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Persevera, per severa, per se vera

Persevera, per severa, per se vera

Cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser. (Baruch Spinoza)

Recuerdo cómo estaban los ánimos en mi ciudad en 1993. La reconversión industrial golpeaba la comarca de Cartagena y, en La Unión, por ejemplo, miles de personas se enfrentaban a un traumático final de la minería. Tras haber convertido la bahía de Portmán en un vertedero y haber hecho de ella el punto más contaminado del Mediterráneo, la multinacional Peñarroya vendió por un euro todos sus derechos en la Sierra Minera a conocidos empresarios locales para que estos llevasen a cabo las siempre sucias tareas de cierre. La continuidad de la minería en la zona había enfrentado a vecinos de La Unión con vecinos de El Llano del Beal: los primeros querían continuar con la actividad a toda costa, pues de lo contrario perderían sus trabajos, los segundos defendían su pueblo y sus propiedades, pues, el filón, pasaba justo bajo sus casas y continuar con las explotaciones mineras suponía desalojarles de sus hogares y borrar el pueblo del mapa. Los ánimos se crisparon y los habitantes del Llano se prepararon para resistir e impedir el avance de la cantera, resulta curioso recordar que los ánimos llegaron a alterarse tanto que, en el Llano del Beal, Herri Batasuna obtuvo unos magníficos resultados en las elecciones de esos años.

Y si la Sierra Minera era un polvorín no menos lo era la ciudad de Cartagena. La Primera Guerra del Golfo y la huida del capital Kuwaití se había unido a la reconversión industrial y las grandes empresas de la ciudad cerraban una tras otra, desde la Empresa Nacional de Fertilizantes a Potasas y Derivados pasando por industrias clásicas de Cartagena como la «Española del Zinc» o la popular «Desplatación». La revuelta obrera era cada vez más violenta y se había llegado al extremo en 1992 cuando, durante unos durísimos disturbios y en oscuras circunstancias, resultó incendiado el Parlamento Autonómico de la Región de Murcia (foto) cuya sede está en Cartagena. El humo y las llamas saliendo del Parlamento eran una ilustración casi perfecta del estado en el que se encontraban los ánimos de los cartageneros en aquellas fechas. A pesar de sus 200.000 habitantes muchos cartageneros comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de buscar un futuro fuera de la ciudad; un triste final a 3.000 gloriosos años de historia.

Sin embargo, quiénes así pensaban olvidaban que esta ciudad contaba con un capital que estaba ante sus ojos. Contaba con una magnífica ubicación y un puerto de calidad superlativa —Asdrúbal y sus carthagineses sabían lo que hacían— contaba todavía con un importante tejido industrial (la primera refinería de petroleos de España y un importante sector de construcción naval) y sobre todo contaba con cartageneros y cartageneras que nunca habían perdido su consciencia de pertenecer a una ciudad única en el mundo, superposición visible de pueblos prerromanos, fenicios, carthagineses, iberos, romanos, bizantinos y así hasta completar treinta siglos de historia.

El grado de destrucción del centro de la ciudad llegó a tal punto que incluso fue utilizado para grabar películas bélicas ambientadas en lugares como Beirut u otras localizaciones de Oriente Medio. Durante estas películas se llevaban a cabo demoliciones en pleno centro de la ciudad (vean, por ejemplo, el film «Navy Seal» y se entretendrán un rato comprobándolo) y todo aquello parecía que acabaría con el definitivo abandono del casco antiguo y la marcha de los vecinos a vivir a las urbanizaciones del extrarradio.

Sin embargo esta puñetera ciudad es resistente y si lleva tres mil años aquí no es por casualidad. Justo durante las explosiones y la grabación de las películas de que les hablo, en el mismo lugar en que se grabó la demolición de un hotel en el film «Navy Seal», comenzaron a aparecer restos arqueológicos que hicieron palidecer a los arqueólogos. La ciudad, desnudada hasta el extremo, devolvía a los bárbaros que la maltrataban un tesoro de valor incalculable: el perdido teatro romano de Carthago Nova.

La recuperación del teatro llevó lustros pero con la recuperación del mismo corrió pareja la recuperación de la ciudad y, en el más puro estilo de esta jovencita de 3000 años, lo hizo perseverando en sí misma.

El puerto creció, la refinería y el tejido industrial crecieron, pero, sobre todo, creció la presencia de la vieja y siempre joven Carthago Nova. En un centro de la ciudad tan abandonado por sus habitantes como vil y suciamente expulsados de él por especuladores y administraciones sin alma, comenzaron a aparecer viejos e íntimos trozos de nuestra joven adolescente. Ya no era solo el Teatro Romano, eran termas y templos que permitían a los habitantes de la ciudad tocar lo mismo las piedras de la iglesia de su patrona que las basas y fustes de las columnas del viejo templo de la diosa-sirena Atargatis o la diosa madre Isis. Mucha gente se pregunta erróneamente por qué los cartageneros son como son cuando lo que habrían de preguntarse es justamente lo contrario: cómo podrían ser de otra manera viviendo en un lugar así.

Si Cartagena ha salido adelante durante estos años ha sido siempre siendo ella misma, perseverando en su esencia y es por eso que, si en algún lugar resulta particularmente cierta la afirmación del filósofo Baruch Spinoza de que «cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser», ese lugar se llama Cartagena.

Y si la ciudad nos ha enseñado esto a lo largo de la historia ¿por qué no la escuchamos?

Podemos dedicar decenas de millones de euros a construir un carísimo auditorio, pero al final del viaje no tendremos sino lo que muchas otras ciudades tienen y de mejor calidad; podemos dedicar carísimas inversiones a ciclos sobre manifestaciones culturales extranjeras pero, al final del camino, siempre preferiremos los lugares y ambientes originales a las copias.

Con el dinero invertido en un auditorio de calidad parecida al de muchas otras ciudades se podría haber recuperado ya el anfiteatro romano, amalgama única en el Mediterráneo de espectáculos fundados en la muerte, pues Plaza de Toros y Anfiteatro se funden y superponen. ¿Cuántas ciudades en el Mediterráneo tienen algo así?

Nadie llega a ser Elvis imitando a Elvis, nadie llega a ser Picasso tratando de copiar a Picasso; si hemos de ser algo seamos antes que nada auténticos, seamos nosotros mismos. Nuestra ciudad no necesita ser ninguna otra ciudad distinta de la que es para tener éxito, lo lleva demostrando tres mil años, sería muy bueno que nuestra administración y nosotros mismos la ayudásemos en su tarea.

Nada nos ha sido tan rentable como ser nosotros mismos, así pues, ¿por qué no perseveramos en ello?. Si lo mira usted bien, ser nosotros mismos es lo que mejor sabemos hacer y en eso no tendremos nunca competencia.

Pronto estrenaremos un nuevo curso, sería bueno que nuestros políticos estrenasen también nuevas mentalidades.

La República de los Abogados.

En la República de las abogadas y los abogados, de la primera al último, todos son una y la misma cosa: abogados. Quien dice representarles no es más que abogada y el último de los representados no es menos que abogado; es, pues, una república absolutamente igualitaria donde todos en principio gozan de la misma cualificación y tienen competencias técnicas muy similares y esto genera particulares dinámicas de actuación social que favorecen la creación de enjambres.

En las viejas organizaciones jerárquicas la inteligencia colectiva quedaba y queda limitada a la de la persona o personas que las dirigen y uno de los mejores ejemplos de esta limitación lo tenemos en los últimos ocho años de ejercicio en el Consejo General de la Abogacía Española, durante los cuales la cúpula directiva ha demostrado una especial incapacidad para escuchar, recoger y en suma representar las aspiraciones de todo un colectivo. La probada ineptitud de la cúpula dirigente para recoger las aspiraciones de abogados y abogadas y trasladarlas a los foros adecuados  ha hecho que el colectivo de iguales decida tomar en sus manos esa tarea y pasar por encima de una organización jerárquica fosilizada en un inmovilismo y sordera autista que la ha conducido  a perder todo el contacto con la realidad que la circunda.

La República de los abogados y las abogadas es un extraño club en donde el menos capacitado de sus miembros es abogado; es decir, un experto en resolver problemas y es por eso que no debería extrañar a quienes prefieren hacer el Tancredo y mantenerse quietos sordos y mudos frente a los problemas que estos expertos en resolver problemas, ya que no ven que los suyos sean resueltos por quienes dicen representarles, tomen en sus manos la tarea y decidan ponerse el trabajo por sí mismos. Esto, naturalmente, pone de relieve y subraya la ineptitud de quienes deberían solucionar los problemas del colectivo y suele provocar, en el mejor de los casos, una acción desganada y en el peor, como el que hemos vivido en los últimos ocho años, simplemente la inacción y parálisis absoluta, es decir tratar de hacer como si no pasara nada, como si el elefante no estuviese en la sala y como si no tuviésemos un gravísimo problema entre nosotros.

Afortunadamente las formas de participación política han evolucionado mucho en el siglo XXI y la aparición de las redes sociales ha permitido la organización de grandes colectivos sobre todo como cuando en el caso que nos ocupa se hallan vinculados por un problema muy concreto y específico, dando lugar a una forma de actuación política que se conoce como estrategia de Enjambre.

Si observa usted una bandada de pájaros o un banco de peces verá que todos actúan coordinadamente y se dirigen aparentemente en la misma dirección sin que nadie los dirija; en realidad todo esto es un fenómeno natural y se debe a que cada uno de los integrantes tiene una idea clara y precisa de lo que debe de hacer; esto permite que todo el grupo actúe en conjunto y con acierto. Es verdad que si el abanico de objetivos es muy amplio tales estrategias de Enjambre  no son tan sencillas pero cuando los objetivos son pocos, claros y concretos, en un colectivo como el de los abogados y los abogadas todos suficientemente preparados y todos capaces de tomar decisiones creativas, el acuerdo, la conjunción, se produce por sí sola y, al no existir una organización jerárquica que elija un solo jefe o que elija un solo representante, la inteligencia colectiva y la creatividad se manifiestan en todo su esplendor, impidiendo que la eventual estolidez del jefe o jefa único perjudique al grupo y pudiendo aportar cada uno de los integrantes del Enjambre toda su fuerza creativa. Si una iniciativa de un miembro encaja perfectamente con los ideales y con las aspiraciones del resto, el enjambre entero le seguirá y así las estrategias no vienen definidas por unas pocas personas con una inteligencia limitada sino por una masa realmente increíble de personas especialmente cualificadas y especialmente creativas que pueden llegar a demostrar unas habilidades absolutamente sorprendentes. En un enjambre somos más y estamos mejor desorganizados por eso somos más creativos y por eso es imposible parar a un colectivo así.

Asociaciones tradicionales han existido siempre y sus resultados los conocemos sobradamente, la formación de enjambres, al menos en el mundo de la abogacía, ha empezado solo durante el siglo XXI y tenemos magníficos ejemplos de lo que pueden llegar a conseguir, desde poner en jaque a la Ley de Tasas o un gobierno hasta hacer pensar en cambiar toda una Mutualidad. Cuando los objetivos son pocos, claros y compartidos tratar de elegir jefes, representaciones o buscar un asociacionismo tradicional es recaer en el mismo error en el que ha caído el Consejo General de la Abogacía Española; es decir, limitar la creatividad y la inteligencia del colectivo a la que puedan tener su jefe o jefes y, en el caso de que estos no demuestren una especial habilidad o demuestren bien al contrario una especial torpeza, lo que se pondrá en peligro serán los intereses y aspiraciones de la totalidad del colectivo.

Abogados y abogadas en suma no necesitan representantes que trasladen sus aspiraciones ante partidos políticos y organismos oficiales pues, todos y cada uno de ellos, por sí solos, están capacitados para hacerlo por sí mismos de forma que, cuando la representación tradicional no cumple con sus funciones, son estos abogados y abogadas quienes las suplen subrayando así la torpeza o inanidad de quienes deberían representar los intereses del colectivo. Han sido ocho años horribles, ocho años en los que la condición de abogado ha experimentado una de las mayores degradaciones en la historia reciente de nuestro país, no es pues de extrañar que la mayoría ya no quieran dejar su futuro en manos ajenas, que no quieran ser representados donde ellos mismos pueden estar presentes, que no quieran que hablen por ellos en aquellos lugares donde todos y cada uno pueden hablar por sí mismos.

Hay una nueva dirección en el Consejo General de la Abogacía Española pero de momento no se aprecia ningún cambio, no podemos pues ser optimistas.

El derecho de pagar en efectivo

Si a usted nunca le han cortado el agua o la luz por falta de pago usted no sabe lo que es ser pobre.

Para que a uno le corten el agua o la luz antes ha dejado de pagar cosas menos vitales: ha dejado de pagar la hipoteca porque el proceso de ejecución y desahucio puede tardar varios años, ha dejado de pagar su seguridad social porque si no se come hoy ese dinero no hará falta mañana, ha dejado de pagar los plazos de la tarjeta y ha dejado de pagar cualquier cosa que no sea la comida de hoy.

Para usted y para sus hijos el agua y la luz son imprescindibles pero, para pagarlos, necesita usted domiciliar los pagos o hacerlos con su tarjeta de crédito o débito y, a estas alturas, meter dinero en la cuenta de su banco es absolutamente inútil porque, en cuanto entre el dineri, el banco se quedará con él para cobrarse sus deudas aunque le deje a usted y a sus hijos sin agua o sin luz.

Si tiene la mala suerte de que se la corten usted no podrá restablecer el servicio yendo a pagar en billetes del Banco Central Europeo porque las empresas de agua y luz sólo le admiten pagos por tarjeta y usted no tiene tarjeta porque no tiene dinero, precisamente por eso le han cortado el agua o la luz.

Puede usted limpiarse sus mocos si los tiene con esos dos billetes de 50€ que le han prestado, no podrá usted pagar con ellos y restablecer el servicio. Su niño beberá en los charcos o se calentará quemando los muebles de su casa porque eso, a la hidro o a la eléctrica, les importa una mierda.

Para los pobres poder pagar en dinero es fundamental. Un pobre puede ir a una panadería o un bar y pagar la comida en efectivo, un pobre, en cambio, no puede pagar la luz o el agua porque estas empresas llenas de políticos no aceptan los pagos en efectivo. Para un pobre poder conservar el dinero preciso para vivir es imprescindible y eso no puede hacerlo jamás en un banco porque este siempre se cobrará él el primero aunque su cliente y sus hijos no tengan para comer ni para beber.

No, si usted no ha pasado por todo esto no sabe lo que es ser pobre, pero no desespere, si es usted autónomo sólo necesita una mala enfermedad para mirar cara a cara a la pobreza y, si es usted uno de esos muchos empleados de banca que defendían el dinero de su banco como si fuera suyo, rece porque sus despidos se negocien bien, su empleador es un psicópata a quien no le importa que usted o sus hijos mueran de hambre.

Si es usted mujer y tiene hijos a su cargo que ha de sacar adelante usted sola mejor no le digo nada, usted le ha visto las pupilas a la pobreza demasiado cerca.

Por eso, cuando veo que el gobierno restringe los pagos en efectivo a 1000€ o la Unión Europea trata de evitar el anonimato en los pagos, me acuerdo de quienes le han visto la cara a la pobreza, de quienes no tienen cuenta bancaria, de quienes no pueden tener tarjeta y de todos aquellos que, sólo por el totalitario deseo de los gobiernos de controlar hasta el último céntimo los gastos de la ciudadanía, verán como su vida se vuelve cada vez más imposible.

El anonimato en los pagos es un derecho, el uso de efectivo es un derecho y la posibilidad de vivir sin bancarizarse es otro derecho ¿O es que también hemos de hacer ganar dinero a los bancos por ley?

Para estos tipos que beben agua mineral y no del grifo, que consumen electricidad hasta para calentar el asiento del retrete, que viven de pisar moqueta y creerse los dueños del estado, todos los demás parecemos ser solo contribuyentes y no personas.

Pero los pobres son personas y tienen un límite. Y conviene no explorar ese límite porque les aseguro, señoritos y señoritas de la moqueta, que la madre, el padre, el hombre o la mujer que han pasado por lo que les cuento, saben exactamente cómo tratar a tipos como ustedes.

El Ministerio de Justicia, una eficaz ayuda para agravar la crisis

No hacía falta ser un profeta para adivinarlo, bastaba con comparar la caída del PIB en 2020 y en 2009 y extrapolar los datos para saberlo. Lo habría visto un niño de seis años, pero el ministro tiene 60 y una larga trayectoria política y seguramente por eso no lo vio.

Los concursos de acreedores han subido ya un 50% en España sin que el ministerio haya adoptado ni previsto medida alguna de fuste para hacer frente a tal aumento. Y ese 50% de subida aún está ralentizado por las medidas que impiden que lleguen a los juzgados de lo mercantil todos los concursos que deberían llegar. El gobierno, en lugar de afrontar el problema, ha decidido crear la apariencia de que no pasa nada permitiendo que las empresas en situación de insolvencia no se vean obligadas a pedir el concurso hasta el 31 de diciembre.

Y a pesar de eso los cconcursos han subido —como habría previsto cualquiera— un 50% sin que la planta de los juzgados de lo mercantil haya sufrido ningún refuerzo adecuado a esta subida.

¿A qué se ha dedicado el ministerio de justicia?

A todo menos a hacer frente a los problemas auténticos de la justicia en España.

Dice que va a transformar los juzgados de instancia en tribunales de instancia, una medida largamente perseguida por todos los gobiernos (en esto PP y PSOE han demostrado una sintonía absoluta) para poder controlar mejor a los jueces aunque para ello hayan de hacer funcionar peor la justicia.

Me llevan los demonios.

Van a venir muchos más concursos en cuanto se abra la espita y llevamos año y medio sin que el ministerio de justicia haga nada. Vamos a enfrentar un problema sin precedentes, lo saben y no hacen nada. Yo ya no sé del lado de quien están estos sujetos, de lo que estoy seguro es de que no juegan en nuestro equipo.

Claro que, como en este país hace tiempo que ya nadie espera nada de la justicia, al ministro probablemente le bastará culpar a la crisis de todo y dejar que los actuales juzgados de lo mercantil se conviertan en tanatorios de empresas incapaces siquiera de enterrar los cadáveres que les llegan.

No entiendo esta actitud rayana en la desvergüenza. No entiendo que cuando los bárbaros están a las puertas de la ciudad los prebostillos se vayan de cena sin mascarilla y sigan buscando como repartirse influencias y cómo controlar jueces y judicaturas.

Esto es ya un desastre y pronto lo será total y este desastre tendrá nombre y responsables.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Tener o no tener. Colombia en el corazón.

Yo sé que ustedes se preguntarán qué es lo que estoy haciendo en Sevilla con un sombrero «vueltiao» en la cabeza. Dénme ocasión, antes de que opinen nada, a que les responda.

Hace muy pocos días me llegó desde Colombia (un país hermano que —como saben— enfrenta una situación dramática) este «sombrero vueltiao»; una prenda hecha con un tejido vegetal exclusivo, de muy laborioso y especializado trenzado y que es, por sobre todas las demás cosas, el símbolo nacional de Colombia.

Pues bien, ese afecto que venía envuelto en el sombrero necesitaba un agradecimiento específico de mi parte y como, por razones de trabajo, había de desplazarme a Sevilla me determiné a llevar a Colombia no sólo en el corazón sino también en la cabeza y fotografiarme frente al Archivo General de Indias con él. ¿Por qué el Archivo General de Indias?, bueno… porque en ese lugar es donde aún hoy día lloran los originales de aquellas viejas Leyes de Indias que, dictadas para proteger a los indígenas, jamás se cumplieron desde entonces hasta hoy, condenando a un país rico y hermoso a vivir las dramáticas situaciones de desigualdad que están en la base de los disturbios que, tristemente, vive hoy día ese país hermano.

Yo tenía una deuda de afecto con mis amigos y compañeros de Colombia y, aunque sé que nunca podré pagársela cumplidamente, déjenme intentarlo hoy.

Escribo estas líneas en la más vieja taberna de Sevilla, una casa de comidas abierta ya en 1670, y que se encuentra a apenas unos cientos de metros del lugar donde estuvo la cárcel en que un Cervantes preso gestó la más inmortal de sus obras; esa obra que nos enseña que no existen más que dos razas en el mundo que son la del tener y la del no tener.

Los españoles lo sabemos bien. Los árabes que llegan en yate de lujo son protegidos por el estado y hasta son amigos de reyes eméritos, en cambio, los árabes que llegan en patera o lancha neumática son inmediatamente ingresados en centros de detención. No hay nada que les haga diferentes a unos de otros, simplemente pertenecen a razas diferentes, unos a la raza del tener y otros a la del no tener.

Dicen los evangelios que pobres siempre los habrá, lo que no dicen los evangelios es que siempre hayan de ser los mismos y en Colombia, como en otros muchos países, los indígenas han sido siempre unos de los integrantes habituales de la raza del no tener.

Por eso esta tarde yo tenía que tomarme una foto frente al Archivo General de Indias y por eso, ahora, estoy escribiendo estas lineas a unos pocos centenares de metros donde estuvo la prisión en que encerraron a Cervantes.

¿Dinero o criptodinero?

¿Dinero o criptodinero?

Quizá en la historia humana no haya una herramienta tan antigua, ubícua y mal diseñada como el dinero.

Ya les conté hace unos días que, aunque antiguo, el dinero no lo es tanto como para que fuese usado en el antiguo Egipto, en Sumeria o Acad y, desde que fuera inventado —según Herodoto por los lidios— alrededor del año 700 AEC, su historia ha sido una historia de fraudes y abusos de los poderosos (política y económicamente) contra las personas comunes. Veámoslo.

Aunque históricamente se usaron como dinero conchas, piedras, tabaco o incluso cabras, el dinero ha estado asociado, íntimamente y desde antiguo, a los metales. El «dinero» a que hace referencia Herodoto al atribuir su invención a los lidios es precisamente este: el dinero basado en metales.

Su funcionamiento es sencillo: fijando los precios de acuerdo con el valor del peso de un determinado metal (cosa que venían haciendo los Egipcios desde miles de años atrás) bastaba con poseer metal de esa especie en la cantidad necesaria para usarlo como dinero. Naturalmente reyes y poderosos encontraron en la acuñación de moneda un magnífico negocio económico y político: además de hacerse una buena publicidad acuñando su efigie en las monedas, encontraron muchas y variadas formas de engañar a sus súbditos para lucrarse con conductas que se han repetido invariablemente desde entonces hasta nuestros días. Veamos en lineas generales cómo se produjeron dichos engaños.

Acuñar moneda es, sin duda, un buen negocio para quien lo hace pues, para sacarle un dinerillo al asunto, basta con introducir en la aleación de las monedas, por ejemplo, menos plata y más cobre, en ese engaño pequeño el acuñador se gana unos buenos ingresos y, si cree usted que esto no ha ocurrido, debo decirle que es usted un iluso: lo que raramente ha ocurrido es lo contrario: que las monedas contengan el peso prometido de metal precioso. Las monedas a lo largo de la historia se han ido envileciendo no solo por el engaño de los acuñadores sino también de quienes las custodian, singularmente los banqueros.

Si no me cree eche usted mano al bolsillo, saque una moneda de euro —si le quedan— y observe con cuidado su canto.  Si lo hace observará usted que el canto de la moneda no es liso, sino que se encuentra rayado en toda su extensión. Estas rayas no están colocadas ahí por casualidad: cuando el dinero valía algo se acuñaban metales como plata y oro y uno de los mejores negocios del banquero era limar sutilmente las monedas, de forma que, con un poco de polvo de oro o plata de aquí y de allá, podían hacerse con un buen dinero. Todavía en el Código Penal de 1973 que hube de estudiar contenía un delito de «quebrantamiento de moneda» en su artículo 283.2⁰ que castigaba con la pena de prisión menor a quien «cercenare o alterare moneda legítima».

Quizá sea el caso del emperador Diocleciano el que mejor ilustre este envilecimiento oficial de la moneda:

En tiempos de Diocleciano las arcas públicas de Roma estaban cada vez mas vacías, de forma que, para solucionarlo, el emoerador recurrió al truco de siempre e hizo alterar las monedas de curso legal hasta reducir en un 90% su contenido en metal precioso pero, claro, sin modificar su valor facial. La consecuencia real de esta práctica daría origen a lo que, en 1558, se bautizó como la máxima de sir Thomas Gresham, previamente formulada por Oresmo y Copérnico, y reflejada en la acumulación secreta del buen dinero romano, según la cual «la moneda mala expulsa siempre a la buena». (Quédense con esta máxima).

Lo que le sucedióa Diocleciano fue que los comerciantes y la población en su conjunto guardaron las monedas de buena aleación y comenzaron a rechazar esa moneda alterada en pago de su mercancía.

Otra consecuencia adicional de esta envilecedora práctica de Diocleciano fue que, el aumento en la emisión de moneda, de una manera primitiva, pero inconfundible, planteó la proposición esencial concerniente a la relación del dinero con los precios: la llamada «teoría cuantitativa del dinero» que sostiene, en su forma más elemental, que, «en igualdad de todo lo demás, los precios varían en relación directa con la cantidad de dinero en circulación».

Debido a las tremendas subidas de precios se produjeron revueltas y manifestaciones de las clases populares de forma que, para evitarlas, Diocleciano recurrió a lo único a lo que parecen saber recurrir los malos gobernantes: prohibir y regular. Diocleciano, para evitar las alzas de precios, decidió limitar las subidas fijando listas públicas de precios de las diversas mercaderías… Y sobrevino la catástrofe. Siendo ruinoso vender mercancías en tales condiciones los comerciantes abandonaron la actividad, hubo falta de abastecimiento, pobreza, hambre… No creo necesario contarles más, ustedes lo imaginan fácilmente.

La historia del dinero desde entonces ha sido la de unos gobernantes perennemente endeudados y la del uso de soluciones «financieras» que no eran sino engaños directos a la población: bancos concebidos como negocios piramidales que jamás custodiaban metal que respaldase los billetes que emitían o, desde que Nixon desconectó el sistema financiero mundial del patrón oro, una afición desmedida a la producción de papel impreso como «dinero». Si desean una descripción por extenso de toda esta galería de los horrores les recomiendo la lectura del libro «El dinero: de dónde viene y a dónde va», del economista John Kenneth Galbraith, uno de los más importantes economistas del siglo XX.

La penúltima canallada de gobiernos y poderosos contra los comunes la conocen perfectamente ustedes, sucedió en 2008 y arruinó a muchísimas familias del mundo.

Fue toda esa larga historia de latrocinio la que movió a muchos a buscar soluciones para sacar el dinero del control de gobiernos y poderosos y entregarlo, teóricamente, a la comunidad, de forma que, estafas como las de los últimos 2800 años, no pudieran repetirse y fue así como nacieron Bitcoin y posteriormente el resto de las criptomonedas que conocemos.

Desde el 12 de enero de 2009 (fecha de la primera transacción en bitcoin) hasta el boom de las criptomonedas en 2017 las criptomonedas fueron probando la tecnología distribuida que les daba soporte y sufriendo «burbujas» que las ponían a prueba tanto de los experimentos pseudofinancieros de algunos como de las estafas que, directamente pusieron en marcha otros. Un mundo salvaje y sin más regulación que la del propio código informático que lo diseña (una encarnación de lo predicho por el profesor de Stanford Lawrence Lessig en su obra visionaria «Code 2.0») demostró ser capaz de sobrevivir sin leyes ni decretos.

Este mundo de dinero no controlado por los gobiernos sólo necesitaba de la crisis económica creada en 2020 por el coronavirus para explotar y  surgir por el horizonte como una amenaza para el sistema financiero tradicional y una promesa para los comunes. Veamos por qué.

La cuestión decisiva a la que han tenido que atender los gobiernos del mundo este año 2020 es la de cómo hacer frente a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus y, como pueden imaginar, lo han hecho con el ingenio que ha caracterizado habitualmente a los gobiernos de los imperios: al estilo de Diocleciano; es decir, «fabricando dinero».

Los bancos centrales imprimieron, solo en el mes de mayo del pasado 2020, un valor estimado de USD 15 billones en estímulos como medidas antipandémicas para salvar las economías mundiales, «arrojando al dólar estadounidense debajo del autobús», como dijeron algunos.

Recuerden ustedes ahora la «teoría cuantitativa del dinero» de la que les hablé más areiba y que sostiene, en su forma más elemental, que, «en igualdad de todo lo demás, los precios varían en relación directa con la cantidad de dinero en circulación». Por aplicación de esta ley tamaña impresión de papel tendrá la consecuencia esperable: una importante alza de precios y su pareja pérdida de valor de la moneda.

Tradicionalmente, siempre que los gobiernos han hecho funcionar la máquina de imprimir billetes (billetes que, desde Nixon, carecen de ningún respaldo metálico y que no tienen valor intrínseco alguno) los ciudadanos ham buscado valores refugio que han solido consistir en los metales preciosos que otrora respaldaban las monedas (oro o plata) o en algunas otras mercancías conservadoras de valor.

Sin embargo, en este 2020, a estos valores refugio tradicionales se ha añadido uno más, diseñado como consecuencia de la crisis de 2008: el bitcoin.

El bitcoin, es preciso que lo sepan, reúne todas las características precisas para ser un excelente valor refugio:

1⁰. Suministro limitado

Un buen conservador de valor debe ser un activo limitado. El oro es bueno en eso, su minado es escaso y caro y, salvo que se descubra alguna nueva mina que haga aumentar sustancialme te su cantidad (cosa en que los españoles fuimos especialistas con la plata y las minas de América) permanecerá más o menos constante.

Bitcoin sin embargo supera al oro en este aspecto pues el número máximo de bitcoins está limitaado por el propio sistema a 21 millones. Ya se han «minado» 18 millones y en los próximos 20 años se «minarán» los restantes 3 millones. Ningún gobierno podrá «darle a la máquina de imprimir», hay los bitcoins que hay y no puede haber más. Bitcoin, pues, supera al oro en este aspecto.

2⁰. Fácil de comprar y vender

El oro no es difícil de comprar y vender, basta con que vaya usted con sus joyas a un «compro oro» y acepte el precio que allí le ofrezcan o busque una joyería u otro establecimiento donde comprar unos lingotes o monedas… ¿Fácil o difícil? Usted me dirá.

Para comprar o vender bitcoins solo necesita su teléfono móvil.

Creo que este punto también se va para bitcoin.

3⁰. Ampliamente aceptado como medio de pago.

El oro, no cabe duda, es ampliamente aceptado pero ¿ha probado usted a pagar con oro? Pagar con lingotes de oro o monedas de oro no es tan fácil como podría pensarse, no es fácilmente divisible (¿Cómo le darán el cambio de sus lingotes si no es fraccionándolos?) y ni siquiera su convertibilidad o medición —pesaje, verificación de la ley… etc.— es sencilla.

En cambio, bitcoin, con una capitalización actual de 545.771 miles de millones de dólares (una cifra que iguala al PIB de Suecia) supera con mucho la de la mayoría de los países del mundo y con la posibilidad de usarlo desde su teléfono móvil o a través de PayPal (este año) o tarjetas de crédito, su uso como medio de pago ampliente aceptado podemos decir que supera al oro.

4⁰. Que sea percibido como un acumulador estable de valor.

Basta con leer el primer argumento para saber que bitcoin es intrínsecamente estable como acumulador de valor y, poco a poco en años pasados, pero muy rápidamente es 2020, es percibido como un eficaz acumulador de valor y, en consecuencia, ya ha atraído la atención de conspícuos del mundo de las finanzas como J.P. Morgan o Goldman Sachs que, a lo que se ve, no quieren que esta fiesta se les escape.

Es así como con bitcoin empieza a cumplirse también la máxima de sir Thomas Gresham según la cual «la moneda mala expulsa siempre a la buena» y, en países con problemas económicos derivados de la negligente política monetaria de sus gobiernos, los ciudadanos empiezan a preferir conservar su dinero en forma de bitcoins que de la moneda local haciendo que los cajeros automáticos de bitcoin sean ya una realidad en países como Argentina.

Así pues, una unidad de cuenta eficaz y ajena a los gobiernos, como es el bitcoin, se ha presentado este 2020 como la alternativa definitiva al dinero «fiat» (se llama así a nuestro común dinero de papel basado tan solo en la confianza que nos inspira, pero no en respaldo alguno) y como un defensor de la economía de los indivíduos frente a bancos y gobiernos.

Creo que con todo esto pueden comprender por qué el precio de bitcoin ha pasado de 9.352 $ en enero de 2020 a 29.224 $ en el momento de escribir estas lineas.

Y hasta aquí lo bueno. Supongo que muchos de ustedes se preguntarán a estas alturas ¿Cómo es posible que una moneda sin valor intrínseco alguno y sin el respaldo de ningún gobierno pueda haber alcanzado ese valor? ¿Estaremos locos? ¿No será todo una burbuja como la de los famosos tulipanes holandeses?

Y hacen bien en preguntárselo y es preciso hablar de ello y hablaremos, tenemos por delante un año apasionante para hacerlo.








Justicia contra la crisis

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene cuídelo, creo que le va a hacer falta.

No sé cómo están sus cuentas, lector, lo que sí le aseguro es que a su alrededor son muchos los que ya no tienen dinero en las suyas, viven al día y esperan afanosamente cada primero de mes que les ingresen el sueldo, el paro o el dinero del ERTE, para ver cómo desaparece instantáneamente debido a las domiciliaciones, a la hipoteca o al descubierto de la tarjeta.

En España, eso sí, son pocos ya los que se sienten solos: una legión de pobres desgraciados por un sueldo mísero trabajan de teleoperadores y se dedican a llamar insistentemente a otra legión de pobres desgraciados que se han retrasado en el pago de la hipoteca…

—Buenas tardes, llamo de Banco Sabadell, pregunto por Don… (…)

Y así, estos desgraciados, le recuerdan en nombre del mismo banco al que usted ha rescatado con su dinero (y que aún le debe la cláusula suelo, los saldos en posiciones deudoras, la comisión de apertura y los gastos de tu hipoteca) que es usted pobre, que debe dinero y que, si esto sigue así, no podrá mantener a sus hijos en 2021 y que, si no paga, no sólo perderá su casa sino su dignidad y su futuro. Y para que no lo olvide le llamarán mañana, tarde y noche, a la hora que más puedan molestarle y si bloquea su teléfono lo harán desde otros 100 números más que tienen sólo para que recordarle que debe usted dinero, que es usted pobre, que es usted un mierda con un futuro de mierda.

Y mientras los bancos alivian su soledad dándole esta amable conversación le clavan al mismo tiempo 40 ó 50 euros en comisiones deudoras cada vez que se retrasa usted unos días en el pago. Hay quien vende sucedáneos de sexo y amor por dinero; los bancos, en cambio, le sodomizan y le cobran a 50€ el servicio. Santas corporaciones, no sé cómo nos atrevemos a retrasarnos en el pago.

Y esto, amigo lector, no ha hecho más que empezar.

Porque los créditos antes o después vencerán (aunque se alarguen artificialmente) los ERTES acabarán siendo despidos y los impagos concursos. Las empresas serán debidamente momificadas y cremadas en los tanatorios de lo mercantil y los empresarios individuales y los autónomos, verán cómo los bancos y la administración pública se repartirán sus despojos dejándolos sin dinero, sin dignidad y sin futuro; porque en España, la Administración no olvida el siniestro contenido del artículo 1911 del Código Civil:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Con todos los bienes «presentes y futuros»; es decir, hasta que pagues o hasta que te mueras, porque has de saber que si un banco no te paga estarás jodido —liquidarán el banco y si no hay suficiente no te pagarán— pero si eres tú quien no le paga al banco entonces también serás tú el que esté jodido y, si le debes dinero a la Administración, entonces olvídate de exoneraciones, porque a las personas físicas, en España, sólo se las liquida con la muerte.

La ley de segunda oportunidad ha sido un fracaso, los juzgados de lo mercantil han sido un fracaso y en general el tratamiento de los deudores por el ordenamiento jurídico es un completo fracaso.

Los juzgados españoles de lo mercantil son tanatorios de empresas (menos de un 5% salen vivas del concurso) la ley de segunda oportunidad se ha revelado insuficiente (las deudas con la administración no son del todo exonerables) y, mientras se acerca una bancarrota masiva de personas físicas y jurídicas en España el gobierno y el ministro de justicia se dedican, miserablemente, a profundizar en sus intentos de controlar el poder judicial.

La suerte de los españoles les importa un carajo a lo que parece.

Pero llegará 2021 y habrá que enfrentarse a la verdad, y los obreros verán sus juicios por despido señalados con años de retraso, los autónomos se encontrarán condenados a trabajar en la economía sumergida, con facturas a nombre de terceras personas y sin posibilidad ni siquiera de tener una tarjeta con 300€ de crédito porque la Administración les embarga impmacablemente.

Muertos civiles. Ese es el final que espera a centenares de miles de personas en España mientras políticos y ministros ensucian las moquetas con babas trufadas de canapés.

Estamos al borde del abismo y ellos siguen jugando a sus juegos políticos de controlar el CGPJ, de entregar la instrucción a los fiscales para controlar las instrucciones de los delitos que cometen sus amigos, de prometer tribunales de mierdinstancia para que no haya jueces insolentes con el poder político o de gastar el dinero en implantar momios del siglo pasado como la ¿Nueva? (déjenme que me descojone) Oficina Judicial.

Todo menos trasponer y mejorar la directiva sobre insolvencia, adaptando y previendo las terribles situaciones que muchos españoles y españolas van a vivir; todo menos legislar lo preciso para que los mataderos de lo mercantil no sean la morgue del futuro de la economía española; todo menos preparar los juzgados de lo social para responder al aluvión de trabajo que se avecina y que ya, hoy, no pueden ni atender.

Yo no sé si usted, lector, tiene un buen pasar o si tiene dinero ahorrado; si lo tiene, cuídelo, porque es seguro que le va a hacer falta y, si no lo tiene, seguramente va siendo hora de que se prepare para hacer algo para salvarse porque, a quienes nos gobiernan, usted —que no tiene nada— les importa una mierda.

Hay mucho que se puede hacer para que los españoles enfrenten esta crisis con esperanza y justicia pero —es necesario que lo sepa— o se moviliza usted mismo y pelea por conseguirlo, o le aseguro que ellos jamás lo harán.

Necesitamos un país justo.

El objetivo correcto

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u «operador jurídico» de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos «operadores jurídicos» con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas «incrementalistas» las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

Y no hay remedio

Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

En marzo de 2020 la sanidad española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: una epidemia amenazaba con provocar más enfermos graves de los que sus unidades de cuidados intensivos podían tratar.

La amenaza se vivió como un drama, si tal hecho se producía muchas personas podrían perder su vida de forma que, para que eso no sucediera, se tomaron medidas radicales.

La primera de ellas fue pedir a la gente que se quedase en casa, si no se producían más contagios quizá pudiese tratarse a los ya contagiados y, según se fuesen curando, se irían quedando camas libres.

La segunda fue destinar al tratamiento de esta enfermedad a todo el personal sanitario, incluso a los no especialistas. Los anestesistas ayudaron a los anestesistas de pulmón y los médicos generalistas a los especialistas… Todas las manos se pusieron a la tarea.

En tercer lugar se improvisaron nuevas UCI’s que supliesen la falta de camas de las de los hospitales: se construyeron de la noche s la mañana UCI’s en ferias de muestras y morgues en palacios de justicia, si no había sitio en las UCI’s de un lugar se derivaban los pacientes a las UCI’s de otras ciudades pero se asumía que nadie quedaría abandonado a su suerte…

La población se confinó, los profesionales de la sanidad lo dieron todo, el estado construyó UCI’s y buscó respiradores y menos de 60 días después comenzó a verse la luz al final del túnel. La sanidad había dado una lección enorne de cómo se afronta una crisis. Pero…

Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria se supo que, unas semanas después, llegaría una emergencia jurídica y a la administración de justicia le pasaría exactamente igual que a la sanitaria.

Ya en abril de 2020 la justicia española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: las consecuencias económicas de la epidemia amenazaban con provocar más asuntos graves de los que sus juzgados podían cuidar.

La amenaza, en cambio, NO se vivió como un drama aunque todos sabían que, si tal hecho se producía, muchas personas podrían perder sus medios de vida y es triste que, para que eso no sucediera, no se tomasen medidas radicales.

En lugar de destinar a la lucha contra esta crisis a todo el personal disponible, incluso a los no especialistas, el CGPJ insistió estúpidamente en los principios de especialización y concentración condenando a la saturación a los juzgados. Los enfrentamientos y debates entre funcionarios, jueces, LAJ’s y profesionales se vieron acrecentados por las medidas sin sentido del gobierno y, en lugar de contar con el esfuerzo de todos, ya para mayo era evidente que todos estaban enfrentados al inexistente plan del gobierno.

Porque el gobierno, a pesar de r consciente de que sus UCI’s (juzgados) no podrían absorber todos los casos que se les venían encima, no solo no construyó nuevas UCI’s de emergencia sino que, a esta falta de IFEMA’s sanitarias, se unió la ridícula oposición a derivar enfermos de unos hospitales llenos a otros menos saturados, de forma que, los juzgados de lo social y lo mercantil, se vieron obligados a hacer frente ellos solos y sin ayuda ni medios a la crisis. El colapso quedó desde ese momento garantizado.

Y ahora, usted que lee esto, dígame: ¿por qué los profesionales de la sanidad se muestran capaces de enfrentar una crisis de forma organizada y los de la justicia solo sirven para pelear entre ellos y adoptar tan solo ridículas medidas que no contribuyen a nada salvo a enfrentar unos colectivos con otros?

La justicia española está escribiendo en estos momentos uno de los capítulos más negros de su historia, fallándole a la población cuando más falta le hacía a esta y convirtiéndose, así, en una de las principales responsables del drama económico que muchas familias españolas van a vivir.

Esto, ya lo dije hace semanas, es ya un desastre y pronto lo será pavoroso; y lo peor es que, mientras el barco se hunde, los oficiales bailan en cubierta en traje de gala, discuten sobre los próximos ascensos o redactan nuevas leyes como si, para cuando estas se aprueben, todo fuese a seguir igual.

Insensatos.