A millares

A millares

Hoy hace una semana que el trabajo de unos pocos se convirtió en la acción de unos cientos. Ese trabajo de unos pocos y esa acción de unos cientos son hoy, siete días después, la ilusión de muchas personas que hay que contar por miles.

Puedes dejar que lo hagamos o puedes trabajar tú también; yo, que tú, no me perdería esta fiesta.

Únete a la red.

Vamos.

La puerta de Almodóvar

La puerta de Almodóvar

Recuerdo muy bien cuándo tomé esta foto y recuerdo vívidamente también cuál era el estado de ánimo que me embargaba.

Despuntaba la mañana del 29 de noviembre de 2019 y yo no había podido conciliar el sueño en toda la noche; había salido a pasear de madrugada por la desierta judería y ahora amanecía en la Puerta de Almodóvar.

Se acercaba la hora de marchar a la vieja Facultad de Veterinaria y yo andaba tratando de espantar al miedo como dicen que lo hacía Juan Belmonte: hablándole:

«—¿Sigues ahí? ¿Aún no te has ido? Pues vete o, al menos, aléjate de mí; voy a ir a ver a unas personas y lo último que quiero es que te vean conmigo.»

Sé que todavía hablaba con él cuando tomé esta foto.

Ahora, esta noche en que estoy de guardia, la miro y vuelvo a sentir las mismas sensaciones que cuando la tomé. Y vuelvo a repetirme las palabras que escribí cuando la subí a Instagram: «Ya es la hora. Vamos.»

Y pienso que es verdad, que esta es la hora, que, esta, es siempre la hora.

Vamos.

Los abogados y los bienes inembargables

Los abogados y los bienes inembargables

Proclama el ordinal segundo del artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que serán inembargables:

Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

Dicho de otro modo, si es usted albañil sus herramientas de trabajo son inembargables y, si es usted programador, puede estar tranquilo, su ordenador y periféricos necesarios para su trabajo están a salvo del banco.

No es que la ley le haga a usted ningún favor, no; lo que la ley quiere es garantizarse que usted podrá seguir trabajando y pagar a su acreedor porque, como seguramente usted sabe —y si no lo sabe yo se lo digo—, en España las deudas son vitalicias y usted estará obligado a satisfacerlas no hasta el límite de sus haberes (como los bancos y las personas jurídicas) sino hasta que las pague o por completo o se muera. Quizá esto que le cuento le sorprenda, en España estamos acostumbrados a que las deudas sean para siempre, pero eso que a usted le parece normal es una anomalía tanto histórica como geográfica.

Pero vamos a lo que importa. Si lo que la ley persigue es que los deudores puedan seguir trabajando hasta pagar su deuda ¿qué sentido tiene impedir el ejercicio profesional al letrado o letrada que no han podido pagar su cuota colegial o de la Mutualidad de la Abogacía?

Pareciera que hablar de pobreza en la abogacía molesta y, sin embargo, no es arriesgado afirmar que un tercio de los abogados y abogadas de España están en situación límite a la insolvencia.

Hace dos años la Mutualidad de la Abogacía remitió cuarenta mil cartas a abogados y abogadas que no estaban al corriente de sus pagos y los colegios de abogados no son ajenos al volumen de impagados que soportan en las cuotas, a pesar de su moderado importe. Cuarenta mil abogados de un censo de menos de ciento cincuenta mil indica que nos hallamos en una situación límite en un momento en que una nueva recesión se anuncia. ¿Cómo resistirán esos abogados y abogadas, sus familias y sus hijos, a un nuevo golpe?

No todo han de ser malas noticias, pues, para quienes cotizan como autónomos el impago de sus cuotas no les impedirá continuar con su ejercicio. Si mis compañeros laboralistas no me han informado mal —yo no soy laboralista— en el caso de estar afiliado al RETA (régimen de los trabajadores autónomos) el impago no impide trabajar y si se gana menos del salario mínimo no hay obligación de pago.

Y si esto es así ¿Por qué el impago de cuotas priva a los abogados y abogadas de la única herramienta con que podrían pagar sus deudas?

El último proyecto de ley de Colegios y servicios profesionales previó poner fin a esta aberración y expresamente prohibió que se pudiese privar de su capacidad para el ejercicio profesional a quien no pagase su cuota colegial. Todo ello, claro, sin perjuicio de que se reclamasen dichas cantidades con los recargos procedentes; pero, lo que no se toleraba, era privar a abogados y abogadas de su herramienta de trabajo. Nada extraño, tal proyecto de ley solo pretendía tratar a letrados y letradas de la misma manera que la Ley de Enjuiciamiento Civil trata al resto de los españoles.

Las deudas no pueden llegar a tanto que impidan trabajar al deudor pues ello es condenarle a la muerte civil y eso es así en cualquier lugar del mundo civilizado, incluida España, aunque, al parecer, la república de la abogacía no debe formar parte de este país porque es la única a la que no alcanza tal limitación.

Sé que molesta oír hablar de pobreza en la abogacíay que los dirigentes sector prefieren vivir en mundos llenos de microrrelatos, estupefacientes digitales que no entienden, ferias de muestras, coros y danzas y, sobre todo, competiciones de bisutería condecorativa. Pero, sepámoslo, en la abogacía hay bolsas no de escasez o apretura, sino de pura pobreza, y esas bolsas alcanzan a abogados que, hasta ahora, se habían ganado la vida dignamente. Una nueva recesión se anuncia y en la cubierta del Titanic de la abogacía la orquesta sigue interpretando polkas.

Alguien tendrá que enfrentar la crisis que viene y tomar las medidas precisas para que esta no golpee, como siempre, a quienes menos convendría que golpease.

Está en tus manos impedirlo. Aún puedes ir a Córdoba.

Antes de firmar un contrato consulte a su farmacéutico

Antes de firmar un contrato consulte a su farmacéutico

En España no se venden fármacos en establecimientos distintos de las farmacias y es normal: los fármacos son productos potencialmente peligrosos para la salud y no pueden ser consumidos sin el debido asesoramiento médico o farmacéutico.

Incluso las campañas publicitarias de los medicamentos más inocuos y sin aparentes problemas, sistemáticamente son acompañadas con el cartelito de «consulte a su farmacéutico», y a nadie le parece mal.

Sin embargo, en España, al tiempo que usted no puede ingerir una aspirina sin que alguien le recuerde que debe usted consultar al farmacéutico, puede usted firmar una hipoteca que le ata 30 años de su vida, adquirir un coche con una financiación que usted firma sin entender un párrafo del contrato o divorciarse rellenando usted mismo unos formularios en internet, sin que nadie le diga que pregunte antes a un abogado.

En España los fármacos para el dolor de cabeza se venden en las farmacias y con la recomendación de consultar al farmacéutico, en cambio, los consejos jurídicos se expenden en el bar, la peluquería o en un formulario de una web boliviana. Es verdad que un analgésico mal tomado puede producir acidez de estómago y no curar el dolor de cabeza, pero le aseguro que una hipoteca mal firmada o un divorcio mal llevado puede arruinar su vida, la de sus hijos y hasta la de los hijos de sus hijos.

Pero no, los servicios jurídicos en España han de ser libres (¿qué tontería es esa de que los haya de prestar un profesional cualificado?) porque eso de la competencia y el libre mercado es algo estupendo. Estupendo, digámoslo claro, para el mercachifle que sin cualificación ofrece servicios jurídicos, para el empresario que publicita servicios jurídicos dados por telefonistas y para quien quiere amasar un dinerito a costa de engañar al prójimo.

En España a los ciudadanos nadie les aconseja consultar a su abogado, y no es por casualidad, imagínese usted que al ciudadano se le ocurriese consultar a un profesional ¿no se da usted cuenta de que entonces sería más difícil engañarle?.

Si usted quiere reconocer a un estafador no tiene más que observar si se le escapan frases de este tipo: «no, pero esto lo hacemos sin abogados, que lo enredan todo», «firme hombre, si es solo una formalidad», «no, no, no le puedo dar copia para que usted la estudie, esto hay que firmarlo aquí»…

En España hay leyes que obligan a que la publicidad de los medicamentos incorpore la advertencia de consultar a un abogado; en España nadie puede despachar medicamentos potencialmente peligrosos sin receta médica y bajo la supervisión de un farmacéutico. Sin embargo en España no existe ley alguna que obligue a recomendar la asistencia de un abogado cuando se llevan a cabo determinados actos jurídicos.

¿Qué tienen los servicios jurídicos que les hace diferentes? ¿Qué es esto de que se expidan contratos en internet por algoritmos sin intervención humana?

En España viene haciendo falta desde hace tiempo una ley de servicios jurídicos que regule el sector e impida tanta tropelía como hay ahora. La libertad de mercado está bien, pero no tanto como para que esa libertad permita ejercer la medicina a quien no es médico, a expedir drogas a quien no es farmaceútico, a construir casas a quien no sabe lo que es un cimiento, ni, por supuesto, a dar consejo jurídico a quien no tiene la cualificación para ello.

No sé si me explico.

Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Amazon, cambio tecnológico y cambio jurídico

Frente a las innovaciones tecnológicas, tradicionalmente, han existido tres posiciones: quienes han tratado de aprovecharlas en su propio beneficio, quienes han tratado de prohibirlas considerándolas una amenaza y quienes han tratado de estudiarlas y regularlas en beneficio de todos.

Existe, no obstante, una cuarta posición, quizá la peor de todas, y que no es sino la de aquellos que ignoran cómo afectarán las tecnologías a su sector y dejan suceder las cosas, dando por sentado que las tecnologías “siempre triunfan”. Tal actitud ha sido y es, simplemente, ignorante, indolente e irresponsablemente suicida.

Las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX han sido, hasta ahora, mayoritariamente mecánicas. Quienes apostaron porque tales revoluciones acabarían con el trabajo humano erraron, porque dichas revoluciones mecánicas con quien acabaron fue con aquellos obreros que sólo podían ofrecer trabajo mecánico y esos «obreros» no eran humanos. Cuando los alemanes invadieron la URSS en junio de 1941 su mecanizadísimo ejército solamente tenía unos 150.000 camiones frente a unos 625.000 caballos. Hasta 1945-50 gran parte de la energía de trabajo era todavía muscular y provenía de los animales de tiro, pero, en apenas unas pocas décadas, la extensión de los efectos de estas «revoluciones industriales mecánicas» acabó de tal modo con nuestros inmemoriales compañeros de cuatro patas que, a día de hoy, especies como el burro están en peligro de extinción, la mula no es más que un exotismo y el caballo una distracción para las clases acomodadas.

A quienes prefieren ignorar el verdadero sentido de las revoluciones y apuestan por no hacer nada, les vendría bien reconsiderar el papel de los burros tras las anteriores revoluciones industriales mecánicas, no sea que en esta —la revolución de la información y la inteligencia artificial— acaben siendo ellos los burros. Y no digo nada de lo que le puede esperar a una sociedad gobernada por burros de esta especie. Si algo me preocupa es ver a un responsable político o social inhibiéndose de intervenir y afirmando con ignorante suficiencia que «la tecnología siempre triunfa».

Todas las revoluciones, industriales o tecnológicas, llevan aparejados cambios jurídicos y, dependiendo de estos cambios jurídicos, los efectos de dichas revoluciones han favorecido a unos, a otros, a todos o a ninguno. Déjenme ponerles unos ejemplos.

Cuando Eastman comercializó la película flexible Kodak hizo de la fotografía una tecnología al alcance de cualquiera, pero esta tecnología inmediatamente planteó problemas jurídicos antes nunca pensados, como el de si los propietarios de las cosas tenían derecho a impedir que fuesen fotografiadas. Para quienes eran propietarios de un monumento, un paisaje bello o una catedral vistosa, lo conveniente era que el fotógrafo hubiese de pagar por fotografiarlos, para el desarrollo de la fotografía era mucho más preferible que hacerlo fuese gratuito. La pugna legal fue dura en los Estados Unidos y se solucionó optando por la gratuidad, pues ello favorecía el desarrollo de la fotografía en beneficio de todos. Si a ustedes este debate les parece anticuado harían bien en pensárselo dos veces pues, en Europa, la libertad de panorama (así la denomina la Directiva 2001/29/EC) no es igual en todos los paises y, si usted viaja a Francia o Italia, se encontrará con que eso de fotografiar monumentos u obras de arte tiene su especial regulación.

Otro ejemplo muy ilustrativo de como las revoluciones industriales cambian las legislaciones es el que nos ofrece la aviación. Hasta que se inventaron los aviones era indiscutido que, conforme los juristas venían diciendo desde época de Justiniano, la propiedad de una parcela de tierra se extendía bajo ella “hasta los infiernos” y sobre ella “hasta los confines del universo”. Y si esto era así, como lo era, ¿podían volar los aviones sobre mi finca sin mi permiso?.

A ustedes esta pregunta quizá les mueva a risa pero estoy seguro que esa risa se desdibujará de su cara cuando piensen, por ejemplo, en el espacio aéreo de las naciones. ¿Puede volar un avión extranjero sobre nuestro territorio nacional sin permiso previo?. Y, si un avión extranjero no puede entrar sin permiso en nuestro espacio aéreo, ¿entonces por qué los satélites artificiales sí pueden?; y sobre mis tierras ¿sí o no?

El tema les parecerá de laboratorio pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hubo de enfrentarse a él cuando, en 1946, los hermanos Causby decidieron prohibir a los aviones sobrevolar sus fincas.

En el caso United States v. Causby (328 U.S. 256) el Tribunal Supremo hubo de reconocer que a los demandantes les asistía la razón y que una inmemorial jurisprudencia avalaba su postura, pero que «atentaba al sentido común» tener que pedir permiso para sobrevolar sus tierras.

Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos (1946) hacía ya medio siglo que los aviones surcaban los cielos pero ¿Qué cree usted que habría respondido ese mismo tribunal en 1900 cuando los vuelos eran una excentricidad de ricos?

La ley cambió para siempre en USA con el caso Causby, pero no cambió el régimen de la soberanía sobre el espacio aéreo de las naciones y su invasión y, aunque fuese por un solo avión de reconocimiento, tal acción podía poner al mundo al borde de la guerra atómica (por ejemplo en el caso del derribo del estadounidense avión espía U-2 sobre territorio de la URSS en 1960).

Créanme, los cambios tecnológicos fuerzan los cambios jurídicos y estos cambios jurídicos son gobernados por fuerzas y grupos de presión que, a menudo, no trabajan por el interés común sino por el suyo propio; pensemos por ejemplo en las leyes de propiedad intelectual.

Ni Homero, ni Virgilio, ni Horacio, ni el juglar que compuso el Mío Cid, percibieron nunca derechos de autor y, sin embargo, no parece que la literatura ni el arte de escribir haya estado nunca en peligro. No fue sino hasta una revolución tecnológica, la imprenta, que alguien se planteó que se pudiese conceder algún tipo de regalía a los autores. En realidad el hecho de que los autores cobrasen no era algo que preocupase en exceso, pues, a los autores, se les pagaba para que compusiesen nuevas obras, no para que reinterpretasen las antiguas; pero, al ver cómo los impresores ganaban muchísimo dinero vendiendo libros de determinados autores, decidieron que este dinero fuese en parte también a los autores y fue por ello que en Inglaterra la Reina Ana, en 1710, dictó la que pasa por ser la primera ley en materia de propiedad intelectual: el Estatuto de Ana.

Ahora, el sistema de propiedad intelectual que apareció con esa ley, a muchos les parece normal y natural pero, ya antes de que dicho estatuto se aprobara, a las mentes más preclaras del planeta, tal forma de regular la propiedad intelectual les parecía una aberración.

Las mentes más preclaras, es bueno que se sepa, eran españolas y se avecinaban en Salamanca; formaban una escuela que se llamó Escuela de Salamanca y su capacidad teórica y nivel de conocimientos estaban al nivel de las mejores, quizá un punto por encima.

Para estos pensadores la propiedad intelectual no era un juego de suma cero (no te preocupes, luego te explico qué es esto) y por tanto no se podía aplicar la regulación tradicional de la propiedad de los bienes, que es un ejemplo clásico de juego de suma cero.

Un juego de suma cero es, por ejemplo, el tenis: o gana Nadal o gana Federer, pero no pueden ganar los dos. La propiedad tradicional es también un juego de suma cero: o yo conduzco el coche o lo conduces tú, pero ambos a la vez no; las cosas son de alguien pero, en cuanto son de alguien, ya no son de los demás.

En cambio la propiedad de las ideas no es posible concebirla como si fuese un juego de suma cero: si yo tengo una idea y te la doy tú tendrás la idea pero yo no la perderé, de forma que los dos tendremos la idea. Todos ganan y nadie pierde, esto claramente no es un juego de suma cero.

Si usted tuviese un pan y pudiese sin esfuerzo hacer tantas copias del mismo cuantas quisiera ¿Con qué fuerza moral podría impedir usted que se acabase con el hambre del mundo?

Pues bien, la Escuela de Salamanca, precisamente porque entendió que la propiedad de las ideas no era igual que la propiedad de la materia y que no estábamos ante un juego de suma cero, desaconsejó esta solución.

Fue sin éxito, en Inglaterra y en el mundo no conocían otra forma de propiedad que la de Justiniano y en esta ocasión ganaron los Causby de la época y se aplicó a las ideas el mismo régimen de propiedad que al resto de las cosas.

La regulación no fue del todo mal hasta la aparición de los irdenadores y de internet. Hoy la copia de obras no es algo complicado ni producto de una invención avanzadísima —como parecía la imprenta en el siglo XVI— sino que es algo que se produce millones de veces y sin coste. ¿Por qué habríamos de pagar por una copia?

Redulta curioso que los adalides del software libre (el software que hace funcionar el mundo que conoces) recurran ahora, en pleno siglo XXI, a aquella maravillosa visión de la Escuela de Salamanca y proclamen que toda la regulación sobre propiedad intelectual en el mundo descansa sobre un principio falso, que se trata de un juego de suma cero, y que debería ser revisada de alto en bajo y regularla como lo que es, un juego de suma no cero. Pero, ¡ay!, tras tres siglos de unas leyes mal concebidas, nuestras conciencias se han habituado a ellas, las vemos como naturales, nos resistimos al cambio y, lo que es peor, terribles intereses económicos se aprovechan de las inconsistencias de esta legislación. Para los Estados Unidos la industria de Hollywood es intocable (les produce muchísimos millones en ganancias) y la misma descansa sobre una determinada concepción de la propiedad intelectual que ellos mismos han ido construyendo a su conveniencia tras apropiarse del trabajo de otros. Y, si Hollywood es intocable, permítanme que les diga que Estados Unidos ya ingresa más por derechos de autor de videojuegos que de producciones de Hollywood. ¿Comprenden ustedes por qué esta legislación no va a cambiar aunque esté mal concebida?

Es por eso que hoy que Amazon ha abierto la guerra de los servicios jurídicos en internet es más necesario que nunca que los juristas hagamos un esfuerzo teórico y creativo superlativo, porque si permitimos que la regulación del sector se deje en unas solas manos, quienes perderán serán los que no estén en la redacción de esa regulación. No es temor a la tecnología, no, no es tratar de frenarla, tampoco; amamos la tecnología, pero sobre todo amamos la justicia y lo que no podemos hacer es dejar indolentemente en manos ajenas esta regulación.

Así pues grábatelo a fuego: o damos la batalla por una regulación moderna y justa que no frene sino que fomente la tecnología en beneficio de todos o corremos un riesgo cierto que nos pase como a los burros de la wehrmacht.

La abogacía necesaria

La abogacía necesaria

Un eslogan muy repetido por los abogados en redes sociales para defender el que se dote de medios a la administración de justicia ha sido ese que dice que «sin justicia no hay derechos» y quizá, a base de repetirlo, se nos ha olvidado que existen cosas igualmente importantes que debiéramos defender y que, sin duda, nos tocan más de cerca.

Nos ocurre a los abogados que, a base de defender la justicia, nos olvidamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de que, aunque es verdad que sin justicia no hay derechos, lo cierto es que sin abogados tampoco los hay.

En una sociedad sin derechos la abogacía no tiene razón de ser pero, en una sociedad sin abogacía, lo primero que se extingue son los derechos de esa sociedad.

Y cuando hablo de abogacía no me refiero a cualquier abogacía sino a la abogacía de verdad. No me refiero a esa abogacía negocio que pone en el beneficio económico su primer objetivo, la que deja ver sus ecos de sociedad en las páginas de la prensa salmón, la que a menudo no es más que una herramienta más de los poderosos para tratar de adecuar la realidad jurídica a su conveniencia. Bufetes de influencias,de consejos de administración en multinacionales, condenas por delito fiscal, fondos buitre y trust en las Caimán.

A la que me refiero es a esa abogacía que defiende los derechos de los ciudadanos anteponiéndolos a los propios, a esa que, cuando usted le pregunta aquello de «si hay pleito» le responde con la verdad y le dice lo que más le conviene a usted y no a su cuenta corriente. Siglos de ejercicio profesional construyeron esa abogacía que ahora, en beneficio de los intereses de unos pocos miserables, se trata de destruir.

Se la destruye cuando se eliminan las costas en los procesos hipotecarios, porque con ello se obstaculiza la reclamación de los ciudadanos y se premia la miserable, inhumana y sucia codicia de los bancos.

Se la destruye cuando se aleja la justicia de los juzgados naturales de los consumidores para llevarlos lejos, hacer más caro su acceso y atascar su funcionamiento sin más motivo que favorecer a los de siempre.

Se la destruye cuando se favorece a los bancos reduciendo los lugares en los que pueden ser demandados ellos apenas a 52 juzgados mientras que ellos ejecutan y embargan en los 433 partidos judiciales de España.

Se la destruye cuando a los ciudadanos se les imponen automáticamente las costas de las ejecuciones como si ser pobre fuese lo mismo que ser temerario o no poder pagar fuese lo mismo que actuar de mala fe, mientras que medio país —incluido el Consejo General de la Abogacía Española— trata de que ellos, los bancos, no paguen costas más que en contados casos de conjunciones planetarias.

Se ataca a esta abogacía cuando se atacan muy discriminadamente los criterios de honorarios de los colegios, cobrándoselos con saña a los deudores hipotecarios o bancarios pero interponiendo demandas millonarias contra los colegios cuando son ellos quienes han de atenerse a una más que atemperada versión de los mismos.

Se ataca a esta abogacía cuando no se prorrogan o suspenden los plazos en caso de enfermedad, maternidad o paternidad y se pretende que los abogados y abogadas sean material fungible.

Se la ataca cuando se reconoce el derecho a litigar gratuitamente a capas de la sociedad pero no se dota a la justicia gratuita del presupuesto suficiente para que esa defensa esté dignamente retribuida.

Se la ataca cuando no se controla la publicidad engañosa de empresas que pretenden ser despachos de abogados cuando no son más que intermediarios o multinacionales de procesar carne de jurista novel.

Pero el mayor peligro que amenaza a esta abogacía somos nosotros mismos que, obcecados en defender la justicia, no nos demos cuenta de que la mejor manera de defender los derechos de la ciudadanía es defender la existencia de la abogacía que hace posibles esos derechos, la abogacía que hace que la constitución y el resto del ordenamiento no sean para ellos papel mojado.

No, en las sociedades sin una abogacía así los derechos de la ciudadanía no son más que pura retórica y es por eso que, antes que nada o al mismo tiempo que todo, nuestro deber es defender esta abogacía necesaria.

Madres de hace dos mil años

Madres de hace dos mil años

Para griegos y romanos la península ibérica era un lugar lleno de pueblos y tribus con abundantes costumbres exóticas.

Famosísimo es el texto del historiador griego Estrabón a propósito de las mujeres astures y su enorme dureza en el trabajo. Debo decir que de los hombres astures resalta su obstinación por la cosa de la libertad, pero, del trabajo de ellos no dice nada y espero que mi amigo David Roiz Baztán sepa perdonarme. Bueno, bromas aparte, Estrabón se admira de la dureza de las mujeres astures y escribe:

Con frecuencia paren en el momento en el que se encuentran en plena labor, de forma que lavan al recién nacido inclinándose sobre la corriente del arroyo, y lo envuelven luego (Estrabon III, 4,17).

Mas adelante Estrabón nos cuenta que, tras lavar y envolver a la criatura, esas mujeres seguían trabajando como si tal cosa.

Cosas de hace dos mil años dirán ustedes.

No crean. Las abogadas en España no son indígenas astures pero les aseguro que lo que escribe Estrabón les es prefectamente aplicable. Con frecuencia están trabajando hasta el mismo momento de dar a luz y, sin que nadie les perdone un plazo, en cuanto son capaces de volver a escribir en el ordenador vuelven a su tarea y a los juicios con el cuerpo dolorido.

Esta barbarie, que ya hace dos mil años era barbarie, parece que no llama la atención de nadie ahora. Parece que en el siglo I hubiese más sensibilidad hacia la maternidad que en el XXI.

De las condiciones en que los hijos de las abogadas llevan adelante la lactancia ni les hablo, basta con que miren la foto de abajo e irán formándose una idea.

Mientras leo la famosa cita de Estrabón sobre las mujeres astures pienso en nuestras abogadas y pienso en nuestros gobernantes y me hierve la sangre al pensar que tengan menos sensibilidad que un griego de hace dos mil años.