La cuarta pregunta

Para quienes no hayan vivido los trabajos del foro antes del año 2001 aquel mundo les resultará incomprensible y su jerga delirante.

Por ejemplo, al interrogatorio de las partes en los procesos civiles se le llamaba «confesión» y, a cada una de las preguntas que formaban parte de aquel interrogatorio, se le llamaba «posición». Todas las preguntas se escribían, antes de formularse, en un papel que, con implacable lógica, recibía el nombre de «pliego de posiciones».

Hasta aquí normal, aunque, para cualquier profano, la expresión «pliego de posiciones» más parecía referirse a un extracto del Kamasutra que a un interrogatorio judicial, pero, «estese y quede» (como también solía decirse), porque lo mejor venía después.

Venía después porque, a las respuestas que daba el interrogado a las preguntas («posiciones»), se les llamaban «deposiciones» y, al acto de contestar las «posiciones» ante la «judicial presencia» (hiperbaton este muy del gusto de los «operadores jurídicos), se le llamaba, lisa y llanamente, «deponer». La implacable lógica forense, al analizar las respuestas de los interrogados, para completar la fiesta literaria, solía incluir en sus escritos elegantes fórmulas del tipo: «la parte, al evacuar las posiciones…»; cláusulas que son auténticos logros de la literatura española y que habrían sido envidiadas por autores como Quevedo o Lope de Vega.

Los juzgados del orden civil, pues, durante los siglos XIX y XX se llenaron de personas que, a presencia judicial, deponían cuanto les venía en gana y —lo más curioso— es que sus deposiciones eran minuciosamente recogidas en folios y folios que quedaban así emborronados para su posterior análisis por la historia. Si quieren verlas aún pueden hacerlo: en algún archivo estarán todavía cuidadosamente almacenadas todas aquellas deposiciones de nuestros mayores.

No creo necesario decirles que, antes de deponer, se tomaba juramento al deponente —supongo que lo dan por supuesto— lo que sí les diré es que había dos formas de juramento: el indecisorio y el decisorio. El primero era como el de hoy en día: se asumía que el interrogado declararía a su favor pese al juramento prestado, el segundo, el decisorio, era un recurso muy cinematográfico de nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Civil: la deposición evacuada por la parte tenía valor de prueba plena. Bajo juramento decisorio pueden ustedes imaginar que el interrogado deponía muy a gusto y, por lo mismo, ningún abogado solicitaba tal tipo de juramento.

Si todo esto les parece arcaico y delirante, desde ya les advierto que no está del todo desaparecido: nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal es prácticamente de la misma quinta que la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de que les hablo, pues fue aprobada en 1882 y aún está vigente, de forma que, modos y expresiones de 1882, aún pueblan nuestros juzgados y tribunales. Permítanme que les hable hoy de «las generales de la ley».

La gente del foro llama «las generales de la ley» a aquellas preguntas que se han de realizar forzosamente a los comparecientes a un determinado acto judicial. Así, por ejemplo, cuando un testigo es llamado a declarar, el artículo 436 indica:

El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión, si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si ha estado procesado y la pena que se le impuso.

Hechas estas preguntas al testigo, si el mismo manifiesta no tener interés alguno en el resultado del pleito ni conocer a las partes, el secretario o funcionario suele escribir pomposamente en el acta: «A las generales de la ley: que no le comprenden», expresión esta que ha dado lugar a muy edificantes escenas forenses, como aquella en que un juez —creo que recordar que maño— tras informar e interrogar exhaustivamente a un testigo sobre si tenía o no interés en el resultado de un pleito que enfrentaba a sus vecinos, recibió del testigo la siguiente respuesta:

«Por mí como si les dan por culo.»

El dictado del juez al funcionario fue inmediato:

«A las generales de la ley: que no le comprenden» (y multó al testigo acto seguido).

Los procesados también tenían —y tienen— sus «generales» y estas vienen recogidas en el artículo 388 que ordena:

En la primera declaración será preguntado el procesado por su nombre, apellidos paterno y materno, apodo, si lo tuviere, edad, naturaleza, vecindad, estado, profesión, arte, oficio o modo de vivir, si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por qué delito, ante qué Juez o Tribunal, qué pena se le impuso, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo por que se le ha procesado.

El caso es que estas «generales» incorporan un pregunta delicada: «oficio o modo de vivir», cuestión esta que solía efectuarse en cuarto lugar tras la identificación del procesado, su edad y naturaleza. Si el hombre no tenía forma de ganarse la vida era evidente que una de las generales sí le comprendía, concretamente «estaba a la cuarta pregunta».

Hace unos días, en comisaría, departiendo con una amable funcionaria, mientras examinábamos unos atestados volví a fijarme en la insidiosa «cuarta pregunta» y acudieron de nuevo a mí mente todas estas palabras delirantes de la jerga forense que poblaron mis primeros lustros de ejercicio profesional y de ahí este post.

Nos hacemos viejos, compañero.

Responsables irresponsables

Cuando acabe 2018 el IPC habrá subido casi un 60% desde 1996. Cuando acabe 2018, con suerte, los abogados de oficio que cobran del ministerio de justicia verán cómo sus retribuciones de 1996 tan sólo habrán subido un 30%.

La realidad, cuando acabe 2018, será que los abogados de oficio, en términos de poder adquisitivo, cobrarán un 30% menos de lo que cobraban en 1996, un suceso sin parangón en la historia de nuestra democracia.

Sin embargo, ya lo verán ustedes, el 12 de julio, día de la justicia gratuita, harán acto de presencia personajes que dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que esa —«subida» la llamarán— del 30%, que aún está por llegar, se debe, de forma más o menos directa a su «gestión».

Son esos personajes, obsérvalos bien lector, los mismos personajes que, año tras año los últimos 22 años han contemplado impasibles cómo no se subía el IPC anualmente a los abogados de oficio; son los mismos que jamás reclamarán su cuota de responsabilidad por no haber movido un dedo ni levantado una ceja ante lo que estaba pasando; son los que nunca dejarán entrever, sugerirán o provocarán que alguien sugiera, que son ellos —precisamente ellos— y no otros los que con su pasividad han dado lugar a que nos encontremos en la situación que nos encontramos los abogados de oficio de la zona ministerio: cobrando menos dinero que en 1996.

Esos personajes que tratarán de alargar el cuello el 12 de julio, son los que se ocultan en su cueva cuando alguien trata de buscar a los responsables de la vergüenza que hemos vivido los últimos 22 años. Son esa curiosa costra que, adherida a la abogacía de verdad, trata de darse importancia porque no tienen capacidad real para ser importantes. Son la excrecencia muerta que ha dejado la gloria perdida de una profesión; una gloria perdida, en muy buena parte, precisamente por su demencial gestión.

Escúchales con atención, el 12 de julio va a ser un magnífico día para saber quien defiende a la abogacía y quien, tan sólo, se defiende a sí mismo y a los suyos.

Informática judicial: quién debe decidir

A la hora de diseñar un sistema informático la primera cuestión que habríamos de plantearnos es la de quién es el responsable de la información que se va a tratar y quién debe, por tanto, decidir cómo se trata; cuestión esta que, aunque de perogrullo, no parece haber sido tenida en cuenta por quienes han diseñado el actual caos informático de la administración de justicia española. Tal olvido no puede seguir produciéndose en el futuro si queremos tener una justicia informatizada racionalmente y sería bueno que los responsables políticos nacionales y autonómicos comenzasen a hacerse a la idea de que un cambio de paradigma en cuanto a la titularidad de los datos tratados y a la dirección del tratamiento de los mismos es imprescindible.

Conviene recordar en este punto que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo un nuevo capítulo (el “I BIS”) con el título de “Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia”.

A los efectos de este artículo resulta de capital importancia la distinción que efectua el artículo 236 ter. LOPJ, producto de la modificación legal antes mencionada, entre los datos tratados con fines jurisdiccionales (en adelante simplemente “datos jurisdiccionales”) y los datos tratados con fines no jurisdiccionales (en adelante, simplemente, “datos no jurisdiccionales”). Conforme a dicho precepto, los datos que se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan los juzgados o tribunales se considerarán “datos jurisdiccionales” y, conforme al artículo 236.1 sexies LOPJ, será responsable de los mismos el órgano jurisdiccional u oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero.

Parece evidente que la referencia a la “oficina judicial” resulta claramente inapropiada cuando hablamos de datos jurisdiccionales, pues el titular de los mismos no es ni debe ser ningún órgano del poder ejecutivo tal y como queda de manifiesto cuando el artículo 236.1 nonies declara: “1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.”

La mención a la oficina es inapropiada también si la consideramos teniendo en mente la regulación que efectua el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, pues, conforme al artículo 55.3 y al considerando 20 de este Reglamento (de aplicación directa en España a partir del 25 de mayo próximo):

Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales (…) A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial. El control de esas operaciones de tratamiento de datos ha de poder encomendarse a organismos específicos establecidos dentro del sistema judicial del Estado miembro…

Como vemos, a los efectos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el responsable de los datos incorporados a los procedimientos judiciales no es ni puede ser en modo alguno el poder ejecutivo.

Y si esto es así, como lo es, cada vez resulta menos admisible que sean los poderes ejecutivos estatal o autonómicos quienes se encarguen del tratamiento de los datos jurisdiccionales y no sean los órganos correspondientes del poder judicial quienes tomen el control del mismo.

Muchas voces ya han denunciado cuán contraria al sentido común es la situación actual e incluso se ha advertido del riesgo tremendo que supone que los archivos judiciales estén en manos de ejecutivos autonómicos que pueden, llegado el caso, “desconectar” la infraestructura informática de la administración de justicia si sienten que pueden ser perseguidos por ella como consecuencia de sus acciones.

Esta situación de que los datos jurisdiccionales sean tratados por quien no es su titular, de que las lineas directrices del tratamiento las determine quien no es su titular, de que toda la disponibilidad del sistema esté en manos de personas y entidades que pueden ser objeto de investigación por los juzgados y tribunales repugna ciertamente al sentido común y, con toda probabilidad, a partir del 25 de mayo, sea contraria también al ordenamiento jurídico.

Es evidente que ha llegado el momento de que la realidad se adapte a las exigencias del sentido común y del ordenamiento jurídico; es el momento de que los poderes ejecutivos procedan a entregar a los verdaderos titulares de los datos jurisdiccionales el control de los mismos y de los sistemas informáticos con que hasta ahora los tratan; es tiempo también de que procedan a dotarles de los medios económicos y materiales necesarios para su tratamiento y es, sobre todo, la ocasión de proveer lo preciso para que, en el futuro, las directrices en cuanto a organización y sistemas las tome el poder del estado que, conforme a la razón y al ordenamiento, debe hacerlo.

Rebeldes con causa

El status quo, la ley establecida y el cambio social dirimen diariamente sus diferencias en un, frecuentemente, olvidado campo de batalla: los tribunales de justicia.

Es en ese peculiar campo de batalla donde bancos y aseguradoras, por ejemplo, defienden frente a los particulares una concreta interpretación de la abusividad u opacidad de determinadas cláusulas de sus contratos que les permiten enriquecerse; las empresas y los empresarios defienden en los juzgados de lo social unos derechos y facultades que los trabajadores y los sindicatos discuten en defensa de otros derechos distintos y antagónicos; en los juzgados y tribunales del orden penal los particulares y la fiscalía tratan de perseguir en larguísimos procedimientos a quienes, ejerciendo el poder político o económico delinquen contra todos, mientras que —los más desfavorecidos— son condenados en rapidísimos juicios rápidos y, finalmente, mientras todo esto sucede, en la sala de al lado, en el juzgado o sala de lo contencioso-administrativo, los ciudadanos discuten con la administración la regularidad del ejercicio del poder por esta en una larga serie de casos en los que, por definición, siempre es parte la administración.

El panorama anterior podría incluso parecerles bien, pero no conviene que se hagan demasiadas ilusiones, amigos lectores: las instituciones legales, aunque pudiera no parecerlo, son un campo de batalla donde los poderosos gozan de la mayoría de las ventajas.

Los poderosos, las corporaciones, las grandes sociedades mercantiles, son usuarios intensivos de la administración de justicia y estos usuarios intensivos son quienes hacen las reglas y tienen recursos para hacer cumplir las leyes a su favor. Si lo piensa usted bien, hay procedimientos cuyos usuarios son casi exclusivamente las grandes corporaciones, como por ejemplo los procedimientos de ejecución hipotecaria. La ley tiene la deferencia de establecer procedimientos rápidos para aquellos supuestos en que los poderosos reclaman lo que se les debe; en la misma ley, en cambio, no parece tan sencillo encontrar ejemplos de lo contrario. Por otro lado, estas personas a las que englobamos bajo el epíteto de «los poderosos», cuentan con los medios económicos precisos para acudir a los juzgados tantas cuantas veces sea necesario y acudir ante los más altos tribunales para tratar de fijar una jurisprudencia que les resulte favorable. Sólo, a veces, su egolatría les conduce a la catástrofe; como me relata Dionisio Moreno —el abogado que defendió a Aziz en el famoso caso que cambió la jurisprudencia en el mundo de las hipotecas—, si el banco se hubiese allanado y hubiese transaccionado el asunto con Aziz la sentencia que cambió todo el panorama hipotecario jamás se habría producido pues Aziz no pretendía cambiar el mundo ni el sistema hipotecario sino solo defender su derecho. Fue la egolatría, el obcecado empecinamiento y la vanidosa seguridad en sí mismo del banco demandado el que permitió que llegase hasta las últimas instancias el caso Aziz.

En general los ciudadanos no actúan ante los tribunales de justicia persiguiendo que estos fijen unas líneas jurisprudenciales que favorezcan a los particulares, se limitan a litigar tratando de obtener justicia en su concreto y particular caso, no son usuarios intensivos como bancos y aseguradoras de la administración de justicia.

Los usuarios intensivos y poderosos económicamente de la administración de justicia gozan de importantísimas ventajas: pueden seleccionar los casos que llevarán a apelación, casación o amparo, de forma que se garantizan las mejores oportunidades para obtener o establecer una jurisprudencia que les favorezca. Los usuarios intensivos de la administración de justicia pueden transaccionar o pagar aquellos asuntos que no desean que lleguen más allá de la primera instancia, de forma que resoluciones que podrían perjudicarles jamás alcancen ni siquiera el rango de «jurisprudencia menor». Los usuarios intensivos de la administración de justicia, además, complementan toda su estrategia anterior con una eficaz y constante labor de lobby ante gobiernos y partidos de la oposición y con el uso de medios de comunicación que ellos financian con su publicidad, para establecer premisas mayores —luego les pondré un curioso ejemplo— que luego ellos aprovecharán para construir silogimos tan falaces como aparentemente irrefutables. Los usuarios intensivos de la administración de justicia incluso recurren a la financiación de grupos y actividades parajudiciales (congresos o jornadas para peritos, abogados u otros juristas, etc.) con lo que acaban de redondear una maquinaria que funciona como un mecanismo de relojería perfectamente engrasado. Todo sea por el beneficio (suyo).

Además, en la cultura política contemporánea, la ley es tan omnipresente que ha llegado a dominar la forma en que la gente común piensa sobre sus problemas y las decisiones que toman sobre la resolución de esos problemas en su vida cotidiana. De esta manera, la ley preserva los privilegios de los usuarios intensivos de la administración de justicia, no solo a través de decisiones judiciales, sino también a través de las creencias y prácticas de la gente común (Ewick & Silbey 1998, Silbey 2005).

Sin embargo, a pesar de lo dicho hasta ahora y de la refractariedad de los ciudadanos comunes a acudir a la justicia e incluso de la inclinación natural de sus abogados a tratar de evitar el conflicto jurídico por todos los medios, resulta evidente que a los individuos, a menudo, no les queda otro remedio que acudir a los juzgados y tribunales para defender lo que consideran legítimamente su derecho y es ahí donde la ley y las categorías legales tienen una potencialidad verdaderamente admirable para motivar a la gente a movilizarse y resistir contra determinadas injusticias y es ahí también donde —a veces, algunas veces— los tribunales de justicia se convierten en el campo de batalla donde se juega el mantenimiento de un determinado statu quo o el progreso y el cambio social.

Los abogados y abogadas, dentro del panorama descrito, son poderosos guardianes de las instituciones políticas y legales donde tiene lugar la dinámica entre la ley y el cambio social (Galanter 1974, Hunt 1990, Silbey 2005) y, si me lo permiten, déjenme que les ponga algunos ejemplos.

Cuando en 2012 el ministro de justicia de infausto recuerdo Alberto Ruíz Gallardón estableció unas infames tasas judiciales para poder acceder a la administración de justicia, se cuidó muy mucho de que las tasas que gravaban el acceso a los recursos fuesen las más elevadas. Esto no era casual, era la forma de colocar más lejos del ciudadano común las instancias donde se fija la jurisprudencia y era la forma de permitir a los poderosos seleccionar los procesos más convenientes para llevar ante ellos. De paso se nos dijo que los ciudadanos españoles eran muy querulantes y que para evitar las altas tasas de litigiososad de los españoles lo mejor era establecer unas tasas que se destinarían a justicia gratuita.

Como sospecho que ustedes saben, todo era un inmenso cúmulo de mentiras: los ciudadanos españoles no son usuarios intensivos de la administración de justicia, quienes lo son, son precisamente bancos, entidades financieras, aseguradoras y en general los poderosos que han hecho de la administración de justicia su particular oficina de cobros o la trinchera donde defender sus desvergonzados incumplimientos1; tampoco era cierto que lo recaudado en tasas fuese a financiar la justicia gratuita como —con incalificable desvergüenza— se atrevieron a escribir en el propio texto de la ley y la única verdad fue que los poderosos pudieron felicitarse al ver aumentadas sus herramientas y posibilidades de control.

Fue con la infamia de las tasas cuando apareció con fuerza en España una abogacía rebelde, bien que con causa, que no estuvo dispuesta a aceptar como inevitable aquella iniquidad. Una abogacía que usó de las mismas herramientas de los poderosos, que ya no litigaba por el caso concreto sino en el marco de una estrategia procesal mucho más amplia: se buscaban denodadamente casos “perfectos” que poder llevar ante los tribunales españoles y europeos a la busca de unas resoluciones que pusiesen fin a la infamia de las tasas. Ya no se litigaba por el resultado de un solo caso sino por el resultado deseable de una situación inaceptable.

Esta abogacía no era —no es— una abogacía de causas perdidas sino una abogacía de futuro, que ya no busca ganar un caso concreto sino que trabaja para ganar una causa colectiva, ya sea esta una ampliación de derechos fundamentales, la derogación de una ley injusta o el remedio de lamentables situaciones de hecho.

Siento latir este tipo de abogacía en muchas acciones de los abogados de extranjería, laboralistas, de consumidores, partidarios del conocimiento y el software libres… una dimensión ética empieza a generalizarse —siempre ha estado ahí, bien que menos visible— en la abogacía buscando con tal dimensión, abogados y abogadas, separarse de la imagen de la mera voz mercenaria o del profesional absolutamente neutral.

Desde los viejos abogados laboralistas que —durante la transición— trabajaron (y a veces murieron) defendiendo una causa y un cambio necesario, hasta los modernos abogados tecnológicos que persiguen una determinada concepción del mundo y la sociedad, la abogacía ha sido siempre un importante agente de cambio y progreso social capaz de forzar avances tan sorprendentes como necesarios.

Es quizá tiempo de que abogados y abogadas tomen conciencia de su inmenso potencial como agente de cambio y busquen la manera de organizar y optimizar su trabajo, no sólo en interés de sus clientes, sino de toda la sociedad.

¿Qué tal si lo hacemos juntos?


  1. El mejor ejemplo de esto son los juzgados trampa hipotecarios, establecidos exclusivamente en beneficio e interés de unos bancos y cajas que pierden casi el 100% de los casos y que, lejos de buscar justicia en estos juzgados, lo que han buscado es un eficaz pozo que disuada a los consumidores de reclamar y una magnífica trinchera donde ralentizar sus indudables condenas para mayor disfrutes de socios y accionistas. ↩︎

Juicios y lenguaje no verbal

Acabo de leer un artículo sobre lo irritante que resulta para muchos administrados comprobar cómo, tras la vista de un juicio donde el fiscal ejerce la acusación, este se queda en sala junto con el juez mientras el acusado y su letrado abandonan la sala. Teme el administrado —no se sabe si con razón o sin ella pues esto sólo lo pueden saber el juez y el fiscal que se quedan en la sala— que el fiscal goce de un tramite de informe suplementario al que la ley le concede y que el derecho de última palabra que la ley otorga al acusado, por la vía de hecho, pase al fiscal.

Siempre que este tema se suscita, naturalmente, jueces y fiscales niegan la posibilidad de que se produzca el irregular trámite de que les hablo, pero esta negativa lo cierto es que tampoco tranquiliza a los administrados pues, tanto si se produjese ese irregular trámite de informe como si no se produjese, la respuesta de jueces y fiscales sería necesariamente siempre la misma; es decir, la negación.

Se excusan jueces y fiscales habitualmente culpando al diseño de nuestros edificios judiciales y en buena parte tienen razón, aunque no toda. Nuestros edificios judiciales, es verdad, están construidos de tal forma que resulta imposible cumplir la ley. Testigos de cargo y descargo permanecen juntos esperando su turno en la mayoría de los casos; incluso las familias de víctimas y acusados se ven obligadas a esperar el inicio de la audiencia pública juntos y en compañía generalmente nada amable.

Antes, en muchos palacios de justicia, las salas de vistas tenían una puerta específica que conducía al despacho del juez, lugar al que este podía retirarse entre juicio y juicio. Ahora gracias a la NOJ, al estilo zen, a la arquitectura judicial creativa y a otra serie de majaderías de diseño y de mal entendida modernidad y eficiencia, cuando acaba una vista jueces y fiscales no tienen donde dirigirse y han de esperar a que comience el juicio siguiente en amor y compaña —si se llevan bien— o en tensa intimidad si su relación no es tan buena. Es verdad que juez y fiscal podrían abandonar la sala, pero esto les llevaría a mezclarse con abogados y administrados y, por razones que desconozco aunque puedo inferir y hasta comprender, esto parece resultarles violento y es cierto que con toda probabilidad lo sea.

Es en esta situación que les describo —juez y fiscal juntos en sala— cuando comienza el juicio siguiente y, en la generalidad de los casos, este comienza con el funcionario llamando al letrado o letrada del acusado del juicio siguiente «para que vaya a hablar con el fiscal». ¿Para hablar de qué? Pues… todos lo sabemos, de una posible conformidad.

En general los letrados entran a hablar con el fiscal y, dado que el juez está presente, Su Señoría Ilustrísima recibe del letrado defensor que tal acción realiza el, a mi modesto juicio, peor de los mensajes no verbales posibles: que el cliente del abogado está dispuesto a conformarse y admitir su culpabilidad.

Esto me irrita y me irrita profundamente.

Como norma general me prohíbo a mí mismo acercarme a hablar con el fiscal si el juez está delante. Si el fiscal quiere hablar conmigo dejo que se dirija él a mí pues, por respeto a mi cliente y porque mi trabajo es defender, yo no voy a mandar al juez el mensaje no verbal de que mi cliente podría admitir su culpa, prefiero que el fiscal le mande el casi siempre obvio mensaje de que está dispuesto a rebajar. Me consta que mi actitud molesta a algunos fiscales, créanme que sinceramente lo lamento.

Hay tribunales que, muy elegantemente y a pesar de la incomodidad que antes les he contado, se ausentan de la sala de vistas entre juicio y juicio y lo hacen, precisamente, para no contaminarse con lo que sucede en la sala de vistas entre juicio y juicio —puedo darles el nombre de alguno de estos elegantes tribunales— sin embargo, lo más frecuente, es que el juez permanezca en Sala presenciando las negociaciones y, no sólo eso, sino que, en casos que sospecho que todos mis lectores abogados pueden haber presenciado, a veces intervienen en las negociaciones e incluso, en algunos lamentables casos, anticipando de forma más o menos velada el sentido de su fallo, tratan de forzar conformidades que, por alguna razón, les parecen deseables.

Todo esto que les he descrito, personalmente lo siento como absolutamente inaceptable. Sí, ya sé que tal y como están construidas las salas de nuestras finústicas ciudades de la justicia es muy incómodo para el juez o el fiscal abandonar la sala entre juicios, lo sé, pero, puesto a elegir entre la comodidad de los operadores jurídicos y los derechos fundamentales de los administrados, me veo obligado a optar por lo segundo.

No es cuestión de estética que el juez no esté presente durante las negociaciones, no es cuestión de estética que juez y fiscal permanezca en sala entre audiencias, como no es cuestión de estética que la ley quiera que jueces, fiscales, LAJ, procuradores y letrados nos coloquemos a la misma altura en estrados. Esto tiene un sentido y ese sentido o se interioriza —como hacen esos tribunales de los que antes les he hablado y que abandonan la sala— o se transmiten al administrado todas esos mensajes que nuestras leyes quieren que no se les transmitan.

Las leyes y el proceso tienen también un lenguaje no verbal hecho de formas, conductas y ritos y ese lenguaje es tan o más explícito que el que usamos al hablar. Cuidémoslo, no es una mera cuestión de estética.

Pateras invisibles

Retransmiten en directo la llegada del Acuarius a Valencia mientras al litoral español llegan decenas de pateras anónimas. Valencia es hoy una excepción a la normalidad que rige desde Ayamonte a Port Bou. Una normalidad hecha de internamientos en CIE y expedientes de devolución que se amortigua en el caso de Valencia.

No sé si hoy, en el Puerto de Valencia, además de policías, profesionales de la sanidad, funcionarios, intérpretes, trabajadores del 112… habrán jueces, fiscales, LAJ y… abogados de oficio. Lo que sí sé es que, en el resto del litoral y para los inmigrantes que no salen en la tele habrán abogados de oficio, que tampoco saldrán en la tele ni en las palabras de la ministra de justicia.

Hace pocos meses en Cartagena recibimos a 430 inmigrantes y mis abogados y abogadas cumplieron con su deber; quizá los demás les olviden, yo nunca les olvidaré.

¿Qué conmemoramos de verdad el 12 de julio?

Faltan 25 días para el 12 de julio, el llamado «día de la justicia gratuita» y, quizá, sea bueno aclarar por qué se eligió ese día y qué conmemoramos de verdad en esa fecha.

El 12 de julio fue elegido como día de la justicia gratuita porque el 12 de julio de 1996 fue el día en que entró en vigor la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita.

Obviamente la justicia gratuita no nació ese 12 de julio —la justicia de pobres, el beneficio de pobreza y la justicia gratuita ya existían desde el siglo XIX— pero ese 12 de julio de 1996 es un hito a partir del cual podemos llevar la cuenta de muchas cosas.

Podemos llevar la cuenta, por ejemplo, de cuántos años han pasado desde que el Ministerio de Justicia no adecúa los baremos de las cantidades que paga a los abogados de oficio. Desde aquel 12 de julio de 1996 el Ministerio de Justicia ni siquiera ha actualizado el IPC de aquellas cantidades. Desde julio de 1996 a julio de 2017 el IPC ha subido un 57% sin que al ministerio haya parecido preocuparle lo más mínimo el deterioro de las compensaciones económicas de los abogados de oficio. Es decir; no es que el ministerio no haya elevado ninguna cantidad desde 1996, no, es que, por el contrario, ha ido dejando que las mismas disminuyan por la vía del IPC. Cada año que ha pasado desde 1996 nuestras compensaciones económicas han ido disninuyendo y lo peor es que…

¿Recuerdas alguna protesta seria de alguien?

El ex-ministro Catalá previó un incremento de en torno al 30%, lo que nos dejaría aún a 27 puntos porcentuales de alcanzar los niveles retributivos de aquel 12 de julio de 1996. ¿Ves bien ahora lo que de verdad celebramos esa fecha?

Ha pasado una semana desde que la nueva ministra fue nombrada; una semana en la que no parece haber pronunciado ni una sola vez, ni haberse acordado ni una sola vez, de los abogados ni de la abogacía. Démosle tiempo pero démosle de paso algunos datos e ideas:

  1. Los abogados de oficio del territorio común, los que dependen exclusivamente del presupuesto de su ministerio no ven subir las cantidades que se les pagan desde el mismo momento de entrada en vigor de la ley: 12 de julio de 1996.

  2. La subida del 30% de Catalá no alcanza ni siquiera a colocar estos pagos en los niveles de 1996 pues el IPC ha subido desde entonces un 57%. Esa subida, en poder adquisitivo, es un 27% inferior a lo que se recibía en 1996.

  3. Los abogados de oficio de la zona ministerio reciben por su trabajo hasta un 300% menos que los abogados de oficio de otras Comunidades Autónomas transferidas. No es que los abogados de esas comunidades reciban mucho (reciben una miseria) es que los abogados que dependen de la ministra reciben un tercio de esa miseria.

Una subida mínima para los abogados del territorio común no puede ser inferior al 200% y usted tiene dinero para hacerlo.

Una subida del 200% es una subida tan solo de 70 millones de euros y esa cantidad no debe de resultarle difícil de obtener de las Cámaras. Y, si no la obtiene, al menos obtenga el cambio de parte de asignación de esos 130 millones que Catalá quería dedicar a infraestructuras tecnológicas. Usted es férrea opositora a LexNet (y en eso acierta) no gaste dinero en un sistema que hay que replantearse por completo, invierta en capital humano lo que no va a gastar en una infraestructura tecnológica obsoleta.

Ministra: los abogados del territorio común, el 12 de julio de 2018 vamos a conmemorar la humillación anual que venimos padeciendo desde hace 22 años. Díganos cómo quiere que la conmemoremos este año y díganoslo pronto, porque faltan 25 días para el 12 de julio y somos muchos los abogados y abogadas que sí sabemos exactamente lo que conmemoramos ese día.