Introducción

España es el país con una mayor ratio policía/habitante de Europa Occidental¹ sólo superado por Chipre, país cuya situación política de división entre dos naciones, no admite comparación con España.

Adicionalmente España tiene una de las ratios jueces/habitante más bajas de Europa Occidental² y esta situación me llevó recientemente (el 5 de diciembre) a publicar un tuit con las cifras absolutas de policías³, jueces y fiscales en España⁴. El tuit literalmente decía:

España:

–5.000 jueces

–2.500 fiscales

–230.000 policías

¿Cañones o mantequilla?

El tuit no pareció generar demasiado interés y su actividad se saldó con apenas doce “retuits” y seis “me gusta”. Debo decir que me sorprendió, pues a mí las cifras me parecían merecedoras de una reflexión más profunda.

¿Cañones o mantequilla?

La expresión “cañones o mantequilla” (que yo entendía suficientemente provocativa para un tuit) no pareció llamar la atención de mis lectores, por más que sea un tópico archiclásico de la ciencia económica para aludir al coste de oportunidad.⁵

Así las cosas decidí plantear la cuestión de una forma más cruda en otro tuit y el 11 de diciembre (ayer en el momento de escribir estas líneas) me decidí a formular la pregunta de forma absolutamente explícita de la siguiente forma

España:

–5.000 jueces

–2.500 fiscales

–230.000 policías

¿Justicia o policía?

La reacción de mis lectores fue mucho más sensible, el cartel provocó 23 “retuits” y 14 “me gusta” y, sobre todo, reacciones y feedbacks muy interesantes (la red es maravillosa para aprender). De una parte estaban quienes, a la luz de los datos, concluyeron que España era un estado policial (cosa que ni dije ni pienso), de otra parte estaban quienes consideraron que comparar ambas magnitudes no tenía sentido (yo, por el contrario, opino que tiene sentido y mucho -véase guns vs. butter-), de otra más estaban quienes consideraron que faltaban jueces, fiscales y también policías (opinión esta sincera y correcta pero difícilmente asumible con recursos escasos) y, finalmente, de otra, estaban quienes captaron la intención provocadora y lo subrayaron en sus comentarios coincidiendo en la corrección de los datos y -probablemente- en la pertinencia del debate.

Un tercer tuit decididamente más provocativo obtuvo incluso mejores resultados que el anterior.

Pero vayamos al grano, dadas las cifras y “ratios” anteriores, ¿qué conclusión podríamos extraer de ellas ahora que las Cortes de la Nación han de redactar la ley de presupuestos para 2017?

Veámoslo.

¿Policías o jueces? (¿cañones o mantequilla?)

Si la única disyuntiva que se le presentase al legislador que ha de confeccionar los presupuestos de 2017 fuese la del título (jueces vs. policías) una solución racional pasaría por analizar cuales son las ratios de seguridad ciudadana⁶ que hay en España y compararlas con las que existen en los países de su entorno y con los ratios policía/habitante delos mismos países, así como con el porcentaje del Producto Interior Bruto que destina cada país a Justicia o a Seguridad⁷. De tal comparación podrían extraerse interesantes conclusiones y hasta podrían formularse algoritmos que nos auxiliasen a la hora de interpretar los datos o medir la eficacia de las partidas presupuestarias destinadas a cada sector.

Estudiando tales cifras podemos comprobar que España, por lo que a gasto en seguridad se refiere, es un país que gasta más que la media de la UE, es superado en esfuerzo económico por siete países⁸ y precede en esfuerzo a los 20 países restantes de Europa tomados en consideración por las tablas estadísticas.

Si analizamos la ratio policías/habitante de que dispone cada uno de estos países y la comparamos con el esfuerzo económico que veíamos en el párrafo anterior habremos de colegir que, o bien los policías españoles están mal pagados o bien en España se ha invertido mucho en capital humano y bastante menos en medios materiales. Si repasamos las tablas veremos que el Reino Unido cuenta con menos policías que España a pesar de destinar un mayor esfuerzo presupuestario a seguridad, esto dos deja ante la disyuntiva de entender que sus policías están mejor pagados o están dotados con mejores medios o ambas cosas a la vez.

Si las dos variables anteriores las referimos a la cantidad de seguridad producida por el esfuerzo económico y los medios destinados habremos de concluir que las cifras son verdaderamente satisfactorias para nuestras policías si las comparamos con, por ejemplo, las del Reino Unido: España es un país muy seguro y que ofrece índices bajos de criminalidad, afirmación esta que no puede realizarse con tanta seguridad en el caso del Reino Unido. Vean ustedes, por ejemplo, las cifra de muertes violentas en los diversos paises de Europa y saquen conclusiones:

Así las cosas podemos decir sin temor a equivocarnos que los servicios públicos (policías) tendentes a garantizar la seguridad y el orden público en España funcionan mucho más que aceptablemente y que, a la luz de los medios destinados al mantenimiento de los mismos, no parece necesario que los mismos se amplíen sin perjuicio de una mejor o más justa distribución de los mismos (desigualdades salariales, diferente o desigual dotación de medios, etc.). En suma, evidente resulta que si contásemos con más policía o mejores medios la situación mejoraría pero, comparados con los países de nuestro entorno, la situación de España en este campo parece ser francamente buena.

Naturalmente que todo esto no es más que una aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de un post y sospecho que el mismo debe de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes. La ecuación que determina la cantidad de seguridad producida por los diversos medios destinados a ella (variables) supongo que debe de estar siendo refinada constantemente al igual que las curvas generadas por ella, que todo este complejo mundo de la seguridad está en las mejores manos y que todos los aspectos que le atañen son tomados en cuenta y ponderados debidamente. Por tanto entiéndaseme, lo por mí ofrecido en este post no es más que una visión general que no tiene más aspiración que resumir el planteamiento general del problema.

Dejemos a la policía y pasemos a los jueces y fiscales tratando de realizar las mismas observaciones que hemos realizado respecto de la policía. Si en materia de seguridad y orden público nos interesaba conocer cual es la «cantidad de seguridad»⁹ que son capaces de producir el conjunto de unos determinados medios humanos y materiales, en justicia se tratará de hacer precisamente lo mismo, determinar qué «cantidad de justicia»¹⁰ es capaz de producir un sistema judicial dado.

No quiero abrumarles con datos (este post ya va siendo demasiado largo) pero es obvio que todo esto, como en el caso anterior, no va a ser más que una mera aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de este post y aunque me gustaría sospechar que el mismo debiera de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes, créanme que no logro acabar de convencerme de esto cuando veo la situación de la justicia en España y escucho las propuestas que se efectúan desde algunos órganos oficiales.

Si, en el caso de la policía, analizábamos en primer lugar cuál era el esfuerzo presupuetario en seguridad, procederá que hagamos lo mismo en Justicia y comprobaremos que las estadísticas para España, en materia de Justicia y en relación a su PIB(GDP), nos indican que, en principio, no se realiza el esfuerzo que debería realizar¹¹…

No conviene conformarse con la primera estadística que uno se encuentra porque, aunque la fuente sea fiable, les aseguro que no es difícil encontrar otras que la contradigan. En todo caso el último informe emitido por el CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) en 2016 puede darnos una idea bastante clara sobre este punto.

Las cifras son bastante elocuentes en un sentido, España gasta poco en relación a Europa en Justicia y, en cambio, gasta más de la media europea en seguridad.

Podemos analizar a continuación, al igual que hicimos antes con la policía, cual es la ratio de jueces/población que tenemos y en ese punto tampoco les descubriré mucho si les digo que nuestra ratio no es nada buena.

Por lo visto hasta ahora no parece que España haga el esfuerzo que debe en Justicia, ni parece que dispongamos de los jueces suficientes pero falta la pregunta definitiva: ¿es España un país donde la justicia funcione?.

Puede usted mismo responder a esta pregunta si lo desea o puede buscar al alguien que (incluído el minsitro del ramo) sostenga sin sonrojarse que la justicia española funciona bien, si lo encuentra le agradeceré que me lo presente.

Algunas conclusiones

Obviamente, tras este recorrido necesariamente simplista sobre el estado de la seguridad y la justicia en España pocas conclusiones pueden extraerse al margen de dos que creo que no precisaban de tantos datos: España es un país seguro pero España es un país injusto. Sería necesario un estudio mucho más profundo para tomar una decisión presupuestaria entre los dos sectores contemplados. Es evidente que los medios humanos en la administración de justicia no se reducen a jueces y fiscales sino que hay que incluir necesariamente en ellos la indispensable figura de los funcionarios e incluso la de las personas ajenas a la función pública pero igualmente indispensables para la administración de justicia como son abogados y procuradores. Es evidente que en materia de seguridad el estudio no se agota en contemplar el esfuerzo presupuestario, el número de policías y las ratios de criminalidad sino que hace falta ponderar muchos otros datos.

Sin embargo, con este juego clásico de cañones o mantequilla aplicado esta vez a justicia y seguridad, puede ilustrarse la necesaria tarea de reflexión que debe llevarse a cabo antes de redactar una ley de presupuestos. Nuestros legisladores están a punto de acometer esa tarea y deben plantearse si, dada la actual situación en España, si deben destinar más medios a unas partidas que a otras. Hemos contrastado superficialmente sólo dos de ellas y harto trabajo les espera si deciden hacer bien su trabajo. En todo caso no olviden que, por encima de las consideraciones económicas, estan las razones que justifican que vivamos juntos y contribuyamos todos a una caja común y, la primera de esas razones, la pueden encontrar en las siete primeras palabras de la Constitución:

«La Nación Española, deseando establecer la Justicia…»

Espero haberles podido ofrecer algunos materiales para la reflexión, para el debate o para el estudio. Un saludo.