Hay dos conceptos que, como el culo y las témporas, conviene no confundir y estos son los de información y propaganda.
No creo que sea necesario explicar a nadie lo que es un culo y, en cuanto a las témporas, básteme decir que son los breves ciclos litúrgicos, correspondientes al principio y final de las cuatro estaciones del año, consagrados especialmente a la plegaria y a la penitencia. Con esto —creo— aunque vea usted un culo a finales del adviento ya podrá usted orientarse debidamente y no tomar lo uno por las otras.
Más importante que diferenciar culos y témporas es diferenciar los otros dos conceptos de que les he hablado: información y propaganda. Citaré la wikipedia:
«De modo opuesto al suministro de información libre e imparcial, la propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial o sesgada para influir una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes controlados para producir una respuesta emocional, más bien que racional, respecto de la información presentada. El efecto deseado es un cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales. La propaganda, por lo tanto, puede ser usada como un «arma de guerra» en la lucha ideológica o comercial.»
La propaganda ha sido una herramienta básica para los sistemas totalitarios y antidemocráticos lo cual hace particularmente repugnante su uso entre compañeros abogados.
Me explico.
Con el dinero de todos los abogados de España el Consejo General de la Abogacía Española contrata medios humanos y materiales para facilitar a aquellos «información». Publicaciones, webs, cuentas en redes sociales, son manejadas por personal contratado con la intención aparente de «informar» a los letrados y letradas y a la sociedad en su conjunto.
¿Dije «informar»?
Como cualquiera puede comprobar en los últimos tiempos varias concentraciones y manifestaciones de abogados y abogadas han encontrado eco en la prensa: los problemas con la mutualidad o con el turno de oficio han llevado a muchos letrados a concentrarse en Madrid y en sus ciudades de origen y así se ha recogido en los diversos medios de información. ¿En todos? No. El Consejo General de la Abogacía Española ha omitido deliberadamente toda información respecto a ellos. Como en los tiempos más oscuros y en los más tenebrosos sistemas totalitarios la realidad se ha ocultado en función del deseo de quienes ocupan los cargos en el Consejo.
Esta práctica es repugnante y debiera producir vergüenza y consternación a cualquiera capaz de no confundir culos y témporas.
Y no, no es que la falta de información, el acallamiento, la manipulación, el sesgo, la omisión no hayan sido deliberadas porque ayer, convocadas concentraciones por la dueña de las voces y las plumas de quienes escriben para el CGAE, todas las cuentas se lanzaron a propagar hasta lo estomagante una acción en nada diferente de las sucedidas días y semanas antes.
Usar el dinero de todos para informar en beneficio o interés de un grupo concreto de personas e intereses es una acción repugnante que tiene muy mal nombre y esto no se le puede ocultar a ningún consejero que hunda su culo en cualquiera de los asientos del sótano de Recoletos, sede de CGAE. Salvo que confunda culos con témporas, claro.
Este uso sectario, interesado, particularista, contrario a cualquier principio de información veraz y destinado en exclusiva a servir intereses de quienes controlan los medios de «información» repugna a cualquier persona con una mínima sensibilidad jurídica y democrática.
Y si debe repugnar a cualquier persona con una mínima sensibilidad democrática mucho más debiera preocupar a consejeros y consejeras de CGAE que, antes que a defender su cargo, están obligados a defender el interés de sus compañeros y compañeras salvo que, claro, confundan culos y témporas y acaben rezando y haciendo penitencia frente a las posaderas equivocadas.
Van a cumplirse seis meses de que se iniciasen las huelgas en la administración de justicia, medio año, pues, de paro en uno de los servicios esenciales del estado.
En estos seis meses todos han perdido pero, de entre todos los que han perdido, abogados y procuradores son probablemente los colectivos más perjudicados. ¿Imagina usted que su empresario cerrase la empresa seis meses? ¿imagina usted que el dinero del que vive se retrasase seis meses en llegar?
Ciertamente todos los administrados —unos más, otros menos— sufren con esta huelga pero la situación de abogados y procuradores es llamativa por dramática.
Mientras los representantes de los funcionarios se encierran en el ministerio para tratar de forzar el fin de la huelga, la «representante» de los abogados no se encierra ni en el piso cuyo alquiler a nuestro pesar le pagamos todos, sigue con su vida festiva de entregas y recepciones de medallas y condecoraciones, sigue cobrando sus dietas y obvenciones aunque los abogados no cobren, sigue en silencio absoluto sobre los problemas de jubilación o de la infamia de los pagos del turno de oficio aunque los abogados griten por las calles. Ella no ve nada, no oye nada, el de los abogados, para ella, es un mágico mundo de colores como en las películas de Disney.
La «representante» de abogados y abogadas en lugar de usar las redes sociales —los periodistas y community manager que todos le pagamos— para defender la actuación o la imagen de un decano acusado de defender a sus compañeros, prefiere usarlas en la autoalabanza, la autosatisfacción y en el onanismo institucional, como si esos medios que se le pagan estuviesen para servirla a ella y no a los abogados y abogadas de España que las pagan.
El problema de abogados y abogadas no es que no funcionen los juzgados y sus ingresos bajen, su problema no es que, por no prestarles nadie, ni siquiera su «representante» les presta atención. La «representante» parasita el cargo, lo sangra con abundantes sinecuras y mantiene en silencio oficial a una abogacía que se muere de inanición.
A nadie se le oculta esto ya, lo que nadie entiende es que, siendo esto un estado de oponión generalizado, exista todavía un importante núcleo de consejeros que la mantienen en el solio con abundantes muestras de reverencia y pleitesía.
Esos consejeros y su conducta son el misterio que se esconde tras las difícilmente calificable conducta de la «representante». A desentrañar el por qué de su incomprensible conducta habrá que dedicar algún próximo post.
La función de una manifestación es visibilizar, dar a conocer, difundir («manifestar» en suma) una situación.
La apoya quien la difunde, quien la hace visible, quien la hace llegar a su entorno.
La boicotea quien la silencia, la tapa, la oculta o hace como que no hubiera ocurrido.
Y ahora analicemos lo ocurrido ayer.
Ayer hubo una manifestación importante en Madrid en defensa del turno de oficio y durante todo el día jueces, fiscales, funcionarios y muchas otras personas mostraron su apoyo a las reivindicaciones de quienes manifestaban. El decano y el Colegio de Madrid ofrecieron apoyo a los manifestantes y difundieron en redes sociales la protesta y sus reivindicaciones. Varias cadenas de TV nacionales y autonómicas informaron de la manifestación y en redes sociales la noticia se difundía con intensidad. Pero…
Sólo hubo una persona y una corporación que ignoraron por completo lo que estaba sucediendo y no ofrecieron —ni aún hoy ofrecen— ningún tipo de información sobre la manifestación ni apoyo a la misma en sus redes sociales:
La corporación es el Consejo General de la Abogacía Española La persona es Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
Las cuentas en redes del CGAE y de Victoria Ortega, gestionadas por un community manager pagado por todos los colegiados de España, guardan un silencio ominoso, delator, vergonzante y culpable. El Consejo General de la Abogacía Española tiene, además, un departamento de prensa que, a pesar de costar mucho dinero a los abogados, guarda también un ominoso silencio y podemos inferir por orden de quién.
Si la misión de una presidenta del CGAE no es estar al lado de sus compañeros ¿cuál es entonces? Si la misión de los medios de comunicación del CGAE no es informar de la actualidad del mundo de la abogacía ¿cuál es su función entonces?
¿Por qué estos órganos en lugar de apoyar la protesta trabajan por diluirla y taparla y en sula la boicotean?
Victoria Ortega no debe seguir un segundo más ocupando el puesto de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y los decanos que la apoyan debieran tomar nota de la conducta de los decanos que ayer estuvieron donde había que estar y repasar a qué intereses sirven manteniéndola en el cargo.
Una batalla decisiva se está librando en el mundo de la abogacía, una batalla que ha de definir cómo será el mercado de los servicios jurídicos en el siglo XXI.
Esta batalla se libra, de un lado, por un activo bando de fondos de inversión, empresas multinacionales, grandes corporaciones, aseguradoras y bancos. Personas jurídicas todas estas cuyo objeto social, única razón de ser y primer mandamiento inscrito en sus estatutos, es el ánimo de lucro.
El otro bando de esta batalla lo componen un grupo desestructurado de abogados y abogadas que ejercen su profesión en despachos individuales o de pequeña dimensión cuyos objetivo vital es a día de hoy la supervivencia, pero que saben que la actividad que desarrollan no está sometida a la ley de la oferta y la demanda ni al principio de máximo beneficio, al menos, con carácter principal.
El ejercicio de la abogacía nunca ha tenido como primera finalidad el lucro del abogado; por encima de este lucro están los intereses del cliente y por eso, cuando entran en conflicto las instrucciones del cliente y el propio ánimo de lucro del letrado o letrada, una concepción antigua y honesta de la profesión dictaba a los profesionales con toda nitidez qué habían de hacer.
Estos profesionales, además, han sido quienes han defendido a las personas, a los comunes, al pueblo, frente a los abusos de bancos, compañías de seguros o inmobiliarias, principales protagonistas de los litigios en este país en cuanto que principales infractores de las normas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido esta clase de letrados y letradas las que han salvaguardado hasta ahora los derechos y libertades de los ciudadanos pues, absolutamente independientes en sus intereses personales y profesionales de bancos, aseguradoras, inmobiliarias o poderes políticos, han litigado contra ellos hasta lograr tumbar algunos de sus más viles abusos.
Lo que ocurre en esta batalla es que, mientras el primero de los bandos —con las arcas llenas— maniobra coordinadamente utilizando sus innumerables contactos políticos y económicos; el segundo, el de la abogacía independiente, carece de unidad y coordinación y, es más, quienes deberían ser sus representantes carecen de conciencia de la existencia de la batalla o, directamente, se han pasado al enemigo porque lo de que de verdad desean es jugar en el otro bando.
Mientras, los fondos de inversión, presionan alrededor del gobierno para que se aprueben reformas legales que regulen las demandas colectivas en las formas que ellos desean para, así, poder montar negocios que dejan a Arriaga jibarizado. Al tiempo, otras empresas, se dedican a la mercadotecnia para captar clientes que luego ofrecer a los verdaderos letrados a cambio de un porcentaje de sus honorarios. Letrados y letradas trabajando a precios de administrativo para empresas de inversión o mercadotecnia y captación de clientes que, bajo la bandera pirata de la abogacía, no son más que mercaderes de carne.
Pero para poder hacer todo esto era preciso antes que toda una estructura deontológica, una forma de entender la profesión, se desmoronase. Que se desmembrasen las normas sobre publicidad para poner a los letrados y letradas en manos de los mercachifles que captan a la clientela, que se liberalizasen precios de forma que pudiesen ofrecerse servicios jurídicos a precios temerarios, que esta labor de intermediación para explotar a clientes y a letrados fuese, en suma, legal y hasta bien vista.
Y eso lo han conseguido.
Lo han conseguido porque quienes dirigen nuestro Consejo General —singularmente su presidenta— ha trabajado para ello. Por eso su foto de ayer en la inauguración de unas oficinas de la empresa Legalitas es tan ilustrativa.
Ella lo ha hecho y los 83 decanos que se sientan en el sótano del Paseo de Recoletos se lo han permitido; no sé si por ignorancia, o por falta de criterio, o por incapacidad para pelear contra un sistema enquistado, o por que la regulación de este Consejo se remonta a tiempos de la dictadura, o porque realmente les parece bien la dirección que llevan las cosas, o por cobardía —que también la ha habido— o por simple interés personal de unos pocos que se han apropiado de las instituciones de la abogacía cual si fuesen parte de su propio patrimonio.
Lo cierto es que, desde hace años, se libra esta batalla definitiva para la supervivencia de esta forma de ejercicio profesional al que he dedicado mi vida y el bando en el que peleo sólo ha sufrido derrotas, unas veces a manos del enemigo otras con la impagable colaboración de quienes dicen estar a nuestro lado.
La batalla está llegando al final, pronto los más nos convertiremos en asalariados de los menos y ya no habrá nada que hacer.
Ayer la fotografía de la presidenta nos dejó claro de qué lado está y con quien juega, ahora falta saber si la abogacía independiente es capaz de hacer algo para detener la catástrofe.
Muy pocos clientes comprenden a sus abogados, por eso es importante que, de vez en cuando, contemos quienes son. Ellos no suelen hacerlo a menudo, por eso, discúlpenme si hoy les cuento un poco de lo que son.
Ellos y ellas son esas personas que, cuando todos le abandonen, estarán a su lado. En otros tiempos acompañaban a su cliente hasta el mismo patíbulo, hoy, gracias sean dadas, sólo le acompañan a la prisión.
Son, somos, esas personas que, cuando nadie le crea, defenderán su verdad frente a la convicción general.
Nosotros somos también quienes, cuando una corporación multinacional abuse de usted, nos subiremos a un estrado a defender su derecho de ciudadano humilde y honesto frente a la desvergüenza multidivisa.
Nosotros somos, en suma, esas personas que hacen que los derechos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales no sean un trampantojo sino el arco de carga sobre el que construir un mundo digno lleno de personas con dignidad.
Y molestamos, claro.
Al rico, que ve cómo su dinero no le sirve para avasallar al pobre; al gobernante, que se da cuenta de que hay límites que su poder e influencia no pueden traspasar; a la sociedad llena de prejuicios que ve como alguien, insolentemente, es capaz de sostener una verdad distinta de la que les han contado medios de comunicación envilecidos; a las corporaciones multinacionales que sufren la resistencia de unos don nadie con toga y, desgraciadamente, hasta a algunos funcionarios que preferirían que los expedientes acabasen rápido y sin incidentes ni recursos.
Recuerdo bien el momento en que se produjo esta foto. Dionisio estaba llorando emocionado por el aplauso y los gritos de una sala puesta en pie. No les contaré lo que pasó antes, lo verán y lo escucharán a su debido tiempo.
Hace diez años los abogados morían en Colombia a centenares, ya se lo conté hace dos post y les conté cómo ideamos un convenio a firmar en ambas Cartagenas. Una de las personas que vino a firmar a Cartagena fue Claudia Patricia, una abogada que es, al mismo tiempo, profesora en la universidad y que por entonces peleaba en esos lugares donde crecen las cruces de hierro.
Recuerdo con infinita ternura como un abogado de mi colegio, un tipo bueno y entrañable aunque él se empeña en parecer duro, experimentó algo más que una natural atracción por Claudia. Tanto nos escuchó hablar de muertos y muertes que, en un momento que Claudia había salido me preguntó con gesto angustiado
—A ella no la matarán ¿verdad Decano?
Yo no sabía bien lo que sería de Claudia pero puse todo el gesto de seguridad de que fui capaz y le respondí
—No seas bruto, ella no va a morir.
Y, bueno, creo que diez años después puedo asegurar que Claudia no ha muerto, que sigue viva, que está incluso más guapa, que está casada y que tiene un niño que es una preciosidad.
Así que —no diré tu nombre aunque tú sabes quién eres— puedes estar tranquilo: Claudia está bien y hoy, diez años después, podemos ver una puesta de sol mirando un horizonte detrás del cual, en el otro hemisferio, andas tú.
Ando estos días experimentando con inteligencias artificiales y —cómo no— una de las primeras cosas que les he pedido es que me hagan una imagen de los abogados y abogadas de España.
Las inteligencias artificiales no copian ni modifican imágenes preexistentes, lo que sí hacen es estudiar tantos cuantos bancos de imágenes tengan disponibles —en eso internet es un filón inagotable— para entrenarse y así abstraer las características que definen los conceptos que se le piden.
Antes de que nadie lo pregunte aclararé que ninguna de las personas que aparecen en la imagen son reales; son rostros ficticios construidos por la inteligencia artificial a partir de lo que ella entiende que son rasgos característicos de quienes ejercen la abogacía en España. No sufran por tanto por derechos de imagen ni nada parecido aunque, eso sí, inquiétense por la capacidad que las inteligencias artificiales tienen para fabricar rostros humanos indistinguibles de los reales.
Con mi consulta he obtenido bastantes imágenes pero esta que ven abajo me ha impresionado más que las demás porque, lo que en ella se ve, creo que se ajusta bastante bien a la realidad de la abogacía española. Un grupo de mujeres jóvenes, profesionales cargan expedientes con rostro preocupado. Es llamativa la falta de sonrisas en la foto —se ve que en los bancos de datos de la inteligencias artificial las abogadas sonríen poco— y es palpable el rostro de preocupación de los tres personajes, sobre todo el de la derecha.
A las Inteligencias Artificiales aún les queda un largo camino que recorrer hasta que, en el futuro, cuando yo haga esta misma consulta, en lugar de personas la inteligencia artificiale muestre algoritmos; pero lo que es indudable es que el papel de las inteligencias artificiales será cada vez más preponderante en nuestro campo profesional y eso nos lleva a la gran cuestión.
Las inteligencias artificiales son algoritmos costosos de construir, programar y entrenar lo que significa que, con seguridad, serán herramientas en manos de un determinado tipo de abogados y no de otros y que estarán al servicio de un determinado tipo de clientes y no de otros.
Y esto no es ninguna particularidad de la justicia, el problema de que las inteligencias artificiales dominen al ser humano no es el riesgo real, el riesgo real es el de quiénes serán los que controlen las inteligencias artificiales, porque esas personas, en el futuro, como ocurrió con las armas en el pasado, constiturán una peligrosa élite de control.
Todas estas cuestiones son problemas que los juristas debemos plantearnos y resolver y no sólo porque en ellos vaya implícito nuestro futuro profesional sino porque de su resolución dependerá que la libertad y la igualdad aún sean posibles en los estados y las sociedades futuras.
Leo que hoy se reúne en Singapur la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados para «analizar cuál será el futuro de la profesión». Leo una pequeña parte de la nómina de asistentes y me echo a temblar, les cito a unos pocos:
G.B., socio de AGM Abogados experto en litigación y arbitraje; Á.C., «counsel» de mercantil de Gomez Acebo & Pombo en el área mercantil, especializado en «Banking & Finance» (banca y finanzas); C.H., socia de Hernandez Martí Abogados, experta en propiedad intelectual; E.D.L.P., de la firma Reed Smith, de Miami; K. Z., socia del bufete alemán Rodl & Partner y J.-R. F., socio de la firma suiza Kellerhals Carrard, especializado en el campo de la construcción…
Podría seguir —la nómina es larga— pero la mayoría de los asistentes responden a este perfil y se nota que el congreso es influyente y que garbilla parneses: en la ceremonia inaugural estará Edwin Tong, ministro de Cultura de Singapur y junto a él intervendrá Richard Susskind, profesor de la Universidad de Oxford, conferenciante internacional y autor de libros esenciales sobre la evolución y el futuro de la profesión jurídica. Y eso para empezar.
Todo en este congreso respira dinero, desde la sede, Singapur, un centro financiero internacional y miembro del selecto club de los cuatro «tigres asiáticos», a la personalidad de los conferenciantes, personalidades del mundo político y académico, hasta a la caracterización de los asistentes, jóvenes abogadas y abogados de hasta 45 años relacionados con grandes bufetes dedicados a finanzas, mercantil, propiedad intelectual, constructoras… Supongo que si algún abogado o abogada de los que yo conozco apareciera por allí a contar cómo el último divorcio que defendió se retrasó inconorensiblemente tres años o que el gabinete psicosocial no funcionaba por falta de personal estos jóvenes tigres jurídicos creerían hallarse en presencia de una marciana/o proveniente de un planeta desconocido para ellos y donde habita una humanidad que no entiende de paraísos fiscales, royalties o grandes contratos transnacionales.
Y vuelvo a releer el titular de la noticia y no puedo evitar una sonrisa melancólica…
«La Asociación Internacional de Jóvenes Abogados se cita en Singapur para analizar cómo será el futuro de la profesión…»
A lo que parece los abogados que yo conozco no pertenecen a esa profesión cuyo futuro discuten en Singapur; preocupados por la «captación de talento» o el «networking» estos tigres no mencionan ni una vez como preocupación los déficits de las administraciones de justicia; enrolados en grandes firmas comprenden disciplicentemente que puedan existir «boutiques jurídicas», aunque lo que no parece caber en su cabeza es la existencia de tiñalpas que consagren su vida a la simple defensa de sus semejantes con conciencia y convencimiento de no solo estar ganándose honradamente la vida sino también desarrollando una labor imprescindible para la supervivencia del estado de derecho.
Y pienso que no me da la gana de que a mí me escriban ni me analicen el futuro estas gentes; y siento que no me apetece que estos jóvenes viejos de 45 años puedan hablar de la profesión con absoluto olvido de quienes ejercen la abogacía como los compañeros y compañeras con quienes me cruzo todos los días en los juzgados; y presiento que, a toda esta grey singapureña de «hubs» tecnológicos y «boutiques» jurídicas, no le vendría nada mal que fuesemos nosotros, los abogados y abogadas de verdad, quienes les analizásemos a ellos el futuro.
Somos más y estamos a tiempo de hacerlo y ni Córdoba, ni Barcelona, ni Oviedo o Sevilla, tienen menos glamour que Singapur.
Hace un par de días organicé una encuesta en twitter en la que preguntaba a quién quisiera responder una pregunta relativamente simple: ¿Cuál diría que debe ser el primer objetivo de un despacho de abogados?
La pregunta tenía cuatro respuestas posibles: a) servir al cliente, b) el beneficio económico, c) defender la justicia y d) otros fines sociales.
Como pueden ver en la captura del tuit, tres de cada diez encuestados respondieron que era «el beneficio económico»; afortunadamente, siete de cada diez encuestados, respondieron marcando una cualquiera de las demás opciones, siendo la preferida el servicio al cliente que obtuvo el 43% de los votos.
Y digo afortunadamente porque ese enfoque mercantilista, que desde hace tiempo han querido dar a nuestra profesión quienes no comprenden qué tipo de abogacía ejercemos, aún no ha calado.
Hay un punto de vista que sé que comparto con muchos compañeros y compañeras de ejercicio y es que el primer objetivo del ejercicio profesional de un letrado o una letrada no puede ser nunca el propio beneficio empresarial; por encima del beneficio económico del abogado se encuentra siempre el interés del cliente y esto no necesita de demasiadas explicaciones; si el interés del letrado estuviese por encima del interés del cliente el letrado prolongaría los juicios, aceptaría soluciones sólo cuando fuesen buenas para él aunque no para el cliente, no buscaría las soluciones menos onerosas y, en general, haría todo aquello que jamás debe de hacer un letrado.
Pero además, ese principio de que el interés del cliente es el principal objetivo del letrado tiene importantísimas consecuencias externas a la mera relación a igado-cliente.
Si el primer objetivo de un letrado fuese el beneficio económico ¿con qué derecho podría quejarse de que alguien anunciase divorcios a 50€? ¿cómo podría defender el colectivo la existencia de unos honorarios mínimos por debajo de los cuales es imposible prestar un servicio de calidad? ¿qué legitimidad tendría para solicitar un incremento de las prestaciones del turno de oficio si este sólo está sometido a las leyes de oferta y demanda?
Créanme, las mejores edtrategias exigen siempre de buenos principios y si nos empeñamos, como muchos se empeñan, en ver nuestra profesión como una mera actividad negocial nuestra forma de ejercicio estará condenada a desaparecer.
Los servicios que prestan los abogados no son servicios como cualesquiera otros ni pueden estar sometidos exclusivamente a las leyes de la oferta y la demanda como desean fervientemente la Comisión de Defensa de la Competencia y otros órganos estatales, los servicios que prestan los abogados, antes que a la obtención de un beneficio económico se dirigen a defender los intereses del cliente y luego, sí, cómo no, a obtener un legítimo ejercicio profesional. De hecho, esta primacía del interés del cliente es clave para que los derechos fundamentales de los ciudadanos y el Estado de Derecho en su conjunto puedan ser viables.
Es por eso que los servicios jurídicos precisan de una regulación propia y es por eso que el mercado de servicios jurídicos exige una regulación especial —existente en otros países— que, hasta ahora, parece no importar a ninguno de los que mandan en España ni en el gobierno ni en la organización colegial.
Creo que ese 30% de encuestados que situan al «beneficio económico» como primer objetivo de su actividad profesional o no son abogados, o no entienden su profesión, o pertenecen a uno de esos despachos/empresa que ahora se estilan, o simplemente han respondido dando por descontado el interés del cliente se ve salvaguardado por la regulación legal de nuestro ejercicio profesional. Quiero pensar en que esto último es el motivo se su respuesta porque, de otra forma, siento que serían muchos los encuestados que no entienden la función de un abogado. O al menos no la comparten conmigo y con muchos compañeros de profesión que conozco.
Mucho más interesante que ese 30% de encuestados que sitúan al beneficio económico como el objetivo primordial de un abogado son las disparidades en cuánto a las otras tres respuestas: un 43% responde que el objetivo prioritario es la defensa de los intereses del cliente, un nada despreciable 25% (uno de cada cuatro encuestados) pone por encima de las dos opciones anteriores la defensa de la justicia y un pequeño pero interesante 3% que llamaremos «abogados de ideales» estima que el objetivo son «otros fines sociales» que, la propia estructura de la encuesta, impide que sean especificados.
Digo que es mucho más interesante porque, desde antiguo, la profesión de abogado ha sido objeto de un fuerte debate ético en cuanto a su naturaleza y sus fines y, por lo que se ve en la encuesta, ese debate aún no está cerrado (al menos entre los encuestados).
En los viejos tiempos de la República Romana un abogado sólo debía defender aquello en lo que creyera; alquilar sus conocimientos y servicios al mejor postor era algo no muy distinto de lo que hacía una meretriz y resultaba, por tanto, despreciable. Nada había peor en el foro romano que ser una execrable vox mercenaria.
Han pasado más de 20 siglos desde aquello y aún hoy día es la profesión de abogado una de las que mayores problemas éticos suscita.
Acabado el día, cuando abogados y abogadas abandonan sus despachos, no es difícil verlos reunidos en algún lugar hablando de sus asuntos; la ética en las relaciones entre compañeros, la moralidad o inmoralidad de los comportamientos de otros intervinientes en la administración de justicia o incluso la poca vergüenza de sus propios clientes son, en la práctica totalidad de los casos, tema de conversación. Pareciera que ninguna otra profesión espera tanto de la moralidad ajena y, sin embargo, al final del día, ninguna parece tan frustrada con lo que ha vivido durante la jornada laboral. Sí conoce usted abogadas o abogados y les ve hablando acérquese y escúchelos, sus temas suelen ser siempre los mismos… La irremediable desvergüenza diaria de la administración de justicia que tolera que ya el primer juicio de cada mañana empiece tarde. Jueces que llegan a una vista que ellos mismos señalaron con inexplicable retraso, funcionarios que parecen no estar nunca en la oficina judicial, clientes que demandan continuos trabajos y atención pero jamás pagan… pero también compañeros y compañeras que durante las negociaciones previas al proceso o incluso durante el mismo se comportan con inaceptable falta de ética… Todo esto, claro, siempre a juicio de quien habla.
Si, las exigencias éticas de abogados y abogadas son de las más altas, pero también sus expectativas de cumplimiento se cuentan entre las más bajas. No es raro, pues, que sean tantos los abogados y abogadas que están hoy día quemados.
Personalmente nunca he visto tanto consumo de ansiolíticos entre compañeros y compañeras como ahora; afortunadamente compartimos con los trabajadores autónomos la refractariedad a las enfermedades pues, de ser funcionarios o trabajadores por cuenta ajena, las bajas por motivos psicológicos se sucederían.
Y, sin embargo, el debate sobre la naturaleza y objetivos del ejercicio profesional de los abogados subsiste, incluso entre ellos mismos.
Muchos abogados, la mayoría (un 43%) según la encuesta, piensan que su trabajo consiste en poner sus habilidades jurídicas al servicio de los objetivos del cliente, sin embargo, otro grupo menor (un 28% y en especial el 3% que marcó «otros fines sociales»), piensan que su trabajo consiste en defender unos ideales o un concepto de justicia en el que creen.
Para poder seguir estudiando el asunto y siguiendo la terminología de la doctrina norteamericana que se ha ocupado de esta cuestión (Luban, D. Lawyers and Justice: An Ethical Study. Princeton University Press. 1988) llamaremos «abogados convencionales» a los primeros y «abogados de ideales» a los segundos, sin que los nombres usados para clasificarlos supongan ninguna preferencia teórica (que los segundos sean «de ideales» en modo alguno significa que hayan de ser mejores) y hecha esta división señalemos algunas notas.
El «abogado convencional» entiende que se defiende la justicia defendiendo lo mejor posible a su cliente en el proceso; por eso en su concepción ética de la profesión no hay dificultad alguna en defender un día una postura y al siguiente la contraria, él defiende la justicia haciendo bien su trabajo y lejos de considerar esa acción falta de ética la considera un timbre de honor y motivo de orgullo, es lo que se ha llamado la moral tradicional del abogado. Si usted que lee estas lineas no lo entiende recapacite: un abogado, según esta concepción de la naturaleza y objetivos del ejercicio profesional, no debe nunca confundir su moral personal con la ética profesional, lo contrario le llevaría a dejar condenar a su cliente, en lugar de usar las herramientas que la ley le da, simplemente porque su personal criterio moral está en contra de la conducta de su cliente. Los abogados «convencionales» saben lo que hacen, créame, y no hay nada inmoral ni falto de ética en su conducta, si usted no lo ve así quizá es que no ha reflexionado lo suficiente sobre ello.
Pero no podemos negar que en el extremo diametralmemte opuesto al abogado convencional hay otro tipo de abogado, minoritario, al que se ha dado en llamar abogado de ideales.
Para un letrado de ideales es la defensa del ideal que propugna la medida del éxito, este tipo de letrados selecciona a sus clientes en función de la utilidad que sus casos puedan tener para la defensa del ideal que persigue y su interés, más que en la defensa de los objetivos del cliente, se centra en la persecución unos determinados objetivos de naturaleza social, cultural, política, económica o incluso legal.
Este tipo de abogacía es aún extraña en España aunque ha sido perfectamente visible en momentos y casos concretos, como por ejemplo los de muchos abogados laboralistas durante el franquismo, en que su ejercicio profesional no era ajeno a una forma de activismo político; o incluso en la actualidad donde el ejercicio profesional se utiliza, a veces, como herramienta para la consecución de objetivos sociales o políticos.
La popularización y florecimiento de la abogacía de ideales (cause lawyering) ha sido principalmente un fenómeno extranjero que comenzó en los Estados Unidos en la década de los 60. Los éxitos de los movimientos de derechos civiles y el trabajo de varias organizaciones de defensa social bien establecidas como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, el Fondo de Defensa Ambiental, el Centro de Derechos Constitucionales y muchos otros, fueron un buen caldo de cultivo para este tipo de abogacía.
Tal y como señala Scheingold el surgimiento y popularización de la abogacía de ideales en otras partes del mundo puede atribuirse a una combinación de factores, incluida la difusión de constituciones escritas y tribunales constitucionales, los valores neoliberales que impulsan la globalización y el desarrollo de redes transnacionales de derechos humanos (Sarat y Scheingold, 2001) .
A mí todo esto me parecen afirmaciones extremistas.
Es obvio que esta distinción radical no existe en la práctica, como es obvio también que los abogados convencionales siempre han visto influida su ejecutoria profesional por los principios que defienden del mismo modo que los letrados de ideales no pueden sustraerse a la siempre inesquivable defensa de los objetivos del cliente.
La abogacía convencional siempre ha estado presente en las sociedades modernas, pero también y hasta cierto punto la abogacía de ideales. Es importante subrayar que tanto los abogados de ideales como los convencionales tienen y defienden principios éticos; los abogados convencionales no son simplemente maximizadores cínicos de su propia riqueza y estatus y los abogados de ideales no son seres simplemente altruistas y abnegados. Cada uno de los abogados y abogadas que componen la abogacía real se situa en el continuum existente entre los dos extremos descritos. Es más, un determinado letrado o letrada puede ejercer convencionalmente en la mayoría de los casos para comportarse como un abogado de ideales cuando le llega un caso en el que están involucrados principios o ideales respecto de los cuales mantiene una relación especial.
Como ven si alguna profesión se faja diariamente con un debate ético profundo y cambiante es la jurídica, cuál es la dimensión moral y ética de nuestro ejercicio, qué principios deben presidir nuestra actuación… Todo eso es un debate que, creo que se detecta fácilmente en los resultados de la pequeña encuesta realizada pero que, al mismo tiempo, ilustra bien la naturaleza profundamente moral del ejercicio profesional de la profesión de abogado; un debate que solo casa mal, muy mal, con las conductas de aquellos que, cobrando cuantiosas dietas, se niegan a dar cuenta de las mismas a quienes se las pagan.
La cooperación está en la base del éxito de la especie humana y esa cooperación se fue escribiendo a lo largo de millones de años de evolución en nuestros genes hasta completar un código genético, un texto escrito apenas con cuatro letras (GTAC) pero que es el que encierra la definición precisa de lo que es humano y lo que no.
La naturaleza no conoce otra medida del éxito que la de la replicación: una especie es evolutivamente exitosa si se reproduce abundantemente y para sobrevivir como especie —algo que en concretos momentos del pasado llegó a parecer imposible— el ser humano se atuvo la cooperación como estrategia exitosa.
En todo este asunto de la evolución el papel central lo ocupa la reproducción y esa tarea, en el caso de la especie humana, se lleva a cabo en el cuerpo de las mujeres. Para el equipo humano las mujeres y su trabajo como encargadas de la reproducción de la especie es, biológicamente hablando, central y eso ha definido muchas de las características de la especie humana.
Traer al mundo una nueva vida es un trabajo duro al que hay que dedicar muchos recursos biológicos y vitales. Parir es duro y para nuestras antepasadas iba su propia vida en cada nueva apuesta, y no solo su vida, una cría humana no sobrevive sin la compañía y el cuidado de su madre y todo eso hace que traer al mundo hijos sea algo muy serio para la especie humana, sobre todo para ellas.
Nos dicen los antropólogos que, dadas estas duras condiciones, los humanos que más éxito reproductivo obtuvieron fueron aquellos que ayudaron a las madres a llevar a cabo su tarea central, aquellos padres que no abandonaban a su pareja y a su prole, sino que cooperaban con ella tratando de que pudiese llevar a cabo su tarea y nos dicen lls antropólogos también que, por lo mucho que se juegan, son las mujeres las más cuidadosas a la hora de elegir pareja, no pueden correr el riesgo de irse con el primer majadero que pase…
La humanidad se construyó sobre el principio sagrado de que toda la comunidad esté orientada a proteger unas cuantas cosas sagradas: el cuidado de los niños (nada encoleriza más a los seres humanos que el maltrato a los niños) y el respeto a la tarea biológica vital de quienes les traen al mundo.
Y me jode, sí, me jode mucho, que lo que sabían tribus de salvajes desnudos que vagaban por las sabanas matando y muriendo, no lo sepa una administración de justicia ni un ministro de justicia que permiten que hoy, día de las madres, las procuradoras y las abogadas no merezcan el respeto que, como madres, habrían tenido en la tribu más primitiva y salvaje del mundo.
El blog de José Muelas 