Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Frente a las innovaciones tecnológicas, tradicionalmente, han existido tres posiciones: quienes han tratado de aprovecharlas en su propio beneficio, quienes han tratado de prohibirlas considerándolas una amenaza y quienes han tratado de estudiarlas y regularlas en beneficio de todos.

Existe, no obstante, una cuarta posición, quizá la peor de todas, y que no es sino la de aquellos que ignoran cómo afectarán las tecnologías a su sector y dejan suceder las cosas, dando por sentado que las tecnologías “siempre triunfan”. Tal actitud ha sido y es, simplemente, ignorante, indolente e irresponsablemente suicida.

Las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX han sido, hasta ahora, mayoritariamente mecánicas. Quienes apostaron porque tales revoluciones acabarían con el trabajo humano erraron, porque dichas revoluciones mecánicas con quien acabaron fue con aquellos obreros que sólo podían ofrecer trabajo mecánico y esos «obreros» no eran humanos. Cuando los alemanes invadieron la URSS en junio de 1941 su mecanizadísimo ejército solamente tenía unos 150.000 camiones frente a unos 625.000 caballos. Hasta 1945-50 gran parte de la energía de trabajo era todavía muscular y provenía de los animales de tiro, pero, en apenas unas pocas décadas, la extensión de los efectos de estas «revoluciones industriales mecánicas» acabó de tal modo con nuestros inmemoriales compañeros de cuatro patas que, a día de hoy, especies como el burro están en peligro de extinción, la mula no es más que un exotismo y el caballo una distracción para las clases acomodadas.

A quienes prefieren ignorar el verdadero sentido de las revoluciones y apuestan por no hacer nada, les vendría bien reconsiderar el papel de los burros tras las anteriores revoluciones industriales mecánicas, no sea que en esta —la revolución de la información y la inteligencia artificial— acaben siendo ellos los burros. Y no digo nada de lo que le puede esperar a una sociedad gobernada por burros de esta especie. Si algo me preocupa es ver a un responsable político o social inhibiéndose de intervenir y afirmando con ignorante suficiencia que «la tecnología siempre triunfa».

Todas las revoluciones, industriales o tecnológicas, llevan aparejados cambios jurídicos y, dependiendo de estos cambios jurídicos, los efectos de dichas revoluciones han favorecido a unos, a otros, a todos o a ninguno. Déjenme ponerles unos ejemplos.

Cuando Eastman comercializó la película flexible Kodak hizo de la fotografía una tecnología al alcance de cualquiera, pero esta tecnología inmediatamente planteó problemas jurídicos antes nunca pensados, como el de si los propietarios de las cosas tenían derecho a impedir que fuesen fotografiadas. Para quienes eran propietarios de un monumento, un paisaje bello o una catedral vistosa, lo conveniente era que el fotógrafo hubiese de pagar por fotografiarlos, para el desarrollo de la fotografía era mucho más preferible que hacerlo fuese gratuito. La pugna legal fue dura en los Estados Unidos y se solucionó optando por la gratuidad, pues ello favorecía el desarrollo de la fotografía en beneficio de todos. Si a ustedes este debate les parece anticuado harían bien en pensárselo dos veces pues, en Europa, la libertad de panorama (así la denomina la Directiva 2001/29/EC) no es igual en todos los paises y, si usted viaja a Francia o Italia, se encontrará con que eso de fotografiar monumentos u obras de arte tiene su especial regulación.

Otro ejemplo muy ilustrativo de como las revoluciones industriales cambian las legislaciones es el que nos ofrece la aviación. Hasta que se inventaron los aviones era indiscutido que, conforme los juristas venían diciendo desde época de Justiniano, la propiedad de una parcela de tierra se extendía bajo ella “hasta los infiernos” y sobre ella “hasta los confines del universo”. Y si esto era así, como lo era, ¿podían volar los aviones sobre mi finca sin mi permiso?.

A ustedes esta pregunta quizá les mueva a risa pero estoy seguro que esa risa se desdibujará de su cara cuando piensen, por ejemplo, en el espacio aéreo de las naciones. ¿Puede volar un avión extranjero sobre nuestro territorio nacional sin permiso previo?. Y, si un avión extranjero no puede entrar sin permiso en nuestro espacio aéreo, ¿entonces por qué los satélites artificiales sí pueden?; y sobre mis tierras ¿sí o no?

El tema les parecerá de laboratorio pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hubo de enfrentarse a él cuando, en 1946, los hermanos Causby decidieron prohibir a los aviones sobrevolar sus fincas.

En el caso United States v. Causby (328 U.S. 256) el Tribunal Supremo hubo de reconocer que a los demandantes les asistía la razón y que una inmemorial jurisprudencia avalaba su postura, pero que «atentaba al sentido común» tener que pedir permiso para sobrevolar sus tierras.

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos (1946) hacía ya medio siglo que los aviones surcaban los cielos pero ¿Qué cree usted que habría respondido ese mismo tribunal en 1900 cuando los vuelos eran una excentricidad de ricos?

La ley cambió para siempre en USA con el caso Causby, pero no cambió el régimen de la soberanía sobre el espacio aéreo de las naciones y su invasión y, aunque fuese por un solo avión de reconocimiento, tal acción podía poner al mundo al borde de la guerra atómica (por ejemplo en el caso del derribo del estadounidense avión espía U-2 sobre territorio de la URSS en 1960).

Créanme, los cambios tecnológicos fuerzan los cambios jurídicos y estos cambios jurídicos son gobernados por fuerzas y grupos de presión que, a menudo, no trabajan por el interés común sino por el suyo propio; pensemos por ejemplo en las leyes de propiedad intelectual.

Ni Homero, ni Virgilio, ni Horacio, ni el juglar que compuso el Mío Cid, percibieron nunca derechos de autor y, sin embargo, no parece que la literatura ni el arte de escribir haya estado nunca en peligro. No fue sino hasta una revolución tecnológica, la imprenta, que alguien se planteó que se pudiese conceder algún tipo de regalía a los autores. En realidad el hecho de que los autores cobrasen no era algo que preocupase en exceso, pues, a los autores, se les pagaba para que compusiesen nuevas obras, no para que reinterpretasen las antiguas; pero, al ver cómo los impresores ganaban muchísimo dinero vendiendo libros de determinados autores, decidieron que este dinero fuese en parte también a los autores y fue por ello que en Inglaterra la Reina Ana, en 1710, dictó la que pasa por ser la primera ley en materia de propiedad intelectual: el Estatuto de Ana.

Ahora, el sistema de propiedad intelectual que apareció con esa ley, a muchos les parece normal y natural pero, ya antes de que dicho estatuto se aprobara, a las mentes más preclaras del planeta, tal forma de regular la propiedad intelectual les parecía una aberración.

Las mentes más preclaras, es bueno que se sepa, eran españolas y se avecinaban en Salamanca; formaban una escuela que se llamó Escuela de Salamanca y su capacidad teórica y nivel de conocimientos estaban al nivel de las mejores, quizá un punto por encima.

Para estos pensadores la propiedad intelectual no era un juego de suma cero (no te preocupes, luego te explico qué es esto) y por tanto no se podía aplicar la regulación tradicional de la propiedad de los bienes, que es un ejemplo clásico de juego de suma cero.

Un juego de suma cero es, por ejemplo, el tenis: o gana Nadal o gana Federer, pero no pueden ganar los dos. La propiedad tradicional es también un juego de suma cero: o yo conduzco el coche o lo conduces tú, pero ambos a la vez no; las cosas son de alguien pero, en cuanto son de alguien, ya no son de los demás.

En cambio la propiedad de las ideas no es posible concebirla como si fuese un juego de suma cero: si yo tengo una idea y te la doy tú tendrás la idea pero yo no la perderé, de forma que los dos tendremos la idea. Todos ganan y nadie pierde, esto claramente no es un juego de suma cero.

Si usted tuviese un pan y pudiese sin esfuerzo hacer tantas copias del mismo cuantas quisiera ¿Con qué fuerza moral podría impedir usted que se acabase con el hambre del mundo?

Pues bien, la Escuela de Salamanca, precisamente porque entendió que la propiedad de las ideas no era igual que la propiedad de la materia y que no estábamos ante un juego de suma cero, desaconsejó esta solución.

Fue sin éxito, en Inglaterra y en el mundo no conocían otra forma de propiedad que la de Justiniano y en esta ocasión ganaron los Causby de la época y se aplicó a las ideas el mismo régimen de propiedad que al resto de las cosas.

La regulación no fue del todo mal hasta la aparición de los irdenadores y de internet. Hoy la copia de obras no es algo complicado ni producto de una invención avanzadísima —como parecía la imprenta en el siglo XVI— sino que es algo que se produce millones de veces y sin coste. ¿Por qué habríamos de pagar por una copia?

Redulta curioso que los adalides del software libre (el software que hace funcionar el mundo que conoces) recurran ahora, en pleno siglo XXI, a aquella maravillosa visión de la Escuela de Salamanca y proclamen que toda la regulación sobre propiedad intelectual en el mundo descansa sobre un principio falso, que se trata de un juego de suma cero, y que debería ser revisada de alto en bajo y regularla como lo que es, un juego de suma no cero. Pero, ¡ay!, tras tres siglos de unas leyes mal concebidas, nuestras conciencias se han habituado a ellas, las vemos como naturales, nos resistimos al cambio y, lo que es peor, terribles intereses económicos se aprovechan de las inconsistencias de esta legislación. Para los Estados Unidos la industria de Hollywood es intocable (les produce muchísimos millones en ganancias) y la misma descansa sobre una determinada concepción de la propiedad intelectual que ellos mismos han ido construyendo a su conveniencia tras apropiarse del trabajo de otros. Y, si Hollywood es intocable, permítanme que les diga que Estados Unidos ya ingresa más por derechos de autor de videojuegos que de producciones de Hollywood. ¿Comprenden ustedes por qué esta legislación no va a cambiar aunque esté mal concebida?

Es por eso que hoy que Amazon ha abierto la guerra de los servicios jurídicos en internet es más necesario que nunca que los juristas hagamos un esfuerzo teórico y creativo superlativo, porque si permitimos que la regulación del sector se deje en unas solas manos, quienes perderán serán los que no estén en la redacción de esa regulación. No es temor a la tecnología, no, no es tratar de frenarla, tampoco; amamos la tecnología, pero sobre todo amamos la justicia y lo que no podemos hacer es dejar indolentemente en manos ajenas esta regulación.

Así pues grábatelo a fuego: o damos la batalla por una regulación moderna y justa que no frene sino que fomente la tecnología en beneficio de todos o corremos un riesgo cierto que nos pase como a los burros de la wehrmacht.

Abogacía dual

Vamos a una abogacía dual compuesta de unos pocos ganadores y de muchos perdedores que apenas si podrán subsistir.

Todos sabemos que el juego está amañado pero ¿cómo han logrado —cómo hemos dejado— amañar las reglas del juego para hacer que una profesión, no hace tanto digna, se vea sometida a una tensión tan extrema como la que vivimos en los últimos años?

El nivel de vida en España, desde 1995, ha subido en casi un 300% pero la situación de los abogados ha empeorado notablemente en esos mismos años como consecuencia de sucesivas reformas legales que, perjudicando a consumidores y ciudadanía en general, han beneficiado fundamentalmente a corporaciones y grandes empresas. Hoy España, con un PIB tan sólo un 24% por debajo de Alemania, tiene unos salarios un 54% por debajo.

Los ejemplos serían muchos pero el ejemplo de lo ocurrido con las aseguradoras y el baremo es suficientemente ejemplificativo. Ahora, en plena defensa de los consumidores en el mundo de las hipotecas, el posicionamiento sistemático de los diversos gobiernos y aún de alguna institución que se dice defensora de los abogados, ha sido incuestionablemente favorable a las entidades financieras.

Si esta abogacía que nosotros, el 85% de los abogados y abogadas de España, representamos se sigue desintegrando ¿cual será el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de España? ¿Entregarán sus esperanzas de justicia y su futuro en manos de corporaciones mercantiles supuestamente jurídicas en cuya cartera de clientes serán no más que el último de los números? ¿Serán eficazmente representados por unos pocos bufetes entregados a la defensa los intereses superiores de sus cuentas más importantes en cuanto a pago de honorarios?

Hay una riqueza que crea poder político y un poder político que a su vez modifica las reglas que crean la riqueza. No solo hablamos de financiación de campañas electorales, de elaboración de informes o borradores de leyes, al final del camino siempre están las sempiternas puertas giratorias. ¿Dónde crees que fueron importantes cargos gubernamentales de todos los partidos como Soraya Sáez de Santamaría —vicepresidenta del Gobierno—, Rafael Catalá —Ministro de Justicia del PP— o Caamaño —Ministro de Justicia del PSOE— cuando abandonaron el gobierno? Exacto, lo has adivinado, a grandes firmas jurídicas. ¿Qué poder y qué capacidad de influencia crees que acumulan esas firmas que prevén que tú, abogado independiente, acabes en un mundo low-cost uberizado?

Los políticos no hablan de valores, de libertad o de justicia, es el dinero el que habla por los políticos haciendo de ellos, con escasísimas excepciones, no más que voces mercenarias, asalariados de la ideología que conviene a quienes acumulan riqueza y poder.

Quienes mandan quieren que creamos que el parlamento se divide en izquierda y derecha cuando la auténtica división es la de quienes están en la clase dirigente —de un lado— y la de quienes no están —estamos— en ella.

La forma de recuperar nuestra profesión es recuperar nuestra democracia, nuestra administración de justicia y los valores que merece la pena defender. Crear entidades que puedan disputar eficazmente la influencia de todas esas corporaciones y grupos de presión que pretenden acabar con nuestra forma de entender la profesión, la justicia y la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ser un ciudadano, ser un abogado, es algo más que votar, es algo más que defender a un solo individuo; ser un ciudadano, ser de verdad un abogado es involucrarse allá donde la justicia está en peligro y si es necesario pelear con todas las armas que la democracia y la ley ponen a nuestro alcance. Somos juristas y somos los más capacitados para hacerlo, no minusvalores nuestra capacidad de dar la batalla, debidamente organizados somos una fuerza sencillamente imparable y lo saben.

Los cambios sociales se producen cuando la población detecta una tensión entre el ideal que tienen y la realidad que ven a su alrededor. Nunca ha habido una tensión mayor que ahora entre la justicia y la realidad; nunca ha habido una distancia mayor entre la ley y los fenómenos de corrupción que han destruido grandes sectores de nuestra economía y espacios difícilmente recuperables de nuestra democracia.

Usar nuestra voz, nuestro vigor, nuestra capacidad de influencia, nuestro arsenal jurídico y hasta nuestros votos está en nuestras manos. De nosotros depende cambiar las reglas. Por eso, resérvate para ti los días 29 y 30 de noviembre, porque tenemos un trabajo que hacer juntos.

Arcos de seguridad y birretes

Contaba Pedrol Rius una anécdota cuya autenticidad no he comprobado pero que, se non e vera e ben trovatta; sostenía Pedrol que la primera huelga de abogados de España se produjo por el uso del birrete por los abogados. Al parecer y como gesto de dignidad los jueces se arrogaron el derecho de permanecer cubiertos en sala (quien haya hecho la mili sabe que no quitarse el sombrero al entrar a lugar cubierto es una grave falta de educación) privilegio este que a los abogados encolerizó.

Jueces, fiscales y abogados se sientan en España en estrados a la misma altura y eso no es así por casualidad. La igualdad de las partes, incluso en dignidad, se visibiliza así ante el administrado con toda la fuerza que dan los hechos. Es verdad que luego, costumbres corrompidas y poco edificantes, parecen empeñarse en sacar al administrado de su error.

Hoy, en Valencia, han vuelto a tocarle los birretes a los abogados, ningún funcionario juez ni fiscal pasará por el arco de seguridad de entrada a la Ciudad de la Justicia pero los abogados sí (descúbrase abogado). Quien haya sido la cabeza pensante de esta medida ha demostrado ser tan ajeno al espíritu que preside (o debiera presidir) los procesos en España como lo es la comida basura a la gastronomía.

O todos nos cubrimos o todos sin sombrero, o todos pasan o los abogados tampoco pasan, la batalla por la justicia la han peleado los abogados en España desde lo más hondo del alma al último vuelo de la toga, desde el birrete en la cabeza a la altura en estrados.

Si la abogacía institucional no arregla inmediatamente este asunto las consecuencias no se harán esperar.

¿Hay muchos abogados en España?

La afirmación de que en España hay demasiados abogados reaparece con extraña regularidad en las noticias; sin embargo, esta especie de serpiente de verano jurídica, ni es una novedad ni, hasta la fecha, la he visto apoyada sobre un estudio serio y que tome en cuenta todos los parámetros necesarios —no siempre económicos— que deberían ser considerados antes de efectuarla.

Sí, la afirmación de que «hay demasiados abogados», es un tópico clásico de la civilización occidental en relación con nuestra profesión que se repite cíclicamente; de hecho creo que, en los más de treinta años que llevo ejerciendo, nunca he dejado de escucharla.

Las quejas sobre el exceso de abogados fueron corrientes ya en la Inglaterra y en los Estados Unidos de 1840, por ejemplo; también en la Alemania de la primera década del siglo XX; en Australia, Canada, los Estados Unidos y Escocia en la década de los ochenta del siglo pasado…, etc.1 No estamos pues ante una afirmación novedosa ni que responda a criterios científicos, pues parece válida para cualquier tiempo y lugar. Esta afirmación, más que con consideraciones económicas o jurídicas, parece tener que ver con ciertos lugares comunes negativos que la sociedad suele tener sobre la profesión de abogado.

La afirmación, además, no suele ser neutra ni imparcial y, cuando se hace, es bueno analizar cuidadosamente las características de su emisor pues puede que la misma, lejos de ser un diagnóstico de una situación real, no sea más que un ardid o engaño para arrimar el ascua a su sardina o, como más elegantemente dicen los abogados, sea un simple argumento «pro domo sua».

Reducir el número de abogados en el mercado es bueno, en primer lugar, para quienes ya están suficientemente establecidos en él: una menor oferta hace subir los precios y por ende los beneficios. ¿Alguien cree que detrás del endurecimiento de los requisitos de acceso a la abogacía no se esconde una porción de ese deseo de reducir la oferta de letrados con la vista puesta en una mayor cuota de mercado para los ya establecidos?.

Reducir la oferta de letrados, en segundo lugar, es bueno para quien desee reducir o recortar los derechos de la ciudadanía. Los abogados facultan a los ciudadanos para defender sus derechos individuales frente al poder (los «empoderan» que diría algún moderno); cuanto más caro o difícil sea acceder a un letrado tanto más complicado será oponerse a un abuso o restricción de derechos2. Toda la batalla que los bancos están dando ahora en relación a las costas sólo tiene un sentido: hacer antieconómico para letrados y clientes reclamar por las cláusulas nulas en los casos de pequeña cuantía de forma que los bancos puedan lucrarse impunemente por sus abusos-masa. Alejar los juzgados de los administrados (juzgados únicos provinciales hipotecarios) tiene el mismo efecto: encarecer para el ciudadano y su letrado el procedimiento y favorecer el enriquecimiento abusivo de los bancos; del mismo modo colapsar deliberadamente esos juzgados prolonga en el tiempo los procedimientos y disuade al consumidor. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan?

Reducir la oferta de letrados favorece, en tercer lugar, el control de la independencia real de los letrados. Si la abogacía, en lugar de estar compuesta por un 85% de letrados independientes, lo estuviera por tan sólo doscientos o trescientos grandes bufetes para quienes trabajasen el 85% de los abogados, tengan por seguro que procedimientos como el de las cláusulas suelo serían muchísimo más difíciles pues, en la generalidad de los casos, estos despachos tendrían como cliente principal a alguna gran corporación o banco que dificultaría que el despacho trabajase con la deseable independencia en contra de sus intereses.

En realidad el número deseable de abogados tan sólo está en relación con un indicador: el número de injusticias que se cometen en un país. El trabajo de los abogados es remediar injusticias y su número será mucho o poco tan sólo en función del número de injusticias que se hayan de remediar.

Para tener una idea aproximada veamos las tasas de litigiosidad en España y pongámoslas en conexión con el número de abogados ejercientes.

Conforme a las estadísticas publicadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) la tasa de litigiosidad (casos ingresados por cada mil habitantes) en la jurisdicción civil es de 47,7 casos. Si tal afirmación es cierta eso supondría aproximadamente un total de mas de dos millones de asuntos civiles anuales ingresados y, si consideramos que todos esos casos fuesen simples casos de juicios verbales en los que tan sólo interviniese un abogado que pudiese cobrar el mínimo imprescindible, resultaría que la facturación estimada de tal mercado estaría en torno a los 1.600 millones de euros y esto en el caso más restrictivo pues ustedes saben que no solo de procedimientos verbales de ínfima cuantía vive el hombre. Si dividimos el mercado civil así considerado (juicio verbal, cuantía ínfima, un solo letrado por caso ingresado) entre los 150.000 letrados teóricos de España a cada uno corresponderían unos ingresos de 10.000€. Parece poco pero es que hemos calculado en las peores condiciones, incluso considerando que en un juicio sólo hay un letrado (lo racional sería duplicar esos diez mil euros).

Ahora bien, si la tasa de litigiosidad civil es de 47.7 casos, la tasa de litigiosidad penal es de ¡67,5!, punto este en el que les dejo a ustedes calcular el tamaño mínimo del mercado en euros. En lo Contencioso la tasa es de 4,5 y en Social de 8,7.

¿Sobran abogados? Pues… a juzgar por las cifras crudas, en un primer vistazo (y a salvo de un estudio riguroso e independiente) parece que no, aunque, claro, nunca hay mercado que soporte una intervención insidiosa. Veámoslo.

Una forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados es proclamar un amplio derecho a la justicia gratuita que alcance a grandes capas de la población y luego pagar esos servicios a 2€/hora, por ejemplo. Si se hace esto se está operando sobre el mercado forzando una bajada artificial de los precios de los servicios sin que la CNMC parezca tener nada que decir al respecto en este caso. Pagar con justicia a los abogados de oficio no es sólo una exigencia de los abogados de oficio sino una demanda irrenunciable de la abogacía independiente si quiere poder sobrevivir.

Otra forma eficaz de reducir el número de abogados es acaparar la demanda a través de campañas publicitarias que no están al alcance del abogado tradicional y presionar los precios aparentemente a la baja (a la hora de litigar se cobra a precio de criterios orientadores).

Otra forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados y contraer el mercado es alejar las sedes judiciales del lugar donde viven los ciudadanos. Tal alejamiento encarece los servicios para los ciudadanos pues los letrados, necesariamente, habrán de minutar los gastos de desplazamiento mientras, bancos y empresas grandes, verán cómo sus gastos se reducen al litigar en el foro donde suelen tener sus despachos: la capital de provincia. Esta maniobra de concentración de juzgados es quizá una de las más siniestras estrategias de los diversos gobiernos para cercenar los derechos de los consumidores, para favorecer a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos y para atentar contra la independencia judicial, pero todo eso para dos o tres posts. Simplemente permítanme dejar aquí anotado este efecto pernicioso para el mercado de servicios jurídicos.

La política de costas es otra forma eficaz a través de la cual el poder restringe el acceso a la justicia. Siempre favoreciendo a bancos y grandes empresas (las costas en los procesos ejecutivos o hipotecarios se embargan desde el primer día) los poderes públicos se han protegido en la jurisdicción contenciosa con un estricto sistema de costas mientras los bancos —y de forma siniestra la propia abogacía— buscan cómo modificar las costas en la jurisdicción ordinaria en su beneficio y en perjuicio de los consumidores.

Así pues ¿sobran abogados?. No deberían sobrar pero, si no tomamos en nuestras manos las riendas de la situación y corregimos los abusos que desde el poder se están llevando a cabo contra la abogacía, pronto sí que sobrarán y sobrarán muchos. Las artificiales condiciones del mercado hacen que, en tanto que hay un importante incremento en la demanda de servicios jurídicos, el precio de los mismos caiga fortísimamente, una paradoja que convendría estudiar seriamente.

Por el momento baste señalar que la afirmación de que «hay muchos abogados» debe ser tomada a beneficio de inventario pues no se apoya en ningún estudio serio, debe señalarse también que el estado interviene en los precios a través de su política de justicia gratuita, de planta judicial, de costas judiciales, de forma que sienta las bases para hacerle un ERE de dimensiones inauditas a la abogacía independiente en favor de la abogacía negocio.

Mientras la abogacía independiente está en peligro de muerte el Consejo General de la Abogacía Española se reúne de urgencia elndía 7 en pleno monográfico para hablar del control horario en los despachos y de la postura contraria al mismo de los grandes despachos y del propio CGAE. Nada de turno de oficio o de precarización de la profesión, lo urgente es defender los intereses de los grandes despachos.

Yo que tú no dejaría mi futuro en sus manos y me organizaría.


  1. Abel, England and Wales, 37; Gerald W. Gawalt, “Sources of Anti-Lawyer Sentiment in Massachusetts, 1740–1840,” in Essays in Nineteenth-Century American Legal History, ed. Wythe Holt, 624–648 (Westport, CT: Greenwood Press, 1976), 624–625; Blankenburg, 127; Weisbrot, 246; Arthurs, 128; Marc Galanter, “Predators and Parasites: Lawyer-Bashing and Civil Justice, ” 28 Ga. L. Rev. 633, 644–648 (1994); Stephen D. Easton, “Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,” Wall Street Journal, 27 November 1984; Gerry Spence, With Justice For None: Destroying An American Myth (New York: Times Books, 1989), 27–40; Paterson, 76; todos ellos citados en wikipedia, bajo la voz «Lawyer». ↩︎
  2. Stephen D. Easton, “Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,” Wall Street Journal, 27 November 1984. Este artículo refuta la queja generalizada de que hay demasiados abogados en los Estados Unidos, señalando que, en aquellos países donde hay menos abogados, como Japón, a los demandantes les resulta virtualmente imposible llevar adelante con éxito sus reclamaciones simplemente porque el número de letrados es insuficiente. El artículo señala que incluso los casos de muerte por negligencia con pruebas claras de culpa pueden prolongarse durante décadas en Japón (¿les suena?). Por lo tanto —concluye el autor— cualquier reducción en el número de abogados resultaría en una reducción de la aplicación de los derechos individuales. ↩︎

Congreso de Valladolid: una carísima reunión sin sentido.

Digámoslo claro: a lo que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha organizado esta semana en Valladolid se le puede llamar de muchas formas, lo que no se le puede llamar es Congreso de la Abogacía.

El Congreso de la Abogacía se regula en los artículos 76 y 77 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, NO es el que se está celebrando en Valladolid; en Valladolid, si acaso, lo que se está celebrando es una reunión de unos pocos abogados (apenas un 1%) que ha
sido organizada y financiada con la garantía del 99% restante.

El Congreso, para merecer el nombre de tal, debía, al menos y por exigencia legal contar con un reglamento previo:

Artículo 77.

1 El Reglamento del Congreso Nacional, que determinará la forma de
composición del Congreso, será aprobado por el Consejo General y será
remitido a los Colegios con la convocatoria.

2 En la elaboración del Proyecto de Reglamento, el Consejo General
de la Abogacía lo enviará a las Juntas de Gobierno de los Colegios
para que, en plazo de treinta días, formulen sugerencias o enmiendas,
que serán debatidas por el Pleno del Consejo General al aprobar dicho
Reglamento.

Pues bien, tal reglamento NO existe. Trate usted de buscarlo en la web del CGAE o en las comunicaciones que le ha remitido su colegio, trate de verificar si se ha producido el proceso de elaboración del reglamento fijado por el artículo 77.2 del Estatuto de la Abogacía, trate siquiera de encontrar a alguien que le dé razón de él. Comprobará, supongo que con tristeza, que tal reglamento no existe y no existe porque la dirección de CGAE ha decidido dar cumplimiento (cumplo y miento) a las obligaciones establecidas en el Estatuto de la Abogacía en la forma habitual: llamar a las cosas por el nombre que no tienen. Así pues, aunque el Estatuto de la Abogacía obliga a CGAE a organizar un congreso con unos requisitos determinados, CGAE ha
decidido incumplirlo descaradamente y pasarse los preceptos de su propio estatuto por el forro de los vestidos de gala y canapé. CGAE, a la vista está, no quiere una abogacía participativa, la que le gusta
es esta: una reunión de afectos al régimen que aplaudan hasta sangrar. Y que paguen otros.

Recalquémoslo, este congreso-feria (se dice que ronda el millón de euros de presupuesto) no es el regulado en el artículo 76 del Estatuto de la Abogacía, esta reunión de abogados de Valladolid puede ser llamada de muchas formas pero en ningún caso es el Congreso
Nacional de la Abogacía que regula el artículo 76 del Estatuto:

Artículo 76.

1 El Congreso Nacional de la Abogacía Española es su suprema
instancia consultiva y las conclusiones tendrán carácter orientador
para los órganos corporativos de la misma.

2 El Congreso Nacional será convocado por el Consejo General de la
Abogacía, al menos una vez cada cinco años.

Aunque a CGAE no le gusta una abogacía participativa en lo institucional parece que le deleita una abogacía participativa en lo
económico: no hay empacho en cobrar cuotas a todos y con ellas, participen o no, garantizar o financiar la asistencia del 1% adicto en unos casos, engañado en otros o que, en los casos más éticos —gracias
Altodo, gracias compañeros de #R—, acude a protestar.

Incumplir deliberadamente el Estatuto General de la Abogacía silenciando la única instancia de que disponen todos los abogados de España para participar y hacerlo usando del presupuesto de todos, es una acción grave, muy grave, y está pidiendo una respuesta adecuada.

La denuncia en redes no ha merecido respuesta por parte de los responsables de la abogacía institucional hasta ahora, esperemos que, en el futuro, este ominoso silencio voluntario no se le ofrezca a los
ahora silentes como un derecho.

Esta abogacía institucional está muerta, pero su agonía de fiestas, saraos y canapés, amenaza con arrastrar al abismo a esa abogacía que componen el 85% de los abogados de España que no pertenecen a grandes despachos y que, para colmo, han de afianzar las fiestas sin sentido de estos mandarines.

Es, pues, tiempo de organizarse.

Tu imperativo

La teoría del caos es la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias (biología, meteorología, economía, entre otras) que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a largo plazo. Al menos esto es lo que nos dice wikipedia.

En la vieja física determinista de Newton, conocidas todas las variables del sistema, uno podía predecir con toda exactitud dónde se encontraba un cuerpo celeste —por ejemplo— en cualquier momento del pasado y dónde se encontraría en cualquier momento del futuro. El tiempo podía, pues, ir adelante o atrás sin que eso afectase demasiado al sistema.

Sin embargo la física —en especial la cuántica— nos ha revelado un universo lleno de incertidumbres, donde el conocimiento exacto de ningún dato parece posible (incertidumbre de Heisenberg ), donde los sistemas caóticos ganan protagonismo o donde la existencia de estados irreversibles permiten afirmar que, en contra de lo que pasaba en el universo determinista de Newton, la flecha del tiempo cobra especial sentido.

De todas las características de los sistemas caóticos, es la de su tremenda sensibilidad a pequeñas variaciones en las condiciones iniciales la que más ha atraído la atención del público. Se sabe que, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de uno de estos sistemas, pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro y se ha ejemplificado esta característica con el llamado «efecto mariposa». En el caso del tiempo atmosférico —un clásico ejemplo de sistema caótico— pequeñas variaciones como el aleteo de una mariposa en el Golfo de Guinea, se afirma, pueden acabar produciondo huracanes en las Islas de Barlovento del Caribe.

Pues bien, si el aleteo de una mariposa puede producir huracanes en un sistema caótico como el del tiempo atmosférico, ¿qué consecuencias pueden tener las acciones de un ser humano en el seno de otro sistema caótico como es el de las sociedades humanas modernas?

Si tomamos conciencia, si verdaderamente somos conscientes, de que cada una de nuestras acciones puede cambiar el mundo y la sociedad, probablemente nos ocuparíamos mucho más de llenarlas de sentido o de contenido moral.

Quienes te recomienden que no te esfuerces, que tus protestas, manifestaciones o reivindicaciones no van a servir de nada, no le dediques la más mínima atención. Tú sabes que eres importante y que todo cuanto hagas puede ser importante, muy importante, que sólo quienes no quieren que nada cambie te recomendarán estar quieto y sometido. Tú puedes cambiar el mundo con cada uno de tus actos, la física y la matemática de las ecuaciones no lineales están de tu parte, no les vayas a dar el gusto a esta caterva de deterministas que creen que todo está escrito, hazles saber que el futuro lo escribes tú tanto como ellos y que su mal guión de mala película está llamado a abandonar las carteleras. Para siempre.

Mariposa Almirante Rojo.
Mariposa «Vanesa Atalanta» (Almirante Rojo) común en Europa del Sur. Se cría en la albahaquilla de muro («parietaria judaica»), una planta que crece en las grietas de muros y paredes.

Composición de textos judiciales

Hoy en tuíter un buen abogado ha realizado una encuesta sobre qué tipografía usábamos cada uno de nosotros al componer nuestros escritos judiciales. Yo he dado a esa pregunta una respuesta bastante larga aunque, debido a la complejidad del tema, siento que no he me explicado bien, así que, aquí va un pequeño post tratando de explicarle.

La composición de textos destinados a ser leídos en el seno de un proceso es una tarea compleja que, a lo largo de los años, he tratado de ir refinando. Un texto legible y de alta lecturabilidad ayudará a que el mismo sea leído y eso —no les quepa a ustedes la menor duda— nos ayudará eficazmente en nuestra tarea persuasora; así pues, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestro texto sea legible.

Comenzaré señalando que la longitud de las líneas de texto es fundamental: una línea demasiado larga hace que el paso de los ojos sobre ella sea largo en exceso y propenso a «descarrilar» entre líneas; si, por el contrario, la línea es corta, estresaremos innecesariamente a nuestro lector haciéndole cambiar de línea con más frecuencia de la deseable. Se ha calculado el número de lectores que desertan de la lectura de un texto compuesto con líneas demasiado largas o cortas; así pues, mi primer trabajo fue averiguar la longitud óptima de las líneas de texto. Aunque hay diversidad de opiniones dependiendo de multitud de circunstancias hay amplio consenso en que, en un texto impreso, la longitud óptima de línea se encuentra entre los 40 y 70 caracteres incluyendo espacios o unas 12 o 14 palabras por línea.

Otro aspecto fundamental para la legibilidad de los textos es el espaciado. Nuestros lectores son adultos que han hecho de la lectura su modo de vida; no leen letra a letra, como los niños, ni siguiendo las líneas con un dedo. Los destinatarios de nuestros escritos leen las palabras en grupos, en bloques, de un vistazo, y un elemento que les ayuda grandemente a hacer eso es que el espaciado sea lo más pequeño posible. Es mejor usar guiones de fin de línea y dividir palabras que dejar amplios espacios entre palabras con el riesgo de que se formen «ríos» de blancos en los párrafos del escrito. Por tanto, si me permites un consejo, usa guiones de división de palabras al final de cada línea siempre que veas que esa línea contiene un espaciado demasiado amplio entre palabras.

El objeto de todo este trabajo es que quien haya de leer nuestro texto se sienta cómodo haciéndolo. Una buena composición de textos es tan importante (o más) que la prosodia en el informe oral. Piensa en los destinatarios de tus escritos cuando los compongas.

Al igual que importa la longitud y composición de las líneas de texto importa una buena gestión de blancos; los blancos son al escrito como los silencios a la música: no seas cicatero con los blancos, ajusta tus composiciones a las necesidades de cada texto.

En cuanto al tipo de letra, antes de decidirte por una, deberías cerciorarte de unas cuantas cosas, al menos, las siguientes:

La legibilidad de los tipos «modernos» (Bodoni, Didot, etc…) no es mejor que la de los «antiguos» (Caslon, Garamond…) pues estos últimos tipos han demostrado su óptima legibilidad frente a cualquier otro tipo de letra. Si tienes dudas usa Caslon o Garamond, la legibilidad está asegurada, ningún lector se quejará y —dado que muy pocos tienen conocimientos de tipografía— creerán que están leyendo un Times News Roman (lo digo por si diriges tu escrito a la Sala III del Supremo con sus ridículas disposiciones tipográficas). Si vas a usar tipos modernos (Bodoni, Didot…) úsalos para titulares: es un clásico.

No uses letras sin serifas (Arial, por ejemplo) su legibilidad es inferior a Caslon o Garamond y, además, Arial es una mala copia de una fuente mítica: Helvética. Si vas a usar letras sin serifa usa Helvética, te parecerá que no se distingue de Arial, pero te aseguro que sí pues Helvética es un tipo de letra omnipresente en la sociedad y —si no me crees— te invito a que realices este test.

Otra cuestión a tener en cuenta es si la fuente que vas a usar es multiplataforma, es decir, si podrás usar idéntica fuente en Windows, Linux o Mac. No todas las fuentes son comunes en todas las plataformas y, de hecho, muchas de ellas tienen copyright. Si siempre vas a usar la misma plataforma o sistema operativo puedes obviar esto, pero te sugeriría que no dieses nada por supuesto: tu teléfono será Android o IPhone mientras que tu ordenador de sobremesa es probable que sea Windows. Tampoco sabes qué sistema operativo puede usar el receptor de tus escritos así que yo te sugeriría que usases fuentes multiplataforma y disponibles para todos los usuarios. En este sentido Google tiene una colección de fuentes verdaderamente buenas. Si tienes dudas yo te sugeriría emplear una de estas fuentes: EB Garamond. No te voy a contar las virtudes de los tipos que diseñó Jean Claude Garamond, pero, si no lo tienes claro, úsalos: no fallarás.

En fin, componer un escrito judicial es un trabajo complejo pero que, hecho una vez, queda hecho para siempre y se convierte en tu sello distintivo. Es, además, un gesto de educación y de respeto a los destinatarios de tu escrito; quizá ellos no lo aprecien pero, inadvertidamente, si tus escritos gozan de una alta legibilidad y lecturabilidad, tus posibilidades de que sean mejor leídos y comprendidos aumenta exponencialmente y eso redunda en provecho no sólo de tu lector, sino de tu cliente.

Es verdad que, ahora, los textos son leídos en la mayor parte de los casos en pantalla y esto tiene sus interesantísimas especialidades aunque no debes descartar la posibilidad de que, para leerlos, los magistrados ordenen previamente su impresión en papel. Si eres un milenial quizá te parezca raro pero la comodidad de la lectura en papel aún no ha sido superada por ningún dispositivo electrónico. No desprecies, pues, lo antiguo: un libro es un prodigio tecnológico y es el producto de varios siglos de evolución y —si quieres un dato más— cuando, en los 90, las acciones de las empresas papeleras se desplomaron en previsión de que la informática acabase con ellas, quienes vendieron sus acciones cometieron un error de bulto: el consumo de papel se ha multiplicado desde la aparición de la informática.

En fin, no voy a extenderme, no se puede tratar un tema tan complejo en un solo post pero, con lo dicho, entenderán por qué me molestan los «magistrados tipógrafos» de la Sala III del Tribunal Supremo y sus disposiciones de composición de textos.