¿Monarquía, república o justicia?

En el mundo civilizado hay países que son monarquías o repúblicas y funcionan razonablemente bien; lo que no es pensable es un país digno de ser vivido si en él no hay justicia.

Veo mucha gente que, aprovechando la infamia de entrega de despachos a los jueces de la 69 promoción, aprovechan la ocasión para manifestar sus convicciones monárquicas y su adhesión al rey de España. Me parece bien si ese es su gusto y convicción pero…

La infamia del veto al jefe del estado en la entrega de despachos no sería menos infamia si fuese otra la naturaleza de la jefatura de nuestro estado; es decir, ese veto sería igual de repugnante tanto si fuese hecho a un rey o a un presidente de la república.

La función de los Jefes del Estado debe estar por encima de la pelea política —pues representan al estado y no al gobierno o a un partido— y, por eso, hacer de la figura del jefe del estado una herramienta de lucha política es el peor de los favores que se le puede hacer.

Sí, hay quien considera que la neutralidad y ajenidad a la lucha política sólo la garantizan las monarquías —y pueden tener razón— pero también hay quien considera que a la jefatura del estado no puede accederse por una pura cuestión de ADN —y sin duda tienen razón también— y es ese debate político el que se quiere introducir no siempre de forma sensata y a veces en forma insensata —infame— como en la entrega de despachos a los jueces de la 69 promoción.

Y dicho esto déjenme decirles algo que cualquier jugador de ajedrez sabe bien: un rey en el centro, un rey expuesto y que no esté en la esquina del tablero discretamente enrocado, es un rey expuesto a inesperadas combinaciones y es casi siempre un rey muerto. Si aprecian la monarquía no expongan demasiado al monarca ni lo coloquen en el centro del debate, la primera obligación de los peones del enroque es permanecer quietos e impasibles tanto cuanto les sea posible. Si es usted monárquico, dé dos vueltas a esto que le digo antes de gritar su adhesión o expresar su convicción verde.

Y dicho esto digamos lo principal: envilecer la entrega de despachos de los jueces enfangando en la lucha política a toda una promoción es una infamia que pone de manifiesto lo que importa la justicia a nuestros políticos y ese valor, la justicia, más que jefatura del estado, es el que ayer fue degradado por las ruindades políticas.

Mi interés principal —y lo lamento si molesto a alguien— no es el debate monarquía o república; mi interés principal es la justicia. Creo que puedo vivir y ser feliz en una monarquía o en una república pero lo que no creo, sino que sé, es que no quiero ni puedo vivir en un país sin justicia.

Ius y yoga

Ius y yoga

Mi amigo Luis Morillo hoy me ha recomendado yoga, mucho yoga, lo que quizá él no sepa es que llevo bastante más de 30 años dedicándome a algo muy parecido al yoga: el derecho.

Sí, «yoga» y «ius» son palabras hermanas y derivan ambas del vocablo indoeuropeo *HieH3u “unir”, raíz de la que proceden, además de ius y yoga otras muchas palabras.

En primer lugar esta raíz tiene el significado de “unir” al cocinar y, por eso, no es extraño que la palabra “sopa” se diga en latín, precisamente, “ius” (sacad vuestros diccionarios de latín y comprobad que sopa, en latín, se dice «ius»). Por eso, si ustedes algún día visitan Pompeya y ven escrita en las paredes de alguna taberna la expresión “ius olitorium”, no piensen que están en presencia de algún tipo de derecho como el “ius puniendi” o el “ius maletractandi”; lo que la expresión anuncia es una humilde menestra: una sopa de verduras.

El “ius” se esconde casi siempre bajo las palabras que indican unión. Así, el artilugio que unce a los bueyes es el “yugo” (iu)go, los animales unidos forman una “yunta”, cuando nos unimos a otra persona la llamámos “cónyuge” con(iu)ge y, la unión de todos los vecinos de un municipio da lugar al “ayuntamiento” a(iu)ntamiento. El ius es, pues, ése vínculo que mantiene unida a la sociedad o ese vínculo que une al alma con la divinidad en el caso del yoga.

Así pues yoga y ius nos remiten a un vínculo y dan lugar a un amplio campo semántico que comprende, entre otros, los sustantivos para “derecho” en latín (ius), avéstico (yaož) y sánscrito (yos). Con el sufijo -t-o, resulta iustus “el que actualiza la noción de ius”, o sea, “el que observa el derecho”, de donde de donde “justo, recto”, palabra de la que deriva a su vez el sustantivo iustitia “justicia”, justo al contrario de que pensaba Ulpiano. Finalmente (con rotacismo, esto es, paso de -s- intervocálica a -r-) ius es origen del verbo latino iuro “jurar”.

Me sorprende que, a muchas personas que han consagrado su vida al estudio del derecho, nunca les haya picado la curiosidad de saber qué significa exactamente «ius». Ahora que lo sé veo a los juristas como cocineros que tratan de mezclar todos los ingredientes en la proporción justa, cuidando la cocción a la temperatura adecuada y procurando que todos los sabores armonicen.

En la foto les muestro a Triboniano durante uno de los pocos descansos que pudo tomarse mientras redactaba el Digesto.

Héroes de tebeo

Quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá no vi las películas correctas, quizá los héroes de mis tebeos jamás existieron en la vida real. A lo mejor todo aquello no era más que un engaño.

Gracias a esos libros, a esas películas y a esos tebeos yo tuve la oportunidad de combatir en Cartagena con Don Blas, un españolazo de Pasajes que se había dejado medio cuerpo al servicio de su patria; también estuve en Trafalgar enrolado en el Bahama y allí vi cómo una bala de cañón le volaba la cabeza a nuestro capitán, un hombre que además de marino era científico y de los buenos: Don Dionisio Alcalá Galiano; vi también a Don Casto Méndez Núñez aguantar a cuerpo limpio el bombardeo de El Callao después de decirle a americanos e ingleses que no le tocasen las narices o se vería obligado a echarlos a pique por la cosa de la honra…

Los héroes de mis libros y tebeos eran tipos previsibles: Si la tropa pasaba hambre ellos pasaban hambre con la tropa; si el barco había de combatir ellos se plantaban en el puente en uniforme de gala y no colocaban a sus hombres en más peligro de aquel en que ellos mismos se colocaban; si, en fin, el barco se iba a pique, ellos eran los últimos en abandonarlo y eso siempre y cuando no les diese la petera de hundirse ellos con él.

Lo que nunca vi ni leí es que esos hombres comiesen caviar mientras la tropa ayunaba, mandasen sus hombres a la muerte mientras ellos huían o agarrasen el primer bote salvavidas cuando el barco amenazaba con irse a pique. Esas acciones no eran propias de estos hombres, esas acciones las llevaban a cabo los villanos, los malvados, los infames y repugnantes sujetos que ilustraban todo aquello que los niños debíamos odiar.

Hoy mientras trataba de dormir pensaba en estos hombres de mis novelas y en los españoles del año 2020. Hoy nos dejan sin vacaciones ministros que se van de playa y chiringuito, nos dicen que reformarán la justicia quienes profundizan en su dependencia judicial, no invierten en ella ni el tiempo de sus vacaciones y no gastan más que palabras hace tiempo ya gastadas.

Los hombres de mis libros no dejarían sin permiso a la tropa sin renunciar ellos a su parte antes que nadie, porque, de no hacerlo así, la tropa sabría inmediatamente que estaba ante uno de aquellos infames y repugnantes sujetos que, según aquellos libros, ilustraban todo cuanto se debía odiar.

Parece que en 2020 las cosas no son así, quizá no lo fueron nunca, quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá aquellos héroes no existieron jamás; a lo mejor, en fin, todo aquello no era más que un engaño.

O a lo mejor no y un día les remitimos una factura que nunca podrán pagar.

El objetivo correcto

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u “operador jurídico” de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos “operadores jurídicos” con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas “incrementalistas” las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

Un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por determinados sectores de la economía y la política de este país. Sobre la congestión de asuntos que ya presentaba nuestra administración de justicia caerá ahora la ola de procedimientos que motivará el tsunami jurídico provocado por la crisis del COVID-19 y esto, hábilmente gestionado desde las instancias oportunas, puede ser la coartada perfecta para llevar adelante una reforma de la administración de justicia que beneficie a los menos y perjudique a los más.

El ministro ya lo ha dicho con claridad, quiere reformar la justicia aprovechando la crisis del coronavirus lo cual, así dicho, suena, como poco, a broma de mal gusto (¿cómo pretende llevar a cabo lo más quien se ha mostrado incapaz de afrontar lo menos?).

Pero no, no es una broma, a determinados sectores económicos y políticos de este país les interesa más reformar la justicia para adaptarla a sus necesidades que dotarla de los medios precisos para hacer frente a la crisis del coronavirus, de ahí el nauseabundo discurso ministerial de que, más que dinero, lo que hacen falta son reformas. Un ejemplo de su posición, expresado en la jerga política de rigor, lo podemos encontrar en la edición digital del Diario de Cádiz:

–¿Plantea el Gobierno más medios tecnológicos y refuerzo de plantillas como vienen demandando varios colectivos del ámbito judicial?

–Más que de posturas incrementalistas estamos hablando de una reordenación de todos los recursos disponibles orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos.

El argumentario sesgado de quienes pretenden dejar a los ciudadanos sin justicia es tan conocido como parcial y se funda en las mismas falacias de siempre:

  1. Que los españoles son muy litigiosos y esto colapsa los juzgados.
  2. Que uno de los agentes que fomentan esta litigiosidad son los abogados.
  3. Que lo que hay que hacer es desjudicializar.

Las tres afirmaciones son falsas pero, como toda buena mentira, pueden pasar como ciertas ante el oyente desinformado o ante la opinión pública. Una buena fake new solo puede construirse sobre un andamio de verdades aparentes y estas afirmaciones que les refiero mezclan de tal forma la verdad con la falsedad más insidiosa, que se han revelado como deep fakes paradigmáticas.

Vayamos una por una.

Los españoles son litigiosos

Esta primera afirmación, repetida desde la época de Caamaño, amplificada hasta lo ofensivo por Gallardón y, desde su catastrófica ejecutoria, asumida como verdad sotto voce por Catalá y Juan Carlos Campo, viene a decirnos que si los juzgados en España están colapsados ello se debe principalmente a que los españoles acuden más al juzgado que la media de los habitantes de los países europeos.

Esta afirmación, esta deep fake, hay que reconocerlo, se ha cocinado con todos los ingredientes precisos para tener éxito.

En primer lugar la deep fake atribuye a los españoles una naturaleza maligna (somos litigiosos), naturaleza maligna que, tradicionalmente, ha sido asumida con facilidad por la población, en línea con la vieja tradición de la España Negra y de los más conspicuos poetas y literatos del siglo de oro. Esta naturaleza hobbesiana de los españoles ha sido siempre caldo de cultivo adecuado para los gobiernos autoritarios, espadones y dictadores que ha padecido España en los dos últimos siglos.

Esta deep fake también contiene una porción de verdad, pero la contiene del mismo modo que la copa de vino que se da a beber al invitado contiene el veneno preparado para acabar con él: la verdad, como el vino, no tiene otra finalidad que encubrir el tósigo oculto en la afirmación.

Es verdad que la población española, porcentualmente, ha de acudir a los tribunales más que la del resto de la mayoría de los países europeos y, hasta ahí, llega la verdad. Concluir de ese dato que el mismo se deriva de que los españoles son litigiosos es una falsedad que no sólo ofende a la inteligencia, sino que ofende a toda la población en su conjunto.

En un país donde, por ejemplo, los bancos se oponen por sistema a las demandas de los ciudadanos perdiendo los juicios en más del 90% de las ocasiones, no parece sensato decir que sean los ciudadanos los “litigiosos”. Quienes, por ejemplo, en el sector de las cláusulas abusivas producen los litigios no son los ciudadanos sino los bancos que, conociendo sus obligaciones legales y jurisprudenciales, se niegan a cumplirlas, obligando así a los ciudadanos a demandarles para que cumplan por la fuerza las obligaciones que no cumplen voluntariamente. ¿Podemos decir que los ciudadanos españoles son los más litigiosos de Europa? ¿O deberíamos decir que la ciudadanía española sufre más abusos de los bancos que ninguna otra ciudadanía europea?

El ejemplo de los bancos explica muy bien el fenómeno de la alta litigiosidad española. Al calor de una justicia lenta e ineficiente el deudor puede dilatar el cumplimiento de sus obligaciones casi a su voluntad y ello estimula el incumplimiento premeditado de sus obligaciones por las personas jurídicas que pueden encontrar algún tipo de beneficio en ello.

Obsérvese, de paso, que la justicia española no es igual de lenta para todas las personas: mientras que el banco dispone de rápidos procedimientos ejecutivos de los que conocen todos los juzgados de instancia de España (1700) y que embargan incluso un 30% del principal en concepto de intereses y costas desde el primer momento, los ciudadanos sólo pueden demandar a los bancos por sus hipotecas en poco más de 50 juzgados en toda España y a través de un juicio ordinario donde las demoras de años son frecuentes y donde las costas se discuten cómo si el banco fuese un párvulo a punto de hacer la primera comunión y el consumidor una persona jurídica sin más alma que el beneficio económico.

Los seres humanos, en contra de lo que creen algunos supremacistas, son esencialmente iguales y ninguno suele amar el conflicto o el litigio significativamente más que otro. Que en España haya un porcentaje mayor de litigios que en otros países de Europa lo que significa, en primer lugar y antes que nada, es que somos un país donde las injusticias abundan más que en el resto. ¿Por qué? Me remito a lo arriba dicho: porque incumplir la ley no suele ser tan gravoso para el poderoso como para el humilde; porque a veces incumplir la ley es rentable y se hace así porque no hay leyes -o no se quiere que hayan leyes- que corrijan ese abuso; porque la justicia es lenta y ello fomenta las conductas morosas y es en ese círculo vicioso en el que se mueve este país: como la justicia es ineficaz esto fomenta los incumplimientos legales y estos a su vez fomentan la ineficacia del sistema. Este es un círculo vicioso del cual solo se sale de dos maneras: o proveyendo lo preciso para que exista una administración de justicia rápida y eficaz o proveyendo lo preciso para que un sinnúmero de injusticias queden sin corregir.

Tradicionalmente los gobiernos han optado por esta segunda vía (es la más barata y la que les proporciona más amigos) y no parece que el gobierno actual vaya a ser una excepción a la regla.

La deep fake de que les hablo omite sistemáticamente la también inferior tasa media de jueces por habitantes que sufre España en relación con el resto de los países europeos, la carencia crónica de medios materiales que ha sufrido siempre nuestra administración, las disparatadas reformas tecnológicas emprendidas sin más explicación que la conveniencia económica de algunos… En fin, les ahorro contarles cosas que de sobra saben ustedes: nuestros gobernantes, sistemáticamente, nos toman por algo mucho peor que tontos y repiten el ritornello de la litigiosidad de los españoles con una desvergüenza que debiera irritar hasta el estallido a los ofendidos, que no son sino el 99% de los españoles y españolas.

Los abogados son uno de los agentes causantes de la alta litigosidad

Si repugnante es la primera afirmación que hemos tratado, esta segunda debiera conducir a la abogacía y a la población española a condenar públicamente y sin paliativos a quien así piensa o se expresa.

La afirmación de que la cuota litis es una práctica que fomenta la litigiosidad ha sido tan repetida desde la periferia política española que ha sido recogida incluso por medios de comunicación extranjeros. Llama la atención que los que se quejen sean periódicos de países donde la cuota litis habitual es del 33% o de jurisdicciones donde existe un mercado secundario de las costas con aseguramiento de las mismas (“no win no fee“) o incluso préstamos y fondos de inversión dedicados a financiar pleitos fundados sobre desiguales pactos de cuota litis. Las interesadas afirmaciones de tales medios son tan ridículas como si un periódico estadounidense afirmase que en España la población tiene un fácil acceso a las armas.

La cifra de abogados de un país no depende más que del número de procedimientos (de injusticias) que en dicho país precisen de remedio. Ningún abogado acude a un juzgado a demandar un imposible y las cifras así lo confirman: el número de demandas estimadas total o parcialmente es abrumadoramente mayor que el número de demandas desestimadas. En España, podemos decirlo con toda seguridad, quien reclama suele tener razón en todo o en parte y eso debiera hacernos reflexionar.

Afirmar que la abogacía es un agente catalizador de la litigosidad no sólo es una falsedad, creo que me atrevería a llamarlo insulto si no fuese porque es algo peor: acusar a la abogacía de fomentar la litigiosidad no es más que una premisa para tratar de acabar con ella, o al menos, con una parte de ella (la abogacía independiente) el sector menos cómodo para las élites políticas y económicas. Recuerden que, en un estado sin derechos, no hacen falta abogados, pero que, en un estado sin abogados, lo que primero perecen son los derechos. Si ven ustedes a alguien que afirma que sobran abogados, antes que ninguna otra cosa examine usted si lo que quiere quien tales cosas afirma es recortar los derechos de la ciudadanía.

Que lo que hay que hacer es desjudicializar

El tercer engaño habitual de los habituales de esta deep fake es que eso de la administración de justicia es una cosa antigua y que lo que hay que hacer es acudir a otros medios como la mediación o la concordia privada.

Tal afirmación es una ofensa tanto para la justicia como para los profesionales de la mediación.

La justicia es la forma más compleja y perfecta ideada por la humanidad para resolver sus conflictos (grábense eso a fuego) y puedo decirles con plena seguridad que, en general, quien desea apartar a la justicia de un determinado sector es porque piensa aprovecharse de eso para cometer en él tantas cuantas injusticias pueda.

Por ejemplo: si usted no paga la hipoteca porque no tiene dinero, observe que ninguno de los que piden desjudializar se ha acordado de usted: usted irá al juzgado a que le quiten su casa, a que le arrojen de ella y a que además no le cancelen la deuda sino que quede usted endeudado de por vida.

Claro que, si es el banco el que ha abusado de usted, le ha cobrado lo que no debe o incluso ha manipulado el euribor, entonces… entonces el coro de voces que piden desjudicializar se oye tan claro como el canto de las cigarras en agosto.

Cuando un altísimo porcentaje de las demandas de los ciudadanos se estiman íntegramente y con costas (es decir, que tenían toda la razón del mundo) ¿qué sentido tiene predicar la desjudicialización sino favorecer a los incumplidores profesionales?

Esta afirmación periférica de la deep fake que analizamos es no solo un insulto para la justicia sino también para las técnicas alternativas de resolución de conflictos que no merecen ser tratadas como meras coartadas para los inicuos planes de unos cuantos. Estas técnicas, seriamente desplegadas, pueden ser una eficaz ayuda para la administración de justicia pero, créanme, si no ha dinero para la justicia ¿creen ustedes que lo habrá para esto?

Epílogo

Desde 1998 una concepción elitista y antidemocrática de lo que debe de ser la administración de justicia pugna por abrirse paso y acabar con una forma de administrar justicia que se ha revelado particularmente molesta para los poderes económicos y políticos. Esa visión ha sido compartida, no siempre de mala fe, por multitud de operadores jurídicos pero, la sensata, firme y callada resistencia de los más así como sus pobrísimos resultados allá donde se ha pretendido implantar, ha impedido, hasta este momento, que su despliegue se llevase a cabo.

Esta crisis del coronavirus, por lo que se ve, parece haber sido detectada como terreno abonado por los defensores de esas tesis de que les he hablado y su voluntad de aprovechar la ocasión podemos percibirla directamente en las propuestas del CGPJ (concentración, especialización y otros mantras bajo los que en realidad se ocultan los planes para dejar la independencia judicial convertida en un trampantojo) y podemos leerla entre lineas también en los mensajes del ministro (no es cuestión de dinero sino de la forma de organizarse, hay que aprovechar la crisis para reformar la justicia…).

Los mensajes de este sector es verdad que hace mucho que son mirados con recelo por la comunidad jurídica nacional, así que no les extrañe ver a algún medio extranjero hacerse eco de esta odiosa antífona; así pues, estén atentos y que no les sorprenda.

Y sí recuérdenlo, un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por las élites económicas y políticas de este país y, como creo que todos sabemos desde hace tiempo, eso no solo es malo para la ciudadanía sino para quienes defienden los derechos de ella: la abogacía independiente.

Y no hay remedio

Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!

Debates de partidarios, diálogos de sordos

Debates de partidarios, diálogos de sordos

Cuando las opiniones que escucho de una persona o grupo de personas coinciden regularmente con las de un partido o facción inmediatamente me pongo en guardia. No hay nada más insensato ni más humano, al mismo tiempo, que estar al lado de los tuyos con razón o sin ella y esa actitud es, a mi juicio, profundamente destructiva.

Normalmente, todos los individuos pertenecen a grupos de diferentes características: la familia, la escuela, la iglesia, la cuadrilla de amigos, un equipo deportivo, un partido político, una etnia, un pueblo o una nación. Cada uno de estos grupos modela los valores, la cultura y la forma de relacionarse de sus integrantes. Al tiempo que pertenecemos (o sentimos pertenecer) a un grupo, modelamos los rasgos que nos diferencian de los demás grupos, ya sean estos rasgos un argot o jerga, una forma de vestir, unas aficiones musicales unas creencias o unos símbolos.

Hay grupos que elegimos (el equipo de fútbol, el partido político…) y hay grupos que no elegimos (la familia) pero, en todos los casos, la inclusión en un grupo es determinante para entender el comportamiento de los seres humanos pues nada es tan valioso para las personas como esa sensación de sentirse parte un grupo. Desde la adolescencia, con sus grupos y pandillas, a la vida adulta, la sensación de pertenencia marca muchos de los comportamientos de los seres humanos.

Y no solo hay grupos de pertenencia que nos ayudan a definir lo que somos («soy del PSOE» o «soy de izquierdas», por ejemplo) sino que también hay grupos de referencia que ayudan a definir lo que no somos («yo no soy de Vox» o «soy antifascista», por poner otro ejemplo).

Los seres humanos buscan la aceptación del grupo y temen caminar solos y, por eso, con mucha frecuencia, a la hora de tomar decisiones miran antes a sus grupos de pertenencia y referencia que a los hechos, a los datos y a lo que les dicta su razón.

Tener criterio propio es el primer paso para una existencia poco cómoda. Quienes te escuchen o te lean, si decides caminar solo, buscarán inmediatamente tu grupo de pertenencia o referencia y creerán hallarlos cuando critiques las acciones de unos o ponderes las de otros. Hay personas que han renunciado de tal modo a creer que alguien pueda tener un criterio propio que necesitan imperiosamente adscribir a todo hablante a un grupo o grupos y da igual lo que se les razone: el hablante será o no será lo que ellos piensen, no lo que él diga.

Es inútil pelear contra eso, hay que acostumbrarse a vivir con ello si alguien quiere darse el lujo de tener criterio propio.

Lo más curioso es que son estas mismas personas quienes, para hacer protestas de objetividad, suelen iniciar sus intervenciones negando la pertenencia a todo grupo. Siempre que oigo a alguien iniciar una intervención con las palabras «Yo no soy racista…» inmediatamente tengo por cierto que, seguidamente, voy a escuchar algún disparate xenófobo; del mismo modo que el criptoderechista o criptoizquierdista suele quitarse la careta iniciando sus intervenciones con un revelador «Yo no soy de izquierdas ni de derechas pero…».

¿Y por qué les cuento yo esto?

Verán, llevo unos días triste por el espectáculo que está dando no sólo nuestro ministro de justicia sino también el conjunto de nuestros representantes políticos e instituciones.

Cuando la administración de justicia se enfrenta a una crisis nunca vista en la historia de España, el ministro de justicia ha dictado un decreto inane que no pone medio alguno para enfrentarla y, sin embargo, a pesar de ello, tal circunstancia en modo alguno se ha tratado en el debate parlamentario celebrado para su aprobación.

Los apoyos políticos, en España, casi nunca tienen nada que ver con el problema que se discute sino con esa pertenencia de que les hablaba a un grupo u otro y la referencia a esos de quienes nos diferenciamos y con quienes no queremos coincidencia alguna. El partido del gobierno apoya el decreto por ser del gobierno, otros lo rechazan por idéntica razón, algunos grupos lo apoyan a la espera de concesiones en otras materias y ninguno, finalmente, parece dispuesto a hacer nada en relación con el fondo de la cuestión.

Y así pasó el decreto el trámite, en medio del juego político habitual de los tuyos y los míos.

Decididamente, con este decreto, los españoles y españolas afectados por la crisis nos iremos al carajo y, lo curioso, es que nadie en el CGPJ o en el Congreso de los Diputados se sonrojará; al fin y al cabo nadie en España espera nada de la justicia.

Ni de los políticos.

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

En marzo de 2020 la sanidad española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: una epidemia amenazaba con provocar más enfermos graves de los que sus unidades de cuidados intensivos podían tratar.

La amenaza se vivió como un drama, si tal hecho se producía muchas personas podrían perder su vida de forma que, para que eso no sucediera, se tomaron medidas radicales.

La primera de ellas fue pedir a la gente que se quedase en casa, si no se producían más contagios quizá pudiese tratarse a los ya contagiados y, según se fuesen curando, se irían quedando camas libres.

La segunda fue destinar al tratamiento de esta enfermedad a todo el personal sanitario, incluso a los no especialistas. Los anestesistas ayudaron a los anestesistas de pulmón y los médicos generalistas a los especialistas… Todas las manos se pusieron a la tarea.

En tercer lugar se improvisaron nuevas UCI’s que supliesen la falta de camas de las de los hospitales: se construyeron de la noche s la mañana UCI’s en ferias de muestras y morgues en palacios de justicia, si no había sitio en las UCI’s de un lugar se derivaban los pacientes a las UCI’s de otras ciudades pero se asumía que nadie quedaría abandonado a su suerte…

La población se confinó, los profesionales de la sanidad lo dieron todo, el estado construyó UCI’s y buscó respiradores y menos de 60 días después comenzó a verse la luz al final del túnel. La sanidad había dado una lección enorne de cómo se afronta una crisis. Pero…

Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria se supo que, unas semanas después, llegaría una emergencia jurídica y a la administración de justicia le pasaría exactamente igual que a la sanitaria.

Ya en abril de 2020 la justicia española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: las consecuencias económicas de la epidemia amenazaban con provocar más asuntos graves de los que sus juzgados podían cuidar.

La amenaza, en cambio, NO se vivió como un drama aunque todos sabían que, si tal hecho se producía, muchas personas podrían perder sus medios de vida y es triste que, para que eso no sucediera, no se tomasen medidas radicales.

En lugar de destinar a la lucha contra esta crisis a todo el personal disponible, incluso a los no especialistas, el CGPJ insistió estúpidamente en los principios de especialización y concentración condenando a la saturación a los juzgados. Los enfrentamientos y debates entre funcionarios, jueces, LAJ’s y profesionales se vieron acrecentados por las medidas sin sentido del gobierno y, en lugar de contar con el esfuerzo de todos, ya para mayo era evidente que todos estaban enfrentados al inexistente plan del gobierno.

Porque el gobierno, a pesar de r consciente de que sus UCI’s (juzgados) no podrían absorber todos los casos que se les venían encima, no solo no construyó nuevas UCI’s de emergencia sino que, a esta falta de IFEMA’s sanitarias, se unió la ridícula oposición a derivar enfermos de unos hospitales llenos a otros menos saturados, de forma que, los juzgados de lo social y lo mercantil, se vieron obligados a hacer frente ellos solos y sin ayuda ni medios a la crisis. El colapso quedó desde ese momento garantizado.

Y ahora, usted que lee esto, dígame: ¿por qué los profesionales de la sanidad se muestran capaces de enfrentar una crisis de forma organizada y los de la justicia solo sirven para pelear entre ellos y adoptar tan solo ridículas medidas que no contribuyen a nada salvo a enfrentar unos colectivos con otros?

La justicia española está escribiendo en estos momentos uno de los capítulos más negros de su historia, fallándole a la población cuando más falta le hacía a esta y convirtiéndose, así, en una de las principales responsables del drama económico que muchas familias españolas van a vivir.

Esto, ya lo dije hace semanas, es ya un desastre y pronto lo será pavoroso; y lo peor es que, mientras el barco se hunde, los oficiales bailan en cubierta en traje de gala, discuten sobre los próximos ascensos o redactan nuevas leyes como si, para cuando estas se aprueben, todo fuese a seguir igual.

Insensatos.

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Creo haber dicho ya que, gracias a la administración de justicia, la economía —y quizá también la sociedad española— se irán al carajo.

El ministro de justicia, con su inane decreto, no sólo no ha puesto ningún remedio para frenar la marea de casos que amenazan con asolar nuestros juzgados, sino que, increíblemente, ha abierto la caja de los truenos a costa de declarar hábiles un cierto número de días de agosto.

Tal disposición, que probablemente sea inconstitucional, ha tenido el valor añadido de crispar y enfrentar a una ya bastante maltratada abogacía.

A pocos días de la aprobación del decreto el balance es impresionante: seguimos sin contar con medios con que afrontar el inevitable aumento de casos en lo social y en lo mercantil; seguimos sin tener ningún plan de contingencia para evitar el colapso económico de empresas y familias y por no planificar, ni siquiera se ha esbozado un plan para poder disponer de una IFEMA jurídica que auxilie, siquiera sea de modo temporal, a una administración de justicia colapsada.

Como le escribió al gobierno el Almirante Cervera al zarpar de Cartagena hacia Cuba en 1898:

«…no hay plan ni concierto, (…) esto es un desastre ya, y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco…»

Y lo fue.

Y sí, al igual que entonces, la situación de nuestra justicia es un desastre ya y es seguro que lo será pavoroso dentro de poco. Incluso lo poco que esta administración tenía (buenos hombres y mujeres capaces de dar lo mejor de sí mismos si se les daba una buena causa) ha sido horriblemente dilapidado por el ministro sembrando discordias.

A día de hoy no sólo no contamos con ningún medio más de los que contábamos antes de la pandemia sino que, además, la falta de un plan mínimamente creíble y el dictado de medidas tan solo destinadas al consumo de la galería, ha provocado un tan innecesario como encendido e inútil debate entre operadores jurídicos a cuenta de la habilidad o inhabilidad de diez días de agosto.

Resulta imposible hacerlo peor.

Debo confesar que hubo un momento que esperé que el ministro acertase, un momento en que confié en que pediría y obtendría fondos adecuados a la magnitud del reto; que tomaría medidas de calado para habilitar un 200% más de capacidad de proceso de nuestra administración en lo mercantil y en lo social… pero no; lamentablemente no ha tomado ni una medida seria y las que ha tomado, sin un plan general que les dé sentido, no sólo no sirven para nada positivo sino que sólo coadyuvan a crispar los ánimos de quienes trabajan para esta administración sin rumbo.

Sí, esto es un desastre ya y es de temer que dentro de poco lo sea pavoroso; pero no se preocupen. Aunque las trabajadoras y trabajadores españoles no puedan encontrar en los juzgados de lo social respuesta a sus demandas, aunque los juzgados de lo mercantil se conviertan en funerarias para enterrar empresas, aunque la economía española se vaya al maldito infierno por culpa de la administración de justicia, no se preocupen.

No se preocupen porque nadie ha confiado nunca en que la administración de justicia fuese a salvarles; porque la población española ha vivido ya muchos siglos con la certeza de que la administración de justicia nunca les sacará de ningún apuro; porque todos saben que la administración de justicia siempre ha estado colapsada, siempre ha estado infradotada, y ahora no va a ser distinto.

No se preocupen, nadie señalará a la administración de justicia como culpable de la pavorosa crisis económica que muchos españoles y españolas van a tener que soportar a cuerpo limpio, y no lo van a hacer porque, es muy triste decirlo, jamás esperaron nada de nosotros.

Sigamos, pues, discutiendo tranquilamente quien es el competente para montar los cañones, cuando acabemos la discusión quizá ya se haya rendido Manila.

El hundimiento

El hundimiento

Mueve divisiones imaginarias, escucha a portavoces que no transmiten más que su propia voz, se entrevista con representantes que no se representan ni a ellos y, cuando les hace caso y nombra a un coordinador de comisión, se encuentra que, eso que ha hecho creyendo que le congraciaría con algunos, lo que hace es enemistarle con todos.

En el búnker de San Bernardo el ministro tiene intervenidas las lineas de comunicación con el mundo real, con la procura real y con la abogacía real.

El ministro es de esas personas que confunden el continente con el contenido, las etiquetas con los productos y las formas con los fondos; es de esos jueces que, habiendo pasado demasiado tiempo en dique seco y maleado por el teatrillo de los políticos, ha acabado confundiendo la verdad formal con la verdad material.

En esta crisis no tienen cabida personas así; o quizá sí, lo tengan, a fin de cuentas en toda crisis ha de haber un responsable del desastre, alguien que, cometiendo errores ajenos, cargue sobre sí las culpas de toda esa ineptitud.

Probablemente el ministro quiere, puede y sabe, hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo.

Pero en el búnker de la calle de San Bernardo al ministro le han cortado las líneas de comunicación con la realidad y, asumiendo errores de otros, nos está conduciendo firme y decididamente hacia el desastre.

Esperemos que saque la cabeza del búnker antes de que se produzca el hundimiento y sea capaz de escuchar las voces de todos y no sólo la impostura irresponsable de unos cuantos portavoces que no portan voz alguna.