Entiéndanlo: el problema de la justicia en esta crisis está en los primeros tres meses.

Veo los planes del ministro de justicia y no doy crédito a mis ojos. No sólo no resuelven ningún problema sino que lo crean.

Vamos a ver: el problema que plantea esta crisis va a ser si la administración de justicia podrá dar solución a los problemas que se le van a presentar en los primeros tres/cuatro meses tras el estado de alerta.

Los juzgados de lo social van a ver cómo se incrementa su carga de trabajo en un 80%

y los juzgados mercantiles en un muy probable 150%.

Estos datos puedes confirmarlos aquí, aquí o aquí.

Recuerda: la crisis en 2009 supuso una caída del -3,6% del PIB, este año el PIB va a caer, como poco, UN 13%. Estamos ante la crisis de 2008 multiplicada por cuatro y en un entorno sanitario en el que NUNCA podrás hacer funcionar los juzgados al 100%.

Si no entiendes eso no entiendes nada, si no entiendes que hay que colocar la administración de justicia en modo “ahorro de energía” para destinar los recursos a lo verdaderamente importante es que no entiendes nada y si, encima, adoptas medidas que te impiden hacerlo no se necesita saber más para tener por cierto que este ministro nos lleva de cabeza al fracaso.

Si la administración de justicia española no da respuesta en estos pocos meses a ese tsunami de casos lo que haga después no servirá para nada: la economía de España y la de los Españoles y Españolas se habrá ido al carajo.

Si esto no se comprende no se comprende nada ni se puede planificar nada.

La administración de justicia no puede hacer esperar ni doce ni ocho ni seis meses a un trabajador despedido: la vida de una familia va en ello.

La administración de justicia española no puede retrasar la tramitación de un concurso ni quince días so pena de convertirse en la enterradora de una empresa.

Y la onda de reclamaciones en materia laboral y de concursos YA está entrando en los tribunales y el ministro NO ha hecho nada. A estas alturas el desastre es ya casi imposible de evitar y el martes próximo el desastre será absolutamente inevitable.

El ministro no está en la realidad, no ha entendido que, para cuando los recursos lleguen (si llegan) los trabajadores y las empresas españolas y serán unas víctimas de su administración de justicia y él será el culpable.

Ya les dije que la administración de justicia va a contribuir decisivamente en esta crisis a que todos nos vayamos al carajo y, por lo que le leo al ministro, así va a ser.

Ni va a priorizar y a reasignar los recursos escasos, ni va a atender a prioridades, ni ha hablado con la abogacía —solo con una señora desintonizada— ni con la procura, ni ha convencido a los sindicatos ni tiene la más remota idea de cómo se diseña un plan de contingencia en medio de un entorno de riesgo para la salud pública como este. Los juzgados van a colapsar y van a colapsar donde el daño es mayor: laboral y mercantil.

Lo siento, no puedo darle buenas noticias, el martes será el día en que certifiquemos que la administración de justicia española no ayudará a este país a salir de la crisis, sino que contribuirá a agravarla.

El hundimiento

El hundimiento

Mueve divisiones imaginarias, escucha a portavoces que no transmiten más que su propia voz, se entrevista con representantes que no se representan ni a ellos y, cuando les hace caso y nombra a un coordinador de comisión, se encuentra que, eso que ha hecho creyendo que le congraciaría con algunos, lo que hace es enemistarle con todos.

En el búnker de San Bernardo el ministro tiene intervenidas las lineas de comunicación con el mundo real, con la procura real y con la abogacía real.

El ministro es de esas personas que confunden el continente con el contenido, las etiquetas con los productos y las formas con los fondos; es de esos jueces que, habiendo pasado demasiado tiempo en dique seco y maleado por el teatrillo de los políticos, ha acabado confundiendo la verdad formal con la verdad material.

En esta crisis no tienen cabida personas así; o quizá sí, lo tengan, a fin de cuentas en toda crisis ha de haber un responsable del desastre, alguien que, cometiendo errores ajenos, cargue sobre sí las culpas de toda esa ineptitud.

Probablemente el ministro quiere, puede y sabe, hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo.

Pero en el búnker de la calle de San Bernardo al ministro le han cortado las líneas de comunicación con la realidad y, asumiendo errores de otros, nos está conduciendo firme y decididamente hacia el desastre.

Esperemos que saque la cabeza del búnker antes de que se produzca el hundimiento y sea capaz de escuchar las voces de todos y no sólo la impostura irresponsable de unos cuantos portavoces que no portan voz alguna.

Tiene que llover

En una sociedad sin abogados la primera víctima son los derechos de todos. Las sociedades sin derechos no necesitan de abogados pero las sociedades sin abogados da igual que proclamen derechos: nunca tendrán ninguno.

Y es eso lo que quieren construir: una sociedad sin una abogacía real sino solo con una abogacía de negocios porque así los derechos de la ciudadanía no serán reales sino solo un negocio.

Para ellos, claro.

Somos ahora el 85% de la abogacía española, pero cada vez seremos menos. Aspiran a que salgamos diezmados de esta crisis, a que muchos de los nuestros vayan a la lona y no puedan seguir ejerciendo esta profesión de la que han vivido durante años. Por eso no hay ayudas para los abogados como tú y como, por eso no han dedicado ni un euro a ayudar a quienes defienden los derechos de todos, por eso, cuando hay que redactar leyes, se lo encargan a un representante de los grandes despachos y a ti ni te preguntan.

Pero no pueden tumbarte. Tú tienes que resistir compañero; tú tienes que aguantar compañera; porque si vosotros, compañeros y compañeras, no resistís, no habrán tumbado a la abogacía independiente, habrán tumbado los derechos y libertades de todos.

¿Y qué puedo hacer? Me dirás.

Haz que les duela. Aún queda un rescoldo en España de una cosa llamada democracia y se construye sobre los votos y la persuasión y vosotros, compañeros, compañeras, sois los mayores expertos en ese arte que hay en España. Ponedlo, pues, al servicio de todos.

Haz que tu visión llegue a los medios de comunicación, a tus amigos periodistas o locutores, a tus clientes, hazles saber que cuando nos golpean a nosotros quienes están recibiendo el golpe son ellos, haz que la infamia se sepa y que no se olvide.

Quizá te parezca poco pero, si todos barriésemos el portal de nuestra casa, la calle estaría reluciente. No podemos esperar salvadores ni que un día pase el camión de riego o que, de pronto, llueva. Somos nosotros quienes tenemos que hacer que el agua limpie la calle. Porque tiene que llover y vamos a hacer que llueva: a cántaros.

No preguntes qué vamos a hacer, tú sabes lo que has de hacer. Confía en tus compañeras y compañeros y sé consciente de que junto a ellos formas una red irrompible, porque es una red tejida con las aspiraciones y los ideales de todos.

Entiende, compañera, entiende, compañero, que tienes que resistir y que tienes que hacerlo no por ti, sino por el futuro de los tuyos y de todos.

Buenos días, es un placer sentirse a vuestro lado.

Con consciencia e intensidad

Mi vida, no puedo negarlo, está siendo apasionante.

Nací en una dictadura y viví en casas pobres pero felices. La gente más acomodada viajaba en vespa o velosolex, pero no había coches. El mundo temía a que unos cohetes en Cuba provocasen el exterminio de la raza humana. Vi como la gente se acostumbró a beber cerveza en los bares y abandonó el coñac; soñé con el espacio, con Gagarin y la perra Laika. Luego vinieron los coches y las suecas en bikini y luego la llegada a la luna…

En los 70 viví un Estado de Excepción, el aislamiento internacional y fusilamientos… y luego una agonía interminable y una transición y una explosión de libertad. Y también un golpe de estado en 1981. Pero en 1983 mis amigos y yo compramos un ordenador ZX Spectrum y descubrimos la informática y el maravilloso mundo de la información.

Me hice abogado y vivi intensamente algunas elecciones, pero también, en mi ciudad, Cartagena, durante la crisis de la primera guerra del golfo, vi como la gente, en turba, le metió fuego a la Asamblea Regional, el Parlamento de la Región de Murcia. Y recuerdo el Paseo de Alfonso XIII con coches volcados y con las ruedas hacia arriba, y a francotiradores de la policía en los tejados y a los obreros muy muy enfadados dispuestos a arrollar a la policía. Y recuerdo algunas tardes de miedo.

Luego vinieron las telecomunicaciones y descubrí internet y soñé con un futuro maravilloso que políticos estólidos y corruptos se encargaron de estropear.

Mi vida ha sido apasionante y esta experiencia actual de una crisis, siendo terrible, puede tener unas consecuencias tales para la sociedad que no quiero perdémela.

La crisis de 2008 nos trajo muchos cambios pero ninguno profundo del todo.

Esta crisis, es verdad, puede hacernos mucho daño, pero también puede hacernos romper a mejor, a mucho mejor, y, si les digo la verdad, me gusta estar viviendo con consciencia e intensidad estos momentos. Al final la vida no es sino una colección de recuerdos y es la calidad y la intensidad de estos la que hace que sientas que tu vida ha sido digna de ser vivida.

Y, ahora que lo pienso y si les digo la verdad, no sé por qué les estoy contando esta colección de insensateces.

Voy a cenar.

La justicia y los ombligos de sus reformadores

La justicia y los ombligos de sus reformadores

Si hay una administración que se ha construido de espaldas a los administrados esta es la administración de justicia. A base de llevar la justicia los ojos vendados, los administrados parecen resultar invisibles para quienes la dirigen y esto se comprueba a cada paso que se da dentro de ella.

Si usted va, por ejemplo, a un edificio judicial observará que en los mismos nunca se tienen en cuenta las prescripciones legales a la hora de su construcción.

Las salas de vistas, por ejemplo, se construyen con una sola puerta para testigos, partes y público. La necesaria separación entre testigos de la acusación y la defensa o entre los familiares de acusadora y acusado es imposible con esa arquitectura. Cumplir una orden de alejamiento es impensable en el juzgado, agresor y agredida entrarán por la misma puerta y, aunque ella pueda esperar a ser llamada en otro piso, las familias de agresor y agredida y sus testigos habrán de compartir la espera juntos en la entrada de la sala. Si lo han vivido no necesito explicarles nada, si no lo han vivido no les costará imaginarse el ambiente espeso que se vive allí.

¿Por qué al diseñar las salas de vistas no se establecen dos puertas y dos salas de espera donde se puedan mantener las separaciones que la ley indica? Pues, simplemente, porque los administrados no existen para quienes organizan la administración de justicia y, si existen, existen como problema, como ese obstáculo con el que se ha de lidiar necesariamente, al que hay que confinar en un espacio diferente y no como el objetivo de los servicios de la administración, el fin y la razón última de su existencia.

No, olvídense, los administrados podrán ser el objeto de los desvelos de todos en la sanidad, pero en la administración de justicia no, radicalmente no.

Les cuento esto porque hoy ha caído en mis manos uno de esos monumentos al desprecio al administrado que, con demasiada frecuencia, suele expeler el entorno de nuestra administración de justicia: algunos «operadores jurídicos» (ahora se dice así) han perpetrado un sedicente plan de agilización de la justicia en una comunidad levantina que lo mismo podría denominarse plan de propagación del coronavirus que himno a Don Juan Palomo.

Los «operadores», movidos de su celo, proponen concentrar en las capitales de provincia de esta comunidad la resolución de los concursos de personas físicas y, de paso, establecer tribunales de instancia con sus NOJ, sus UPAD y sus OTAC (Otras Tonterías Ampliamente Citadas).

Que esto suponga que, para resolver sus problemas, más de un millón de administrados hayan de desplazarse potencialmente en viajes de decenas y aun centenares de kilómetros no parece importar a estos «operadores».

Llama la atención que, cuando los ciudadanos nos vemos abocados a vivir año y medio (como poco) en medio de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad, los «operadores jurídicos» estos del infierno se destapen proponiendo medidas organizativas que, alejando la justicia de los ciudadanos, promuevan los desplazamientos y la vulneración de las medidas de restricción de movilidad y alejamiento social. Si el coronavirus buscaba buenos aliados los ha encontrado aquí, en estos «operadores» a los que no les importa desplazar masas de población u organizar peregrinaciones obligatorias a la meca judicial.

Vamos a decirlo con toda claridad: ni el CGPJ ni estos «operadores» de que les hablo han preparado ningún plan contra la pandemia: simplemente y de forma irresponsable, han excretado las medidas que durante años han querido llevar a cabo pero que la sociedad civil ha impedido y, ahora, al amparo de la crisis, vuelven a sacar su cancamusa de tribunales de instancia, NOJ’s, UPAD’s, SCOOP’s y OTAC’s para cohonestarlos miserablemente bajo el drama humano que vivimos.

Por eso, si lee usted esos planes, verá que el hecho de que vayamos a vivir en un entorno de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad se olvida sistemáticamente. Por eso, si lee usted esos planes, verá que todo se organiza con aparente coherencia para la administración de justicia, como si esta fuese un fin en sí misma y no fuesen los ciudadanos, los administrados, su primera y única razón de ser.

Oscuros intereses largamente larvados en el seno de la administración de justicia han pretendido diseñar a espaldas de los administrados una reforma de la administración judicial buena exclusivamente para los reformadores y, ahora, esos «reformadores» pretenden inicuamente aprovechar la crisis para, al amparo de la tragedia, profundizar en reformas que nada tienen que ver con las necesidades de los ciudadanos.

Que no le engañen, no trabajan para usted ni por usted y las reformas que proponen no se dirigen a servir al ciudadano, son simples reformas de su ombligo.


PD. Si quiere usted conocer un extracto de mi posición a este respecto puede verla en este video, escucharla en este podcast o leerla en este post. Si necesita mayores ampliaciones pídamelas.

El hambre, el virus y la abogacía

El hambre, el virus y la abogacía

Hablo con compañeros y compañeras de Colombia, Argentina, Ecuador… Y el feo rostro de la crisis exhibe su peor expresión: la actividad trae la enfermedad, la inactividad el hambre.

Mientras los autónomos pugnan por trabajar los asalariados, por ahora, se oponen. Mientras los jóvenes prefieren arriesgar los más mayores son cautos y así avanza la pandemia y el virus de la desunión en la república de los abogados y las abogadas.

No es muy distinta la situación en España: la oposición a volver al trabajo se presenta más entre asalariados y funcionarios que entre autónomos y profesionales liberales que ven cómo la inactividad les deja sin recursos para ellos y sus hijos.

Este debate aflorará con fuerza en los próximos días y puede tornarse crispado si algún partido político ve en él la posibilidad de pescar algunos votos.

El debate es falso: hay que volver al trabajo —no queda otra— pero hay que volver con la seguridad de que no pondremos en riesgo nuestra salud ni la de nuestros familiares. Es seguro que cumplir ambos requisitos va a exigir un esfuerzo arduo y penoso pero no se hicieron las crisis para los pobres de espíritu, toca trabajar duro, con seguridad y con alegría.

La república de los abogados y abogadas se va a ver durísimamente golpeada pero, créanme, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el CGPJ para destruir la vida y el futuro de los abogados independientes (sin ayudas financieras, exponiéndoles a riesgos sanitarios sin más protección que la que ellos se busquen, buscando modificar la ley por decreto en beneficio de los bufetes grandes…), a pesar de esos esfuerzos, digo, la República Independiente de los Abogados y las Abogadas va a emerger de esta crisis más poderosa que nunca. Costará dolorosísimas pérdidas pero, si tomamos conciencia de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, no debemos temer al futuro.

Mañana les sigo hablando de esto, he de guardar alguna buena noticia para cuando acabe el consejo de ministros.

La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo

La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo

Discúlpenme si les digo las cosas en lenguaje técnico, pero es que no encuentro mejor manera de hacerlo: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto para España una disminución del PIB del -8% para este año.

Como no sé si ustedes comprenden exactamente lo que significa esa magnitud, permítanme que cite en este punto al premio nóbel de economía Paul Samuelson: «significa literalmente que nos vamos a la mierda».

En efecto, una bajada del PIB del -8% implica que nos vamos a ir a la mierda al carajo, aunque, afortunadamente, gracias a la justicia española y al ingenio innegable de quienes la dirigen, los españoles nos vamos a ir al carajo mucho más rápido y mejor que el resto de las naciones. Trataré de explicarles este prodigio.

Para que se hagan una idea de lo que significa para la justicia ese -8% es bueno que recuerden que en 2008, en medio de la histeria del ladrillo y las hipotecas, el PIB aún creció un 1,1% y, en 2009, ya en plena crisis y con media España perdiendo su trabajo, su casa e incluso su vida, el PIB bajó tan solo un -3,6%.

El -8% que predice el FMI significa que la crisis, este año, viene más del doble de dura que la de 2008-2009.

Esto, como dijo Marx, lo entendería un niño de seis años; lo que ocurre es que ni en el Ministerio de Justicia ni en el CGPJ han consultado a ningún niño de seis años, circunstancia esta que va a hacer la crisis española mucho más interesante. Déjenme que se lo explique que ya verán ustedes qué divertidos son estos muchachos del ministerio y los políticos con toga del CGPJ. Se van ustedes a partir. Literalmente.

En 2008-2009, una bajada del PIB del -2,5% en el conjunto de los dos años (1,1 en 2008 -3,6 en 2009), produjo un incremento del 40% de casos en los juzgados de lo social y del 81% en los mercantiles.

Este dato, una minucia sin importancia, significa que centenares de miles de españoles (casi medio millón por año) acudieron a los juzgados de lo social a reclamar el dinero que las empresas habían de pagarles. Ese dato significa también que muchas empresas acudieron a los juzgados para que estos les ayudasen a salvar la crisis.

Ustedes ya saben lo que pasó: los juzgados se colapsaron porque nadie había previsto aquello, de forma que los españoles hubieron de buscarse, como siempre, la vida por su cuenta.

Pero aquello fue un juego de niños comparado con lo que se nos viene encima ahora: con un -8% es de esperar que el trabajo en los juzgados de lo social se incremente en más del 100% y en los mercantiles en un fabuloso 200%. Lo que les digo, la cagada de 2008 va a parecer una broma al lado de esta: en 2020 lo vamos a bordar.

Es verdad que el hecho de que las causas se incrementen en un 200% en los juzgados mercantiles no significa necesariamente que no puedan atenderse. Junto a los 68 juzgados mercantiles de España existen 1.700 juzgados de primera instancia suficientemente cualificados para absorber ese exceso de trabajo, pero es ahí donde entra en juego el innegable ingenio del ministro de justicia y la escolanía del CGPJ.

En lugar de cometer la ordinariez de atender de inmediato a las necesidades que va a generar la carga de trabajo, estos sagaces próceres han logrado centrar la atención pública en sutiles debates relativos a si el mes de agosto será hábil o inhábil, si la cuantía para acceder a los recursos ha de ser esta o aquella o, incluso, maravilla de maravillas, si los bancos podrían beneficiarse algo más de este río revuelto y quitarles las costas en los procedimientos hipotecarios u obligar a los consumidores a interponer tres procedimientos conciliatorios y dos mediaciones (una de ellas canónica) antes de poder reclamar al banco los 600 boniatos que todavía le debe por los gastos de su hipoteca.

¡Ingenio de los ingenios!, ¡Prodigio de prodigios!, “Stupor mundi”: nuestros prebostillos provisionales han logrado que, mientras el transatlántico se hunde, la ciudadanía disfrute oyendo tocar a la orquesta «España Cañí». Es el trile perfecto, la cancamusa total, el «tararí que te vi dospuntocero».

Es maravilloso, mientras los bárbaros asaltan las murallas ellos le buscan las carteras a los defensores; mientras el enemigo avanza hacia la trinchera ellos discuten el último trienio de su salario; mientras las UCI’s se llenan y las empresas se vacían ellos juegan a diseñar nuevos y sutiles requisitos que incorporar a leyes rituarias. Créanme, mucho se les va a deber a ellos, sin una tan eficaz colaboración probablemente nunca nos iríamos todos al carajo con la rapidez y acierto que en esta ocasión lo vamos a hacer.

Tengo tan ciega confianza en ellos que estas van a ser, sin duda, las últimas palabras que escriba ocupándome de este asunto. Que nos vamos a ir al carajo ya es seguro, sólo queda ver si lo hacemos de forma ordinaria, entre quejas, o si lo hacemos en medio de este hermoso espectáculo que ahora contemplamos. Unos acusando a otros de querer trabajar, otros acusando a unos de vagos, los terceros manifestando que no trabajarán por el momento porque son ellos los que deciden cómo se han de gestionar las pandemias y los cuartos que si agosto no es inhábil o hábil —que ya ni sé— que entonces nanay.

Y mientras el ministro habla hoy de acelerar los trámites para entregar la instrucción de las causas penales al fiscal y mientras el CGPJ decide si la mediación con el banco es mejor hacerla en sillón rosa o celeste, los concursos de acreedores se preparan en las mesas de economistas y abogados, las cartas de despido se apilan en las asesorías y el hambre acecha desde su refugio de otoño tras un verano sin turismo.

Sí, indudablemente, nos vamos al carajo, pero no me negarán que gracias al ministro y al CGPJ vamos a llegar allí los primeros.

¡Campeones!

O no habrá quien nos aplauda

O no habrá quien nos aplauda

Oigo cómo la población aplaude desde sus ventanas esta tarde lluviosa de Cartagena. Agradecen a la comunidad sanitaria su trabajo continuado 24 horas al día por salvar a los enfermos y a nosotros de la amenaza de la pandemia.

No está siendo para ellos un trabajo sin riesgo y, por salvar vidas ajenas, han sufrido los zarpazos del virus. Muchos de esos sanitarios esforzados han visto como la muerte ha sido el premio a su esfuerzo. No se llevarán nada a la tumba, nadie recordará sus nombres pero, hoy, estos aplausos suenan por ellos.

Cuando la crisis sanitaria comience a remitir y la amenaza vital esté mínimamente controlada le llegará el turno de demostrar de qué pasta están hechos a otra comunidad: la jurídica. Jueces, LAJ’s, funcionarios, procuradores, abogados… Habrán de demostrar que, si la comunidad sanitaria ha salvado la vida de los españoles, ellos serán capaces de salvar su futuro.

Pero miro a mi alrededor y siento una sensación tan parecida a la vergüenza que creo que la confundo con ella. Perdónenme si lo digo así pero es exactamente lo que siento y no sé expresarlo de otra manera.

En los próximos tres meses van a inundar los juzgados de lo mercantil y de lo social un tsunami de procedimientos detrás de los cuales se estarán jugando su vida y su futuro muchas familias de España. Parar esa ola, detener ese tsunami, es la obligación de la administración de justicia y eso no lo haremos sin tener que sortear dificultades aparentemente insalvables y sin tener que, lamentablemente, pagar un alto precio.

El futuro de España dentro de dos semanas dependerá del trabajo que sea capaz de llevar a cabo su administración de justicia. Para esa fecha debiera existir una planta y una infraesttuctura suficiente en los juzgados para soportar el embate que recibirán los juzgados de lo social y lo mercantil.

Estamos viviendo una emergencia como nunca antes hemos vivido, quizá no dispongamos del material y los recursos precisos para salvar todo el bosque del incendio pero, en ese caso, habremos de concentrarnos en salvar esa parte del bosque donde viven las personas.

Es probable que no se pueda atender a todos los frentes y tendremos que elegir entre lo malo y lo peor. Y tendremos que hacerlo, con decisión y sin titubeos.

Pero, si siguen apareciendo planes infames e inicuos como el del CGPJ, si no se definen ya las prioridades y se estiman las necesidades y peligros, si no se toman decisiones estratégicas y nos seguimos enredando en gollerías y casuísmos estériles, volveremos a fallarle a los españoles y seremos responsables de el hambre y ma infelicidad de muchos.

Miren a los sanitarios y pregúntense  si, como ellos, están ustedes también dispuestos a trabajar 24 horas e incluso a arriesgar su vida por los demás.

Si su respuesta es sí lo celebraré, nadie nos recordará ni probablemente lo agradecerá, pero es posible que una noche, desde alguna ventana, quizá suene un aplauso por ustedes.

Especialización y concentración: la fórmula del desastre judicial.

España lucha con todos los medios a su alcance, singularmente el esfuerzo de los sanitarios y la ejemplar cooperación de la sociedad, contra la muerte y la enfermedad que trae el coronavirus.

Hemos parado nuestras empresas, nos hemos recluido y, deliberadamente y en un gesto grandioso, hemos compartido con el resto de la humanidad la decisión de proteger a nuestros congéneres más débiles aunque ello nos lleve a una catástrofe económica. Es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad un gesto tan bello.

Pero, tras este esfuerzo, la crisis azotará nuestra economía salvajemente y ¿quién cuidará de nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Quién cuidará que en la escasez se dé a cada uno lo suyo y se atienda a restablecer el equilibrio en relaciones sociales destruidas por la crisis?

Ese trabajo corresponde a la justicia pero, déjenme que se lo adelante ya, si la sanidad ha sido la heroína de esta crisis, tal y como están las cosas a día de hoy, el mal funcionamiento de nuestra administración de justicia puede tener consecuencias casi tan funestas como la propia pandemia.

Esta crisis va a ser mucho más acentuada y mucho más concentrada en el tiempo que la de 2008 y eso significa que los españoles van a demandar soluciones de la justicia española de forma intensa, más intensa y concentrada en el tiempo que nunca desde que se conservan registros. En solo un mes o dos los juzgados de lo social y de lo mercantil sufrirán un embate como nunca antes en su historia y ese embate será terrible por la pésima organización del sistema judicial español, una organización que ha obedecido más a razones de control de los jueces que de servicio al ciudadano y eficiencia.

Con nuestra actual organización es imposible soportar una subida del 100% de procesos mercantiles, necesitaríamos duplicar la planta (crear 68 juzgados más en un mes) para atender a los casi 80.000 asuntos llevados en 2019 más otros 80.000 consecuencia de la crisis. No se van a crear esos juzgados de lo mercantil, simplemente porque no da tiempo y nuestras empresas morirán víctimas de una planta producto de tejemanejes políticos y no de la razón lisa y simple.

Piénsenlo, 160.000 nuevos casos para 68 juzgados. No hace falta ser profeta para entender que si este año entran una media de 2.532 asuntos por juzgado mercantil nadie nos salvará del desastre.

En cambio, esos mismos 160.000 asuntos, turnados a los juzgados de 1ª Instancia (lugar de donde nunca debieron salir), sólo supondrían un incremento de 94 casos por juzgado, cifra perfectamente manejable por nuestros jueces, de forma que los españoles podrían respirar aliviados.

La especialización no es una buena estrategia para enfrentarse a las crisis pues convierte a los organismos especializados en entidades muy frágiles frente a una crisis en su ámbito de especialidad.

Y, si la especialización es mala, la concentración es incluso peor. Colocar todos los huevos en la misma cesta no solo es arriesgado para el dueño de los huevos, es también estúpido si lo que quieres es servir al mayor número posible de personas.

Dos tercios de la población española no vive en capitales de provincia, entiéndanlo panda de locos. Obligar a desplazarse a poblaciones enteras solo por el gustito de tener los juzgados juntos es una de las mayores estupideces que pudieron colemeterse y esa estupidez es ahora mucho más evidente cuando los desplazamientos están restringidos por razones sanitarias.

Seamos serios: tenemos una planta de más de 1700 juzgados de instancia distribuidos por toda España y que siempre han conocido de los procesos mercantiles. ¿Vamos a llevar España a la ruina solo porque un club de políticos togados se empeñe en mantener incluso a costa de la vida y la fortuna de los españoles sus jueguecitos de salón?

Que la competencia para conocer de los concursos debe entregarse de inmediato a los juzgados de 1ª instancia es algo que no ofrece duda y que debiera hacerse en este mismo momento mejor que dentro de un minuto.

No tan fácil es la tarea con los juzgados de lo social, segundo frente de la pinza con que la crisis amenaza a la justicia. En un entorno de movilidad restringida se echa de menos una planta judicial más distribuida en este campo.

Pero podemos resolverlo. Desde luego no podemos seguir poniendo a la población en peligro haciéndo viajar centenares de miles de ciudadanos a sus juicios, mejor que hacer desplazarse a cientos de miles de ciudadanos es hacer desplazarse a los jueces a los lugares de residencia de las partes y celebrar en las salas de vistas que nuestros juzgados de Instancia e Instrucción tienen. No hay dificultad alguna en ello.

Seguramente hemos de recuperar todos cuantos medios podamos para atender a esta jurisdicción, recuperar jueces jubilados, poner a trabajar a los jueces sustitutos, reforzar con funcionarios sacados de otros juzgados…

Si la sanidad española es la responsable de evitar que enfermemos y muramos a la administración de justicia española le corresponde el papel de conseguir que esa vida que nos han salvado no se vaya al garete en medio de una crisis incontrolable.

Hay que liberar tantos cuantos recursos podamos para apoyar estos dos frentes, hay que realizar una lista de procesos prioritarios y no prioritarios y, entre los prioritarios, asignar prioridades a su vez así hasta encajar la crisis en la forma que menos daño haga.

No veo a nadie hacer eso y siento que este país vaya a ir al abismo de la pobreza por culpa de unos cuantos políticos con toga.

El desbarajuste general del poder judicial.

Sería para morirse de risa, o para pensar que es una fake new o un monólogo del Club de la Comedia; pero ocurre que no está el tiempo para bromas, que esta vez la cosa va en serio y que, en esta ocasión no estamos para tonterías.

El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar su programa para superar la crisis del coronavirus y me estremezco: si ese plan se lleva a cabo España no sobrevivirá ni nosotros tampoco. Quizá en otro momento esta fuese no más que una de las iniquidades a que nos tienen acostumbrados, en tiempos recios como lo que vivimos, en cambio, producen pánico, porque esos inicuos no llegaron ahí solos, les colocó el favor de los políticos que han de gobernar ahora. La situación es, pues, gravísima.

España se enfrenta hoy a dos crisis sin precedentes: la primera de naturaleza sanitaria, la segunda y consecuencia de la anterior, una crisis económica de imprevisible profundidad.

Sabemos que la economía española, para hacer frente a la crisis sanitaria, se ha desacelerado deliberadamente y esto va a provocar, irremediablemente, una serie de consecuencias absolutamente evidentes:

  1. Una situación gravísima en muchas empresas que pondrá en peligro su actividad en todos los casos y acabará con ellas en unos o les sumirá en graves problemas transitoriamente.
  2. Una tensión importante entre los trabajadores que pierden su empleo y las empresas en que trabajaban.

Los efectos económicos principales, en cuanto a lo que son competencias de la justicia, acabarían ahí, pero estas perturbaciones económicas llevarán aparejadas inevitables perturbaciones en el orden social.

  1. La vida familiar puede verse muy seriamente afectada por esta crisis de forma que los ciudadanos demanden de los juzgados y tribunales esfuerzos especiales para la resolución de problemas conyugales.
  2. La falta de medios de algunas personas puede hacer aumentar los delitos contra la propiedad.
  3. Las reclamaciones contra la administración por los más diversos motivos se incrementarán.

En una situación de crisis todos los recursos deben de preordenarse a atender a las necesidades más perentorias por lo que, lo primero que hay que tener claro, es cuáles son las necesidades a las que primero hay que atender en esta emergencia y estas, a mi juicio, son sencillas de detectar.

Si desde la administración de justicia queremos ayudar a salir de esta crisis a las familias y la economía española, lo primero que tenemos que evitar es el cierre innecesario de empresas por situaciones de transitoria iliquidez. Si salvamos las empresas salvaremos los puestos de trabajo a ellas aparejados, salvaremos los ingresos de los trabajadores, contribuiremos a hacer más conllevables situaciones familiares difíciles y minoraremos la posibilidad de que ciudadanos desesperados se vean abocados a delinquir.

Nuestra primera prioridad, a mi juicio, es procurar que todas las empresas en dificultades hallen respuesta inmediata de la administración de justicia. Si ellas se salvan la economía de todos se salvará.

Al nivel de la anterior pero imposible de realizar sin aquella, está salvar las economías de los españoles y españolas que han perdido su empleo por esta crisis. Sus economías son tan importantes como las que más y la administración de justicia ha de dar respuesta a ellas.

Pero, si importante es fijar las prioridades, igual de importante es saber en qué escenario habrán de trabajar nuestros juzgados y tribunales durante este año y, al menos durante el año entrante, nuestros juzgados y tribunales se van a encontrar con un entorno de movilidad restringida y con medidas de alejamiento social cambiantessegún la evolución de la pandemia. Muchos ciudadanos y profesionales no podrán desplazarse a las sedes judiciales para resolver sus asuntos, muchas vistas y actuaciones no podrán celebrarse debido al entorno y, todas esas, son circunstancias que hay que asumir y tener en cuenta a la hora de diseñar un plan.

Así pues:

  1. Vamos a tener que tramitar muchos concursos y otras actuaciones de carácter mercantil.
  2. Vamos a tener una fuerte actividad en los juzgados de lo social.
  3. Van a aumentar las necesidades en materia de familia y
  4. Todos los problemas anteriores hay que resolverlos de inmediato al menos mientras dure la crisis.

¿De qué medios disponemos para hacer frente a esas necesidades? Veámoslos

Para administrar justicia en las materias que hemos considerado prioritarias para salvar la economía disponemos en España de los siguientes recursos en primera línea:

—1066 juzgados mixtos de 1ª Instancia e Instrucción capaces de instruir tanto causas civiles como penales.

—718 juzgados exclusivos de 1ª Instancia.

—68 juzgados de lo mercantil

—350 juzgados de lo Social

Como verán, para dar salida a los concursos de acreedores, tan solo disponemos de 68 juzgados de lo mercantil que ya están colapsados en su mayor parte y que se ubican casi exclusivamente en las capitales de provincia. Con esos medios estamos abocados al fracaso más espantoso. Primero porque, por más que se les refuerce, nunca llegarán a tiempo esos refuerzos; segundo, porque estando situados en las capitales de provincia, presentarán problemas de acceso en un entorno caracterizado por las medidas de alejamiento social y las restricciones de movilidad.

Si de esos 68 juzgados de lo mercantil depende salvar las empresas de España ya podemos afirmar que vamos de cabeza al desastre. Sin embargo hay solución.

Los juzgados de lo mercantil fueron, como casi todo en España, producto de la presión de determinados lobbys jurídicos, singularmente grandes despachos de abogados, que buscaron crear juzgados a la conveniencia de su actividad e intereses. Los concursos de los acreedores y la íntegra totalidad de las materias de los juzgados de lo Mercantil los llevaron SIEMPRE los juzgados de 1ª Instancia. Más aún tenemos la INMENSA SUERTE de que todos nuestros jueces de 1ª Instancia están PERFECTAMENTE PREPARADOS para tramitar asuntos mercantiles; es decir, que, si decidiésemos que salvar empresas es una de nuestras primeras prioridades, disponemos de una «task force» de casi 2.000 jueces y juzgados perfectamente capacitados para acometer esa tarea.

Item más, nuestra maravillosa red distribuída de partidos judiciales (433) garantiza que no serán necesarios desplazamientos innecesarios y a menudo prohibidos pues, en todos los partidos judiciales de España, hay un juzgado de 1ª Instancia capaz de salvar empresas. Bingo.

Claro que, si priorizamos una actividad y dedicamos a ella recursos, habremos de postergar otras. ¿Cuáles habrían de ser estas?

Evidente resulta que, ante una emergencia humanitaria, no es momento de poner familias en la calle: la tramitación de todos los procedimientos ejecutivos hipotecarios habría de ser paralizada y, como estos, todos aquellos procedimiento que no son urgentes en estos momentos: servidumbres, linderos, reivindicatorias… Etc.

Tenemos lo que necesitamos: jueces formados en TODAS las ramas del derecho y capaces de hacer frente a la tarea que se les encomiende, una red maravillosa de partidos judiciales que solo mentes entregadas a la adulación de políticos inícuos han podido criticar, unos juzgados de 1ª Instancia capaces de tramitar procesos de todas clases. Podemos salir adelante y podemos hacerlo bien, solo necesitamos unos gobernantes que se quiten las orejeras de ese interés político que les lleva a concentrar en vez de distribuir.

Hay que definir las prioridades, hay que asignar medios a esas prioridades y hay que subordinar cualquier medida a la salud y seguridad de todos los operadores, sin olvidar a NADIE (y sí, en ese nadie entran los abogados y procuradores).

Podemos hacer muchas cosas, lo que sería un suicidio es atender a las demandas de estos que dicen ser y llamarse CGPJ, habituales del disparate hipotecario y la adulación crónica.

Espero haberme expresado bien.

**** De procedimientos remotos, teletrabajo, aplicaciones de multiconferencia, LexNet y otras cosas toca hablar otro día. Hoy necesitaba decir esto.