Nada cambia en la justicia española

Nada cambia en la justicia española

Hace tiempo que en España hemos empezado a sentir que, al menos en justicia, da igual qué partido esté en el gobierno. En el asunto de las hipotecas, por ejemplo, si el gobierno de un partido estableció los tribunales especiales hipotecarios para alejar la justicia de los afectados y que disminuyese el número de jueces con tentaciones de presentar demandas prejudiciales, cuando el gobierno cambió de color, los otros, mantuvieron ese cambio como si no pasase nada.

En España, en justicia, rige una extraña política de casino donde, gobierne quien gobierne, siempre gana la banca. Las hipotecas fueron en su día una bandera que ahora ningún gobernante parece querer tremolar; una bandera que la doctrina, siempre amable con la banca de nuestro Tribunal Supremo trata de arriar.

Y si en el ámbito de las hipotecas sucede esto, en el de la administración de justicia ocurre otro tanto: tanto la izquierda como la derecha aspiran a implantar oficinas judiciales con amplias competencias procesales que sean dóciles a las instrucciones de sus jefes del Ministerio de Justicia porque, de este modo, desde el gobierno se aumenta el control de la administración de justicia hasta en sus más mínimos detalles. Los partidos le llaman amor (eficiencia), pero no se equivoquen, en realidad solo se trata de sexo (control); los sucesivos gobiernos, de uno y otro color, han insistido siempre en los mismos instrumentos de control de un poder que debería ser independiente: tribunales de instancia y oficina judicial, un cocktail ponzoñoso que unos y otros han tratado, sin distinción ideológica, de administrar a nuestra justicia, desde Gallardón a Pilar Llop.

Y si en lo anterior gobierne quien gobierne siempre quieren lo mismo, ya no les digo nada con el turno de oficio: da igual el partido que gobierne todos pagan tarde, mal y poco

Que ganen unos o que ganen otros, al menos en justicia, no significa nada pues siempre ganan los mismos.

Sin embargo leo hoy con esperanza que en Colombia, un país flagelado por todo tipo de calamidades, ha habido un cambio de tendencia en las elecciones presidenciales que, por primera vez en la historia, ha sacado del poder a una clase política que hasta ahora siempre lo había ocupado y ha llevado hasta él a otra que sugiere la llegada de un tiempo nuevo, inaugural, de paz posible y reformas necesarias.

Me da igual el color del cambio, solo deseo que le vaya bien a Colombia y encuentren los consensos necesarios porque, a estas alturas de la historia, les era imposible seguir igual.

Tocaba cambio. Quizá en España, al menos en justicia, también haga falta pero…

¿Qué ocurre cuando ningún partido quiere un cambio de verdad en justicia?

Informática judicial española: caótica por diseño

Hace una semana les dije que una de las causas del caos informático de la administración de justicia española era la peculiar interpretación que, en los primeros años 90, el Tribunal Constitucional había hecho de la distribución de competencias que, en materia de justicia, establecía nuestra Constitución.

A fin de que sea comprensible para quienes no conocen el funcionamiento de la administración de justicia española voy a tratar de justificar mi afirmación de la manera más sencilla posible lo cual, necesariamente, hará que no sea rigurosa hasta el extremo, pero creo que será suficientemente ilustrativa.

Veamos…

Si a cualquiera de los españoles o españolas se les pregunta dónde está la justicia lo más probable es que señalen el edificio de los juzgados de su partido judicial. Y en parte es verdad, pero no del todo.

La justicia es uno de los tres poderes del estado, es el llamado poder judicial, pero nada o casi nada de lo que vulgarmente consideramos «justicia» es poder judicial sino que pertenece al gobierno.

Por ejemplo, el edificio de los juzgados no pertenece al poder judicial, sino al gobierno, del mismo modo que los funcionarios que trabajan dentro del juzgado no son funcionarios del poder judicial, sino del gobierno. Los jefes de estos funcionarios no son tampoco funcionarios del poder judicial sino que dependen del gobierno (sí, los letrados de la administración de justicia no son poder judicial sino poder ejecutivo) y del gobierno son también los muebles, ordenadores, sistemas informáticos y hasta el bolígrafo bic y los folios que el juez usa para tomar notas en sala. La silla donde se sienta y la pantalla que mira el juez son, por supuesto, también propiedad del poder ejecutivo.

Y si esto es así ¿Dónde está en España el Poder Judicial?

Pues… Única y exclusivamente dentro del cerebro del juez.

Este juez que no es jefe de los funcionarios que le asisten y no puede hacer nada por sí mismo salvo que lo pida al poder ejecutivo —al gobierno— es el último reducto del poder judicial, un reducto que desde hace unos 40 años viene siendo asediado por gobiernos que, sistemáticamente, le retiran competencias procesales para asignarlas a funcionarios del gobierno. Los gobiernos justifican este asedio con razones de «eficiencia» y de «mejor asignación de recursos» pero no se engañen, tras esa coartada, se oculta la voluntad perpetua y constante de los gobiernos de controlar al poder judicial.

Y ahora que ya saben cómo funciona la administración de justicia veamos como este funcionamiento ha dado lugar al caos informático que padece la justicia española.

Durante los años 80 nuestro país estaba adaptándose al novedoso estado de las autonomías que había diseñado la Constitución de 1978, la cual declaraba inequívocamente en su artículo 149.5⁰ que el estado tenía competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

Teóricamente la Administración de Justicia era competencia exclusiva del estado y no podía ser transferida a las comunidades autónomas.

Entonces ¿qué pasó?

Pues pasó que las comunidades autónomas se aprovecharon de esa avidez tradicional de los gobiernos por controlar la administración de justicia. Como les dije antes ni los juzgados, ni los funcionarios, ni los Letrados de la Administración de Justicia, ni el mobiliario ni los sistemas informáticos eran propiedad del Poder Judicial sino del gobierno y las comunidades autónomas razonaron con ingenio que, si todo eso no era poder judicial sino poder ejecutivo, sus competencias debían ser transferidas a las comunidades autónomas.

El debate llegó hasta el Tribunal Constitucional.

El gobierno central sostenía que la administración de justicia existente era verdaderamente la administración de justicia de que hablaba la Constitución; las comunidades autónomas sostenían justo lo contrario, que aquello no era administración de justicia sino unos medios que el gobierno disponía para «auxiliar» a la administración de justicia.

Finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que aquello era una administración de la administración de justicia y la competencia en materia de medios informáticos quedó en manos de las comunidades autónomas que tenían transferidas esta competencia.

Con las competencias transferidas las comunidades autónomas muy bien podían haber financiado un sistema informático común a todas de forma que todas contasen con el mismo sistema con un coste de tan solo una séptima parte.

Sin embargo nuestros políticos prefirieron otra solución: cada comunidad elaboró un sistema informático propio de forma que, el conjunto de España, gastó siete veces más dinero para conseguir no ya un sistema único sino siete sistemas distintos que, además, no se interconectaban bien.

Repitámoslo: hemos gastado más de siete veces el dinero necesario para conseguir no un sistema siete veces mejor, sino siete veces peor.

Nuestos políticos, en muchas encuestas, figuran como el primer problema al que hemos de hacer frente los españoles y, sin duda, si nos fijamos en barbaridades como estas, las encuestas tienen razón. Pero aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza por este desastre que ha estado en la raíz de algunos crímenes terribles debido a su ineficiencia.

Por eso les dije en el podcast anterior que los más de 400 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para reformas informáticas en nuestra administración de justicia serán tirados a la basura en gran parte, porque el diseño de nuestros sistemas informáticos presenta problemas insolubles de raíz, problemas que, al ser de naturaleza política, nadie quiere arreglar y es por eso que ya, de principio, los 400 millones se han repartido entre todas las administraciones causantes del desastre y, como el político español es el único animal que tropieza siete veces en la misma piedra, en lugar de arreglar un diseño defectuoso trataremos de hacerlo funcionar a base de parches y apaños que se venderán a la opinión pública con alharaca y estrépito de prodigios informáticos, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial y de todas esas pamplinas y humo con que nuestros políticos tratan de engañarnos y engañarse.

Nuestros sistemas informáticos judiciales son catastróficos por diseño pero eso no importa cuando de gastar se trata, aun cuando hayamos de gastar siete veces más para obtener una solución siete veces peor.

La semana que viene les espero. Ojalá esta les vaya bien.

Justicia y vergüenza

Cuentan las viejas historias que los dioses dotaron a cada animal de una facultad con la que perpetuar su especie; a unos los hizo fuertes, a los menos fuertes los hizo más rápidos, a otros les protegieron con espinas y corazas y a otros les dieron alas. Unos comerían vegetales y otros frutas y aún otros comerían a otros animales, pero estos se reproducirían menos que los comidos de forma que todo el reino animal permaneciera en equilibrio.

Pero, cuando lo repartieron todo, se dieron cuenta que al hombre, un animal débil y sin garras, no le habían dado nada.

Viendo al hombre tan débil Prometeo robó el fuego del cielo y se lo entregó al hombre pero, aún así, la especie humana seguía siendo débil de forma que Zeus pensó que lo mejor que podía hacer era hacerles vivir en sociedad, pero, careciendo de las habilidades necesarias para vivir en sociedad, en cuanto vivían juntos se injuriaban y la vida en común era imposible.

Fue entonces cuando el dios Hermes les dió las dos herramientas sobre las que podrían fundar la vida en sociedad: la justicia y la vergüenza.

Cuando leo el pasaje del diálogo platónico «Protágoras» donde se contiene esta historia tengo la tendencia de echarme a temblar y temo por este mi país; un país donde hemos hecho de la justicia un trampantojo y donde la vergüenza, al menos en nuestra clase política, parece escasear tanto como la paz en Ucrania estos días.

Justicia y vergüenza. Tengo para mí que los dioses griegos sabían muy bien lo que necesitaban los hombres para vivir en sociedad.

Les dejo con el fragmento de «Protágoras» donde se cuenta esto:

«Buscaron [los hombres] la forma de reunirse y salvarse construyendo ciudades, pero, una vez reunidos, se ultrajaban entre sí por no poseer el arte de la política, de modo que, al dispersarse de nuevo, perecían. Entonces Zeus, temiendo que nuestra especie quedase exterminada por completo, envió a Hermes para que llevase a los hombres la vergüenza y la justicia, a fin de que rigiesen las ciudades la armonía y los lazos comunes de amistad. Preguntó, entonces, Hermes a Zeus la forma de repartir la justicia y la vergüenza entre los hombres:

—¿Las distribuyo como fueron distribuidas las demás artes? Pues éstas fueron distribuidas así: Con un solo hombre que posea el arte de la medicina, basta para tratar a muchos, legos en la materia; y lo mismo ocurre con los demás profesionales. ¿Reparto así la justicia y el pudor entre los hombres, o bien las distribuyo entre todos?

—Entre todos, respondió Zeus; y que todos participen de ellas; porque si participan de ellas sólo unos pocos, como ocurre con las demás artes, jamás habrá ciudades. Además, establecerás en mi nombre esta ley: Que todo aquél que sea incapaz de participar de la vergüenza y de la justicia sea eliminado, como una peste, de la ciudad.»

Amén.

Funcionarios de justicia y tópicos

Solemos elaborar nuestros juicios sobre tópicos que asumimos acríticamente como ciertos; son esos estereotipos que se van forjando poco a poco en la opinión pública hasta pasar a ser dogmas de fe incontestables y, sin embargo, cuando uno mira los datos…

Déjenme que les cuente.

Esta mañana la he dedicado a bucear entre las estadísticas que ofrece el Consejo General del Poder Judicial para comprobar si existía algún dato mínimamente fiable que sustentase las afirmaciones del ministro de justicia respecto a que la Nueva Oficina Judicial (noten la cursiva en «nueva») iba a suponer un gran avance para la justicia española. Dado que la Nueva Oficina Judicial lleva muchos años en funcionamiento en partidos judiciales como Burgos o Murcia se me ocurrió que sería bueno comprobar con datos si esas Nuevas Oficinas Judiciales habían supuesto algún tipo de mejora para el funcionamiento de dichos partidos judiciales y, tras un análisis de tablas y datos, el resultado no ha podido ser más demoledor: NO, absolutamente NO, lo que dice el ministro de justicia de la Nueva Oficina Judicial no es más que un ridículo camelo, una mentira consciente, para forzar un modelo de justicia conveniente a los partidos que se han instalado en el gobierno de nuestro país.

Sin embargo, mientras comprobaba los datos de los diversos partidos judiciales, se me ha ocurrido que, seguramente, sería bueno referir los datos de cada juzgado al número de asuntos resueltos, pendientes, etc. que se llevaban en cada Partido Judicial pues la cifra resultante, sin ser exacta respecto del funcionamiento de cada juzgado en concreto, sí que nos daría una idea muy aproximada del rendimiento medio de los funcionarios de cada partido judicial y compararlo, por ejemplo, con los funcionarios que atienden las NOJ ya existentes. Un buen sistema organizativo, he pensado, debe hacer rendir más a los funcionarios y, con menos de ellos, se podrá hacer más; así que me he aplicado a la tarea y toda una serie interminable de tópicos y estereotipos han empezado a venirse abajo hasta no quedar títere con cabeza.

Lo primero que he hecho es averiguar el número de asuntos resueltos el año 2019 en cada partido judicial y relacionarlo con el número de funcionarios que trabajan en él, el resultado, como verán en la tabla de abajo ha sido sorprendente:

Los diez primeros partidos judiciales ordenados según la productividad de sus funcionarios son TODOS andaluces; es decir, el tópico del andaluz holgazán ya pueden ir ustedes guardándolo: en la administración de justicia española los funcionarios más productivos son los andaluces y no los de grandes juzgados o los que han recibido la inversión de la NOJ, no; en los juzgados donde más trabajo se saca adelante es en los juzgados pequeños: entre los 10 primeros partidos judiciales de la lista por productividad de sus funcionarios sólo dos superan los cien mil habitantes y sólo uno (Vélez Málaga) ha recibido el refuerzo de la NOJ.

Si el primer tópico que podía usted arrojar a la basura era el de «andaluces holgazanes», ahora puede ir usted arrojando a la basura igualmente dos más muy queridos al ministro: que «los partidos judiciales pequeños no son eficaces» o que «los funcionarios rinden más con la NOJ».

Naturalmente varios abogados, al ver lugares como Montoro o San Fernando en los primeros lugares de la lista por productividad de sus funcionarios, me han llamado para decirme: no puede ser, los juzgados de Montoro o San Fernando están absolutamente colapsados.

Naturalmente he decidido comprobarlo y he vuelto a referir el número de asuntos en trámite a las plantillas de funcionarios existentes en cada partido judicial para ver la tasa de atasco analizada desde el punto de vista del número de funcionarios. La tabla ha quedado como sigue:

Como ven todavía bastantes juzgados andaluces arriba pero, sobre todo, lo sorprendente es que partidos judiciales cuyos funcionarios sabemos que son de una productividad extraordinaria (Montoro, San Fernando…) tienen, al mismo tiempo las mayores tasas de asuntos pendientes. Ante este fenómeno sólo hay una explicación posible: en Montoro o San Fernando los funcionarios trabajan como máquinas aunque, desafortunadamente, la carga de trabajo está muy por encima de sus posibilidades; es decir: faltan medios.

La percepción general, pues, de que los juzgados funcionan mal es correcta; lo que no es correcto es que sea a causa de la incuria de sus funcionarios. Como en todas partes hay funcionarios buenos y malos pero, el problema de la justicia española no está en que tengamos malos funcionarios, el problema es que tenemos malos dirigentes que son incapaces de mirar datos y prefieren conocer España por puros tópicos. Caso paradigmático es el actual ministro.

Como pueden ver en la primera de las tablas (la que relaciona el número de casos resueltos con el número de funcionarios) sólo aparece una NOJ (Vélez Málaga) y no en los primeros puestos; si miramos los últimos lugares veremos que es allí donde se acumulan las NOJ (ese sitema organizativo tan cojonudo que logra que los juzgados funcionen peor a costa de un cuantiosa inversión de dinero). La cosa, como ven, manda huebos (sí, con «b»).

Como no quiero herir orgullos identitarios no les pondré los últimos lugares de la tabla de productividad no sea que comunidades tradicionalmente catalogadas como eficientes se me enfaden y, por eso, pondré el ejemplo de mi propia Comunidad Autónoma: la Región de Murcia.

Aquí está la tabla

Como ven, los funcionarios de los juzgados de Cartagena son los campeones de esta liga en dura pugna con los de Lorca, Molina y Totana. Murcia, ultradotada y con funcionarios magníficos queda en último lugar. Si no le gustan los datos les dejo la fuente de donde están tomados (el CGPJ) pueden comprobarlos.

Miren, yo no creo que por trabajar en Murcia o Molina un funcionario trabaje más o menos, lo que sí le puedo decir es que allá donde esta la NOJ no se observa (siendo piadoso) ningún resultado que haga pensar que sea una solución a los problemas de nuestra justicia y sí una forma de coartar la independencia de los jueces.

Pero, ya que estoy con la Región de Murcia, no deseo quedarme a medias: vamos a revisar la tasa de atasco por funcionario que esta presenta. Veámos la tabla.

Como ven, partidos judiciales con funcionarios acreditadamente productivos (Molina y Totana) ven que su trabajo no sirve de nada y el atasco aumenta porque los recursos que debieran destinarse a ellos se destinan a una NOJ que, probadamente, no funciona y dilapida la capacidad e trabajo de los funcionarios de nuestra región. Si es usted funcionario en Molina de Segura o Totana se tiene usted ganado el cielo. Y luego hay idiotas unimunicipales que estiman que los partidos de Molina o Totana son inútiles. Necios.

En fin, entiéndaseme, no digo que los juzgados españoles funcionen bien (funcionan pésimamente) pero si hemos de buscar culpables con todas seguridad no deberíamos señalar ni a los funcionarios, ni a los partidos judiciales pequeños, ni a los juzgados unipersonales; más que probablemente deberíamos señalar a la estulticia de todos esos ministros que, desde 1997, están intentado sustituir un sistema que necesita medios por otro peor (la NOJ) tan sólo para poder controlar mejor la justicia.

Y en esta legislatura el ministro sigue en ello.

Necios.

Justicia contra la crisis

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene cuídelo, creo que le va a hacer falta.

No sé cómo están sus cuentas, lector, lo que sí le aseguro es que a su alrededor son muchos los que ya no tienen dinero en las suyas, viven al día y esperan afanosamente cada primero de mes que les ingresen el sueldo, el paro o el dinero del ERTE, para ver cómo desaparece instantáneamente debido a las domiciliaciones, a la hipoteca o al descubierto de la tarjeta.

En España, eso sí, son pocos ya los que se sienten solos: una legión de pobres desgraciados por un sueldo mísero trabajan de teleoperadores y se dedican a llamar insistentemente a otra legión de pobres desgraciados que se han retrasado en el pago de la hipoteca…

—Buenas tardes, llamo de Banco Sabadell, pregunto por Don… (…)

Y así, estos desgraciados, le recuerdan en nombre del mismo banco al que usted ha rescatado con su dinero (y que aún le debe la cláusula suelo, los saldos en posiciones deudoras, la comisión de apertura y los gastos de tu hipoteca) que es usted pobre, que debe dinero y que, si esto sigue así, no podrá mantener a sus hijos en 2021 y que, si no paga, no sólo perderá su casa sino su dignidad y su futuro. Y para que no lo olvide le llamarán mañana, tarde y noche, a la hora que más puedan molestarle y si bloquea su teléfono lo harán desde otros 100 números más que tienen sólo para que recordarle que debe usted dinero, que es usted pobre, que es usted un mierda con un futuro de mierda.

Y mientras los bancos alivian su soledad dándole esta amable conversación le clavan al mismo tiempo 40 ó 50 euros en comisiones deudoras cada vez que se retrasa usted unos días en el pago. Hay quien vende sucedáneos de sexo y amor por dinero; los bancos, en cambio, le sodomizan y le cobran a 50€ el servicio. Santas corporaciones, no sé cómo nos atrevemos a retrasarnos en el pago.

Y esto, amigo lector, no ha hecho más que empezar.

Porque los créditos antes o después vencerán (aunque se alarguen artificialmente) los ERTES acabarán siendo despidos y los impagos concursos. Las empresas serán debidamente momificadas y cremadas en los tanatorios de lo mercantil y los empresarios individuales y los autónomos, verán cómo los bancos y la administración pública se repartirán sus despojos dejándolos sin dinero, sin dignidad y sin futuro; porque en España, la Administración no olvida el siniestro contenido del artículo 1911 del Código Civil:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Con todos los bienes «presentes y futuros»; es decir, hasta que pagues o hasta que te mueras, porque has de saber que si un banco no te paga estarás jodido —liquidarán el banco y si no hay suficiente no te pagarán— pero si eres tú quien no le paga al banco entonces también serás tú el que esté jodido y, si le debes dinero a la Administración, entonces olvídate de exoneraciones, porque a las personas físicas, en España, sólo se las liquida con la muerte.

La ley de segunda oportunidad ha sido un fracaso, los juzgados de lo mercantil han sido un fracaso y en general el tratamiento de los deudores por el ordenamiento jurídico es un completo fracaso.

Los juzgados españoles de lo mercantil son tanatorios de empresas (menos de un 5% salen vivas del concurso) la ley de segunda oportunidad se ha revelado insuficiente (las deudas con la administración no son del todo exonerables) y, mientras se acerca una bancarrota masiva de personas físicas y jurídicas en España el gobierno y el ministro de justicia se dedican, miserablemente, a profundizar en sus intentos de controlar el poder judicial.

La suerte de los españoles les importa un carajo a lo que parece.

Pero llegará 2021 y habrá que enfrentarse a la verdad, y los obreros verán sus juicios por despido señalados con años de retraso, los autónomos se encontrarán condenados a trabajar en la economía sumergida, con facturas a nombre de terceras personas y sin posibilidad ni siquiera de tener una tarjeta con 300€ de crédito porque la Administración les embarga impmacablemente.

Muertos civiles. Ese es el final que espera a centenares de miles de personas en España mientras políticos y ministros ensucian las moquetas con babas trufadas de canapés.

Estamos al borde del abismo y ellos siguen jugando a sus juegos políticos de controlar el CGPJ, de entregar la instrucción a los fiscales para controlar las instrucciones de los delitos que cometen sus amigos, de prometer tribunales de mierdinstancia para que no haya jueces insolentes con el poder político o de gastar el dinero en implantar momios del siglo pasado como la ¿Nueva? (déjenme que me descojone) Oficina Judicial.

Todo menos trasponer y mejorar la directiva sobre insolvencia, adaptando y previendo las terribles situaciones que muchos españoles y españolas van a vivir; todo menos legislar lo preciso para que los mataderos de lo mercantil no sean la morgue del futuro de la economía española; todo menos preparar los juzgados de lo social para responder al aluvión de trabajo que se avecina y que ya, hoy, no pueden ni atender.

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene, cuídelo, porque es seguro que le va a hacer falta y, si no lo tiene, seguramente va siendo hora de que se prepare para hacer algo para salvarse porque, a quienes nos gobiernan, usted —que no tiene nada— les importa una mierda.

Hay mucho que se puede hacer para que los españoles enfrenten esta crisis con esperanza y justicia pero —es necesario que lo sepa— o se moviliza usted mismo y pelea por conseguirlo, o le aseguro que ellos jamás lo harán.

Necesitamos un país justo.

Cómo acabar de una vez por todas con la Independencia Judicial (I): la NOJ

Vamos a ver si logro explicárselo en corto y por derecho: la finalidad de la nueva oficina judicial (NOJ) no es dotar de eficacia a nuestros juzgados, su finalidad real y única es retirar competencias a los jueces en los aspectos procesales y ponerlas en manos del Ministerio de Justicia.

Más corto aún: la finalidad de la NOJ es quitar competencias al Poder Judicial y traspasarlas al Ejecutivo.

Toda la filosofía de la NOJ se contiene en el designio de retirar cuantas competencias procesales se les puedan quitar a los jueces y atribuirlas a los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) hasta convertir a estos en «jueces de lo procesal»1 pero, y ahí está la trampa, sin ceder un ápice en las facultades directivas y jerárquicas que el Ministro de Justicia tiene sobre estos LAJ2.

Quien crea que los LAJ son parte del Poder Judicial se equivoca y lo primero que debe de hacer es salir inmediatamente de su error: los LAJ son funcionarios dependientes del Ministro de Justicia y con una cadena de mando férreamente establecida3. Los LAJ, a diferencia de los jueces y magistrados, no son, en modo alguno, esas personas independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley que dice el artículo 117.1 de la Constitución. Tampoco gozan de esos privilegios de no poder ser separados, suspendidos, trasladados… con que el número 2 del artículo citado protege a los encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado.

La cadena de mando, desde el Ministro al último LAJ, está férreamente establecida en las leyes y es por eso por lo que estos están obligados a cumplir los protocolos, instrucciones u órdenes que se les impartan4. Dicho de otro modo, aquellos que van a encargarse de la mayoría de los aspectos procesales del proceso están sometidos al principio de jerarquía respecto de un poder distinto del Poder Judicial. En España la mayoría de las resoluciones procesales las toman unos funcionarios ajenos al Poder Judicial y jerárquicamente dependientes del Poder Ejecutivo.

Creo que, con entender esto, ya podrán saber ustedes cuáles son las intenciones de este ministro y de los anteriores y por qué han puesto tanto empeño en forzar la implantación de la nueva oficina judicial.

Y ahora esbocemos algún posible ejemplo de para qué le sirve o le podría servir al Poder Ejecutivo tener a sus órdenes a los funcionarios que ejercen el papel de «jueces de lo procesal».

Por ejemplo, a la hora de fijar la cuantía de un procedimiento de nulidad de cláusulas hipotecarias, mediante las convenientes reformas, los LAJ podrían recibir instrucciones para fijarla como de cuantía indeterminada (18.000€) o, alternativamente, podrían reducir la cuantía en exclusiva a las cantidades líquidas reclamadas por gastos… (apenas 1000 o 2000€) ¿te suena? ¿te lo imaginas o crees que lo has vivido ya?. Si el gobierno quisiera hacerle un favor a la banca ¿Saben cuantos millones de euros les ahorraría una decisión como esta?

Es verdad que el intento del ejecutivo de que algunas decisiones de los LAJ no pudieran ser revisadas por los jueces fue declarada nula en 2016 por el Tribunal Constitucional5, pero, salvado este monumental atentado a la independencia judicial e incluso en el caso de que todas sus resoluciones puedan ser revisadas por los jueces (siempre a instancia de parte), divorciar a estos últimos de la ordenación del procedimiento es poner injustamente en manos de los sucesivos gobiernos (rectius de de los partidos que los ocupan) un poder inmenso.

Escindir lo procesal de lo sustantivo es una aberración jurídica pero, créanme, no hay aberración que no sean capaces de llevar a cabo los partidos políticos que ocupan los sillones del poder.

Tengan la seguridad de que si el poder judicial cae en sus manos —y falta muy poco para que esto suceda— el Estado de Derecho dejará de existir en España para siempre.

 

1.De la Oliva Santos, A. (2011) Sobre la calidad de la Justicia en España. International Journal of Procedural Law. 1 (1) 19-49. Citado en (2020) ¿ES INCONSTITUCIONAL LA «NUEVA OFICINA JUDICIAL»? A PROPÓSITO DEL LIBRO JUSTICIA O BUROCRACIA / Is the new “Court Administrative Office” unconstitutional? Apropos of the book Justice or burocracy on JSTOR. Retrieved November 15, 2020, from https://www.jstor.org/stable/26557949?read-now=1&seq=23#page_scan_tab_contents

2. La férrea jerarquización de los LAJ se positivó a través de las reformas operadas en la LOPJ por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; también debe tenerse en cuenta el Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

3. Por si a alguien le queda alguna duda sobre de quién dependen los Letrados de la Administración de Justicia es bueno que lean el siniestro artículo 463.1 LOPJ cuya dicción no deja lugar a dudas: «Bajo la superior dependencia del Ministerio de Justicia el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se ordena jerárquicamente en la forma que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. En este sentido, realizarán todas aquellas funciones de naturaleza análoga a las que les son propias, inherentes al puesto de trabajo que ocupen y que les sean encomendadas por sus superiores.»

4.Además del suficientemente expresivo artículo 463.1 LOPJ antes citado, la férrea cadena de mando a que la aludimos se diseña en los artículos 437.3 LOPJ: «Las unidades procesales de apoyo directo contarán con un letrado de la Administración de Justicia que ejercerá las competencias y funciones que le son propias. Por motivos de racionalización del servicio, un mismo letrado de la Administración de Justicia podrá actuar en más de una de estas unidades»; 438.5 LOPJ: «Al frente de cada servicio común procesal constituido en el seno de la Oficina judicial habrá un letrado de la Administración de Justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados de la Administración de Justicia y el personal destinado en los puestos de trabajo en que se ordene el servicio de que se trate y que, en todo caso, deberá ser suficiente y adecuado a las funciones que tiene asignado el mismo.»; 438.6LOPJ: «El letrado de la Administración de Justicia que dirija un servicio común procesal deberá hacer cumplir, en el ámbito organizativo y funcional que le es propio, las órdenes y circulares que reciba de sus superiores jerárquicos. En el ámbito jurisdiccional, responderán del estricto cumplimiento de cuantas actuaciones o decisiones adopten jueces o tribunales en el ejercicio de sus competencias.»; 440.LOPJ: «Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial. 542.LOPJ: «1. Los letrados de la Administración de Justicia desempeñarán sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial, así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las demás que les encomienden esta ley y las normas de procedimiento respectivo, así como su reglamento orgánico. Las funciones de los letrados de la Administración de Justicia no serán objeto de delegación ni de habilitación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 451.3. 2. En el ejercicio de sus funciones, los letrados de la Administración de Justicia cumplirán y velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los jueces o tribunales en el ámbito de sus competencias. 3. Los letrados de la Administración de Justicia colaborarán con las comunidades autónomas con competencias asumidas para la efectividad de las funciones que estas ostentan en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores jerárquicos. Para una mejor coordinación podrán constituirse Comisiones Mixtas de Letrados de la Administración de Justicia y representantes de las comunidades autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos territoriales.»; 465.LOPJ: Serán competencias de los Secretarios de Gobierno: 1. La inspección de los servicios que sean responsabilidad de los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito competencial, sin perjuicio de la que corresponda al Consejo General del Poder Judicial, a las Salas de Gobierno o, en su caso, al Presidente del Tribunal o de la Sala respectivos. 2. La incoación de expedientes disciplinarios por las posibles infracciones que los letrados de la Administración de Justicia puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, así como la imposición de la sanción de apercibimiento. 3. Proponer al Ministerio de Justicia el nombramiento de los letrados de la Administración de Justicia de libre designación en su ámbito territorial, que hubiesen participado en la correspondiente convocatoria, así como su cese cuando éste proceda. 4. Control y seguimiento estadístico. 5. Dirección y organización de los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan, respetando y tutelando su independencia en el ejercicio de la fe pública. 6. Impartir instrucciones a los letrados de la Administración de Justicia de su respectivo ámbito territorial, a solicitud de las comunidades autónomas con competencias asumidas, cuando sea precisa la colaboración de aquellos para garantizar la efectividad de las funciones que tienen éstas en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. 7. Proponer al Ministerio de Justicia, o en su caso a la comunidad autónoma con competencias transferidas, las medidas que, a su juicio, deberían adoptarse para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia que fueren de su respectiva competencia, comunicando al Ministerio de Justicia cuantas incidencias afecten a los letrados de la Administración de Justicia que de él dependan. 8. Cursar circulares e instrucciones de servicio a los letrados de la Administración de Justicia de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de jueces o magistrados, ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un letrado de la Administración de Justicia intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso. 9. Concesión de permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador. 10. Conocer de los incidentes de recusación de los Letrados de la Administración de Justicia. 11. Elaborar los planes anuales de suplencias de Letrados de la Administración de Justicia y proponer al Ministerio de Justicia la lista de candidatos considerados idóneos para ejercer como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma. 12. Las demás previstas en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.»; 467.LOPJ: «Bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, el Secretario Coordinador ejercerá las siguientes competencias: 1. Dictar instrucciones de servicio a los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. 2. Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que dependa. 3. Dar cuenta de forma inmediata al Secretario de Gobierno de cuantos hechos sean relevantes al buen funcionamiento de la Administración de Justicia, así como de las necesidades de medios personales y materiales de las secretarías ubicadas en su territorio. 4. Colaborar con las comunidades autónomas con competencias asumidas, para la efectividad de las funciones que éstas ostenten en materia de medios personales y materiales. 5. Coordinar el funcionamiento de cuantos servicios comunes procesales se encuentren ubicados en su territorio, o en su caso, asumir directamente su dirección cuando exista un único servicio común procesal provincial. 6. Proponer al Ministerio de Justicia las comisiones de servicio de Letrados de la Administración de Justicia que, dentro de su territorio, sean precisas para el correcto funcionamiento de las oficinas judiciales. 7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito. 8. Resolver los incidentes de abstención de los Letrados de la Administración de Justicia que de él dependan de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 9. Conceder, por delegación del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio. 10. Las demás que establezcan las leyes y su propio reglamento orgánico. También es preciso tener en cuenta la LO 19/2003 Disposición adicional novena. que establece un «Nuevo órgano de dirección y coordinación. En la estructura del Ministerio de Justicia existirá un órgano encargado de la dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de secretarios judiciales, cuyo titular se denominará Secretario General de la Administración de Justicia.» y el RD 1608/2005. ROCSJ que dispone que «16. ROCSJ: Los Secretarios de Gobierno tendrán las siguientes competencias, referidas en cada caso a su concreto ámbito de actuación: g) Impartir instrucciones a los Secretarios Judiciales de su respectivo ámbito territorial, a solicitud de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales al servicio de la Administración de Justicia, cuando sea precisa la colaboración de los Secretarios Judiciales con dichas Comunidades Autónomas para garantizar la efectividad de las competencias que tienen éstas en materia de organización y gestión de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia. h) Cursar circulares e instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su territorio, así como velar por el correcto cumplimiento de las que, a su vez, dirija el Ministerio de Justicia a través del Secretario General de la Administración de Justicia, las cuales en ningún caso podrán suponer una intromisión en el desarrollo de la actividad procesal de Jueces o Magistrados ni contradecir las decisiones adoptadas por la Sala de Gobierno en el ámbito de sus competencias. Tampoco podrán impartir instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en los que un secretario judicial intervenga en calidad de fedatario o en el ejercicio de sus competencias de ordenación y dirección del proceso.» 18. ROCSJ: «Las competencias que ejercerán los Secretarios Coordinadores Provinciales, bajo la dependencia directa de los respectivos Secretarios de Gobierno, serán las siguientes: a) Dictar instrucciones de servicio a los Secretarios Judiciales de su ámbito territorial para el adecuado funcionamiento de los servicios que tienen encomendados. b) Controlar la correcta ejecución de las circulares e instrucciones de servicio que dicte el Secretario de Gobierno del que dependan.n) Elaborar cuantos protocolos de carácter técnico procesal sean necesarios para el correcto funcionamiento de las Oficinas judiciales de su provincia, según lo establecido en el artículo 8 de este Reglamento, pudiendo también hacer suyos o enmendar los protocolos propuestos por los Secretarios Judiciales que dirijan los Servicios Comunes Procesales.21. ROCSJ: «El Secretario General de la Administración de Justicia tiene las siguientes competencias: 1) Dirigir y coordinar a los Secretarios de Gobierno y a todos los integrantes del cuerpo de Secretarios Judiciales, impartiendo las instrucciones y circulares que considere oportunas, así como velando por el cumplimiento de las mismas. 2) Supervisar y coordinar las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno del Cuerpo que dicten los Secretarios de Gobierno y, en general, la dirección, coordinación e inspección del mismo. A este fin, las órdenes, circulares, instrucciones y comunicaciones que emita directamente se trasladarán a los Secretarios Judiciales a través del superior jerárquico, a no ser que la urgencia del caso aconseje hacerlo directamente al destinatario, en cuyo caso dará inmediato conocimiento al Secretario de Gobierno, sin que en ningún caso estas comunicaciones puedan interferir en las competencias de las Administraciones Públicas con competencias en materia de justicia.»

5. Sentencia 58/2016, de 17 de marzo de 2016. Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-2013. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional: nulidad del precepto legal que excluye la intervención judicial en la revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el Letrado de la Administración de Justicia.

 

No hay oposición en justicia

Tener un mal gobierno es una desgracia; tener un mal gobierno y una mala oposición es una tragedia y es en esta tragedia en la que está instalada la justicia de nuestro país desde hace años.Que tenemos un ministro de justicia y una política en justicia lamentables ya lo he contado en posts anteriores, pero, ayer, me encontré con un tuit del líder la oposición, Pablo Casado, que me reveló también que, si mala es la política del gobierno en materia de justicia, igual de mala es la política que preconiza el poco avisado líder de la oposición. Pero antes de entrar en harina dejemos que hable el citado: aquí tienen su tuit.

Sí, han leído bien, el aspirante a ser inquilino de la Moncloa pudo haber citado por ejemplo a Doña Margarita Mariscal de Gante, la ministra que reformó la LEC e introdujo la videograbación en la jusricia española, pero, en su lugar y sin experimentar molestia intestinal alguna el líder de la oposición prefirió a elegir a cuatro ministros perfectamente olvidables cuando no directamente reprobables y hasta en algunos casos efectivamente reprobados. El tuit del líder de la oposición, ya digo que sin sonrojo ni pudor, decía:

«Con los Ministros de Justicia Acebes, Michavila, Gallardón y Catalá defendemos un Poder Judicial independiente frente a las agresiones del Gobierno, reivindicamos el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, y pedimos la despolitización de la Fiscalía y de la elección del CGPJ. https://t.co/rbFqhfEHVb »

Esto lo escribió y publicó sin vergüenza alguna el líder de la oposición y debiera experimentarla, porque sus palabras son no sólo erróneas —siendo piadosos en el adjetivo— en una parte, sino simplemente falsas en otra y finalmente injustas en lo que calla y a quienes olvida. No sé quién asesora al líder de la oposición en cuestiones de Justicia o si estas declaraciones se le han ocurrido a él solo pero, si son estas cuatro personas quienes le asesoran, ya podemos empezar a rezar porque el joven líder opositor jamás gane unas elecciones.

En el mundo es habitual que a los líderes alguien les escriba los discursos; en España, yendo un paso más allá, a algunos/as líderes/as, les escriben hasta las tesis doctorales por lo que no veo yo qué mal habría en que al líder de la oposición alguien le sugiriese ideas en justicia menos insensatas de las que se deja ir por tuíter. Analicemos el tuit porque no tiene desperdicio.

Afirma en primer lugar el líder de la oposición:

«Con los Ministros de Justicia Acebes, Michavila, Gallardón y Catalá defendemos un Poder Judicial independiente frente a las agresiones del Gobierno…»

No se ve enoticono alguno en el tuit que nos haga pensar que el líder está de guasa, cómico o ebrio, de forma que no nos deja sino tomar la peor ocpión: pensar que lo dice en serio.

Hablar de que esa cáfila a quien menciona el tuit defendió un Poder Judicial independiente es ignorar la realidad o tener muy poca vergüenza; permítanme, pues, que, piadosamente, me adhiera a la primera opción y les recuerde algunas cosas.

Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 2011 lo hizo comprometiéndose en su programa electoral (página 178, medida 11 en el capítulo dedicado a la justicia) a lo siguiente:

«Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.»

Muchos les creyeron y les votaron pero allí estaba Gallardón quien, apoyado por una mayoría absoluta superlativa se sintió con derecho a mentir y traicionar a sus electores llevando a cabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial justo en sentido contrario al prometido y con la única finalidad de ejercer un mayor control político sobre el Consejo General del Poder Judicial.

¿Y es este señor de quién dice el líder de la oposición que debemos tomar ejemplo?

¿Y lo ha dicho sin desternillarse de risa o sin vomitar de vergüenza?

No necesito decirles que el sucesor de ese señor del que les hablo (es la forma en que en el partido del líder llaman a los caídos en desgracia) tampoco hizo nada por arreglar la trapisonda de su predecesor y así hasta el día de hoy en que ministros de uno y otro color han venido disfrutando de aquella tropelía.

La segunda parte del tuit es también de traca

«…reivindicamos el Pacto de Estado por la Justicia de 2001…»

Ese «pacto» no es de Estado, ese pacto es la tontina que firmaron los dos partidos que en 2001 se creían intocables para controlar la justicia a través de unas medidas (Nueva Oficina Judicial y Tribunales de Instancia incluídos) destinadas en esencia a aumentar su capacidad de influencia en la administración de justicia y a dejar sin justicia cercana a dos terceras partes de la población española. En próximas semanas dedicaré una serie de post (por cierto ya iniciada) al momio de los tribunales de instancia, por ahora básteme decir que todos los ministros de justicia, Gallardón y Campo incluídos, son fieles acólitos de aquella misa negra.

Si lo observan, entre reducciones de planta (Caamaño, Gallardón) o la búsqueda de la promoción de tribunales de instancia (Gallardón, Campo), las políticas en justicia de PP y PSOE son sistemáticamente iguales y predecibles con el libro negro a que hace referencia el líder de la oposición en la mano. Es por eso que, todos los ministros que salen en la fotografía del tuit y todos los ministros que pueda poner el PSOE desde 2001 son absolutamente prescindibles en la historia de la justicia española: porque todos han tratado de llevar adelante aquel pacto de control y sumisión de la justicia, esa administración que demostró ser la única capaz a poner coto a todo el demencial espectáculo de corrupción y depredación de caudales públicos por los partidos mayoritarios en los últimos 20 años.

Que no le engañen: en justicia, al menos en justicia, la política de los dos partidos mayoritarios es exactamente la misma en lo esencial y tiene un único fin desde 2001: controlar la administración de justicia.

Es por eso que resulta especialmente estomagante leer tuits como el de ayer, primero porque son falsedades y en segundo lugar porque nos sitúan en la peor posición posible: en la de un país que tiene un mal gobierno en justicia pero que ni siquiera puede hallar una mínima esperanza en la oposición.

¿Monarquía, república o justicia?

En el mundo civilizado hay países que son monarquías o repúblicas y funcionan razonablemente bien; lo que no es pensable es un país digno de ser vivido si en él no hay justicia.

Veo mucha gente que, aprovechando la infamia de entrega de despachos a los jueces de la 69 promoción, aprovechan la ocasión para manifestar sus convicciones monárquicas y su adhesión al rey de España. Me parece bien si ese es su gusto y convicción pero…

La infamia del veto al jefe del estado en la entrega de despachos no sería menos infamia si fuese otra la naturaleza de la jefatura de nuestro estado; es decir, ese veto sería igual de repugnante tanto si fuese hecho a un rey o a un presidente de la república.

La función de los Jefes del Estado debe estar por encima de la pelea política —pues representan al estado y no al gobierno o a un partido— y, por eso, hacer de la figura del jefe del estado una herramienta de lucha política es el peor de los favores que se le puede hacer.

Sí, hay quien considera que la neutralidad y ajenidad a la lucha política sólo la garantizan las monarquías —y pueden tener razón— pero también hay quien considera que a la jefatura del estado no puede accederse por una pura cuestión de ADN —y sin duda tienen razón también— y es ese debate político el que se quiere introducir no siempre de forma sensata y a veces en forma insensata —infame— como en la entrega de despachos a los jueces de la 69 promoción.

Y dicho esto déjenme decirles algo que cualquier jugador de ajedrez sabe bien: un rey en el centro, un rey expuesto y que no esté en la esquina del tablero discretamente enrocado, es un rey expuesto a inesperadas combinaciones y es casi siempre un rey muerto. Si aprecian la monarquía no expongan demasiado al monarca ni lo coloquen en el centro del debate, la primera obligación de los peones del enroque es permanecer quietos e impasibles tanto cuanto les sea posible. Si es usted monárquico, dé dos vueltas a esto que le digo antes de gritar su adhesión o expresar su convicción verde.

Y dicho esto digamos lo principal: envilecer la entrega de despachos de los jueces enfangando en la lucha política a toda una promoción es una infamia que pone de manifiesto lo que importa la justicia a nuestros políticos y ese valor, la justicia, más que jefatura del estado, es el que ayer fue degradado por las ruindades políticas.

Mi interés principal —y lo lamento si molesto a alguien— no es el debate monarquía o república; mi interés principal es la justicia. Creo que puedo vivir y ser feliz en una monarquía o en una república pero lo que no creo, sino que sé, es que no quiero ni puedo vivir en un país sin justicia.

Ius y yoga

Ius y yoga

Mi amigo Luis Morillo hoy me ha recomendado yoga, mucho yoga, lo que quizá él no sepa es que llevo bastante más de 30 años dedicándome a algo muy parecido al yoga: el derecho.

Sí, «yoga» y «ius» son palabras hermanas y derivan ambas del vocablo indoeuropeo *HieH3u “unir”, raíz de la que proceden, además de ius y yoga otras muchas palabras.

En primer lugar esta raíz tiene el significado de “unir” al cocinar y, por eso, no es extraño que la palabra “sopa” se diga en latín, precisamente, “ius” (sacad vuestros diccionarios de latín y comprobad que sopa, en latín, se dice «ius»). Por eso, si ustedes algún día visitan Pompeya y ven escrita en las paredes de alguna taberna la expresión “ius olitorium”, no piensen que están en presencia de algún tipo de derecho como el “ius puniendi” o el “ius maletractandi”; lo que la expresión anuncia es una humilde menestra: una sopa de verduras.

El “ius” se esconde casi siempre bajo las palabras que indican unión. Así, el artilugio que unce a los bueyes es el “yugo” (iu)go, los animales unidos forman una “yunta”, cuando nos unimos a otra persona la llamámos “cónyuge” con(iu)ge y, la unión de todos los vecinos de un municipio da lugar al “ayuntamiento” a(iu)ntamiento. El ius es, pues, ése vínculo que mantiene unida a la sociedad o ese vínculo que une al alma con la divinidad en el caso del yoga.

Así pues yoga y ius nos remiten a un vínculo y dan lugar a un amplio campo semántico que comprende, entre otros, los sustantivos para “derecho” en latín (ius), avéstico (yaož) y sánscrito (yos). Con el sufijo -t-o, resulta iustus “el que actualiza la noción de ius”, o sea, “el que observa el derecho”, de donde de donde “justo, recto”, palabra de la que deriva a su vez el sustantivo iustitia “justicia”, justo al contrario de que pensaba Ulpiano. Finalmente (con rotacismo, esto es, paso de -s- intervocálica a -r-) ius es origen del verbo latino iuro “jurar”.

Me sorprende que, a muchas personas que han consagrado su vida al estudio del derecho, nunca les haya picado la curiosidad de saber qué significa exactamente «ius». Ahora que lo sé veo a los juristas como cocineros que tratan de mezclar todos los ingredientes en la proporción justa, cuidando la cocción a la temperatura adecuada y procurando que todos los sabores armonicen.

En la foto les muestro a Triboniano durante uno de los pocos descansos que pudo tomarse mientras redactaba el Digesto.

Héroes de tebeo

Quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá no vi las películas correctas, quizá los héroes de mis tebeos jamás existieron en la vida real. A lo mejor todo aquello no era más que un engaño.

Gracias a esos libros, a esas películas y a esos tebeos yo tuve la oportunidad de combatir en Cartagena con Don Blas, un españolazo de Pasajes que se había dejado medio cuerpo al servicio de su patria; también estuve en Trafalgar enrolado en el Bahama y allí vi cómo una bala de cañón le volaba la cabeza a nuestro capitán, un hombre que además de marino era científico y de los buenos: Don Dionisio Alcalá Galiano; vi también a Don Casto Méndez Núñez aguantar a cuerpo limpio el bombardeo de El Callao después de decirle a americanos e ingleses que no le tocasen las narices o se vería obligado a echarlos a pique por la cosa de la honra…

Los héroes de mis libros y tebeos eran tipos previsibles: Si la tropa pasaba hambre ellos pasaban hambre con la tropa; si el barco había de combatir ellos se plantaban en el puente en uniforme de gala y no colocaban a sus hombres en más peligro de aquel en que ellos mismos se colocaban; si, en fin, el barco se iba a pique, ellos eran los últimos en abandonarlo y eso siempre y cuando no les diese la petera de hundirse ellos con él.

Lo que nunca vi ni leí es que esos hombres comiesen caviar mientras la tropa ayunaba, mandasen sus hombres a la muerte mientras ellos huían o agarrasen el primer bote salvavidas cuando el barco amenazaba con irse a pique. Esas acciones no eran propias de estos hombres, esas acciones las llevaban a cabo los villanos, los malvados, los infames y repugnantes sujetos que ilustraban todo aquello que los niños debíamos odiar.

Hoy mientras trataba de dormir pensaba en estos hombres de mis novelas y en los españoles del año 2020. Hoy nos dejan sin vacaciones ministros que se van de playa y chiringuito, nos dicen que reformarán la justicia quienes profundizan en su dependencia judicial, no invierten en ella ni el tiempo de sus vacaciones y no gastan más que palabras hace tiempo ya gastadas.

Los hombres de mis libros no dejarían sin permiso a la tropa sin renunciar ellos a su parte antes que nadie, porque, de no hacerlo así, la tropa sabría inmediatamente que estaba ante uno de aquellos infames y repugnantes sujetos que, según aquellos libros, ilustraban todo cuanto se debía odiar.

Parece que en 2020 las cosas no son así, quizá no lo fueron nunca, quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá aquellos héroes no existieron jamás; a lo mejor, en fin, todo aquello no era más que un engaño.

O a lo mejor no y un día les remitimos una factura que nunca podrán pagar.