Las fases del duelo tecnológico

Las fases del duelo tecnológico

Me aficioné al ajedrez desde joven y dediqué bastante tiempo a perfeccionarme en el juego. Para mí, en los años 70, el ajedrez era mucho más que un juego, era arte, pero no un arte cualquiera, era un arte objetivo donde no tenía cabida la superchería, la mentira o la impostura, era un arte donde la verdad siempre se acababa imponiendo.

A finales de los 70 ya habían aparecido en el mercado las primeras computadoras que jugaban al ajedrez, pero lo hacían tan mal que antes movían a risa que a otra cosa; ningún jugador medianamente aficionado podía perder contra ellas.

Con la aparición de los PC los programas para jugar al ajedrez se fueron haciendo más fuertes y, en algún momento de finales de los 80, ganarle a un ordenador comenzó a ser una dura tarea para un aficionado humano y ahí comenzó mi primer período de duelo tecnológico.

Primero comencé por la fase de negación: ningún manojo de cables podría ganarle nunca al ser humano. Había más partidas de ajedrez posibles que átomos en el universo, para poder ganar a un humano el ordenador tendría que aprender a jugar como lo hacían los propios humanos. Sí, quizá tácticamente, en pura fuerza bruta de cómputo, pudieran superar a la mente humana pero estratégicamente jamás lo harían: la humanidad había invertido siglos en ir descubriendo una a una las reglas estratégicas del juego, la centralización, la profilaxis, las casillas débiles y las estructuras de peones… ¿cómo iba a hacer eso un ordenador de otra forma que aprendiendo como un humano?

La negación fue, como en los duelos, mi primera reacción.

Cuando en 1996 el macroordenador Deep Blue derrotó al entonces campeón del mundo Gary Kasparov la negación fue sustituída por la ira, la segunda de las cinco fases del duelo.

Era evidente que aquello era una campaña publicitaria. Gary Kasparov había derrotado convincentemente a Deep Blue en algunas partidas y, justo en la partida decisiva, Kasparov cometió un infantil error teórico en una defensa Caro-Kann. Aquello me pareció un amaño, IBM necesitaba —como marca— pasar a la historia como la primera fabricante de computadoras en derrotar a un campeón del mundo de ajedrez. Me llevaban los demonios, con IBM, con Kasparov, con Deep Blue… Pero el hecho era que, para cualquier aficionado fuerte, a esas alturas, ganarle a un ordenador era ya una tarea verdaderamente dura. Que los ordenadores eran superiores a los humanos quizá no fuese del todo verdad en ese momento pero era ya solo cuestión de tiempo… y la ira dejó paso a la tercera fase del duelo: la negociación.

Porque, como decía Karpov, si los coches corrían más que los hombres y las calculadoras resolvían algoritmos mejor que los seres humanos ¿qué de malo había en que también nos ganasen jugando al ajedrez?

Tras aquello y durante unos años mi relación con el juego entró en fase de depresión, no recuperé las ganas de jugar hasta entrado el siglo XXI. La nochevieja de 2001 que pasé en Hastings (Inglaterra) jugando su legendario torneo me devolvió las ganas de volver a competir en torneos oficiales.

Y ahora, tras todas esas fases, vivo en la realidad, en esa fase que los teóricos del duelo llaman de aceptación; las cosas son así, es inútil negarlo, lo que corresponde es ver cómo sacamos los humanos el mejor partido de la nueva situación.

¿Y por qué les cuento esto?

Pues porque con las inteligencias artificiales que redactan textos, dibujan ilustraciones o generan fotografías, mucho me temo que puede pasarles a ustedes lo mismo que a mí con las inteligencias artificiales que juegan al ajedrez (Alpha-Zero).

Primero negaremos que nunca puedan hacer lo que hacen los humanos, luego nos enfadaremos, luego negociaremos y tras la correspondiente fase de ira acabaremos aceptando la situación y estudiando cómo los seres humanos podremos desenvolvernos en ese entorno, qué amenazas plantea, qué ventajas reporta y quiénes se están beneficiando del nuevo orden de cosas.

Yo te sugiero que admitas cuanto antes que, antes o después, las inteligencias artificiales realizarán mejor que los seres humanos muchas tareas y lo que te sugiero también es que te adelantes a esa situación.

Los cambios tecnológicos siempre han producido cambios en las relaciones de poder y esto ha sido así desde la más remota antigüedad. Quienes pudieron fundir y aprovechar el hierro fabricaron con él armas que eran casi irresistibles para los pueblos que aún vivían en la Edad del Bronce; el secreto del «fuego griego» permitió al Imperio Romano de Oriente resistir a los turcos hasta 1453; el dominio de la energía nuclear creó relaciones de poder entre los países que aún hoy día condicionan la supervivencia de la humanidad… Más que negarlo o enfadarnos lo que debemos hacer es tratar de prever cómo serán esos nuevos escenarios y adelantarnos a ellos en defensa de aquellos valores y principios que defendemos, porque, si no lo hacemos, otros que no defenderán valores ni principios sino su propio interés, lo harán en su propio beneficio.

Negar que las inteligencias artificiales y los algoritmos condicionan ya nuestras vidas y hasta restringen los derechos de los ciudadanos es una postura ingenua. Si eres letrado o letrada de oficio me entenderás.

Como sabes, en los casos de violencia de género, se realizan unos test de preguntas y respuestas en función de los cuales se determina el grado de peligrosidad de una determinada situación. ¿Te has preguntado qué algoritmo realiza la valoración de las respuestas? ¿Quién lo ha programado? ¿a qué criterios responde?

Si bien lo piensas ya no es el juez, ya no es un ser humano, quien determina la peligrosidad de la situación y todo ello con independencia de la mayor o menor corrección de las respuestas que se den al formulario.

Disponer de una inteligencia artificial que evalúe incluso los perfiles de los jueces no es ninguna fantasía, como tampoco es ninguna fantasía que de esa herramienta no dispondrán los más pobres, sino los bufetes ricos que sirven a clientes ricos y para entonces será tarde preguntarnos dónde quedó el principio de igualdad de armas. Unas pocas aseguradoras y unos pocos bancos disponen del dataset preciso para hacer funcionar el Big Data y entrenar inteligencias artificiales ¿cómo competirá el ciudadano individual que apenas si ya puede competir?

No, no podemos esperar a que la situación se produzca para entonces quejarnos; no podemos perder años atravesando las fases de negación, ira, negociación, depresión y aceptación que caracterizan al duelo; hemos de adelantarnos y cuidar de que cualquier nueva tecnología vaya en beneficio de todos y no de unos pocos.

Podemos hacerlo y sabemos hacerlo. Sólo es preciso, quizá, que queramos hacerlo antes que perdernos en la negación, la ira y la depresión.

Y, ahora, permítanme mi minuto de vanidad; sé lo que les cuento, a fin de cuentas yo fui quien se jugó la victoria en la ronda final del Masters Open de Benidorm 2004 contra el entonces campeón del mundo Rustam Kasimdzhanov.

Les dejo la fotografía del ya más que lejano momento.

Inteligencia artificial y abogacía española: una instantánea

Inteligencia artificial y abogacía española: una instantánea

Ando estos días experimentando con inteligencias artificiales y —cómo no— una de las primeras cosas que les he pedido es que me hagan una imagen de los abogados y abogadas de España.

Las inteligencias artificiales no copian ni modifican imágenes preexistentes, lo que sí hacen es estudiar tantos cuantos bancos de imágenes tengan disponibles —en eso internet es un filón inagotable— para entrenarse y así abstraer las características que definen los conceptos que se le piden.

Antes de que nadie lo pregunte aclararé que ninguna de las personas que aparecen en la imagen son reales; son rostros ficticios construidos por la inteligencia artificial a partir de lo que ella entiende que son rasgos característicos de quienes ejercen la abogacía en España. No sufran por tanto por derechos de imagen ni nada parecido aunque, eso sí, inquiétense por la capacidad que las inteligencias artificiales tienen para fabricar rostros humanos indistinguibles de los reales.

Con mi consulta he obtenido bastantes imágenes pero esta que ven abajo me ha impresionado más que las demás porque, lo que en ella se ve, creo que se ajusta bastante bien a la realidad de la abogacía española. Un grupo de mujeres jóvenes, profesionales cargan expedientes con rostro preocupado. Es llamativa la falta de sonrisas en la foto —se ve que en los bancos de datos de la inteligencias artificial las abogadas sonríen poco— y es palpable el rostro de preocupación de los tres personajes, sobre todo el de la derecha.

A las Inteligencias Artificiales aún les queda un largo camino que recorrer hasta que, en el futuro, cuando yo haga esta misma consulta, en lugar de personas la inteligencia artificiale muestre algoritmos; pero lo que es indudable es que el papel de las inteligencias artificiales será cada vez más preponderante en nuestro campo profesional y eso nos lleva a la gran cuestión.

Las inteligencias artificiales son algoritmos costosos de construir, programar y entrenar lo que significa que, con seguridad, serán herramientas en manos de un determinado tipo de abogados y no de otros y que estarán al servicio de un determinado tipo de clientes y no de otros.

Y esto no es ninguna particularidad de la justicia, el problema de que las inteligencias artificiales dominen al ser humano no es el riesgo real, el riesgo real es el de quiénes serán los que controlen las inteligencias artificiales, porque esas personas, en el futuro, como ocurrió con las armas en el pasado, constiturán una peligrosa élite de control.

Todas estas cuestiones son problemas que los juristas debemos plantearnos y resolver y no sólo porque en ellos vaya implícito nuestro futuro profesional sino porque de su resolución dependerá que la libertad y la igualdad aún sean posibles en los estados y las sociedades futuras.

Los jóvenes «tigres» jurídicos

Los jóvenes «tigres» jurídicos

Leo que hoy se reúne en Singapur la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados para «analizar cuál será el futuro de la profesión». Leo una pequeña parte de la nómina de asistentes y me echo a temblar, les cito a unos pocos:

G.B., socio de AGM Abogados experto en litigación y arbitraje; Á.C., «counsel» de mercantil de Gomez Acebo & Pombo en el área mercantil, especializado en «Banking & Finance» (banca y finanzas); C.H., socia de Hernandez Martí Abogados, experta en propiedad intelectual; E.D.L.P., de la firma Reed Smith, de Miami; K. Z., socia del bufete alemán Rodl & Partner y J.-R. F., socio de la firma suiza Kellerhals Carrard, especializado en el campo de la construcción…

Podría seguir —la nómina es larga— pero la mayoría de los asistentes responden a este perfil y se nota que el congreso es influyente y que garbilla parneses: en la ceremonia inaugural estará Edwin Tong, ministro de Cultura de Singapur y junto a él intervendrá Richard Susskind, profesor de la Universidad de Oxford, conferenciante internacional y autor de libros esenciales sobre la evolución y el futuro de la profesión jurídica. Y eso para empezar.

Todo en este congreso respira dinero, desde la sede, Singapur, un centro financiero internacional y miembro del selecto club de los cuatro «tigres asiáticos», a la personalidad de los conferenciantes, personalidades del mundo político y académico, hasta a la caracterización de los asistentes, jóvenes abogadas y abogados de hasta 45 años relacionados con grandes bufetes dedicados a finanzas, mercantil, propiedad intelectual, constructoras… Supongo que si algún abogado o abogada de los que yo conozco apareciera por allí a contar cómo el último divorcio que defendió se retrasó inconorensiblemente tres años o que el gabinete psicosocial no funcionaba por falta de personal estos jóvenes tigres jurídicos creerían hallarse en presencia de una marciana/o proveniente de un planeta desconocido para ellos y donde habita una humanidad que no entiende de paraísos fiscales, royalties o grandes contratos transnacionales.

Y vuelvo a releer el titular de la noticia y no puedo evitar una sonrisa melancólica…

«La Asociación Internacional de Jóvenes Abogados se cita en Singapur para analizar cómo será el futuro de la profesión…»

A lo que parece los abogados que yo conozco no pertenecen a esa profesión cuyo futuro discuten en Singapur; preocupados por la «captación de talento» o el «networking» estos tigres no mencionan ni una vez como preocupación los déficits de las administraciones de justicia; enrolados en grandes firmas comprenden disciplicentemente que puedan existir «boutiques jurídicas», aunque lo que no parece caber en su cabeza es la existencia de tiñalpas que consagren su vida a la simple defensa de sus semejantes con conciencia y convencimiento de no solo estar ganándose honradamente la vida sino también desarrollando una labor imprescindible para la supervivencia del estado de derecho.

Y pienso que no me da la gana de que a mí me escriban ni me analicen el futuro estas gentes; y siento que no me apetece que estos jóvenes viejos de 45 años puedan hablar de la profesión con absoluto olvido de quienes ejercen la abogacía como los compañeros y compañeras con quienes me cruzo todos los días en los juzgados; y presiento que, a toda esta grey singapureña de «hubs» tecnológicos y «boutiques» jurídicas, no le vendría nada mal que fuesemos nosotros, los abogados y abogadas de verdad, quienes les analizásemos a ellos el futuro.

Somos más y estamos a tiempo de hacerlo y ni Córdoba, ni Barcelona, ni Oviedo o Sevilla, tienen menos glamour que Singapur.

El año que entra toca.

El despotismo cateto

Quizá no exista una república más igualitaria que la de los abogados y abogadas; en ella, de la primera al último de sus componentes, todos tienen una y la misma condición: son abogados. Cada uno de los abogados y abogadas que la componen son tan buenos y válidos para opinar sobre sus problemas como cualquier otro y es por eso que, el hecho de que uno de ellos pretenda tener superior cualificación para hacerlo, no es más que una confirmación de que el efecto Dunning-Kruger existe también en la abogacía.

Y si de algo entienden abogados y abogadas es de leyes, de contratos, de estatutos… por lo que el caudal de conocimientos del colectivo en este punto es enorme.

Digo esto porque en 2010, hace ya 11 años, se comenzó a redactar por parte del Consejo General de la Abogacía Española lo que se llamó el «nuevo estatuto de la abogacía», un texto que, por inexplicables razones, se redactó de espaldas a los auténticos especialistas en la redacción de normas y estatutos: los abogados y abogadas de España.

La cosa podría ser asumible si ese estatuto fuese a regular a algún colectivo ajeno a los conocimientos jurídicos, pero es que ese estatuto se dirigía a gobernar las vidas de quienes ejercían la abogacía en España, un colectivo al cual, minuciosamente, se excluyó del debate del nuevo estatuto cual si su opinión no sirviese.

Algún decano rebelde publicó el anteproyecto en la web para que, quien quisiera, formulase enmiendas que él llevaría al pleno, pero esta iniciativa fue vista como una excentricidad y, todas aquellas enmiendas que habían redactado abogados tan abogados como los miembros del Consejo, fueron rechazadas en conjunto sin ser siquiera leídas ni debatidas.

Ese «nuevo proyecto de estatuto» durmió el intranquilo sueño de los poco justos desde entonces hasta el año 2021 en que fue aprobado por un, hasta entonces, renuente gobierno luciendo todas sus galas de estatuto ya viejuno y redactado de espaldas a los profesionales de la abogacía.

Toda esta forma de actuar me recuerda que existió una vez una ideología a la que se llamó despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado en la que, partiendo de la incultura de la masa, se trataba de reformar los países desde la razón absolutista.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, algún extraño virus debe anidar en el búnker de Recoletos para que quienes lo ocupan crean que son ellos los «ilustrados» y no otros los que entienden sobre algún tema. Iguales en esencia a cualquier otro abogado o abogada de España pareciera que la bajada al búnker produce en algunos miembros del consejo efectos taumatúrgicos y de pronto, como en un nuevo Pentecostés, comienzan a gozar de conocimientos que antes no tenían.

Hasta la aprobación en 2021del actual —y viejuno— estatuto, el Consejo General de la Abogacía Española tenía a gala saltarse el anterior e incumplía flagrantemente sus prescripciones a fin de evitar que la voz de la abogacía de a pie pudiese llegar a mayor nivel que el de las asambleas de su colegio. El Estatuto General de la Abogacía anterior garantizaba que, cada cuatro años, habría de celebrarse un Congreso que sería el principal órgano consultivo de la abogacía, sometido a un reglamento y donde podrían presentar ponencias los abogados y abogadas de España.

Obviamente el virus del búnker de Recoletos hizo que este tipo de congresos no se celebrase, que esa participación de la abogacía se cercenase, y los congresos se convirtieron en ferias de muestras —algunas vergonzantemente dedicadas a algún gran despacho de abogados— donde las editoriales exhibían sus productos y donde los adictos al régimen lucían su influencia dejándose ver en actos y saraos. Con la reforma del Estatuto, afortunadamente para ellos, ya no necesitarán infringir el Estatuto porque lo han reformado de forma que los colegiados ya no dispongan de aquel derecho que el estatuto anterior les daba. Lo de avanzar en participación y transparencia no parece ser ninguna máxima de la actual dirección del CGAE.

Las asambleas del consejo son secretas (no sea que alguien se enteren de lo que dicen allí y les pida cuentas) y tan sólo se exhiben las actas, parcialmente y censuradas, desde que algún letrado particular les puso en vergüenza ante los órganos estatales de transaparencia. Ahora quienes más dinero reciben en concepto de dietas, gastos, viajes, comidas, noches de hotel y pisitos alquilados, son quienes más fuertemente defienden que esos datos no sean conocidos por sus iguales. Son ellos mismos los que llegan a acuerdos que hacen pagar a todos los letrados por un correo que solo usa un tercio de los mismos, llegan al acuerdo pero, eso sí, lo mantienen secreto porque ¿por qué habrían de saber los letrados y letradas por qué les hacemos pagar?

Decisiones que costaron muchos millones a los letrados y letradas de este país —recuerden el cierre de LexNet abogacía (±5.000.000€) o el arrendamiento de lo que llamaron de forma tan pomposa como sietemesina «el correo de la abogacía» (±6.000.000€), entre otras— fueron tomados por un reducido número de personas cuyos conocimientos de estos asuntos eran cercanos a la nada. ¿Para qué iban a solicitar la opinión de los letrados?.

El búnker del Paseo de Recoletos (ahora Paseo de Recolectas en ingeniosa dicción de algún letrado) está narcotizado por una droga que solo conviene al pequeño núcleo que lo dirige; sería bueno que recordasen quiénes son y que no son más ni menos que los 140000 letrados y letradas que hay afuera y que, si hay profesionales que sepan, antes se encuentran entre los que están fuera que entre los que están dentro.

Luego se quejan de que, si se les censura desde fuera es «porque no comunican bien lo que se hace»; obsérvese que no se reconocen errores, sólo que se comunica mal. Y tiene gracia porque, con la de cientos de miles de euros que dedican a comunicación, muy mal deben hacerlo para haber generado una casi unanimidad exterior en cuanto a su incompetencia. Si uno mira los tuits de la presidenta o del Consejo podrá comprobar que en un 80% los retuits son de cuentas de colegios o de miembros del propio Consejo lo que ilustra en qué burbuja, en qué cámara de eco se mueven.

Es tiempo de que quienes bajan al búnker de Recolectas se vacunen de una cultura corporativa tan rancia y antidemocrática que no se aguanta un segundo más.

Afortunadamente son sólo cien personas que, aunque se gasten 11.000.000€ salidos del bolsillo de todos, no dejan de ser una minoría al lado del resto de los 140.000 abogados y abogadas ejercientes de España y no dejan de representar una forma de pensar y ejercer la representación tan rancia, absurda y periclitada que no puede sino estar condenada a la desaparición.

¿En qué creen los abogados?

Hace un par de días organicé una encuesta en twitter en la que preguntaba a quién quisiera responder una pregunta relativamente simple: ¿Cuál diría que debe ser el primer objetivo de un despacho de abogados?

La pregunta tenía cuatro respuestas posibles: a) servir al cliente, b) el beneficio económico, c) defender la justicia y d) otros fines sociales.

Como pueden ver en la captura del tuit, tres de cada diez encuestados respondieron que era «el beneficio económico»; afortunadamente, siete de cada diez encuestados, respondieron marcando una cualquiera de las demás opciones, siendo la preferida el servicio al cliente que obtuvo el 43% de los votos.

Y digo afortunadamente porque ese enfoque mercantilista, que desde hace tiempo han querido dar a nuestra profesión quienes no comprenden qué tipo de abogacía ejercemos, aún no ha calado.

Hay un punto de vista que sé que comparto con muchos compañeros y compañeras de ejercicio y es que el primer objetivo del ejercicio profesional de un letrado o una letrada no puede ser nunca el propio beneficio empresarial; por encima del beneficio económico del abogado se encuentra siempre el interés del cliente y esto no necesita de demasiadas explicaciones; si el interés del letrado estuviese por encima del interés del cliente el letrado prolongaría los juicios, aceptaría soluciones sólo cuando fuesen buenas para él aunque no para el cliente, no buscaría las soluciones menos onerosas y, en general, haría todo aquello que jamás debe de hacer un letrado. 

Pero además, ese principio de que el interés del cliente es el principal objetivo del letrado tiene importantísimas consecuencias externas a la mera relación a igado-cliente.

Si el primer objetivo de un letrado fuese el beneficio económico ¿con qué derecho podría quejarse de que alguien anunciase divorcios a 50€? ¿cómo podría defender el colectivo la existencia de unos honorarios mínimos por debajo de los cuales es imposible prestar un servicio de calidad? ¿qué legitimidad tendría para solicitar un incremento de las prestaciones del turno de oficio si este sólo está sometido a las leyes de oferta y demanda?

Créanme, las mejores edtrategias exigen siempre de buenos principios y si nos empeñamos, como muchos se empeñan, en ver nuestra profesión como una mera actividad negocial nuestra forma de ejercicio estará condenada a desaparecer.

Los servicios que prestan los abogados no son servicios como cualesquiera otros ni pueden estar sometidos exclusivamente a las leyes de la oferta y la demanda como desean fervientemente la Comisión de Defensa de la Competencia y otros órganos estatales, los servicios que prestan los abogados, antes que a la obtención de un beneficio económico se dirigen a defender los intereses del cliente y luego, sí, cómo no, a obtener un legítimo ejercicio profesional. De hecho, esta primacía del interés del cliente es clave para que los derechos fundamentales de los ciudadanos y el Estado de Derecho en su conjunto puedan ser viables.

Es por eso que los servicios jurídicos precisan de una regulación propia y es por eso que el mercado de servicios jurídicos exige una regulación especial —existente en otros países— que, hasta ahora, parece no importar a ninguno de los que mandan en España ni en el gobierno ni en la organización colegial.

Creo que ese 30% de encuestados que situan al «beneficio económico» como primer objetivo de su actividad profesional o no son abogados, o no entienden su profesión, o pertenecen a uno de esos despachos/empresa que ahora se estilan, o simplemente han respondido dando por descontado el interés del cliente se ve salvaguardado por la regulación legal de nuestro ejercicio profesional. Quiero pensar en que esto último es el motivo se su respuesta porque, de otra forma, siento que serían muchos los encuestados que no entienden la función de un abogado. O al menos no la comparten conmigo y con muchos compañeros de profesión que conozco.

Mucho más interesante que ese 30% de encuestados que sitúan al beneficio económico como el objetivo primordial de un abogado son las disparidades en cuánto a las otras tres respuestas: un 43% responde que el objetivo prioritario es la defensa de los intereses del cliente, un nada despreciable 25% (uno de cada cuatro encuestados) pone por encima de las dos opciones anteriores la defensa de la justicia y un pequeño pero interesante 3% que llamaremos «abogados de ideales» estima que el objetivo son «otros fines sociales» que, la propia estructura de la encuesta, impide que sean especificados.

Digo que es mucho más interesante porque, desde antiguo, la profesión de abogado ha sido objeto de un fuerte debate ético en cuanto a su naturaleza y sus fines y, por lo que se ve en la encuesta, ese debate aún no está cerrado (al menos entre los encuestados).

En los viejos tiempos de la República Romana un abogado sólo debía defender aquello en lo que creyera; alquilar sus conocimientos y servicios al mejor postor era algo no muy distinto de lo que hacía una meretriz y resultaba, por tanto, despreciable. Nada había peor en el foro romano que ser una execrable vox mercenaria.

Han pasado más de 20 siglos desde aquello y aún hoy día es la profesión de abogado una de las que mayores problemas éticos suscita.

Acabado el día, cuando abogados y abogadas abandonan sus despachos, no es difícil verlos reunidos en algún lugar hablando de sus asuntos; la ética en las relaciones entre compañeros, la moralidad o inmoralidad de los comportamientos de otros intervinientes en la administración de justicia o incluso la poca vergüenza de sus propios clientes son, en la práctica totalidad de los casos, tema de conversación. Pareciera que ninguna otra profesión espera tanto de la moralidad ajena y, sin embargo, al final del día, ninguna parece tan frustrada con lo que ha vivido durante la jornada laboral. Sí conoce usted abogadas o abogados y les ve hablando acérquese y escúchelos, sus temas suelen ser siempre los mismos… La irremediable desvergüenza diaria de la administración de justicia que tolera que ya el primer juicio de cada mañana empiece tarde. Jueces que llegan a una vista que ellos mismos señalaron con inexplicable retraso, funcionarios que parecen no estar nunca en la oficina judicial, clientes que demandan continuos trabajos y atención pero jamás pagan… pero también compañeros y compañeras que durante las negociaciones previas al proceso o incluso durante el mismo se comportan con inaceptable falta de ética… Todo esto, claro, siempre a juicio de quien habla.

Si, las exigencias éticas de abogados y abogadas son de las más altas, pero también sus expectativas de cumplimiento se cuentan entre las más bajas. No es raro, pues, que sean tantos los abogados y abogadas que están hoy día quemados.

Personalmente nunca he visto tanto consumo de ansiolíticos entre compañeros y compañeras como ahora; afortunadamente compartimos con los trabajadores autónomos la refractariedad a las enfermedades pues, de ser funcionarios o trabajadores por cuenta ajena, las bajas por motivos psicológicos se sucederían.

Y, sin embargo, el debate sobre la naturaleza y objetivos del ejercicio profesional de los abogados subsiste, incluso entre ellos mismos.

Muchos abogados, la mayoría (un 43%) según la encuesta, piensan que su trabajo consiste en poner sus habilidades jurídicas al servicio de los objetivos del cliente, sin embargo, otro grupo menor (un 28% y en especial el 3% que marcó «otros fines sociales»), piensan que su trabajo consiste en defender unos ideales o un concepto de justicia en el que creen.

Para poder seguir estudiando el asunto y siguiendo la terminología de la doctrina norteamericana que se ha ocupado de esta cuestión (Luban, D. Lawyers and Justice: An Ethical Study. Princeton University Press. 1988) llamaremos «abogados convencionales» a los primeros y «abogados de ideales» a los segundos, sin que los nombres usados para clasificarlos supongan ninguna preferencia teórica (que los segundos sean «de ideales» en modo alguno significa que hayan de ser mejores) y hecha esta división señalemos algunas notas.

El «abogado convencional» entiende que se defiende la justicia defendiendo lo mejor posible a su cliente en el proceso; por eso en su concepción ética de la profesión no hay dificultad alguna en defender un día una postura y al siguiente la contraria, él defiende la justicia haciendo bien su trabajo y lejos de considerar esa acción falta de ética la considera un timbre de honor y motivo de orgullo, es lo que se ha llamado la moral tradicional del abogado. Si usted que lee estas lineas no lo entiende recapacite: un abogado, según esta concepción de la naturaleza y objetivos del ejercicio profesional, no debe nunca confundir su moral personal con la ética profesional, lo contrario le llevaría a dejar condenar a su cliente, en lugar de usar las herramientas que la ley le da, simplemente porque su personal criterio moral está en contra de la conducta de su cliente. Los abogados «convencionales» saben lo que hacen, créame, y no hay nada inmoral ni falto de ética en su conducta, si usted no lo ve así quizá es que no ha reflexionado lo suficiente sobre ello.

Pero no podemos negar que en el extremo diametralmemte opuesto al abogado convencional hay otro tipo de abogado, minoritario, al que se ha dado en llamar abogado de ideales.

Para un letrado de ideales es la defensa del ideal que propugna la medida del éxito, este tipo de letrados selecciona a sus clientes en función de la utilidad que sus casos puedan tener para la defensa del ideal que persigue y su interés, más que en la defensa de los objetivos del cliente, se centra en la persecución unos determinados
objetivos de naturaleza social, cultural, política, económica o incluso legal.

Este tipo de abogacía es aún extraña en España aunque ha sido perfectamente visible en momentos y casos concretos, como por ejemplo los de muchos abogados laboralistas durante el franquismo, en que su ejercicio profesional no era ajeno a una forma de activismo político; o incluso en la actualidad donde el ejercicio profesional se utiliza, a veces, como herramienta para la consecución de objetivos sociales o políticos.

La popularización y florecimiento de la abogacía de ideales (cause lawyering) ha sido principalmente un fenómeno extranjero que comenzó en los Estados Unidos en la década de los 60. Los éxitos de los movimientos de derechos civiles y el trabajo de varias organizaciones de defensa social bien establecidas como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, el Fondo de Defensa Ambiental, el Centro de Derechos Constitucionales y muchos otros, fueron un buen caldo de cultivo para este tipo de abogacía.

Tal y como señala Scheingold el surgimiento y popularización de la abogacía de ideales en otras partes del mundo puede atribuirse a una combinación de factores, incluida la difusión de constituciones escritas y tribunales constitucionales, los valores neoliberales que impulsan la globalización y el desarrollo de redes transnacionales de derechos humanos (Sarat y Scheingold, 2001) .

A mí todo esto me parecen afirmaciones extremistas.

Es obvio que esta distinción radical no existe en la práctica, como es obvio también que los abogados convencionales siempre han visto influida su ejecutoria profesional por los principios que defienden del mismo modo que los letrados de ideales no pueden sustraerse a la siempre inesquivable defensa de los objetivos del cliente.

La abogacía convencional siempre ha estado presente en las sociedades modernas, pero también y hasta cierto punto la abogacía de ideales. Es importante subrayar que tanto los abogados de ideales como los convencionales tienen y defienden principios éticos; los abogados convencionales no son simplemente
maximizadores cínicos de su propia riqueza y estatus y los abogados de ideales no son seres simplemente altruistas y abnegados. Cada
uno de los abogados y abogadas que componen la abogacía real se situa en el continuum existente entre los dos extremos descritos. Es
más, un determinado letrado o letrada puede ejercer convencionalmente en la mayoría de los casos para comportarse como un abogado de ideales cuando le llega un caso en el que están
involucrados principios o ideales respecto de los cuales mantiene una relación especial.

Como ven si alguna profesión se faja diariamente con un debate ético profundo y cambiante es la jurídica, cuál es la dimensión moral y ética de nuestro ejercicio, qué principios deben presidir nuestra actuación… Todo eso es un debate que, creo que se detecta fácilmente en los resultados de la pequeña encuesta realizada pero que, al mismo tiempo, ilustra bien la naturaleza profundamente moral del ejercicio profesional de la profesión de abogado; un debate que solo casa mal, muy mal, con las conductas de aquellos que, cobrando cuantiosas dietas, se niegan a dar cuenta de las mismas a quienes se las pagan.

Perdónenme, tenía que decirlo.















La unidad como coartada

La unidad como coartada

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la sensación instintiva de que pretenden engañarme.

¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que les cuente una historia y me explique. Cuando yo era niño formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del Espíritu Nacional» (FEN). A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaba particularmente curiosa aquella organización a la que el régimen llamaba «sindicato».

Los sindicatos del franquismo a mí, aunque era un niño, me resultaban sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iban a reclamar los obreros de un sindicato vertical de esos un aumento de sueldo, no veía yo a trabajadores y empresarios compartiendo objetivos y sentados en el mismo bando en esa negociación.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís Ruíz sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores sino solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos y domesticados obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Aquella democracia «orgánica» (tan elocuentemente cantada en el preámbulo de la Ley de Colegios que aún regula nuestros colegios y consejos generales) y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hija de aquel régimen político orgánico de familia, municipio, sindicato y movimiento, es nuestra Ley 2/1974 de 13 de febrero que regula los Colegios Profesionales (sí, ha leído usted bien, 13 de febrero de 1974) y, si bien muchos de sus artículos han sido derogados por inconstitucionales, hay modos y maneras en las personas que ocupan los cargos dirigentes de esas agrupaciones que parecen haberse perpetuado hasta nuestros días.

De hecho son tan parecidos que, cuando reciben alguna crítica, reaccionan exactamente igual que aquellos sindicatos verticales: llamando a la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es precisamente lo que hacía aquel viejo sindicato vertical del que les hablo; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si la unidad, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Es por eso que, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle:

¿Unidad en torno a qué?

Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Hay formas de conducta (responder a la crítica pidiendo «unidad», considerar las peticiones de transparencia como una afrenta, reputar malintencionada cualquier opinión discrepante…) que tienen mejor encaje en la España de 1974 que en la de 2022.

En la república de las abogadas y abogados, todos son iguales a todos y nadie es más que nadie y es por eso  por lo que criticar la discrepancia es una repugnante forma de defender la posición o la prebenda propia.

La principal obligación de cualquier miembro de un grupo social es ser honesto consigo mismo y manifestar lo que piensa, porque es de este modo y no de otro es como mejor sirve a los intereses del grupo, diciendo en cada momento lo que cree más conveniente y mejor para todos.

Si alguien cree que quien así procede atenta contra la «unidad» es que aún no ha entendido los principios básicos de la vida en democracia; o peor aún: pretende mantener un status quo del que se beneficia personalmente.

Por eso en la igualitaria república de las abogadas y abogados todas las opiniones caben y son tan valiosas la opiniones discrepantes porque, cuando lo que se persigue es el interés del grupo, no importa que existan caminos distintos para alcanzar el destino compartido.

Yo creo en algunas cosas

Respecto de mi profesión yo creo en algunas, no muchas, cosas.

Creo, por ejemplo, que el primer objetivo de un abogado es defender los derechos ajenos y que, por eso, la abogacía no puede ser entendida como un negocio. En los negocios el primer objetivo es el ánimo de lucro pero, en algunas profesiones —la abogacía entre ellas—, la defensa del interés ajeno le antecede.

Sí, sé que ustedes pueden citarme despachos concebidos como empresas, despachos orientados al beneficio económico y que miden su éxito según su cuenta de pérdidas y ganancias; sí, sé que existen, pero tengo por cierto que ellos y nosotros no ejercemos la misma profesión.

Al igual que creo que el primer objetivo de un abogado es defender los derechos ajenos, creo que la segunda obligación es exigir del cliente una retribución adecuada. Una retribución adecuada permite dedicar al asunto el tiempo y la atención que necesita y, en un mercado de servicios jurídicos donde se ofertan —por ejemplo— divorcios a 140€, se produce una presión bajista en los precios que, inevitablemente, deteriora la calidad del servicio prestado. Exigir una retribución adecuada no es solo un legítimo derecho del abogado, es una salvaguarda de los intereses del cliente.

Creo, en tercer lugar y para finalizar, que ninguna sociedad puede soñar con conseguir nada parecido a la justicia ni ningún estado puede ser llaamado «de derecho» si no cuenta con una abogacía que responda a los dos principios que les he dicho.

Finalmente no creo, sino que sé, que una abogacía como la que les he descrito molesta y es siempre objeto de ataques más o menos velados por las más distintas vías, desde las puramente conceptuales («un despacho es antes que nada un negocio», «el éxito de un despacho se mide en dinero») hasta las simplemente económicas («en el mercado y en los precios sólo importan oferta y demanda, hay que desregular», «el turno de oficio es altruismo y ya tiene bastante compensación», «divorcios a 140€, así es el mercado»…) pasando por las insidias habituales de ayer y de hoy («los abogados fomentan la litigiosidad», «los españoles son querulantes», «la justicia necesita cambios organizativos, no más medios»…)

Es esta abogacía de las personas a la que muchos llaman —para escándalo de algunos otros— abogacía independiente. A mí me da igual como la llamen siempre que responda a estas pocas cosas en las que creo, porque lo decisivo no es el nombre: lo decisivo es que, si algún día logran acabar con esta abogacía, habrán acabado con el estado de derecho y con todos los sueños de justicia en España.

Tiene que llover

En una sociedad sin abogados la primera víctima son los derechos de todos. Las sociedades sin derechos no necesitan de abogados pero las sociedades sin abogados da igual que proclamen derechos: nunca tendrán ninguno.

Y es eso lo que quieren construir: una sociedad sin una abogacía real sino solo con una abogacía de negocios porque así los derechos de la ciudadanía no serán reales sino solo un negocio.

Para ellos, claro.

Somos ahora el 85% de la abogacía española, pero cada vez seremos menos. Aspiran a que salgamos diezmados de esta crisis, a que muchos de los nuestros vayan a la lona y no puedan seguir ejerciendo esta profesión de la que han vivido durante años. Por eso no hay ayudas para los abogados como tú y como, por eso no han dedicado ni un euro a ayudar a quienes defienden los derechos de todos, por eso, cuando hay que redactar leyes, se lo encargan a un representante de los grandes despachos y a ti ni te preguntan.

Pero no pueden tumbarte. Tú tienes que resistir compañero; tú tienes que aguantar compañera; porque si vosotros, compañeros y compañeras, no resistís, no habrán tumbado a la abogacía independiente, habrán tumbado los derechos y libertades de todos.

¿Y qué puedo hacer? Me dirás.

Haz que les duela. Aún queda un rescoldo en España de una cosa llamada democracia y se construye sobre los votos y la persuasión y vosotros, compañeros, compañeras, sois los mayores expertos en ese arte que hay en España. Ponedlo, pues, al servicio de todos.

Haz que tu visión llegue a los medios de comunicación, a tus amigos periodistas o locutores, a tus clientes, hazles saber que cuando nos golpean a nosotros quienes están recibiendo el golpe son ellos, haz que la infamia se sepa y que no se olvide.

Quizá te parezca poco pero, si todos barriésemos el portal de nuestra casa, la calle estaría reluciente. No podemos esperar salvadores ni que un día pase el camión de riego o que, de pronto, llueva. Somos nosotros quienes tenemos que hacer que el agua limpie la calle. Porque tiene que llover y vamos a hacer que llueva: a cántaros.

No preguntes qué vamos a hacer, tú sabes lo que has de hacer. Confía en tus compañeras y compañeros y sé consciente de que junto a ellos formas una red irrompible, porque es una red tejida con las aspiraciones y los ideales de todos.

Entiende, compañera, entiende, compañero, que tienes que resistir y que tienes que hacerlo no por ti, sino por el futuro de los tuyos y de todos.

Buenos días, es un placer sentirse a vuestro lado.

El hambre, el virus y la abogacía

El hambre, el virus y la abogacía

Hablo con compañeros y compañeras de Colombia, Argentina, Ecuador… Y el feo rostro de la crisis exhibe su peor expresión: la actividad trae la enfermedad, la inactividad el hambre.

Mientras los autónomos pugnan por trabajar los asalariados, por ahora, se oponen. Mientras los jóvenes prefieren arriesgar los más mayores son cautos y así avanza la pandemia y el virus de la desunión en la república de los abogados y las abogadas.

No es muy distinta la situación en España: la oposición a volver al trabajo se presenta más entre asalariados y funcionarios que entre autónomos y profesionales liberales que ven cómo la inactividad les deja sin recursos para ellos y sus hijos.

Este debate aflorará con fuerza en los próximos días y puede tornarse crispado si algún partido político ve en él la posibilidad de pescar algunos votos.

El debate es falso: hay que volver al trabajo —no queda otra— pero hay que volver con la seguridad de que no pondremos en riesgo nuestra salud ni la de nuestros familiares. Es seguro que cumplir ambos requisitos va a exigir un esfuerzo arduo y penoso pero no se hicieron las crisis para los pobres de espíritu, toca trabajar duro, con seguridad y con alegría.

La república de los abogados y abogadas se va a ver durísimamente golpeada pero, créanme, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el CGPJ para destruir la vida y el futuro de los abogados independientes (sin ayudas financieras, exponiéndoles a riesgos sanitarios sin más protección que la que ellos se busquen, buscando modificar la ley por decreto en beneficio de los bufetes grandes…), a pesar de esos esfuerzos, digo, la República Independiente de los Abogados y las Abogadas va a emerger de esta crisis más poderosa que nunca. Costará dolorosísimas pérdidas pero, si tomamos conciencia de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, no debemos temer al futuro.

Mañana les sigo hablando de esto, he de guardar alguna buena noticia para cuando acabe el consejo de ministros.

¿Para qué hemos de estar preparados los abogados independientes?

¿Para qué hemos de estar preparados los abogados independientes?

Mi amigo Joludi me llama la atención sobre un artículo del MIT (Massachussets Institute of Technology) que trata de predecir cómo será nuestra vida desde ahora hasta que dispongamos de una vacuna contra el coronavirus Covid-19, algo que, según la mayoría de los expertos no ocurrirá hasta bien entrado el año 2021, como poco. Un año entero durará esta emergencia; así pues, mentalícese y váyase preparando.

Mientras leo el artículo tomo notas y trato de aplicar lo que leo a mi propia situación personal, reflexiones que comparto por si a alguien le resultasen de algún valor.

Estrategia de lucha previsible contra la pandemia

Para evitar que los sistemas sanitarios colapsen —dice el artículo— la  pandemia debe avanzar a un ritmo lento hasta  que  suficientes  personas  se  hayan  contagiado para así lograr o bien la  llamada «inmunidad  de  grupo» (suponiendo  que  la  inmunidad dure  años, algo que, desde luego, aún no sabemos) o bien hasta  que  se  descubra  una  vacuna, algo  que no sucederá, como pronto y si es que llega, hasta  2021.

¿Y qué sucederá entretanto?

Hasta tanto, mientras haya una sola persona en el mundo con el virus, los brotes se seguirán produciendo si no ponemos los controles precisos y eso significa medidas de alejamiento social. Pero ¿cuál es la estrategia adecuada de «alejamiento social»? Cito textualmente el artículo de que trae causa este post:

En un reciente informe, los investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido) propusieron una forma de actuación: imponer medidas de alejamiento social más extremas cada vez que los ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) empiezan a aumentar, y suavizarlas al reducirse la cantidad de las personas ingresadas.

El gráfico con el que lo explican es el siguiente:

La línea naranja representa a los ingresados en UCI. Cada vez que se eleva por encima de un umbral, por ejemplo, 100 a la semana, el país cerraría todas las escuelas y la mayoría de las universidades e impondría el confinamiento social. Cuando los ingresos vuelven a caer por debajo de 50, esas medidas se levantarían, pero las personas con síntomas o cuyos familiares tuvieran síntomas deberían seguir en sus hogares.

¿Qué se considera como «alejamiento social»? Los investigadores lo definen así: «Reducir el contacto fuera del hogar, en la escuela o en el lugar de trabajo en un 75 %». Eso no significa que haya que salir con los amigos una vez a la semana en lugar de cuatro veces, sino que todos harían lo máximo posible para minimizar el contacto social, lo que, en general, reduciría el número de contactos en un 75 %.

Según este modelo, los investigadores concluyen que el alejamiento social y el cierre de escuelas deberían producirse aproximadamente dos tercios del tiempo, es decir, dos meses sí y uno no, hasta que haya una vacuna disponible, algo que no se espera, como mínimo hasta dentro de 18 meses.

El panorama es, pues, desalentador.

Y ¿no es posible estar más tiempo confinados y evitar así este ciclo de confinamientos hasta alcanzar la vacuna o la inmunidad grupal?

Al parecer no sería eficaz.

Según el modelo de estos investigadores, esa estrategia no lograría resolver el problema. Sin el alejamiento social de toda la población, el modelo predice que, incluso la mejor estrategia de mitigación, que significa aislamiento o cuarentena de los enfermos, de los ancianos y de los que han estado expuestos, además del cierre de escuelas, aún provocaría un aumento de las personas gravemente enfermas ocho veces mayor de lo que podría soportar el sistema de EE. UU. o de Reino Unido. (Esa es la curva azul más baja en el gráfico a continuación; la línea roja plana es el número actual de camas en UCI.) Incluso si las fábricas empezaran a producir más camas y respiradores y todas las demás instalaciones y suministros, aún harían falta muchos más médicos y enfermeras para atenderlos a todos y ofrecen este gráfico para visualizar las previsiones de su modelo:

¿Y si solo se imponen restricciones durante unos cinco meses? (copio del artículo que cito)

Tampoco serviría: cuando se levantan las medidas, la pandemia vuelve a estallar, solo que esta vez sería en invierno, el peor momento para los sobrecargados sistemas sanitarios.

Esta sería la gráfica.

Esto no es una alteración temporal. Se trata, como dice el artículo, del inicio de una forma de vida completamente diferente y es en esa forma de vida «completamente diferente» que, como poco durará un año, donde trato de pensar qué deberemos hacer los abogados independientes si queremos sobrevivir.

Una forma de vida diferente

Esta nueva forma de vida lleva aparejadas consecuencias muy importantes para los diversos sectores económicos. Veámoslo.

Menos es más. Lo pequeño es más resistente que lo grande.

A muy corto plazo este nuevo estilo de vida será muy perjudicial para los negocios que dependen de reunir a grandes cantidades de personas: restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, gimnasios, hoteles, teatros, cines, galerías de arte, centros comerciales, ferias de artesanía, museos, músicos y otros artistas, centros deportivos (y equipos deportivos), lugares de conferencias (y organizadores de las mismas), cruceros, aerolíneas, transporte público, escuelas privadas, guarderías.

Bien, menos es más, nosotros, abogados independientes, formamos, lo queramos o no, una red distribuida de servicios legales y eso es bueno. Nosotros no concentramos trabajadores en un sólo punto y, al igual que la pandemia es letal para los centros comerciales basados en importantes aglomeraciones de gente, lo es también que las redes distribuidas la soportan mejor: buenas noticias pues para el pequeño comercio de proximidad, malas para los centros comerciales; buenas noticias para los despachos pequeños, malas para los grandes. Lo siento muchachos.

Los ricos lloran menos: hay que aguantar el primer golpe.

Esta crisis va a ser muy difícil de soportar para quienes hayan contraído importantes obligaciones financieras pues no podrán resistir la bajada de ingresos ni tampoco para quienes no tengan ahorros suficiente para lidiar con los cambios en sus ingresos. Ahí nos pillaron a los pequeños. Suponemos que los grandes tienen más caja pero no conocemos sus obligaciones de forma que ¿quién sabe?.

Padres con hijos, con personas en relación de dependencia, etc. sufrirán problemas añadidos pero no hay nada que un padre y una madre trabajando en equipo no superen. Todavía nadie ha inventado un equipo que juegue mejor que ese, de forma que, quizá ahora, alcancéis a entender mejor por qué os elegisteis para vivir juntos.

Todos los despachos los forman personas de forma que este último párrafo vale para todos.

Así pues, para poder continuar, vamos a necesitar aguantar el tirón inicial ¿podremos?. En situaciones de crisis las personas físicas ayudan más y mejor que las jurídicas, quiero decir, tu familia te ayudará más y mejor que un banco, recuerda que tienes pocas necesidades, un tanto más a favor de los pequeños.

Reducción de movilidad

La pandemia va a provocar importantes restricciones de movilidad en las personas por lo que cualquier red distribuida de servicios va a soportar mucho mejor el golpe que cualquier red centralizada. Los despachos pequeños cubren los 433 partidos judiciales de España, los grandes apenas 50 ó 60. Goleada de los pequeños.

Conclusiones provisionales

Afortunadamente nuestro negocio no es como los cines, o los espectáculos deportivos, somos una raza de personas solitarias o casi solitarias que no han caído en el error de la hiperespecialización; disponemos, pues, de habilidades en muchos campos lo que nos garantiza sobrevivir. Pero sobrevivir solo no significa que no sea necesaria una coordinación. Formamos, lo queramos o no, una red distribuida de servicios jurídicos y esa es nuestra fuerza. Si somos capaces de tomar conciencia de ello y demostramos que somos capaces de cooperar y de ayudarnos unos a otros a superar esta crisis veremos un renacer de una abogacía con la que, inanes y oscuros políticos y pseudopolíticos, han pretendido acabar.

Así pues me gustaría mandarte un mensaje de optimismo y decirte que no te preocupes demasiado si el presente es malo porque, lo seguro, es que el mañana es nuestro.

Hay muchas cosas por hacer: adelante.

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