Si usted tuviese que organizar el sistema de extinción de incendios forestales de un país cualquiera, estoy seguro que, antes de gastar el dinero de los contribuyentes y distribuir los parques de bomberos, aeródromos e hidroaviones, tendría usted en cuenta si en dicho país hay árboles o plantas, dónde se localizan y dónde hay mayor riesgo de incendio. Estoy seguro que usted no dedicaría muchos medios a prevenir incendios forestales en la Antártida mientras que pondría buen cuidado en que hubiese abundantes medios en Galicia, por ejemplo. Es de sentido común: los incendios forestales se producen donde hay árboles y plantas y esto es algo tan evidente que hasta la mente más simple lo entendería. Esto, que es evidente en cualquier lugar del mundo en España no lo es, pues padece desde hace siglo y medio una extraña enfermedad político-mental, una grave forma de locura llamada «a de locura llamada «a de locura llamada «provinciofrenia», que anula el sentido común y la capacidad de pensar racionalmente.

 Esta enfermedad, endémica de nuestra clase dirigente, la lleva, por ejemplo, a gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales (el presupuesto del Ministerio de Justicia ronda solo los 1.500 millones) o a construir aeropuertos justo allá donde no son necesarios. Así, por ejemplo, se construyen aeropuertos en Castellón o Ciudad Real no porque haya demanda de vuelos, sino porque son provincias; si no sirven de nada y hay que cerrarlos parece importar poco. 

La provinciofrenia es una enfermedad cuyo virus se inocula a los españoles en la escuela a base de mapas con rayas y colorines y para la cual no se conoce hasta ahora otro tratamiento que el estudio y la reflexión; pero (¡ay!) ciento ochenta años de provinciofrenia no se curan fácilmente y nuestro país está tan gravemente infectado por ella que en este momento es difícil encontrar ninguna institución pública que no esté afectada por la misma.

La provinciofrenia, por ejemplo, hace que en nuestro sistema electoral el voto de un ciudadano de Segovia valga tres veces y media más que el de un ciudadano de Madrid (ver mapa); o que el voto de un ciudadano de Zamora valga exactamente el doble que el de un ciudadano de Vigo. La provinciofrenia hace en España imposible que se cumpla el esencial principio democrático «una persona un voto» porque la democracia o la igualdad importan poco cuando el legislador sufre un ataque de provinciofrenia. 

Ahora le ha tocado el turno de padecer esa enfermedad a nuestra administración de justicia pues, desde el ministerio del ramo, se ha propuesto una nueva ley de planta que no puedo calificar sino de provinciofrénica. Todos los juzgados se concentrarán en las llamadas “capitales de provincia” y esto con independencia de la población o número de litigios que hayan de atender. Los 19 millones de habitantes de las “capitales” tendrán los juzgados, los 28 millones de españoles restantes asumirán el gasto y sufrirán las consecuencias. 

Cualquiera puede entender que, al igual que los sistemas de extinción de incendios forestales son para los árboles y plantas, la administración de justicia debería diseñarse para atender a las personas y sus conflictos jurídicos. Cualquiera puede entender, igualmente, que si el diseño de los sistemas de extinción de incendios forestales deben atender sobre todo al número de árboles y al riesgo de incendio, la administración de justicia debería atender sobre todo a las personas y al número de conflictos jurídicos que deba solucionar. 

Eso, que lo entendería cualquiera, no parecen entenderlo los “expertos” de nuestro Ministerio de Justicia. 

Si la administración de justicia ha de atender a personas y conflictos no se entiende que se creen tribunales de instancia en Soria (95.223 habitantes en toda la “provincia”) y no en Vigo (341.351 habitantes tan sólo en su partido judicial). No es que Soria no necesite juzgados de Primera Instancia -que los necesita y mucho- es que Vigo los necesita tres veces y media más. 

Alguno de esos provinciofrénicos “expertos” del ministerio deberá explicar en algún momento a los habitantes de Vigo, por ejemplo, por qué razón no tienen derecho a tener Juzgados de Instancia o por qué su voto vale tres veces menos que el de un ciudadano de Soria. Algún delito muy grave han debido cometer los vigueses para ser ciudadanos tan de segunda, para que valga tan poco su voto, para que no merezcan tener cerca juzgados y además hayan de mantener con sus impuestos la Diputación (provincial, por supuesto). 

Y si digo esto de Vigo lo mismo puedo decir de mi ciudad (Cartagena) cuya Sección de la Audiencia Provincial cuida de más ciudadanos y resuelve más asuntos civiles que toda la Comunidad Autónoma de La Rioja o las provincias de Soria, Teruel y otras varias. Alguien (los “expertos”) deberá a explicar a los ciudadanos de Cartagena por qué los habitantes de La Rioja tienen derecho a tener juzgados de primera instancia y los de Cartagena no, o por qué el voto de un cartagenero vale menos que el de un segoviano, un soriano o un turolense. 

¿Qué pecado han cometido los habitantes de Vigo, Cartagena, Jerez, Gijón, Reus, Elche, Sabadell, Talavera o Manresa, entre otros muchas poblaciones? 

No hay pecado, sólo hay locura: Esa locura que hace gastar 1.900 millones de euros en sueldos en las diputaciones provinciales cuando el presupuesto de Justicia está en 1.500 millones, esa locura que -a la hora de votar- hace que el voto de unos españoles valga tres veces menos que el de otros, esa locura que hace que se construyan aeropuertos y juzgados donde menos falta hacen, esa locura, en fin, que algunos tratan de hacer pasar por algo “moderno” cuando hace siglo y medio ya que es una idea residual de gobernantes residuales. 

Cuando la provinciofrenia es el criterio, el resultado es la injusticia. Es el momento de los políticos de verdad no de los «expertos» provinciofrénicos, es el momento de los que aún son capaces de darse cuenta que la Justicia es para las personas. Vale.