Especialización y concentración: la fórmula del desastre judicial.

España lucha con todos los medios a su alcance, singularmente el esfuerzo de los sanitarios y la ejemplar cooperación de la sociedad, contra la muerte y la enfermedad que trae el coronavirus.

Hemos parado nuestras empresas, nos hemos recluido y, deliberadamente y en un gesto grandioso, hemos compartido con el resto de la humanidad la decisión de proteger a nuestros congéneres más débiles aunque ello nos lleve a una catástrofe económica. Es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad un gesto tan bello.

Pero, tras este esfuerzo, la crisis azotará nuestra economía salvajemente y ¿quién cuidará de nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Quién cuidará que en la escasez se dé a cada uno lo suyo y se atienda a restablecer el equilibrio en relaciones sociales destruidas por la crisis?

Ese trabajo corresponde a la justicia pero, déjenme que se lo adelante ya, si la sanidad ha sido la heroína de esta crisis, tal y como están las cosas a día de hoy, el mal funcionamiento de nuestra administración de justicia puede tener consecuencias casi tan funestas como la propia pandemia.

Esta crisis va a ser mucho más acentuada y mucho más concentrada en el tiempo que la de 2008 y eso significa que los españoles van a demandar soluciones de la justicia española de forma intensa, más intensa y concentrada en el tiempo que nunca desde que se conservan registros. En solo un mes o dos los juzgados de lo social y de lo mercantil sufrirán un embate como nunca antes en su historia y ese embate será terrible por la pésima organización del sistema judicial español, una organización que ha obedecido más a razones de control de los jueces que de servicio al ciudadano y eficiencia.

Con nuestra actual organización es imposible soportar una subida del 100% de procesos mercantiles, necesitaríamos duplicar la planta (crear 68 juzgados más en un mes) para atender a los casi 80.000 asuntos llevados en 2019 más otros 80.000 consecuencia de la crisis. No se van a crear esos juzgados de lo mercantil, simplemente porque no da tiempo y nuestras empresas morirán víctimas de una planta producto de tejemanejes políticos y no de la razón lisa y simple.

Piénsenlo, 160.000 nuevos casos para 68 juzgados. No hace falta ser profeta para entender que si este año entran una media de 2.532 asuntos por juzgado mercantil nadie nos salvará del desastre.

En cambio, esos mismos 160.000 asuntos, turnados a los juzgados de 1ª Instancia (lugar de donde nunca debieron salir), sólo supondrían un incremento de 94 casos por juzgado, cifra perfectamente manejable por nuestros jueces, de forma que los españoles podrían respirar aliviados.

La especialización no es una buena estrategia para enfrentarse a las crisis pues convierte a los organismos especializados en entidades muy frágiles frente a una crisis en su ámbito de especialidad.

Y, si la especialización es mala, la concentración es incluso peor. Colocar todos los huevos en la misma cesta no solo es arriesgado para el dueño de los huevos, es también estúpido si lo que quieres es servir al mayor número posible de personas.

Dos tercios de la población española no vive en capitales de provincia, entiéndanlo panda de locos. Obligar a desplazarse a poblaciones enteras solo por el gustito de tener los juzgados juntos es una de las mayores estupideces que pudieron colemeterse y esa estupidez es ahora mucho más evidente cuando los desplazamientos están restringidos por razones sanitarias.

Seamos serios: tenemos una planta de más de 1700 juzgados de instancia distribuidos por toda España y que siempre han conocido de los procesos mercantiles. ¿Vamos a llevar España a la ruina solo porque un club de políticos togados se empeñe en mantener incluso a costa de la vida y la fortuna de los españoles sus jueguecitos de salón?

Que la competencia para conocer de los concursos debe entregarse de inmediato a los juzgados de 1ª instancia es algo que no ofrece duda y que debiera hacerse en este mismo momento mejor que dentro de un minuto.

No tan fácil es la tarea con los juzgados de lo social, segundo frente de la pinza con que la crisis amenaza a la justicia. En un entorno de movilidad restringida se echa de menos una planta judicial más distribuida en este campo.

Pero podemos resolverlo. Desde luego no podemos seguir poniendo a la población en peligro haciéndo viajar centenares de miles de ciudadanos a sus juicios, mejor que hacer desplazarse a cientos de miles de ciudadanos es hacer desplazarse a los jueces a los lugares de residencia de las partes y celebrar en las salas de vistas que nuestros juzgados de Instancia e Instrucción tienen. No hay dificultad alguna en ello.

Seguramente hemos de recuperar todos cuantos medios podamos para atender a esta jurisdicción, recuperar jueces jubilados, poner a trabajar a los jueces sustitutos, reforzar con funcionarios sacados de otros juzgados…

Si la sanidad española es la responsable de evitar que enfermemos y muramos a la administración de justicia española le corresponde el papel de conseguir que esa vida que nos han salvado no se vaya al garete en medio de una crisis incontrolable.

Hay que liberar tantos cuantos recursos podamos para apoyar estos dos frentes, hay que realizar una lista de procesos prioritarios y no prioritarios y, entre los prioritarios, asignar prioridades a su vez así hasta encajar la crisis en la forma que menos daño haga.

No veo a nadie hacer eso y siento que este país vaya a ir al abismo de la pobreza por culpa de unos cuantos políticos con toga.

La comprobación del funcionamiento del software judicial español. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2019, de 25 de noviembre

La comprobación del funcionamiento del software judicial español. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2019, de 25 de noviembre

Buenas tardes.

Creo que, siendo el objeto central de mi ponencia de hoy el comentario de una Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en un proceso en el que yo fui letrado recurrente, seguramente les interesará conocer —además de mis reflexiones sobre el contenido de la sentencia y, sobre todo, del voto particular de su ponente— el resto de circunstancias del caso de forma que, si me lo permiten, comenzaré esta historia desde el principio y les contaré cuanto sé de ella a fin de que puedan conocer su trasfondo.

Mi primer recuerdo de este asunto es el de ver entrar en mi despacho a un hombre y a su asesor fiscal visiblemente alterados. El hombre, un varón que rebasaba los 60, vestía ropa de faena y tenía todas las trazas de ser un hombre sencillo y sin mucha formación.

El caso era que, debido a una llamada —creo recordar que de la Administración Tributaria— el hombre de aspecto humilde había sido advertido de la existencia de un gravoso embargo sobre su panadería, dimanante de un proceso por despido seguido ante el Juzgado de lo Social 1 de Cartagena. El hombre, panadero de profesión, resulta que tenía una panadería, una pequeña sociedad limitada, de la que había despedido hacía un tiempo a uno de sus pocos empleados y ahora, al cabo de los meses, se había enterado de que ese hombre le había puesto un procedimiento por despido del que él no había tenido la menor noticia, que el juicio se había celebrado en su ausencia y que había sido condenado. Sólo ahora que estaban embargando los bienes de la sociedad que regentaba la panadería el hombre había tenido noticia de todas estas cosas.

Antes de venir a mi despacho el hombre había ido al Juzgado de lo Social a preguntar cómo era posible que se hubiese celebrado un juicio sin que él se enterase y allí le respondieron que él había sido citado en su domicilio electrónico, tal y como la ley permitía, y que el sistema informático del juzgado indicaba que la notificación se le había depositado correctamente en su buzón y que la misma había sido retirada en determinada fecha. Que todo era legal y que no había nada que hacer.

Al llegar a mi despacho el hombre de aspecto humilde juraba que él no sabía qué era eso del “domicilio electrónico”, que desconocía por completo su funcionamiento y que, por supuesto, él no había retirado nada de su buzón ni de ningún otro sitio.

Yo le creí incluso sin juramentos, su mera apariencia indicaba que aquel hombre, muy probablemente, era un artista en todo lo relativo al amasado y horneado de pan pero que, en lo relativo a las comunicaciones electrónicas, era un total y absoluto ignorante digital.

Yo ya tenía conocimiento de que tal forma de proceder por parte de los juzgados de los social y algunos mercantiles era frecuente en esa época (año 2018) e incluso recuerdo a algún abogado experto en derecho laboral comentando en público la feria en que se habían convertido los juzgados de lo Social: el uso intensivo de las citaciones en domicilios electrónicos estaba provocando un alto número de condenas en rebeldía.

Como no soy laboralista el tema no me interesó demasiado pero, ahora que tenía ante mí este hombre y su problema, caí en la cuenta de que este tema me ofrecía una magnífica posibilidad de pelear por una causa que hace tiempo venía persiguiendo. Para saber exactamente cuál es esta causa, verdadero leit motiv de mi recurso de amparo, no me queda más remedio que contarles antes una historia ocurrida en los juzgados y tribunales norteamericanos: el caso Toyota Camry. Permítanme que lo haga.

A finales de la primera década de este siglo, en torno al año 2008, la empresa Toyota comenzó a recibir numerosas quejas en su división de Estados Unidos. Muchos conductores se quejaban de que, en ocasiones, el modelo Camry comenzaba a acelerar de forma imprevisible y sin que su conductor pudiese hacer nada para evitarlo. Pronto se produjeron las primeras víctimas e incluso el conductor de uno de aquellos Toyota fue condenado tras ser declarado culpable de un accidente.

Al principio nadie creyó a quienes decían que el coche había acelerado por sí solo, de hecho se encargó un estudio a la NASA que certificó que el coche funcionaba perfectamente y ello, junto con numerosas investigaciones e interrogatorio de afectados hizo que Toyota diese el caso por jurídicamente cerrado.

Sin embargo, entre finales de 2009 y principios de 2010 Toyota había comenzado a llamar a los propietarios del modelo Camry para solucionar algunos aspectos. Toyota pensó que las alfombrillas podían interferir en el correcto funcionamiento del acelerador y atascarlo de forma que probó a cambiarlas e incluso a serruchar el pedal del acelerador pensando que podía haber un problema en la barra… pero sin éxito. Los casos de conductores que afirmaban que su Toyota había acelerado espontáneamente continuaron y los accidentes… también. Para enero de 2010 Toyota había llamado a revisión unos 7,5 millones de vehículos a causa de los problemas con el acelerador.

Sin embargo el 24 de octubre de 2013 la suerte se acabó para Toyota cuando un jurado falló contra ella y la declaró culpable de la aceleración espontánea de sus vehículos. La prueba decisiva la ofreció Michael Barr, un ingeniero de software que examinó el código que gobernaba el funcionamiento del acelerador electrónico de los Camry y declaró que el mismo era «una basura» y que estaba lleno de malas prácticas.

Michael Barr, naturalmente, sólo pudo alcanzar esta conclusión cuando logró examinar el código fuente que gobernaba el acelerador electrónico y esa es precisamente la piedra angular del debate. ¿Cómo podemos saber que un sistema gobernado por un software, sea un acelerador o sea un sistema de gestión judicial, funciona correctamente si no conocemos su código fuente? ¿Cómo podemos saber qué está haciendo exactamente un determinado sistema si no podemos acceder al código que lo gobierna?

Quizá algunos de ustedes desconozcan a lo que me refiero cuando he hablado de código fuente o más adelante les hable de software de fuente abierta. Para quienes lo desconozcan lo explicaré brevemente, los demás discúlpenme, les prometo que no me extenderé en esto.

Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora; a menudo, esta secuencia de instrucciones es comparada con una receta de cocina y no es mala comparación. Una receta de cocina no es más que una secuencia de instrucciones que le indican a usted de qué alimentos proveerse, cómo prepararlos, cómo trocearlos, cómo procesarlos (ya sea friendo, asando, cociendo, guisando o estofando) e incluso cómo servirlos.

Un “producto alimenticio de fuente abierta” nos permitirá conocer los componentes que lo integran, si lleva conservantes o colorantes, las calorías que tiene, su composición en términos de proteinas, grasas e hidratos de carbono… etc. Un “producto alimenticio de código propietario” o de “código cerrado” simplemente no nos diría nada de esto y habríamos de comerlo desconociendo sus efectos sobre nuestro organismo y confiando exclusivamente en la buena fe del fabricante.

Es evidente que ninguno de ustedes alimentaría a sus hijos con alimentos de código propietario (además de que es ilegal) y que, si le dan a elegir entre una sustencia de color cacao que usted no sabe de qué está hecha y otra que pone “leche, cacao, avellanas y azúcar”, usted elegirá esta segunda y no la primera pues se expone, simplemente, a envenear a su hijo. Nadie en su sano juicio consume productos que no sabe de qué están hechos… Bueno, salvo en el mundo de la informática donde el uso de programas que no sabemos cómo funcionan, cuya receta ignoramos, es generalizado y, las mismas personas que considerarían una aberración alimentar a sus hijos con sustancias quya composición desconocen, usan sin remordimiento alguno programas que pueden comprometer no sólo su seguridad sino la de todos sus conciudadanos. Uno de esos programas que no sabemos lo que hace ni como funciona es LexNet, otro es el inocente Word, otro es Minerva y así hasta completar la totalidad de los programas de software que gobiernan el funcionamiento de la administración de justicia española. Algunos de esos programas son de fabricación nacional, otros no, pero en todos o en casi todos existe la certeza de que existen puertas traseras y en muchos de ellos la convicción de que, como el acelerador del Toyota Camry, el software que los gobierna es pura basura.

Ya, ya sé que muchos de ustedes se preguntarám ¿Y por qué querría nadie espiar a un Juez o controlar su trabajo? ¿No es todo esto algo un tanto paranoico?

Bien, déjenme que les responda con un ejemplo muy de actualidad ahora que el tema de la extradición de Julián Assange vuelve a ocupar su lugar en los medios de comunicación.

Cuando las filtraciones de Wiki-Leaks cobraron actualidad tuve la curiosidad de investigar sí, entre la Embajada de Estados Unidos en Madrid y Washington, se habían cruzado correos relativos a mi región: la Región de Murcia. Para mi sorpresa descubrí que sí, todos eran relativos a mi ciudad, Cartagena, y, en tanto que la mayoría de ellos contenían las esperables informaciones relativas a los almirantes que mandan la flota surta en Cartagena otro de ellos me sorprendió desagradablemente: la información que contenía se refería al auto de sobreseimiento dictado por el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena en las Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado número 665 /2007.

Si tenían ustedes dudas en relación a si la actividad de nuestros juzgados interesa a alguien ya tienen una respuesta: al menos en Washington sí tienen interés.

Cuando el hombre no controla el software es el software el que controla al hombre y es por eso que nunca he logrado entender cómo los sucesivos Gobiernos de España han entregado insensatamente toda nuestra administración de justicia al control de manos absolutamente ajenas a ella.

Los sucesivos gobiernos y los partidos políticos podrán decir misa cantada, yo no les creo y, por eso, porque creo que es bueno para mi país y para mis conciudadanos, trato de que el software que gobierna nuestra administración de justicia sea controlado por quien debe tener el poder para ello (el Poder Judicial) y que todo ese cúmulo de poderes espúrios, interesados y contrarios al interés general aparten sus, muy a menudo sucias, manos de él.

Y ahora que ya saben qué causa me movía volvamos al caso de mi humilde panadero.

En este caso concurren dos circunstancias que llamaron mi atención. La primera, común a todos los casos en que los demandados recibieron la primera citación por vía electrónica, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber citado al demandado en la forma que ordena la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

La segunda, mucho más interesante para mí, la posibilidad de hallar una vía para poder examinar el software que controla el funcionamiento del acelerador del Toyota Camry; quiero decir, el software que gobierna el funcionamiento de los sistemas de gestión procesal y comunicación de la Administración de Justicia Española. No les engaño si les digo que fue esta posibilidad la que me llevó a aceptar un caso que, muy probablemente, hubiese rechazado en otras circunstancias.

Vayamos por partes y liquidemos en primer lugar el tema menos estimulante aunque probablemente de mayor trascendencia práctica: el de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por infracción de normas esenciales del procedimiento a la hora de llevar a cabo la primera citación del demandado.

Aunque muchos juzgados y tribunales se han empecinado contumazmente en llevar a cabo la primera citación en los procedimientos en la dirección electrónica de las empresas tal práctica no es más que una vulneración de las normas que regulan la forma de efectuarse la primera citación en la LEC. Esta, en el artículo 155 números 1 y 2, establece con claridad meridiana que el primer emplazamiento ha de realizarse en el domicilio del demandado y todas las reflexiones y retorcimientos legales realizados por los juzgados y tribunales que se empeñaban en realizarlo en domicilios electrónicos no parecen sino un intento de ganar eficiencia y comodidad procesal a costa de los derechos fundamentales de las partes.

Por si ello fuera poco el artículo 273.4 LEC abona con toda claridad la interpretación correcta de que la primera citación ha de hacerse en el domicilio del demandado por lo que las citaciones llevadas a cabo por juzgados y tribunales sin atenerse a lo establecido en tales preceptos eran carne de nulidad.

Así dicho parece sencillo pero, en el momento de redactar mi recurso, no había ni una sola resolución del Tribunal Constitucional que respaldase esta tesis y, teniendo en cuenta los poquísimos recursos que son admitidos a trámite por el Tribunal, no les ocultaré que mi confianza en que este superase dicho filtro era poca. Eso sí, como no hay mal que por bien no venga, la inexistencia de jurisprudencia constitucional sobre este tema me garantizaba que podría justificar de forma bastante sencilla la trascendencia constitucional del asunto.

El segundo aspecto del recurso, el que de verdad me motivaba, es de naturaleza algo más compleja y tiene que ver con el conocimiento extraprocesal que pueda tener el interesado de determinados actos procesales. Veámoslo.

Como todos ustedes saben el conocimiento extraprocesal de, por ejemplo, la existencia del proceso, no convalida los actos realizados en su seno con infracción de las normas procesales pero sí que afecta a la posible vulneración de la tutela judicial efectiva de la parte que, con conocimiento extraprocesal, decide mantenerse al margen del proceso por su propia voluntad.

En el caso presente había un dato perturbador que no me esforcé demasiado por aclarar: el Juzgado de lo Social afirmaba que la notificación «había sido retirada» por mi cliente en oscuras circunstancias.

Así las cosas, si mi cliente conoció la existencia del proceso siquiera fuese fuera de plazo, yo no podría alegar vulneración de la tutela judicial efectiva de forma que, lo que hice, fue creer a mi cliente y negar que el mismo hubiese retirado ninguna notificación; en suma, sostuve que el acelerador del Toyota Camry del Juzgado de lo Social 1 de Cartagena había acelerado sin que nadie lo pisase.

Lo interesante del asunto es que, para probar que el acelerador había fallado, yo no tenía otra opción que solicitar la práctica de una prueba pericial sobre el software que lo gobierna y eso suponía abrir el código del software de la administración de justicia lo cual podía tener dos efectos mágicos: el primero y trivial demostrar que el software utilizado puede ser «una basura» como en el caso del acelerador del Toyota; la segunda y más importante establecer que, por definición, el software a emplear en nuestra administración de justicia debe ser de código abierto pues lo contrario supone dejar en indefensión a la ciudadanía.

Con estos dos motivos de nulidad en mente planteé el correspondiente incidente de nulidad y, tal y como suponía, el juzgado de lo social me despachó de forma sumaria: al suplico no ha lugar y al otrosí otro no; es decir, el juzgado resolvió que la primera citación estaba bien hecha (para eso la había hecho él) y a mi solicitud de prueba pericial respondió con el tan habitual como molesto «no ha lugar» sin mayores razonamientos.

Así las cosas, tras un infructuoso escrito de aclaración y complemento pidiendo al menos un razonamiento del «no ha lugar», quedó abierta para mí la vía del amparo.

Uno no siempre puede dedicar a las cosas el tiempo que merecen y este asunto no fue la excepción pero mal que bien pude confeccionar el recurso de amparo que, si tienen paciencia y ganas, pueden consultar en este enlace.

El recurso se articulaba en torno a tres motivos: el primero la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse citado a mi mandante conforme establecen las leyes procesales; el segundo por vulneración de mi derecho a la prueba al no habérseme permitido acreditar que el sistema había fallado y, el tercero, una especie de mix (siempre hay que dar tres argumentos) en el que me quejaba de que, asumir como prueba los propios outputs del sistema suponía dotarles de fuerza de presunción iuris et de iure, lo que repugnaba a cualquier lógica.

No me extenderé en esto, los argumentos que vertí, mejor o peor expresados, están en el recurso de amparo.

Para mi sorpresa el recurso fue admitido y les engañaría si les ocultase que, alguna que otra vez, soñé con la posibilidad de que el tribunal se percatase de la profundidad del recurso en cuanto al aspecto probatorio porque, si así lo hacía, mi cliente y yo habríamos hecho bingo.

Cuando el Ministerio Fiscal se adhirió a mi recurso respiré aliviado y cuando el Abogado del Estado se opuso al mismo lo encajé como encajan estas cosas los abogados, con naturalidad y así nos fuimos acercando al momento de dictar sentencia.

Poco antes de dictarse mi sentencia comenzaron a resolverse bastantes recursos similares al mío; era obvio que no era yo solo quien estaba denunciando ante el Tribunal Constitucional la vulneración de la tutela judicial efectiva por no llevar a cabo personalmente el primer emplazamiento y eso me tranquilizó por una parte aunque, por otra me preocupó, yo no quería ganar este asunto por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sino por vulneración del derecho a la prueba. Bueno, seamos sinceros, yo quería ganar fuese como fuese pero, puestos a pedir yo quería ganar en defensa no solo de mi cliente sino también de mi causa.

Cuando llegó la sentencia yo estaba en Córdoba en pleno Congreso de la Abogacía Independiente, mi secretaria me dijo que habíamos ganado pero no tuve tiempo de leer la sentencia, sólo sé que me alegré y se me subió el entusiasmo a la cabeza, pero era tal el cúmulo de emociones que estaba viviendo en Córdoba que pronto me olvidé de la sentencia para atender con intensidad a lo que estaba ocurriendo en el edificio del Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Ya de vuelta en Cartagena pude leer la sentencia y según la iba leyendo me di cuenta de que iban a estimar mi recurso pero por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante y así fue: el fallo me daba la razón en ese punto y no ahondaba en más. Una alegría para mi cliente.

Sin embargo la sentencia aún me deparaba una sorpresa pues el ponente de la misma había decidido emitir un voto particular en el que, discrepando del parecer del resto de sus colegas, estimaba que sí, que yo también tenía razón en mi segundo motivo de recurso y que era este el que había que haber estimado y no el primero. El ponente, con su voto particular, me servía en bandeja la argumentación para un futuro caso y me dejaba en la recámara una bala que puede ser disparada en cualquier momento.

Quizá sea una falsa impresión pero mi apreciación es que el Tribunal prefirió quitarse de encima el asunto estimándolo por la vía fácil antes que abrir un camino de libertad y racionalidad de consecuencias profundísimas.

Creo que el ponente entendió el asunto y creo, aunque puedo estar equivocado, que al Tribunal se le encogió la mano. Sin embargo la vía está abierta, el camino puede volver a ser transitado hasta llegar de nuevo a destino y las oportunidades que tendrán muchos abogados de hacerlo se multiplicarán exponencialemente en el futuro. Me alegra haber ganado este recurso pero, créanme, mucho más me alegra saber que la batalla puede continuar y ser ganada.

Y creo que no tengo nada más que exponerles al respecto, lo esencial ya está dicho. Muchas gracias por su atención.

Improvisando

Improvisando

Improvisar es difícil; cuando preparas una intervención y la escribes sólo has de decir aquello que has escrito pero, si vas a improvisar, la tarea es muy diferente.

Preparar un texto y memorizarlo o leerlo es tarea de escritor o locutor, pero no de orador; el texto, una vez escrito o memorizado, se convierte en un producto terminado y será reproducido igual independientemente del estado de ánimo del auditorio, de su composición, de su formación y de todas esas miles de circunstancias que hacen a cada auditorio distinto e irrepetible. Si el mensaje conecta con el auditorio será perfecto, si no, no habrá remedio.

No me gusta escribir mis intervenciones; cuando he de hablar en algún lugar procuro llegar con antelación y sentarme en un lugar discreto desde el que poder observar a los asistentes para así tratar de intuir cuál es su estado de ánimo, su extracción social, su nivel formativo o incluso su previsible caracterización ideológica. Un mismo tema no se expone igual en una reunión de la Plataforma Antihipotecas que en una asamblea cofrade y, por eso, la misión del orador es adecuar su mensaje al auditorio de forma que, sin alterar el sentido del mensaje, lo haga comprensible y agradable para cada auditorio dado. Al menos yo trato de hacerlo así. Es por eso que, para sentir que estoy haciendo bien mi trabajo, necesito improvisar y eso… eso es difícil.

Se atribuye a Mark Twain el haber dicho que le costaba un día escribir un discurso pero que le llevaba tres semanas improvisarlo y, sea suya la frase o no, lo cierto es que contiene una verdad importante: si quieres improvisar debes trabajar duro mucho tiempo para presentarte ante tu auditorio cargado de recursos y con un abundante arsenal de imágenes, ejemplos, historias y figuras literarias que irás descartando en su gran mayoría según vayas observando la evolución anímica de tu auditorio.

Sí, improvisar tras un largo trabajo es la forma correcta de encarar una intervención pública, aunque, como todo, esto también tiene sus problemas, el primero de los cuales es que, salvo que alguien haya grabado tu intervención, muy a menudo no recuerdas exactamente lo que has dicho y eres incapaz de repetir dos veces el mismo discurso.

Estos días me han pedido bastantes amigos que comparta mi intervención del pasado jueves ante la Sección de Derecho Procesal de la Real Academia Española y he tenido que decirles que, simplemente, no puedo: mi intervención fue improvisada y no conservo más que un guión mínimo de ella. Sin embargo creo que puedo transcribir aquí algo parecido a lo que dije: han pasado apenas unas horas y, mientras viajo en tren de vuelta a casa, es posible que pueda reconstruir parte de lo que conté.

Así pues, sentado lo anterior, vamos al tajo. En el siguiente post trataré de trasladarles el contenido de la ponencia que la Sección de Derecho Procesal de la Real Academia intituló «La comprobación del funcionamiento del software judicial español. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2019, de 25 de noviembre».

Nos encontramos en el siguiente post.

Bueno para la abogacía, bueno para la sociedad

Bueno para la abogacía, bueno para la sociedad

La ley Alemana de Servicios Jurídicos Extrajudiciales en su artículo 1 proclama:

«Esta ley regula la facultad de poder prestar servicios extrajudiciales en la República Federal de Alemania. Su propósito es proteger a los usuarios, al tráfico y al ordenamiento jurídico de servicios no cualificados.»

En España, un país regido por bancos y aseguradoras, pareciera que la defensa de los consumidores fuese una ofensa a su omnímodo poder y, probablemente por ello, no hay en España una Ley de Servicios Jurídicos: porque impediría finalizar contratos y actos jurídicos con una ciudadanía no asesorada y perfectamente desinformada.

La relación de la abogacía independiente con la ciudadanía y los consumidores es casi de simbiosis; en la Red de Abogadas y Abogados de España usamos de la expresión bantú «Ubuntu»: somos porque son. Y es cierto.

Una sociedad sin derechos no necesita abogados, pero una sociedad sin abogados pronto se queda sin derechos o estos se tornan papel mojado: defendiendo nuestra profesión les defendemos a ellos, defendiéndolos a ellos defendemos nuestra profesión.

Sí, somos porque son y, precisamente por eso, quienes mandan de verdad, los dueños del dinero, no quieren ciudadanos con derechos ni quieren que los abogados interfieran en sus relaciones jurídicas con ellos y, por eso, miran con indulgencia a zurupetos, «asesores», listos, cuñados y demás conatos de juristas.

Cuidar de que el consejo jurídico y la asesoría sean actividad propia de profesionales debidamente cualificados, además, tendría la virtud de frenar las “modestas proposiciones” (“A modest proposal”. Jonathan Swift) a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos tiene acostumbrados en este campo de los servicios jurídicos.

Garantizar a los ciudadanos que quien les asiste jurídicamente tiene la cualificación necesaria beneficia a los abogados y abogadas, sí, pero, sobre todo, beneficia a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.

Si quieres participar en conseguir este objetivo hay un sitio para ti en la #RED.

Tras el velo de la ignorancia

Tras el velo de la ignorancia

Vas a iniciar el viaje más trascendental de tu vida, Irene, es un trayecto muy corto, pero te llevará al lugar más maravilloso que puedas imaginar: vas a venir al mundo.

Esta mañana, pensando en ti y en lo que va a ser tu vida, trato de ponerme en tu lugar, trato de olvidar cuanto sé sobre mi mismo y trato de reflexionar sobre cómo sería la sociedad en la que yo desearía nacer si estuviese en tu lugar.

La realidad es que, si yo estuviese en tu lugar, desconocería muchas cosas, no sabría si voy a nacer rico o pobre, por ejemplo, tampoco sabría bien si voy a nacer hombre o mujer y, por desconocer, desconozco hasta si naceré sano y bien formado o por el contrario llegaré al mundo con alguna enfermedad congénita o con algún defecto en alguno de mis órganos o extremidades.

Pensando en lo primero, que es la salud, pienso que el riesgo de nacer enfermo y en una familia pobre es el más grave de todos; venir al mundo para morir a las pocas horas o vivir muchos años padeciendo una enfermedad me hacen pensar que, si he de elegir, quiero nacer en una sociedad donde la atención médica esté garantizada a cualquier persona independientemente de su condición económica.

Aunque, bien mirado, no tengo por qué tener tan mala suerte, pensemos en algo mejor, pensemos, por ejemplo, en que nazco mujer y lista. En ese caso me gustaría que el hecho de ser mujer no me perjudicase y me gustaría poder estudiar —si he nacido lista supongo que habré de estudiar— y me gustaría poder alcanzar aquellos lugares en la sociedad a que me hiciese acreedora con mis méritos, sin que ni mi condición de mujer ni la condición económica de mi familia fuesen un obstáculo para eso.

Puedo nacer también negra y en cualquiera de los estados que hoy existen en el mundo pero, nazca como nazca y donde nazca, ciertamente, no me gustaría que en la sociedad en la que yo vaya a nacer el hecho de ser de una raza u otra pudiera perjudicarme. Quizá, si nazco blanca en una sociedad blanca y rica, en unos años me parecerá que debemos defender nuestra riqueza, nuestra raza y nuestra cultura de las demás pero, ahora que estoy por nacer, como no sé si naceré blanca o negra, pobre o rica, en una familia católica o budista, lo mejor es que, nazca como nazca, nazca en una sociedad donde estos hechos no condicionen mi desarrollo como mujer o como hombre.

Bien mirado lo mejor es nacer en una buena familia, rica y acomodada, pues con eso tendré solucionados muchos problemas; claro que, igual mi familia es rica pero con alguna condición social que no me guste. Porque a ver, ¿quién quiere nacer en una sociedad musulmana y tener que ir con la cara cubierta todo el día?, que no digo yo que esté mal ni sea malo, sólo que, si no me apetece, pues prefiero una sociedad donde yo pueda dejar de ser musulmana y hacerme budista o atea sin mayores problemas. Llevar velo, dar vueltas a un molinillo, encender velas ante imágenes de madera o pasarme la vida negando la existencia de dios, son circunstancias que no me gustaría que supusiesen para mí ningún problema vital.

Pero… ¿Y si nazco con síndrome de down? ¿Qué será de mí?

En ese caso espero nacer en una sociedad donde se cuide a las personas como yo y la vida nos sea tan feliz como razonablemente pueda ser la vida…

Y ahora que lo pienso… ¿Es posible una sociedad así? Ummm… Bueno, ese tema es complicado y planteármelo aún antes de nacer parece un tanto excesivo para una bebé. De momento sé lo que quiero y, entretanto, espero que mi madre haya hecho lo necesario para que, además de traerme al mundo, el mundo que me espere sea como el que yo deseo…

Quizá todas estas reflexiones les parezcan utópicas, impropias de una bebé que va a nacer y que están teñidas de una cierta dosis de ñoñería; no se lo discutiré, pero con este ejemplo lo que he pretendido en realidad es mostrarle un concepto al que el filósofo John Rawls llamó «El velo de la ignorancia».

El punto de vista de Irene, la niña que va a nacer, representa lo que John Rawls llamó la «posición original» y, merced a él, la bebé reflexiona sobre ese mundo desconocido al que va a nacer desde una posición de absoluto desconocimiento, es decir, cubiertos sus ojos por un «velo de ignorancia» que la hacen tomar posición en relación con el mundo y la sociedad sin atender a ningún condicionamiento previo pues Irene puede nacer de cualquier condición que podamos imaginar.

Puede usted discutirme si una bebé puede o no pensar esas cosas antes de nacer, eso lo admito, pero, en respuesta esto, le diré dos cosas: la primera que, si usted me dice eso, es porque no ha entendido en absoluto el sentido de mis palabras y la segunda —y más importante— es que no tiene usted ni idea de lo lista que nos va a salir Irene. Así que, si no ha entendido lo hasta aquí dicho, vuelva al principio o váyase a leer otra cosa, que tampoco quiero yo amargarle el día. Y ahora volvamos a lo nuestro.

John Rawls fue un filósofo norteamericano que dedicó buena parte de su vida a teorizar sobre la justicia y, sin duda, una de sus ideas más fecundas fue esta de la «posición original» y, sobre todo, este experimento mental consistente en contemplar las cosas bajo «el velo de la ignorancia».

No fue John Rawls el primero en expresar estas ideas, presentes en multitud de filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau y muchos más, pero sí el primero en verbalizarlas de esta forma.

Si bien se examina, la venda que tapa los ojos de las estatuas con que representamos la justicia, es una metáfora exacta de este «velo de la ignorancia» del que nos habla John Rawls. La justicia no sabe —no debiera saber en un mundo ideal— si eres rico o pobre, blanco o negro, hombre o mujer; la justicia sólo atiende —debiera atender— al caso que se le plantea y un imprescindible velo de ignorancia debiera protegerla de prejuicios o intereses particulares.

Ese mismo velo de ignorancia debiera también cubrir los ojos de nuestros políticos cuando pugnan por diseñar el mundo en el que habremos de vivir, pero lobbies, sindicatos, conmilitones, amigos, familiares y hasta sus propios intereses personales, hacen que ese velo caiga y sus decisiones obedezcan más a las conveniencias derivadas de su lugar en la sociedad que a las exigencias de una sociedad justa para todos.

Hoy, en este domingo de 25 horas en que nuestros hábitos de verano nos hacen levantarnos una hora antes, me he entretenido en reflexionar largo rato sobre el mundo desde la «posición original» de Irene y, cubierto por el velo de la ignorancia, sobre la sociedad que yo desearía. He tomado muchas notas y he guardado interesantes reflexiones para volver sobre ellas más adelante, pero por hoy basta con lo escrito. Lo importante es que Irene ha nacido bien, sana y guapísima y que, de cambiar el mundo, ya se está ocupando su madre.

Vale.

Y el Poder Judicial ¿Sabe usted por dónde cae?

A ninguno nos cabe la menor duda de que el Poder Judicial existe pero, ya que existe, ¿dónde podemos encontrarlo?.

Al pronto usted pensará que, para encontrarlo, nada mejor ni más sencillo que dirigirse al juzgado de su ciudad pero, ojo, porque no es poder judicial todo lo que reluce.

Cuando se encuentre frente al juzgado, palacio de justicia o ciudad de la justicia de su localidad, no se deje deslumbrar: el edificio que ve no pertenece al Poder Judicial sino al Poder Ejecutivo, es decir, al Gobierno o a la Consejería de su Comunidad.

Cuando entre por la puerta el control de seguridad lo realizará la Guardia Civil (Poder Ejecutivo) o unos guardias de seguridad contratados y pagados por el poder ejecutivo.

La luz que ilumina el edificio al igual que la calefacción o refrigeración que lo acondicionan, son igualmente del poder ejecutivo y del ejecutivo son también los muebles, ordenadores, impresoras y fotocopiadoras que vea por allí.

Pero… ¿Los funcionarios de los juzgados sí serán poder judicial, no?

Craso error. Los funcionarios que usted encuentra en los juzgados son funcionarios del poder ejecutivo y dependen de uno de sus ministerios lo mismo que los LAJ,s (los Secretarios Judiciales) que no son más que agentes del poder ejecutivo. Sí, la fe pública judicial la otorgan funcionarios del poder ejecutivo.

Oiga, los sumarios, los cartapacios que contienen las instrucciones de los delitos ¿Esos sí serán del Poder Judicial, no? ¿No me diga que toda esa información está en manos de los Ministros y Consejeros de Justicia de las diversas comunidades?

Pues se lo digo: y no sólo esos cartapacios: del papel a la tinta con que están impresos y hasta la grapa que los une son de los diversos poderes ejecutivos de este país (ministros, consejeros) pues ellos son los que se encargan de su tratamiento y custodia.

Oiga ¿me está usted diciendo que el consejero de una comunidad autónoma es quien cuida de las gallinas de este corral?

Justo eso le digo: el consejero o ministro de un ejecutivo, a veces corrupto, es quien cuida de los expedientes judiciales que acusan a sus conmilitones de delitos diversos; y no solo eso, también cuida y trata de los expedientes que acusan o involucran a sus adversarios políticos. Pero no se preocupe, en España los consejeros y ministros son gente honrada, no se conoce el caso de ningún consejero ni ministro condenados por corrupción u otros delitos, jamás mirarían nada, son siempre buena gente ¿Es que no lo sabe usted?

Pero sigamos, si resulta que ni el edificio, ni el mobiliario, ni los equipos informáticos, ni los funcionarios, ni la fé pública encarnada en los LAJ’s, son poder judicial ¿Dónde narices está en España el Poder Judicial? ¿Acaso en el despacho del juez?

No sé, entremos; como ve el despacho está en el juzgado, o sea que el despacho no es del poder judicial sino propiedad del ejecutivo, al igual que el ordenador, la mesa e incluso la silla en que se sienta el juez. Incluso son del poder ejecutivo los folios que garabatea el juez con un bolígrafo «Bic» propiedad también (¿Lo adivina?) del Poder Ejecutivo.

No, no se deprima, porque ahora que parece que nada es Poder Judicial, quizá estemos llegando al lugar exacto. ¿Ve usted ese espacio que existe sobre las cejas de la juez que hay sentada tras la mesa? Se llama «cerebro», cada juez, en mayor o menor medida, tiene uno y ese es el único sitio donde usted podrá encontrar al Poder Judicial en un juzgado.

—Pero oiga, eso es una insensatez, ¿de qué vale lo que piense esta señora si le quitan los folios, las impresoras, le miran los archivos informáticos…? ¿No se da usted cuenta de que los juzgados funcionan o no según le dé la gana al ejecutivo?

Uy, y no solo eso, porque el poder ejecutivo, además, también quiere adueñarse de ese pequeño espacio que le falta por conquistar, el entendimiento y la voluntad de los jueces, su cerebro, y para ello ha elaborado estrategias tan complejas como malignas.

Los jueces, además de jueces, son personas y tienen debilidades; por ejemplo, les gusta hacerlo bien en su trabajo y ascender. Es ahí donde les espera el poder de los políticos, porque este poder se reserva, de forma directa o indirecta, la selección de los más altos cargos de la judicatura. Son los políticos quienes, en España, eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y para llegar hasta allá de nada te valdrá (o muy poco) una espléndida carrera profesional; mucho más útil te será buscar buenos contactos entre los políticos que conforman las mayorías de cada momento.

Hubo un tiempo en que los magistrados de las Audiencias elegían a su presidente, pero ya no, ahora esos presidentes se designan y ya pueden imaginar ustedes por quién y qué criterios priman. Y si usted quiere ser predidente del Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad, magistrado del Supremo o Presidente de Sala y no digamos presidente del propio Tribunal, ya le digo yo que solamente con su buen trabajo no lo va a lograr.

El Poder Judicial, ese de que hablábamos y que se residencia sobre las cejas del juez, según se avanza en la pirámide jerárquica, se va licuefactando y se va entreverando con concesiones a factores que muy poco tienen que ver con el Poder Judicial y sí bastante más con los partidos que ocupan los otros poderes del estado.

Afortunadamente de los cinco mil jueces que hay en España son muy pocos los que se pliegan a este juego, la mayoría, la gloriosa mayoría, sigue considerando que lo que hay sobre sus cejas, valga más o menos, es su único patrimonio y que, antes que renunciar a una parcela de él, prefieren seguir siendo capitanes de sí mismos que soldados de malos señores. Es la infantería de la judicatura, la esperanza de los ciudadanos.

Pero ¿qué se puede hacer con un Poder Judicial que come lo que le dan, que por carecer carece hasta de los folios donde se imprimen sus sentencias, que si el ejecutivo le cortase la luz se vería desahuciado como un mendigo?

No, no me digan que exagero, recientemente en una comunidad autónoma de España algunos jueces tuvieron que guardar sus archivos informáticos en lugares distintos de sus ordenadores pues, quienes gobernaban dicha comunidad, podían en cualquier momento dejar a sus juzgados y tribunales sin recursos para funcionar. No es ciencia ficción lo que les digo, ha pasado y nos enteramos, pasa y no nos enteramos y seguirá pasando si no hacemos algo por evitarlo.

La forma en que se organiza el Poder Judicial en España es una anomalía en Europa y, en tanto no decidamos cumplir con el espíritu de nuestra Constitución y las recomendaciones del Consejo de Europa, seguiremos viviendo en una anomalía que pagaremos —ya la estamos pagando— muy cara. Y lo que más duele es que todo este daño a la justicia no se está haciendo en beneficio de ella ni de los administrados sino de unos cuantos políticos provisionales y quienes les bailan el agua.

Del Amazonas al Mar Menor

Del Amazonas al Mar Menor

Imagínese usted, si es tan amable, un pastizal cuyo uso es compartido entre un número cualquiera de ganaderos. Cada uno de esos pastores tiene un número dado de animales que pastan en ese pastizal. Los pastores observan que, a pesar de ese uso, siempre queda suficiente pasto no consumido como para pensar que se podría alimentar aún a más animales. Consecuentemente, uno tras otro lo hacen. Pero en algún punto de ese proceso de expansión de la explotación del pastizal, la capacidad de éste para proveer suficiente alimento para los animales es sobrepasada y consecuentemente, todos los animales perecen debido al agotamiento o sobre explotación del recurso.

Este ejemplo es el que utilizaba James Garret Hardin para ilustrar la paradoja de la llamada tragedia de los comunes, un dilema que describe una situación en la cual varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. Sus estudios se publicaron en 1968 en la revista Science y levantaron una tremenda polvareda. Los teóricos fanáticos de la economía de mercado se soliviantaron.

Yo no necesito ponerles a ustedes ejemplos de vacas y pastizales, a escasos kilómetros de donde vivo se encuentra el Mar Menor, donde siempre se podía verter un poco más o construir una urbanización más sin que pasase nada o Portmán, el punto más contaminado del Mediterráneo tras verter año tras año al mar estériles minerales. ¿Qué les voy yo a contar que ustedes no sepan?

Ahora arde la Amazonía y la población mundial se subleva pero, Bolsonaro, Trump y muchos más, actúan como los ganaderos racionales del ejemplo de Garret, o como los agricultores, promotores y administraciones responsables del Mar Menor: «no se alarmen» nos dicen, «aún puede pastar una vaca más, aún se puede construir un poco más, aún se puede verter un poco más». Pero árbol a árbol se llegará al punto de no retorno y la Amazonía morirá, al igual que se colmató Portmán o se narcotizó el Mar Menor.

La preservación de los bienes comunes fue una tarea que llevaron a cabo admirablemente las sociedades tradicionales. La premio Nóbel de Economía (Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel) Ellinor Östrom, dedicó gran parte de su vida a estudiar esta gestión tradicional de los bienes comunes y estudió en profundidad instituciones como el Tribunal de las Aguas de Valencia o su homólogo de la Huerta de Murcia, que le parecieron ejemplares.

Sin embargo, nuestros políticos prefirieron abrazar las corrientes económicas «modernas» y, por supuesto, olvidarse de Ellinor Östrom, que es, para vergüenza nuestra, una absoluta desconocida en la Región de Murcia. Y, si ella es desconocida, sus estudios son menos conocidos aún y, por eso, no es de extrañar que los comunes en la Región de Murcia agonicen en la misma medida que en el resto del mundo.

Miramos a la Amazonia, pero a nuestro lado y a nuestra vista, ciencia y paciencia, hemos ido viendo cómo se destruía el Mar Menor (no sólo el estado del mar, su agua y su fauna… sino incluso su paisaje, porque el paisaje es también un bien comunal que pertenece a todos) y entretanto nosotros lo contemplábamos bañándonos en playas otrora buenas o desde el undécimo piso de nuestra torre de apartamentos. En el Mar Menor, como en Portmán, individuos racionales que buscan su propio beneficio han vertido al mar residuos (químicos o minerales, da lo mismo) y ningún político tuvo ni la visión, ni la inteligencia ni el coraje necesario para parar este aquelarre. Desecho de tienta diría mi abuela.

Ahora que arde la Amazonia, desde esta región señalamos a Brasil y acusamos a Bolsonaro… Pero ¿De qué? ¿De hacer lo mismo que hemos hecho nosotros?

Derecho y yoga

Mi amigo Luis Morillo hoy me ha recomendado yoga, mucho yoga, lo que quizá él no sepa es que llevo bastante más de 30 años dedicándome a algo muy parecido al yoga: el derecho.

Sí, «yoga» y «ius» son palabras hermanas y derivan ambas del vocablo indoeuropeo *HieH3u “unir”, raíz de la que proceden, además de ius y yoga otras muchas palabras.

En primer lugar esta raíz tiene el significado de “unir” al cocinar y, por eso, no es extraño que la palabra “sopa” se diga en latín, precisamente, “ius” (sacad vuestros diccionarios de latín y comprobad que sopa, en latín, se dice «ius»). Por eso, si ustedes algún día visitan Pompeya y ven escrita en las paredes de alguna taberna la expresión “ius olitorium”, no piensen que están en presencia de algún tipo de derecho como el “ius puniendi” o el “ius maletractandi”; lo que la expresión anuncia es una humilde menestra: una sopa de verduras.

El “ius” se esconde casi siempre bajo las palabras que indican unión. Así, el artilugio que unce a los bueyes es el “yugo” (iu)go, los animales unidos forman una “yunta”, cuando nos unimos a otra persona la llamámos “cónyuge” con(iu)ge y, la unión de todos los vecinos de un municipio da lugar al “ayuntamiento” a(iu)ntamiento. El ius es, pues, ése vínculo que mantiene unida a la sociedad o ese vínculo que une al alma con la divinidad en el caso del yoga.

Así pues yoga y ius nos remiten a un vínculo y dan lugar a un amplio campo semántico que comprende, entre otros, los sustantivos para “derecho” en latín (ius), avéstico (yaož) y sánscrito (yos). Con el sufijo -t-o, resulta iustus “el que actualiza la noción de ius”, o sea, “el que observa el derecho”, de donde de donde “justo, recto”, palabra de la que deriva a su vez el sustantivo iustitia “justicia”, justo al contrario de que pensaba Ulpiano. Finalmente (con rotacismo, esto es, paso de -s- intervocálica a -r-) ius es origen del verbo latino iuro “jurar”.

Me sorprende que, a muchas personas que han consagrado su vida al estudio del derecho, nunca les haya picado la curiosidad de saber qué significa exactamente «ius». Ahora que lo sé veo a los juristas como cocineros que tratan de mezclar todos los ingredientes en la proporción justa, cuidando la cocción a la temperatura adecuada y procurando que todos los sabores armonicen.

En la foto les muestro a Triboniano durante uno de los pocos descansos que pudo tomarse mientras redactaba el Digesto.

Inteligencia Artificial y estupidez humana

La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Cuando se habla de la Inteligencia Artificial y sus peligros, el cine y la televisión suelen mostrarnos máquinas o robots de aspecto humano que, de pronto, adquieren sentimientos y se rebelan contra su creador o se enamoran de él, dependiendo de la mayor o menor imaginación del guionista. Este recurso cinematográfico confunde inteligencia con conciencia, pero no dejes que la realidad te estropee un buen guión.

Puede ser que en algún momento del futuro las máquinas adquieran conciencia pero para eso falta mucho y antes hay un período verdaderamente peligroso que es al que nos enfrentamos y del que no estoy seguro si la sociedad ni los abogados tienen conciencia plena.

Voy a repetir el primer párrafo de este post: La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Lo peligroso de la Inteligencia Artificial no es que se rebele contra su dueño sino justamente lo contrario, que le obedecerá ciegamente y dotará a su propietario, una minoría poderosa, de un poder como nunca se ha visto en la historia del género humano. Si quieren un símil esto es como cuando en el siglo XIX unos cientos de ingleses se apoderaban de extensiones enormes de África usando sus ametralladoras Maxim contra miles de aborígenes armados con lanza.

La Inteligencia Artificial ha venido aquí para quedarse y no se trata de limitar su crecimiento, se trata de precavernos del mal uso que los pocos que controlen esta tecnología pueden hacer de ella.

A ver cómo se lo explico, una impresora inteligente no se va a rebelar contra su dueño o se va a enamorar del escáner; lo que sí puede hacer esa impresora inteligente es ajustar el consumo de tinta, aprender sus errores más comunes a la hora de introducir el papel, predecir si usted quiere imprimir en formato recto, apaisado, por las dos caras… Pero también comunicar a su fabricante cuanto trabajo imprime usted al mes, si usted se dedica al derecho civil o al penal, si usted se demora en el cambio del tóner y si hay indicios de que usted pasa por apuros económicos… Y esto no es nada pero el Internet de las Cosas, el Big Data y la Inteligencia Artificial simplemente dotarán a quienes los posean de un poder asombroso y, convénzase, aunque le hablen a usted de transformarse o le lleven a bailar con un robot, ni usted ni yo vamos a ser quienes controlen esas tecnologías en su versión más avanzada.

Quien, por ejemplo, controla tecnologías es el Banco de Santander (por cierto, le vi como espónsor de la Feria esa de la Abogacía de Valladolid) quienes no las controlan son esos tres mil quinientos empleados afectados por el ERE que acaba de presentar.

La Europa Medieval fue un fenómeno de acumulación de tierras (el principal activo) en manos de unas pocas familias; la revolución industrial fue un fenómeno de acumulación de capitales en manos de una minoría (los capitalistas) y la revolución tecnológica es un proceso de acumulación de tecnologías y de información en manos de una élite. Tanto la Europa Feudal, como la Europa Industrial sufrieron fuertes crisis y revoluciones que trataron de redistribuir la riqueza; tengamos cuidado porque en la Revolución Tecnológica todo va mucho más rápido.

Muchos científicos y personalidades relevantes del mundo de la Revolución Tecnológica contemplan como seguro un mundo donde habrá un importante excedente de mano de obra y, recurrentemente, aluden a una Renta Básica Universal (Zuckerberg) que permita sobrevivir a todos. En ese futuro de Zuckerberg y otros todos sobreviviremos pero seremos simplemente irrelevantes y todo el pastel se lo comerán unas pocas compañías y, en nuestro sector, unos pocos bufetes/negocio multinacionales.

No, créanme, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la estupidez humana. Vamos hacia una nueva sociedad donde el riesgo de control de los muchos por unos pocos es de una dimensión nunca vista. Ese riesgo puede ser conjurado ahora, no limitando los avances en Inteligencia Artificial sino democratizándola.

El Consejo General de la Abogacía Española acaba de aprobar a espaldas de los abogados españoles un código deontológico que, en lugar de adelantarse a las tensiones del sector, nace viejo y caduco. Es con estas herramientas con las que se puede prever y regular el futuro pero, para eso, al menos hay que tratar de prever el futuro.

Nadie está en posesión de la verdad (dicen que dios es demócrata y repartió estupidez e inteligencia a partes más o menos iguales) por eso lo mejor es escuchar al mayor número posible de voces (un informático diría que las sociedades procesan datos como organismo) pero, la pequeña élite que controla nuestro Consejo General de la Abogacía Española, ni admite consejos, ni lo hace de forma general si lo hace, ni mucho menos los admite de la abogacía española a la que impide participar en la redacción de los textos que la afectan. De forma que en muy poco tiempo esa pequeña élite ha logrado que este CGAE ni sea Consejo, ni sea General, ni sea de la Abogacía Española.

Este tipo de corporaciones que funcionan así, de espaldas sus miembros, son justo lo menos indicado para afrontar el futuro. No creo que podamos esperar mucho de ellos, así más vale que te organices y tomes tu futuro en tus manos. Con inteligencia humana.

Gobiernos, bancos y costas judiciales

Lo leo y tengo que frotarme los ojos. Existen mentiras, mentiras repugnantes y respuestas del gobierno. Leo, con estupor, que el gobierno anda preparando una reforma del RDL 1/2017 para, entre otras cosas (transcribo en lo preciso el texto legal):

Fomentar el recurso a la vía extrajudicial para intentar evitar que (…) la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

Si no fuese porque lo dicho es una canallada no tendría más remedio que troncharme de risa o lamentar la ignorancia del autor de la respuesta, pero esto no es un chiste ni es un error grosero; como dije, esto no es más que una canallada químicamente pura.

El párrafo citado recurre a una de las más viles y ofensivas añagazas a que puede recurrir un gobierno: tratar como estafadores a las víctimas y tratar como víctimas a los estafadores. Y lo que es peor aún, tratar sin ningún respeto y como bobos a los ciudadanos a quienes se dirige la norma, esperando hacerles creer que la puñalada en la ingle que les pretenden dar es por su bien.

La costumbre del partido del gobierno de cerrar filas en defensa de los bancos no es nueva. Este parrafito que les he transcrito está en la línea de una de las más lamentables intervenciones parlamentarias de una jurista, la ministra Margarita Robles, que, en sede parlamentaria y en defensa del RDL 1/2017 (el mismo que ahora quiere ampliar) soltó lo que sigue:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Esta abyecta costumbre del partido del gobierno de etiquetar a los abogados como los malos de esta película de las hipotecas y señalarles como el peligro del que la ley debe defender a la sociedad, merecería una respuesta de la profesión jurídica y de los afectados por la estafa de las hipotecas que mandase a este gobierno a su casa y para siempre. Déjenme que me explique.

En España, los bancos, en las últimas décadas, han depredado a los españoles cobrándoles intereses abusivos, imponiéndoles cláusulas abusivas, obligándoles a pagar gastos que no les correspondía satisfacer y haciéndoles pagar cantidades por servicios no prestados en forma de comisiones.

Mientras inflaban sus cuentas de resultados saqueando a sus clientes, desahuciaban a aquellos que no podían pagar sus rapiñas y, no sólo les quitaban la casa, sino que les robaban el futuro reclamando hipotecas mediante vencimientos anticipados, incrementando el principal debido con el 30% de costas (recuerden esto), aplicando intereses moratorios del 29% y, en fin, consiguiendo que el desgraciado, al que estaban engañando y que ahora no podía pagar, no sólo se quedase sin casa sino que la deuda para con el banco se multiplicase de tal modo que no pudiese pagarla ni aunque tuviese diez vidas.

No exagero ni una coma y, si quieren ejemplos de cada una de las cosas que he afirmado, les invito a que se acerquen a mi despacho o al de cualquiera de mis compañeros.

¿Qué hicieron los sucesivos gobiernos mientras los bancos saqueaban a los españoles?

Nada.

¿Se acordaron los sucesivos gobiernos de que los españoles y españolas que eran demandados ejecutivamente por los bancos veían aumentada automáticamente su deuda de cara al embargo en un 30%?

No.

¿Alguno de estos que ahora hablan de arreglar este asunto movieron siquiera un músculo de la cara cuando miles y miles de españoles eran expulsados de sus casas y colocados en situación de muerte civil por las mismas entidades bancarias que les saqueaban?

No me responda, ya sé que no es necesario, sabe usted muy bien que no hicieron nada.

Fue necesario que los tribunales europeos nos dijeran por escrito, clarito y en sentencias reiteradas, que nuestros bancos nos estaban depredando para que el gobierno adoptase alguna medida aunque esta no fue para favorecer a los consumidores, no, porque todas y cada una de las medidas que los gobiernos han ido adoptando han sido una sucesión de atentados contra el derecho de los consumidores y en claro favorecimiento de quienes les depredaban: los bancos y entidades financieras, esos mismos con quienes jamás se metieron esos gobernantes de los diversos partidos que han ocupado el gobierno.

Primero, en lugar de ordenar devolver —pura y simplemente— a los bancos las cantidades abusivamente cobradas por las cláusulas suelo y atenerse a las consecuencias si así no lo hacían, los sucesivos gobiernos decidieron que mejor se establecía un previo procedimiento de reclamación que demorase la posibilidad del consumidor de acudir al juzgado a exigir su derecho. Es curioso que, cuando eran los bancos los que ejecutaban las hipotecas, los sucesivos gobiernos no sintieron nunca la más mínima tentación de imponer un procedimiento extrajudicial a los bancos antes de permitirles acudir al juzgado.

Las palabras pueden engañar con facilidad, los hechos no, y los hechos son demoledores: ninguno de los sucesivos gobiernos ha tomado nunca medida alguna en defensa de los consumidores y sí en defensa de los bancos y entidades financieras.

Cuando era evidente que los bancos no devolverían de grado lo que la jurisprudencia europea les ordenaba devolver, los sucesivos gobiernos pusieron en marcha un eficaz plan que permitiese a los bancos conservar el producto de sus rapiñas.

En primer lugar decidieron alejar de los administrados los juzgados y hacerles cara la posibilidad de reclamar. Si el juzgado no está en su ciudad sino en una más lejana la reclamación se torna más cara y difícil. Muchas reclamaciones de consumidores apenas si llegan a los mil euros de forma que, si tiene que desplazarse junto con abogado y testigos hasta una ciudad que no está en su partido judicial, muy probablemente decida que no le merece la pena reclamar la cantidad. Punto para la banca graciad al gobierno. Para un consumidor mil euros pueden no ser nada pero evitar cientos de miles de reclamaciones son cientos de millones para los bancos. Total usted es un tiñalpa y es solo un voto, si usted pierde mil euros ¿qué es eso comparado con los millones que el banco ahorra y con los que podrá financiar la próxima campaña electoral?

En segundo lugar decidieron que las reclamaciones se eternizasen lo más posible en el tiempo. Hay muchos juzgados en cada provincia que podían resolver asuntos de esta especie pero los sucesivos gobiernos han decidido que tan sólo un juzgado por provincia resuelva este tipo de asuntos. Se lo explicaré usando el ejemplo de mi propia comunidad.

Se estima que en la Región de Murcia hay unas 45.000 hipotecas que contienen cláusulas abusivas. Si el gobierno y el CGPJ no hubiesen acordado nada, los más de 50 juzgados existentes en la comunidad habrían sido competentes para resolverlas y, teniendo en cuenta que un juzgado resuelve unos mil asuntos al año como poco, esas 45.000 hipotecas supondría. Una sobrecarga de trabajo de unos 800 asuntos por juzgado lo que supondría un retraso de unos ocho meses. Sin embargo los estrategas del gobierno y el CGPJ decidieron que todos, absolutamente todos los casos, los viese un solo juzgado. Saquen la cuenta: 45.000 hipotecas para un solo juzgado ¿45 años de retraso?. Las noticias del colapso pronto se extendieron y muchos consumidores, desanimados por la lejanía y ahora por el retraso, decidieron no reclamar.

Otro punto para la banca, gracias a los sucesivos gobiernos y a sus juzgados únicos nueva morterada de millones depredados que los bancos no devuelven.

En tercer lugar, la reclamación judicial de las cláusulas abusivas es tarea compleja que necesariamente han de realizar profesionales, dado que el consumidor ha de pagar en principio el trabajo de estos profesionales resulta evidente que muchos ciudadanos no podrían reclamar pero… para lograr este nuevo punto para la banca y el subsiguiente pelotazo de millones hay un problema: las leyes españolas, si acudes a juicio sin razón, te obligan a pagar los gastos (costas) de la parte contraria.

Así, como los bancos se han negado a pagar sin razón alguna a los consumidores, aquellos que les han demandado han obtenido de los jueces no sólo la condena a devolverles lo cobrado abusivamente, sino también a pagar los honorarios de los abogados de los consumidores.

Esta justa previsión de las leyes tiene dos consecuencias: la primera que al banco el juicio no le sale gratis. La segunda que los clientes pueden pagar a sus abogados y de esta forma se animan a reclamar. Si no existiesen las condenas en costas el 50% de las demandas serían inviables económicamente para los consumidores de forma que ese sería el premio gordo, el bote, el pleno al quince de la banca.

Sí, sin duda las costas son el mayor problema de los bancos para poder quedarse con el botín de sus abusos, por eso, necesariamente, tienen que acabar con esa posibilidad y el primer paso es acusar a los abogados de pretender cobrar por su trabajo. Esto, que parecería una memez de grueso calibre en cualquier país civilizado, en España encuentra terreno abonado entre nuestra clase política y es a la luz de todo lo dicho que se entienden las deleznables declaraciones de la ministra Margarita, recuérdenlas:

Todos sabemos que este decreto ley, que algunos de ustedes dicen que está tan mal visto por los consumidores, resulta que, a lo mejor, por quien está peor visto son por aquellos que se frotaban las manos pensando que, a lo mejor, podían hacer un negocio con la reclamaciones judiciales.

Hay que acabar con las condenas en costas como sea, a los gobiernos les parece intolerable que, bancos que no pagan pura y simplemente porque no les viene en gana, hayan de indemnizar al consumidor de los costes de su reclamación: malditos abogados, quieren cobrar por su trabajo. Al banco no le importaría si los abogados cobrasen a sus clientes consumidores, lo que el banco no soporta es pagar él al abogado del consumidor y no porque sea mucho dinero para él, sino porque mientras esto no cambie los consumidores podrán reclamar y el banco acabará siendo condenado. No hay nada ético ni moral en ello, para el banco es una pura cuestión de dinero.

Lo que si es una cuestión de moral es el repugnante posicionamiento de los sucesivos gobiernos en este asunto. ¿Recuerdan cuando más arriba les hablé de que los bancos al ejecutar las hipotecas embargaban desde el principio un 30% de más para cobrarse sus costas? Pues ningún gobierno siquiera amagó un solo gesto ni una palabra en defensa de los ejecutados.

Sin embargo, ahora, cuando los bancos pueden ser condenados en costas tras negarse a pagar unas cantidades que saben perfectamente que están obligados a devolver, el gobierno toma medidas urgentes.

Mientras los bancos, con el silencio cómplice del gobierno, cobran implacablemente las costas de las hipotecas a pobres deudores que no tienen más culpa que no tener dinero para pagar resulta que los consumidores ven como el gobierno se indigna cuando ellos quieren cobrar las costas a un banco que, sabiendo que debe el dinero, se niega a pagarlo, obliga al consumidor a acudir al juzgado, a contratar un abogado y a un procurador, a esperar años un pago que debiera ser inmediato, a desplazarse fuera de su localidad para reclamarlo y… aquí sí, aquí el gobierno sí entiende que debe intervenir para defender a los bancos de estos malvados consumidores que pretenden que sea el banco quien haya de hacerse cargo de pagar a los profesionales que el propio banco, con su actitud, les ha obligado a contratar.

Los sucesivos gobiernos, este en particular, se tornan así en cooperadores necesarios de la depredación de los consumidores y gracias a sus hechos (que no a sus palabras) sabemos exactamente donde están: del lado de la banca y contra los consumidores en la forma más grosera e infame que puede estarse; es decir, mintiendo, acusando a quienes defienden a los consumidores y tiroteando de forma eficaz los derechos de los mismos.

Digámoslo claro: no se puede litigar solo por las costas. Si el banco cumple con su obligación no habrá nada que reclamar y si se hace las costas le serán impuestas al consumidor. Para que se condene en costas al banco hace falta que este, previamente, no haya cumplido con sus obligaciones y sostener en respuesta parlamentaria que hay que evitar que

la representación o defensa jurídica del demandante pueda verse tentada a litigar solamente por las costas procesales.

es una de las vilezas más abyectas que pueden leerse en un documento oficial.

Ayuden a la banca, pero no mientan; sirvan a sus señores, pero no ofendan; legislen contra los más y en favor de los menos, pero no falten al respeto a la inteligencia de los españoles.

Mientras sus gobiernos veían desahuciar sin hacer nada a unos españoles y cobrar cantidades abusivas a los demás la abogacía defendía y estaba al lado de esos desahuciados. Fueron procedimientos jurídicos iniciados por abogados y apoyados por jueces de trinchera y saco terrero los que llegaron hasta Europa y consiguieron desenmascarar todo este saqueo hecho de abusos consentidos por el poder.

Sí, los jueces condenan a los bancos a las costas y los abogados son pagados por su trabajo pero ni los jueces son culpables de esto ni los abogados tampoco: los responsables son los bancos que se niegan a atender las justas demandas de los consumidores, porque no quieren devolver lo depredado, porque quieren quedarse con lo afanado y es sólo cuando el banco se produce así que el juez, con toda justicia, les condena en costas.

Sepan que no van ustedes a engañar a nadie, sepan que cuando ustedes se marchen a su casa con oprobio la abogacía seguirá aquí y sepan que, si siguen por este camino y no se marchan a casa antes, la ciudadanía les mandará a ella para que no vuelvan nunca.

Y hará bien.