El Ministerio de Justicia, una eficaz ayuda para agravar la crisis

No hacía falta ser un profeta para adivinarlo, bastaba con comparar la caída del PIB en 2020 y en 2009 y extrapolar los datos para saberlo. Lo habría visto un niño de seis años, pero el ministro tiene 60 y una larga trayectoria política y seguramente por eso no lo vio.

Los concursos de acreedores han subido ya un 50% en España sin que el ministerio haya adoptado ni previsto medida alguna de fuste para hacer frente a tal aumento. Y ese 50% de subida aún está ralentizado por las medidas que impiden que lleguen a los juzgados de lo mercantil todos los concursos que deberían llegar. El gobierno, en lugar de afrontar el problema, ha decidido crear la apariencia de que no pasa nada permitiendo que las empresas en situación de insolvencia no se vean obligadas a pedir el concurso hasta el 31 de diciembre.

Y a pesar de eso los cconcursos han subido —como habría previsto cualquiera— un 50% sin que la planta de los juzgados de lo mercantil haya sufrido ningún refuerzo adecuado a esta subida.

¿A qué se ha dedicado el ministerio de justicia?

A todo menos a hacer frente a los problemas auténticos de la justicia en España.

Dice que va a transformar los juzgados de instancia en tribunales de instancia, una medida largamente perseguida por todos los gobiernos (en esto PP y PSOE han demostrado una sintonía absoluta) para poder controlar mejor a los jueces aunque para ello hayan de hacer funcionar peor la justicia.

Me llevan los demonios.

Van a venir muchos más concursos en cuanto se abra la espita y llevamos año y medio sin que el ministerio de justicia haga nada. Vamos a enfrentar un problema sin precedentes, lo saben y no hacen nada. Yo ya no sé del lado de quien están estos sujetos, de lo que estoy seguro es de que no juegan en nuestro equipo.

Claro que, como en este país hace tiempo que ya nadie espera nada de la justicia, al ministro probablemente le bastará culpar a la crisis de todo y dejar que los actuales juzgados de lo mercantil se conviertan en tanatorios de empresas incapaces siquiera de enterrar los cadáveres que les llegan.

No entiendo esta actitud rayana en la desvergüenza. No entiendo que cuando los bárbaros están a las puertas de la ciudad los prebostillos se vayan de cena sin mascarilla y sigan buscando como repartirse influencias y cómo controlar jueces y judicaturas.

Esto es ya un desastre y pronto lo será total y este desastre tendrá nombre y responsables.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Yo sé que ustedes se preguntarán qué es lo que estoy haciendo en Sevilla con un sombrero “vueltiao” en la cabeza. Dénme ocasión, antes de que opinen nada, a que les responda.

Hace muy pocos días me llegó desde Colombia (un país hermano que —como saben— enfrenta una situación dramática) este “sombrero vueltiao”; una prenda hecha con un tejido vegetal exclusivo, de muy laborioso y especializado trenzado y que es, por sobre todas las demás cosas, el símbolo nacional de Colombia.

Pues bien, ese afecto que venía envuelto en el sombrero necesitaba un agradecimiento específico de mi parte y como, por razones de trabajo, había de desplazarme a Sevilla me determiné a llevar a Colombia no sólo en el corazón sino también en la cabeza y fotografiarme frente al Archivo General de Indias con él. ¿Por qué el Archivo General de Indias?, bueno… porque en ese lugar es donde aún hoy día lloran los originales de aquellas viejas Leyes de Indias que, dictadas para proteger a los indígenas, jamás se cumplieron desde entonces hasta hoy, condenando a un país rico y hermoso a vivir las dramáticas situaciones de desigualdad que están en la base de los disturbios que, tristemente, vive hoy día ese país hermano.

Yo tenía una deuda de afecto con mis amigos y compañeros de Colombia y, aunque sé que nunca podré pagársela cumplidamente, déjenme intentarlo hoy.

Escribo estas líneas en la más vieja taberna de Sevilla, una casa de comidas abierta ya en 1670, y que se encuentra a apenas unos cientos de metros del lugar donde estuvo la cárcel en que un Cervantes preso gestó la más inmortal de sus obras; esa obra que nos enseña que no existen más que dos razas en el mundo que son la del tener y la del no tener.

Los españoles lo sabemos bien. Los árabes que llegan en yate de lujo son protegidos por el estado y hasta son amigos de reyes eméritos, en cambio, los árabes que llegan en patera o lancha neumática son inmediatamente ingresados en centros de detención. No hay nada que les haga diferentes a unos de otros, simplemente pertenecen a razas diferentes, unos a la raza del tener y otros a la del no tener.

Dicen los evangelios que pobres siempre los habrá, lo que no dicen los evangelios es que siempre hayan de ser los mismos y en Colombia, como en otros muchos países, los indígenas han sido siempre unos de los integrantes habituales de la raza del no tener.

Por eso esta tarde yo tenía que tomarme una foto frente al Archivo General de Indias y por eso, ahora, estoy escribiendo estas lineas a unos pocos centenares de metros donde estuvo la prisión en que encerraron a Cervantes.

¿Dinero o criptodinero?

¿Dinero o criptodinero?

Quizá en la historia humana no haya una herramienta tan antigua, ubícua y mal diseñada como el dinero.

Ya les conté hace unos días que, aunque antiguo, el dinero no lo es tanto como para que fuese usado en el antiguo Egipto, en Sumeria o Acad y, desde que fuera inventado —según Herodoto por los lidios— alrededor del año 700 AEC, su historia ha sido una historia de fraudes y abusos de los poderosos (política y económicamente) contra las personas comunes. Veámoslo.

Aunque históricamente se usaron como dinero conchas, piedras, tabaco o incluso cabras, el dinero ha estado asociado, íntimamente y desde antiguo, a los metales. El “dinero” a que hace referencia Herodoto al atribuir su invención a los lidios es precisamente este: el dinero basado en metales.

Su funcionamiento es sencillo: fijando los precios de acuerdo con el valor del peso de un determinado metal (cosa que venían haciendo los Egipcios desde miles de años atrás) bastaba con poseer metal de esa especie en la cantidad necesaria para usarlo como dinero. Naturalmente reyes y poderosos encontraron en la acuñación de moneda un magnífico negocio económico y político: además de hacerse una buena publicidad acuñando su efigie en las monedas, encontraron muchas y variadas formas de engañar a sus súbditos para lucrarse con conductas que se han repetido invariablemente desde entonces hasta nuestros días. Veamos en lineas generales cómo se produjeron dichos engaños.

Acuñar moneda es, sin duda, un buen negocio para quien lo hace pues, para sacarle un dinerillo al asunto, basta con introducir en la aleación de las monedas, por ejemplo, menos plata y más cobre, en ese engaño pequeño el acuñador se gana unos buenos ingresos y, si cree usted que esto no ha ocurrido, debo decirle que es usted un iluso: lo que raramente ha ocurrido es lo contrario: que las monedas contengan el peso prometido de metal precioso. Las monedas a lo largo de la historia se han ido envileciendo no solo por el engaño de los acuñadores sino también de quienes las custodian, singularmente los banqueros.

Si no me cree eche usted mano al bolsillo, saque una moneda de euro —si le quedan— y observe con cuidado su canto.  Si lo hace observará usted que el canto de la moneda no es liso, sino que se encuentra rayado en toda su extensión. Estas rayas no están colocadas ahí por casualidad: cuando el dinero valía algo se acuñaban metales como plata y oro y uno de los mejores negocios del banquero era limar sutilmente las monedas, de forma que, con un poco de polvo de oro o plata de aquí y de allá, podían hacerse con un buen dinero. Todavía en el Código Penal de 1973 que hube de estudiar contenía un delito de “quebrantamiento de moneda” en su artículo 283.2⁰ que castigaba con la pena de prisión menor a quien «cercenare o alterare moneda legítima».

Quizá sea el caso del emperador Diocleciano el que mejor ilustre este envilecimiento oficial de la moneda:

En tiempos de Diocleciano las arcas públicas de Roma estaban cada vez mas vacías, de forma que, para solucionarlo, el emoerador recurrió al truco de siempre e hizo alterar las monedas de curso legal hasta reducir en un 90% su contenido en metal precioso pero, claro, sin modificar su valor facial. La consecuencia real de esta práctica daría origen a lo que, en 1558, se bautizó como la máxima de sir Thomas Gresham, previamente formulada por Oresmo y Copérnico, y reflejada en la acumulación secreta del buen dinero romano, según la cual «la moneda mala expulsa siempre a la buena». (Quédense con esta máxima).

Lo que le sucedióa Diocleciano fue que los comerciantes y la población en su conjunto guardaron las monedas de buena aleación y comenzaron a rechazar esa moneda alterada en pago de su mercancía.

Otra consecuencia adicional de esta envilecedora práctica de Diocleciano fue que, el aumento en la emisión de moneda, de una manera primitiva, pero inconfundible, planteó la proposición esencial concerniente a la relación del dinero con los precios: la llamada «teoría cuantitativa del dinero» que sostiene, en su forma más elemental, que, «en igualdad de todo lo demás, los precios varían en relación directa con la cantidad de dinero en circulación».

Debido a las tremendas subidas de precios se produjeron revueltas y manifestaciones de las clases populares de forma que, para evitarlas, Diocleciano recurrió a lo único a lo que parecen saber recurrir los malos gobernantes: prohibir y regular. Diocleciano, para evitar las alzas de precios, decidió limitar las subidas fijando listas públicas de precios de las diversas mercaderías… Y sobrevino la catástrofe. Siendo ruinoso vender mercancías en tales condiciones los comerciantes abandonaron la actividad, hubo falta de abastecimiento, pobreza, hambre… No creo necesario contarles más, ustedes lo imaginan fácilmente.

La historia del dinero desde entonces ha sido la de unos gobernantes perennemente endeudados y la del uso de soluciones «financieras» que no eran sino engaños directos a la población: bancos concebidos como negocios piramidales que jamás custodiaban metal que respaldase los billetes que emitían o, desde que Nixon desconectó el sistema financiero mundial del patrón oro, una afición desmedida a la producción de papel impreso como “dinero”. Si desean una descripción por extenso de toda esta galería de los horrores les recomiendo la lectura del libro «El dinero: de dónde viene y a dónde va», del economista John Kenneth Galbraith, uno de los más importantes economistas del siglo XX.

La penúltima canallada de gobiernos y poderosos contra los comunes la conocen perfectamente ustedes, sucedió en 2008 y arruinó a muchísimas familias del mundo.

Fue toda esa larga historia de latrocinio la que movió a muchos a buscar soluciones para sacar el dinero del control de gobiernos y poderosos y entregarlo, teóricamente, a la comunidad, de forma que, estafas como las de los últimos 2800 años, no pudieran repetirse y fue así como nacieron Bitcoin y posteriormente el resto de las criptomonedas que conocemos.

Desde el 12 de enero de 2009 (fecha de la primera transacción en bitcoin) hasta el boom de las criptomonedas en 2017 las criptomonedas fueron probando la tecnología distribuida que les daba soporte y sufriendo “burbujas” que las ponían a prueba tanto de los experimentos pseudofinancieros de algunos como de las estafas que, directamente pusieron en marcha otros. Un mundo salvaje y sin más regulación que la del propio código informático que lo diseña (una encarnación de lo predicho por el profesor de Stanford Lawrence Lessig en su obra visionaria «Code 2.0») demostró ser capaz de sobrevivir sin leyes ni decretos.

Este mundo de dinero no controlado por los gobiernos sólo necesitaba de la crisis económica creada en 2020 por el coronavirus para explotar y  surgir por el horizonte como una amenaza para el sistema financiero tradicional y una promesa para los comunes. Veamos por qué.

La cuestión decisiva a la que han tenido que atender los gobiernos del mundo este año 2020 es la de cómo hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus y, como pueden imaginar, lo han hecho con el ingenio que ha caracterizado habitualmente a los gobiernos de los imperios: al estilo de Diocleciano; es decir, «fabricando dinero».

Los bancos centrales imprimieron, solo en el mes de mayo del pasado 2020, un valor estimado de USD 15 billones en estímulos como medidas antipandémicas para salvar las economías mundiales, «arrojando al dólar estadounidense debajo del autobús», como dijeron algunos.

Recuerden ustedes ahora la «teoría cuantitativa del dinero» de la que les hablé más areiba y que sostiene, en su forma más elemental, que, «en igualdad de todo lo demás, los precios varían en relación directa con la cantidad de dinero en circulación». Por aplicación de esta ley tamaña impresión de papel tendrá la consecuencia esperable: una importante alza de precios y su pareja pérdida de valor de la moneda.

Tradicionalmente, siempre que los gobiernos han hecho funcionar la máquina de imprimir billetes (billetes que, desde Nixon, carecen de ningún respaldo metálico y que no tienen valor intrínseco alguno) los ciudadanos ham buscado valores refugio que han solido consistir en los metales preciosos que otrora respaldaban las monedas (oro o plata) o en algunas otras mercancías conservadoras de valor.

Sin embargo, en este 2020, a estos valores refugio tradicionales se ha añadido uno más, diseñado como consecuencia de la crisis de 2008: el bitcoin.

El bitcoin, es preciso que lo sepan, reúne todas las características precisas para ser un excelente valor refugio:

1⁰. Suministro limitado

Un buen conservador de valor debe ser un activo limitado. El oro es bueno en eso, su minado es escaso y caro y, salvo que se descubra alguna nueva mina que haga aumentar sustancialme te su cantidad (cosa en que los españoles fuimos especialistas con la plata y las minas de América) permanecerá más o menos constante.

Bitcoin sin embargo supera al oro en este aspecto pues el número máximo de bitcoins está limitaado por el propio sistema a 21 millones. Ya se han “minado” 18 millones y en los próximos 20 años se “minarán” los restantes 3 millones. Ningún gobierno podrá “darle a la máquina de imprimir”, hay los bitcoins que hay y no puede haber más. Bitcoin, pues, supera al oro en este aspecto.

2⁰. Fácil de comprar y vender

El oro no es difícil de comprar y vender, basta con que vaya usted con sus joyas a un «compro oro» y acepte el precio que allí le ofrezcan o busque una joyería u otro establecimiento donde comprar unos lingotes o monedas… ¿Fácil o difícil? Usted me dirá.

Para comprar o vender bitcoins solo necesita su teléfono móvil.

Creo que este punto también se va para bitcoin.

3⁰. Ampliamente aceptado como medio de pago.

El oro, no cabe duda, es ampliamente aceptado pero ¿ha probado usted a pagar con oro? Pagar con lingotes de oro o monedas de oro no es tan fácil como podría pensarse, no es fácilmente divisible (¿Cómo le darán el cambio de sus lingotes si no es fraccionándolos?) y ni siquiera su convertibilidad o medición —pesaje, verificación de la ley… etc.— es sencilla.

En cambio, bitcoin, con una capitalización actual de 545.771 miles de millones de dólares (una cifra que iguala al PIB de Suecia) supera con mucho la de la mayoría de los países del mundo y con la posibilidad de usarlo desde su teléfono móvil o a través de PayPal (este año) o tarjetas de crédito, su uso como medio de pago ampliente aceptado podemos decir que supera al oro.

4⁰. Que sea percibido como un acumulador estable de valor.

Basta con leer el primer argumento para saber que bitcoin es intrínsecamente estable como acumulador de valor y, poco a poco en años pasados, pero muy rápidamente es 2020, es percibido como un eficaz acumulador de valor y, en consecuencia, ya ha atraído la atención de conspícuos del mundo de las finanzas como J.P. Morgan o Goldman Sachs que, a lo que se ve, no quieren que esta fiesta se les escape.

Es así como con bitcoin empieza a cumplirse también la máxima de sir Thomas Gresham según la cual «la moneda mala expulsa siempre a la buena» y, en países con problemas económicos derivados de la negligente política monetaria de sus gobiernos, los ciudadanos empiezan a preferir conservar su dinero en forma de bitcoins que de la moneda local haciendo que los cajeros automáticos de bitcoin sean ya una realidad en países como Argentina.

Así pues, una unidad de cuenta eficaz y ajena a los gobiernos, como es el bitcoin, se ha presentado este 2020 como la alternativa definitiva al dinero «fiat» (se llama así a nuestro común dinero de papel basado tan solo en la confianza que nos inspira, pero no en respaldo alguno) y como un defensor de la economía de los indivíduos frente a bancos y gobiernos.

Creo que con todo esto pueden comprender por qué el precio de bitcoin ha pasado de 9.352 $ en enero de 2020 a 29.224 $ en el momento de escribir estas lineas.

Y hasta aquí lo bueno. Supongo que muchos de ustedes se preguntarán a estas alturas ¿Cómo es posible que una moneda sin valor intrínseco alguno y sin el respaldo de ningún gobierno pueda haber alcanzado ese valor? ¿Estaremos locos? ¿No será todo una burbuja como la de los famosos tulipanes holandeses?

Y hacen bien en preguntárselo y es preciso hablar de ello y hablaremos, tenemos por delante un año apasionante para hacerlo.








Justicia contra la crisis

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene cuídelo, creo que le va a hacer falta.

No sé cómo están sus cuentas, lector, lo que sí le aseguro es que a su alrededor son muchos los que ya no tienen dinero en las suyas, viven al día y esperan afanosamente cada primero de mes que les ingresen el sueldo, el paro o el dinero del ERTE, para ver cómo desaparece instantáneamente debido a las domiciliaciones, a la hipoteca o al descubierto de la tarjeta.

En España, eso sí, son pocos ya los que se sienten solos: una legión de pobres desgraciados por un sueldo mísero trabajan de teleoperadores y se dedican a llamar insistentemente a otra legión de pobres desgraciados que se han retrasado en el pago de la hipoteca…

—Buenas tardes, llamo de Banco Sabadell, pregunto por Don… (…)

Y así, estos desgraciados, le recuerdan en nombre del mismo banco al que usted ha rescatado con su dinero (y que aún le debe la cláusula suelo, los saldos en posiciones deudoras, la comisión de apertura y los gastos de tu hipoteca) que es usted pobre, que debe dinero y que, si esto sigue así, no podrá mantener a sus hijos en 2021 y que, si no paga, no sólo perderá su casa sino su dignidad y su futuro. Y para que no lo olvide le llamarán mañana, tarde y noche, a la hora que más puedan molestarle y si bloquea su teléfono lo harán desde otros 100 números más que tienen sólo para que recordarle que debe usted dinero, que es usted pobre, que es usted un mierda con un futuro de mierda.

Y mientras los bancos alivian su soledad dándole esta amable conversación le clavan al mismo tiempo 40 ó 50 euros en comisiones deudoras cada vez que se retrasa usted unos días en el pago. Hay quien vende sucedáneos de sexo y amor por dinero; los bancos, en cambio, le sodomizan y le cobran a 50€ el servicio. Santas corporaciones, no sé cómo nos atrevemos a retrasarnos en el pago.

Y esto, amigo lector, no ha hecho más que empezar.

Porque los créditos antes o después vencerán (aunque se alarguen artificialmente) los ERTES acabarán siendo despidos y los impagos concursos. Las empresas serán debidamente momificadas y cremadas en los tanatorios de lo mercantil y los empresarios individuales y los autónomos, verán cómo los bancos y la administración pública se repartirán sus despojos dejándolos sin dinero, sin dignidad y sin futuro; porque en España, la Administración no olvida el siniestro contenido del artículo 1911 del Código Civil:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Con todos los bienes «presentes y futuros»; es decir, hasta que pagues o hasta que te mueras, porque has de saber que si un banco no te paga estarás jodido —liquidarán el banco y si no hay suficiente no te pagarán— pero si eres tú quien no le paga al banco entonces también serás tú el que esté jodido y, si le debes dinero a la Administración, entonces olvídate de exoneraciones, porque a las personas físicas, en España, sólo se las liquida con la muerte.

La ley de segunda oportunidad ha sido un fracaso, los juzgados de lo mercantil han sido un fracaso y en general el tratamiento de los deudores por el ordenamiento jurídico es un completo fracaso.

Los juzgados españoles de lo mercantil son tanatorios de empresas (menos de un 5% salen vivas del concurso) la ley de segunda oportunidad se ha revelado insuficiente (las deudas con la administración no son del todo exonerables) y, mientras se acerca una bancarrota masiva de personas físicas y jurídicas en España el gobierno y el ministro de justicia se dedican, miserablemente, a profundizar en sus intentos de controlar el poder judicial.

La suerte de los españoles les importa un carajo a lo que parece.

Pero llegará 2021 y habrá que enfrentarse a la verdad, y los obreros verán sus juicios por despido señalados con años de retraso, los autónomos se encontrarán condenados a trabajar en la economía sumergida, con facturas a nombre de terceras personas y sin posibilidad ni siquiera de tener una tarjeta con 300€ de crédito porque la Administración les embarga impmacablemente.

Muertos civiles. Ese es el final que espera a centenares de miles de personas en España mientras políticos y ministros ensucian las moquetas con babas trufadas de canapés.

Estamos al borde del abismo y ellos siguen jugando a sus juegos políticos de controlar el CGPJ, de entregar la instrucción a los fiscales para controlar las instrucciones de los delitos que cometen sus amigos, de prometer tribunales de mierdinstancia para que no haya jueces insolentes con el poder político o de gastar el dinero en implantar momios del siglo pasado como la ¿Nueva? (déjenme que me descojone) Oficina Judicial.

Todo menos trasponer y mejorar la directiva sobre insolvencia, adaptando y previendo las terribles situaciones que muchos españoles y españolas van a vivir; todo menos legislar lo preciso para que los mataderos de lo mercantil no sean la morgue del futuro de la economía española; todo menos preparar los juzgados de lo social para responder al aluvión de trabajo que se avecina y que ya, hoy, no pueden ni atender.

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene, cuídelo, porque es seguro que le va a hacer falta y, si no lo tiene, seguramente va siendo hora de que se prepare para hacer algo para salvarse porque, a quienes nos gobiernan, usted —que no tiene nada— les importa una mierda.

Hay mucho que se puede hacer para que los españoles enfrenten esta crisis con esperanza y justicia pero —es necesario que lo sepa— o se moviliza usted mismo y pelea por conseguirlo, o le aseguro que ellos jamás lo harán.

Necesitamos un país justo.

El objetivo correcto

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u “operador jurídico” de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos “operadores jurídicos” con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas “incrementalistas” las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

Y no hay remedio

Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

En marzo de 2020 la sanidad española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: una epidemia amenazaba con provocar más enfermos graves de los que sus unidades de cuidados intensivos podían tratar.

La amenaza se vivió como un drama, si tal hecho se producía muchas personas podrían perder su vida de forma que, para que eso no sucediera, se tomaron medidas radicales.

La primera de ellas fue pedir a la gente que se quedase en casa, si no se producían más contagios quizá pudiese tratarse a los ya contagiados y, según se fuesen curando, se irían quedando camas libres.

La segunda fue destinar al tratamiento de esta enfermedad a todo el personal sanitario, incluso a los no especialistas. Los anestesistas ayudaron a los anestesistas de pulmón y los médicos generalistas a los especialistas… Todas las manos se pusieron a la tarea.

En tercer lugar se improvisaron nuevas UCI’s que supliesen la falta de camas de las de los hospitales: se construyeron de la noche s la mañana UCI’s en ferias de muestras y morgues en palacios de justicia, si no había sitio en las UCI’s de un lugar se derivaban los pacientes a las UCI’s de otras ciudades pero se asumía que nadie quedaría abandonado a su suerte…

La población se confinó, los profesionales de la sanidad lo dieron todo, el estado construyó UCI’s y buscó respiradores y menos de 60 días después comenzó a verse la luz al final del túnel. La sanidad había dado una lección enorne de cómo se afronta una crisis. Pero…

Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria se supo que, unas semanas después, llegaría una emergencia jurídica y a la administración de justicia le pasaría exactamente igual que a la sanitaria.

Ya en abril de 2020 la justicia española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: las consecuencias económicas de la epidemia amenazaban con provocar más asuntos graves de los que sus juzgados podían cuidar.

La amenaza, en cambio, NO se vivió como un drama aunque todos sabían que, si tal hecho se producía, muchas personas podrían perder sus medios de vida y es triste que, para que eso no sucediera, no se tomasen medidas radicales.

En lugar de destinar a la lucha contra esta crisis a todo el personal disponible, incluso a los no especialistas, el CGPJ insistió estúpidamente en los principios de especialización y concentración condenando a la saturación a los juzgados. Los enfrentamientos y debates entre funcionarios, jueces, LAJ’s y profesionales se vieron acrecentados por las medidas sin sentido del gobierno y, en lugar de contar con el esfuerzo de todos, ya para mayo era evidente que todos estaban enfrentados al inexistente plan del gobierno.

Porque el gobierno, a pesar de r consciente de que sus UCI’s (juzgados) no podrían absorber todos los casos que se les venían encima, no solo no construyó nuevas UCI’s de emergencia sino que, a esta falta de IFEMA’s sanitarias, se unió la ridícula oposición a derivar enfermos de unos hospitales llenos a otros menos saturados, de forma que, los juzgados de lo social y lo mercantil, se vieron obligados a hacer frente ellos solos y sin ayuda ni medios a la crisis. El colapso quedó desde ese momento garantizado.

Y ahora, usted que lee esto, dígame: ¿por qué los profesionales de la sanidad se muestran capaces de enfrentar una crisis de forma organizada y los de la justicia solo sirven para pelear entre ellos y adoptar tan solo ridículas medidas que no contribuyen a nada salvo a enfrentar unos colectivos con otros?

La justicia española está escribiendo en estos momentos uno de los capítulos más negros de su historia, fallándole a la población cuando más falta le hacía a esta y convirtiéndose, así, en una de las principales responsables del drama económico que muchas familias españolas van a vivir.

Esto, ya lo dije hace semanas, es ya un desastre y pronto lo será pavoroso; y lo peor es que, mientras el barco se hunde, los oficiales bailan en cubierta en traje de gala, discuten sobre los próximos ascensos o redactan nuevas leyes como si, para cuando estas se aprueben, todo fuese a seguir igual.

Insensatos.

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Creo haber dicho ya que, gracias a la administración de justicia, la economía —y quizá también la sociedad española— se irán al carajo.

El ministro de justicia, con su inane decreto, no sólo no ha puesto ningún remedio para frenar la marea de casos que amenazan con asolar nuestros juzgados, sino que, increíblemente, ha abierto la caja de los truenos a costa de declarar hábiles un cierto número de días de agosto.

Tal disposición, que probablemente sea inconstitucional, ha tenido el valor añadido de crispar y enfrentar a una ya bastante maltratada abogacía.

A pocos días de la aprobación del decreto el balance es impresionante: seguimos sin contar con medios con que afrontar el inevitable aumento de casos en lo social y en lo mercantil; seguimos sin tener ningún plan de contingencia para evitar el colapso económico de empresas y familias y por no planificar, ni siquiera se ha esbozado un plan para poder disponer de una IFEMA jurídica que auxilie, siquiera sea de modo temporal, a una administración de justicia colapsada.

Como le escribió al gobierno el Almirante Cervera al zarpar de Cartagena hacia Cuba en 1898:

«…no hay plan ni concierto, (…) esto es un desastre ya, y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco…»

Y lo fue.

Y sí, al igual que entonces, la situación de nuestra justicia es un desastre ya y es seguro que lo será pavoroso dentro de poco. Incluso lo poco que esta administración tenía (buenos hombres y mujeres capaces de dar lo mejor de sí mismos si se les daba una buena causa) ha sido horriblemente dilapidado por el ministro sembrando discordias.

A día de hoy no sólo no contamos con ningún medio más de los que contábamos antes de la pandemia sino que, además, la falta de un plan mínimamente creíble y el dictado de medidas tan solo destinadas al consumo de la galería, ha provocado un tan innecesario como encendido e inútil debate entre operadores jurídicos a cuenta de la habilidad o inhabilidad de diez días de agosto.

Resulta imposible hacerlo peor.

Debo confesar que hubo un momento que esperé que el ministro acertase, un momento en que confié en que pediría y obtendría fondos adecuados a la magnitud del reto; que tomaría medidas de calado para habilitar un 200% más de capacidad de proceso de nuestra administración en lo mercantil y en lo social… pero no; lamentablemente no ha tomado ni una medida seria y las que ha tomado, sin un plan general que les dé sentido, no sólo no sirven para nada positivo sino que sólo coadyuvan a crispar los ánimos de quienes trabajan para esta administración sin rumbo.

Sí, esto es un desastre ya y es de temer que dentro de poco lo sea pavoroso; pero no se preocupen. Aunque las trabajadoras y trabajadores españoles no puedan encontrar en los juzgados de lo social respuesta a sus demandas, aunque los juzgados de lo mercantil se conviertan en funerarias para enterrar empresas, aunque la economía española se vaya al maldito infierno por culpa de la administración de justicia, no se preocupen.

No se preocupen porque nadie ha confiado nunca en que la administración de justicia fuese a salvarles; porque la población española ha vivido ya muchos siglos con la certeza de que la administración de justicia nunca les sacará de ningún apuro; porque todos saben que la administración de justicia siempre ha estado colapsada, siempre ha estado infradotada, y ahora no va a ser distinto.

No se preocupen, nadie señalará a la administración de justicia como culpable de la pavorosa crisis económica que muchos españoles y españolas van a tener que soportar a cuerpo limpio, y no lo van a hacer porque, es muy triste decirlo, jamás esperaron nada de nosotros.

Sigamos, pues, discutiendo tranquilamente quien es el competente para montar los cañones, cuando acabemos la discusión quizá ya se haya rendido Manila.

Y víctimas serán los de siempre

Y víctimas serán los de siempre

Quizá si cuento una historia podamos entender mejor cuál es el presente y el futuro de la Justicia española.

Los Estados Unidos acababan de declarar la guerra a España en 1898 y una escuadra norteamericana zarpó hacia las Filipinas.

Todas las naciones del mundo predijeron una fácil victoria española en Filipinas. Los buques norteamericanos tenían su base más cercana a muchos miles de kilómetros y no podrían reparar ninguna avería, además carecían de tropas de desembarco mientras que los españoles tenían en las islas importantes guarniciones y, además de todo eso, España había mandado a las Filipinas unos imponentes cañones Krupp para artillar Bahía Subic, un reducto inexpugnable para la escuadra norteamericana. Los norteamericanos, pues, tenían pocas o ninguna posibilidad de triunfar en las Filipinas.

Afortunadamente para ellos al mando de las fuerzas españolas había hombres hechos de la misma pasta que los que componen nuestro ministerio de justicia y nuestro consejo general del poder judicial.

Gracias a tan egregios señores, cuando el Almirante Montojo se dirigió a Bahía Subic para combatir allí a los norteamericanos, se encontro con que los famosos y temidos cañones Krupp no estaban instalados porque los dirigentes del ejército y la armada andaban enredados en discusiones sobre quién era el competente para ocuparse de instalarlos… Ya saben ustedes, que si esto corresponde al CGPJ, que si esto corresponde al ministerio…

Montojo hubo de abandonar Bahía Subic ante unos estupefactos norteamericanos y dirigirse a la Bahía de Manila, allí esperaba contar con el apoyo de la artillería de costa de la capital… Pero no, tampoco, a los dirigentes de Manila no les gustaba la idea de que la batalla tuviese lugar frente a la ciudad porque, claro, igual recibían algún cañonazo… Ya saben ustedes, no, a los juzgados de instancia no, que aunque sean 1700 igual se nos estropea la patraña de la especialización y la concentración… No, mejor en los mercantiles que, aunque sean 68, se hundirán ellos solitos mucho mejor.

Montojo hubo, pues, de abandonar Manila ante unos descojonados norteamericanos y acabar con sus barcos dando la cara en Cavite: el peor lugar posible.

Aquello, claro, fue una carnicería: los barcos norteamericanos pudieron cañonear impunemente a la flota española y muchos marineros, gallegos, cartageneros, gaditanos… españoles en suma, hubieron de morir por la idiotez, estulticia y cobardía de sus jefes.

Cuando la Armada Norteamericana amenazó con bombardear Manila esos mismos inútiles se rindieron y los EE.UU. ganaron las Filipinas sin más resistencia que la que luego opondría la guerrilla tagala.

¿Comprenden por qué a los héroes del Baler les parecía imposible que España hubiese perdido esa guerra? ¿Comprueban ustedes cómo en este país los que se dejan la piel y la vida son siempre los mismos?

Lo que está pasando con nuestras autoridades judiciales no es muy distinto de aquello y, al igual que ocurrió entonces, cuando aquí contemos las víctimas de esta tragedia veremos que serán, otra vez, los mismos de siempre: los Héroes de Cavite.

¿Ha tenido que llegar la crisis para que aprendamos que LexNet y Minerva son patatas?

Aún lo recuerdo, el Consejo General de la Abogacía Española hacía palmas con las orejas ante los planes de Catalá de implantación de LexNet. Papel cero decían. Y recuerdo a todas las comunidades autónomas gastándose los pelos en sustanciosos contratos y desarrollos de software para construir el caos cibernético del que ahora disfrutamos.

Nunca un país invirtió tanto dinero en conseguir descabalar tan a fondo su sistema judicial.

Y aquí estamos, padeciendo ese LexNet y ese Minerva que, como el lenguaje lo aguanta todo, nuestros ministros de justicia y sus indispensable séquito de consejeros turiferarios, calificaron de grandísimos avances en su momento.

Pues bien, desde nuestras redes denunciamos que uno y otro eran dos #patatas. Dos birrias cuyo peor defecto es que medio funcionaban y que, por eso, muchos ingenuos aguantarían usando esas dos birrias hasta que pasase algo.

Y ha pasado.

Les cuento: me escribe una abogada colombiana sorprendida porque en los juzgados españoles no se pueda teletrabajar o consultar desde casa los expedientes judiciales. Le explico la desastrosa situación informática en España y el batiburrillo caótico de sistemas Avantius, Vereda, Justizia.bat, ejusticia, Adriano… y así hasta llegar a los ínclitos LexNet y Minerva.

Le digo que no, que con LexNet y Minerva no se puede teletrabajar, que LexNet es sólo un sistema de notificación y Minerva no permite la consulta de expedientes.

Ella, sorprendida, me manda unas cuántas capturas de pantallas de cómo está teletrabajando ella y me quedo pensando en lo mismo que, sin duda, tú pensarás si has llegado leyendo hasta aquí.

Y ahora vete a buscar a Caamaño, a Gallardón, a Catalá y a toda la caterva de indigentes informáticos que se gastaron millones de euros en colocar a la administración de justicia estas patatas.

Ahora es cuando deberíamos ajustar las cuentas con quienes gastaron los dineros de todos y planificaron. Y se las deberíamos ajustar muy, muy, estrechas. Pero no lo haremos, porque no tenemos memoria, porque somos pánfilos, porque perdonamos la mentira y la estafa si se hacen a lo grande.

Porque, al final, a quienes peleamos contra estas basuras no nos queda más pataleo que el de las madres cuando, enfadas, dicen a sus hijos: «Te lo advertí».

Me llevan los diablos.