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Doce meses, doce causas: (I) Conciliación de la vida familiar y profesional.

Doce meses, doce causas: (I) Conciliación de la vida familiar y profesional.

Va a empezar un nuevo año y quisiera que estas fueran las últimas navidades que los abogados y abogadas pasamos quejándonos y recibiendo estopa. Ya ha sido suficiente. No recuerdo que en los más de treinta años que llevo colegiado nadie haya hecho nada por remediar estas quejas así que sospecho que este año, como en los treinta anteriores, tampoco los encargados de hacer algo harán mucho. Así pues repárate y calienta, porque si alguien va a tener que trabajar me temo que nos va a tocar a nosotros.

Tenemos un año por delante para cambiar las cosas pero, al mismo tiempo, tenemos tanta tarea por hacer que no parece posible realizarla en un año ni en una legislatura; sin embargo, si no empezamos a hacerla, lo cierto es que no la terminaremos nunca. Así pues, aquí tienes doce causas para los doce meses del año 2020, veremos cuantas de ellas tachamos de nuestra lista de tareas dentro de doce meses. Allá vamos con la primera:

1. Conciliación profesional y familiar.

Abogadas y abogados, bien entrado ya el siglo XXI no podemos ser madres o padres como cualquiera de los mortales. No sólo eso, abogadas y abogados ni siquiera podemos enfermar y morir sin que las leyes procesales nos carguen con obligaciones suplementarias a la ya difícil condición de enfermo.

Los plazos procesales no se detienen para las abogadas que han de dar a luz, los juicios no se suspenden para los abogados que quieren asistir al parto de sus mujeres, los términos corren incluso para los letrados que yacen en la cama de un hospital y las lactancias de los hijos e hijas de los profesionales de la abogacía se desarrollan en circunstancias infrahumanas por los pasillos de los juzgados.

No exagero, lo que para un funcionario, LAJ o juez es un derecho evidente para letrados y letradas es, a día de hoy una pura utopía.

¿Permisos de maternidad o paternidad dice usted? Déjeme que me ría, en el caso de abogadas y abogados eso no existe.

Esto no se aguanta más y si el próximo gobierno que se forme no tramita un inmediato proyecto de ley en este sentido que recoja todas estas reivindicaciones pediremos a la oposición que lo haga, pero no podemos llegar a la navidad del año que viene en esta situación.

Tenemos redactada una proposición de ley de conciliación de la vida familiar y profesional, nos da igual si los plazos se detienen, se prorrogan o se usa de soluciones del «management procedure», pero, si esta demanda no se soluciona en los próximos doce meses, el escenario se tornará imprevisible.

Tenemos una alternativa, el consenso en este punto es generalizado, rechazar estas reivindicaciones no tendría sentido. Hay que hacerlo y el momento es ya. En cuanto se constituya el gobierno habremos de recordárselo. En los despachos y en la calle si es preciso.

Y ya sabes, si quieres trabajar por ello no lo dudes y #ÚneteaLaRed

La hambrienta abogacía necesaria

La hambrienta abogacía necesaria

Ayer saltó la noticia de que un abogado de oficio, César Pinto, en defensa de un particular, había logrado vencer a la ominosa Goldmann Sachs y a su legión de carísimos abogados y logró tumbar la venta de 3.000 viviendas de protección oficial. No sólo logró eso, logró, como nos enseñó Cicerón, las tres cosas que mejor retribuyen a un abogado: el agradecimiento de su cliente, la admiración del público y, sobre todo, la esperanza de esas 3.000 familias que ven cómo sus vidas no quedarán en manos de un despiadado fondo buitre.

Y ahora le ruego que se pregunte usted una cosa ¿Cree que esta victoria la habría obtenido uno de esos macrodespachos que compran premios en inglés y cobran facturas millonarias?

Sé que usted sabe que no, que esos despachos jamás moverían un dedo por usted y ello por dos razones: la primera porque no tiene usted dinero ni para entrar por la puerta, la segunda porque ellos jamás harían nada que pudiese molestar a sus principales clientes que son, precisamente, este tipo de entidades financieras.

La esperanza de usted, sépalo y grábeselo a fuego, es que la raza de los César Pinto, los Dionisio Moreno y tantos otros no se extinga jamás porque si esa raza se extingue usted y los suyos quedarán a merced del dinero de quienes les engañan y oprimen. En esta abogacía que hoy encarno en César y Dionisio residen todas las esperanzas de usted y los seres que ama.

Pero, igual que usted sabe que sin ellos sus esperanzas morirán también lo saben los que manejan el dinero. ¿Entiende usted ahora por qué los bancos son ricos y Dionisio pobre? ¿Entiende usted por qué Goldmann Sachs es multimillonaria y César pobre?

Esta abogacía molesta a los más poderosos y por eso es maltratada, por eso el turno de oficio se paga con cantidades de mierda y por eso a César, a Dionisio, a su abogada y a mí los plazos nos correrán aunque estemos agonizando, por que así es la vida, porque los que tienen dinero imponen su ley y porque para ser abogada o abogado de la estirpe de Dionisio y César no basta con ser una persona normal, hay que tener madera de héroe.

Ahora escúcheme bien e interiorícelo: si este tipo de abogacía muere todas sus esperanzas y la de todos los suyos habrán muerto con ella, porque ya no quedará nadie que defienda sus derechos.

Si es usted un ciudadano normal lo mejor que puede hacer es exigir a sus gobernantes que dejen de acosar a este tipo de abogacía y que dejen de arrinconar a quienes la practican.

Si eres abogado o abogada tienes que saber que es tu obligación defender este tipo de ejercicio profesional porque esa, y no otra, es la mejor manera de defender los derechos de tus conciudadanos y, si no sabes cómo hacerlo, tienes una forma sencilla: únete a la red.

La abogacía necesaria

La abogacía necesaria

Un eslogan muy repetido por los abogados en redes sociales para defender el que se dote de medios a la administración de justicia ha sido ese que dice que «sin justicia no hay derechos» y quizá, a base de repetirlo, se nos ha olvidado que existen cosas igualmente importantes que debiéramos defender y que, sin duda, nos tocan más de cerca.

Nos ocurre a los abogados que, a base de defender la justicia, nos olvidamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de que, aunque es verdad que sin justicia no hay derechos, lo cierto es que sin abogados tampoco los hay.

En una sociedad sin derechos la abogacía no tiene razón de ser pero, en una sociedad sin abogacía, lo primero que se extingue son los derechos de esa sociedad.

Y cuando hablo de abogacía no me refiero a cualquier abogacía sino a la abogacía de verdad. No me refiero a esa abogacía negocio que pone en el beneficio económico su primer objetivo, la que deja ver sus ecos de sociedad en las páginas de la prensa salmón, la que a menudo no es más que una herramienta más de los poderosos para tratar de adecuar la realidad jurídica a su conveniencia. Bufetes de influencias,de consejos de administración en multinacionales, condenas por delito fiscal, fondos buitre y trust en las Caimán.

A la que me refiero es a esa abogacía que defiende los derechos de los ciudadanos anteponiéndolos a los propios, a esa que, cuando usted le pregunta aquello de «si hay pleito» le responde con la verdad y le dice lo que más le conviene a usted y no a su cuenta corriente. Siglos de ejercicio profesional construyeron esa abogacía que ahora, en beneficio de los intereses de unos pocos miserables, se trata de destruir.

Se la destruye cuando se eliminan las costas en los procesos hipotecarios, porque con ello se obstaculiza la reclamación de los ciudadanos y se premia la miserable, inhumana y sucia codicia de los bancos.

Se la destruye cuando se aleja la justicia de los juzgados naturales de los consumidores para llevarlos lejos, hacer más caro su acceso y atascar su funcionamiento sin más motivo que favorecer a los de siempre.

Se la destruye cuando se favorece a los bancos reduciendo los lugares en los que pueden ser demandados ellos apenas a 52 juzgados mientras que ellos ejecutan y embargan en los 433 partidos judiciales de España.

Se la destruye cuando a los ciudadanos se les imponen automáticamente las costas de las ejecuciones como si ser pobre fuese lo mismo que ser temerario o no poder pagar fuese lo mismo que actuar de mala fe, mientras que medio país —incluido el Consejo General de la Abogacía Española— trata de que ellos, los bancos, no paguen costas más que en contados casos de conjunciones planetarias.

Se ataca a esta abogacía cuando se atacan muy discriminadamente los criterios de honorarios de los colegios, cobrándoselos con saña a los deudores hipotecarios o bancarios pero interponiendo demandas millonarias contra los colegios cuando son ellos quienes han de atenerse a una más que atemperada versión de los mismos.

Se ataca a esta abogacía cuando no se prorrogan o suspenden los plazos en caso de enfermedad, maternidad o paternidad y se pretende que los abogados y abogadas sean material fungible.

Se la ataca cuando se reconoce el derecho a litigar gratuitamente a capas de la sociedad pero no se dota a la justicia gratuita del presupuesto suficiente para que esa defensa esté dignamente retribuida.

Se la ataca cuando no se controla la publicidad engañosa de empresas que pretenden ser despachos de abogados cuando no son más que intermediarios o multinacionales de procesar carne de jurista novel.

Pero el mayor peligro que amenaza a esta abogacía somos nosotros mismos que, obcecados en defender la justicia, no nos demos cuenta de que la mejor manera de defender los derechos de la ciudadanía es defender la existencia de la abogacía que hace posibles esos derechos, la abogacía que hace que la constitución y el resto del ordenamiento no sean para ellos papel mojado.

No, en las sociedades sin una abogacía así los derechos de la ciudadanía no son más que pura retórica y es por eso que, antes que nada o al mismo tiempo que todo, nuestro deber es defender esta abogacía necesaria.

Ubuntu

Ubuntu

Somos porque son, soy porque sois, sin vosotros no soy nada y sin mí, aunque me odies, eres un poquito menos.

La ética «ubuntu» se popularizó con la llegada al poder de Nelson Mandela y con los discursos del pastor anglicano Desmond Tutu. Buena parte del éxito de la joven y nueva República Sudafricana se debe a esta particular concepción Bantú de la humanidad.

A veces pienso en nuestro ejercicio profesional en términos de esa palabra zulú, ubuntu: ¿qué razón de ser tendría nuestra profesión si no existiese una ciudadanía que ve amenazados sus derechos fundamentales? ¿Qué otro sentido podría tener nuestro ejercicio profesional sino ese?

Hay quien ve nuestra actividad como un negocio pero hay quien todavía cree que esta profesión es algo más que eso. Porque existen ciudadanos con recursos limitados y que han de enfrentarse solos a corporaciones o instituciones con contactos, influencias y capacidades económicas virtualmente ilimitadas, es por lo que existe una abogacía independiente. Somos porque son.

Si algún día ellos desaparecen no tendremos razón de existir (en un mundo sin derechos los abogados sobran) pero, si un día nosotros desaparecemos, ellos dejarán de ser ciudadanos y serán meros súbditos a merced de los poderosos.

Sí, somos porque son, pero ellos también son porque somos y, por eso, cuando defendemos nuestra particular visión de nuestra profesión también les estamos defendiendo a ellos.

Es por eso que una de las mejores formas de defenderles a ellos es defender a esta abogacía que tú yo queremos. No es egoísmo, capricho ni apetencia, es que defendernos es una de las formas más eficaces de defenderles.

Por eso espero verte en Córdoba o en cualquier otro lugar, porque tenemos un trabajo que hacer juntos y tenemos que hacerlo mucho tiempo.

Buenos días y ubuntu.

Puedes escuchar el audio de este artículo en mi podcast.

Últimas tardes de verano

De pronto sientes un escalofrío conocido, miras por la ventana y ves las nubes grises que amenazan lluvia y te embarga una cierta sensación melancólica de final de verano. Pronto volveremos a la tarea y a los dramas ajenos que se tornan propios, al vencimiento inminente de pagos a los que no sabemos bien con qué haremos frente, a los plazos que vencen y a las prescripciones amenazantes, a la resolución que te enfada o te sorprende por inesperada y a la que no necesitas leer porque sabes de antemano qué va a decir. Y cuando noto este viento fresco de las últimas tardes de agosto me acuerdo, indefectiblemente, de Jaime Gil de Biedma y de su Noche Triste de Octubre que, para mí, siempre es de agosto.

Definitivamente
parece confirmarse que este invierno
que viene, será duro.
Adelantaron
las lluvias, y el Gobierno,
reunido en consejo de ministros,
no se sabe si estudia a estas horas
el subsidio de paro
o el derecho al despido,
o si sencillamente, aislado en un océano,
se limita a esperar que la tormenta pase
y llegue el día, el día en que, por fin,
las cosas dejen de venir mal dadas.

En la noche de octubre,
mientras leo entre líneas el periódico,
me he parado a escuchar el latido
del silencio en mi cuarto, las conversaciones
de los vecinos acostándose,
todos esos rumores
que recobran de pronto una vida
y un significado propio, misterioso.

Y he pensado en los miles de seres humanos,
hombres y mujeres que en este mismo instante,
con el primer escalofrío,
han vuelto a preguntarse por sus preocupaciones,
por su fatiga anticipada,
por su ansiedad para este invierno.

Mientras que afuera llueve.
Por todo el litoral de Cataluña llueve
con verdadera crueldad, con humo y nubes bajas,
ennegreciendo muros,
goteando fábricas, filtrándose
en los talleres mal iluminados.
Y el agua arrastra hacia la mar semillas
incipientes, mezcladas en el barro,
árboles, zapatos cojos, utensilios
abandonados y revuelto todo
con las primeras Letras protestadas.

Esta vez estamos hablando de ti

No mires a tu alrededor, no tenemos que esperar a ver qué hace o dice nadie más, aquí no hay nadie más que tú y yo.

Tenemos problemas y tenemos que solucionarlos.

No sé de dónde han sacado algunos la idea de que alguien tiene que venir a ocuparse de sus problemas y a solucionárselos. Llegados al lugar en que estamos ¿Vas a seguir esperando a que, quién no ha hecho nada por nosotros hasta ahora, lo haga finalmente?

¿De verdad piensas que tienes derecho a que alguien venga y te ayude si no te ayudas tú antes?

Mira hacia adelante y dime si te gusta el futuro que ves.

Mira hacia adelante y dime si crees que podrás seguir ejerciendo esta profesión por muchos años si no cambian las cosas.

Mira hacia adelante y dime si de verdad deseas que tu hijo o tu hija se incorpore a esta profesión que amas hasta el delirio.

No sé si lo has notado, pero no hemos llegado a este punto en que estamos por casualidad, han sido necesarias muchas acciones —y sobre todo muchas omisiones— de mucha gente con poder para amenazar con la destrucción a esta profesión sobre la que descansan las esperanzas de todos.

¿Cuántas veces has oído eso de que «habría que hacer algo»? ¿Cuántas lo has dicho tú?

Pues bien, tienes que saber —admítelo— que nadie va a hacer nada si antes no lo haces tú, y tienes que saber también que te sobra capacidad para afrontar esta empresa, tan sólo es necesario que te des cuenta —interiorízalo— de que o lo haces tú o no lo hará nadie.

Tú y yo tenemos un trabajo que hacer y ese trabajo empezará los días 29 y 30 de noviembre de este año; de forma que bloquéalos en tu agenda y considera que esos dos días estarás fuera de casa.

No es que esos días alguien vaya a empezar a hacer algo, es que esos días tú y yo tenemos un trabajo que hacer mano a mano.

Nos toca tomar nuestro futuro en nuestras manos y recuperarlo de esas otras manos que nos han dejado sin él. Asume que ellos pelean por sus objetivos, no por los tuyos, y que mientras dejes tu futuro en sus manos no tendrás otro futuro que el que ellos quieran.

Por eso, esta vez, no mires a tu alrededor buscando la complicidad o la aprobación de nadie, porque esta vez, asúmelo, estás solo y estamos hablando de ti.

Arcos de seguridad y birretes

Contaba Pedrol Rius una anécdota cuya autenticidad no he comprobado pero que, se non e vera e ben trovatta; sostenía Pedrol que la primera huelga de abogados de España se produjo por el uso del birrete por los abogados. Al parecer y como gesto de dignidad los jueces se arrogaron el derecho de permanecer cubiertos en sala (quien haya hecho la mili sabe que no quitarse el sombrero al entrar a lugar cubierto es una grave falta de educación) privilegio este que a los abogados encolerizó.

Jueces, fiscales y abogados se sientan en España en estrados a la misma altura y eso no es así por casualidad. La igualdad de las partes, incluso en dignidad, se visibiliza así ante el administrado con toda la fuerza que dan los hechos. Es verdad que luego, costumbres corrompidas y poco edificantes, parecen empeñarse en sacar al administrado de su error.

Hoy, en Valencia, han vuelto a tocarle los birretes a los abogados, ningún funcionario juez ni fiscal pasará por el arco de seguridad de entrada a la Ciudad de la Justicia pero los abogados sí (descúbrase abogado). Quien haya sido la cabeza pensante de esta medida ha demostrado ser tan ajeno al espíritu que preside (o debiera presidir) los procesos en España como lo es la comida basura a la gastronomía.

O todos nos cubrimos o todos sin sombrero, o todos pasan o los abogados tampoco pasan, la batalla por la justicia la han peleado los abogados en España desde lo más hondo del alma al último vuelo de la toga, desde el birrete en la cabeza a la altura en estrados.

Si la abogacía institucional no arregla inmediatamente este asunto las consecuencias no se harán esperar.

Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

Látex y los escritos judiciales

Los intentos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de normalizar los escritos judiciales sugieren —permítaseme decirlo— un profundo desconocimiento de los magistrados tipógrafos de los recursos que ofrece la informática en este campo.

Hoy quisiera hablarles de LaTeX, un sistema de composición de textos, orientado a la creación de documentos escritos que exijan una alta calidad tipográfica. Por sus características y posibilidades, es usado de forma especialmente intensa en la generación de artículos y libros científicos que incluyen, entre otros elementos o expresiones matemáticas.

LaTeX en principio puede resultar intimidatorio para un jurista pero, una vez aprendidos unos mínimos rudimentos, sus ventajas en la composición de textos son evidentes.

Una de las ventajas de LaTeX es que la salida que ofrece es siempre la misma, con independencia del dispositivo (ordenador, impresora, pantalla, etc.) o el sistema operativo (MS Windows, MacOS, Unix, distribuciones GNU/Linux, etc.) y puede ser exportado a partir de una misma fuente a numerosos formatos tales como Postscript, PDF, SGML, HTML, RTF, etc. Por tanto, si lo que querían los magistrados tipógrafos era uniformizar los escritos, generar una plantilla de documentos judiciales en LaTeX era una opción a considerar.

Sí, se que ellos mismos se sentirían intimidados por LaTeX y renuentes abandonar su omnipresente «Word», pero LaTeX es una opción usada por todas las universidades del mundo dado que ofrece las mejores calidades de impresión y la garantía de que todos los documentos presentados estarán absolutamente normalizados.

Una salida típica de LaTeX la muestran las siguientes imágenes

Lo mejor es que, una vez definida la plantilla o la «clase» del documento, todos los escritos presentados por cualquier persona desde cualquier ordenador y con cualquier sistema operativo tendrán SIEMPRE el mismo aspecto; y no solo eso, las citas y reseñas bibliográficas, jurisprudenciales, los índices, los pies de página, todo, absolutamente todo, estará normalizado.

El mundo, no obstante, no es perfecto y LaTeX es bastante más complicado de utilizar (no tanto en realidad) que otros procesadores. Desde luego si uno considera que una página escrita en LaTeX tiene el aspecto que se ve en la ilustración siguiente puede sentirse alarmado

Pero les garantizo que, en realidad, establecida una plantilla —y eso es cuanto se necesita para escritos judiciales— el resto es coser y cantar.

En fin, el objeto de este post no es convencerles para que usen LaTeX (les aseguro que serían unos usuarios felices) sino simplemente que conozcan otras opciones distintas al inevitable «Word», en este caso la opción de más calidad aunque quizá más compleja. Otro día les hablo de LibreOffice, un procesador que todos, y esta vez sin excusas de complejidad, debiéramos utilizar.

El secreto profesional de los abogados y el correo electrónico

¿Cree usted que nadie le escucha cuando habla con su abogado o que nadie interviene —legal o ilegalmente— sus comunicaciones con él?

La pregunta no es retórica, sin privacidad en las comunicaciones abogado-cliente el derecho de defensa no existe y, si no existe el derecho de defensa, tampoco existe el estado de derecho.

Ya les he hablado alguna vez de mis más que serias sospechas sobre la privacidad de las comunicaciones en los locutorios de las prisiones, sospechas que me han llevado a plantearme muy seriamente la conveniencia de no recibir información sensible de mis clientes en las comunicaciones realizadas en dichos locutorios porque, digámoslo con franqueza, mi sensación es que los abogados somos escuchados más a menudo de lo necesario y mucho más de lo que la ley permite. Permítanme que les cuente una historia real a propósito de una red llamada «Echelon». Si usted ya lo sabe todo sobre esta red puede saltarse unos cuantos párrafos y seguir en el que comienza con las palabras «Si es usted un ciudadano común…», si no, puede ser interesante que siga leyendo.

«Echelon» es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia. Controlada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Echelon puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que esta red intercepta más de tres mil millones de comunicaciones cada día.

Se sospecha que esta red no sólo es utilizada para encontrar pistas sobre tramas terroristas, planes del narcotráfico e inteligencia política y diplomática; sino que está casi plenamente confirmado que es utilizada también para el espionaje económico de cualquier nación y la invasión de privacidad en gran escala.

No, no les estoy hablando de ninguna teoría de la conspiración ni de terraplanismo, ustedes mismos pueden comprobar que en 2001, el Parlamento Europeo en Acta del 5 de septiembre, emitió un informe en el que se expresa que:

considerando que no hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial

constató la existencia de un sistema de interceptación mundial de las comunicaciones, resultado de una cooperación entre los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda siendo

la finalidad del sistema es la interceptación, como mínimo, de comunicaciones privadas y comerciales, y no militares.

Así pues, si creen que les estoy hablando de una red conspiranóica, abandonen la idea: la existencia y uso de Echelon ha sido constatada por el Parlamento de la Unión Europea.

Incluso parece que España ha tenido que ver con esta red, en especial durante el gobierno de José María Aznar, cuando nuestras inmejorables relaciones con los Estados Unidos de George Bush y el Reino Unido de Tony Blair condujeron a nuestro país a involucrarse en la guerra de Afghanistán. Medios extranjeros como «The Guardian» aseguraron que los Estados Unidos habían ofrecido al Gobierno de Aznar ayuda en su lucha contra ETA en forma de espionaje electrónico. Ciertamente resulta difícil conocer los detalles de estas operaciones reservadas pero, si hemos de juzgarlas a la luz de los resultados en la lucha contra ETA en aquellos años, o la ayuda existió ciertamente o la eficacia de nuestros cuerpos y fuerzas de orden público mejoró súbitamente.

Y créanme que les estoy hablando de una sola red en un mundo donde hay muchas más, supongo que todos podrían añadir a Echelon redes que han sido noticia mucho más recientemente. Las redes y sistemas de intercepción son tantos que, a veces, hasta algún conocido juez ha sufrido llamativas confusiones entre ellas, no distinguiendo SITEL de Marathon y Marathon Evolution, sistemas cuyo funcionamiento presenta aspectos muy preocupantes para el secreto profesional de los abogados.

Si es usted un ciudadano común sospecho que está suficientemente avisado respecto de las infinitas capacidades de monitorizar sus comunicaciones que tienen los gobiernos; si es usted abogado simplemente piense en cuantos atestados comienzan o contienen frases como la siguiente: «Por confidencias recibidas se tuvo conocimiento de que en la noche del día tal podría suceder tal cosa en tal sitio, por lo que se procedió a montar el correspondiente operativo policial».

Sí, muy a menudo la policía sabe cosas que prefiere no explicar cómo las sabe; confidentes, soplos… ya se sabe, pero ¿de verdad creen ustedes que no hay detrás de estos inexplicados conocimientos operaciones de inteligencia tecnológica en algún caso?

Digámoslo claro: no hay comunicaciones teóricamente más sustanciosas para la policía que las que tiene una persona con su abogado. Los ciudadanos involucrados en una investigación penal cuentan a su abogado todos los detalles del asunto y, en el siglo XXI, no sólo lo hacen de viva voz sino por correo electrónico, por teléfono o incluso a través de los intercomunicadores de los locutorios de las prisiones.

Formularé otra pregunta nada retórica: ¿están ustedes absolutamente seguros de que nadie les escucha?

Si su respuesta es «no estoy seguro» el secreto profesional de los abogados ya no existe porque, tal secreto, no se limita a que no se monitoricen las comunicaciones sino que implica necesariamente que tanto abogado como cliente comuniquen en un ambiente tal que puedan tener la absoluta seguridad de que nadie les está escuchando. Esa tranquilidad es la que permite una comunicación cliente-abogado ajustada a los derechos fundamentales que proclaman nuestras declaraciones de derechos.

No limiten su visión a España, piensen en lugares y países de los cinco continentes donde la inseguridad de las comunicaciones cliente-abogado hacen de estas conversaciones una tan ilícita como eficaz fuente de información para los gobiernos. Un mundo libre y respetuoso con los derechos de las personas exige que estas puedan comunicar sin ser espiados con sus abogados y es por eso que, cuando comunico con mis clientes, trato de cuidar de que mi comunicación con ellos no acabe siendo una fuente de información para alguien que quisiera espiar tal conversación.

Hoy he visto que se ha producido una buena dosis de confusión y alarma en el correo que el Consejo General de la Abogacía Española decidió contratar a un precio astronómico hace unos años y he recordado a quienes tomaron una decisión de contratación que, en mi sentir, perjudicó notoriamente a los abogados y abogadas de España.

Si todo aquel dinero que se dedicó a alquilarle un servicio estándar de correo a una empresa norteamericana (Microsoft) se hubiese dedicado a establecer un sistema de correo electrónico seguro para los abogados españoles se habría creado un espacio seguro y de libertad que garantizaría el secreto profesional a que los ciudadanos tienen derecho. Un sistema encargado a un tercero no tiene más fiabilidad que la fiabilidad que uno conceda al tercero (una empresa estadounidense) de que no cederá ni permitirá observar nuestras comunicaciones profesionales a nadie. Un sistema en el que las herramientas de cifrado son de un tercero y es este tercero el encargado de cifrar los mensajes, no ofrece más seguridad que la confianza que queramos depositar en las empresas que cifran o suministran los sistemas criptográficos. Ustedes mismos pueden juzgar si el correo que ha arrendado el Consejo General de la Abogacía Española, es susceptible de construir ese espacio donde cliente y abogado pueden estar absolutamente seguros de que no son escuchados. Gobiernos como el holandés no hace mucho manifestaban sus reticencias respecto al correo del gigante norteamericano pero, en todo caso, permítanme recordar que Microsoft y sus programas son los campeones del software propietario, algo que puede ofrecer de todo menos seguridad en lo que hacen programas que, por definición, no son auditables en su funcionamiento. Si quieren saber por qué el software libre es imprescindible cuando de asuntos públicos se trata pueden entretenerse un rato leyendo a propósito de el «Caso Toyota Camri».

En fin, que el lío que se ha montado estos días alrededor del carísimo correo de la abogacía me ha llevado a recordar una gran oportunidad perdida ya para siempre y a reflexionar sobre la necesidad de que los abogados seamos conscientes de los riesgos que acechan a nuestras comunicaciones con nuestros clientes y sepamos que la mejor defensa del secreto profesional en estos momentos no son leyes ni reglamentos, sino tratar de dotarnos de las herramientas tecnológicas adecuadas.

Tengan cuidado ahí afuera.