Categoría: Abogados

Lo siento pero no puedo ir

Acabo de recibir la invitación que ven en la fotografía y sospecho que muchos otros decanos y consejeros del CGAE también la habrán recibido.

Acabo de responder a tan amable invitación: no puedo ir.

A día de hoy el ministro invitante no ha pagado a los abogados de oficio de la llamada «Zona Ministerio»2 ninguno de los servicios que han prestado desde abril de este año; es decir, que los abogados llevan trabajado medio año sin ver ni un euro de la miserable retribución que les tendría que pagar el ministro anfitrión. Comprenderán que no pueda ir a aplaudir ni felicitar a quien es responsable de que mis compañeros y compañeras no cobren lo que se les debe. No es ningún desaire, créanme, es que no puedo.

A día de hoy, igualmente, los abogados que trabajan en el turno de oficio en la «Zona Ministerio» no son solo de los que más tarde cobran sino que, además, son los peor pagados de España. 3 Uno pensaría que un ministro que es patriota de palabra lo habría de ser también de obra y que uno de sus más intensos deseos sería sin duda demostrar por la vía de los hechos lo que predica de palabra: que, juntos, los españoles funcionamos mejor que por separado y que de la unión de todos sólo pueden desprenderse ventajas. Pues bien, el patriotismo del ministro celebrante en este punto es tan solo verbal, pues la realidad es que los abogados que dependen del gobierno central —de su gobierno— son los peor pagados de España. Tarde y mal: comprenderán que no pueda ir.

Y estas serían, tan sólo, las dos primeras de una larguísima lista de razones que me dicen que no puedo aceptar tan amable invitación y que no debo —no puedo— ir.

El ministro de justicia Rafael Catalá Polo ha invitado a la abogacía institucional a su toma de posesión, un acto protocolario donde el guión exige que los presentes feliciten y aplaudan a su anfitrión en fasto tan señalado para él. Desplazar hasta el Palacio de Parcent en Madrid a todas esas personas un día laborable no es cosa baladí pero, sin duda, su presencia dará una pátina de lustre a un acto por otra parte absolutamente huero.

Estoy dispuesto a ir a Parcent si es para hablar de la manera de pagar de forma inmediata a los abogados de oficio; estoy dipuesto a ir a Parcent si es para negociar una subida de las miserables retribuciones que ahora se pagan a los abogados de oficio; estaría dispuesto a ir a Parcent a hablar de cualquier de los problemas que aquejan a la justicia en este momento si es que al ministro le interesase —cosa que dudo— mi opinión. Lo que no voy a ir a Parcent es a aplaudirle, ministro, al menos mientras usted no pague a compañeros que, cada uno, vale lo mismo que usted y que juntos valen muchísimo más que usted. Creo que comprenderá que en estas condiciones no vaya, entiéndalo, no es que no quiera, es que no puedo ir.

Sé que muchos otros sí irán: están en su derecho. Lo que sí que agradecería infinitamente es no tener que sufrir el oprobio de ver a la abogacía institucional, convertida en el caro atrezzo4 de un prescindible acto social, aplaudiendo a quien, mientras invita a consejeros y decanos, mantiene sin cobrar a los abogados a quienes ellos deben representar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera: entenderé todas las posturas, pero, particularmente, yo agradecería que no me hiciesen sentir ese oprobio.

Por lo demás, ministro, cuando quiera me vuelve a invitar. Si es para tratar de temas serios esté usted seguro que acudiré; no hay nada personal en esto.

  1. «CGAE» es el acrónimo del Consejo General de la Abogacía Española, corporación profesional de derecho público que agrupa a los colegios profesionales de abogados de España. ↩︎
  2. «Zona Ministerio» es la expresión con que en el argot judicial se designa a las comunidades y ciudades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y que por tanto dependen del Ministerio de Justicia en este ámbito y en el del pago del turno de oficio. La «Zona Ministerio» está compuesta por los siguientes territorios: Islas Baleares, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla. ↩︎
  3. Para tener una idea muy aproximada de cuánto cobran los abogados de oficio de España según el territorio en que trabajan puedes consultar esta página: «Así va el turno». ↩︎
  4. «Atrezzo», del latín attrectare: manipular, manejar, torcer y retorcer… ↩︎

La Justicia es para las personas

Si usted tuviese que organizar el sistema de extinción de incendios forestales de un país cualquiera, estoy seguro que, antes de gastar el dinero de los contribuyentes y distribuir los parques de bomberos, aeródromos e hidroaviones, tendría usted en cuenta si en dicho país hay árboles o plantas, dónde se localizan y dónde hay mayor riesgo de incendio. Estoy seguro que usted no dedicaría muchos medios a prevenir incendios forestales en la Antártida mientras que pondría buen cuidado en que hubiese abundantes medios en Galicia, por ejemplo. Es de sentido común: los incendios forestales se producen donde hay árboles y plantas y esto es algo tan evidente que hasta la mente más simple lo entendería. Esto, que es evidente en cualquier lugar del mundo en España no lo es, pues padece desde hace siglo y medio una extraña enfermedad político-mental, una grave forma de locura llamada «a de locura llamada «a de locura llamada «provinciofrenia», que anula el sentido común y la capacidad de pensar racionalmente.

 Esta enfermedad, endémica de nuestra clase dirigente, la lleva, por ejemplo, a gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales (el presupuesto del Ministerio de Justicia ronda solo los 1.500 millones) o a construir aeropuertos justo allá donde no son necesarios. Así, por ejemplo, se construyen aeropuertos en Castellón o Ciudad Real no porque haya demanda de vuelos, sino porque son provincias; si no sirven de nada y hay que cerrarlos parece importar poco. 

La provinciofrenia es una enfermedad cuyo virus se inocula a los españoles en la escuela a base de mapas con rayas y colorines y para la cual no se conoce hasta ahora otro tratamiento que el estudio y la reflexión; pero (¡ay!) ciento ochenta años de provinciofrenia no se curan fácilmente y nuestro país está tan gravemente infectado por ella que en este momento es difícil encontrar ninguna institución pública que no esté afectada por la misma.

La provinciofrenia, por ejemplo, hace que en nuestro sistema electoral el voto de un ciudadano de Segovia valga tres veces y media más que el de un ciudadano de Madrid (ver mapa); o que el voto de un ciudadano de Zamora valga exactamente el doble que el de un ciudadano de Vigo. La provinciofrenia hace en España imposible que se cumpla el esencial principio democrático «una persona un voto» porque la democracia o la igualdad importan poco cuando el legislador sufre un ataque de provinciofrenia. 

Ahora le ha tocado el turno de padecer esa enfermedad a nuestra administración de justicia pues, desde el ministerio del ramo, se ha propuesto una nueva ley de planta que no puedo calificar sino de provinciofrénica. Todos los juzgados se concentrarán en las llamadas “capitales de provincia” y esto con independencia de la población o número de litigios que hayan de atender. Los 19 millones de habitantes de las “capitales” tendrán los juzgados, los 28 millones de españoles restantes asumirán el gasto y sufrirán las consecuencias. 

Cualquiera puede entender que, al igual que los sistemas de extinción de incendios forestales son para los árboles y plantas, la administración de justicia debería diseñarse para atender a las personas y sus conflictos jurídicos. Cualquiera puede entender, igualmente, que si el diseño de los sistemas de extinción de incendios forestales deben atender sobre todo al número de árboles y al riesgo de incendio, la administración de justicia debería atender sobre todo a las personas y al número de conflictos jurídicos que deba solucionar. 

Eso, que lo entendería cualquiera, no parecen entenderlo los “expertos” de nuestro Ministerio de Justicia. 

Si la administración de justicia ha de atender a personas y conflictos no se entiende que se creen tribunales de instancia en Soria (95.223 habitantes en toda la “provincia”) y no en Vigo (341.351 habitantes tan sólo en su partido judicial). No es que Soria no necesite juzgados de Primera Instancia -que los necesita y mucho- es que Vigo los necesita tres veces y media más. 

Alguno de esos provinciofrénicos “expertos” del ministerio deberá explicar en algún momento a los habitantes de Vigo, por ejemplo, por qué razón no tienen derecho a tener Juzgados de Instancia o por qué su voto vale tres veces menos que el de un ciudadano de Soria. Algún delito muy grave han debido cometer los vigueses para ser ciudadanos tan de segunda, para que valga tan poco su voto, para que no merezcan tener cerca juzgados y además hayan de mantener con sus impuestos la Diputación (provincial, por supuesto). 

Y si digo esto de Vigo lo mismo puedo decir de mi ciudad (Cartagena) cuya Sección de la Audiencia Provincial cuida de más ciudadanos y resuelve más asuntos civiles que toda la Comunidad Autónoma de La Rioja o las provincias de Soria, Teruel y otras varias. Alguien (los “expertos”) deberá a explicar a los ciudadanos de Cartagena por qué los habitantes de La Rioja tienen derecho a tener juzgados de primera instancia y los de Cartagena no, o por qué el voto de un cartagenero vale menos que el de un segoviano, un soriano o un turolense. 

¿Qué pecado han cometido los habitantes de Vigo, Cartagena, Jerez, Gijón, Reus, Elche, Sabadell, Talavera o Manresa, entre otros muchas poblaciones? 

No hay pecado, sólo hay locura: Esa locura que hace gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales cuando el presupuesto de Justicia está en 1.500 millones, esa locura que -a la hora de votar- hace que el voto de unos españoles valga tres veces menos que el de otros, esa locura que hace que se construyan aeropuertos y juzgados donde menos falta hacen, esa locura, en fin, que algunos tratan de hacer pasar por algo “moderno” cuando hace siglo y medio ya que es una idea residual de gobernantes residuales. 

Cuando la provinciofrenia es el criterio, el resultado es la injusticia. Es el momento de los políticos de verdad no de los «expertos» provinciofrénicos, es el momento de los que aún son capaces de darse cuenta que la Justicia es para las personas. Vale. 

¿Es español el ministro de justicia?

En Justicia se llama «Zona Ministerio» a aquellas CCAA que no tienen transferidas las competencias en justicia, son lo que queda en Justicia de la Administración Central. ¿Y saben que pasa? Que los abogados del turno de oficio de esa «Zona Ministerio» cobran menos (casi la mitad menos) que los de algunas Comunidades Autónomas transferidas y cobran tarde, mucho más tarde que ellas; por ejemplo: mientras en Cataluña los abogados de oficio ya han cobrado los servicios realizados en Agosto de 2016 en la «Zona Ministerio» aún no se han cobrado servicios realizados el mes de Abril.

Hoy es el día de la Fiesta Nacional de España, el día para celebrar que juntos somos mejores y tenemos un futuro más esperanzador. Sin embargo, cuando uno contempla la situación del turno de oficio, no le queda otra salida que preguntarse: ¿el ministro de justicia trata de demostrar que juntos estamos mejor y tenemos un mejor futuro? ¿pelea el ministro por la unidad o por la desintegración de España? Comprueben la situación y juzguen ustedes mismos.

No, no se ponga banderas ministro: usted no es español, usted juega en el equipo contrario.

Ha pasado sólo un año

Recuerdo la noche anterior a esta foto… yo andaba escaso de tiempo y de numerario y hube de agarrar un autobús en Cartagena cerca de la medianoche para llegar a Sevilla la mañana del 8 de octubre de 2015. Viajaba en el autobús vestido como se ve en la foto -ningún equipaje- y la noche pasada durmiendo poco y mal me dejó la cara que ahí ven. Me esperaban en Sevilla Jaime y Enrique y ese día íbamos a jugarnos en el Hospital de las Cinco Llagas unas cuantas ilusiones: ese día el Parlamento de Andalucía discutía una PNL (Proposición No de Ley) que redactada por Jaime y Enrique se presentaba formalmente como iniciativa de «La Brigada Tuitera»(#T).

Recuerdo vívidamente el día. Recuerdo discursos vibrantes -estuviste genial Juan- recuerdo gestos amables hacia nosotros -amabilísimas Marta y María Jesús- y la comprensión de los principales grupos de la cámara, incluso del PP que, en privado, nos confesaban que muy a gusto votarían sí a nuestra moción.

Y ganamos… y los grupos parlamentarios del Parlamento Andaluz felicitaron a los húsares de la Brigada, abogados, procuradores, jueces, funcionarios, gente común…

Y luego las mismas PNL’s se presentaron en 9 parlamentos más y se fueron ganando sucesivamente, con el mismo reconocimiento de los grupos políticos a la labor de la Brigada… y un buen día resulta que las Proposiciones No de Ley se vuelven proposiciones de Ley y se votan en la Carrera de San Jerónimo, y ves que aquí también los grupos parlamentarios agradecen el trabajo de los húsares de la Brigada… y ves que la votación se gana por el 100% de los votos incluidos los del Partido Popular… y sabes que en los libros de sesiones del Congreso ya ha quedado para la historia el agradecimiento de los grupos hacia unos desconocidos llamados «La Brigada Tuitera»…

Y mientras tanto y en ese mismo año se recogieron hasta 200 mil firmas contra LexNet, se preparó una jornada en la Real Academia de Jurisprudencia a la que incluso asistieron técnicos del Ministerio de Justicia y personal del CGAE y de IT-CGAE (discretamente eso sí); y durante la segunda campaña electoral se organizaron debates sobre Justicia en Sevilla y Zaragoza con todas las fuerzas políticas y eso sin olvidar que el 20N siempre se celebra nuestra noche mágica en Madrid… Y todo esto con un presupuesto de 0€.

Miro la fotografía y me parece que han transcurrido años pero la verdad es que solo han pasado doce meses, la actividad alarga los años y llena la vida de vida y aún me sorprende porque los húsares más viejos de la Brigada entienden que no hemos hecho lo bastante, que podemos hacer mucho más. Y yo pienso igual que ellos y me vengo arriba y me siento orgulloso de ser húsar en la Brigada, porque hace que parezca sencillo ganar votaciones en 10 parlamentos de España, o arrastrar 200 mil voluntades, o discutir con un gobierno de igual a igual sobre informática y porque, entre una cosa y otra, hasta le sobra tiempo para presionarle y hacerle pagar el turno de oficio cuando se retrasa. ¡Ay el turno!

Sí, recuerdo bien esta foto, y la noche previa a esta foto y la noche de ese día viajando de vuelta a Cartagena en otro autobús, durmiendo mal pero soñando en que es el valor de las personas el que marca la diferencia, el que hace que con 0€ de presupuesto en La Brigada todo sea posible y que, en otros lugares que mueven muchos millones de euros, sea imposible hacer nada debidamente.

Sí, el decisivo factor humano.

Obras son amores

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Dice un viejo refrán castellano que «Obras son amores y no buenas razones» y esta mañana, mientras leía unas «buenas razones» de esas en que es tan pródigo nuestro ministro de justicia Rafael Catalá, se me han venido a la memoria algunos de los edificios judiciales que he visto cuando he viajado por Francia y me ha asaltado una duda: ¿ha importado alguna vez algo la Justicia en España?

He tratado de hacer memoria y recordar aunque fuese un sólo ejemplo de edificio judicial en España que demostrase que aquí alguna vez se le ha prestado atención a la Justicia y se le ha dedicado algo —siquiera sea un poquito— de dinero.

No lo he logrado, la actual sede del Tribunal Supremo era con anterioridad un convento que se adaptó a otros fines, el edificio de la Real Chancillería de Granada poco tenía que ver con un sistema de justicia posterior al absolutismo y la moderna sede del Tribunal Constitucional no parece que acredite un excesivo amor a la justicia, sólo, quizá, el edificio de la Audiencia Provincial de Barcelona en la Avinguda Lluis Companys, pudiese decir alguna palabra en descargo de algún gobernante español.

Y he vuelto a acordarme de Francia y de sus obras… Y he vuelto a repasar las fotografías de la Corte de Amiens (134.000 habitantes), Montpellier (264.538 habitantes), Lyon (491.000 habitantes) o Colmar (66.560 habitantes) y de muchas otras pequeñas ciudades de Francia… Magníficos edificios cargados de arte y años, muestra viva de un país donde la justicia importaba lo suficiente como para gastarse unos buenos dineros en contruir juzgados no ya dignos sino solemnes y bellos.

Y sigo leyendo las «buenas razones» de Catalá y sigo pensando en que en España la Justicia jamás le ha importado a nadie y que esas obras francesas sí que son amores y no lo que nos cuentan en España los ministros de justicia.

Así va el turno

Así va el turno

Este último mes de agosto los abogados de oficio hemos vivido -con ira propia y vergüenza ajena- el bochornoso espectáculo de los retrasos en el pago de las retribuciones correspondientes a los servicios prestados en el turno de oficio. Comprobar cómo servicios prestados en enero se pagaban en Aragón (por ejemplo) ya bien entrado el mes de septiembre producía intensa ira y vergüenza. No mucho menores fueron los retrasos en comunidades como Madrid o el llamado «Territorio Común»1 de forma que, a 30 de agosto, la clasificación de administraciones malas pagadoras marchaba de la forma que se ve en la siguiente gráfica:

Situación del pago de los servicios prestados por los abogados del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. Fuente: húsares de la Brigada #T
Estado de pagos del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. (Fuente: húsares de la Brigada#T)

Llama la atención la diferencia existente entre comunidades como Cataluña o Cantabria —que pagan con toda puntualidad sus obligaciones— y comunidades como Aragón o Madrid que se retrasan hasta el noveno mes para pagar servicios que se les han prestado en los primeros meses del año. Incluso en el caso de estas dos últimas comunidades autónomas podemos distinguir categorías, pues, mientras el Consejero de Justicia de Madrid se disculpa por el retraso y compromete su voluntad de mejora, en Aragón no sólo se paga tarde y mal sino que ni siquiera se formula un atisbo de algo que se parezca a una disculpa.

Y si hiriente resulta la enorme diferencia existente entre las administraciones a la hora de cumplir con sus pagos mucho más hiriente resulta comprobar que los mismos servicios, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.

Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea: el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.

Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.

Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.

Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4

Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.

Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.

No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe (Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.

Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Adelante: es tu turno.

  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Han de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎

Alimentándonos de orgullo

Hay cosas que se hacen por dinero y hay cosas que se hacen por orgullo. Hay quien, por ejemplo, defiende a los pobres por orgullo y hay quien -también por ejemplo- ejerce la política por dinero. Son formas muy diferentes de entender la vida, son formas muy diferentes de entender sus oficios.

Ya he contado alguna vez que con la palabra oficio (officium) no se designaba en latín ningún tipo de trabajo, sino que con ella se hacía referencia a un deber moral para con el resto de los ciudadanos, un deber que en la antigua Roma se ejercía con liberalidad (gratuitamente) y de buena fe. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía hoy se llaman oficios) los servicios jurídicos se prestaban ex officio a impulsos de ese deber cívico y sin salario alguno a cambio. En la antigua Roma, pues, los ingresos de los abogados provenían en exclusiva de las “liberalidades” (las donaciones) que el cliente satisfecho les hacía en “honor” a sus servicios. Por eso los abogados llamamos a nuestros ingresos “honorarios” y por eso nos decimos profesionales liberales.

Lo que ocurre es que entonces la gratitud debía ser moneda mucho más corriente que ahora y, quienes solicitaban los servicios de un abogado, no tenían la desvergüenza de no retribuirle de algún modo. Quien disponía de dinero agradecía los servicios pagando, quien no tenía dinero agradecía los servicios pagando en especie, quien no tenía dinero ni bienes pagaba los servicios con palabras de agradecimiento y prometiendo que cumpliría su obligación en cuanto dispusiese de aquellos.

Sólo quien no tenía vergüenza no pagaba en dinero, ni en especie, ni con palabras, ni con promesas. Sólo quien no tenía -o no tiene- vergüenza no paga de ningún modo.

La abogacía, pues, es una profesión liberal que nunca dejará de ayudar a sus conciudadanos, pero es bueno que los ciudadanos -y sobre todo los representantes de los ciudadanos- entiendan que los oficios de los abogados no pueden pagarse con desvergüenza.

Es el de político también un “oficio”, pero entre el suyo y el de abogado median bastantes diferencias. Por un lado ese impulso cívico que obliga a la abogacía a defender a sus conciudadanos de oficio, le paguen o no, no parece que abunde entre nuestra clase política. La retribución de nuestros políticos de oficio no suele revestir la forma de “honorarios” sino que, por el contrario, suele consistir en una generosa retribución que reciben en forma de salario o sueldo y cuyo cobro no parece estar vinculado a la vergüenza o desvergüenza de los administrados: se les exacciona coactivamente por vía de impuestos. Finalmente, si el político no cobra y deja de ejercer su función, no pasa nada pues nada ni nadie le obligará a seguir prestando sus servicios hasta concluir los trabajos iniciados.

Quede claro que cuando hablo de “políticos” no hablo de esos alcaldes y concejales de pequeños pueblos que ejercen su tarea sin retribución alguna y que aún mantienen viva la llama de la vieja virtud romana de su oficio; cuando hablo de “políticos” me refiero a esos que han hecho de la política su forma de vida y que llevan, por ejemplo, veinte años o más dedicados a esa actividad.

Los abogados de oficio en Aragón, hoy día 3 de septiembre de 2016, llevan trabajados ocho meses de este año sin que quienes han de “agradecerles” sus servicios les hayan pagado ni un céntimo de sus miserables honorarios. No he oído que les vayan a compensar de ningún modo por los trabajos no cobrados y no he oído tampoco a nadie agradecer a estos abogados que estén haciendo posible la justicia de todos con su oficio y su necesidad. Ni dinero, ni bienes, ni tan siquiera palabras. Yo no las he oído, sáquenme del error si estoy equivocado.

Todos los políticos “de oficio” en Aragón cobran puntualmente -algunos como su presidente, por ejemplo, cobran espléndidamente- y, sin embargo, por motivos que desconozco los abogados también “de oficio” en Aragón llevan ocho meses con sus “honorarios” sin cobrar. No encuentro razón que justifique esto, no encuentro razón que haga a unos mejores o diferentes de otros.

O sí la encuentro, porque, mientras los políticos “de oficio” de Aragón se alimentan del dinero público, a los abogados de oficio de Aragón no les queda otro remedio que alimentarse en exclusiva de orgullo: una sustancia extraña que no sé si podrán encontrar quienes han de pagarles en sus bien surtidas despensas.

Pero no se llamen a error, no se equivoquen, porque, cuando los ciudadanos tienen hambre de justicia y los abogados de oficio se alimentan sólo de orgullo, las despensas de los que mandan no tardan en cambiar de dueño.

No lo olviden y paguen. Cuanto antes.

LexNet y el «benchmarking»

En España somos unos fieras en esto de la informática y la justicia. Como la Justicia ya no iba mal de por sí, la falta de planificación (o la sobra de avidez) ha dado lugar a que casi cada comunidad autónoma tenga un sistema de gestión procesal distinto, atención al dato:


Hasta 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, «ni se hablan» entre sí. No me hablen ustedes de Steve Jobs, ni de Bill Gates ni de Richard Stallman, para tíos listos nosotros. Viva España.

Hemos gastado 10 veces lo que habría bastado gastar una sola vez, y todo para liar un carajal informático que ni Silicon Valley hubiese conseguido liar aunque pusiera todo su empeño en ello. Como digo: «semos» los mejores. 

Un niño de 11 años habría optado por copiar o usar en todas las comunidades autónomas el mismo sistema, en lugar de gastarse 10 veces el dinero para hacer algo que ya estaba  hecho; pero, claro, eso es porque los niños de 11 años no perciben los complejos problemas jurídico-financieros de la coyuntura política. Ustedes me entienden.

Pienso en esto y, mientras espero unas horas a que LexNet decida admitirme un escrito, un amigo me sugiere por whatsapp que deberíamos hacer una comparativa entre los diversos programas existentes. «¿Un benchmarking?» -le digo- a lo que él me responde «no sé qué carajo es un benchmarking, pero aquí alguno o algunos se han gastado un pastizal en software y hardware para hacer una mierda como el sombrero de un picador» (mi amigo es hombre de metáforas poco elaboradas).

Y mientras LexNet sigue sin digerir un folio DIN-A4 a una cara, pienso que mi amigo tiene razón, que, ahora que ya tenemos 10 programas distintos para hacer la misma cosa, bien podríamos compararlos y ver cual funciona mejor y cual peor y, de paso, acabada la comparativa, podríamos correr a gorrazos a los responsables de los peores programas, que eso no devolverá el dinero malgastado a las arcas públicas, pero es una actividad que relaja mucho y contribuirá sin duda a serenar los ánimos del electorado en estos tiempos convulsos.

Luego, una vez elegido el mejor de los programas, podríamos instalarlo en todas las comunidades de forma que todos los sistemas se entendiesen entre sí y de este modo mejorase sensiblemente el funcionamiento de nuestra administración de justicia. En este punto habría que establecer un premio especial porque, si elegido un programa, el mismo no puede ser compartido por todos debido a que los responsables no eligieron convenientemente las licencias, tendremos entonces que volver a correrlos a gorrazos. Esto, sin duda, tampoco solucionará el problema de no poder compartir el programa, pero, nuevamente, proveerá de paz a muchos administrados, alejará de las arcas públicas bastantes farfollas y saneará el tejido de una buena parte de nuestra clase política. Todo esto son beneficiosos efectos colaterales que, no por menos obvios, debemos minusvalorar.

Si seguimos hasta el final con el método de los gorrazos podremos, con un poco de fortuna, llegar a encontrar el programa ideal y, de paso, también a deshacernos de una buena caterva de pastueños semovientes que ramonean en el erario público. Sé que el método propuesto no resulta muy dospuntocero ni hipstermillenial, pero a mí, al pronto, me parece bastante efectivo.

Estoy plenamente convencido de que esto de que cada CCAA haya invertido un pastizal en desarrollar su propio sistema no ha tenido nada que ver -por supuesto- con comisiones, ni sobres, ni ninguna de esas cosas que con harta frecuencia suele denunciar sin pruebas el populacho ignorante. Es mucho más «diecinuevepuntocero» atribuirlo a un inesperado efecto secundario del principio de Hanlon, diagnóstico este que resulta mucho más científico.

Si España fuese una empresa privada tengo para mí que todos estos dirigentes estarían, sin duda, despedidos. Hemos pagado 10 veces lo que se podía comprar con un solo pago; gracias a ese gasto no sólo no hemos obtenido lo que necesitábamos sino que ahora, además, necesitamos organismos de coordinación y armonización (más sueldos, más pasta) y todo para que el resultado sea justo el contrario del pretendido.

Por eso, a esta hora incierta de la madrugada y -sin duda- fruto de la desesperación que produce LexNet, se me ocurre que sí, que igual mi amigo tiene razón, y que lo que hace falta aquí es una buena tanda de gorrazos bien despachados.

No creo que pase.

El Colegio de la otra Cartagena


Los abogados de la Cartagena del otro lado del mar, la Cartagena de Indias, la del Caribe, el pasado 29 de julio se constituyeron en Colegio de Abogados. Esto a los abogados de España podrá parecerles normal pero créanme que no lo es. Ser abogado en Colombia no es tan fácil como en España, allí la vocación de ser abogado se ha pagado demasiadas veces con la vida: más de 700 abogados asesinados. Para los abogados de Colombia disponer de una colegiatura que les proteja y les dé presencia es un sueño largamente acariciado. En la Cartagena de España no les olvidamos y sé que ellos no nos olvidan a nosotros. Me han invitado a ir allí este próximo día 12; se me rompe el corazón, pero no puedo; sin embargo estaré, porque internet permite que podamos hablar personalmente a quien tenemos cerca en el corazón aunque estemos a gran distancia. Sé que les va a ir bien y que la vida va a mejorar para ellos, que sufrirán como aquí sufrimos las miserias y bajezas de unos pocos, pero que saldrán adelante y contarán estos principios a sus hijos y nietos. Felicidades Claudia Patricia Florez Hernandez eres la primera presidenta de una corporación llamada a vivir tanto como su corporación hermana de España. Toda la suerte del mundo para los abogados de allá. Un honor haber podido conocerte. Nos vemos el día 12.

Abogados hasta la muerte

Si es usted abogado o abogada ejerciente permítame que le haga una pregunta: ¿se va usted a jubilar?

Piense un ratito, no es necesario que responda en público, sólo respóndase a usted mismo y trate de no engañarse. Si finalmente usted se responde que, con lo que le va a quedar de jubilación, va a tener usted que seguir trabajando mientras dios le dé salud, bienvenido al club de los que vamos a ser abogados hasta la muerte.

Es esta una profesión que envenena y que nubla los sentidos, sostenemos que seguiremos trabajando mientras tengamos salud porque esta profesión nos gusta -y es verdad- pero sabemos que habremos de seguir trabajando porque con lo que nos va a quedar de la Mutua tampoco tendremos otra opción. «Paga más a la Mutua» (te dirá alguno) y tú, mientras asientes con la cabeza, dices «sí, sí, voy a ver si lo hago», y sabes que no lo harás, porque la economía está jodida, porque la gente no paga y porque bastante tienes con sobrevivir mes a mes y poder pagarle a la Mutua lo que ahora le estás pagando.

Así pues vas a ser abogado o abogada hasta la muerte y lo sabes, quizá ya lo intuías cuando te colegiaste hace 20 ó 25 años, ahora, unos lustros después, probablemente tampoco te molesta mucho pensarlo porque, en el fondo, siempre lo has sabido.

He visto enfermar y morir muchos abogados -cuando eres decano cada abogado que se te muere te arranca un trozo de corazón- les he visto llevar esos últimos meses de vida consumiéndose por dentro, pero, aún así, desviviéndose (sí, des-viviéndose, dejándose la poca vida que les queda) para cumplir los plazos pendientes. Les he visto acercarse enfermos a su despacho y cuando me he cruzado con ellos -ya la muerte pintada en la cara- y les he preguntado, con toda naturalidad me han dicho: es que tengo unos plazos que tengo que sacar… Y así apuraban ellos su plazo inapelable, arreglando los asuntos de los demás hasta que terminaban literalmente de des-vivirse y se iban de aquí a donde ya los plazos y los vencimientos nunca volverán a preocuparles.

Se me encoge el corazón cuando veo esta conducta una y mil veces repetida, se me vienen a la memoria las caras de los compañeros muertos y maldigo este oficio y juro que a mí no me pasará eso. Finalmente paso de la frustración a la ira y acabo pensando en lo poco que deja la Mutualidad, en lo mal que está la profesión, en que no recuerdo una sola ley del gobierno que favorezca a los abogados… Y en que igual hay personas que, tras una vida entera dedicados a esta profesión que envenena, ya no quieren ser otra cosa que lo que son y están destinadas a ser abogados -sin remedio- hasta la muerte.