El secreto profesional de los abogados y el correo electrónico

¿Cree usted que nadie le escucha cuando habla con su abogado o que nadie interviene —legal o ilegalmente— sus comunicaciones con él?

La pregunta no es retórica, sin privacidad en las comunicaciones abogado-cliente el derecho de defensa no existe y, si no existe el derecho de defensa, tampoco existe el estado de derecho.

Ya les he hablado alguna vez de mis más que serias sospechas sobre la privacidad de las comunicaciones en los locutorios de las prisiones, sospechas que me han llevado a plantearme muy seriamente la conveniencia de no recibir información sensible de mis clientes en las comunicaciones realizadas en dichos locutorios porque, digámoslo con franqueza, mi sensación es que los abogados somos escuchados más a menudo de lo necesario y mucho más de lo que la ley permite. Permítanme que les cuente una historia real a propósito de una red llamada «Echelon». Si usted ya lo sabe todo sobre esta red puede saltarse unos cuantos párrafos y seguir en el que comienza con las palabras «Si es usted un ciudadano común…», si no, puede ser interesante que siga leyendo.

«Echelon» es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia. Controlada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Echelon puede capturar comunicaciones por radio y satélite, llamadas de teléfono, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo e incluye análisis automático y clasificación de las interceptaciones. Se estima que esta red intercepta más de tres mil millones de comunicaciones cada día.

Se sospecha que esta red no sólo es utilizada para encontrar pistas sobre tramas terroristas, planes del narcotráfico e inteligencia política y diplomática; sino que está casi plenamente confirmado que es utilizada también para el espionaje económico de cualquier nación y la invasión de privacidad en gran escala.

No, no les estoy hablando de ninguna teoría de la conspiración ni de terraplanismo, ustedes mismos pueden comprobar que en 2001, el Parlamento Europeo en Acta del 5 de septiembre, emitió un informe en el que se expresa que:

considerando que no hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial

constató la existencia de un sistema de interceptación mundial de las comunicaciones, resultado de una cooperación entre los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda siendo

la finalidad del sistema es la interceptación, como mínimo, de comunicaciones privadas y comerciales, y no militares.

Así pues, si creen que les estoy hablando de una red conspiranóica, abandonen la idea: la existencia y uso de Echelon ha sido constatada por el Parlamento de la Unión Europea.

Incluso parece que España ha tenido que ver con esta red, en especial durante el gobierno de José María Aznar, cuando nuestras inmejorables relaciones con los Estados Unidos de George Bush y el Reino Unido de Tony Blair condujeron a nuestro país a involucrarse en la guerra de Afghanistán. Medios extranjeros como «The Guardian» aseguraron que los Estados Unidos habían ofrecido al Gobierno de Aznar ayuda en su lucha contra ETA en forma de espionaje electrónico. Ciertamente resulta difícil conocer los detalles de estas operaciones reservadas pero, si hemos de juzgarlas a la luz de los resultados en la lucha contra ETA en aquellos años, o la ayuda existió ciertamente o la eficacia de nuestros cuerpos y fuerzas de orden público mejoró súbitamente.

Y créanme que les estoy hablando de una sola red en un mundo donde hay muchas más, supongo que todos podrían añadir a Echelon redes que han sido noticia mucho más recientemente. Las redes y sistemas de intercepción son tantos que, a veces, hasta algún conocido juez ha sufrido llamativas confusiones entre ellas, no distinguiendo SITEL de Marathon y Marathon Evolution, sistemas cuyo funcionamiento presenta aspectos muy preocupantes para el secreto profesional de los abogados.

Si es usted un ciudadano común sospecho que está suficientemente avisado respecto de las infinitas capacidades de monitorizar sus comunicaciones que tienen los gobiernos; si es usted abogado simplemente piense en cuantos atestados comienzan o contienen frases como la siguiente: «Por confidencias recibidas se tuvo conocimiento de que en la noche del día tal podría suceder tal cosa en tal sitio, por lo que se procedió a montar el correspondiente operativo policial».

Sí, muy a menudo la policía sabe cosas que prefiere no explicar cómo las sabe; confidentes, soplos… ya se sabe, pero ¿de verdad creen ustedes que no hay detrás de estos inexplicados conocimientos operaciones de inteligencia tecnológica en algún caso?

Digámoslo claro: no hay comunicaciones teóricamente más sustanciosas para la policía que las que tiene una persona con su abogado. Los ciudadanos involucrados en una investigación penal cuentan a su abogado todos los detalles del asunto y, en el siglo XXI, no sólo lo hacen de viva voz sino por correo electrónico, por teléfono o incluso a través de los intercomunicadores de los locutorios de las prisiones.

Formularé otra pregunta nada retórica: ¿están ustedes absolutamente seguros de que nadie les escucha?

Si su respuesta es «no estoy seguro» el secreto profesional de los abogados ya no existe porque, tal secreto, no se limita a que no se monitoricen las comunicaciones sino que implica necesariamente que tanto abogado como cliente comuniquen en un ambiente tal que puedan tener la absoluta seguridad de que nadie les está escuchando. Esa tranquilidad es la que permite una comunicación cliente-abogado ajustada a los derechos fundamentales que proclaman nuestras declaraciones de derechos.

No limiten su visión a España, piensen en lugares y países de los cinco continentes donde la inseguridad de las comunicaciones cliente-abogado hacen de estas conversaciones una tan ilícita como eficaz fuente de información para los gobiernos. Un mundo libre y respetuoso con los derechos de las personas exige que estas puedan comunicar sin ser espiados con sus abogados y es por eso que, cuando comunico con mis clientes, trato de cuidar de que mi comunicación con ellos no acabe siendo una fuente de información para alguien que quisiera espiar tal conversación.

Hoy he visto que se ha producido una buena dosis de confusión y alarma en el correo que el Consejo General de la Abogacía Española decidió contratar a un precio astronómico hace unos años y he recordado a quienes tomaron una decisión de contratación que, en mi sentir, perjudicó notoriamente a los abogados y abogadas de España.

Si todo aquel dinero que se dedicó a alquilarle un servicio estándar de correo a una empresa norteamericana (Microsoft) se hubiese dedicado a establecer un sistema de correo electrónico seguro para los abogados españoles se habría creado un espacio seguro y de libertad que garantizaría el secreto profesional a que los ciudadanos tienen derecho. Un sistema encargado a un tercero no tiene más fiabilidad que la fiabilidad que uno conceda al tercero (una empresa estadounidense) de que no cederá ni permitirá observar nuestras comunicaciones profesionales a nadie. Un sistema en el que las herramientas de cifrado son de un tercero y es este tercero el encargado de cifrar los mensajes, no ofrece más seguridad que la confianza que queramos depositar en las empresas que cifran o suministran los sistemas criptográficos. Ustedes mismos pueden juzgar si el correo que ha arrendado el Consejo General de la Abogacía Española, es susceptible de construir ese espacio donde cliente y abogado pueden estar absolutamente seguros de que no son escuchados. Gobiernos como el holandés no hace mucho manifestaban sus reticencias respecto al correo del gigante norteamericano pero, en todo caso, permítanme recordar que Microsoft y sus programas son los campeones del software propietario, algo que puede ofrecer de todo menos seguridad en lo que hacen programas que, por definición, no son auditables en su funcionamiento. Si quieren saber por qué el software libre es imprescindible cuando de asuntos públicos se trata pueden entretenerse un rato leyendo a propósito de el «Caso Toyota Camri».

En fin, que el lío que se ha montado estos días alrededor del carísimo correo de la abogacía me ha llevado a recordar una gran oportunidad perdida ya para siempre y a reflexionar sobre la necesidad de que los abogados seamos conscientes de los riesgos que acechan a nuestras comunicaciones con nuestros clientes y sepamos que la mejor defensa del secreto profesional en estos momentos no son leyes ni reglamentos, sino tratar de dotarnos de las herramientas tecnológicas adecuadas.

Tengan cuidado ahí afuera.

Mediación

Hoy es el día internacional de la mediación y la Asociación de Mediadores de la Región de Murcia me ha pedido que intervenga en el acto conmemorativo que se celebrará esta tarde a las 18:00 en los salones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, de forma que, esta mañana, ando pensando lo que les contaré. Suelo improvisar mis intervenciones pero, para hacerlo, antes debo acopiar una buena colección de ideas que luego usaré o no, discrecionalmente, porque, como dicen que dijo Mark Twain: lleva varias semanas preparar un buen discurso improvisado.

Dándole algunas vueltas al asunto me ha venido a la cabeza esta mañana que hace unos 4.300 años que las leyes regulan la vida de las personas (si tomamos como fecha inicial la del gobierno de Urukagina de Lagash en Sumeria) pero que esos 4.300 años no representan más que un pequeñísimo fragmento (apenas el 1,4%) de los 300.000 años de historia de la especie humana1, una historia exitosa de convivencia, cooperación, vida en común y trabajo en equipo. Homo sapiens —el zoon politikon de Aristóteles— si es algo, es, antes que nada, un animal social que comparte y coopera y, quizá hoy, en el día mundial de la mediación, debiéramos preguntarnos cómo este animal político ha conseguido resolver sus conflictos durante esos 300.000 años de historia en que vivió sin leyes ni jueces.

Conviene que descartemos en primer lugar la violencia pura y simple como método de resolución de conflictos —no infravaloren a nuestra especie— pues la violencia, tendremos ocasión de verlo, no es el sistema que emplea la naturaleza para promover la cooperación. De hecho, la especie humana, tiene una curiosa aversión a los machos alfa: a diferencia de otras especie de simios la especie humana ha desterrado de su ADN la predisposición a tal jerarquía social, no hay «machos alfa» en la espacie humana, a sapiens nunca le han gustado los abusones y sus conflictos siempre ha procurado resolverlos por medios distintos de la violencia.

En segundo lugar, en esta larga biografía de 300.000 años debemos descartar también a la administración de justicia como el método de resolución de conflictos usado por sapiens. No fue sino hasta la revolución neolítica, con la aparición de la agricultura, que aparecieron también las primeras civilizaciones y, con ellas, las organizaciones sociales necesarias para instaurar un sistema de leyes que regularan la vida de las personas junto con un cuerpo de jueces que distinguiesen lo justo de lo injusto.

¿Cómo resolvió sapiens sus conflictos durante esos 296.000 años que vivió sin jueces? ¿Resolvía sus conflictos peor que ahora o la armonía en que vivían tribus y clanes era de una calidad similar a la de la sociedad actual? ¿Qué herramientas, mecanismos o sistemas, ha usado sapiens estos 296.000 años para conseguir armonía y eficacia cooperativa en sus grupos?

Todas esas preguntas, que deberían ser objeto de estudio si existiesen unos verdaderos estudios sobre «Derecho Natural» en España, han tratado de ser respondidas desde las más diversas ramas de la ciencia; desde la antropología, a la biología pero, si algunas ciencias han rendido especiales servicios a esta investigación, estas son, en mi sentir, las matemáticas —singularmente la teoría de juegos— junto con las ciencias que estudian los procesos evolutivos.

Llama mi atención que, mientras que en el resto del mundo se hace un esfuerzo importantísimo para conocer los fundamentos biológicos o evolutivos de lo que llamamos «justicia», en España sigamos repitiendo la misma cancamusa de siempre.

Para entender la justicia prefiero unas líneas de Robert Axelrod o Frans de Waal que sesudos volúmenes de los filósofos de siempre —espero que se me disculpe esta afirmación «performática»— y, por lo mismo, prefiero aproximarme a la justicia y a la resolución de conflictos usando del método científico antes que de la especulación.

Hemos dicho que la historia de convivencia y cooperación de sapiens se ciñe a los últimos trescientos mil años; pero no podemos olvidar que sapiens no es más que una especie del género homo, un género también caracterizado por la vida en sociedad y la cooperación (piensen si no en homo neanderthalensis y en su humana forma de vida) que remonta nuestro pasado hasta más allá de dos millones y medio de años hacia el pasado; dos millones y medio de años en los que homo vivió en sociedad y usó de mecanismos de resolución de conflictos que, siendo exitosos tal y como la propia historia acredita, no parecen atraer a día de hoy la atención de los científicos patrios.

En realidad, tanto sapiens como homo, no son más que una especie y un género de la gran familia de los hominidos, una ingente colección de formas vivientes todas ellas expertas en la cooperación y en la solución de conflictos grupales. Es sobre los hombros de todos estos antepasados sobre los que se levanta nuestra justicia y nuestros métodos, no tan alternativos, de resolución de conflictos y entre ellos, singularmente, la mediación.

No debo extenderme más en este punto ni creo que sea preciso insistir sobre la particular forma de ceguera que se deriva de considerar a la administración de justicia como la única herramienta válida para solucionar los conflictos humanos, pero no debo dejar de advertir sobre la particular sordera que muestran, sobre todo los poderes públicos, cuando se niegan a dotar de medios a la forma más moderna, refinada y eficaz que sapiens ha descubierto para resolver sus problemas: la administración de justicia.

Viendo el proyecto de presupuestos generales de este año observo cómo la Justicia sigue padeciendo de una absoluta falta de medios y de dotaciones presupuestarias mientras se trata de presentar a la mediación a guisa de cimbel como la solución a estas carencias. Por otro lado, observamos cómo la mediación tampoco cuenta con dotaciones presupuestarias y se la usa, más como un expediente útil para no destinar medios a justicia que con una sincera confianza de los poderes públicos en sus posibilidades.

La política presupuestaria del gobierno parece que nos quiera llevar de las «diligencias para mejor proveer» de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil a una «mediación para mejor dilatar» que disimule la lentitud y falta de medios en que vive y trabaja la Administración de Justicia Española; política presupuestaria esta que aniquila no sólo las capacidades de nuestra Justicia, sino que hace saltar por los aires cualquier esperanza de que la mediación pueda instaurarse como una herramienta útil en la resolución de conflictos.

Estas ideas rondan mi cabeza esta mañana, esta tarde ya veremos qué cuento a los mediadores, aunque sé que algunas de estas ideas estarán en mi intervención junto con otras sobre las que he escrito antes y los apuntes de algunas otras más sobre las que siento que debo investigar más. La forma en la que los seres humanos y los animales sociales resuelven los conflictos que nacen de la cooperación es un campo extremadamente fértil en el que, por desgracia, en España no parecemos estar interesados en sembrar y, mientras esto sea así, no hace falta ser profeta para saber lo que se cosechará: nada.


  1. Los restos más antiguos de Homo sapiens se encuentran en Marruecos, con 315 000 años. Las evidencias más antiguas de comportamiento moderno son las de Pinnacle Point (Sudáfrica), con 165 000 años. Nuestra especie homo sapiens pertenece al género homo, que fue más diversificado y, durante el último millón y medio de años, incluía otras especies ya extintas. Desde la extinción del homo neanderthalensis, hace 28 000 años, y del homo floresiensis hace 12 000 años (debatible), el homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. ↩︎

Democracia vs. Derechos

Democracia y derechos humanos parecen estar librando en estas primeras décadas del siglo XXI una sorda contienda en todo el mundo desarrollado.

Las democracias occidentales, vencedoras indiscutibles en la lucha librada contra fascismos y comunismos en el siglo XX, se convulsionan ahora por la lucha interna de sus dos elementos caracterizadores: la voluntad popular y los derechos humanos.

Si consustancial es al sistema democrático el concepto de soberanía popular igualmente consustancial a él es el respeto a una serie de derechos y libertades fundamentales del indivíduo reconocidos en tratados internacionales y constituciones. Sin embargo, estos dos elementos consustanciales a los sistemas democráticos, no parecen poder convivir sin fricciones y sobre estas fricciones están apareciendo movimientos políticos, de extrema izquierda o de extrema derecha en la terminología habitual, que pueden poner en peligro el propio sistema democrático.

Quizá las crisis migratorias que se producen en todo el mundo entre países pobres y ricos o las reacciones legislativas o políticas de los países ricos ante los atentados terroristas u otras caracterizadas formas de delito ilustren perfectamente esto que digo.

La crisis económica ha despertado en los últimos años sentimientos contrarios a la presencia de inmigrantes entre determinadas clases sociales; se cuestionan los derechos de los extranjeros, la conveniencia de su admisión o incluso la posibilidad de su expulsión. La escasez de recursos entre los nacidos en un determinado territorio estimula en ellos el deseo de expulsar del mismo a quienes no han nacido en él, hayan llegado al mismo estos últimos de manera regular o no. Líderes populistas cabalgan la ola de ese deseo y encuentran en él un importante caladero de votos.

Delitos que aparecen como particularmente odiosos a los ojos de la población, en particular los relacionados con la libertad sexual o con los menores, reclaman para su más sencilla persecución o prevención medidas que, en muchos casos, suponen una restricción de los derechos individuales de todos, restricciones que muchos están dispuestos a tolerar pues creen sinceramente que sólo se usarán en casos que a ellos no les atañen y que, por lo tanto, son a menudo demandados de forma enérgica por capas importantes de la población. También en estos casos aparecen pronto líderes políticos dispuestos a cabalgar la ola.

Del mismo modo que en los casos anteriores —dejo que cada uno de ustedes busque el ejemplo— aparecen grupos que expresan su viva indignación frente a principios como el de la presunción de inocencia en determinados casos, al de libertad de información en determinados otros o al secreto profesional en otros muchos. La lista es larga pero la tensión existente entre la voluntad popular —promovida por líderes ávidos de votos— y los derechos y libertades individuales es una constante en la vida política de las naciones llamadas desarrolladas y la curiosa caracterización de los líderes electos en algunas de ellas no puede ser más ilustrativa de esto que digo.

El papel de la abogacía en este punto, en cuanto que defensora de los derechos individuales, es absolutamente capital y no es infrecuente que abogados y abogadas se encuentren sólos e icomprendidos peleando una batalla, a veces sin esperanza, entre el derecho de uno frente a la voluntad de casi todos. Pero eso es lo que hace grande a esta profesión, que es sobre ella sobre la que recae el deber de defender los derechos individuales y que es en ella donde hallan su último reducto las esperanzas de todos; que su pelea en muchos casos incomprendida es la que, en muy buena medida, hace posible que muchas democracias sigan mereciendo tal nombre.

Viviremos muchos más episodios de esta guerra y es bueno saber que, con frecuencia, no estaremos del lado de la mayoría, conviene estar preparados.

Coraje extremeño, orgullo de oficio

Déjenme que les ponga en situación: en la sede del colegio de abogados de Badajoz se celebraba uno más de esos «actos institucionales» habituales; se trataba de un reconocimiento a la policía en el que participaban el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la vicepresidenta del Gobierno de España Carmen Calvo y la Delegada del Gobierno entre otros muchos.

A esas alturas de la fiesta los abogados de oficio extremeños iban ya para casi cuatro meses sin cobrar y todo por una disputa entre el Ministerio de Justicia que se negaba a pagar 8.000.000€ a los abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, a cuenta de que éste último no justificaba la ídem de 590.000€ de nada que había recibido al parecer sin cumplir los procedimientos precisos.

Como el horno no estaba para canapés ni brindis, unos cuantos abogados y abogadas pacenses agarraron su pancarta y —aprovechando la presencia de autoridades— se fueron para el colegio; no porque estuviesen invitados a los actos protocolarios, sino para explicarles en directo a las autoridades que, en Badajoz, la tropa no cobra desde Agosto y que acudir a las fiestas está bien pero que está mucho mejor cuando antes has pagado lo que debes a quien te invita.

Trataron de acercarse con su pancarta al colegio —su colegio— pero la policía, que no estaba allí para reflexionar, les impidió acercarse a la sede, así que los manifestantes recurrieron a lo único sensato que les quedaba: gritar.

La prensa se hizo eco y acudió a donde estaban los manifestantes, la TV también e incluso las autoridades, que, en cuanto se coscaron del jaleíllo, acabaron acercándose a los/las manifestantes quienes aprovecharon la ocasión para entregarles un manifiesto con toda la lista de agravios a reparar.

Hace poco más de un mes sucedió algo muy parecido en Castellón, abogadas rápidas de reflejos aprovecharon la presencia del Presidente del Gobierno para improvisar una manifestación y hacerse oír. La imagen de varios musculosos policías vigilando que unas pocas abogadas no rebasasen una imaginaria «línea de seguridad» ilustró magníficamente ese día y cuan peligrosa le resulta a los que mandan la razón en marcha.

Este mes la huelga de los abogados y abogadas de Toledo, Ocaña, Orgaz, Illescas, Quintanar y Torrijos, forzó al ministerio y al CGAE a enzarzarse en una guerra de comunicados sobre quién era el responsable del impago a los abogados de oficio, promovió que CGAE devolviese 590.000€ al Ministerio y que este se quedase sin excusa para abonar los 8.000.000€ que aún adeuda.

Son acciones como estas las que han solucionado un impago crónico todos estos meses. Ahora, con los 590.000€ pagados por el CGaE y el acuerdo del Ministerio de pagar habrá quien pretenda sacar pecho, que no te engañen: el pago ya está librado y si vamos a poder cobrar y enterarnos de todo lo que pasa (lo de los 8.000.000 los 570.000€ de la Gurtel y los 590.000€ sin justificar y devueltos/consignados) es porque acciones como la de los compañeros de Toledo han forzado a dar explicaciones a los responsables ante el temor de que la huelga fuese a más.

Por eso, ayer, cuando testigos presenciales me contaban cómo en Badajoz la policía impedía el acceso de los abogados de oficio al colegio (su colegio) y estos coreaban, señalando al edificio, «Esa es nuestra casa» se me ponían los pelos de punta y sentía que con hombres y mujeres así se puede conseguir casi cualquier cosa que uno se proponga.

Mientras la fiesta se celebraba dentro, fuera del colegio (su colegio) habitaban el coraje y el orgullo.

El coraje extremeño y el orgullo de oficio.

Gracias compañeros, viva Extremadura.

Tiñalpas

Los bancos llaman en busca de ayuda a todos los poderes del estado desde que se conoció la sentencia de la Sala 3ª declarando que el obligado al pago del impuesto era el banco.

Afirman que devolver lo abusivamente cobrado en los últimos quince años causaría graves daños al sistema financiero (traducido: les costaría una pasta a ellos) y que muchas entidades habrían de cerrar.

Lloro de pena.

Verdaderamente apena que cualquiera de estas entidades haya de ser absorbida por algún otro pez más grande porque no puede devolver lo afanado. Que ellas hayan dejado a familias en la calle y a personas sin más futuro que trabajar para ellos hasta la muerte nunca les ha motivado para levantar ni un sólo teléfono.

Ahora llaman a los ministros para contarles lo fatal que lo pasaría «la economía» si ellos se ven obligados a devolver lo esquilmado. A lo que se ve «la economía» de todos es solo la suya y, la de los ciudadanos que la han visto antes depredada precisamente por quienes se quejan, no son más que las granjerías de unos tiñalpas.

Los tiñalpas no debiéramos dejar que ahora el gobierno vuelva a despacharse con decretitos ralentizadores, ni debiéramos tolerar esas voces que inmediatamente pedirán «mediaciones» y «arbitrajes» so capa de un buenrollismo tonto de baba.

Los bancos han convertido durante años a la administración de justicia en su oficina de cobro, de ejecución, de subasta, de desahucios… todos los españoles hemos pagado la cuerda con que los bancos nos han ahorcado llamándola administración de justicia. Ahora, los bancos, no quieren permitir que su «oficina de recobros» haga honor a su nombre de Administración de Justicia y les diga lo que han de hacer y por eso piden ayuda al gobierno.

En los próximos días vamos a saber quién es quién en este país y de qué lado está cada uno. Van a ser semanas interesantes. O irritantes.

SOS Justicia

Desde Europa el informe Greco sobre la corrupción ha reiterado que el poder judicial español no ofrece las necesarias garantías de independencia.

Mientras los jueces de infantería defienden en general a los administrados, sus resoluciones son revocadas en nuestros más altos tribunales. Las cuestiones prejudiciales son la vía a través de la cual nuestros jueces y tribunales se saltan al Tribunal Supremo, acuden a instancias europeas y tuercen una voluntad que, sistemáticamente, ha sido menos pro-consumidor que la de los tribunales europeos.

En España la justicia viene de Europa y esa percepción es una realidad cada vez más generalizada. Pareciera que no se puede esperar nada bueno de los más altos tribunales españoles.

Mientras, los bancos siguen financiando a los partidos políticos de los que forman parte los políticos que, en esta legislatura y en las anteriores, se reparten los cargos del Consejo General del Poder Judicial que, a su vez, nombrará a los más altos cargos del Tribunal Supremo o a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo. Estos son quienes habrán de juzgarles a ellos —aforados— y ellos no van a dejar que les juzgue un vulgar juez de lo Penal como a cualquier tiñalpa ibérico. A toda esta cancamusa le llaman nuestros muy honorables políticos «democratizar» la justicia. Pápate esa.

Mientras desoyen a Europa y se reparten el pastel, quienes se quedan con la mejor parte gritan que tenemos un independentísimo poder judicial y a quien lo discuta le tildarán de antipatriota o antidemócrata (lo que primero se les ocurra).

No les crean: ellos son los antipatriotas, ellos son los antidemócratas, ellos son los que deliberadamente nos han dejado sin justicia, ellos son los que prefieren poner a España en riesgo de estallar en mil pedazos o morir de inanición antes que dejar de repartirse pasteles; ellos son los que de forma activa carcomen nuestra justicia y ellos son quienes pueden acabar demoliendo el mejor proyecto de vida en común que ha tenido este país en los últimos 500 años.

Nada les importa ni nada les preocupa salvo su propio interés.

Esto ya no da más de sí y o les arrojamos por la borda o nos iremos a pique con ellos y que se salve el que pueda.

La cabaña (de oficio) del Tío Tom

Gracias al Tribunal Constitucional, desde hoy sabemos que hay un tipo de personas en España que, además de contribuir al sostenimiento de la nación con sus impuestos, están obligados a pagar un impuesto en especie en forma de trabajo forzado: los abogados y abogadas.

Dado que el Ministerio de Hacienda considera sistemáticamente a los abogados «una profesión más» no hace muchos meses decidió gravar la limosna que daban a los abogados de oficio con un 21% de IVA. Para corregir tal barbaridad Ministerio de Justicia y Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) idearon una solución consistente en declarar manifiestamente obligatorio (antes lo era de forma menos evidente) la asistencia jurídica gratuita. Gracias a esta solución ya no se pagaría el 21% de IVA pero se convertiría a la abogacía en la única profesión sometida a trabajos forzados en la España del siglo XXI. Una «genialidad», vamos.

Inmediatamente 50 diputados recurrieron ante el Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que declaraban obligatoria —forzada— la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados; ayer, el Tribunal Constitucional, dictó sentencia: la ley no es inconstitucional, nada obsta a que el estado obligue a los abogados a trabajar forzadamente en tareas que el estado pagará cuando quiera, como quiera y al precio que unilateralmente el propio gobierno decida.

Para entender cómo el Tribunal Constitucional ha podido esquivar la clara dicción del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es preciso leerse detenidamente la sentencia y aún así no creo que nadie la entienda.

Recordemos lo que dice el citado artículo 4 en sus puntos 2 y 3:

2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

3. No se considera como „trabajo forzado u obligatorio“ en el sentido del presente artículo:

a) todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional ;

b) todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio;

c) todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad;

d) todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Básicamente el Tribunal Constitucional, apoyándose en lo que él llama «carácter retórico» de algunas alegaciones y en lo que también considera imprecisiones jurídicas o faltas de técnica evita entrar en el meollo del asunto y se despacha rechazando el recurso interpuesto y dejando incólume esta ley que obliga a trabajar forzadamente a unos profesionales lo quieran o no y al precio que decidan sus patrones.

Nada se habla ni en la sentencia ni en la ley de derecho alguno a negociar las retribuciones, no hay en la ley nada parecido a la negociación colectiva ni a la interlocución con los trabajadores forzados y, mientras tanto, el ministerio de justicia retrasa meses sus pagos, no actualiza sus indemnizaciones desde 1996 y, con esto, da a las CCAA transferidas la mejor coartada para mantener a sus abogados de oficio con retribuciones miserables (el TC pasa por encima de este «espinoso» tema de las retribuciones afirmando que nadie le ha llevado los baremos) con el simple argumento de recordarles que los esclavos del territorio común cobran menos.

¿Quién es el culpable de esta situación? Es triste decirlo pero, probablemente, uno de los principales responsables sea la propia abogacía.

A la hora de examinar esta curiosa neoforma de trabajos forzados —de esclavitud— no puedo evitar acordarme de la clásica novela de Harriet B. Stowe «La cabaña del Tío Tom». Esta novela narra dos historias paralelas: la del negro de la casa y la del negro del campo. El primero, el tío Tom, complaciente y obediente, sin poder imaginar un futuro fuera de la plantación; el segundo, dispuesto a todo para lograr su libertad y la de su familia.

Tú no puedes decidir si vas a ser un trabajador forzado o no (eso ya lo ha decidido por ti el Congreso y el Tribunal Constitucional) pero sí puedes decidir si vas a ser el esclavo complaciente, si vas a ser un consejo aplaudidor y sumiso, o si vas a ser una persona capaz de defender tus derechos, los de tu familia, tus hijos y hasta los del conjunto de la sociedad.

La elección es tuya.