Quienes tengan los años suficientes recordarán una abogacía muy distinta de la actual y no es que el número de abogados fuese entonces mayor o menor que ahora, no, sino que la profesión se ejercía de manera fuertemente regulada.
Quienes tengan los años suficientes recordarán que, antes de encargar su primera placa para el despacho, siempre había quien les decía: «ten cuidado con las dimensiones, no la hagas muy grande no te vaya a decir algo el colegio…». También recordará (ya digo, si tiene los años suficientes) que la publicidad era un tema tabú: los abogados no podían anunciarse y hacerse publicidad era no sólo una acción de mal gusto sino que incluso podía ser sancionada.
Ofrecer servicios jurídicos por debajo de los criterios de honorarios que publicaban los colegios no sólo estaba mal visto e iba en desdoro del letrado que lo hacía sino que una vaga nebulosa punitiva colegial rodeaba tal conducta e incluso estaba prohibido el pacto de «cuota litis» pues ese pacto, se decía, convertía al abogado en socio de su cliente en la llevanza del procedimiento lo que afectaba, sin duda, a sus decisiones procesales. Dar comisión a alguien por que te consiguiese clientes se encontraba también entre las conductas impensables por réprobas.
Quienes tengan los años suficientes recordarán este entorno en el mercado de servicios jurídicos.
Tal regulación tenía sus ventajas y sus inconvenientes, entre estos que, otras profesiones sin tantos remilgos deontológicos, se fueron haciendo con cuotas de mercado tradicionalmente propias de la abogacía.
Otro de sus defectos, quizá el más grave, es que esta rígida regulación sonaba a monopolio gremial a los círculos más liberales y la desregulación del sector inició un proceso imparable impulsada por la reglas de la libre competencia.
El pacto de «cuota litis» pronto fue permitido (los abogados nunca acabaron de entender ni respetar este pacto), la publicidad liberalizada (las normas restrictivas de la publicidad aprobadas en los sucesivos códigos deontológicos han demostrado ser absolutamente inanes), los criterios de honorarios son cada vez más fuertemente sacudidos por la Comisión de Defensa de la Competencia e incluso por los propios jueces y tribunales, que se erigen en nueva autoridad reguladora en materia de precios sin que las normas de competencia parezcan afectarles.
En este momento, de aquella vieja regulación que conocieron quienes tengan los suficientes años para recordarlo, ya no queda apenas nada. Bueno, nada no, queda un sentido ético en los profesionales de la abogacía que, ajeno a una regulación sustantiva que lo sustente, les convierte en una especie de inadaptados que se indignan cuando ven anunciados divorcios a 150€, cuando ven que empresas publicitarias cobran a los abogados y se apropian de parte de sus honorarios por recomendar sus servicios o cuando observan como, ante oportunidades de negocio surgidas con cambios jurisprudenciales o legales, masas de dinero entran en el mercado ofreciendo servicios de nicho y convirtiendo a los abogados en falsos autónomos que trabajan a precio de esclavo asirio.
El mercado de los servicios jurídicos ha cambiado y a esa antigua y necesaria abogacía de las personas la ha pillado con el pie cambiado.
Recuerdo que en 1998 corría por internet una leyenda urbana relativa a un matrimonio de abogados norteamericanos que usaron la red para hacerse publicidad y sufrieron uno de los primeros ataques de «spam» de la historia por internautas indignados. Recuerdo que, en años posteriores, los más sesudos estrategas del B2C (¿recuerdan la expresión?) se devanaron los sesos buscando una forma eficaz de prestar servicios jurídicos «on line». Sin embargo la realidad fue otra.
Conscientes de que en el mercado de servicios jurídicos lo que importa es controlar y poseer la demanda, muchas empresas se lanzaron a hacerse con la mayor parte del pastel que pudieran, si ellos eran dueños de la demanda ya negociarían con los abogados sus honorarios a la baja, el nuevo entorno lo permitía. Los anuncios de supuestos «despachos de abogados» inundaron las radios y medios de comunicación y, habiendo capturado una parte de la demanda, la ofrecieron a ese sector de la abogacía que, bajo los efectos de la primera crisis, empezaba a dar muestras de debilidad. Y ganaron.
Cuando llegó la crisis de las hipotecas que ahora vivimos masas de capital descubrieron la oportunidad y montaron negocios para aprovechar la nueva demanda, pero también los bancos aprovecharon la cada vez más escasa demanda libre y el cada vez mayor número de abogados agónicos para asegurarse de que sus innumerables pleitos serían defendidos a precios de basura (¿imaginan defender juicios de hipotecas a 30€?).
El panorama tras el confinamiento es que el número de negocios destinados a captar abogados para que se les haga publicidad en la red o se les entregue la llevanza de casos a precios de basura o exigiéndoles un porcentaje de su minuta se ha disparado.
Me he dedicado estos días a recopilar información sobre el tema y el panorama es dantesco y, lo peor, es que los abogados y abogadas no son más que la pieza a la que se obligará a trabajar a precios de inmundicia para adueñarse del producto de su esfuerzo.
Debemos ser conscientes de una realidad: en España, a diferencia de los países civilizados, no existe una Ley de Servicios Jurídicos que regule el sector y esto, para aquellos a los que la justicia les importa un carajo y sólo ven beneficios en cualquier actividad, es el paraíso.
Pero aún no han copado el mercado y todavía estamos a tiempo para que los abogados y abogadas que defienden la última trinchera de la profesión se organicen y se den a sí mismos aquellas herramientas con las que otros vienen a convertirlos en mano de obra cautiva. Es tiempo de defendernos nosotros y la sociedad y, si para ello hemos de hacerles la guerra en su terreno, deberemos hacérsela.
Somos ya muchos y estamos interconectados, podemos hacerlo y debemos hacerlo.
Yo no sé tú, pero yo, desde hoy, me pongo a la tarea.
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