temerario o no poder pagar fuese lo mismo que actuar de mala fe, mientras que medio país —incluido el Consejo General de la Abogacía Española— trata de que ellos, los bancos, no paguen costas más que en contados casos de conjunciones planetarias.

Se ataca a esta abogacía cuando se atacan muy discriminadamente los criterios de honorarios de los colegios, cobrándoselos con saña a los deudores hipotecarios o bancarios pero interponiendo demandas millonarias contra los colegios cuando son ellos quienes han de atenerse a una más que atemperada versión de los mismos.

Se ataca a esta abogacía cuando no se prorrogan o suspenden los plazos en caso de enfermedad, maternidad o paternidad y se pretende que los abogados y abogadas sean material fungible.

Se la ataca cuando se reconoce el derecho a litigar gratuitamente a capas de la sociedad pero no se dota a la justicia gratuita del presupuesto suficiente para que esa defensa esté dignamente retribuida.

Se la ataca cuando no se controla la publicidad engañosa de empresas que pretenden ser despachos de abogados cuando no son más que intermediarios o multinacionales de procesar carne de jurista novel.

Pero el mayor peligro que amenaza a esta abogacía somos nosotros mismos que, obcecados en defender la justicia, no nos demos cuenta de que la mejor manera de defender los derechos de la ciudadanía es defender la existencia de la abogacía que hace posibles esos derechos, la abogacía que hace que la constitución y el resto del ordenamiento no sean para ellos papel mojado.

No, en las sociedades sin una abogacía así los derechos de la ciudadanía no son más que pura retórica y es por eso que, antes que nada o al mismo tiempo que todo, nuestro deber es defender esta abogacía necesaria.

Una elección bien sencilla

Una elección bien sencilla

Dice el canon de la misa que el vino que se ha de utilizar ha de ser «fruto de la vid y del trabajo del hombre». Mucho se ha discutido sobre qué vinos cumplen con la exigencia de ser natural y puro, es decir, no mezclado con sustancias extrañas, como exige la Instrucción General del Misal Romano, pero yo tengo para mí que, si se analizase con cuidado cualquier vino, en la actualidad prácticamente ninguno cumpliría con esta exigencia. Cuál ha sido clarificado con bentonita, todos han oido hablar de la pajuela de azufre y no pocos incluso de otras sustancias menos nombrables.

Pero yo no quiero hablarles hoy del fruto de la vid sino del trabajo del hombre, porque, de este trabajo, se derivan casi más consecuencias para la sapidez del vino que del propio fruto de la vid y ningún vino ejemplifica mejor este milagro que el vino de Jerez (¿o no?).

Un experimento interesante que puede usted realizar un día que salga a comer es pedir un vino de la Tierra de Cádiz (Barbadillo por ejemplo) y compararlo con una manzanilla de Sanlúcar o un fino de Jerez, pongamos por caso Tío Pepe. Bastará mirarlos para ver las diferencias pero si, además, usted los prueba, cosa que le encarezco, comprobará que tienen sabores y olores muy diferentes. Ambos son producto de la misma uva (la Palomino) pero están vinificados de manera muy diferente: el Barbadillo de la forma estándar en que se vinifica el vino en todo el mundo y la manzanilla o el fino en la forma única y exclusiva con que se elaboran los vinos de Jerez.

El vino de Jerez, un prodigio de la naturaleza que España tiene la suerte de poseer en exclusiva, fue cantado admirablemente por el mismísimo Shakespeare quien, en su obra Enrique IV, dedica al Jerez una loa por la que morirían todos los viticultores del mundo:

Si yo tuviera mil hijos, el primer principio humano que les enseñaría sería el de abjurar de las bebidas flojas y entregarse al jerez.

Edgar Alan Poe nos enseñó en «El barril de Amontillado» que al idiota se le conoce por parecerle meritorio distinguir un fino de un amontillado y, en fin, no ha habido personaje de fuste cultural que no haya encontrado en el Jerez fuente de inspiración y… sin embargo…

Sin embargo yo prefiero el vino cordobés de Montilla-Moriles.

El vino de Montilla-Moriles, vinificado de la misma forma que el vino de Jerez, goza de una ventaja que me hace preferirle pues, no usando de la uva Palomino sino de la Pedro Ximénez, no es preciso «encabezarlo» con alcohol sino que fermenta naturalmente y sin intervención ni adición de nada por el hombre.

Quizá no haya probado usted el vino de Montilla-Moriles y no sepa a qué carta quedarse, pues bien, si su marido o su mujer es abogado o abogada, no tiene más que acompañarle al Congreso de la Abogacía Independiente que tendrá lugar en Córdoba los días 29 y 30 de noviembre. Ella o él tienen un trabajo que hacer, usted sólo tiene que realizar una elección bien sencilla: o Moriles o Montilla.

Ubuntu

Ubuntu

Somos porque son, soy porque sois, sin vosotros no soy nada y sin mí, aunque me odies, eres un poquito menos.

La ética «ubuntu» se popularizó con la llegada al poder de Nelson Mandela y con los discursos del pastor anglicano Desmond Tutu. Buena parte del éxito de la joven y nueva República Sudafricana se debe a esta particular concepción Bantú de la humanidad.

A veces pienso en nuestro ejercicio profesional en términos de esa palabra zulú, ubuntu: ¿qué razón de ser tendría nuestra profesión si no existiese una ciudadanía que ve amenazados sus derechos fundamentales? ¿Qué otro sentido podría tener nuestro ejercicio profesional sino ese?

Hay quien ve nuestra actividad como un negocio pero hay quien todavía cree que esta profesión es algo más que eso. Porque existen ciudadanos con recursos limitados y que han de enfrentarse solos a corporaciones o instituciones con contactos, influencias y capacidades económicas virtualmente ilimitadas, es por lo que existe una abogacía independiente. Somos porque son.

Si algún día ellos desaparecen no tendremos razón de existir (en un mundo sin derechos los abogados sobran) pero, si un día nosotros desaparecemos, ellos dejarán de ser ciudadanos y serán meros súbditos a merced de los poderosos.

Sí, somos porque son, pero ellos también son porque somos y, por eso, cuando defendemos nuestra particular visión de nuestra profesión también les estamos defendiendo a ellos.

Es por eso que una de las mejores formas de defenderles a ellos es defender a esta abogacía que tú yo queremos. No es egoísmo, capricho ni apetencia, es que defendernos es una de las formas más eficaces de defenderles.

Por eso espero verte en Córdoba o en cualquier otro lugar, porque tenemos un trabajo que hacer juntos y tenemos que hacerlo mucho tiempo.

Buenos días y ubuntu.


Puedes escuchar el audio de este artículo en mi podcast.