Señales de deshonestidad

Señales de deshonestidad

A Darwin le atormentaba la cola del pavo real pues aquella enorme cola multicolor representaba todo lo contrario de lo que él sostenía en su teoría de la evolución. La cola no ayudaba al pájaro a volar, no era una ventaja adaptativa sino todo lo contrario, entorpecía sus movimientos, lo hacía más lento y visible y lo convertía, por tanto, en una presa más fácilmente alcanzable para los depredadores.

Y sin embargo Darwin se resistía a admitir que pudiese estar equivocado, la naturaleza le había demostrado ya muchas veces estar muy por encima de la inteligencia humana, tenía que haber una razón.

Si ustedes son parte de la abogacía española y han leído las últimas noticias en relación con dietas y gastos que ha publicado la prensa estoy seguro que entenderán las razones de la naturaleza para penalizar ciertas conductas.

Entre los seres vivos abundan las razones para querer engañar a sus semejantes; entre las gacelas, por ejemplo, ser fuerte y vigoroso es una valiosa cualidad a la hora de aparearse. Las gacelas hembra prefieren las gacelas macho vigorosas y, si no eres fuerte, ágil y vigoroso, tu vida social entre las gacelas hembra va a ser sombría. Pero ¿cómo demuestras a las gacelas hembra de forma fiable que eres fuerte y vigoroso y no un cuentista farsante? pues… Mediante los saltos.

El ritual de apareamiento de las gacelas incluye una espectacular competición de saltos donde cada uno de los pretendientes trata de impresionar a sus pretendidas dando saltos y perigallos diversos, el estricto jurado decidirá entonces quien da los mejores saltos y le concederá el «nihil obstat».

Dar saltos es una prueba costosa, difícil, pero más costoso aún y por tanto incluso más fiable es penalizarse a uno mismo del mismo modo en que, en las carreras de caballos, se coloca peso encima de ciertos caballos para igualar la competición. Carreras con «handicap» se llama a ese tipo de competiciones y no se sorprenderán si les digo que la naturaleza lo inventó antes. Para confiar en la honestidad de una afirmación los seres vivos suelen exigir una señal costosa de honestidad y, en el caso de los pavos reales (luego lo veremos en la especie humana) esa costosa señal de honestidad es su cola.

Del mismo modo que una hermosa cola penaliza al pavo real pero manda a sus congéneres una señal cierta e indudable de vigor, en el género humano las señales costosas sirven para el mismo fin y han sido utilizadas extensivamente a lo largo de la historia para todo tipo de fines.

Las señales costosas han formado parte de los juegos de apareamiento humano desde la noche de los tiempos.

La pesca con antorcha es un método pesquero ritualizado entre las gentes que pueblan el atolón de Ifaluk. Para llevar a cabo este tipo de pesca los hombres utilizan antorchas hechas a partir cáscaras de coco secas para capturar grandes atunes. La preparación para la pesca con antorcha requiere considerables inversiones de tiempo e implica una gran cantidad de organización y debido al tiempo y los costos energéticos que conlleva su preparación, este tipo de pesca, lejos de resultar beneficiosa en térninos energéticos para quienes participan en ella, lo que resulta es en una pérdida calórica neta para los pescadores. Por tanto, la pesca con antorcha es un handicap que sirve para señalar la productividad de los hombres.

Las mujeres y el resto de los habitantes de la isla por lo general pasan el tiempo observando las canoas que navegan más allá del arrecife. Además, los rituales locales ayudan a difundir información acerca de los pescadores exitosos y mejorar la reputación de los pescadores durante la temporada de pesca con antorcha. Varias limitaciones conductuales y dietéticas distinguen claramente a los pescadores con antorcha de los demás hombres. La comunidad está bien informada en cuanto a quién participó en este día y puede identificar fácilmente a los pescadores con antorcha. En segundo lugar, los pescadores con antorcha reciben todos sus alimentos en la casa de canoas y se les prohíbe comer ciertos alimentos. La gente discute con frecuencia las cualidades de los pescadores con antorcha.

En Ifaluk, dada la división del trabajo existente, las mujeres afirman que buscan compañeros que trabajen duro y es por eso que la laboriosidad es una característica muy valorada en los hombres. En consecuencia, la pesca con antorcha ofrece a las mujeres información fiable sobre la ética de trabajo de sus posibles parejas, lo que hace a la pesca una señal costosa honesta.

Pero la teoría de las señales costosas honestas no sólo es aplicable al ámbito del apareamiento, para la vida humana en sociedad es también un poderoso indicativo de compromiso con la comunidad.

Determinados rituales religiosos costosos como la circuncisión masculina, los ayunos, las penitencias físicas como cilicios o flagelos, la entrega de la totalidad de los bienes a la comunidad o la renuncia al contacto con la vida exterior (eremitas, monacato) pueden parecer paradójicas en términos evolutivos y sin embargo, todos estos rituales, pudieran encontrar su explicación en la teoría de las señales costosas de honestidad. El compromiso con la comunidad religiosa de quien las practica resulta tanto más creíble cuanto más penoso es el sacrificio que se impone.

Creemos más en el patriotismo de un francés, un italiano o un español, cuando paga sus impuestos que cuando hace tremolar la bandera de su país; creemos más en la sinceridad solidaria de una persona cuando reparte sus bienes que cuando se manifiesta para que los repartan los demás, sabemos que un abogado o una abogada están comprometidos con solucionar los problemas de su profesión cuando pagan de su bolsillo la celebración y asistencia a un Congreso en Córdoba y estamos legitimados a dudar de idéntico grado de compromiso cuando el congreso y la asistencia son pagados con dinero de otros.

Es por eso que, para conocer la honestidad de las personas, es necesario saber cuándo realizan un esfuerzo costoso honesto o cuando simplemente se están lucrando y es por eso que, sin el conocimiento limpio y directo de esos datos, el engaño es una realidad muy posible.

En la naturaleza, para que la señal costosa de honestidad sea válida (Bliege Bird et al. 2001) es preciso que esta sea accesible al público (transparencia) de ahí que su ocultación, en la naturaleza, prive de toda validez a la misma y sea, por el contrario, un poderoso indicio de deshonestidad. Por tanto no te sorprendas si piensas que te pueden estar engañando, es una respuesta cuasi-biológica ante la comducta de quienes no facilitan información.

Darwin probablemente ya no se asombraría del tamaño de la cola del pavo real; lo que quizá le dejase perplejo es la conducta de ciertos responsables de corporaciones.

El informe forense según Platón

El informe forense según Platón

Entretengo el verano leyendo y, hoy, buscando el famoso discurso contra los libros y la escritura que hace Platón por boca de Sócrates en su diálogo «Fedro», he recordado que, antes que un tratado sobre el amor, este diálogo es más bien un tratado de retórica y crítica literaria.

Tan es así como digo que dentro del propio diálogo Sócrates nos enseña las partes que, a su juicio, deberían integrar el informe oral de un abogado en el mundo forense.

Por no contarles yo mal lo que Platón cuenta bien, les transcribo el fragmento:

«Sócrates

—Lo primero es el exordio, porque así debemos llamar el principio del discurso. ¿No es este uno de los refinamientos del arte?

Fedro

—Si, sin duda.

Sócrates

Después la narración, luego las deposiciones de los testigos, en seguida las pruebas, y por fin las presunciones. Creo que un entendido discursista, que nos ha venido de Bizancio, habla también de la confirmación y de la sub-confirmación…»

Si alguna vez, al ir a informar, has dudado sobre el orden que debes dar a tu informe una buena opción es seguir el esquema que te da Sócrates:

—Exordio
—Narración de los hechos
—Análisis de la prueba de testigos
—Análisis del resto de las pruebas
—Presunciones

Y como nos dirá más adelante en el propio diálogo, concluiremos el informe como más adelante veremos.

Ni que decir tiene que la «inventio» corre de tu cuenta y ahí habrás de demostrar tu pericia para lidiar con muchos y muy diversos factores que, por cierto, habrás de dominar antes de construir tu informe y que también enumera Sócrates en «Fedro», a saber:

—Ser capaz de conocer la verdadera naturaleza del objeto sobre el que se habla.
—Estar en disposición de dar una definición general del mismo.
—Ser capaz de distinguir los diferentes elementos que componen el caso, descendiendo hasta sus partes indivisibles.

Y cuando seas capaz de hacer lo anterior, lo que no es tarea fácil, habrás de pasar al último elemento que debes analizar: la audiencia a quien te dirigirás.

Nos dice Sócrates que, antes de confeccionar el discurso, le es necesario al que informa haber determinado la especie de discurso que es propia para «convencer a los distintos espíritus» y que, el informe, debe ser dispuesto y ordenado de manera que «ofrezca a un alma compleja discursos llenos de complejidad» y de armonía, y «a un alma sencilla discursos sencillos».

Para un profesional que informa en el foro, sea letrado o fiscal, el juez o la audiencia no son más que elementos que se deben analizar a fin de crear para ellos y sus características (no digamos en el caso del jurado donde incluso existen profesionales de informar sobre estos aspectos) el informe adecuado. Para persuadir la ley y la jurisprudencia no son más que algunas de las muchas herramientas que debe saber manejar un letrado. De hecho, si el juez o la audiencia se equivocan en la aplicación de la ley o la jurisprudencia, corregir ese error por vía de recurso es bastante más fácil que cambiar una apreciación perjudicial de los hechos para nuestra parte.

Como vemos el trabajo de un letrado en sala es ímprobo, y así lo reconoce el propio Platón que sentencia que «es imposible manejar perfectamente el arte de la palabra, ni para enseñar ni para persuadir», y esto es mucho más verdad en el caso de letrados y fiscales cuyos informes no pueden prepararse antes del desarrollo de la vista sino que deben articularse a la vista del resultado de aquella.

No recuerdo que, mientras cursé la carrera ni mientras estuve en la escuela de práctica jurídica, ningún profesor me hablase de lo que sobre retórica enseñaron Platón, Aristóteles o Cicerón. No recuerdo que nadie considerase la retórica —oral o escrita— como un capítulo fundamental de nuestra formación como letrados. Por eso, ahora que llevo bastante más de treinta años improvisando informes, redactando escritos de alegaciones y lidiando con todo lo que Platón, por boca de Sócrates, nos cuenta en Fedro, siento que me engañaron.

Y siento que me engañaron, porque estudiar leyes, jurisprudencia y doctrina es imprescindible y está bien pero, al final, donde se deciden los juicios es en el cerebro del juez que, en el fondo, es sólo nuestra audiencia (recuerda que «audiencia» viene de «oír») y no es más que uno de los muchos elementos con que los letrados debemos construir nuestro trabajo, entendiendo a nuestro cliente, gestionando sus expectativas, soportando sus frustraciones, defendiéndolo de sí mismo, preparando jurídicamente el asunto y lidiando con la prueba, la vista y el siempre difícil oyente en función de las características de cada caso.

Y todo para, al final, comprobar que tenía razón Platón y que es muy difícil hacerlo bien, que es jodidamente difícil hacerlo bien.

Abogados importantes y abogados que se dan importancia

Abogados importantes y abogados que se dan importancia

Creo que ya les he dicho en alguna ocasión que los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero y es por eso que, al cabo de los años, he logrado disfrutar de la amistad de algunos de ellos.

Este hombre que ven aquí, orgulloso propietario de un Citroën AX matrícula de Barcelona serie OT, es Dionisio Moreno, el abogado que en el año 2013 ganó en el TJUE la ya mítica sentencia del Caso Aziz, ese que ha permitido que los ciudadanos españoles puedan reclamar a los bancos parte de los latrocinios que estos han llevado a cabo durante años merced al uso de cláusulas abusivas en las hipotecas.

Dionisio vive en Martorell y es quizá uno de los mejores ejemplos de cómo funcionan las cosas en la abogacía y en España.

Dionisio, como pueden suponer del propietario de un coche sin aire acondicionado ni elevalunas, no es rico; tampoco es un lince a la hora de cobrar y es quizá por eso que pasear con él por Martorell suele acabarse convirtiendo en una escena de película costumbrista. Tomando un café en una terraza el camarero, por ejemplo, se sintió obligado a informarme de que «el Dioni es el mejor abogado del mundo», una persona que, a juicio del camarero, no era como los demás abogados porque «no te sacaba los cuartos». Andando por allí no era difícil encontrar un taller o una tienda cuyo nombre me sonase también de otro caso ganado en el TJUE, porque Dionisio no es que haya ganado un solo caso en el TJUE, Dionisio es, a día de hoy, el abogado que más casos ha ganado en el TJUE que conozco.

Y sin embargo…

Sin embargo, en este país donde triunfan los que se dan importancia y no los que de verdad son importantes, su colegio no se lo puso fácil; incluso cuando había que dar conferencias sobre el Caso Aziz —y se dieron muchas— Dionisio nunca era invitado de ponente; señores de traje caro y coche nuevo, sin duda, siempre han sido preferibles a un tiñalpa de Citroën AX. Ya si han ganado algún pleito en el TJUE, eso no tiene importancia.

Dionisio se ríe cuando le preguntas cuál fue la clave para poder ganar ese caso en el TJUE y responde: «la soberbia del banco». Y es verdad.

Con que el banco hubiese pagado unos pocos miles de euros a Aziz la sentencia de su caso jamás se hubiese producido y quién sabe si, incluso a día de hoy, seguiríamos siendo exprimidos por los bancos.

Pero así es la vida, al menos en España, al jefe de los servicios jurídicos de La Caixa, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial lo nombró magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (precisamente la que resuelve los asuntos hipotecarios) mientras que a Dionisio si alguien lo ha nombrado para algo ha sido para buscarle cualquier tipo de mancha con la que escarnecerle.

España es así, al que tiene se le dará y al que no tiene, a ese le darán también, pero de otra forma y por otros lados.

Y sin embargo, si hoy los españoles y españolas son algo más felices que ayer, si los bancos han de urdir todo tipo de tretas y sacar a la luz su verdadera y desalmada cara para eludir o retrasar infamemente pagos, es porque un tipo de Martorell, un tiñalpa, se fue un día a Luxemburgo en un Citroën AX matrícula de Barcelona de la serie OT a defender el caso de un inmigrante.

Si me preguntan a quién debe más la justicia, si a Dionisio o al magistrado del tribunal supremo antes letrado, creo que ni ustedes ni yo tendríamos la menor duda. Creo también que, si les pregunto quién merece más una de esas medallas, bandas, cruces y placas, que con  tanta alegría intercambian en el Consejo General de la Abogacía, tampoco usted ni yo tendríamos la menor duda.

Pero ese no es el caso en España; Dionisio, mejor dicho, las decenas de miles de Dionisios y Dionisias que en España defienden la justicia todos los días, son ajenos a toda esa faramalla de cursos, conferencias, condecoraciones y bisuterías sin valor que intercambian quienes no saben dónde se forjan de verdad las cruces.

Porque las verdaderas lecciones de derecho las imparten los buenos letrados en sala, los cursos de retórica los dan quienes de verdad saben usarla en estrados y la jurisprudencia de verdad y con mayúsculas la forjan tiñalpas como Dionisio, para que luego, gentes de traje caro y coche último modelo, la estudien y vengan a contárnosla.

Darse importancia o ser importante. Esa es la cuestión en España.







El despotismo cateto

Quizá no exista una república más igualitaria que la de los abogados y abogadas; en ella, de la primera al último de sus componentes, todos tienen una y la misma condición: son abogados. Cada uno de los abogados y abogadas que la componen son tan buenos y válidos para opinar sobre sus problemas como cualquier otro y es por eso que, el hecho de que uno de ellos pretenda tener superior cualificación para hacerlo, no es más que una confirmación de que el efecto Dunning-Kruger existe también en la abogacía.

Y si de algo entienden abogados y abogadas es de leyes, de contratos, de estatutos… por lo que el caudal de conocimientos del colectivo en este punto es enorme.

Digo esto porque en 2010, hace ya 11 años, se comenzó a redactar por parte del Consejo General de la Abogacía Española lo que se llamó el «nuevo estatuto de la abogacía», un texto que, por inexplicables razones, se redactó de espaldas a los auténticos especialistas en la redacción de normas y estatutos: los abogados y abogadas de España.

La cosa podría ser asumible si ese estatuto fuese a regular a algún colectivo ajeno a los conocimientos jurídicos, pero es que ese estatuto se dirigía a gobernar las vidas de quienes ejercían la abogacía en España, un colectivo al cual, minuciosamente, se excluyó del debate del nuevo estatuto cual si su opinión no sirviese.

Algún decano rebelde publicó el anteproyecto en la web para que, quien quisiera, formulase enmiendas que él llevaría al pleno, pero esta iniciativa fue vista como una excentricidad y, todas aquellas enmiendas que habían redactado abogados tan abogados como los miembros del Consejo, fueron rechazadas en conjunto sin ser siquiera leídas ni debatidas.

Ese «nuevo proyecto de estatuto» durmió el intranquilo sueño de los poco justos desde entonces hasta el año 2021 en que fue aprobado por un, hasta entonces, renuente gobierno luciendo todas sus galas de estatuto ya viejuno y redactado de espaldas a los profesionales de la abogacía.

Toda esta forma de actuar me recuerda que existió una vez una ideología a la que se llamó despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado en la que, partiendo de la incultura de la masa, se trataba de reformar los países desde la razón absolutista.

Sin embargo, en pleno siglo XXI, algún extraño virus debe anidar en el búnker de Recoletos para que quienes lo ocupan crean que son ellos los «ilustrados» y no otros los que entienden sobre algún tema. Iguales en esencia a cualquier otro abogado o abogada de España pareciera que la bajada al búnker produce en algunos miembros del consejo efectos taumatúrgicos y de pronto, como en un nuevo Pentecostés, comienzan a gozar de conocimientos que antes no tenían.

Hasta la aprobación en 2021del actual —y viejuno— estatuto, el Consejo General de la Abogacía Española tenía a gala saltarse el anterior e incumplía flagrantemente sus prescripciones a fin de evitar que la voz de la abogacía de a pie pudiese llegar a mayor nivel que el de las asambleas de su colegio. El Estatuto General de la Abogacía anterior garantizaba que, cada cuatro años, habría de celebrarse un Congreso que sería el principal órgano consultivo de la abogacía, sometido a un reglamento y donde podrían presentar ponencias los abogados y abogadas de España.

Obviamente el virus del búnker de Recoletos hizo que este tipo de congresos no se celebrase, que esa participación de la abogacía se cercenase, y los congresos se convirtieron en ferias de muestras —algunas vergonzantemente dedicadas a algún gran despacho de abogados— donde las editoriales exhibían sus productos y donde los adictos al régimen lucían su influencia dejándose ver en actos y saraos. Con la reforma del Estatuto, afortunadamente para ellos, ya no necesitarán infringir el Estatuto porque lo han reformado de forma que los colegiados ya no dispongan de aquel derecho que el estatuto anterior les daba. Lo de avanzar en participación y transparencia no parece ser ninguna máxima de la actual dirección del CGAE.

Las asambleas del consejo son secretas (no sea que alguien se enteren de lo que dicen allí y les pida cuentas) y tan sólo se exhiben las actas, parcialmente y censuradas, desde que algún letrado particular les puso en vergüenza ante los órganos estatales de transaparencia. Ahora quienes más dinero reciben en concepto de dietas, gastos, viajes, comidas, noches de hotel y pisitos alquilados, son quienes más fuertemente defienden que esos datos no sean conocidos por sus iguales. Son ellos mismos los que llegan a acuerdos que hacen pagar a todos los letrados por un correo que solo usa un tercio de los mismos, llegan al acuerdo pero, eso sí, lo mantienen secreto porque ¿por qué habrían de saber los letrados y letradas por qué les hacemos pagar?

Decisiones que costaron muchos millones a los letrados y letradas de este país —recuerden el cierre de LexNet abogacía (±5.000.000€) o el arrendamiento de lo que llamaron de forma tan pomposa como sietemesina «el correo de la abogacía» (±6.000.000€), entre otras— fueron tomados por un reducido número de personas cuyos conocimientos de estos asuntos eran cercanos a la nada. ¿Para qué iban a solicitar la opinión de los letrados?.

El búnker del Paseo de Recoletos (ahora Paseo de Recolectas en ingeniosa dicción de algún letrado) está narcotizado por una droga que solo conviene al pequeño núcleo que lo dirige; sería bueno que recordasen quiénes son y que no son más ni menos que los 140000 letrados y letradas que hay afuera y que, si hay profesionales que sepan, antes se encuentran entre los que están fuera que entre los que están dentro.

Luego se quejan de que, si se les censura desde fuera es «porque no comunican bien lo que se hace»; obsérvese que no se reconocen errores, sólo que se comunica mal. Y tiene gracia porque, con la de cientos de miles de euros que dedican a comunicación, muy mal deben hacerlo para haber generado una casi unanimidad exterior en cuanto a su incompetencia. Si uno mira los tuits de la presidenta o del Consejo podrá comprobar que en un 80% los retuits son de cuentas de colegios o de miembros del propio Consejo lo que ilustra en qué burbuja, en qué cámara de eco se mueven.

Es tiempo de que quienes bajan al búnker de Recolectas se vacunen de una cultura corporativa tan rancia y antidemocrática que no se aguanta un segundo más.

Afortunadamente son sólo cien personas que, aunque se gasten 11.000.000€ salidos del bolsillo de todos, no dejan de ser una minoría al lado del resto de los 140.000 abogados y abogadas ejercientes de España y no dejan de representar una forma de pensar y ejercer la representación tan rancia, absurda y periclitada que no puede sino estar condenada a la desaparición.

La red invisible

La red invisible

Recuerdo bien que, de joven, me enfadaba cada vez que oía a Juan Manuel Serrat cantar la «Elegía a Ramón Sijé» del poeta oriolano Miguel Hernández.

La versión de Serrat comienza con el recitado de lo que se supone que es la dedicatoria del poema:

«En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé «a» quien tanto quería»

Y era ese recitado y esa «a» lo que yo no soportaba de la versión de Serrat, porque Miguel Hernández no quería «a» Ramón Sijé, Miguel Hernández quería «con» Ramón Sijé y así lo escribió:

«En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé con quien tanto quería».

Los poetas miden mucho las palabras y ese «con» no es casual, pues no es lo mismo querer a alguien que querer con alguien. Si quieren puedo ponerme «moñas» y tratar de explicarles la diferencia con una de esas famosas citas apócrifas de «El Principito»: «Amor no es mirarse el uno al otro , sino mirar los dos en la misma dirección». Y es eso, solo que más resumido y mejor, lo que nos dice Miguel Hernández con ese «con»; nos dice que él y Ramón Sijé no se miraban el uno al otro, que no se querían el uno al otro, sino que miraban en la misma dirección, compartían objetivos, querían cosas en común.

Este concepto que Miguel Hernández expresa al usar el «con» es tan de honda raíz y tan antiguo que podemos encontrarlo incluso en textos de San Agustín, pero es al mismo tiempo tan moderno que es el principio que define y organiza las más avanzadas estructuras… Y yo creo en él.

Uno puede definir una organización jerárquicamente, como el ejército, como la iglesia, como los partidos políticos, como el CGAE; pero puede también definir una organización como una red de pares, una red de iguales, como una geografía sin jerarquías donde todos son al mismo tiempo clientes y servidores y es sobre esta topología de red sobre la que se han construido todos los avances tecnológicos del siglo XXI.

Sí, créame, las redes descentralizadas son hoy el paradigma del progreso y ningún fondo de inversión ni de capital riesgo financiará ninguna aventura que usted decida emprender si no empieza por decirles que su iniciativa se funda sobre un modelo de red descentralizada. Internet, el blockchain y por tanto bitcoin y el mundo cripto, las redes de pares p2p, todo esto está construido sobre redes descentralizadas y es esa la base de su éxito. Lo que ocurre es que los seres humanos interiorizamos tanto, moldeamos tanto nuestro cerebro a las topologías de red existentes que sólo somos capaces de entender y crear el mundo de esa forma.

Cuando en los primeros siglos de la iglesia se trató de imaginar el cielo lo imaginaron como una red centralizada al estilo de la corte bizantina, con su emperador y sus complicadas jerarquías de ángeles, arcángeles, tronos y dominaciones… Del mismo modo, cuando en Prusia se implantó la escuela pública, la visión monarquico-militar se calcó a los colegios haciendo de ellos un trasunto de cualquier acuartelamiento militar: separación en pelotones de 40 ó 50, clasificaciones por edades y sexos, escalafones según aprovechamiento en los estudios…

Y en nuestras organizaciones políticas actuales ocurre otro tanto de lo mismo, sólo que ya, en el siglo XXI, esa organización jerárquica, radial, con un superimportante nodo central sin el cual el resto de los nodos parecen no existir comienza a echar peste y sus obras también.

No hay en una organización riqueza mayor que las personas que la componen y limitar sus capacidades de actuación a lo que quiera o no quiera el líder es tanto como mutilar toda la creatividad del grupo y podarla hasta alcanzar eñ nivel de incompetencia de su líder.

En el siglo XXI esto es inmoral.

Cuando se quieren cosas en común, cuando se comparten objetivos vitales, un hilo invisible comienza a tejer una red entre nosotros; una red tan fuerte como nuestras convicciones, una red tan poco visible como los verdaderos afectos, pero una red tan real y tan sólida como pueda serlo la más sólida de las redes. Por eso no me preocupan las jerarquías ni las organizaciones sino las convicciones y por eso me producen arcadas esas otras redes que no se apoyan sino en el ansia de notoriedad o de dinero. Eres lo que eres, vales lo que sirves, el ocupar un cargo no te hace mejor ni peor, sigues siendo el mismo o la misma aunque te autoconcedas medallas y distinciones.

Es por eso que prefiero soñar con una red invisible de gente con la que quiero cosas que una más que visible red de reparto de sinecuras, dietas y canonjías.

Creo que se me entiende.

¿En qué creen los abogados?

Hace un par de días organicé una encuesta en twitter en la que preguntaba a quién quisiera responder una pregunta relativamente simple: ¿Cuál diría que debe ser el primer objetivo de un despacho de abogados?

La pregunta tenía cuatro respuestas posibles: a) servir al cliente, b) el beneficio económico, c) defender la justicia y d) otros fines sociales.

Como pueden ver en la captura del tuit, tres de cada diez encuestados respondieron que era «el beneficio económico»; afortunadamente, siete de cada diez encuestados, respondieron marcando una cualquiera de las demás opciones, siendo la preferida el servicio al cliente que obtuvo el 43% de los votos.

Y digo afortunadamente porque ese enfoque mercantilista, que desde hace tiempo han querido dar a nuestra profesión quienes no comprenden qué tipo de abogacía ejercemos, aún no ha calado.

Hay un punto de vista que sé que comparto con muchos compañeros y compañeras de ejercicio y es que el primer objetivo del ejercicio profesional de un letrado o una letrada no puede ser nunca el propio beneficio empresarial; por encima del beneficio económico del abogado se encuentra siempre el interés del cliente y esto no necesita de demasiadas explicaciones; si el interés del letrado estuviese por encima del interés del cliente el letrado prolongaría los juicios, aceptaría soluciones sólo cuando fuesen buenas para él aunque no para el cliente, no buscaría las soluciones menos onerosas y, en general, haría todo aquello que jamás debe de hacer un letrado. 

Pero además, ese principio de que el interés del cliente es el principal objetivo del letrado tiene importantísimas consecuencias externas a la mera relación a igado-cliente.

Si el primer objetivo de un letrado fuese el beneficio económico ¿con qué derecho podría quejarse de que alguien anunciase divorcios a 50€? ¿cómo podría defender el colectivo la existencia de unos honorarios mínimos por debajo de los cuales es imposible prestar un servicio de calidad? ¿qué legitimidad tendría para solicitar un incremento de las prestaciones del turno de oficio si este sólo está sometido a las leyes de oferta y demanda?

Créanme, las mejores edtrategias exigen siempre de buenos principios y si nos empeñamos, como muchos se empeñan, en ver nuestra profesión como una mera actividad negocial nuestra forma de ejercicio estará condenada a desaparecer.

Los servicios que prestan los abogados no son servicios como cualesquiera otros ni pueden estar sometidos exclusivamente a las leyes de la oferta y la demanda como desean fervientemente la Comisión de Defensa de la Competencia y otros órganos estatales, los servicios que prestan los abogados, antes que a la obtención de un beneficio económico se dirigen a defender los intereses del cliente y luego, sí, cómo no, a obtener un legítimo ejercicio profesional. De hecho, esta primacía del interés del cliente es clave para que los derechos fundamentales de los ciudadanos y el Estado de Derecho en su conjunto puedan ser viables.

Es por eso que los servicios jurídicos precisan de una regulación propia y es por eso que el mercado de servicios jurídicos exige una regulación especial —existente en otros países— que, hasta ahora, parece no importar a ninguno de los que mandan en España ni en el gobierno ni en la organización colegial.

Creo que ese 30% de encuestados que situan al «beneficio económico» como primer objetivo de su actividad profesional o no son abogados, o no entienden su profesión, o pertenecen a uno de esos despachos/empresa que ahora se estilan, o simplemente han respondido dando por descontado el interés del cliente se ve salvaguardado por la regulación legal de nuestro ejercicio profesional. Quiero pensar en que esto último es el motivo se su respuesta porque, de otra forma, siento que serían muchos los encuestados que no entienden la función de un abogado. O al menos no la comparten conmigo y con muchos compañeros de profesión que conozco.

Mucho más interesante que ese 30% de encuestados que sitúan al beneficio económico como el objetivo primordial de un abogado son las disparidades en cuánto a las otras tres respuestas: un 43% responde que el objetivo prioritario es la defensa de los intereses del cliente, un nada despreciable 25% (uno de cada cuatro encuestados) pone por encima de las dos opciones anteriores la defensa de la justicia y un pequeño pero interesante 3% que llamaremos «abogados de ideales» estima que el objetivo son «otros fines sociales» que, la propia estructura de la encuesta, impide que sean especificados.

Digo que es mucho más interesante porque, desde antiguo, la profesión de abogado ha sido objeto de un fuerte debate ético en cuanto a su naturaleza y sus fines y, por lo que se ve en la encuesta, ese debate aún no está cerrado (al menos entre los encuestados).

En los viejos tiempos de la República Romana un abogado sólo debía defender aquello en lo que creyera; alquilar sus conocimientos y servicios al mejor postor era algo no muy distinto de lo que hacía una meretriz y resultaba, por tanto, despreciable. Nada había peor en el foro romano que ser una execrable vox mercenaria.

Han pasado más de 20 siglos desde aquello y aún hoy día es la profesión de abogado una de las que mayores problemas éticos suscita.

Acabado el día, cuando abogados y abogadas abandonan sus despachos, no es difícil verlos reunidos en algún lugar hablando de sus asuntos; la ética en las relaciones entre compañeros, la moralidad o inmoralidad de los comportamientos de otros intervinientes en la administración de justicia o incluso la poca vergüenza de sus propios clientes son, en la práctica totalidad de los casos, tema de conversación. Pareciera que ninguna otra profesión espera tanto de la moralidad ajena y, sin embargo, al final del día, ninguna parece tan frustrada con lo que ha vivido durante la jornada laboral. Sí conoce usted abogadas o abogados y les ve hablando acérquese y escúchelos, sus temas suelen ser siempre los mismos… La irremediable desvergüenza diaria de la administración de justicia que tolera que ya el primer juicio de cada mañana empiece tarde. Jueces que llegan a una vista que ellos mismos señalaron con inexplicable retraso, funcionarios que parecen no estar nunca en la oficina judicial, clientes que demandan continuos trabajos y atención pero jamás pagan… pero también compañeros y compañeras que durante las negociaciones previas al proceso o incluso durante el mismo se comportan con inaceptable falta de ética… Todo esto, claro, siempre a juicio de quien habla.

Si, las exigencias éticas de abogados y abogadas son de las más altas, pero también sus expectativas de cumplimiento se cuentan entre las más bajas. No es raro, pues, que sean tantos los abogados y abogadas que están hoy día quemados.

Personalmente nunca he visto tanto consumo de ansiolíticos entre compañeros y compañeras como ahora; afortunadamente compartimos con los trabajadores autónomos la refractariedad a las enfermedades pues, de ser funcionarios o trabajadores por cuenta ajena, las bajas por motivos psicológicos se sucederían.

Y, sin embargo, el debate sobre la naturaleza y objetivos del ejercicio profesional de los abogados subsiste, incluso entre ellos mismos.

Muchos abogados, la mayoría (un 43%) según la encuesta, piensan que su trabajo consiste en poner sus habilidades jurídicas al servicio de los objetivos del cliente, sin embargo, otro grupo menor (un 28% y en especial el 3% que marcó «otros fines sociales»), piensan que su trabajo consiste en defender unos ideales o un concepto de justicia en el que creen.

Para poder seguir estudiando el asunto y siguiendo la terminología de la doctrina norteamericana que se ha ocupado de esta cuestión (Luban, D. Lawyers and Justice: An Ethical Study. Princeton University Press. 1988) llamaremos «abogados convencionales» a los primeros y «abogados de ideales» a los segundos, sin que los nombres usados para clasificarlos supongan ninguna preferencia teórica (que los segundos sean «de ideales» en modo alguno significa que hayan de ser mejores) y hecha esta división señalemos algunas notas.

El «abogado convencional» entiende que se defiende la justicia defendiendo lo mejor posible a su cliente en el proceso; por eso en su concepción ética de la profesión no hay dificultad alguna en defender un día una postura y al siguiente la contraria, él defiende la justicia haciendo bien su trabajo y lejos de considerar esa acción falta de ética la considera un timbre de honor y motivo de orgullo, es lo que se ha llamado la moral tradicional del abogado. Si usted que lee estas lineas no lo entiende recapacite: un abogado, según esta concepción de la naturaleza y objetivos del ejercicio profesional, no debe nunca confundir su moral personal con la ética profesional, lo contrario le llevaría a dejar condenar a su cliente, en lugar de usar las herramientas que la ley le da, simplemente porque su personal criterio moral está en contra de la conducta de su cliente. Los abogados «convencionales» saben lo que hacen, créame, y no hay nada inmoral ni falto de ética en su conducta, si usted no lo ve así quizá es que no ha reflexionado lo suficiente sobre ello.

Pero no podemos negar que en el extremo diametralmemte opuesto al abogado convencional hay otro tipo de abogado, minoritario, al que se ha dado en llamar abogado de ideales.

Para un letrado de ideales es la defensa del ideal que propugna la medida del éxito, este tipo de letrados selecciona a sus clientes en función de la utilidad que sus casos puedan tener para la defensa del ideal que persigue y su interés, más que en la defensa de los objetivos del cliente, se centra en la persecución unos determinados
objetivos de naturaleza social, cultural, política, económica o incluso legal.

Este tipo de abogacía es aún extraña en España aunque ha sido perfectamente visible en momentos y casos concretos, como por ejemplo los de muchos abogados laboralistas durante el franquismo, en que su ejercicio profesional no era ajeno a una forma de activismo político; o incluso en la actualidad donde el ejercicio profesional se utiliza, a veces, como herramienta para la consecución de objetivos sociales o políticos.

La popularización y florecimiento de la abogacía de ideales (cause lawyering) ha sido principalmente un fenómeno extranjero que comenzó en los Estados Unidos en la década de los 60. Los éxitos de los movimientos de derechos civiles y el trabajo de varias organizaciones de defensa social bien establecidas como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, el Fondo de Defensa Ambiental, el Centro de Derechos Constitucionales y muchos otros, fueron un buen caldo de cultivo para este tipo de abogacía.

Tal y como señala Scheingold el surgimiento y popularización de la abogacía de ideales en otras partes del mundo puede atribuirse a una combinación de factores, incluida la difusión de constituciones escritas y tribunales constitucionales, los valores neoliberales que impulsan la globalización y el desarrollo de redes transnacionales de derechos humanos (Sarat y Scheingold, 2001) .

A mí todo esto me parecen afirmaciones extremistas.

Es obvio que esta distinción radical no existe en la práctica, como es obvio también que los abogados convencionales siempre han visto influida su ejecutoria profesional por los principios que defienden del mismo modo que los letrados de ideales no pueden sustraerse a la siempre inesquivable defensa de los objetivos del cliente.

La abogacía convencional siempre ha estado presente en las sociedades modernas, pero también y hasta cierto punto la abogacía de ideales. Es importante subrayar que tanto los abogados de ideales como los convencionales tienen y defienden principios éticos; los abogados convencionales no son simplemente
maximizadores cínicos de su propia riqueza y estatus y los abogados de ideales no son seres simplemente altruistas y abnegados. Cada
uno de los abogados y abogadas que componen la abogacía real se situa en el continuum existente entre los dos extremos descritos. Es
más, un determinado letrado o letrada puede ejercer convencionalmente en la mayoría de los casos para comportarse como un abogado de ideales cuando le llega un caso en el que están
involucrados principios o ideales respecto de los cuales mantiene una relación especial.

Como ven si alguna profesión se faja diariamente con un debate ético profundo y cambiante es la jurídica, cuál es la dimensión moral y ética de nuestro ejercicio, qué principios deben presidir nuestra actuación… Todo eso es un debate que, creo que se detecta fácilmente en los resultados de la pequeña encuesta realizada pero que, al mismo tiempo, ilustra bien la naturaleza profundamente moral del ejercicio profesional de la profesión de abogado; un debate que solo casa mal, muy mal, con las conductas de aquellos que, cobrando cuantiosas dietas, se niegan a dar cuenta de las mismas a quienes se las pagan.

Perdónenme, tenía que decirlo.















Por el conducto reglamentario

Por el conducto reglamentario

Cuando en el servicio militar o en el ejército alguien protestaba se le recordaba, no siempre de buenas maneras, que las reclamaciones debían ser hechas «por el conducto reglamentario». Ese «conducto reglamentario» era no más que una innecesaria limitación de derechos pero, a lo que se ve, sigue anclado en la mente y en la conciencia jurídica de muchas personas.

Digo esto porque hoy leo que un ex-decano (a quien tengo por persona buena y honesta a carta cabal) censura en su página de Facebook la solicitud de información que están haciendo muchos compañeros —yo entre ellos—  respecto a las noticias relativas al funcionamiento del CGAE aparecidas en prensa estos días. En síntesis sostiene que la petición de información no debe hacerse individualmente sino a través de los decanos (el conducto que él entiende apropiado).

Debo quizá aclarar públicamente algo: hace siete años yo ya solicité conocer el destino de las dietas siendo decano y la esperpéntica situación que se produjo a continuación ya la he contado alguna que otra vez:

—Se me exhibió una información parcial
—Se me prohibió obtener fotocopias
—Se me prohibió tomar notas (¿puedo memorizar?, llegué a preguntar)
—Se me indicó que no podría, bajo ningún concepto, revelar la información que viese y que, si lo hacía, habría de sufrir las correspondientes acciones legales que me describieron como tremebundas.

Por lo que veo, a día de hoy y a pesar de la tremenda alarma que se ha levantado, ningún decano ni consejero ha solicitado información en relación con el tema de que trataban las noticias, pues ningún decano ha sido capaz siquiera de decirnos cuánto percibe la Presidenta del CGAE del dinero que pagan sus compañeros.

Las protestas de «claridad» y «cumplida respuesta» de los consejeros y decanos mueren en cuanto se les pregunta este dato; la realidad es que, a día de hoy, ninguno se ha atrevido ni a preguntar ni a revelar lo que percibe en dietas, gastos y otras obvenciones cualesquiera que perciba la presidenta. A lo que se ve el conducto se atrancó hace muchos años aunque aún hay quien prefiere ignorarlo.

Puedo saber cuánto gana mi alcalde o un ministro mirando la web ¿Y la presidenta de CGAE no?

No, no, no… Ni colegiados ni consejeros ni decanos, la presidenta no ha sido transparente con nadie y, si alguien pretende negar esto, tiene una forma fácil de hacerlo: facilitar inmediatamente los datos de los ingresos de la presidenta.

Hasta hoy en este tema desde CGAE se proclaman unidades, se hacen protestas de transparencia, se dice dar respuesta… Pero datos, lo que son datos, no se ha dado ni uno. Es decir que se nos señala el conducto pero no que está atrancado; se nos enseña el hábito pero se nos oculta al monje; se nos da ruido pero no nueces; predican, pero son incapaces de dar trigo y siguen tratando de darnos gatos cuando lo que deberían es entregar liebres.

La transparencia se demuestra con datos, no con opiniones y el tiempo de decir que se es sobradamente transparente ya pasó: den los datos y entonces serán transparentes.

Pedir información jamás es inicuo, pedir información es justamente lo contrario: un derecho que la ley reconoce a cualquier español o española y que no se pierde por el hecho de ejercer la abogacía.

La unidad como coartada

La unidad como coartada

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la sensación instintiva de que pretenden engañarme.

¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que les cuente una historia y me explique. Cuando yo era niño formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del Espíritu Nacional» (FEN). A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaba particularmente curiosa aquella organización a la que el régimen llamaba «sindicato».

Los sindicatos del franquismo a mí, aunque era un niño, me resultaban sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iban a reclamar los obreros de un sindicato vertical de esos un aumento de sueldo, no veía yo a trabajadores y empresarios compartiendo objetivos y sentados en el mismo bando en esa negociación.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís Ruíz sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores sino solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos y domesticados obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Aquella democracia «orgánica» (tan elocuentemente cantada en el preámbulo de la Ley de Colegios que aún regula nuestros colegios y consejos generales) y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hija de aquel régimen político orgánico de familia, municipio, sindicato y movimiento, es nuestra Ley 2/1974 de 13 de febrero que regula los Colegios Profesionales (sí, ha leído usted bien, 13 de febrero de 1974) y, si bien muchos de sus artículos han sido derogados por inconstitucionales, hay modos y maneras en las personas que ocupan los cargos dirigentes de esas agrupaciones que parecen haberse perpetuado hasta nuestros días.

De hecho son tan parecidos que, cuando reciben alguna crítica, reaccionan exactamente igual que aquellos sindicatos verticales: llamando a la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es precisamente lo que hacía aquel viejo sindicato vertical del que les hablo; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si la unidad, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Es por eso que, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle:

¿Unidad en torno a qué?

Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Hay formas de conducta (responder a la crítica pidiendo «unidad», considerar las peticiones de transparencia como una afrenta, reputar malintencionada cualquier opinión discrepante…) que tienen mejor encaje en la España de 1974 que en la de 2022.

En la república de las abogadas y abogados, todos son iguales a todos y nadie es más que nadie y es por eso  por lo que criticar la discrepancia es una repugnante forma de defender la posición o la prebenda propia.

La principal obligación de cualquier miembro de un grupo social es ser honesto consigo mismo y manifestar lo que piensa, porque es de este modo y no de otro es como mejor sirve a los intereses del grupo, diciendo en cada momento lo que cree más conveniente y mejor para todos.

Si alguien cree que quien así procede atenta contra la «unidad» es que aún no ha entendido los principios básicos de la vida en democracia; o peor aún: pretende mantener un status quo del que se beneficia personalmente.

Por eso en la igualitaria república de las abogadas y abogados todas las opiniones caben y son tan valiosas la opiniones discrepantes porque, cuando lo que se persigue es el interés del grupo, no importa que existan caminos distintos para alcanzar el destino compartido.

Escritor de oficio

Escritor de oficio

La vida es impredecible, estudiamos y nos preparamos para desempeñar un oficio concreto pero, en última instancia, es la vida la que decide lo que finalmente seremos.

A mí, por ejemplo, la vida me hizo escritor.

Sí, a menudo escribo historias de ficción, historias de hombres que son injustamente acusados por crímenes que nunca cometieron pero hombres que, casi siempre, me estropean todo el trabajo al conformarse con cualquier condena que no les conduzca inmediatamente a prisión.

Es una pena.

Otras veces escribo historias reales, historias de hombres que son injustamente acusados por crímenes que nunca cometieron, hombres que, como los anteriores, muy a menudo me estropean todo el trabajo al conformarse, al igual que los otros, con cualquier condena que no les conduzca inmediatamente a prisión.

Es una pena aun mayor que la anterior

Mi drama como escritor es que rara vez estoy seguro de cuáles de las historias que escribo son reales o de ficción. Muchos escritores de mi gremio creen saber cuándo cuentan una historia real y cuándo ficticia y yo les admiro pues nunca he logrado estar absolutamente seguro de nada.

Cuando he creído saber con precisión lo ocurrido en realidad, circunstancias inesperadas me han sacado de mi error revelándome cuán vanidosa es la mente humana —en especial la mía— y cuánto ama sus propias conclusiones, a las que, como hijas suyas que son, juzga perfectas y sin error.

A lo largo de mucho más de treinta años he ido guardando y clasificando historias de ficción juzgadas como reales por mis lectores e historias reales juzgadas como de ficción por quienes forman mi audiencia. Nunca ha dejado de admirarme la rotundidad con que las personas erradas son capaces de expresar sus yerros. A veces leo sentencias rotundas, tan cargadas de razón como de errores y reflexiono largamente sobre la vanidad humana.

Porque en este particular mercado literario en que trabajo todos los autores tienen derecho a que su obra sea leída aunque, lamentablemente, que sea juzgada bien o mal, correcta o incorrectamente, catalogada como real o de ficción, es algo que no se garantiza en absoluto.

Es por eso que los hombres cuyas historias cuento, reales o ficticias —ellos sabrán— prefieren muy a menudo un mal liviano pactado que aguardar una opinión imprevisible.

Informática judicial española: caótica por diseño

Hace una semana les dije que una de las causas del caos informático de la administración de justicia española era la peculiar interpretación que, en los primeros años 90, el Tribunal Constitucional había hecho de la distribución de competencias que, en materia de justicia, establecía nuestra Constitución.

A fin de que sea comprensible para quienes no conocen el funcionamiento de la administración de justicia española voy a tratar de justificar mi afirmación de la manera más sencilla posible lo cual, necesariamente, hará que no sea rigurosa hasta el extremo, pero creo que será suficientemente ilustrativa.

Veamos…

Si a cualquiera de los españoles o españolas se les pregunta dónde está la justicia lo más probable es que señalen el edificio de los juzgados de su partido judicial. Y en parte es verdad, pero no del todo.

La justicia es uno de los tres poderes del estado, es el llamado poder judicial, pero nada o casi nada de lo que vulgarmente consideramos «justicia» es poder judicial sino que pertenece al gobierno.

Por ejemplo, el edificio de los juzgados no pertenece al poder judicial, sino al gobierno, del mismo modo que los funcionarios que trabajan dentro del juzgado no son funcionarios del poder judicial, sino del gobierno. Los jefes de estos funcionarios no son tampoco funcionarios del poder judicial sino que dependen del gobierno (sí, los letrados de la administración de justicia no son poder judicial sino poder ejecutivo) y del gobierno son también los muebles, ordenadores, sistemas informáticos y hasta el bolígrafo bic y los folios que el juez usa para tomar notas en sala. La silla donde se sienta y la pantalla que mira el juez son, por supuesto, también propiedad del poder ejecutivo.

Y si esto es así ¿Dónde está en España el Poder Judicial?

Pues… Única y exclusivamente dentro del cerebro del juez.

Este juez que no es jefe de los funcionarios que le asisten y no puede hacer nada por sí mismo salvo que lo pida al poder ejecutivo —al gobierno— es el último reducto del poder judicial, un reducto que desde hace unos 40 años viene siendo asediado por gobiernos que, sistemáticamente, le retiran competencias procesales para asignarlas a funcionarios del gobierno. Los gobiernos justifican este asedio con razones de «eficiencia» y de «mejor asignación de recursos» pero no se engañen, tras esa coartada, se oculta la voluntad perpetua y constante de los gobiernos de controlar al poder judicial.

Y ahora que ya saben cómo funciona la administración de justicia veamos como este funcionamiento ha dado lugar al caos informático que padece la justicia española.

Durante los años 80 nuestro país estaba adaptándose al novedoso estado de las autonomías que había diseñado la Constitución de 1978, la cual declaraba inequívocamente en su artículo 149.5⁰ que el estado tenía competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

Teóricamente la Administración de Justicia era competencia exclusiva del estado y no podía ser transferida a las comunidades autónomas.

Entonces ¿qué pasó?

Pues pasó que las comunidades autónomas se aprovecharon de esa avidez tradicional de los gobiernos por controlar la administración de justicia. Como les dije antes ni los juzgados, ni los funcionarios, ni los Letrados de la Administración de Justicia, ni el mobiliario ni los sistemas informáticos eran propiedad del Poder Judicial sino del gobierno y las comunidades autónomas razonaron con ingenio que, si todo eso no era poder judicial sino poder ejecutivo, sus competencias debían ser transferidas a las comunidades autónomas.

El debate llegó hasta el Tribunal Constitucional.

El gobierno central sostenía que la administración de justicia existente era verdaderamente la administración de justicia de que hablaba la Constitución; las comunidades autónomas sostenían justo lo contrario, que aquello no era administración de justicia sino unos medios que el gobierno disponía para «auxiliar» a la administración de justicia.

Finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que aquello era una administración de la administración de justicia y la competencia en materia de medios informáticos quedó en manos de las comunidades autónomas que tenían transferidas esta competencia.

Con las competencias transferidas las comunidades autónomas muy bien podían haber financiado un sistema informático común a todas de forma que todas contasen con el mismo sistema con un coste de tan solo una séptima parte.

Sin embargo nuestros políticos prefirieron otra solución: cada comunidad elaboró un sistema informático propio de forma que, el conjunto de España, gastó siete veces más dinero para conseguir no ya un sistema único sino siete sistemas distintos que, además, no se interconectaban bien.

Repitámoslo: hemos gastado más de siete veces el dinero necesario para conseguir no un sistema siete veces mejor, sino siete veces peor.

Nuestos políticos, en muchas encuestas, figuran como el primer problema al que hemos de hacer frente los españoles y, sin duda, si nos fijamos en barbaridades como estas, las encuestas tienen razón. Pero aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza por este desastre que ha estado en la raíz de algunos crímenes terribles debido a su ineficiencia.

Por eso les dije en el podcast anterior que los más de 400 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para reformas informáticas en nuestra administración de justicia serán tirados a la basura en gran parte, porque el diseño de nuestros sistemas informáticos presenta problemas insolubles de raíz, problemas que, al ser de naturaleza política, nadie quiere arreglar y es por eso que ya, de principio, los 400 millones se han repartido entre todas las administraciones causantes del desastre y, como el político español es el único animal que tropieza siete veces en la misma piedra, en lugar de arreglar un diseño defectuoso trataremos de hacerlo funcionar a base de parches y apaños que se venderán a la opinión pública con alharaca y estrépito de prodigios informáticos, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial y de todas esas pamplinas y humo con que nuestros políticos tratan de engañarnos y engañarse.

Nuestros sistemas informáticos judiciales son catastróficos por diseño pero eso no importa cuando de gastar se trata, aun cuando hayamos de gastar siete veces más para obtener una solución siete veces peor.

La semana que viene les espero. Ojalá esta les vaya bien.