¿De qué viviremos los abogados?

No es agradable sentarse y pensar, pero hay que hacerlo.

La abogacía de a pie no suele vivir de las igualas, vive del pago de los asuntos que se le encargan y del cobro de las costas de los procedimientos que gana y, mientras dure el estado de alarma, no percibirá ni los unos ni las otras; es decir, no ingresará absolutamente nada en la mayoría de los casos.

Eso significa que, mientras dure el estado de alarma, una gran parte de los abogados y abogadas de a pie carecerán de ningún tipo de ingreso. ¿De qué vivirán?

Quienes tengan ahorros podrán echar mano de ellos pero, quienes vivan al día y maltratados por la crisis, se enfrentan a una dificilísima situación porque, no nos engañemos, el estado de alerta no va a durar dos semanas ni cuatro, si en China ya lleva ocho semanas no hay motivo para pensar que en España vaya a durar menos.

No, compañeras y compañeros, esto no va de broma, hacemos frente a una amenaza vital para quienes vivimos de esto profesionalmente y en exclusiva y, en esta situación, o se toman medidas ya o para luego será tarde.

Hay que entender que, cuando acabe el estado de alarma, muchos de nuestros clientes estarán en situación crítica también y nuestra recuperación y la suya correrán parejas; es decir, serán igual de lentas y complicadas.

Mientras acabo de redactar el post leo el borrador de medidas presentado por el gobierno para evitar que «nadie quede atrás» por culpa de esta crisis y pienso que los abogados y abogadas de España debemos ser «nadie» porque ninguna medida se prevé para amortiguar la crisis vital a la que vamos a hacer frente.

Las autoridades deben entender esto, deben entender que la abogacía, la procura, los graduados sociales, son colectivos afectados por esta medida en igual medida que los parados de los ERTES o incluso más aún porque sus gastos fijos se mantienen. O quienes nos representan alzan la voz clara y contundentemente o, como ya es habitual, tendremos que hacerlo nosotros por ellos.

La primavera y el verano que viene van a ser muy duros, por eso, aunque no podamos estar juntos será muy bueno que estemos unidos.

Vamos.

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Es su oficio

Con la palabra «oficio» (officium) los romanos no designaban a ningún trabajo sino a un deber moral que se tenía para con el resto de los ciudadanos. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía se llaman oficios) hay actividades que se prestan más como deberes para con el resto de los ciudadanos que como actividad laboral.

Ocurre con los médicos y los profesionales de la asistencia sanitaria que, cuando se produce una emergencia, pase lo que pase y mucho más allá de la retribución económica que reciben, su primer deber, su «oficio», es servir a la comunidad y cuidar a quienes necesiten de sus servicios.

Hay actividades que escapan a la comprensión de las teorías económicas y que son ajenas al sano egoismo capitalista, son actividades profundamente humanas y que responden a la generosidad y no al interés, al deber y no a la ganancia, a la ética y no a la economía.

Hoy muchos españoles y españolas estarán en primera fila cumpliendo con su deber mucho más allá de lo que dice su nómina y jugándose la vida por los demás y entre ellos estarán un puñado de abogados y abogadas que cuidarán de los derechos y la libertad de todos.

No les han pagado desde noviembre ni probablemente nadie les pagará esto que hacen hoy, pero puede usted estar seguro de que cumplirán con su deber más allá de lo que pudiera exigírseles.

Porque son abogados y abogadas de raza.

Porque es su oficio.

La comprobación del funcionamiento del software judicial español. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2019, de 25 de noviembre

La comprobación del funcionamiento del software judicial español. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2019, de 25 de noviembre

Buenas tardes.

Creo que, siendo el objeto central de mi ponencia de hoy el comentario de una Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en un proceso en el que yo fui letrado recurrente, seguramente les interesará conocer —además de mis reflexiones sobre el contenido de la sentencia y, sobre todo, del voto particular de su ponente— el resto de circunstancias del caso de forma que, si me lo permiten, comenzaré esta historia desde el principio y les contaré cuanto sé de ella a fin de que puedan conocer su trasfondo.

Mi primer recuerdo de este asunto es el de ver entrar en mi despacho a un hombre y a su asesor fiscal visiblemente alterados. El hombre, un varón que rebasaba los 60, vestía ropa de faena y tenía todas las trazas de ser un hombre sencillo y sin mucha formación.

El caso era que, debido a una llamada —creo recordar que de la Administración Tributaria— el hombre de aspecto humilde había sido advertido de la existencia de un gravoso embargo sobre su panadería, dimanante de un proceso por despido seguido ante el Juzgado de lo Social 1 de Cartagena. El hombre, panadero de profesión, resulta que tenía una panadería, una pequeña sociedad limitada, de la que había despedido hacía un tiempo a uno de sus pocos empleados y ahora, al cabo de los meses, se había enterado de que ese hombre le había puesto un procedimiento por despido del que él no había tenido la menor noticia, que el juicio se había celebrado en su ausencia y que había sido condenado. Sólo ahora que estaban embargando los bienes de la sociedad que regentaba la panadería el hombre había tenido noticia de todas estas cosas.

Antes de venir a mi despacho el hombre había ido al Juzgado de lo Social a preguntar cómo era posible que se hubiese celebrado un juicio sin que él se enterase y allí le respondieron que él había sido citado en su domicilio electrónico, tal y como la ley permitía, y que el sistema informático del juzgado indicaba que la notificación se le había depositado correctamente en su buzón y que la misma había sido retirada en determinada fecha. Que todo era legal y que no había nada que hacer.

Al llegar a mi despacho el hombre de aspecto humilde juraba que él no sabía qué era eso del “domicilio electrónico”, que desconocía por completo su funcionamiento y que, por supuesto, él no había retirado nada de su buzón ni de ningún otro sitio.

Yo le creí incluso sin juramentos, su mera apariencia indicaba que aquel hombre, muy probablemente, era un artista en todo lo relativo al amasado y horneado de pan pero que, en lo relativo a las comunicaciones electrónicas, era un total y absoluto ignorante digital.

Yo ya tenía conocimiento de que tal forma de proceder por parte de los juzgados de los social y algunos mercantiles era frecuente en esa época (año 2018) e incluso recuerdo a algún abogado experto en derecho laboral comentando en público la feria en que se habían convertido los juzgados de lo Social: el uso intensivo de las citaciones en domicilios electrónicos estaba provocando un alto número de condenas en rebeldía.

Como no soy laboralista el tema no me interesó demasiado pero, ahora que tenía ante mí este hombre y su problema, caí en la cuenta de que este tema me ofrecía una magnífica posibilidad de pelear por una causa que hace tiempo venía persiguiendo. Para saber exactamente cuál es esta causa, verdadero leit motiv de mi recurso de amparo, no me queda más remedio que contarles antes una historia ocurrida en los juzgados y tribunales norteamericanos: el caso Toyota Camry. Permítanme que lo haga.

A finales de la primera década de este siglo, en torno al año 2008, la empresa Toyota comenzó a recibir numerosas quejas en su división de Estados Unidos. Muchos conductores se quejaban de que, en ocasiones, el modelo Camry comenzaba a acelerar de forma imprevisible y sin que su conductor pudiese hacer nada para evitarlo. Pronto se produjeron las primeras víctimas e incluso el conductor de uno de aquellos Toyota fue condenado tras ser declarado culpable de un accidente.

Al principio nadie creyó a quienes decían que el coche había acelerado por sí solo, de hecho se encargó un estudio a la NASA que certificó que el coche funcionaba perfectamente y ello, junto con numerosas investigaciones e interrogatorio de afectados hizo que Toyota diese el caso por jurídicamente cerrado.

Sin embargo, entre finales de 2009 y principios de 2010 Toyota había comenzado a llamar a los propietarios del modelo Camry para solucionar algunos aspectos. Toyota pensó que las alfombrillas podían interferir en el correcto funcionamiento del acelerador y atascarlo de forma que probó a cambiarlas e incluso a serruchar el pedal del acelerador pensando que podía haber un problema en la barra… pero sin éxito. Los casos de conductores que afirmaban que su Toyota había acelerado espontáneamente continuaron y los accidentes… también. Para enero de 2010 Toyota había llamado a revisión unos 7,5 millones de vehículos a causa de los problemas con el acelerador.

Sin embargo el 24 de octubre de 2013 la suerte se acabó para Toyota cuando un jurado falló contra ella y la declaró culpable de la aceleración espontánea de sus vehículos. La prueba decisiva la ofreció Michael Barr, un ingeniero de software que examinó el código que gobernaba el funcionamiento del acelerador electrónico de los Camry y declaró que el mismo era «una basura» y que estaba lleno de malas prácticas.

Michael Barr, naturalmente, sólo pudo alcanzar esta conclusión cuando logró examinar el código fuente que gobernaba el acelerador electrónico y esa es precisamente la piedra angular del debate. ¿Cómo podemos saber que un sistema gobernado por un software, sea un acelerador o sea un sistema de gestión judicial, funciona correctamente si no conocemos su código fuente? ¿Cómo podemos saber qué está haciendo exactamente un determinado sistema si no podemos acceder al código que lo gobierna?

Quizá algunos de ustedes desconozcan a lo que me refiero cuando he hablado de código fuente o más adelante les hable de software de fuente abierta. Para quienes lo desconozcan lo explicaré brevemente, los demás discúlpenme, les prometo que no me extenderé en esto.

Un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea específica en una computadora; a menudo, esta secuencia de instrucciones es comparada con una receta de cocina y no es mala comparación. Una receta de cocina no es más que una secuencia de instrucciones que le indican a usted de qué alimentos proveerse, cómo prepararlos, cómo trocearlos, cómo procesarlos (ya sea friendo, asando, cociendo, guisando o estofando) e incluso cómo servirlos.

Un “producto alimenticio de fuente abierta” nos permitirá conocer los componentes que lo integran, si lleva conservantes o colorantes, las calorías que tiene, su composición en términos de proteinas, grasas e hidratos de carbono… etc. Un “producto alimenticio de código propietario” o de “código cerrado” simplemente no nos diría nada de esto y habríamos de comerlo desconociendo sus efectos sobre nuestro organismo y confiando exclusivamente en la buena fe del fabricante.

Es evidente que ninguno de ustedes alimentaría a sus hijos con alimentos de código propietario (además de que es ilegal) y que, si le dan a elegir entre una sustencia de color cacao que usted no sabe de qué está hecha y otra que pone “leche, cacao, avellanas y azúcar”, usted elegirá esta segunda y no la primera pues se expone, simplemente, a envenear a su hijo. Nadie en su sano juicio consume productos que no sabe de qué están hechos… Bueno, salvo en el mundo de la informática donde el uso de programas que no sabemos cómo funcionan, cuya receta ignoramos, es generalizado y, las mismas personas que considerarían una aberración alimentar a sus hijos con sustancias quya composición desconocen, usan sin remordimiento alguno programas que pueden comprometer no sólo su seguridad sino la de todos sus conciudadanos. Uno de esos programas que no sabemos lo que hace ni como funciona es LexNet, otro es el inocente Word, otro es Minerva y así hasta completar la totalidad de los programas de software que gobiernan el funcionamiento de la administración de justicia española. Algunos de esos programas son de fabricación nacional, otros no, pero en todos o en casi todos existe la certeza de que existen puertas traseras y en muchos de ellos la convicción de que, como el acelerador del Toyota Camry, el software que los gobierna es pura basura.

Ya, ya sé que muchos de ustedes se preguntarám ¿Y por qué querría nadie espiar a un Juez o controlar su trabajo? ¿No es todo esto algo un tanto paranoico?

Bien, déjenme que les responda con un ejemplo muy de actualidad ahora que el tema de la extradición de Julián Assange vuelve a ocupar su lugar en los medios de comunicación.

Cuando las filtraciones de Wiki-Leaks cobraron actualidad tuve la curiosidad de investigar sí, entre la Embajada de Estados Unidos en Madrid y Washington, se habían cruzado correos relativos a mi región: la Región de Murcia. Para mi sorpresa descubrí que sí, todos eran relativos a mi ciudad, Cartagena, y, en tanto que la mayoría de ellos contenían las esperables informaciones relativas a los almirantes que mandan la flota surta en Cartagena otro de ellos me sorprendió desagradablemente: la información que contenía se refería al auto de sobreseimiento dictado por el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena en las Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado número 665 /2007.

Si tenían ustedes dudas en relación a si la actividad de nuestros juzgados interesa a alguien ya tienen una respuesta: al menos en Washington sí tienen interés.

Cuando el hombre no controla el software es el software el que controla al hombre y es por eso que nunca he logrado entender cómo los sucesivos Gobiernos de España han entregado insensatamente toda nuestra administración de justicia al control de manos absolutamente ajenas a ella.

Los sucesivos gobiernos y los partidos políticos podrán decir misa cantada, yo no les creo y, por eso, porque creo que es bueno para mi país y para mis conciudadanos, trato de que el software que gobierna nuestra administración de justicia sea controlado por quien debe tener el poder para ello (el Poder Judicial) y que todo ese cúmulo de poderes espúrios, interesados y contrarios al interés general aparten sus, muy a menudo sucias, manos de él.

Y ahora que ya saben qué causa me movía volvamos al caso de mi humilde panadero.

En este caso concurren dos circunstancias que llamaron mi atención. La primera, común a todos los casos en que los demandados recibieron la primera citación por vía electrónica, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber citado al demandado en la forma que ordena la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

La segunda, mucho más interesante para mí, la posibilidad de hallar una vía para poder examinar el software que controla el funcionamiento del acelerador del Toyota Camry; quiero decir, el software que gobierna el funcionamiento de los sistemas de gestión procesal y comunicación de la Administración de Justicia Española. No les engaño si les digo que fue esta posibilidad la que me llevó a aceptar un caso que, muy probablemente, hubiese rechazado en otras circunstancias.

Vayamos por partes y liquidemos en primer lugar el tema menos estimulante aunque probablemente de mayor trascendencia práctica: el de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por infracción de normas esenciales del procedimiento a la hora de llevar a cabo la primera citación del demandado.

Aunque muchos juzgados y tribunales se han empecinado contumazmente en llevar a cabo la primera citación en los procedimientos en la dirección electrónica de las empresas tal práctica no es más que una vulneración de las normas que regulan la forma de efectuarse la primera citación en la LEC. Esta, en el artículo 155 números 1 y 2, establece con claridad meridiana que el primer emplazamiento ha de realizarse en el domicilio del demandado y todas las reflexiones y retorcimientos legales realizados por los juzgados y tribunales que se empeñaban en realizarlo en domicilios electrónicos no parecen sino un intento de ganar eficiencia y comodidad procesal a costa de los derechos fundamentales de las partes.

Por si ello fuera poco el artículo 273.4 LEC abona con toda claridad la interpretación correcta de que la primera citación ha de hacerse en el domicilio del demandado por lo que las citaciones llevadas a cabo por juzgados y tribunales sin atenerse a lo establecido en tales preceptos eran carne de nulidad.

Así dicho parece sencillo pero, en el momento de redactar mi recurso, no había ni una sola resolución del Tribunal Constitucional que respaldase esta tesis y, teniendo en cuenta los poquísimos recursos que son admitidos a trámite por el Tribunal, no les ocultaré que mi confianza en que este superase dicho filtro era poca. Eso sí, como no hay mal que por bien no venga, la inexistencia de jurisprudencia constitucional sobre este tema me garantizaba que podría justificar de forma bastante sencilla la trascendencia constitucional del asunto.

El segundo aspecto del recurso, el que de verdad me motivaba, es de naturaleza algo más compleja y tiene que ver con el conocimiento extraprocesal que pueda tener el interesado de determinados actos procesales. Veámoslo.

Como todos ustedes saben el conocimiento extraprocesal de, por ejemplo, la existencia del proceso, no convalida los actos realizados en su seno con infracción de las normas procesales pero sí que afecta a la posible vulneración de la tutela judicial efectiva de la parte que, con conocimiento extraprocesal, decide mantenerse al margen del proceso por su propia voluntad.

En el caso presente había un dato perturbador que no me esforcé demasiado por aclarar: el Juzgado de lo Social afirmaba que la notificación «había sido retirada» por mi cliente en oscuras circunstancias.

Así las cosas, si mi cliente conoció la existencia del proceso siquiera fuese fuera de plazo, yo no podría alegar vulneración de la tutela judicial efectiva de forma que, lo que hice, fue creer a mi cliente y negar que el mismo hubiese retirado ninguna notificación; en suma, sostuve que el acelerador del Toyota Camry del Juzgado de lo Social 1 de Cartagena había acelerado sin que nadie lo pisase.

Lo interesante del asunto es que, para probar que el acelerador había fallado, yo no tenía otra opción que solicitar la práctica de una prueba pericial sobre el software que lo gobierna y eso suponía abrir el código del software de la administración de justicia lo cual podía tener dos efectos mágicos: el primero y trivial demostrar que el software utilizado puede ser «una basura» como en el caso del acelerador del Toyota; la segunda y más importante establecer que, por definición, el software a emplear en nuestra administración de justicia debe ser de código abierto pues lo contrario supone dejar en indefensión a la ciudadanía.

Con estos dos motivos de nulidad en mente planteé el correspondiente incidente de nulidad y, tal y como suponía, el juzgado de lo social me despachó de forma sumaria: al suplico no ha lugar y al otrosí otro no; es decir, el juzgado resolvió que la primera citación estaba bien hecha (para eso la había hecho él) y a mi solicitud de prueba pericial respondió con el tan habitual como molesto «no ha lugar» sin mayores razonamientos.

Así las cosas, tras un infructuoso escrito de aclaración y complemento pidiendo al menos un razonamiento del «no ha lugar», quedó abierta para mí la vía del amparo.

Uno no siempre puede dedicar a las cosas el tiempo que merecen y este asunto no fue la excepción pero mal que bien pude confeccionar el recurso de amparo que, si tienen paciencia y ganas, pueden consultar en este enlace.

El recurso se articulaba en torno a tres motivos: el primero la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haberse citado a mi mandante conforme establecen las leyes procesales; el segundo por vulneración de mi derecho a la prueba al no habérseme permitido acreditar que el sistema había fallado y, el tercero, una especie de mix (siempre hay que dar tres argumentos) en el que me quejaba de que, asumir como prueba los propios outputs del sistema suponía dotarles de fuerza de presunción iuris et de iure, lo que repugnaba a cualquier lógica.

No me extenderé en esto, los argumentos que vertí, mejor o peor expresados, están en el recurso de amparo.

Para mi sorpresa el recurso fue admitido y les engañaría si les ocultase que, alguna que otra vez, soñé con la posibilidad de que el tribunal se percatase de la profundidad del recurso en cuanto al aspecto probatorio porque, si así lo hacía, mi cliente y yo habríamos hecho bingo.

Cuando el Ministerio Fiscal se adhirió a mi recurso respiré aliviado y cuando el Abogado del Estado se opuso al mismo lo encajé como encajan estas cosas los abogados, con naturalidad y así nos fuimos acercando al momento de dictar sentencia.

Poco antes de dictarse mi sentencia comenzaron a resolverse bastantes recursos similares al mío; era obvio que no era yo solo quien estaba denunciando ante el Tribunal Constitucional la vulneración de la tutela judicial efectiva por no llevar a cabo personalmente el primer emplazamiento y eso me tranquilizó por una parte aunque, por otra me preocupó, yo no quería ganar este asunto por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sino por vulneración del derecho a la prueba. Bueno, seamos sinceros, yo quería ganar fuese como fuese pero, puestos a pedir yo quería ganar en defensa no solo de mi cliente sino también de mi causa.

Cuando llegó la sentencia yo estaba en Córdoba en pleno Congreso de la Abogacía Independiente, mi secretaria me dijo que habíamos ganado pero no tuve tiempo de leer la sentencia, sólo sé que me alegré y se me subió el entusiasmo a la cabeza, pero era tal el cúmulo de emociones que estaba viviendo en Córdoba que pronto me olvidé de la sentencia para atender con intensidad a lo que estaba ocurriendo en el edificio del Rectorado de la Universidad de Córdoba.

Ya de vuelta en Cartagena pude leer la sentencia y según la iba leyendo me di cuenta de que iban a estimar mi recurso pero por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante y así fue: el fallo me daba la razón en ese punto y no ahondaba en más. Una alegría para mi cliente.

Sin embargo la sentencia aún me deparaba una sorpresa pues el ponente de la misma había decidido emitir un voto particular en el que, discrepando del parecer del resto de sus colegas, estimaba que sí, que yo también tenía razón en mi segundo motivo de recurso y que era este el que había que haber estimado y no el primero. El ponente, con su voto particular, me servía en bandeja la argumentación para un futuro caso y me dejaba en la recámara una bala que puede ser disparada en cualquier momento.

Quizá sea una falsa impresión pero mi apreciación es que el Tribunal prefirió quitarse de encima el asunto estimándolo por la vía fácil antes que abrir un camino de libertad y racionalidad de consecuencias profundísimas.

Creo que el ponente entendió el asunto y creo, aunque puedo estar equivocado, que al Tribunal se le encogió la mano. Sin embargo la vía está abierta, el camino puede volver a ser transitado hasta llegar de nuevo a destino y las oportunidades que tendrán muchos abogados de hacerlo se multiplicarán exponencialemente en el futuro. Me alegra haber ganado este recurso pero, créanme, mucho más me alegra saber que la batalla puede continuar y ser ganada.

Y creo que no tengo nada más que exponerles al respecto, lo esencial ya está dicho. Muchas gracias por su atención.

Improvisando

Improvisando

Improvisar es difícil; cuando preparas una intervención y la escribes sólo has de decir aquello que has escrito pero, si vas a improvisar, la tarea es muy diferente.

Preparar un texto y memorizarlo o leerlo es tarea de escritor o locutor, pero no de orador; el texto, una vez escrito o memorizado, se convierte en un producto terminado y será reproducido igual independientemente del estado de ánimo del auditorio, de su composición, de su formación y de todas esas miles de circunstancias que hacen a cada auditorio distinto e irrepetible. Si el mensaje conecta con el auditorio será perfecto, si no, no habrá remedio.

No me gusta escribir mis intervenciones; cuando he de hablar en algún lugar procuro llegar con antelación y sentarme en un lugar discreto desde el que poder observar a los asistentes para así tratar de intuir cuál es su estado de ánimo, su extracción social, su nivel formativo o incluso su previsible caracterización ideológica. Un mismo tema no se expone igual en una reunión de la Plataforma Antihipotecas que en una asamblea cofrade y, por eso, la misión del orador es adecuar su mensaje al auditorio de forma que, sin alterar el sentido del mensaje, lo haga comprensible y agradable para cada auditorio dado. Al menos yo trato de hacerlo así. Es por eso que, para sentir que estoy haciendo bien mi trabajo, necesito improvisar y eso… eso es difícil.

Se atribuye a Mark Twain el haber dicho que le costaba un día escribir un discurso pero que le llevaba tres semanas improvisarlo y, sea suya la frase o no, lo cierto es que contiene una verdad importante: si quieres improvisar debes trabajar duro mucho tiempo para presentarte ante tu auditorio cargado de recursos y con un abundante arsenal de imágenes, ejemplos, historias y figuras literarias que irás descartando en su gran mayoría según vayas observando la evolución anímica de tu auditorio.

Sí, improvisar tras un largo trabajo es la forma correcta de encarar una intervención pública, aunque, como todo, esto también tiene sus problemas, el primero de los cuales es que, salvo que alguien haya grabado tu intervención, muy a menudo no recuerdas exactamente lo que has dicho y eres incapaz de repetir dos veces el mismo discurso.

Estos días me han pedido bastantes amigos que comparta mi intervención del pasado jueves ante la Sección de Derecho Procesal de la Real Academia Española y he tenido que decirles que, simplemente, no puedo: mi intervención fue improvisada y no conservo más que un guión mínimo de ella. Sin embargo creo que puedo transcribir aquí algo parecido a lo que dije: han pasado apenas unas horas y, mientras viajo en tren de vuelta a casa, es posible que pueda reconstruir parte de lo que conté.

Así pues, sentado lo anterior, vamos al tajo. En el siguiente post trataré de trasladarles el contenido de la ponencia que la Sección de Derecho Procesal de la Real Academia intituló «La comprobación del funcionamiento del software judicial español. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 150/2019, de 25 de noviembre».

Nos encontramos en el siguiente post.

Bueno para la abogacía, bueno para la sociedad

Bueno para la abogacía, bueno para la sociedad

La ley Alemana de Servicios Jurídicos Extrajudiciales en su artículo 1 proclama:

«Esta ley regula la facultad de poder prestar servicios extrajudiciales en la República Federal de Alemania. Su propósito es proteger a los usuarios, al tráfico y al ordenamiento jurídico de servicios no cualificados.»

En España, un país regido por bancos y aseguradoras, pareciera que la defensa de los consumidores fuese una ofensa a su omnímodo poder y, probablemente por ello, no hay en España una Ley de Servicios Jurídicos: porque impediría finalizar contratos y actos jurídicos con una ciudadanía no asesorada y perfectamente desinformada.

La relación de la abogacía independiente con la ciudadanía y los consumidores es casi de simbiosis; en la Red de Abogadas y Abogados de España usamos de la expresión bantú «Ubuntu»: somos porque son. Y es cierto.

Una sociedad sin derechos no necesita abogados, pero una sociedad sin abogados pronto se queda sin derechos o estos se tornan papel mojado: defendiendo nuestra profesión les defendemos a ellos, defendiéndolos a ellos defendemos nuestra profesión.

Sí, somos porque son y, precisamente por eso, quienes mandan de verdad, los dueños del dinero, no quieren ciudadanos con derechos ni quieren que los abogados interfieran en sus relaciones jurídicas con ellos y, por eso, miran con indulgencia a zurupetos, «asesores», listos, cuñados y demás conatos de juristas.

Cuidar de que el consejo jurídico y la asesoría sean actividad propia de profesionales debidamente cualificados, además, tendría la virtud de frenar las “modestas proposiciones” (“A modest proposal”. Jonathan Swift) a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nos tiene acostumbrados en este campo de los servicios jurídicos.

Garantizar a los ciudadanos que quien les asiste jurídicamente tiene la cualificación necesaria beneficia a los abogados y abogadas, sí, pero, sobre todo, beneficia a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.

Si quieres participar en conseguir este objetivo hay un sitio para ti en la #RED.

Ley de Servicios Jurídicos

Ley de Servicios Jurídicos

Que en España los consejos jurídicos los da el cuñado, el vendedor de coches o el comercial del banco que te hace firmar los papeles del préstamo es un hecho que, por notorio, no me detendré en probar.

A los españoles siempre nos extrañó que los ciudadanos ingleses, para firmar una hipoteca, exigiesen la presencia de un abogado que les asesorase. Tampoco los alemanes son ciudadanos que dejen que sea su cuñado o el vendedor de motos quien les asesore jurídicamente y, sin embargo, en España hemos venido firmando complejas operaciones financieras o inmobiliarias sin más asesoramiento que el del propio individuo o corporación que trataba de vendérnoslas… Las zorras cuidando a las gallinas con el visto bueno del gobierno, ya saben.

En Alemania o Inglaterra no ocurren estas cosas porque, simplemente, les parecen inaceptables y las leyes lo impiden. Basta una somera lectura de la «Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen» (Ley de Servicios Jurídicos Extraprocesales) alemana, o de la «Legal Services Act» británica para entender por qué.

En el mercado de los servicios jurídicos la primera y principal defensa del consumidor pasa porque, quienes ofertan servicios jurídicos, cuenten con la capacitación necesaria y gocen de la necesaria independencia. Sin estos dos requisitos los consumidores quedan en manos de desaprensivos incompetentes o, peor aún, de competentísimos asesores entrenados para asesorar, precisamente, a la parte contraria del consumidor. Por eso, las dos leyes que les he citado, exigen que el consejo jurídico sólo pueda darlo, precisamente, un profesional expresamente capacitado para hacerlo.

A día de hoy, en España, lejos de entender que la intervención y consejo de un especialista es indispensable, todavía puede usted oír eso de «Esto mejor lo hacemos sin abogados, que lo enredan todo». Tal frase, dicha en germanía, traducida al castellano quiere decir: «no le enseñes este papel a tu abogado o te dirá que te estoy estafando».

Porque no existen en España leyes que dejen claro el papel de la abogacía dentro del mercado de los servicios jurídicos es por lo que el sedicente «nuevo» borrador de estatuto general de la abogacía es objetado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), porque pretende una reserva de actividad no consagrada en ninguna ley y que, por otro lado, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) no se molesta en justificar. Por eso —y por mil cosas más— es un texto pésimo redactado sin el concurso de todos los abogados y abogadas de España.

Por eso, estos abogados que se reunieron en Córdoba, que son —como tú— tan abogados o más que cualquiera de los que se reúnen en un sótano de Recoletos, entre sus conclusiones aprobaron una: la de tener en España una Ley de Servicios Jurídicos que regulase el mercado en este importante sector de la economía y que garantizase que, cualquier consejo sobre cualquier aspecto jurídico en el que interviniese el derecho español, fuese prestado por un profesional con la competencia suficiente porque, de otro modo, se estaría entregando atado de pies y manos el consumidor a la empresa, el prestatario al prestamista y el ciudadano a la corporación.

Por eso la Red de Abogadas y Abogados de España (#R) incluyó entre sus conclusiones del Congreso de Córdoba la de exigir para España una ley de este tipo; y no porque garantice el trabajo de los abogados y abogadas en cuanto que profesionales capacitados sino porque, como dicen las leyes alemanas, británicas y de otros países, es la única forma de proteger los derechos de profesionales y consumidores. Ya sabes: ubuntu.

Si quieres participar en este tarea puedes unirte a la #Red, tu conocimiento y capacidades siempre son necesarias.

Te esperamos.

En secreto y por la espalda

El Consejo General de la Abogacía Española elabora sus normas de forma muy parecida a como los delincuentes cometen sus fechorías: en secreto y a espaldas de sus afectados.

Cuando durante el ¿Congreso? de Valladolid se anunció la existencia un nuevo Código Deontológico, el tal Código llevaba ya un tiempo aprobado sin que, por supuesto, en su elaboración se permitiese participar a nadie que no perteneciese al selecto club del búnker de Recoletos ni, tampoco, se diese información alguna —los debates son secretos siempre en esta congregación— sobre los debates habidos en el ominoso sótano madrileño.

Ahora vuelven a la carga con su deseo de aprobar un “nuevo” estatuto de la abogacía que fue redactado en 2013 (por supuesto a espaldas de la abogacía y con los secretos de costumbre) y que, desde entonces, ningún ministro se ha atrevido a aprobar por malo.

Pero ahí siguen los de Recoletos dando la turra con el “nuevo” estatuto de la “abogacía”; y ustedes comprenderán que use de las comillas cuando llamo “nuevo” a un texto de 2013 y de la “abogacía” a un proyecto redactado a espaldas de los abogados y abogadas de España.

Ahora pretenden también modificar la ley de asistencia jurídica gratuita, y pretenden hacerlo como siempre: en secreto y por la espalda.

El ministro, que, de momento, se encuentra encantado, debiera saber una cosa: que si apoya este tipo de conductas es mucho más que probable que, a no tardar mucho, haya de enfrentar problemas que no espera. No han pasado cien días, está aun a tiempo.


Puedes acceder a este artículo en formato audio (podcast) en: http://www.ivoox.com/47216677