¿Hay trabajo para todos los abogados ejercientes?

Seguramente el post de ayer no estaría completo si, además de estudiar el lado de la oferta no estudiamos el lado de la demanda, esto es ¿cuánto trabajo genera la administración de justicia para los abogados?

Como veremos es extremadamente difícil dar una respuesta exacta con los datos en la mano de forma que, como pura aproximación, echaremos un vistazo a los datos que facilita el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actividad de juzgados y tribunales para obtener alguna orientación.

Observemos en primer lugar la actividad de la jurisdicción civil en el año 2020

Fig.1 Resumen de la carga y resolución de asuntos en la jurisdicción civil

Los datos que he decidido tomar en cuenta de este resumen es exclusivamente el de sentencias dictadas pues en tales procedimiento podemos estar casi seguros que al menos han intervenido dos abogados por sentencia. Es verdad que hay casos de rebeldía, pero también de litisconsorcio activo y pasivo de forma que un cálculo prudente arrojaría que las 570.251 dictadas han generado 1.140.502 intervenciones letrada. Muy probablemente sean bastantes más pero a los efectos de este post seremos prudentes.

La jurisdicción penal, por su parte, ofrece los siguientes datos según el CGPJ

Fig.2 Resumen de la carga y resolución de asuntos en la jurisdicción penal

En este caso hemos excluido de la base de cálculo las sentencias dictadas en los juzgados de instrucción y hemos considerado la intervención de un único abogado. Es evidente que puede haber pluralidad de acusados pero, insisto, dado que no hay cifras a ese respecto he optado por la cifra más conservadora y, conforme a los criterios anteriores, podemos concluir en que los datos anteriores nos dan un mínimo razonable de 193.863 intervenciones de letrado.

La jurisdicción contencioso administrativa, por su parte, arroja unas cifras muy inferiores

Y prescindiremos de computar la jurisdicción social dado que a ella concurren también graduados sociales y, con los datos facilitados por el CGPJ, es imposible desagregar las cantidades. No obstante y por si alguien siente curiosidad estas son las cifras.

Pues bien, siguiendo el criterio conservador y de mínimos enunciado y sumando las intervenciones letradas computadas podemos concluir que en el año 2020 hubo un total de 1.456.447 actuaciones que, divididas entre los teóricos 154.296 letrados ejercientes que el CGPJ declara existentes en España, nos darían una media de 9,4 asuntos por abogado y año.

¿Son esos datos creíbles?

Podría comenzar justo aquí el post pero se me hace tarde y me parece que, mucho más interesante que lo que yo diga, es la percepción que me den los lectores. Temas como el turno de oficio, los falsos autónomos, la abogacía litigante real… Para poder tomar decisiones con acierto son necesarias buenas métricas y estas que ofrezco son las que tenemos.

Analícenlas (las tablas, no mis estimaciones) y díganme qué conclusiones sacan si es que sacan alguna.

¿Hay demasiados abogados en España?

Es la pregunta de todos los años: ¿hay demasiados abogados en España?. Cada vez que los profesionales de la abogacía experimentan dificultades una de las primera hipótesis que se formulan es la de que hay demasiados abogados en España; los gobiernos hacen leyes declaradamente para reducir el número de abogados en España y cuando se ofrecen datos sobre el número de profesionales suelen seleccionarse los resultados (cherry picking) a fin de abonar las tesis de quien realiza la afirmación.

Pero ¿qué hay de verdad en estas afirmaciones? ¿qué nos dicen los datos?.

Me he tomado la molestia de recopilar los datos que nos ofrecen diversas fuentes para confeccionar la siguiente tabla donde, en la columna 1 se contiene la relación de países considerada por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) y se anota en cada uno de ellos el número de abogados existente por cada cien mil habitantes (columna 2), el número de jueces existentes por cada cien mil habitantes (columna 2), el PIB del país expresado en miles de millones de dólares (columna 3) según el “World Factbook” elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), el índice democrático (columna 4) que otorga la Unidad de Inteligencia de “The Economist” y el PIB per capita de ada país de acuerdo con el ya mencionado Factbook de la CIA.

Antes de ninguna otra consideración les dejo con la lista “en crudo”.

Fuentes: CEPEJ-CIA Factbook-Unidad de Inteligencia de “The Economist”-CIA Factbook.

Ordenada la lista según el número de abogados existente en cada país la primera sorpresa es que el número de abogados existente en cada uno de ellos no parece responder al resto de los parámetros considerados, ni el mayor o menor número de jueces, ni el PIB per cápita, ni el índice democrático de un país parecen guardar relación alguna con el número de abogados y así un país como Israel, con un PIB per cápita similar al español, más que dobla la media de abogados de España. Sí parece observarse una tasa similar de abogados en los países del Mediterráneo (Italia, Grecia, España…) pero también en países muy alejados como Islandia o el riquísimo Luxemburgo. Inglaterra, Gales y Escocia presentan una tasa muy similar de abogados a la que presentan todos los países anteriores.

Tampoco existe una correlación en la otra parte de la tabla pues, entre los países con menos abogados (por debajo de 100 abogados por cada cien mil habitantes) abundan los países pobres (Albania, Moldavia, Armenia…) pero también los hay riquísimos (Finlandia, Mónaco, Austria).

En la tabla sí aparecen otras correlaciones pero que, aparentemente, nada tienen que ver con el número de abogados o de jueces que haya en un país. La más evidente es la clara correlación existente entre PIB per cápita e Índice democrático, lo que sugiere que, o bien los países más ricos son más democráticos o que los países más democráticos son más ricos sin que correlación implique causalidad y sin que podamos formular más que conjeturas acerca de cuál es la causa o cuál la consecuencia.

Veamos la tabla anterior ordenada en sus 20 primeros países según el índice democrático atribuído a cada uno de ellos.

La tabla, ordenada según el PIB per cápita ofrece pocas variaciones y son pocos los países que entran o salen del “top 20” de los países considerados por el CEPEJ. Eso sí, si observamos la media de abogados por país existente en este “top 20” podemos constatar que la misma se situa en 212 y 231 abogados por cada cien mil habitantes lo que, ciertamente, está mucho más cerca de la media española de lo que puede parecer.

Una vez repasados los datos lo primero debemos recordar es que, en las sociedades democráticas, es el mercado el que regula nos niveles de oferta y demanda y que, cualquier afirmación del tipo “hay muchos (o pocos) abogados” es una afirmación tendente a modificar el mercado que debe reputarse, prima facies, como inadmisible salvo prueba en contrario.

En segundo lugar la disparidad de los datos es tal que nos lleva a pensar en que las métricas para el cómputo de los profesionales de la abogacía difieren notablemente de un país a otro e incluso nos lleva a pensar que en casos como el de España se están produciendo datos que no son homologables con las realidades de otros países.

Así pues, con los datos recopilados, no puede concluirse de ningún modo que en España hayan muchos (o pocos) abogados.

Con los datos existente sólo se pueden efectuar afirmaciones ingenuas del tipo de que en España hay un número de abogados similar a los de Inglaterra, Irlanda o Islandia, o tres veces más abogados que en Francia o la mitad menos que en Israel; pero lo que NUNCA puede afirmarse es que en España existan muchos o pocos abogados. A los profesionales de la abogacía siempre les parecerán “muchos” (son su competencia y preferirían menos) y a quien busque un abogado especialista es muy probable que le parezcan “pocos” (preferiría una mayor oferta y un menor precio) pero esto es normal y no es peligroso. Lo que sí es peligroso es que desde un ministerio o desde una gran firma de abogados se realice ese tipo de afirmación pues, no les quepa duda, lo que se pretende es modificar la asignación de oferta y demanda que ha realizado el mercado en beneficio de un interés particular.

Guárdate de aquellos a quienes oigas decir eso.

Héroes de tebeo

Quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá no vi las películas correctas, quizá los héroes de mis tebeos jamás existieron en la vida real. A lo mejor todo aquello no era más que un engaño.

Gracias a esos libros, a esas películas y a esos tebeos yo tuve la oportunidad de combatir en Cartagena con Don Blas, un españolazo de Pasajes que se había dejado medio cuerpo al servicio de su patria; también estuve en Trafalgar enrolado en el Bahama y allí vi cómo una bala de cañón le volaba la cabeza a nuestro capitán, un hombre que además de marino era científico y de los buenos: Don Dionisio Alcalá Galiano; vi también a Don Casto Méndez Núñez aguantar a cuerpo limpio el bombardeo de El Callao después de decirle a americanos e ingleses que no le tocasen las narices o se vería obligado a echarlos a pique por la cosa de la honra…

Los héroes de mis libros y tebeos eran tipos previsibles: Si la tropa pasaba hambre ellos pasaban hambre con la tropa; si el barco había de combatir ellos se plantaban en el puente en uniforme de gala y no colocaban a sus hombres en más peligro de aquel en que ellos mismos se colocaban; si, en fin, el barco se iba a pique, ellos eran los últimos en abandonarlo y eso siempre y cuando no les diese la petera de hundirse ellos con él.

Lo que nunca vi ni leí es que esos hombres comiesen caviar mientras la tropa ayunaba, mandasen sus hombres a la muerte mientras ellos huían o agarrasen el primer bote salvavidas cuando el barco amenazaba con irse a pique. Esas acciones no eran propias de estos hombres, esas acciones las llevaban a cabo los villanos, los malvados, los infames y repugnantes sujetos que ilustraban todo aquello que los niños debíamos odiar.

Hoy mientras trataba de dormir pensaba en estos hombres de mis novelas y en los españoles del año 2020. Hoy nos dejan sin vacaciones ministros que se van de playa y chiringuito, nos dicen que reformarán la justicia quienes profundizan en su dependencia judicial, no invierten en ella ni el tiempo de sus vacaciones y no gastan más que palabras hace tiempo ya gastadas.

Los hombres de mis libros no dejarían sin permiso a la tropa sin renunciar ellos a su parte antes que nadie, porque, de no hacerlo así, la tropa sabría inmediatamente que estaba ante uno de aquellos infames y repugnantes sujetos que, según aquellos libros, ilustraban todo cuanto se debía odiar.

Parece que en 2020 las cosas no son así, quizá no lo fueron nunca, quizá no leí los libros adecuados de niño, quizá aquellos héroes no existieron jamás; a lo mejor, en fin, todo aquello no era más que un engaño.

O a lo mejor no y un día les remitimos una factura que nunca podrán pagar.

The Devil’s Own

The Devil’s Own

Para el día 8 de junio ya era evidente que los abogados no podrían alcanzar sus objetivos, no obstante, volvieron a intentarlo, pero lo imposible es imposible y fracasaron.

Controlar los puentes era una tarea de vital importancia para las fuerzas aliadas que desembarcaron el 6 de junio en Normandía: si los puentes “Pegasus” y “Horsa” en Benauville no eran controlados intactos los ingleses no podrían avanzar hacia el este y envolver Caen; si, por el contrario, había un contraataque alemán en la zona era importante, en ese caso, destruirlos para que los panzer no alcanzasen la margen izquierda del río Orne. Fue por eso por lo que, usando de planeadores y de paracaidistas y antes de que los desembarcos comenzasen, los aliados dieron un golpe de mano al norte de Caen, en Benauville, para controlar estos puentes.

Sin embargo quedaban, al menos, trece puentes más sobre los ríos Odon y Orne que alguien tendría que destruir y esa misión le fue encargada a los abogados del «Inns of Court» un regimiento compuesto exclusivamente por juristas. Este regimiento era una de esas reliquias fósiles que tanto gustan a los «british», su origen se perdía en la noche de los tiempos y era en él en el que prestaban su servicio militar abogados y jueces. Cuando al rey Jorge III le dijeron que el regimiento estaba compuesto íntegramente de lawyers dijo enfadado: «No les llamaen lawyers, llámenles The Devil’s Own». Aquello era una ofensa grave pero, flemáticamente, los lawyers decidieron llamar a su regimiento “The Devil’s Own” y con este nombre llegaron a Normandía.

La verdad es que a estos abogados no les pusieron las cosas fáciles. La tarea que les encomendaron era casi suicida pues se trataba de, sin apoyo de ninguna especie, infiltrarse en territorio enemigo, alcanzar los ríos Odon y Orne y destruir los trece puentes por los que podrían contraatacar las fuerzas alemanas. Para ello se formarían doce grupos compuestos de tres vehículos en su mayor parte, un blindado sobre ruedas Daimler, un vehículo blindado ligero “Dingo” y un “half-track” cargado de explosivos para demoler puentes. Cada grupo de tres vehículos haría la guerra por su cuenta, habría de penetrar en solitario en territorio enemigo, trataría de alcanzar su puente, volarlo y buscar entonces la forma de huir y enlazar con las brigadas paracaidistas o las fuerzas que, teóricamente, avanzarían desde las playas. La cosa fue mal desde el principio.

Los abogados desembarcaron en la playa Juno apoyados por los canadienses, pero, de los dos transportes en que llegaron a la playa, uno tuvo problemas con las minas y varios vehículos acabaron dañados. Más tarde la operación se retrasó seis horas hasta que bajó la marea y pudieron desembarcar el resto para, finalmente, salir disparados en misión suicida hacia el interior del territorio enemigo.

Increiblemente lograron sobrepasar el cinturón germano aunque antes, los blindados canadienses, confundiendo los vehículos de los abogados (naturalmente pintados de negro) con vehículos enemigos les dispararon causándoles tristísimas bajas por fuego amigo. No fueron las únicas.

Ya estaban infiltrados en terreno alemán cuando un cazabombardero norteamericano «Thunderbolt» comenzó a disparar contra ellos. Los abogados habían colocado en sus vehículos distintivos amarillos y lanzaron bengalas amarillas, la contraseña para identificarse como aliados, pero la aviación norteamericana siguió disparando hasta alcanzar al half-track que transportaba explosivos para la demolición. La explosión que se produjo no sólo acabó con el vehículo sino con los dos que le acompañaban: no sobrevivió nadie del grupo.

A pesar de ello y de la cada vez más dura defensa alemana los grupos que quedaban operativos siguieron presionando hacia el interior hasta llegar a «Jerusalem Crossroads», un lugar donde aún hoy hay un cementerio militar, pero la 21ª Panzerdivisionen ya había llegado a la zona y tratar de enfrentarse con cañones de 40 mm y ametralladoras Bren a los panzer era simplemente un suicidio.

Aún y así los abogados lo intentaron y el 8 de junio lanzaron su último y desesperado ataque con la esperanza de abrirse paso hacia sus objetivos. Fue una buena carga, lamentablemente no sirvió de nada, la maquinaria alemana era muy superior en calidad y desbarató fácilmente el ataque.

El día 9 de junio el jefe del regimiento decidió que ya había sido suficiente y que era hora de dejarlo («I rest my case») y ordenó el sálvese quien pueda. Cada uno de los grupos de tres vehículos buscó la salvación por su cuenta y, no sin lamentar fuertes pérdidas, pudieron enlazar con fuerzas aliadas que combatían en la cabeza de puente de Normandía.

Una “Military Cross” y cuatro “Military Medals” fueron el premio que su majestad dió a los abogados del “The Devil’s Own”. Una pequeña lápida en “Jerusalem Crossroads” conmemora el obstinado empeño del regimiento de abogados por abrirse paso entre los blindados alemanes.

Quizá si este año Miguel Pouget se acerca por Chouain (al sur de Arromanches) pueda decirnos si la lápida aún sigue ahí.

¿Por qué los mutualistas y los autónomos están malditos en España?

¿Por qué los mutualistas y los autónomos están malditos en España?

No sé qué pecado han podido cometer los trabajadores independientes en España para que se les maltrate así. Y no, no es que los autónomos ni los abogados ni los procuradores sean una especie maldita perseguida en el resto del mundo, no. En los países normales se cuida de los trabajadores independientes, en España, por desgracia, se les margina como apestados.

Es posible que ello se deba a que carecen de la fuerza que dan a los trabajadores los sindicatos y es posible también que por ser empresarios de un solo trabajador tampoco tengan la fuerza que da la patronal.

En suma que, cuando llegan tiempos de crisis son los últimos de la fila: los jodidos.

Recibo hoy un documento de un aís extranjero en el que, el colegio de abogados, informa a sus abogados de las ayudas que el Gobierno establece para ellos por la crisis del coronavirus Covid-16, entre ellas las siguientes:

«1. Los pagos del impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes son aplazados.

Los pagos correspondientes a autoliquidaciones que venzan el 31 de julio de 2020 se diferirán hasta el 31 de enero de 2021. Esto es automático y no es necesario que lo solicite. No se aplicarán multas ni intereses por demora en el pago en el período de aplazamiento.

  1. Todas las empresas y trabajadores autónomos en dificultades financieras, incluso con obligaciones fiscales pendientes, pueden recibir apoyo, caso por caso y adecuado a las circunstancias y responsabilidades individuales.
  2. Tómese un “feriado hipotecario” de hasta tres meses. Comuníquese con su proveedor hipotecario para organizarlo. Discuta con su arrendador las obligaciones de alquiler de propiedades de las cámaras. Discuta con el arrendador de cámaras la posibilidad de posponer la totalidad o parte de sus pagos de alquiler de propiedades.

El Colegio de Abogados se ha puesto en contacto con los arrendadores para alentarlos a considerar tales solicitudes. Los arrendadores deberán informar a sus inquilinos de sus intenciones.

  1. Préstamo a través del programa de préstamos por interrupción comercial Coronavirus

Este plan temporal se lanzará en la semana del 23 de marzo de 2020 y estará disponible para pequeñas y medianas empresas. Se ha confirmado que esto incluye a los comerciantes autónomos independientes. Préstamos de hasta 5.671 € estarán disponibles, con los primeros 12 meses del préstamo sin intereses.

  1. Reciba una subvención de € 11.000 si puede usted optar al plan de Alivio de Tarifas para pequeñas empresas

Si el valor de su propiedad comercial (es decir, su valor de alquiler en el mercado abierto el 1 de abril de 2015, según el cálculo de la Agencia de Valoración) es de € 15,000 o menos, ya podrá optar a esta subvención. Esto podría aplicarse a unos pocos profesionales con una propiedad comercial. Su autoridad local se pondrá en contacto con usted para proporcionarle una subvención única de € 11,000; No es necesario que lo solicite.»

Como podéis comprobar hay países que cuidan a sus trabajadores independientes (autónomos) y luego… luego está el Gobierno de España que, a abogados y procuradores resume sus ayudas en una palabra: NADA.

Nota: esta es la Información que el «Bar Council» remitió a sus «barristers» de Londres el 25 de marzo de 2020.

Hay diferencias ¿Verdad?

Abogacía abandonada

No he oído a nadie pedir ni ofrecer ayuda para las abogadas y abogados de España. De hecho no he visto la palabra abogado en ninguno de los sedicentes paquetes de ayudas ofrecidos por el gobierno.

Afirman quienes esto gobiernan que «nadie va a quedarse atrás» aunque, por lo que leo, en ese nadie no están incluídos los abogados y abogadas de España.

Quizá sea tiempo ya de decirlo: entre los abogados hay bolsas de pobreza; no de escasez o de apretura, sino de pobreza.

Tras doce años de crisis los abogados llevan sus angustias económicas con una dignidad que encoge el corazón, escondiendo bajo las togas, los trajes y las corbatas la angustia de vivir al día, pero dispuestos a defender los derechos y las esperanzas de quienes se acercan a ellos.

Si difícil era su situación tras las inicuas medidas de los sucesivos gobiernos, ahora, con el panorama de dos meses por delante sin ingresos de ninguna especie por culpa de la psndemia, el drama puede acabar en catástrofe.

Y, sin embargo, no veo que nadie se acuerde de la abogacía ni de los profesionales de la justicia en general (procuradores y graduados sociales también cargan su cruz); no veo que el estado ofrezca, por ejemplo, a los letrados del turno de oficio líneas de crédito sin intereses con el aval de su trabajo en el turno. Veo, en cambio, que ni siquiera el trabajo que se les debe se les paga con puntualidad y veo que aún se sigue regateando el pago de actuaciones efectivamente trabajadas.

Ya no es que no anuncien ayudas, es que lo que anuncian son problemas.

La abogacía debe tomar conciencia de la situación en que se encuentra el sector y debe alzar su voz con fuerza para solicitar no ya que las administraciones cumplan con sus obligaciones, sino que, además, se establezcan ayudas que ayuden a conllevar esta crisis a aquellos que, de otra forma, no sobrevivirán.

Y no sólo hemos de alzar la voz, hemos de demostrar con hechos lo que decimos con palabras: 18 colegios de abogados ya lo han entendido, el resto parece no darse cuenta de cuál es la situación; es muy posible que hayamos de agradecer a ese resto de colegios que nadie se tome la molestia siquiera de estudiar cualquier reclamación de la abogacía.

Compañeras, compañeros: la situación es grave y lo será aún más en el futuro. Si no damos la batalla ahora probablemente ya nunca podamos darla.

Vamos.

**Si, como yo, crees que aún es posible hacer algo, ven con nosotros, únete a la #RED.

¿De qué viviremos los abogados?

No es agradable sentarse y pensar, pero hay que hacerlo.

La abogacía de a pie no suele vivir de las igualas, vive del pago de los asuntos que se le encargan y del cobro de las costas de los procedimientos que gana y, mientras dure el estado de alarma, no percibirá ni los unos ni las otras; es decir, no ingresará absolutamente nada en la mayoría de los casos.

Eso significa que, mientras dure el estado de alarma, una gran parte de los abogados y abogadas de a pie carecerán de ningún tipo de ingreso. ¿De qué vivirán?

Quienes tengan ahorros podrán echar mano de ellos pero, quienes vivan al día y maltratados por la crisis, se enfrentan a una dificilísima situación porque, no nos engañemos, el estado de alerta no va a durar dos semanas ni cuatro, si en China ya lleva ocho semanas no hay motivo para pensar que en España vaya a durar menos.

No, compañeras y compañeros, esto no va de broma, hacemos frente a una amenaza vital para quienes vivimos de esto profesionalmente y en exclusiva y, en esta situación, o se toman medidas ya o para luego será tarde.

Hay que entender que, cuando acabe el estado de alarma, muchos de nuestros clientes estarán en situación crítica también y nuestra recuperación y la suya correrán parejas; es decir, serán igual de lentas y complicadas.

Mientras acabo de redactar el post leo el borrador de medidas presentado por el gobierno para evitar que «nadie quede atrás» por culpa de esta crisis y pienso que los abogados y abogadas de España debemos ser «nadie» porque ninguna medida se prevé para amortiguar la crisis vital a la que vamos a hacer frente.

Las autoridades deben entender esto, deben entender que la abogacía, la procura, los graduados sociales, son colectivos afectados por esta medida en igual medida que los parados de los ERTES o incluso más aún porque sus gastos fijos se mantienen. O quienes nos representan alzan la voz clara y contundentemente o, como ya es habitual, tendremos que hacerlo nosotros por ellos.

La primavera y el verano que viene van a ser muy duros, por eso, aunque no podamos estar juntos será muy bueno que estemos unidos.

Vamos.

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Es su oficio

Con la palabra «oficio» (officium) los romanos no designaban a ningún trabajo sino a un deber moral que se tenía para con el resto de los ciudadanos. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía se llaman oficios) hay actividades que se prestan más como deberes para con el resto de los ciudadanos que como actividad laboral.

Ocurre con los médicos y los profesionales de la asistencia sanitaria que, cuando se produce una emergencia, pase lo que pase y mucho más allá de la retribución económica que reciben, su primer deber, su «oficio», es servir a la comunidad y cuidar a quienes necesiten de sus servicios.

Hay actividades que escapan a la comprensión de las teorías económicas y que son ajenas al sano egoismo capitalista, son actividades profundamente humanas y que responden a la generosidad y no al interés, al deber y no a la ganancia, a la ética y no a la economía.

Hoy muchos españoles y españolas estarán en primera fila cumpliendo con su deber mucho más allá de lo que dice su nómina y jugándose la vida por los demás y entre ellos estarán un puñado de abogados y abogadas que cuidarán de los derechos y la libertad de todos.

No les han pagado desde noviembre ni probablemente nadie les pagará esto que hacen hoy, pero puede usted estar seguro de que cumplirán con su deber más allá de lo que pudiera exigírseles.

Porque son abogados y abogadas de raza.

Porque es su oficio.

Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Frente a las innovaciones tecnológicas, tradicionalmente, han existido tres posiciones: quienes han tratado de aprovecharlas en su propio beneficio, quienes han tratado de prohibirlas considerándolas una amenaza y quienes han tratado de estudiarlas y regularlas en beneficio de todos.

Existe, no obstante, una cuarta posición, quizá la peor de todas, y que no es sino la de aquellos que ignoran cómo afectarán las tecnologías a su sector y dejan suceder las cosas, dando por sentado que las tecnologías “siempre triunfan”. Tal actitud ha sido y es, simplemente, ignorante, indolente e irresponsablemente suicida.

Las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX han sido, hasta ahora, mayoritariamente mecánicas. Quienes apostaron porque tales revoluciones acabarían con el trabajo humano erraron, porque dichas revoluciones mecánicas con quien acabaron fue con aquellos obreros que sólo podían ofrecer trabajo mecánico y esos «obreros» no eran humanos. Cuando los alemanes invadieron la URSS en junio de 1941 su mecanizadísimo ejército solamente tenía unos 150.000 camiones frente a unos 625.000 caballos. Hasta 1945-50 gran parte de la energía de trabajo era todavía muscular y provenía de los animales de tiro, pero, en apenas unas pocas décadas, la extensión de los efectos de estas «revoluciones industriales mecánicas» acabó de tal modo con nuestros inmemoriales compañeros de cuatro patas que, a día de hoy, especies como el burro están en peligro de extinción, la mula no es más que un exotismo y el caballo una distracción para las clases acomodadas.

A quienes prefieren ignorar el verdadero sentido de las revoluciones y apuestan por no hacer nada, les vendría bien reconsiderar el papel de los burros tras las anteriores revoluciones industriales mecánicas, no sea que en esta —la revolución de la información y la inteligencia artificial— acaben siendo ellos los burros. Y no digo nada de lo que le puede esperar a una sociedad gobernada por burros de esta especie. Si algo me preocupa es ver a un responsable político o social inhibiéndose de intervenir y afirmando con ignorante suficiencia que «la tecnología siempre triunfa».

Todas las revoluciones, industriales o tecnológicas, llevan aparejados cambios jurídicos y, dependiendo de estos cambios jurídicos, los efectos de dichas revoluciones han favorecido a unos, a otros, a todos o a ninguno. Déjenme ponerles unos ejemplos.

Cuando Eastman comercializó la película flexible Kodak hizo de la fotografía una tecnología al alcance de cualquiera, pero esta tecnología inmediatamente planteó problemas jurídicos antes nunca pensados, como el de si los propietarios de las cosas tenían derecho a impedir que fuesen fotografiadas. Para quienes eran propietarios de un monumento, un paisaje bello o una catedral vistosa, lo conveniente era que el fotógrafo hubiese de pagar por fotografiarlos, para el desarrollo de la fotografía era mucho más preferible que hacerlo fuese gratuito. La pugna legal fue dura en los Estados Unidos y se solucionó optando por la gratuidad, pues ello favorecía el desarrollo de la fotografía en beneficio de todos. Si a ustedes este debate les parece anticuado harían bien en pensárselo dos veces pues, en Europa, la libertad de panorama (así la denomina la Directiva 2001/29/EC) no es igual en todos los paises y, si usted viaja a Francia o Italia, se encontrará con que eso de fotografiar monumentos u obras de arte tiene su especial regulación.

Otro ejemplo muy ilustrativo de como las revoluciones industriales cambian las legislaciones es el que nos ofrece la aviación. Hasta que se inventaron los aviones era indiscutido que, conforme los juristas venían diciendo desde época de Justiniano, la propiedad de una parcela de tierra se extendía bajo ella “hasta los infiernos” y sobre ella “hasta los confines del universo”. Y si esto era así, como lo era, ¿podían volar los aviones sobre mi finca sin mi permiso?.

A ustedes esta pregunta quizá les mueva a risa pero estoy seguro que esa risa se desdibujará de su cara cuando piensen, por ejemplo, en el espacio aéreo de las naciones. ¿Puede volar un avión extranjero sobre nuestro territorio nacional sin permiso previo?. Y, si un avión extranjero no puede entrar sin permiso en nuestro espacio aéreo, ¿entonces por qué los satélites artificiales sí pueden?; y sobre mis tierras ¿sí o no?

El tema les parecerá de laboratorio pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hubo de enfrentarse a él cuando, en 1946, los hermanos Causby decidieron prohibir a los aviones sobrevolar sus fincas.

En el caso United States v. Causby (328 U.S. 256) el Tribunal Supremo hubo de reconocer que a los demandantes les asistía la razón y que una inmemorial jurisprudencia avalaba su postura, pero que «atentaba al sentido común» tener que pedir permiso para sobrevolar sus tierras.

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos (1946) hacía ya medio siglo que los aviones surcaban los cielos pero ¿Qué cree usted que habría respondido ese mismo tribunal en 1900 cuando los vuelos eran una excentricidad de ricos?

La ley cambió para siempre en USA con el caso Causby, pero no cambió el régimen de la soberanía sobre el espacio aéreo de las naciones y su invasión y, aunque fuese por un solo avión de reconocimiento, tal acción podía poner al mundo al borde de la guerra atómica (por ejemplo en el caso del derribo del estadounidense avión espía U-2 sobre territorio de la URSS en 1960).

Créanme, los cambios tecnológicos fuerzan los cambios jurídicos y estos cambios jurídicos son gobernados por fuerzas y grupos de presión que, a menudo, no trabajan por el interés común sino por el suyo propio; pensemos por ejemplo en las leyes de propiedad intelectual.

Ni Homero, ni Virgilio, ni Horacio, ni el juglar que compuso el Mío Cid, percibieron nunca derechos de autor y, sin embargo, no parece que la literatura ni el arte de escribir haya estado nunca en peligro. No fue sino hasta una revolución tecnológica, la imprenta, que alguien se planteó que se pudiese conceder algún tipo de regalía a los autores. En realidad el hecho de que los autores cobrasen no era algo que preocupase en exceso, pues, a los autores, se les pagaba para que compusiesen nuevas obras, no para que reinterpretasen las antiguas; pero, al ver cómo los impresores ganaban muchísimo dinero vendiendo libros de determinados autores, decidieron que este dinero fuese en parte también a los autores y fue por ello que en Inglaterra la Reina Ana, en 1710, dictó la que pasa por ser la primera ley en materia de propiedad intelectual: el Estatuto de Ana.

Ahora, el sistema de propiedad intelectual que apareció con esa ley, a muchos les parece normal y natural pero, ya antes de que dicho estatuto se aprobara, a las mentes más preclaras del planeta, tal forma de regular la propiedad intelectual les parecía una aberración.

Las mentes más preclaras, es bueno que se sepa, eran españolas y se avecinaban en Salamanca; formaban una escuela que se llamó Escuela de Salamanca y su capacidad teórica y nivel de conocimientos estaban al nivel de las mejores, quizá un punto por encima.

Para estos pensadores la propiedad intelectual no era un juego de suma cero (no te preocupes, luego te explico qué es esto) y por tanto no se podía aplicar la regulación tradicional de la propiedad de los bienes, que es un ejemplo clásico de juego de suma cero.

Un juego de suma cero es, por ejemplo, el tenis: o gana Nadal o gana Federer, pero no pueden ganar los dos. La propiedad tradicional es también un juego de suma cero: o yo conduzco el coche o lo conduces tú, pero ambos a la vez no; las cosas son de alguien pero, en cuanto son de alguien, ya no son de los demás.

En cambio la propiedad de las ideas no es posible concebirla como si fuese un juego de suma cero: si yo tengo una idea y te la doy tú tendrás la idea pero yo no la perderé, de forma que los dos tendremos la idea. Todos ganan y nadie pierde, esto claramente no es un juego de suma cero.

Si usted tuviese un pan y pudiese sin esfuerzo hacer tantas copias del mismo cuantas quisiera ¿Con qué fuerza moral podría impedir usted que se acabase con el hambre del mundo?

Pues bien, la Escuela de Salamanca, precisamente porque entendió que la propiedad de las ideas no era igual que la propiedad de la materia y que no estábamos ante un juego de suma cero, desaconsejó esta solución.

Fue sin éxito, en Inglaterra y en el mundo no conocían otra forma de propiedad que la de Justiniano y en esta ocasión ganaron los Causby de la época y se aplicó a las ideas el mismo régimen de propiedad que al resto de las cosas.

La regulación no fue del todo mal hasta la aparición de los irdenadores y de internet. Hoy la copia de obras no es algo complicado ni producto de una invención avanzadísima —como parecía la imprenta en el siglo XVI— sino que es algo que se produce millones de veces y sin coste. ¿Por qué habríamos de pagar por una copia?

Redulta curioso que los adalides del software libre (el software que hace funcionar el mundo que conoces) recurran ahora, en pleno siglo XXI, a aquella maravillosa visión de la Escuela de Salamanca y proclamen que toda la regulación sobre propiedad intelectual en el mundo descansa sobre un principio falso, que se trata de un juego de suma cero, y que debería ser revisada de alto en bajo y regularla como lo que es, un juego de suma no cero. Pero, ¡ay!, tras tres siglos de unas leyes mal concebidas, nuestras conciencias se han habituado a ellas, las vemos como naturales, nos resistimos al cambio y, lo que es peor, terribles intereses económicos se aprovechan de las inconsistencias de esta legislación. Para los Estados Unidos la industria de Hollywood es intocable (les produce muchísimos millones en ganancias) y la misma descansa sobre una determinada concepción de la propiedad intelectual que ellos mismos han ido construyendo a su conveniencia tras apropiarse del trabajo de otros. Y, si Hollywood es intocable, permítanme que les diga que Estados Unidos ya ingresa más por derechos de autor de videojuegos que de producciones de Hollywood. ¿Comprenden ustedes por qué esta legislación no va a cambiar aunque esté mal concebida?

Es por eso que hoy que Amazon ha abierto la guerra de los servicios jurídicos en internet es más necesario que nunca que los juristas hagamos un esfuerzo teórico y creativo superlativo, porque si permitimos que la regulación del sector se deje en unas solas manos, quienes perderán serán los que no estén en la redacción de esa regulación. No es temor a la tecnología, no, no es tratar de frenarla, tampoco; amamos la tecnología, pero sobre todo amamos la justicia y lo que no podemos hacer es dejar indolentemente en manos ajenas esta regulación.

Así pues grábatelo a fuego: o damos la batalla por una regulación moderna y justa que no frene sino que fomente la tecnología en beneficio de todos o corremos un riesgo cierto que nos pase como a los burros de la wehrmacht.

Abogacía dual

Vamos a una abogacía dual compuesta de unos pocos ganadores y de muchos perdedores que apenas si podrán subsistir.

Todos sabemos que el juego está amañado pero ¿cómo han logrado —cómo hemos dejado— amañar las reglas del juego para hacer que una profesión, no hace tanto digna, se vea sometida a una tensión tan extrema como la que vivimos en los últimos años?

El nivel de vida en España, desde 1995, ha subido en casi un 300% pero la situación de los abogados ha empeorado notablemente en esos mismos años como consecuencia de sucesivas reformas legales que, perjudicando a consumidores y ciudadanía en general, han beneficiado fundamentalmente a corporaciones y grandes empresas. Hoy España, con un PIB tan sólo un 24% por debajo de Alemania, tiene unos salarios un 54% por debajo.

Los ejemplos serían muchos pero el ejemplo de lo ocurrido con las aseguradoras y el baremo es suficientemente ejemplificativo. Ahora, en plena defensa de los consumidores en el mundo de las hipotecas, el posicionamiento sistemático de los diversos gobiernos y aún de alguna institución que se dice defensora de los abogados, ha sido incuestionablemente favorable a las entidades financieras.

Si esta abogacía que nosotros, el 85% de los abogados y abogadas de España, representamos se sigue desintegrando ¿cual será el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de España? ¿Entregarán sus esperanzas de justicia y su futuro en manos de corporaciones mercantiles supuestamente jurídicas en cuya cartera de clientes serán no más que el último de los números? ¿Serán eficazmente representados por unos pocos bufetes entregados a la defensa los intereses superiores de sus cuentas más importantes en cuanto a pago de honorarios?

Hay una riqueza que crea poder político y un poder político que a su vez modifica las reglas que crean la riqueza. No solo hablamos de financiación de campañas electorales, de elaboración de informes o borradores de leyes, al final del camino siempre están las sempiternas puertas giratorias. ¿Dónde crees que fueron importantes cargos gubernamentales de todos los partidos como Soraya Sáez de Santamaría —vicepresidenta del Gobierno—, Rafael Catalá —Ministro de Justicia del PP— o Caamaño —Ministro de Justicia del PSOE— cuando abandonaron el gobierno? Exacto, lo has adivinado, a grandes firmas jurídicas. ¿Qué poder y qué capacidad de influencia crees que acumulan esas firmas que prevén que tú, abogado independiente, acabes en un mundo low-cost uberizado?

Los políticos no hablan de valores, de libertad o de justicia, es el dinero el que habla por los políticos haciendo de ellos, con escasísimas excepciones, no más que voces mercenarias, asalariados de la ideología que conviene a quienes acumulan riqueza y poder.

Quienes mandan quieren que creamos que el parlamento se divide en izquierda y derecha cuando la auténtica división es la de quienes están en la clase dirigente —de un lado— y la de quienes no están —estamos— en ella.

La forma de recuperar nuestra profesión es recuperar nuestra democracia, nuestra administración de justicia y los valores que merece la pena defender. Crear entidades que puedan disputar eficazmente la influencia de todas esas corporaciones y grupos de presión que pretenden acabar con nuestra forma de entender la profesión, la justicia y la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ser un ciudadano, ser un abogado, es algo más que votar, es algo más que defender a un solo individuo; ser un ciudadano, ser de verdad un abogado es involucrarse allá donde la justicia está en peligro y si es necesario pelear con todas las armas que la democracia y la ley ponen a nuestro alcance. Somos juristas y somos los más capacitados para hacerlo, no minusvalores nuestra capacidad de dar la batalla, debidamente organizados somos una fuerza sencillamente imparable y lo saben.

Los cambios sociales se producen cuando la población detecta una tensión entre el ideal que tienen y la realidad que ven a su alrededor. Nunca ha habido una tensión mayor que ahora entre la justicia y la realidad; nunca ha habido una distancia mayor entre la ley y los fenómenos de corrupción que han destruido grandes sectores de nuestra economía y espacios difícilmente recuperables de nuestra democracia.

Usar nuestra voz, nuestro vigor, nuestra capacidad de influencia, nuestro arsenal jurídico y hasta nuestros votos está en nuestras manos. De nosotros depende cambiar las reglas. Por eso, resérvate para ti los días 29 y 30 de noviembre, porque tenemos un trabajo que hacer juntos.