Vamos a ser claros: la Ley 1/2025 de «eficiencia» (nótense las comillas) procesal no es una ocurrencia ni es una tontería más del indocumentado ministro de turno. Es la consecuencia y casi colofón de un plan urdido hace ya casi 25 años por los dos grandes partidos que han ido turnándose en el gobierno de España.
Traten de hacer memoria y comprobarán que si los dos grandes partidos han estado de acuerdo en algo a través de los años, ha sido en unos cuantos puntos fundamentales en relación con la administración de justicia, a saber: la retirada de competencias a los jueces en favor de los LAJ, la instauración de la Nueva Oficina Judicial y el establecimiento de los Tribunales de Instancia. Adicionalmente objetivos secundarios pero también deseados han sido la limitación del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y la reducción de la planta judicial para alejar la justicia del justiciable.
Si hacen memoria, como digo, recordarán cómo los ministros de PP y PSOE, sin distinción, durante sus respectivos mandatos han tratado de llevar adelante estas reformas en un curioso caso de coincidencia ideológica en cuanto a medios y en cuanto a fines.
En cuanto a la retirada de competencias a las jueces en favor de los LAJ, el punto culminante se alcanzó con la reforma que determinó que las decisiones de los entonces Secretarios Judiciales no pudiesen ser recurridas ante el juez.
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (aprobada por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero), introdujo una profunda reforma en el papel de los entonces llamados Secretarios Judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia) y estableció, entre otras cosas, que algunas de sus resoluciones no serían recurribles ante el juez.
Concretamente, esta ley modificó la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introduciendo un artículo 102 bis 2, que decía:
> “Contra los decretos dictados por el Secretario judicial resolviendo recursos de reposición o decisiones sobre recursos no cabe recurso alguno.”
>
Conviene recordar en este punto que los Letrados de la Administración de Justicia no forman parte del Poder Judicial, son funcionarios del Poder Ejecutivo que están sometidos a sus instrucciones. Conviene recordar tambien la alharaca, muy celebrada en la época, formada con la cantinela de que los secretarios judiciales iban a ser los «jueces de lo procesal», «descargando» de este modo de trabajo a los jueces, cantinela que quería decir en realidad que se retiraría a los jueces una buena parte del control del proceso que pasaría a manos del poder ejecutivo. Esta idea ridícula pero profundamente interesada de separar los aspectos procesales de los civiles en los procesos y sacarlos de las competencias del poder judicial era una maniobra demoníaca en la estrategia del ejecutivo de controlar aún más al Poder Judicial y la administración de justicia.
Afortunadamente hubo suerte y jueces díscolos plantearon al Tribunal Constitucional cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del art. 102 bis.2 LJCA (en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial), por oposición al art. 24.1 CE.
Y se ganó. El Tribunal Constitucional entendió que no se podía sustraer al juez el control de tales decisiones. Hubo suerte con la composición del TC y hubo suerte en que una linea de resistencia a las ambiciones del poder ejecutivo aguantó la embestida. El gobierno y el poder ejecutivo vieron frustrados sus deseos (y no eran pocos) de ampliar su control del poder judicial.
Pero en la tarea de separar al juez del control del procedimiento y aumentar el control del mismo por parte del ejecutivo había una segunda via de penetración: la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Separando al juez de los funcionarios tramitadores, eliminando la oficina judicial y llevándola lejos de su control, no sólo se restaban capacidades al juez sino que era más sencillo para el poder ejecutivo cursar instrucciones a los LAJ que controlaban la NOJ. Si esto suponía dejar desasistido al juez daba igual; si esto suponía dificultar la dación de cuenta y control del trabajo de los funcionarios individuales, daba igual; si esto impedía al ciudadano localizar al funcionario responsable de su procedimiento también daba igual. La NOJ era una herramienta formidable de control por parte del ejecutivo de la actividad procesal de los juzgados y no iban a ceder en sus intentos de instalación. Poco importa que las pruebas realizadas en partidos judiciales como Burgos o Murcia no arrojasen resultados positivos y en todo caso no mejores que los de los juzgados tradicionales, el objetivo no era ese, nunca fue ese, porque jamás se buscó mejorar el funcionamiento de la oficina judicial sino solo controlarla; por eso siempre se prescindió del parecer de los jueces, los procuradores o los usuarios.
La otra poderosísima herramienta de control del poder judicial debían ser los tribunales de instancia. Era evidente que el poder ejecutivo no podía controlar a los miles de jueces que se integraban en los más de 400 partidos judiciales de España pero, si estos jueces se reunían en tan solo 50 tribunales (uno por provincia) y se colocaba a su frente un presidente debidamente designado por un CGPJ también controlado de forma remota desde los partidos, este corralito de jueces permitiría al poder ejecutivo aumentar su influencia sobre ellos en cuestiones importantes.
Esta vez fue el ministro de infausto recuerdo Alberto Ruíz-Gallardón (PP) quien decidió afrontar la tarea. Primero buscando una reducción de la planta judicial limitando los partidos judiciales a 50 y ubicarlos en las capitales de provincia exclusivamente. En segundo lugar en cada uno de ellos se establecería un tribunal de instacia/corralito de jueces cuyo presidente no sería elegido sino nombrado.
Afortunadamente, una vez más, la oposición a aquella aberración tendente a controlar el poder judicial fue respondida por la sociedad civil. Los decanos de los colegios de abogados no capital de provincia jugaron (jugamos) un papel si no destacado sí muy valioso y la federación de municipios y provincias —para nada dispuesta a dejar a dos tercios de los españoles sin juzgados— por su parte acabó de apuntillar aquel indisimulado golpe a la independencia judicial en España.
Tras aquellas batallas ni PP ni PSOE cejaron en su empeño de generalizar la instauración de la NOJ y los tribunales de instancia, pero ahora sabían que la resistencia popular y de algunos jueces y magistrados podía ser feroz de forma que ambos partidos optaron por una estrategia progresiva en lugar de intentar de nuevo una estrategia de máximos.
Fue por ello que ministros de los gobiernos —del PSOE esta vez— continuaron intentando, como Gallardón, instaurar los tribunales de instancia, si bien esta vez ya no reduciendo la planta a 50 partidos judiciales ni designando a los presidentes sino manteniendo los partidos judiciales y permitiendo que los presidentes de los tribunales de instancia fuesen elegidos como hoy son elegidos los jueces decanos. Lo intentó Juan Carlos Campo, lo intentó Pilar Llop, lo intentó Dolores Delgado… Lo intentaron todos pero, debido a la inestabilidad política ninguno, hasta la llegada de Bolaño, pudo llevar adelante la reforma a la espera de, una vez instalados los Tribunales de Instancia y las NOJ, llevar a cabo más adelante las reformas legales precisas para alcanzar el fin que Gallardón no pudo alcanzar de un solo plumazo.
En medio de este trabajo de control del Poder Judicial los sucesivos ejecutivos siempre han encontrado colaboracionistas incluso en contra de los intereses de sus propias corporaciones. Hay que recordar a ese Consejo General de los Procuradores de España cooperando con Gallardón y recibiendo raimundas sin tasa; o a ese Consejo General de la Abogacía blandeando cuando no cooperando con los sucesivos ministros del ramo…
Es por eso que ahora la postura colaboracionista del presidente del Consejo General de la Abogacía no sorprende pues, aunque no haya consultado a sus bases, aunque la abogacía de España sea un clamor contra la Ley 1/2025, no hace sino seguir la estela de quienes cooperan con quienes quieren acabar con la independencia judicial a cambio de no se sabe qué y en nombre de una «modernidad» del pasado, de hace ya un cuarto de siglo.
Como ven, si en algo han estado de acuerdo ambos partidos y sus ministros, ha sido en llevar adelante este plan de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Cuando han estado en la oposición han clamado contra él pero, en cuanto han accedido al gobierno, han proseguido en la misma tarea del otro partido y en la instauración de las principales herramientas de control: las NOJ y los tribunales de instancia.
Y con Bolaños, aparentemente, lo han logrado. Devolver al Poder Judicial el poder que el sentido común y el espíritu de las leyes exige, va a ser cada vez una tarea más difícil mientras que profundizar en el control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, cuenta desde la Ley 1/2025 con dos eficacísimas herramientas.
Para finalizar no son estos puntos en los únicos en que ambos partidos han coincidido desde el año 2000, año bisagra en que se produjo la última real modernización de la administración de justicia española con la aprobación de la nueva LEC y la instalación de herramientas videográficas. Los dos partidos también han coincidido en dos puntos a tener en cuenta, el primero en no elevar los presupuestos en justicia y mantenerla siempre bajo mínimos y dependiente del resto de los poderes del estado, en especial del poder ejecutivo; el segundo en limitar o dificultar el acceso de la ciudadanía a la justicia, ya sea a través de la infame ley de tasas de Gallardón o ya sea a través del más sutil método de implantar un sistema de MASC obligatorios que nos devuelva a un pasado tan remoto como 1984.
Finalmente, para acallar a voces independientes y/o rebeldes, se han tomado medidas inteligentes, por ejemplo, si jueces independientes y atrevidos elevan cuestiones al TJUE en materia de hipotecas, se reducen los juzgados competentes a solo 52 en lugar de los existentes en los más de 400 partidos judiciales de España. Disminuyendo el número de jueces que conocen de estos asuntos se limita la posibilidad de dar nuevos sustos a la banca aunque para ello se aleje la Justicia del justiciable y se encarezca innecesariamente su acceso. Si de contrarrestar el trabajo de letrados independientes se trata, pues entonces se inicia un cambio de estructura del mercado de los servicios jurídicos tendente a acabar con el ejercicio de la abogacía que hoy conocemos.
Pero eso será materia de otro post y de otro día. Hoy quería hablar de algo más importante y es del mantenimiento de la independencia judicial en España y de cómo, quienes quieren controlarla, siguen metódicamente un plan del que muchos parece que aún no hemos tomado conciencia y contra el que pocos —por ahora— parecen dispuestos a pelear.
Cada vez es más difícil y lo sé, pero si se toma conciencia aún estamos a tiempo.
Parar a Gallardón o a la Ley 13/2009 no fueron victorias menores y nos indican que, si peleamos con decisión por una #JusticiaIndependiente aún podemos ganar un mejor futuro para todos.
Yo que tú lo haría. Merece la pena.
Categoría: Abogados
Arquitecturas judiciales inicuas
Estas puertas que ven corresponden, cada una, a una sala de vistas de un juzgado de forma que, forzosamente, todas las partes han de esperar compartiendo un espacio común frente a ellas.
A causa de este diseño es posible ver juntos a la familia de un maltratador junto con la maltratada, a parejas con orden de alejamiento a escasos metros, a las víctimas de un delito y sus testigos junto con los acusados y sus testigos. La tensión que puede llegar a vivirse en estas salas de espera se las pueden imaginar ustedes y todo porque, al diseñar los edificios judiciales no se tiene en cuenta ni la ley ni el mejor servicio a los justiciables a los que se trata con notorio desprecio. No hay espacios separados y puertas separadas para demandantes y demandados pero sí hay una puerta separada para los jueces y a veces hasta para los fiscales. El diseño de los edificios judiciales, en este y otros muchos aspectos, olvida por completo a quienes son sus principales destinatarios: los administrados.
Esta óptica que desprecia a quienes debieran ser los primeros destinatarios de los edificios y del completo sistema judicial —los adinistrados— ilustra bien a las claras uno de los aspectos más reprensibles de la administración de justicia española.
El juicio de Ramón Luís (podcast)
El informe oral y las complicidades culturales
Debo confesar que el último post es particularmente espeso y en el se mezclan desde la geometría fractal a la teoría del caos pasando por las ecuaciones no lineales y los atractores extraños.
Mientras lo escribía, pensaba que el riesgo de resultar absolutamente incomprensible a mi audiencia era altísimo. No obstante, tengo en mucho la inteligencia de mis lectores y por eso me permití dar rienda suelta a mis demonios íntimos, algunos de los cuales tienen mucho que ver con la ciencia. Naturalmente mi amigo Chichu Lucas no desaprovechó la oportunidad de responder a aquel galimatías en redes sociales con la respuesta obvia; es decir, «la gallina» y de paso trató de pincharme manifestando que pagaría por escuchar un informe mío en sala en el que hablase de Laplace de Newton o de Mandelbrot.
Créanme que lo esperaba. Ese castellano, comunista irredento, suele siempre dispararme a la línea de flotación en sus comentarios y le prometí que contestaría a su maldad con un post y ese post es este.
Recuerdo que, cuando comencé a ejercer, yo daba por supuesto que el nivel cultural de cualquier juez magistrado o abogado era muy superior al mío y daba también por supuesto que, cualquier referencia que yo hiciese a un texto literario o a cualquier tipo de teoría filosófica sería conocida incluso con más profundidad que yo por el magistrado o por el compañero que ocupaban el resto de los lugares del estrado, pero me equivocaba.
Recuerdo también que en una de mis primeras apelaciones civiles, que por entonces se hacían oralmente, se me ocurrió que ante un informe particularmente abstruso de la parte contraria vendría muy al pelo el que yo de alguna forma parodiase ese conocido texto del Quijote donde Cervantes cita los disparatados razonamientos de Feliciano De Silva en concreto aquel que dice (y cito de memoria) aquello de:
«La razón de la sinrazón que a mi razón se hace en tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra fermosura».
Añadiendo a continuación Cervantes
«y con este y otros razonamientos que no hubiese entendido el mismo Aristóteles, aunque naciese solo para ello…».
A mí esta cita me parecía muy a propósito para subrayar que el razonamiento intrincado de mi compañero resultaba incomprensible. La juventud es imprudente y yo lo era, los años te enseñan —a veces incluso a golpes— a ser humilde.
Como la figura literaria era prácticamente una copia del texto cervantino yo daba por sentado que los magistrados conocerían de sobra tal pasaje. Mi sorpresa fue grande cuando me percaté de que ninguno de ellos pareció darse cuenta de que yo estaba citando precisamente el Quijote.
Y dicho esto de este caso debo decir que en otros la complicidad intelectual con el magistrado que ha juzgado algunos de los procedimientos en que he intervenido ha sido mayúscula. Recuerdo incluso un magistrado sevillano que, en su sentencia, me fue señalando exactamente dónde estaba yo realizando paráfrasis o citas literales de conocidas obras que él, por supuesto, tenía en la punta de los dedos.
Desde esos días aprendí que no se puede informar en sala sin al menos tener una cierta idea de cuáles son las complicidades intelectuales que pueden vincular al abogado que informa con la audiencia que escucha, lo cual es de capital importancia, por ejemplo, en los juicios con jurado.
Ten cuidado incluso con las palabras que usas, pues puede suceder que las que para ti sean habituales y fácilmente inteligibles no lo sean para tu audiencia. Recuerdo un caso divertido que me sucedió hace años cuando el compañero que llevaba la defensa de la parte contraria trató de introducir documentos nuevos en el proceso en momento inhábil. Me opuse y formulé un conato de razonamiento en el que dije
—Mi compañero, de forma sibilina…
No bien escuchó la palabra «sibilina» mi —por otra parte muy querido— compañero se irguió y protestó
—¡Señoría!
Traté de explicarme diciendo que «sibilina» no era ningún adjetivo peyorativo sino que hacía referencia a la Sibila y… No hubo caso, el juez ni me dejó comenzar
—Estoy seguro letrado que es usted capaz de decir lo mismo con otras palabras.
Al pronto me indigné, esto no podía estar pasando en una sala de justicia, sentí ganas de hacer sangre pero, al fin, un abogado sabe que no está en sala para entrar en debates lexicológicos, de forma que lo dejé pasar y formulé mi protesta de otro modo pensando en qué, algún día, podría contar el suceso a quien quisiera escucharme. Han pasado los años precisos y creo que puedo.
El mundo del foro es variopinto, conozco jueces con profundísimos conocimientos literarios, algunos de ellos magníficos poetas; también conozco jueces cuyo bagaje cultural no parece ir mucho más allá de las leyes y jurisprudencia que han estudiado. También conozco otros jueces que, pretendiendo aparecer como especialmente dotados de cultura, lo único que hacen es retorcer el lenguaje hasta extremos grotescos. Les pongo un ejemplo.
En los años 90 yo era un abogado que se dedicaba, básicamente al tráfico de vehículos y a defender compañías de seguros. Como pueden imaginar pocas cosas menos glamurosas hay en el mundo del derecho que hablar reiteradamente de colisiones por alcance de distancias de seguridad o del respeto a la regla de la mano derecha.
Por eso para mí era divertidísimo leer las sentencias de un determinado magistrado que se caracterizaba por retorcer el lenguaje hasta extremos verdaderamente delirantes; por ejemplo, a mí me hacía especial gracia que, para contarnos que dos vehículos habían chocado, escribiese cosas como está
«siendo el vehículo del actor recipiendario de un acometimiento material…»
A mí aquellas fórmulas me movían a la risa más incontenible y, sin embargo, me di cuenta de que para muchos de mis compañeros el magistrado en cuestión y sus sentencias pasaban por ser un modelo de erudición y dominio del lenguaje. Tomé nota.
Nunca desde entonces he tratado en sala de fundar ningún informe sobre ningún tipo de complicidad cultural que yo no esté absolutamente seguro que compartimos tanto yo como la audiencia; es decir, que mi amigo Chichu puede estar tranquilo.
Nunca he hablado de Laplace en sala ni de sistemas caóticos ni de ecuaciones no lineales ni de Mandelbrot ni de sus fractales.
Y el caso es que alguna vez me ha apetecido, pero entre las funciones de un orador, la primera es hacer que su discurso sea inteligible por la audiencia y no olvidar nunca que su objetivo es persuadirla, no demostrarle que uno tiene amplios conocimientos de todos los campos de la ciencia y la cultura.
En fin, que el informe oral en Sala es un trabajo extremadamente complejo y que, como diría ese magistrado retorcedor del lenguaje del que les hablé antes, siendo las audiencias y los jueces los recipiendarios del mensaje uno ha de cuidar que el mismo sea inteligible para ellos y muy especialmente en los juicios con jurado, así que mejor no retorcer el castellano y mucho menos usar como premisas pensamientos absolutamente desconocidos para la audiencia.
Para hablar de atractores extraños, Laplace o Mandelbrot ya tenemos las redes sociales
Agita tus alas
Hace unos cinco días escribí un post en el que les preguntaba si eran ustedes de los que consideraban que el futuro estaba escrito o si, por el contrario, eran de los que opinaban que nuestras acciones eran susceptibles de determinarlo. En suma, si creían ustedes o no en la predestinación.
Les conté como la física clásica entendía que era perfectamente posible predecir el futuro y decirnos cómo fue el pasado siempre y cuando contásemos con los datos suficientes; es decir, que si conocíamos los datos precisos sobre la órbita de la Tierra o de un planeta alrededor de un astro, no habría problema en predecir dónde estaría nuestro astro en el futuro y donde estaba en el pasado. La naturaleza era un mecanismo de relojería regulado por leyes que nos permitían saber cómo sería el futuro y cómo fue el pasado.
Esta idea la expresó con toda claridad en 1776 el matemático francés Laplace cuando afirmó que, si conociésemos la velocidad y posición de todas las partículas del universo en un momento dado podríamos predecir con toda precisión el futuro y narrar cómo fue el pasado.
La realidad es que el asunto no es tan fácil y es aquí donde debo contarles la historia de Edward Lorenz, un meteorólogo hoy famoso.
Edward Lorenz trabajaba en 1963 en unas ecuenciaciones que le permitiesen efectuar predicciones sobre el clima. En un cierto momento introdujo las ecuaciones en el computador para ver de forma gráfica los resultados y, como los ordenadores eran lentos en aquella época, marchó a tomar el té. Posteriormente trató de reproducir el experimento introduciendo los mismos datos y se encontró con que el ordenador arrojó un resultado absolutamente distinto al que había arrojado en el primer experimento. Sorprendido por el resultado Edward Lorenz trató de averiguar la causa de aquella tremenda discrepancia y halló que en el primero de los experimentos había suministrado a la computadora datos con hasta el sexto decimal de precisión, mientras que en el segundo tan solo había introducido datos hasta el tercer decimal de precisión y, sin embargo, una variación de diezmilésimas en los datos iniciales provocaba unos resultados finales absolutamente dispares. Esta observación se considera el principio de la teoría del caos.
Que pequeñas variaciones mínimas en las condiciones iniciales den lugar a tremendas diferencias en los estados finales es algo que resulta verdaderamente sorprendente, pero que desde luego no anula esa afirmación de Laplace de que si conociésemos «con toda precisión» los datos que afectan a cada partícula del universo podríamos predecir tanto el pasado como el futuro. Es por eso que, antes que otra cosa, debemos preguntarnos si podemos medir «con absoluta precisión» los datos porque, si no podemos medirlos con absoluta precisión y pequeñas variaciones en los datos iniciales producen grandes diferencias en los estados finales en los sistemas caóticos, parece evidente que nunca podremos predecir nada y en este punto seguramente es oportuno recordar un artículo que en 1967 publicó el hoy famosísimo matemático Benoit Mandelbrot, un artículo titulado «¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?»
Trato de resumirlo. Si ustedes se proveen de un metro y se deciden a medir cuánto mide la costa de Gran Bretaña obtendrán un determinado resultado. Pero el resultado no será exacto, porque en cada trozo de costa medido con ese metro habrá entrantes y salientes que no han sido perfectamente, medidos con con la herramienta. Naturalmente que en lugar de un metro podemos utilizar una vara de 50 centímetros, pero igualmente volveremos a obtener una diferencia porque en esos 50 centímetros existen entrantes y salientes que no coinciden con la rectitud de la vara y lo mismo nos irá pasando según vayamos reduciendo nuestro patrón de medida.
No les sorprenderá que el matemático que escribió este artículo Benoit Mandelbrot fuese el padre de los hoy famosísimos fractales.
Dado que el continuo de los números es infinito siempre tendremos un grado mayor de precisión del que hemos medido de forma que lo cierto es que nunca podremos medir con absoluta precisión la costa de Gran Bretaña.
Si a esta imprecisión de la medida le unimos esa característica especial de los sistemas caóticos de que la más leve modificación en los valores iniciales nos conduce a resultados que pueden ser absolutamente distintos desde luego tendremos que reconocer que en los sistemas caóticos el futuro no está escrito y que depende de hasta las más mínimas variaciones, pudiendo tener estas, por mínimas que sean, consecuencias imprevisibles.
Permítanme que les diga ahora que en los «Sistema dinámicos» un **atractor** es un conjunto de valores numéricos hacia los cuales un sistema tiende a evolucionar, dada una gran variedad de condiciones iniciales en el sistema. Geométricamente, un atractor puede ser un punto, una curva, una variedad o incluso un conjunto complicado de estructura fractal y es ahí donde tiene sentido la ilustración de este post pues Edward Lorenz, cuando obtuvo la representación geométrica de sus observaciones sobre los sistemas caóticos, obtuvo la imagen que ven en la fotografía.
A este tipo de atractores se les llama «atractores extraños» e ilustran bien esos sistemas caóticos en los que, la más mínima variación, puede generar consecuencias impredecibles, como en el caso del clima, la economía, las biología, la sociedad o los enjambres.
Seguramente mirando la ilustración te has percatado del parecido de este «atractor extraño» con un cierto insecto de grandes alas. Y sí, su parecido no es sólo formal, porque tú y yo sabemos que el aleteo de una mariposa en África puede dar lugar a un ciclón en Florida, que es justo lo que nos dice la teoría del caos.
Por eso no te preguntes nunca si tus acciones tendrán o no importancia, si servirán para obtener una pasarela al reta o no, tú, simplemente, agita tus alas y deja que la física, la biología, las matemáticas y las dinámicas de enjambre se ocupen del resto.
Haz lo que sientes que has de hacer, tú no lo sabes pero tu trabajo puede ser el que marque la diferencia entre el fracaso y el éxito.
Vamos.
La querella del presidente
La abogacía del estado ha interpuesto una querella por prevaricación contra el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. La querella se ha filtrado rápidamente, este es el texto.
Los problemas de Salvador González
Los 83 decanos que componen el Consejo General de la Abogacía Española han elegido recientemente un nuevo presidente que sustituya a la, por muchas causas, digna de olvido Victoria Ortega y, cuando subrayo que han sido los 83 decanos que componen el Consejo General de la Abogacía Española los que han elegido a un nuevo presidente, lo hago porque es importante no perder de vista que a este presidente no le ha votado ningún abogado ni abogada de a pie. La elección del nuevo presidente por 48 votos de 83 está más cerca de un puro juego palaciego que de un ejercicio democrático, máxime cuando los votos de cada uno de los 83 electores valen lo mismo, ya sea decano de un colegio con apenas 30 colegiados, ya sea decano de un colegio con decenas de miles como Madrid.
Dado que en estas orgánicas elecciones el colegio de electores se restringe en exclusiva a esas 83 personas, la campaña y el mensaje del nuevo presidente no se ha dirigido a la comunidad de abogados y abogadas a los que ahora pretenderá representar, sino casi en exclusiva a esos 83 electores que eran quienes debían darle la victoria.
Los abogados y abogadas de España, pues, poco o nada saben de cuáles son las intenciones de este nuevo presidente dado que el mensaje que les ha dirigido ha carecido de ningún tipo de detalle. Tampoco durante su ejecutoria como decano —dado el ominoso silencio y secretismo que encubre el funcionamiento del Consejo General de la Abogacía Española— nadie fuera de quienes ocupan el sótano de Recoletos ha podido escucharle alzar la voz (si es que lo ha hecho) en favor o en defensa de las aspiraciones de toda esa masa de abogadas y abogados de España que ya lleva en la calle bastante tiempo.
Por eso el nuevo presidente, Salvador, debería tentarse las ropas antes de tratar de asumir la representación de nadie y mucho menos la de aquellos que ni le han votado ni han recibido hasta ahora apoyo explícito alguno de su parte en sus reivindicaciones.
La paranoica gestión de Victoria Ortega ha logrado que, tras 8 años de soportar a un Consejo General de la Abogacía ciego, sordo y mudo a las reivindicaciones de los abogados, todos en España sepan que ciertamente las aspiraciones de los abogados y abogadas no son representadas por un órgano que no solo ha sido incapaz de recogerlas sino que, antes bien al contrario, las ha silenciado, escondido y hasta boicoteado durante los ocho años más tenebrosos de la historia reciente de la abogacía española. Y ha sido la Abogacía Española real la que, no encontrando altavoz para su reivindicaciones en el Consejo, se ha visto obligada a prescindir de él hasta transmitir a la sociedad una idea clarísima: la de que el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2024 ya no representa más a los abogados y abogadas de España, pues estos establecen relaciones directas con los partidos políticos, los grupos parlamentarios, presentan proposiciones de ley y no de ley en los diversos parlamentos de España y, en suma, fijan su propio programa y agenda de reivindicaciones al margen del inútil Consejo, siendo esta abogacía real, ajena a la abogacía institucional, la única con capacidad para movilizar un número significativo de letrados.
Y esto, hoy que estamos casi al principio del parón veraniego, quiero pensar que Salvador lo sabe y desearía confiar en que Salvador debiera saber lo que ha de hacer para tratar de recuperar esa representatividad que, durante ocho interminables años, Victoria Ortega se ha empeñado en minar hasta destruir por completo, tarea a la que, por cierto, no han sido ajenos bastantes de quienes se han sentado a su lado en el sótano de Recoletos.
Y es por eso que ahora, con un nuevo presidente, quizá sea bueno recordar que la representatividad se recupera con respeto a aquellos a los que antes se ha abandonado, representando sus intereses y demandas de forma sincera, transmitiendo todo aquello que la inmensa mayoría de la Abogacía Española está reclamando en la calle y que es perfectamente conocido por todos los grupos políticos e incluso por el propio nuevo presidente.
Tratar de cambiar la reivindicación de una inmensa mayoría a la que no dejan votar por un punto de vista particular solo puede conducir a la prolongación del aislamiento y a que ningún tipo de llamada a la unidad vaya a acercar a nadie a sus puntos de vista.
Las unidades nunca se forjan en torno a instituciones o personas, las unidades se forjan en torno a ideales a intereses o a reivindicaciones y, si esto no es entendido, quien pretenda la unidad ya puede ir despidiéndose de ella.
Salvador, además, por su perfil profesional, no parece pertenecer a ese 85% de abogados que componen la Abogacía Española y que trabajan en pequeños despachos; Salvador ha sido hasta 2022 director legal en Grant Thornton Andalucía, lo que puede hacer dudar a muchos de su familiaridad con los problemas habituales que enfrenta esa abogacía española mayoritaria de despacho pequeño y turno de oficio y, aunque este es un aspecto que no debiera representar mayor óbice, tampoco es la mejor carta credencial frente a un colectivo ya muy hastiado por la abogacía del colorín, por lo que no sería malo que el nuevo presidente del Consejo se esforzase, primero que nada, por acreditar su sintonía con la abogacía mayoritaria.
Todos le deseamos suerte a Salvador, pues su buena ejecutoria redundará en beneficio de todos, pero no le haríamos ningún favor callando lo que pensamos y no advirtiéndole, ahora que es temprano todavía, de las dificultades que enfrenta.
Quizá ningún colectivo tanto como este de la abogacía real encarne tan bien aquella enseñanza que el poeta Frost señaló a Kennedy: que en una sociedad democrática la labor más importante del ciudadano, del escritor, del compositor o del artista —y del jurista y todos en general— es ser honestos consigo mismos y expresar su opinión aunque moleste, dejando que la chispa caiga donde tenga que caer, porque estas voces, al servir a su visión de la verdad, sirven mejor a la colectividad. Y el nuevo presidente debiera interiorizar que los individuos y las colectividades que desdeñan la misión de estas voces libres invitan al destino también señalado por Robert Frost: el destino de no tener «nada en el pasado para enorgullecerse y nada en el futuro que anhelar con esperanza».
Esperemos que Salvador lo entienda.
La República de los Abogados.
En la República de las abogadas y los abogados, de la primera al último, todos son una y la misma cosa: abogados. Quien dice representarles no es más que abogada y el último de los representados no es menos que abogado; es, pues, una república absolutamente igualitaria donde todos en principio gozan de la misma cualificación y tienen competencias técnicas muy similares y esto genera particulares dinámicas de actuación social que favorecen la creación de enjambres.
En las viejas organizaciones jerárquicas la inteligencia colectiva quedaba y queda limitada a la de la persona o personas que las dirigen y uno de los mejores ejemplos de esta limitación lo tenemos en los últimos ocho años de ejercicio en el Consejo General de la Abogacía Española, durante los cuales la cúpula directiva ha demostrado una especial incapacidad para escuchar, recoger y en suma representar las aspiraciones de todo un colectivo. La probada ineptitud de la cúpula dirigente para recoger las aspiraciones de abogados y abogadas y trasladarlas a los foros adecuados ha hecho que el colectivo de iguales decida tomar en sus manos esa tarea y pasar por encima de una organización jerárquica fosilizada en un inmovilismo y sordera autista que la ha conducido a perder todo el contacto con la realidad que la circunda.
La República de los abogados y las abogadas es un extraño club en donde el menos capacitado de sus miembros es abogado; es decir, un experto en resolver problemas y es por eso que no debería extrañar a quienes prefieren hacer el Tancredo y mantenerse quietos sordos y mudos frente a los problemas que estos expertos en resolver problemas, ya que no ven que los suyos sean resueltos por quienes dicen representarles, tomen en sus manos la tarea y decidan ponerse el trabajo por sí mismos. Esto, naturalmente, pone de relieve y subraya la ineptitud de quienes deberían solucionar los problemas del colectivo y suele provocar, en el mejor de los casos, una acción desganada y en el peor, como el que hemos vivido en los últimos ocho años, simplemente la inacción y parálisis absoluta, es decir tratar de hacer como si no pasara nada, como si el elefante no estuviese en la sala y como si no tuviésemos un gravísimo problema entre nosotros.
Afortunadamente las formas de participación política han evolucionado mucho en el siglo XXI y la aparición de las redes sociales ha permitido la organización de grandes colectivos sobre todo como cuando en el caso que nos ocupa se hallan vinculados por un problema muy concreto y específico, dando lugar a una forma de actuación política que se conoce como estrategia de Enjambre.
Si observa usted una bandada de pájaros o un banco de peces verá que todos actúan coordinadamente y se dirigen aparentemente en la misma dirección sin que nadie los dirija; en realidad todo esto es un fenómeno natural y se debe a que cada uno de los integrantes tiene una idea clara y precisa de lo que debe de hacer; esto permite que todo el grupo actúe en conjunto y con acierto. Es verdad que si el abanico de objetivos es muy amplio tales estrategias de Enjambre no son tan sencillas pero cuando los objetivos son pocos, claros y concretos, en un colectivo como el de los abogados y los abogadas todos suficientemente preparados y todos capaces de tomar decisiones creativas, el acuerdo, la conjunción, se produce por sí sola y, al no existir una organización jerárquica que elija un solo jefe o que elija un solo representante, la inteligencia colectiva y la creatividad se manifiestan en todo su esplendor, impidiendo que la eventual estolidez del jefe o jefa único perjudique al grupo y pudiendo aportar cada uno de los integrantes del Enjambre toda su fuerza creativa. Si una iniciativa de un miembro encaja perfectamente con los ideales y con las aspiraciones del resto, el enjambre entero le seguirá y así las estrategias no vienen definidas por unas pocas personas con una inteligencia limitada sino por una masa realmente increíble de personas especialmente cualificadas y especialmente creativas que pueden llegar a demostrar unas habilidades absolutamente sorprendentes. En un enjambre somos más y estamos mejor desorganizados por eso somos más creativos y por eso es imposible parar a un colectivo así.
Asociaciones tradicionales han existido siempre y sus resultados los conocemos sobradamente, la formación de enjambres, al menos en el mundo de la abogacía, ha empezado solo durante el siglo XXI y tenemos magníficos ejemplos de lo que pueden llegar a conseguir, desde poner en jaque a la Ley de Tasas o un gobierno hasta hacer pensar en cambiar toda una Mutualidad. Cuando los objetivos son pocos, claros y compartidos tratar de elegir jefes, representaciones o buscar un asociacionismo tradicional es recaer en el mismo error en el que ha caído el Consejo General de la Abogacía Española; es decir, limitar la creatividad y la inteligencia del colectivo a la que puedan tener su jefe o jefes y, en el caso de que estos no demuestren una especial habilidad o demuestren bien al contrario una especial torpeza, lo que se pondrá en peligro serán los intereses y aspiraciones de la totalidad del colectivo.
Abogados y abogadas en suma no necesitan representantes que trasladen sus aspiraciones ante partidos políticos y organismos oficiales pues, todos y cada uno de ellos, por sí solos, están capacitados para hacerlo por sí mismos de forma que, cuando la representación tradicional no cumple con sus funciones, son estos abogados y abogadas quienes las suplen subrayando así la torpeza o inanidad de quienes deberían representar los intereses del colectivo. Han sido ocho años horribles, ocho años en los que la condición de abogado ha experimentado una de las mayores degradaciones en la historia reciente de nuestro país, no es pues de extrañar que la mayoría ya no quieran dejar su futuro en manos ajenas, que no quieran ser representados donde ellos mismos pueden estar presentes, que no quieran que hablen por ellos en aquellos lugares donde todos y cada uno pueden hablar por sí mismos.
Hay una nueva dirección en el Consejo General de la Abogacía Española pero de momento no se aprecia ningún cambio, no podemos pues ser optimistas.
Abogacía y realismo social
A menudo me despierto en medio de la noche justo en ese oscuro momento de la madrugada que todos los problemas parecen estar esperando para aparecer en procesión por la mente.
Cuando eres abogado es difícil dormir pues si algo no falta en tu vida son problemas y es por eso que la capacidad de apartarlos de nuestro cerebro es una condición de supervivencia y salud mental.
Ayer me volvió a ocurrir pero, como persona entrenada en el mal dormir, para estos casos dispongo de un remedio y es que tengo guardada en Youtube una amplia selección de largas conferencias sobre temas que me interesan y que, cuando me sobrevienen estos despertares, rápidamente me pongo a escuchar. Esto fija mi atención en temas que me agradan, apartan los malos pensamientos y dada la monótona prosodia de la mayoría de los conferenciantes pronto vuelvo a recuperar el sueño.
Tengo comprobado que las conferencias de la fundación Juan March ejercen sobre mí un poderoso efecto narcótico y no suelen pasar veinte minutos desde que empiezo a escuchar la conferencia sin que yo esté ya roncando plácidamente. Ayer, en cambio, opté por una conferencia de la fundación BBVA sobre el realismo social en la pintura que pronunciaba el académico Don José Luís Díez, jefe de conservación de pintura del siglo XIX del Museo del Prado.
No debí hacerlo.
No debí hacerlo en primer lugar porque para seguir la conferencia había que contemplar las imágenes de los cuadros de que iba hablando el orador y, como soy de natural curioso, no podía evitar abrir un ojo para entrever las imágenes de las que hablaba el conferenciante. Viendo aquellas imágenes de ancianos abandonados en tiendas asilo, de enfermos y de trabajadores sin los más mínimos derechos laborales, mi mente volvió a la manifestación del sábado y empezaron a pasar frente a mí las caras de muchos compañeros y compañeras con quienes he compartido vida y estrados y cuya peripecia vital conozco íntimamente, buenos abogados y abogadas a quienes personajes infames tratan de arruinar la vida.
He compartido con ellos mucha vida y les conozco. Pertenecen como yo a la generación del baby-boom y ahora, entrados ya en la sesentena, empiezan a vislumbrar el último tramo de su vida, un camino que en muchos casos enfrentarán solos (muchos no tienen hijos o pareja) y confiando exclusivamente en que la suerte o la providencia les conserve la salud para seguir trabajando hasta el final de sus días porque, si la salud llegase a faltarles, su situación sería desesperada. La infame trampa de la Mutualidad de la Abogacía a la que un día les obligaron a apuntarse hoy no les garantiza ni una pensión de subsistencia. En muchos casos su pensión estará por debajo de las pensiones no contributivas con que la administración hace caridad con los más pobres.
Y andaba yo pensando esto cuando el conferenciante habló de este cuadro de la imagen, una obra del pintor donostiarra Ignacio Ugarte titulada «El refectorio de la beneficencia de San Sebastián», un cuadro que muestra a un grupo de hombres, generalmente mayores, comiendo una refacción que sirven unas cuantas religiosas. Rostros dignos que, tras una vida de trabajo y cuando ya son caballos viejos y solos, se ven en la precisión de recurrir a la caridad.
Y, mientras pienso en el cuadro, en mis compañeros y en su futuro, se me aparece la negra imagen de quien, ocupando cargos dirigentes en la mutualidad y la organización colegial, trata de silenciar cualquier protesta y ocultar cualquier problema para mantener su statu quo personal aunque ello suponga un futuro de hambre y miseria para muchos de quienes hace tiempo dejaron de ser sus compañeros.
Y, mientras mastico el amargo bocado de tener que ver invadido mi sueño por alguien que desprecia un futuro de miseria para muchos tan sólo porque le conviene, tomo conciencia de que está noche no dormiré ya.
Construyendo recuerdos: «advocats fins a la mort».
No escribo por el gusto de escribir o de crear textos bellos -el cielo no me dio esa facultad- escribo para contar cosas y poco más. Creo que ya dije que nada me causa tanta satisfacción como saber que mis textos son leídos como si se tratase de piezas de la vieja literatura oral y es por eso que ayer. cerca de la media noche, me sentí inmensamente feliz al recibir el reenvío de la conversación de un chat de whatsapp en el que, una compañera abogada que había estado presenciando en las Cortes Valencianas el debate de la PNL para aprobar una pasarela al RETA de los mutualistas, contaba a sus compañeros que uno de los diputados que intervino en favor de la PNL, Jesús Plá, del grupo parlamentario Compromís, lo había hecho leyendo en su integridad y traducido al valenciano un post que yo escribí hace 7 años denunciando la situación en que se encontraba una mayoría de los mutualistas.
Es verdad que escribí ese post para denunciar una situación dramática, lo que no imaginé es que podría ser usado en el seno de un debate parlamentario para apoyar las justas reivindicaciones de mis compañeras y compañeros. Y para voy a engañarles, al reconocer mi post «Abogados hasta la muerte» leído en valenciano («Advocats fins a la mort») me emocioné porque no creo que pueda haber mejor premio para mí que ese: saber que he ayudado en algo.
Y ahora lo cuento aquí, claro, no tanto porque se sepa sino porque cada año, cada cinco años o cada diez años, desde facebook, instagram o cualquier otra red social, el algoritmo implacable me recordará mientras yo sea capaz de leerlo que una vez, una noche, me sentí feliz y emocionado.
El blog de José Muelas 