Autor: José Muelas

Abogado con despacho abierto en Cartagena (30201-España) en Calle del Carmen 30-1º. Teléfono (+34) 644804955

No compañero, no todo tiene precio

Este post, aunque no lo parezca, trata de justicia; eso sí, antes de entrar en materia, tendré necesariamente que hablarles del dinero.

El dinero, digámoslo desde el principio, tiene un casi infinito poder corruptor; sobre todo, cuando se utiliza para tratar de pagar cosas con las que nunca se debería comerciar.

Si es usted de los que piensa que todo tiene su precio dígame: ¿Qué valor tiene un máster comprado? ¿Qué prestigio otorga un premio adquirido? ¿Podemos llamar sentencia a una resolución judicial consecuencia de la prevaricación? No, compañero, no todo tiene precio ni todo está a la venta; hay cosas que, si se compran, si se les pone precio, pierden todo su valor.

Aunque a los gángsteres de las películas americanas y a algunos economistas les guste afirmar que todo, incluidas las personas, tiene su precio, la realidad, y usted lo sabe tan bien como yo, es que no: hay muchas cosas que no se pueden comprar y hay muchísimas más cosas que no se deberían comprar ni vender. Sin duda estará usted de acuerdo conmigo en que la libertad no se puede vender salvo que deseemos reintroducir la esclavitud y espero que esté usted de acuerdo conmigo también en que la Justicia es algo con lo que no se debería comerciar.

El ser humano, al que muchos economistas han querido reducir a un puro «homo oeconomicus», es una realidad mucho más compleja que la que ejemplifica un puro ente que actúa siempre para alcanzar el nivel más alto posible de bienestar. Además de la búsqueda de la utilidad, en el ser humano anidan muchos otros impulsos que al parecer desconciertan a muchos economistas: el altruismo, la empatía o incluso el amor, por ejemplo; facetas estas que, si bien no tienen buen encaje en los libros de economía, ocupan en el alma humana regiones mucho más vastas que las que ocupa el puro interés egoísta. O al menos así ha sido hasta ahora.

Como supongo que, a estas alturas, me habré ganado las iras jupiterinas de cualquier economista que me haya estado leyendo, me van a permitir que, para calmarles, cite en este punto a un economista que ha dedicado parte de su vida a enseñarnos que no todo tiene precio y que, aunque vivir en una economía de mercado sea bueno, permitir que esta invada todos los aspectos de nuestra sociedad hasta convertirla en una sociedad de mercado, es una aberración que pone en peligro muchos de los logros de la especie humana; me estoy refiriendo, claro, a Michael J. Sandel, profesor de la Universidad de Harvard y Premio Princesa de Asturias 2018 en Ciencias Sociales.

No, no todos los economistas piensan que la realidad íntegra pueda explicarse desde el utilitarismo y el interés, aunque es verdad que, desde la era Thatcher-Reagan, estas posiciones ideológicas se han adueñado de forma enfermiza de nuestra cultura occidental sin que el fracaso evidente de este modelo en 2008 haya servido para que economistas de conocimientos momificados revisen en profundidad su credo.

A estos economistas, para quienes cualquier problema, ya sea económico, jurídico o teológico, es siempre un problema económico solventable a base de más mercado y libre competencia, les cuesta trabajo entender que, el de los servicios jurídicos, no es un mercado del tipo que ellos creen.

En el mercado de los servicios jurídicos los agentes que intervienen en él están lejos del modelo del homo oeconomicus que entienden los economistas. En el mundo de los servicios jurídicos los agentes —a excepción de los corrompidos por el dinero— no obedecen antes que nada a su interés personal, a su ganancia económica, sino que, antes que nada, sirven a un valor muy distinto de su propio interés o su beneficio económico: la Justicia.

Sí, ya sé que esto no lo entienden los economistas de los bancos o de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia; para ellos los abogados no persiguen defender los derechos ajenos antes que los intereses propios, para ellos, si un abogado trabaja, es primero y antes que nada por su interés propio y personal y, eso de la Justicia y el Derecho, son conceptos que se les escapan y que a su juicio son ficciones que sólo salen en las novelas y en las películas. Es por eso que estos «homo oeconomicus» que pueblan la CNMC son incapaces de entender cómo funciona este mercado y, si les dejamos, lo acabarán degradando, lo corromperán, como se degradan los másteres comprados y los premios adquiridos o como se corrompe la justicia a través de una sentencia pagada. No, de verdad, no entienden nada distinto del interés o el utilitarismo y, por lo mismo, no entienden bien al ser humano cuando entran en juego en sus relaciones valores distintos de los puramente económicos. Déjenme que les ponga un ejemplo.

En 1993, en un pueblo de Suiza, poco antes de celebrarse un referéndum respecto a la instalación en el pueblo de un almacén de residuos nucleares, algunos economistas efectuaron una encuesta entre los habitantes del mismo preguntándoles si votarían a favor de que se instalase en su comunidad el depósito de residuos nucleares en caso de que el Parlamento suizo decidiera ubicarlo allí.

Aunque gran parte de los vecinos consideraban la instalación una presencia nada deseable, una ajustada mayoría de ellos (el 51 por ciento) dijo que la aceptarían. Al parecer, su sentido del deber cívico se impuso a su preocupación por los peligros. Prosiguiendo con su experimento, los economistas añadieron un «soborno», un incentivo económico destinado a convencer a un mayor porcentaje de población: suponga que el Parlamento propusiera construir la instalación de residuos radiactivos en su comunidad y ofreciera compensar a cada vecino con una suma anual. ¿Estaría entonces a favor?

El resultado fue el siguiente: la compensación hizo descender, no ascender, el voto afirmativo. El incentivo económico redujo el porcentaje de aceptación a la mitad, del 51 al 25 por ciento. El ofrecimiento de dinero redujo la disposición de la población a aceptar la instalación de residuos nucleares. Y aún más: el incremento de la cantidad inicial no sirvió de nada. Los economistas quedaron sorprendidos pero creo que usted puede encontrar con cierta facilidad una explicación tan razonable como incomprensible para el «homo aeconomicus cnmcensis».

Un ejemplo más, debido también a Michael J. Sandel:

Cada país organiza la donación de sangre de una manera diferente: hay países donde el acto de donar sangre (u otros órganos) es un acto puramente altruista; sin embargo, en otros, se prefiere pagar una determinada cantidad de dinero al donante. La experiencia nos enseña que en este segundo tipo de países el donante medio es una persona pobre o de pocos recursos y que, el hecho de pagar por la sangre, hace descender el número de donaciones altruistas. Estados que tenían establecido un sistema de donación gratuita de sangre y que decidieron introducir la posibilidad del pago, vieron como, inmediatamente, se redujo de forma drástica el número de donantes altruistas y comenzaron a experimentar escasez de sangre.

Estoy seguro que usted entiende por qué, lo que no estoy seguro es si lo entenderán los covachuelistas de la CNMC.

Me permitirán que concluya este post con una experiencia propia: recuerdo que cuando me colegié allá en los años 80 del siglo pasado, nunca llegué a saber cuánto se pagaba por el turno de oficio; simplemente yo ni siquiera justificaba el trabajo; para mí el turno era una especie de deber cívico y —ahora veo que insensatamente— yo lo cumplía como sí de un deber patriótico se tratase. Luego pasó el tiempo.

Luego pasó el tiempo y comprobé que nadie parecía agradecer a los abogados de oficio su esfuerzo salvo en unos cuantos hipócritas discursos a fin de año. Pasó el tiempo y comprobé que a esos abogados que ejercían sus funciones con altruismo cívico se les maltrataba y comprobé que, cuando en 1996 se aprobó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el «impagable trabajo» de los abogados de oficio se tarificó en unas miserables retribuciones que antes ofendían que compensaban.

Saben, cuando 20 años después comprobé que el Consejo General de la Abogacía Española no había presionado en serio ni una sola vez para que se incrementaran esas retribuciones, me ocurrió como a los habitantes del pueblo suizo y a los donantes altruistas de sangre. Ustedes me entienden.

Sé que los covachuelistas de la CNMC no lo entenderán, porque estas cosas no forman parte de esa imagen deformada del ser humano que llaman «homo oeconomicus», porque fuera del interés utilitarista, la oferta, la demanda y el mercado, estos oscuros personajes no parecen capaces de entender nada más, sin embargo, tengo la seguridad de que la abogacía —y en especial la de oficio— les va a hacer a entender este concepto: se llama dignidad, ese impulso que nos lleva a realizar con gusto y de forma altruista tareas que consideramos necesarias o cívicas, pero que es el mismo impulso que nos lleva también a exigir un trato justo y una retribución justa cuando vemos que alguien paga ese altruismo con desprecio y miseria.

Quizá no sea un concepto económico pero les aseguro que es muy real. Avisados quedan.

La abogacía como agente de cambio social

Si lo piensa usted bien, hay procedimientos judiciales cuyos usuarios son casi exclusivamente las grandes corporaciones como, por ejemplo, los procedimientos de ejecución hipotecaria.

Es curioso, la ley tiene la «deferencia» de establecer procedimientos rápidos para aquellos supuestos en que los poderosos reclaman lo que se les debe; y, sin embargo, en la misma ley, no parece tan sencillo encontrar ejemplos de lo contrario.

Por otro lado, estas personas a las que englobamos bajo el epíteto de «los poderosos», cuentan con los medios económicos precisos para acudir a los juzgados tantas cuantas veces sea necesario y acudir ante los más altos tribunales para tratar de fijar una jurisprudencia que les resulte favorable. Sólo, a veces, su egolatría les conduce a la catástrofe; como me relata a veces Dionisio Moreno —el abogado que defendió a Aziz en el famoso caso que cambió la jurisprudencia en el mundo de las hipotecas—, si el banco se hubiese allanado y hubiese transaccionado el asunto con Aziz la sentencia que cambió todo el panorama hipotecario jamás se habría producido pues Aziz no pretendía cambiar el mundo ni la jurisprudencia, sino solo defender su derecho. Fue la egolatría, el obcecado empecinamiento y la vanidosa seguridad en sí mismo del banco demandado los que permitieron que el caso Aziz llegase hasta las últimas instancias europeas y generase así la jurisprudencia de la que ahora todos nos beneficiamos.

En general los ciudadanos no actúan ante los tribunales de justicia persiguiendo que estos fijen unas líneas jurisprudenciales que favorezcan a los particulares, se limitan a litigar tratando de obtener justicia en su concreto y particular caso, no son usuarios intensivos como bancos y aseguradoras de la administración de justicia.

Los usuarios intensivos y poderosos económicamente de la administración de justicia, precisamente por ser usuarios intensivos, gozan de importantísimas ventajas: pueden seleccionar los casos que llevarán a apelación, casación o amparo, de forma que se garantizan las mejores oportunidades para obtener o establecer una jurisprudencia que les favorezca. Los usuarios intensivos de la administración de justicia pueden transaccionar o pagar aquellos asuntos que no desean que lleguen más allá de la primera instancia, de forma que resoluciones que podrían perjudicarles jamás alcancen ni siquiera el rango de «jurisprudencia menor». Los usuarios intensivos de la administración de justicia, además, complementan toda su estrategia anterior con una eficaz y constante labor de «lobby» ante gobiernos y partidos de la oposición y con el uso de medios de comunicación que ellos financian con su publicidad, para establecer premisas mayores —luego les pondré un curioso ejemplo— que más tarde aprovecharán para construir silogimos tan falaces como aparentemente irrefutables. Los usuarios intensivos de la administración de justicia incluso recurren a la financiación de grupos y actividades parajudiciales (congresos o jornadas para peritos, abogados u otros juristas, etc.) con lo que acaban de redondear una maquinaria que funciona como un mecanismo de relojería perfectamente engrasado. Todo sea por el beneficio (el suyo).

Además, en la cultura política contemporánea, la ley es tan omnipresente que ha llegado a dominar la forma en que la gente común piensa sobre sus problemas y las decisiones que toman sobre la resolución de esos problemas en su vida cotidiana. De esta manera, la ley preserva los privilegios de los usuarios intensivos de la administración de justicia, no solo a través de decisiones judiciales, sino también a través de las creencias y prácticas de la gente común (Ewick & Silbey 1998, Silbey 2005).

Sin embargo, a pesar de lo dicho hasta ahora y de la refractariedad de los ciudadanos comunes a acudir a la justicia e incluso de la inclinación natural de sus abogados a tratar de evitar el conflicto jurídico por todos los medios, resulta evidente que a los individuos, a menudo, no les queda otro remedio que acudir a los juzgados y tribunales para defender lo que consideran legítimamente su derecho y es ahí donde la ley y las categorías legales tienen una potencialidad verdaderamente admirable para motivar a la gente a movilizarse y resistir contra determinadas injusticias y es ahí donde —a veces, algunas veces— los tribunales de justicia se convierten en el campo de batalla donde se juega el mantenimiento de un determinado status quo o el progreso y el cambio social.

Los abogados y abogadas, dentro del panorama descrito, son poderosos guardianes de las instituciones políticas y legales donde la dinámica entre la ley y el cambio social tiene lugar (Galanter 1974, Hunt 1990, Silbey 2005) y, si me lo permiten, déjenme que les ponga algunos ejemplos.

Cuando en 2012 el ministro de justicia de infausto recuerdo Alberto Ruíz Gallardón estableció unas infames tasas judiciales para poder acceder a la administración de justicia, se cuidó muy mucho de que las tasas que gravaban el acceso a los recursos fuesen las más elevadas. Esto no era casual, era la forma de colocar más lejos del ciudadano común las instancias donde se fija la jurisprudencia y era la forma de permitir a los poderosos seleccionar los procesos más convenientes para llevar ante ellos. De paso se nos dijo que los ciudadanos españoles éramos muy querulantes y que para evitar las altas tasas de litigiososad de los españoles lo mejor era establecer unas tasas que se destinarían a justicia gratuita.

Como sospecho que ustedes saben bien, todo era un inmenso cúmulo de mentiras: los ciudadanos españoles no son usuarios intensivos de la administración de justicia, quienes lo son, son precisamente bancos, entidades financieras, aseguradoras y en general los poderosos que han hecho de la administración de justicia su particular oficina de cobros o la trinchera donde defender sus desvergonzados incumplimientos; tampoco era cierto que lo recaudado en tasas fuese a financiar la justicia gratuita como —con incalificable desvergüenza— se atrevieron a escribir en el propio texto de la ley y la única verdad fue que los poderosos pudieron felicitarse al ver aumentadas sus herramientas y posibilidades de control.

Fue con la infamia de las tasas cuando apareció con fuerza en España una abogacía rebelde, bien que con causa, que no estuvo dispuesta a aceptar como inevitable aquella iniquidad. Una abogacía que usó de las mismas herramientas de los poderosos, que ya no litigaba por el caso concreto sino en el marco de una estrategia procesal mucho más amplia: se buscaban denodadamente casos «perfectos» que poder llevar ante los tribunales españoles y europeos a la busca de unas resoluciones que pusiesen fin a la infamia de las tasas. Ya no se litigaba por el resultado de un solo caso sino por una jurisprudencia que acabase con una situación inaceptable.

Esta abogacía no era —no es— una abogacía de causas perdidas sino una abogacía de futuro, que ya no busca ganar un caso concreto sino que trabaja para ganar una causa colectiva, ya sea esta una ampliación de derechos fundamentales, la derogación de una ley injusta o el remedio de lamentables situaciones de hecho.

Veo este tipo de abogacía en muchas acciones de los abogados de extranjería, laboralistas, de consumidores, partidarios del conocimiento y el software libres… una dimensión ética empieza a generalizarse —siempre ha estado ahí, bien que menos visible— en la abogacía buscando con tal dimensión, abogados y abogadas, separarse de la imagen de la mera voz mercenaria o del profesional absolutamente neutral.

Desde los viejos abogados laboralistas que —durante la transición— trabajaron (y a veces murieron) defendiendo una causa y un cambio necesario, hasta los modernos abogados tecnológicos que persiguen una determinada concepción del mundo y la sociedad, la abogacía ha sido siempre un importante agente de cambio y progreso social capaz de forzar avances tan sorprendentes como necesarios, por eso no es extraño que moleste a quienes desearían perpetuar su posición de dominio.

Es quizá tiempo de que abogados y abogadas tomen conciencia de su inmenso potencial como agente de cambio y busquen la manera de organizar y optimizar su trabajo, no sólo en interés de sus clientes, sino de toda la sociedad.

¿Qué tal si lo hacemos juntos?

Bancos indecentes y costas judiciales

La banca española ha ejecutado implacablemente centenares de miles de hipotecas, títulos valores, pólizas de crédito… y para ello ha utilizado los procedimientos sumarios que las leyes procesales establecieron en su favor. Desde el mismo momento que el juicio se iniciaba los ciudadanos veían cómo su deuda se incrementaba en un 30% en concepto de costas e intereses; es decir, si usted debía 100.000, el banco le embargaba 130.000 desde el primer día y así vinieron los bancos esquilmando a pobres desgraciados cuyo único delito fue quedarse sin trabajo o simplemente ser pobres. Aún hoy, muchas de aquellas personas que fueron inmisericordemente ejecutadas, siguen debiendo dinero al banco por aquellas costas que el banco les cargó desde el primer momento sin que nadie alzase la voz en su defensa.

Ahora, que están siendo condenados por sus múltiples rapiñas a los consumidores, estos mismos bancos que ejecutaron implacablemente antes sus costas judiciales a pobres y desgraciados, protestan ahora porque, otra legión de desgraciados a quienes ellos engañaron merced a cláusulas abusivas, ahora se ha revuelto y los bancos están recibiendo una infinitésima parte de la medicina con que expoliarion a centenares de miles de españoles y españolas.

Bankia, en un ejercicio inaudito de inmoralidad y poca vergüenza, ha demandado a un Colegio de Abogados porque en sus informes sobre honorarios les ha tratado a ellos exactamente igual a como ellos trataron a los infelices a los que depredaron y aún depredan. Casi un millón de euros reclaman estos rapaces.

Si hubiese vergüenza en España los tribunales de justicia harían vomitar a Bankia todas las costas cobradas ilegítimamente en ejecutivos fundados durante muchos años en cláusulas abusivas, si hubiese vergüenza en España, los directivos que han acordado tal reclamación responderían personalmente y de su peculio de los gastos y costas causados y que se causen a su entidad por su mala fe e inaudita desvergüenza.

Se les ha consentido todo, se les ha tolerado todo, incluso desde la abogacía institucional se han llegado a alimentar en alguna ocasión sus quimeras, se les ha protegido en sede parlamentaria por políticos mercenarios… No, la justicia, si se funda sobre algo, es sobre la reciprocidad y hoy, estos indecentes, merecen ser medidos con la misma vara con que ellos midieron a una legión de españoles desgraciados, una legión que aún vaga buscando una forma de recuperar el futuro que estos indecentes les subastaron.

Bankia ha rebasado todos los límites de lo admisible y hay que hacer que pague por ello. La justicia no es un negocio cuyo único objetivo es ganar dinero ni los tribunales son un casino donde apostar en función de la avidez del jugador. La desvergüenza tiene un límite y Bankia esta vez lo ha sobrepasado. Ampliamente.

Abogacía dual

Vamos a una abogacía dual compuesta de unos pocos ganadores y de muchos perdedores que apenas si podrán subsistir.

Todos sabemos que el juego está amañado pero ¿cómo han logrado —cómo hemos dejado— amañar las reglas del juego para hacer que una profesión, no hace tanto digna, se vea sometida a una tensión tan extrema como la que vivimos en los últimos años?

El nivel de vida en España, desde 1995, ha subido en casi un 300% pero la situación de los abogados ha empeorado notablemente en esos mismos años como consecuencia de sucesivas reformas legales que, perjudicando a consumidores y ciudadanía en general, han beneficiado fundamentalmente a corporaciones y grandes empresas. Hoy España, con un PIB tan sólo un 24% por debajo de Alemania, tiene unos salarios un 54% por debajo.

Los ejemplos serían muchos pero el ejemplo de lo ocurrido con las aseguradoras y el baremo es suficientemente ejemplificativo. Ahora, en plena defensa de los consumidores en el mundo de las hipotecas, el posicionamiento sistemático de los diversos gobiernos y aún de alguna institución que se dice defensora de los abogados, ha sido incuestionablemente favorable a las entidades financieras.

Si esta abogacía que nosotros, el 85% de los abogados y abogadas de España, representamos se sigue desintegrando ¿cual será el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de España? ¿Entregarán sus esperanzas de justicia y su futuro en manos de corporaciones mercantiles supuestamente jurídicas en cuya cartera de clientes serán no más que el último de los números? ¿Serán eficazmente representados por unos pocos bufetes entregados a la defensa los intereses superiores de sus cuentas más importantes en cuanto a pago de honorarios?

Hay una riqueza que crea poder político y un poder político que a su vez modifica las reglas que crean la riqueza. No solo hablamos de financiación de campañas electorales, de elaboración de informes o borradores de leyes, al final del camino siempre están las sempiternas puertas giratorias. ¿Dónde crees que fueron importantes cargos gubernamentales de todos los partidos como Soraya Sáez de Santamaría —vicepresidenta del Gobierno—, Rafael Catalá —Ministro de Justicia del PP— o Caamaño —Ministro de Justicia del PSOE— cuando abandonaron el gobierno? Exacto, lo has adivinado, a grandes firmas jurídicas. ¿Qué poder y qué capacidad de influencia crees que acumulan esas firmas que prevén que tú, abogado independiente, acabes en un mundo low-cost uberizado?

Los políticos no hablan de valores, de libertad o de justicia, es el dinero el que habla por los políticos haciendo de ellos, con escasísimas excepciones, no más que voces mercenarias, asalariados de la ideología que conviene a quienes acumulan riqueza y poder.

Quienes mandan quieren que creamos que el parlamento se divide en izquierda y derecha cuando la auténtica división es la de quienes están en la clase dirigente —de un lado— y la de quienes no están —estamos— en ella.

La forma de recuperar nuestra profesión es recuperar nuestra democracia, nuestra administración de justicia y los valores que merece la pena defender. Crear entidades que puedan disputar eficazmente la influencia de todas esas corporaciones y grupos de presión que pretenden acabar con nuestra forma de entender la profesión, la justicia y la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ser un ciudadano, ser un abogado, es algo más que votar, es algo más que defender a un solo individuo; ser un ciudadano, ser de verdad un abogado es involucrarse allá donde la justicia está en peligro y si es necesario pelear con todas las armas que la democracia y la ley ponen a nuestro alcance. Somos juristas y somos los más capacitados para hacerlo, no minusvalores nuestra capacidad de dar la batalla, debidamente organizados somos una fuerza sencillamente imparable y lo saben.

Los cambios sociales se producen cuando la población detecta una tensión entre el ideal que tienen y la realidad que ven a su alrededor. Nunca ha habido una tensión mayor que ahora entre la justicia y la realidad; nunca ha habido una distancia mayor entre la ley y los fenómenos de corrupción que han destruido grandes sectores de nuestra economía y espacios difícilmente recuperables de nuestra democracia.

Usar nuestra voz, nuestro vigor, nuestra capacidad de influencia, nuestro arsenal jurídico y hasta nuestros votos está en nuestras manos. De nosotros depende cambiar las reglas. Por eso, resérvate para ti los días 29 y 30 de noviembre, porque tenemos un trabajo que hacer juntos.

Es ahora o nunca

Es ahora o nunca

La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos ante los tribunales se enfrenta a una encrucijada histórica: o tal actividad es pura y simplemente una actividad económica regida en exclusiva por las leyes del mercado o, por el contrario, es principalmente una actividad destinada a garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en cuyo caso, el beneficio económico, el mercado y sus reglas, deberán ceder ante las exigencias que se derivan de tan primordial función.

En el momento presente el 85% de la abogacía española la componen abogados y abogadas que suscriben el segundo punto de vista expuesto en el párrafo anterior, pero no es menos cierto que su forma de entender el ejercicio profesional se ve cada vez más amenazada por otra forma de ejercicio profesional principalmente orientado a la obtención de beneficio económico, donde la figura del abogado o abogada es perfectamente fungible y que está dando lugar a que la regulación legal del sector se venga haciendo a impulsos de grupos de presión a quienes conviene esta concepción de la abogacía como negocio o a quienes molesta la existencia de una abogacía auténticamente independiente.

La aparición de intermediarios que estructuran el mercado de servicios jurídicos en su beneficio y conducen a la abogacía independiente hacia una abogacía low cost, con desprecio de las garantías mínimas de los ciudadanos y ciudadanas, completa un panorama que amenaza muy seriamente con convertir a la abogacía independiente en una profesión aún más precarizada de lo que está hoy día cuando no en una actividad residual o simplemente inviable.

Esta abogacía independiente, a día de hoy, carece de una estructura organizativa capaz de contrarrestar la presión anteriormente descrita y, por ello, comienza a retroceder y a ceder posiciones hasta el punto de que en este momento es dudoso que tal forma de ejercicio pueda sobrevivir unos cuantos años más si no se da una respuesta firme y decidida a tales amenazas.

La abogacía independiente, que en estos momentos representa al 85% de la abogacía española, se encuentra en fase de contracción de forma que, cada año que pasa, su peso e influencia disminuye y es por eso que resulta evidente que, o da la batalla ahora, o ya no podrá darla nunca.

Hemos de remediarlo y por eso el 29 y el 30 de noviembre tenemos un trabajo que hacer juntos. Reserva esos dos días para ti, bloquéalos en tu agenda y considera que estarás fuera de tu ciudad. Nos ponemos en marcha, hacia el infierno o hacia la gloria, eso depende el punto de vista, pero no podemos esperar más sin hacer nada. Será un honor trabajar contigo.

La fotografía que trucó la NASA

La fotografía que trucó la NASA

La NASA trucó alguna foto del alunizaje y, hoy que se conmemoran los 50 años de la llegada del hombre a la luna, vamos a alegrarle un poco el día a los conspiranoicos. Para su desgracia ninguna de las fotos que ellos dicen que son falsas lo son, son auténticas y, para quienes vivimos en directo aquellos años, algunas de sus afirmaciones son risibles cuando no ofensivas. Sólo un ejemplo: todos los niños de la Tierra sabíamos de antemano que la bandera ondearía en la luna aunque no hubiese aire; Jesús Hermida y Luís Miravitlles nos lo habían venido explicando con antelación por televisión. Por eso, escuchar ahora que alguien te viene con lo de la banderita no es que produzca hastío —que lo produce— es que resulta estomagante.

Pero sí, hay una foto trucada y es precisamente la más famosa de las fotos que se tomaron durante la misión Apollo XI: la fotografía que Neil Armstrong tomó a Buzz Aldrín y que se convirtió en el icono de aquel vuelo. En la fotografía se ve a Buzz Aldrin de frente, sobre la superficie de la luna, mientras que reflejadas en su visor aparecen multitud de imágenes, entre ellas la del propio Neil Armstrong tomándole la fotografía. La cámara utilizada fue la Hasselblad (Mooncamera) y la película una Kodak Ektachrome (no, por entonces no había fotografía digital… ni teléfonos móviles).

¿Por qué digo que está trucada?

Bueno, los astronautas llevaban la cámara acoplada a su pecho y enfocar no era tarea fácil de forma que la versión original de la foto no tiene el mejor de los encuadres (foto 1) así que la NASA decidió reencuadrarla añadiendo espacio negro por encima (no, no deis la lata, con este tiempo de exposición el cielo es negro y las estrellas no se ven) y así se publicó la imagen archiconocida que puedes ver en la foto 2. Sin embargo la NASA «olvidó» que la mochila espacial, en su lado derecho —según el punto de vista del lector— lleva acoplada una antena de comunicaciones (véase foto 3), antena que en la foto 2 simplemente no sale porque tampoco sale en la fotografía original.

Así pues, queridos conspiranoicos y demás elegidos de los dioses, es bueno que sepáis que, acusando de falsedad a fotografías absolutamente legítimas, se os escapó y no visteis justo lo que teníais delante de los ojos: que la fotografía más conocida de la misión Apolo era precisamente la que estaba retocada.

¡Ea!, feliz 50 aniversario y gracias a todos los astronautas e ingenieros —De Gagarin a Armstrong y de Korolev a Von Braun— que me regalaron una infancia donde todo parecía posible.

Paternalismo

Escribe John Stuart Mill en «Sobre la libertad»:

La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él, porque le haría más feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo. […] La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.

A pesar de que el razonamiento anterior aparenta ser evidente por sí mismo y parece constituir un eficaz límite a la irrefrenable voluntad de los gobiernos para controlar nuestras vidas, sin embargo, tropezamos diariamente con injerencias de los gobiernos en muchos aspectos de nuestras vidas. Ese principio de libertad que enunció John Stuart Mill parece estar en la crisis más absoluta.

En nuestros días, aunque un albañil desee trabajar en un andamio sin arnés de seguridad, porque le molesta y no quiere usarlo, la ley obliga al empresario a imponerle su uso incluso contra su voluntad, imposición que, si bien atenta contra la más elemental concepción de libertad, creo que todos estamos de acuerdo en calificar como sensata. Si usted desea bañarse en la playa cuando hay bandera roja no podrá hacerlo en la medida que un agente de la autoridad le descubra: usted no puede arriesgar su vida aunque le venga en gana. De nada le servirá decir que su vida es suya y que usted se la juega como quiere, el policía no se lo permitirá y le protegerá a usted de usted mismo. Si decide usted correr un encierro en San Fermín y un policía estima que no está usted en las condiciones físicas precisas le impedirá correr y le expulsará de la carrera. ¿Para cuando podrá la policía protegerme de mis gustos alimenticios e impedirme comer bocadillos de chopped-pork porque el pan es bollería industrial y el chopped colesterol malo?. Boxeo, motociclismo, automovilismo, alpinismo, comida basura, McDonalds, Burguer King… son actividades que «por nuestro bien» podría prohibir el estado. Ya lo hace con algunas plantas —cannabis— aunque lo permita con otras —tabaco—. ¿Hasta dónde llega la capacidad del gobierno de inmiscuirse en nuestras vidas y decidir por nosotros lo que podemos y no podemos hacer? ¿Hasta dónde puede el estado protegernos de nosotros mismos y tratarnos como menores de edad?

Esta pregunta ha ocupado a muchos pensadores y políticos y ha dado lugar a un término —paternalismo— con el que se designa a estos regímenes o a estas políticas caracterizadas por inmiscuirse en las decisiones de los ciudadanos con la idea de protegerlos de sus propias decisiones equivocadas.

La pregunta es ¿quién nos asegura que quienes toman esas decisiones en los gobiernos están mejor informados o tienen una mayor garantía de acierto que nosotros mismos? ¿Hasta dónde esa política de decidir por sus ciudadanos no esconde una forma de dictadura?. Tenemos ejemplos de gobernantes lo suficientemente necios como para tomar sistemáticamente las decisiones equivocadas y lo suficientemente corrompidos como para tomar decisiones que sólo les favorecen a ellos con el subterfugio de que es «por nuestro bien».

Yo, por mi parte, no sé dónde se encuentra el límite óptimo entre libertad y paternalismo aunque tengo para mí que la clave se encuentra en la información. No sé si el estado debe decidir por mí —creo que no, ya he conocido a demasiados majaderos con mando en plaza— lo que sí sé es que el estado debería garantizar que yo tuviese a mi alcance toda la información necesaria para tomar una decisión adecuada.

Si la doctora me prohibe la glucosa el gobierno no debe prohibirme el pan, pero sí debería cuidar de que yo supiese cuánta glucosa contienen los alimentos que se venden en los comercios, de forma que yo pueda decidir con acierto; yo debería poder saber si el aceite con que se ha elaborado un determinado producto es aceite de palma o no y que este hecho no se camufle bajo equívocas etiquetas como «aceites vegetales». No se debería permitir que se informe que la margarina es «saludable» porque le han añadido artificialmente calcio cuando es una grasa «trans» perniciosa para el organismo. Lo decisivo es que los ciudadanos dispongan de la máxima información disponible para tomar decisiones y sólo en casos excepcionales y bien fundamentados limitar su autonomía de decisión. Para eso la transparencia y el libre flujo de información son esenciales.

En la vida real, por desgracia, pasa justo lo contrario de lo que debería, unos ciudadanos sin más ni menos formación que otros ciudadanos, por ejemplo, toman decisiones por todos, ocultando de paso los debates y elementos de juicio que han tenido en cuenta. Tales prácticas no merecen siquiera el calificativo de paternalismo sino de sociedad secreta, pues tal forma de proceder es más propia de una sociedad secreta que de un órgano democrático.

En todo caso el debate sigue abierto: ¿hasta dónde puede restringirse la libertad del individuo incluso en el caso de que se haga pretendidamente por su bien?

Esta vez estamos hablando de ti

No mires a tu alrededor, no tenemos que esperar a ver qué hace o dice nadie más, aquí no hay nadie más que tú y yo.

Tenemos problemas y tenemos que solucionarlos.

No sé de dónde han sacado algunos la idea de que alguien tiene que venir a ocuparse de sus problemas y a solucionárselos. Llegados al lugar en que estamos ¿Vas a seguir esperando a que, quién no ha hecho nada por nosotros hasta ahora, lo haga finalmente?

¿De verdad piensas que tienes derecho a que alguien venga y te ayude si no te ayudas tú antes?

Mira hacia adelante y dime si te gusta el futuro que ves.

Mira hacia adelante y dime si crees que podrás seguir ejerciendo esta profesión por muchos años si no cambian las cosas.

Mira hacia adelante y dime si de verdad deseas que tu hijo o tu hija se incorpore a esta profesión que amas hasta el delirio.

No sé si lo has notado, pero no hemos llegado a este punto en que estamos por casualidad, han sido necesarias muchas acciones —y sobre todo muchas omisiones— de mucha gente con poder para amenazar con la destrucción a esta profesión sobre la que descansan las esperanzas de todos.

¿Cuántas veces has oído eso de que «habría que hacer algo»? ¿Cuántas lo has dicho tú?

Pues bien, tienes que saber —admítelo— que nadie va a hacer nada si antes no lo haces tú, y tienes que saber también que te sobra capacidad para afrontar esta empresa, tan sólo es necesario que te des cuenta —interiorízalo— de que o lo haces tú o no lo hará nadie.

Tú y yo tenemos un trabajo que hacer y ese trabajo empezará los días 29 y 30 de noviembre de este año; de forma que bloquéalos en tu agenda y considera que esos dos días estarás fuera de casa.

No es que esos días alguien vaya a empezar a hacer algo, es que esos días tú y yo tenemos un trabajo que hacer mano a mano.

Nos toca tomar nuestro futuro en nuestras manos y recuperarlo de esas otras manos que nos han dejado sin él. Asume que ellos pelean por sus objetivos, no por los tuyos, y que mientras dejes tu futuro en sus manos no tendrás otro futuro que el que ellos quieran.

Por eso, esta vez, no mires a tu alrededor buscando la complicidad o la aprobación de nadie, porque esta vez, asúmelo, estás solo y estamos hablando de ti.

El invierno que viene

Mientras veo cómo en la calle aprieta un sol de justicia vuelvo a releer «Noche triste de octubre» el poema indispensable de Jaime Gil de Biedma:

«Definitivamente parece confirmarse que este invierno

que viene, será duro.

Adelantaron

las lluvias, y el Gobierno,

reunido en consejo de ministros,

no se sabe si estudia a estas horas

el subsidio de paro

o el derecho al despido,

o si sencillamente, aislado en un océano,

se limita a esperar que la tormenta pase

y llegue el día, el día en que, por fin,

las cosas dejen de venir mal dadas…»

Y, quizá por que no es octubre sino julio, quizá porque no es otoño sino verano, se me ocurre que sí, que vale, que es posible que definitivamente el invierno que viene sea duro pero que, de lo que ya estoy harto, es de que siempre sea duro para los mismos.

Y se me ocurre también que no, que este invierno no va a ser duro para quienes esperan que se les abone el turno de oficio mientras presencian el paripé de administraciones que retrasan desvergonzadamente el pago y colegios que amenazan con amenazar cuando ven próximo el abono; que no, que este invierno no puede ser duro para los compañeros y compañeras que enferman, agonizan o simplemente dan a luz mientras los plazos les corren o una legislación inicua les obliga a una inmediata sustitución como si fuesen material fungible; que este invierno no puede ser duro para los abogados que litigan contra los bancos y ven como todo se confabula para que los bancos no paguen unas costas que a ellos jamás se les discutieron en ninguna ejecución; que este invierno no puede ser duro para aquellos que defienden los derechos de los demás sin que sus honorarios determinen ni uno sólo de los pasos que dan en su defensa; y que no…

Definitivamente este invierno no tiene por qué ser duro para los mismos de siempre, definitivamente hemos de hacer que el invierno que viene sea duro, y hasta insoportable, para aquellos que maltratan a la justicia y a la abogacía en que creemos.

Por eso, déjate libre y reserva para ti el último fin de semana de noviembre, porque definitivamente, esta vez sí, el invierno se lo vamos a hacer duro a otros.

Los días 29 y 30 de noviembre tenemos un trabajo que hacer juntos, resérvatelos para ti.

Sólo una mujer

Sólo una mujer

Si ha habido una personalidad controvertida en la historia de México ha sido la de Malinali, Malintzin, Malinche o Doña Marina, que con todos estos nombres fue conocida esta mujer.

Nació y creció en una región donde se hablaba el idioma popoloca, hija de un padre al parecer mexica, de ahí que desde niña hablase también el nahuatl. Vendida como esclava, tras la muerte de su padre, a un señor maya, pronto aprendió a hablar maya también.

Cuando tenía entre 15 y 18 años Cortés y sus hombres aparecieron por allí y, tras el enfrentamiento de Centla, volvió a cambiar de dueño pasando a manos de aquella banda de aventureros españoles, pues su dueño anterior la entregó como regalo junto con otras diecinueve mujeres más.

Es difícil imaginar lo que significa ser vendida por tu madre a un señor que te usa como mejor prefiere y que este, luego, te venda a una especie de monstruo blanco, con pelo pajizo y vello por todas partes que, además, huele horrible (para los indígenas que trataron a los hombres de Cortes su mal olor era paradigmático).

Cuando Cortés llegó a dominios mexicas se encontró con que nadie hablaba su lengua (el nahuatl) salvo aquella esclava «entremetida y bulliciosa» según nos cuenta Bernal Díaz del Castillo. Malintzin se convirtió, pues, en la última esperanza de Cortés que, a partir de aquel momento, se convirtió en inseparable de ella; tanto que los mexicas no llamaban Cortés a Cortés sino «el dueño de Malintizin»; es decir, «Malinche». Es curioso que la historia acabase bautizando a Malintzin con el nombre que los mexicas dieron a Cortés (Malinche) y es llamativo también que fuese ella quien acabase dando nombre a Cortés para sus enemigos y no al revés.

Se dice que Malintzin y Cortés se amaron, yo no lo creo. Es cierto que acabaron teniendo un hijo en común, Martín Cortés, pero no es menos cierto que para una esclava como ella yacer con su dueño no era algo infrecuente. Los soldados españoles, no obstante, la respetaron en grado sumo y la imagen de «Doña Marina» es tratada con inusual cariño y respeto no sólo para el estándar de una mujer de la época, sino para una mujer, indígena y esclava.

Probablemete Malintzin sólo quería volver a su pueblo y vivir tranquila y libre y se dice que llegó a ese acuerdo con Cortés: cuando él derrotase a los mexicas ella sería libre.

Siglos después se ha dicho también de ella que traicionó a su país —cosa imposible pues México no existía— pero, si a alguien ayudó, fue a los pueblos que se sublevaron contra los mexicas y que por ello ayudaron a Cortés. Conviene recordar que, cuando Cortés sitia Tenochtitlan, su ejército lo componen unos 800 europeos (entre españoles, italianos, un griego, negros…) y más de 70.000 indígenas, fundamentalmente totonacas y tlaxcaltecas, deseosos de ajustar cuentas a los mexicas.

Dicen que traicionó a una raza… como si ella pudiese saber lo que ocurriría en los siglos venideros. Malintzin fue una mujer que buscó sobrevivir y salir de la miserable situación en que se encontraba… y lo logró con algo que no se le suponía entonces a las mujeres: inteligencia.

Al final de sus días a Doña Marina se la reputaba todopoderosa, casó con un español de cierta nobleza y si no fue feliz como ella hubiese querido, lo que sí que fue probablemente, es el anticipo de ese país que entonces no existía y que hoy conocemos como México.

Malintzin, Doña Marina, Malinche, ha sido tratada injustísimamente por la historia y por eso, ahora que se cumplen 500 años de la ocurrencia de esos hechos, quizá convenga que reparemos en que, debajo de todo el debate que se ha montado sobre ella, tan sólo hay un ser humano: una mujer.