La abogacía necesaria

La abogacía necesaria

Un eslogan muy repetido por los abogados en redes sociales para defender el que se dote de medios a la administración de justicia ha sido ese que dice que «sin justicia no hay derechos» y quizá, a base de repetirlo, se nos ha olvidado que existen cosas igualmente importantes que debiéramos defender y que, sin duda, nos tocan más de cerca.

Nos ocurre a los abogados que, a base de defender la justicia, nos olvidamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de que, aunque es verdad que sin justicia no hay derechos, lo cierto es que sin abogados tampoco los hay.

En una sociedad sin derechos la abogacía no tiene razón de ser pero, en una sociedad sin abogacía, lo primero que se extingue son los derechos de esa sociedad.

Y cuando hablo de abogacía no me refiero a cualquier abogacía sino a la abogacía de verdad. No me refiero a esa abogacía negocio que pone en el beneficio económico su primer objetivo, la que deja ver sus ecos de sociedad en las páginas de la prensa salmón, la que a menudo no es más que una herramienta más de los poderosos para tratar de adecuar la realidad jurídica a su conveniencia. Bufetes de influencias,de consejos de administración en multinacionales, condenas por delito fiscal, fondos buitre y trust en las Caimán.

A la que me refiero es a esa abogacía que defiende los derechos de los ciudadanos anteponiéndolos a los propios, a esa que, cuando usted le pregunta aquello de «si hay pleito» le responde con la verdad y le dice lo que más le conviene a usted y no a su cuenta corriente. Siglos de ejercicio profesional construyeron esa abogacía que ahora, en beneficio de los intereses de unos pocos miserables, se trata de destruir.

Se la destruye cuando se eliminan las costas en los procesos hipotecarios, porque con ello se obstaculiza la reclamación de los ciudadanos y se premia la miserable, inhumana y sucia codicia de los bancos.

Se la destruye cuando se aleja la justicia de los juzgados naturales de los consumidores para llevarlos lejos, hacer más caro su acceso y atascar su funcionamiento sin más motivo que favorecer a los de siempre.

Se la destruye cuando se favorece a los bancos reduciendo los lugares en los que pueden ser demandados ellos apenas a 52 juzgados mientras que ellos ejecutan y embargan en los 433 partidos judiciales de España.

Se la destruye cuando a los ciudadanos se les imponen automáticamente las costas de las ejecuciones como si ser pobre fuese lo mismo que ser temerario o no poder pagar fuese lo mismo que actuar de mala fe, mientras que medio país —incluido el Consejo General de la Abogacía Española— trata de que ellos, los bancos, no paguen costas más que en contados casos de conjunciones planetarias.

Se ataca a esta abogacía cuando se atacan muy discriminadamente los criterios de honorarios de los colegios, cobrándoselos con saña a los deudores hipotecarios o bancarios pero interponiendo demandas millonarias contra los colegios cuando son ellos quienes han de atenerse a una más que atemperada versión de los mismos.

Se ataca a esta abogacía cuando no se prorrogan o suspenden los plazos en caso de enfermedad, maternidad o paternidad y se pretende que los abogados y abogadas sean material fungible.

Se la ataca cuando se reconoce el derecho a litigar gratuitamente a capas de la sociedad pero no se dota a la justicia gratuita del presupuesto suficiente para que esa defensa esté dignamente retribuida.

Se la ataca cuando no se controla la publicidad engañosa de empresas que pretenden ser despachos de abogados cuando no son más que intermediarios o multinacionales de procesar carne de jurista novel.

Pero el mayor peligro que amenaza a esta abogacía somos nosotros mismos que, obcecados en defender la justicia, no nos demos cuenta de que la mejor manera de defender los derechos de la ciudadanía es defender la existencia de la abogacía que hace posibles esos derechos, la abogacía que hace que la constitución y el resto del ordenamiento no sean para ellos papel mojado.

No, en las sociedades sin una abogacía así los derechos de la ciudadanía no son más que pura retórica y es por eso que, antes que nada o al mismo tiempo que todo, nuestro deber es defender esta abogacía necesaria.

Madres de hace dos mil años

Madres de hace dos mil años

Para griegos y romanos la península ibérica era un lugar lleno de pueblos y tribus con abundantes costumbres exóticas.

Famosísimo es el texto del historiador griego Estrabón a propósito de las mujeres astures y su enorme dureza en el trabajo. Debo decir que de los hombres astures resalta su obstinación por la cosa de la libertad, pero, del trabajo de ellos no dice nada y espero que mi amigo David Roiz Baztán sepa perdonarme. Bueno, bromas aparte, Estrabón se admira de la dureza de las mujeres astures y escribe:

Con frecuencia paren en el momento en el que se encuentran en plena labor, de forma que lavan al recién nacido inclinándose sobre la corriente del arroyo, y lo envuelven luego (Estrabon III, 4,17).

Mas adelante Estrabón nos cuenta que, tras lavar y envolver a la criatura, esas mujeres seguían trabajando como si tal cosa.

Cosas de hace dos mil años dirán ustedes.

No crean. Las abogadas en España no son indígenas astures pero les aseguro que lo que escribe Estrabón les es prefectamente aplicable. Con frecuencia están trabajando hasta el mismo momento de dar a luz y, sin que nadie les perdone un plazo, en cuanto son capaces de volver a escribir en el ordenador vuelven a su tarea y a los juicios con el cuerpo dolorido.

Esta barbarie, que ya hace dos mil años era barbarie, parece que no llama la atención de nadie ahora. Parece que en el siglo I hubiese más sensibilidad hacia la maternidad que en el XXI.

De las condiciones en que los hijos de las abogadas llevan adelante la lactancia ni les hablo, basta con que miren la foto de abajo e irán formándose una idea.

Mientras leo la famosa cita de Estrabón sobre las mujeres astures pienso en nuestras abogadas y pienso en nuestros gobernantes y me hierve la sangre al pensar que tengan menos sensibilidad que un griego de hace dos mil años.

Derecho y yoga

Mi amigo Luis Morillo hoy me ha recomendado yoga, mucho yoga, lo que quizá él no sepa es que llevo bastante más de 30 años dedicándome a algo muy parecido al yoga: el derecho.

Sí, «yoga» y «ius» son palabras hermanas y derivan ambas del vocablo indoeuropeo *HieH3u “unir”, raíz de la que proceden, además de ius y yoga otras muchas palabras.

En primer lugar esta raíz tiene el significado de “unir” al cocinar y, por eso, no es extraño que la palabra “sopa” se diga en latín, precisamente, “ius” (sacad vuestros diccionarios de latín y comprobad que sopa, en latín, se dice «ius»). Por eso, si ustedes algún día visitan Pompeya y ven escrita en las paredes de alguna taberna la expresión “ius olitorium”, no piensen que están en presencia de algún tipo de derecho como el “ius puniendi” o el “ius maletractandi”; lo que la expresión anuncia es una humilde menestra: una sopa de verduras.

El “ius” se esconde casi siempre bajo las palabras que indican unión. Así, el artilugio que unce a los bueyes es el “yugo” (iu)go, los animales unidos forman una “yunta”, cuando nos unimos a otra persona la llamámos “cónyuge” con(iu)ge y, la unión de todos los vecinos de un municipio da lugar al “ayuntamiento” a(iu)ntamiento. El ius es, pues, ése vínculo que mantiene unida a la sociedad o ese vínculo que une al alma con la divinidad en el caso del yoga.

Así pues yoga y ius nos remiten a un vínculo y dan lugar a un amplio campo semántico que comprende, entre otros, los sustantivos para “derecho” en latín (ius), avéstico (yaož) y sánscrito (yos). Con el sufijo -t-o, resulta iustus “el que actualiza la noción de ius”, o sea, “el que observa el derecho”, de donde de donde “justo, recto”, palabra de la que deriva a su vez el sustantivo iustitia “justicia”, justo al contrario de que pensaba Ulpiano. Finalmente (con rotacismo, esto es, paso de -s- intervocálica a -r-) ius es origen del verbo latino iuro “jurar”.

Me sorprende que, a muchas personas que han consagrado su vida al estudio del derecho, nunca les haya picado la curiosidad de saber qué significa exactamente «ius». Ahora que lo sé veo a los juristas como cocineros que tratan de mezclar todos los ingredientes en la proporción justa, cuidando la cocción a la temperatura adecuada y procurando que todos los sabores armonicen.

En la foto les muestro a Triboniano durante uno de los pocos descansos que pudo tomarse mientras redactaba el Digesto.

Últimas tardes de verano

De pronto sientes un escalofrío conocido, miras por la ventana y ves las nubes grises que amenazan lluvia y te embarga una cierta sensación melancólica de final de verano. Pronto volveremos a la tarea y a los dramas ajenos que se tornan propios, al vencimiento inminente de pagos a los que no sabemos bien con qué haremos frente, a los plazos que vencen y a las prescripciones amenazantes, a la resolución que te enfada o te sorprende por inesperada y a la que no necesitas leer porque sabes de antemano qué va a decir. Y cuando noto este viento fresco de las últimas tardes de agosto me acuerdo, indefectiblemente, de Jaime Gil de Biedma y de su Noche Triste de Octubre que, para mí, siempre es de agosto.

Definitivamente
parece confirmarse que este invierno
que viene, será duro.
Adelantaron
las lluvias, y el Gobierno,
reunido en consejo de ministros,
no se sabe si estudia a estas horas
el subsidio de paro
o el derecho al despido,
o si sencillamente, aislado en un océano,
se limita a esperar que la tormenta pase
y llegue el día, el día en que, por fin,
las cosas dejen de venir mal dadas.

En la noche de octubre,
mientras leo entre líneas el periódico,
me he parado a escuchar el latido
del silencio en mi cuarto, las conversaciones
de los vecinos acostándose,
todos esos rumores
que recobran de pronto una vida
y un significado propio, misterioso.

Y he pensado en los miles de seres humanos,
hombres y mujeres que en este mismo instante,
con el primer escalofrío,
han vuelto a preguntarse por sus preocupaciones,
por su fatiga anticipada,
por su ansiedad para este invierno.

Mientras que afuera llueve.
Por todo el litoral de Cataluña llueve
con verdadera crueldad, con humo y nubes bajas,
ennegreciendo muros,
goteando fábricas, filtrándose
en los talleres mal iluminados.
Y el agua arrastra hacia la mar semillas
incipientes, mezcladas en el barro,
árboles, zapatos cojos, utensilios
abandonados y revuelto todo
con las primeras Letras protestadas.

No podéis privatizar el SOJ

El ayuntamiento de Madrid ha sacado a concurso el SOJ que presta el Colegio de Abogados de Madrid en las dependencias de servicios sociales del Ayuntamiento. Esto supone una privatización de un servicio que, por imperativo de la Ley 1/1996 reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), deben prestar los colegios de abogados.

Los responsables del desaguisado dicen obstinadamente que no y se fundan en tres razones fundamentalmente: La primera que la libre contratación de servicios públicos debe hacerse por concurso conforme a la normativa de la Unión Europea; la segunda que el SOJ que presta el Ayuntamiento no es el contemplado por el artículo 22 LAJG y la tercera, en consonancia con la anterior, que el Ayuntamiento lo que ofrece es un SOJ meramente «generalista».

Si fuese cierto el supuesto de hecho podría ser una buena explicación, lo que ocurre es que no lo es.

Todas las objeciones de los responsables del desaguisado se fundan, en el fondo, en una única cuestión: que los servicios que prestan los letrados del SOJ en las dependencias de Ayuntamiento son «generalistas» y nada tienen que ver con las contempladas en el artículo 22 de la LAJG que, recordemos, caracteriza estos servicios, literalmente, así:

«Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.»

Los responsables del desaguisado afirman —no sé con qué información— que los servicios del SOJ que se presta en dependencias municipales no son esos pero, como internet es maravilloso, ha permitido que letrados de ese SOJ se hayan puesto en contacto conmigo y me hayan relatado sus actividades en él. Abróchense los cinturones.

El SOJ a que se refiere el Ayuntamiento, como es obvio, no se presta en el Colegio o en un Juzgado, sino que se presta en Centros de Servicios Sociales donde, por cierto, se mete a los abogados en cualquier despacho.

Los abogados no tienen acceso a los ordenadores del ayuntamiento de Madrid, no pueden usar ni los ordenadores, ni las fotocopiadoras, ni los teléfonos del ayuntamiento. Es el abogado quien ha de llevarse una carpeta con los modelos ya preparados: ficha de usuario, la de Justicia Gratuita, la de Suspensión de Plazos, la de Ejecución, los recursos de las Rentas Mínimas de Inserción, etc.

Los usuarios (muchos personas que apenas saben escribir) si piden que se les haga un escrito a menudo se enfadan porque el escrito no se puede hacer a ordenador, pues, como hemos visto antes los abogados no tienen acceso a ellos; si quieren buscar leyes o jurisprudencia eso han de hacerlo en sus móviles y con su linea de datos, pagando de su bolsillo el servicio, claro.

Los abogados del SOJ Ayuntamiento no solo rellenan Justicias Gratuitas (esto los causantes del desaguisado parecen ignorarlo), no solo han puesto en marcha suspensiones de plazos de usuarios sin cita —porque venían los trabajadores sociales y llegaban con un desahucio para dentro de tres días por ejemplo— es que incluso han puesto en marcha protocolos de Violencia de Género. Al SOJ del ayuntamiento han llegado usuarias sangrando de urgencias manifestando que les había pegado su marido y los abogados han salido con la ambulancia advirtiendo a otro compañero de Violencia de Género para que estuviese esperando en Comisaría. Esta es esa asistencia «generalista» de que hablan los responsables del entuerto. Ustedes decidirán si estas actividades están o no incluidas en el artículo 22 LAJG.

En fin, para qué contar, los abogados refieren infinidad de casos: usuarios con sus facultades mentales un tanto alteradas, casos dramáticos… lo que quieran ustedes imaginar.

Los abogados del SOJ, muy lejos de lo que pretenden los privatizantes, prestan asesoramiento es sobre Penal, Civil, Administrativo (la Renta Mínima de Inserción) y Laboral muy básico. Y sí…, efectivamente, estos letrados no pueden asesorar contra el Ayuntamiento de Madrid. Si el problema del ciudadano es con el Ayuntamiento de Madrid pues… entonces no hay SOJ. Maravilloso ¿verdad?

Hay zonas que tienen tanta demanda que aunque el servicio es de 4 horas y aproximadamente unos 20 minutos por usuario, tienen 2 días por semana y están citando a 2 semanas vista.

Son bastantes abogados los que están trabajando en este SOJ son muchísimos los ususarios que dependen de este SOJ.¿Podrían explicar los causantes de este embrollo cómo piensan que se va a seguir asistiendo a los usuarios? ¿Van a reducir su asesoría al estricto campo «generalista» y les van a dejar sin este servicio? ¿O piensan vulnerar la ley y bajo el subterfugio de llamar «generalista» al SOJ seguir prestando de tapadillo todos estos servicios que SÍ se prestan hasta ahora? ¿Van a dejar sin actividad a los letrados actuales para contratar falsos autónomos o letrados precarizados? ¿Seguirán vulnerando la independencia de los letrados y prescribiendo que no informen contra el Ayuntamiento?

Los políticos privatizantes antes deberían bajar a pie de obra y comprobar el servicio que de verdad se presta por los letrados y después obrar en consecuencia. Porque este asunto no es un asunto para hacer política ni empeñarse en mantenerla y no enmendarla. Este es un tema donde no hay más objetivo posible que servir a los administrados ni esfuerzo más respetable que el de los letrados del SOJ.

Si hay un mínimo de preocupación por los más desfavorecidos déjense de privatizaciones y rectifiquen.

SOJ Madrid: ¿estulticia o mamandurria?

Las noticias que llegan de Madrid en relación con la privatización del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) son preocupantes pero, aunque he buscado información, en primera instancia no he logrado enterarme bien de lo que estaba sucediendo de forma que he decidido profundizar un poco más y he encontrado esto. Para quien no sepa lo que es el SOJ les dejo, literalmente transcrito, el número 1 del artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG) que fija como uno de los contenidos del derecho de asistencia jurídica gratuita el siguiente:

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.

Es importante señalar que tal servicio viene atribuido por la LAJG a los Colegios de Abogados, en, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley citada:

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición. Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en todo caso, carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes.

Bien, si esto es así de claro, ¿qué ha podido pasar en Madrid?

Déjenme aclararles, antes de entrar en harina, que soy un decidido partidario del llamado «Principio de Hanlon» y que sólo atribuyo a mala fe las acciones ajenas cuando encuentro prueba plena al respecto, considerando en los demás casos que son consecuencia de la burricie, la estolidez, la necedad, la ignorancia o como ustedes prefieran llamarlo. Digo esto porque, como en este asunto están involucrados partidos de uno y otro signo político, no quiero que se vea en ninguna de estas líneas ánimo partidista alguno sino tan sólo lo que he podido llegar a saber o inferir en este asunto.

Bien, sentado lo anterior, pasemos a ver lo que he averiguado sobre este asunto.

Con anterioridad al concurso del que luego hablaremos el SOJ lo prestaba el Colegio de Abogados de Madrid, si bien, merced a un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, el servicio se prestaba no solo en las instalaciones del Colegio sino en determinados centros de servicios sociales. Así se deduce de la información que facilita públicamente el Ayuntamiento de Madrid en el link correspondiente (consultado el 22/08/2019).

Sin embargo, el 1 de marzo de 2019, unas semanas antes de las elecciones, se puso en marcha un concurso cuyo objeto es, cito textualmente:

Orientación jurídica generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y para las personas socias de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid.

Parece, pues, que el Ayuntamiento decidió sacar a concurso una orientación jurídica «generalista» (ojo al adjetivo) que, para cualquiera, se superpondría a la asistencia propia del SOJ reservado en exclusiva a los colegios. Entrar en el debate de si la asistencia «generalista» es distinta del…

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto

…a que hace referencia la LAJG es una discusión estéril. Resulta imposible discriminar qué asistencias «generalistas» se encaminan a evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión de las que no tienen tal finalidad pues, en la vida real, cualquier vulneración de derechos puede o no puede dar lugar a un procedimiento encaminado a reconocerlos o restablecerlos.

¿Qué ha podido ocurrir?

Aplicando el principio de Hanlon quiero pensar que el Ayuntamiento, llevado por la ignorancia, ha considerado que si conveniaba con el Colegio la prestación de servicio, de la misma manera, podía sacarla a concurso. Si no aplicamos el

Principio de Hanlon no cabe otra explicación que la búsqueda de la posible y muy madrileña «mamandurria» pues no de otro modo podría explicarse una interpretación tan innecesariamente torcida de la LAJG.

Ayer se abrieron las plicas y ya sabemos quiénes han acudido a la llamada del concurso

-LABE ABOGADOS

-GMCP SERVICIOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS SLP y

ACCEM,

A salvo de la tercera entidad concursante (una entidad vinculada a la Iglesia Católica) no conozco a los otros dos participantes en este concurso para un contrato de un valor estimado superior al millón de euros.

Debo decir que este tipo de iniciativas se vienen multiplicando en los últimos años y hay muchos ejemplos de ello lo que nos demuestra que, o bien la estulticia es mucha (Principio de Hanlon), o bien hay un deliberado interés en muchos políticos en aplicar al mundo de los servicios jurídicos los mismos principios que a cualquier otro sector de la economía, lo cual es inicuo en esencia: fíjense que en el contrato del Ayuntamiento de Madrid se atiende a todos los ciudadanos, salvo que —fíjense, fíjense— se propongan actuar contra el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, justicia gratis, sí, pero no contra mí que soy quien la paga. ¿Se imaginan que el Estado hiciese lo mismo? ¿Cerrábamos los juzgados de lo Contencioso? ¿Y qué será de aquellos ciudadanos sin recursos que quieran demandar al Ayuntamiento por una caída, una obra que les ha causado daños en sus propiedades, una prestación impagada o una multa injusta?

Las administraciones no entienden nada, los colegios no parecen hacérselo entender y en medio de este desaguisado avanzan las tesis de aquellos que pretenden hacer negocio con el turno de oficio y la justicia gratuita.

Ahora ustedes deciden ¿ignorancia o mamandurria?

Pueden encontrar los detalles del concurso en este link.

No compañero, no todo tiene precio

Este post, aunque no lo parezca, trata de justicia; eso sí, antes de entrar en materia, tendré necesariamente que hablarles del dinero.

El dinero, digámoslo desde el principio, tiene un casi infinito poder corruptor; sobre todo, cuando se utiliza para tratar de pagar cosas con las que nunca se debería comerciar.

Si es usted de los que piensa que todo tiene su precio dígame: ¿Qué valor tiene un máster comprado? ¿Qué prestigio otorga un premio adquirido? ¿Podemos llamar sentencia a una resolución judicial consecuencia de la prevaricación? No, compañero, no todo tiene precio ni todo está a la venta; hay cosas que, si se compran, si se les pone precio, pierden todo su valor.

Aunque a los gángsteres de las películas americanas y a algunos economistas les guste afirmar que todo, incluidas las personas, tiene su precio, la realidad, y usted lo sabe tan bien como yo, es que no: hay muchas cosas que no se pueden comprar y hay muchísimas más cosas que no se deberían comprar ni vender. Sin duda estará usted de acuerdo conmigo en que la libertad no se puede vender salvo que deseemos reintroducir la esclavitud y espero que esté usted de acuerdo conmigo también en que la Justicia es algo con lo que no se debería comerciar.

El ser humano, al que muchos economistas han querido reducir a un puro «homo oeconomicus», es una realidad mucho más compleja que la que ejemplifica un puro ente que actúa siempre para alcanzar el nivel más alto posible de bienestar. Además de la búsqueda de la utilidad, en el ser humano anidan muchos otros impulsos que al parecer desconciertan a muchos economistas: el altruismo, la empatía o incluso el amor, por ejemplo; facetas estas que, si bien no tienen buen encaje en los libros de economía, ocupan en el alma humana regiones mucho más vastas que las que ocupa el puro interés egoísta. O al menos así ha sido hasta ahora.

Como supongo que, a estas alturas, me habré ganado las iras jupiterinas de cualquier economista que me haya estado leyendo, me van a permitir que, para calmarles, cite en este punto a un economista que ha dedicado parte de su vida a enseñarnos que no todo tiene precio y que, aunque vivir en una economía de mercado sea bueno, permitir que esta invada todos los aspectos de nuestra sociedad hasta convertirla en una sociedad de mercado, es una aberración que pone en peligro muchos de los logros de la especie humana; me estoy refiriendo, claro, a Michael J. Sandel, profesor de la Universidad de Harvard y Premio Princesa de Asturias 2018 en Ciencias Sociales.

No, no todos los economistas piensan que la realidad íntegra pueda explicarse desde el utilitarismo y el interés, aunque es verdad que, desde la era Thatcher-Reagan, estas posiciones ideológicas se han adueñado de forma enfermiza de nuestra cultura occidental sin que el fracaso evidente de este modelo en 2008 haya servido para que economistas de conocimientos momificados revisen en profundidad su credo.

A estos economistas, para quienes cualquier problema, ya sea económico, jurídico o teológico, es siempre un problema económico solventable a base de más mercado y libre competencia, les cuesta trabajo entender que, el de los servicios jurídicos, no es un mercado del tipo que ellos creen.

En el mercado de los servicios jurídicos los agentes que intervienen en él están lejos del modelo del homo oeconomicus que entienden los economistas. En el mundo de los servicios jurídicos los agentes —a excepción de los corrompidos por el dinero— no obedecen antes que nada a su interés personal, a su ganancia económica, sino que, antes que nada, sirven a un valor muy distinto de su propio interés o su beneficio económico: la Justicia.

Sí, ya sé que esto no lo entienden los economistas de los bancos o de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; para ellos los abogados no persiguen defender los derechos ajenos antes que los intereses propios, para ellos, si un abogado trabaja, es primero y antes que nada por su interés propio y personal y, eso de la Justicia y el Derecho, son conceptos que se les escapan y que a su juicio son ficciones que sólo salen en las novelas y en las películas. Es por eso que estos «homo oeconomicus» que pueblan la CNMC son incapaces de entender cómo funciona este mercado y, si les dejamos, lo acabarán degradando, lo corromperán, como se degradan los másteres comprados y los premios adquiridos o como se corrompe la justicia a través de una sentencia pagada. No, de verdad, no entienden nada distinto del interés o el utilitarismo y, por lo mismo, no entienden bien al ser humano cuando entran en juego en sus relaciones valores distintos de los puramente económicos. Déjenme que les ponga un ejemplo.

En 1993, en un pueblo de Suiza, poco antes de celebrarse un referéndum respecto a la instalación en el pueblo de un almacén de residuos nucleares, algunos economistas efectuaron una encuesta entre los habitantes del mismo preguntándoles si votarían a favor de que se instalase en su comunidad el depósito de residuos nucleares en caso de que el Parlamento suizo decidiera ubicarlo allí.

Aunque gran parte de los vecinos consideraban la instalación una presencia nada deseable, una ajustada mayoría de ellos (el 51 por ciento) dijo que la aceptarían. Al parecer, su sentido del deber cívico se impuso a su preocupación por los peligros. Prosiguiendo con su experimento, los economistas añadieron un «soborno», un incentivo económico destinado a convencer a un mayor porcentaje de población: suponga que el Parlamento propusiera construir la instalación de residuos radiactivos en su comunidad y ofreciera compensar a cada vecino con una suma anual. ¿Estaría entonces a favor?

El resultado fue el siguiente: la compensación hizo descender, no ascender, el voto afirmativo. El incentivo económico redujo el porcentaje de aceptación a la mitad, del 51 al 25 por ciento. El ofrecimiento de dinero redujo la disposición de la población a aceptar la instalación de residuos nucleares. Y aún más: el incremento de la cantidad inicial no sirvió de nada. Los economistas quedaron sorprendidos pero creo que usted puede encontrar con cierta facilidad una explicación tan razonable como incomprensible para el «homo aeconomicus cnmcensis».

Un ejemplo más, debido también a Michael J. Sandel:

Cada país organiza la donación de sangre de una manera diferente: hay países donde el acto de donar sangre (u otros órganos) es un acto puramente altruista; sin embargo, en otros, se prefiere pagar una determinada cantidad de dinero al donante. La experiencia nos enseña que en este segundo tipo de países el donante medio es una persona pobre o de pocos recursos y que, el hecho de pagar por la sangre, hace descender el número de donaciones altruistas. Estados que tenían establecido un sistema de donación gratuita de sangre y que decidieron introducir la posibilidad del pago, vieron como, inmediatamente, se redujo de forma drástica el número de donantes altruistas y comenzaron a experimentar escasez de sangre.

Estoy seguro que usted entiende por qué, lo que no estoy seguro es si lo entenderán los covachuelistas de la CNMC.

Me permitirán que concluya este post con una experiencia propia: recuerdo que cuando me colegié allá en los años 80 del siglo pasado, nunca llegué a saber cuánto se pagaba por el turno de oficio; simplemente yo ni siquiera justificaba el trabajo; para mí el turno era una especie de deber cívico y —ahora veo que insensatamente— yo lo cumplía como sí de un deber patriótico se tratase. Luego pasó el tiempo.

Luego pasó el tiempo y comprobé que nadie parecía agradecer a los abogados de oficio su esfuerzo salvo en unos cuantos hipócritas discursos a fin de año. Pasó el tiempo y comprobé que a esos abogados que ejercían sus funciones con altruismo cívico se les maltrataba y comprobé que, cuando en 1996 se aprobó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el «impagable trabajo» de los abogados de oficio se tarificó en unas miserables retribuciones que antes ofendían que compensaban.

Saben, cuando 20 años después comprobé que el Consejo General de la Abogacía Española no había presionado en serio ni una sola vez para que se incrementaran esas retribuciones, me ocurrió como a los habitantes del pueblo suizo y a los donantes altruistas de sangre. Ustedes me entienden.

Sé que los covachuelistas de la CNMC no lo entenderán, porque estas cosas no forman parte de esa imagen deformada del ser humano que llaman «homo oeconomicus», porque fuera del interés utilitarista, la oferta, la demanda y el mercado, estos oscuros personajes no parecen capaces de entender nada más, sin embargo, tengo la seguridad de que la abogacía —y en especial la de oficio— les va a hacer a entender este concepto: se llama dignidad, ese impulso que nos lleva a realizar con gusto y de forma altruista tareas que consideramos necesarias o cívicas, pero que es el mismo impulso que nos lleva también a exigir un trato justo y una retribución justa cuando vemos que alguien paga ese altruismo con desprecio y miseria.

Quizá no sea un concepto económico pero les aseguro que es muy real. Avisados quedan.