Los pactos son para cumplirlos

Desde que, en 1985, el PSOE decidiese que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se llevaría a cabo por políticos y no por jueces hasta que, en 2013, el PP dejó a su particular y exclusivo gusto el sistema de elección por medio del incalificable Gallardón, los organismos europeos encargados de vigilar la corrupción en los estados miembros han venido denunciando la situación en que se encuentra el gobierno de los jueces en España y el riesgo que ello conlleva para la independencia judicial.

A los sucesivos gobiernos de PP y PSOE estas críticas les han merecido la misma atención que parece haberles merecido la mejora de la administración de justicia; es decir, ninguna. Es natural, los dos grandes partidos parecen haber dedicado más esfuerzos a controlar la justicia que a fortalecerla, pues su relación con ella ha estado más veces vinculada a mediáticos procesos por corrupción que a avances reales y tangibles en la administración de justicia española.

La aparición de nuevos partidos sin el largo historial de procesos por corrupción que soportaban los dos grandes partidos tradicionales pareció abrir vías para un nuevo replanteamiento del tema pero, la inestabilidad política de los últimos tiempos, dificultó la aparición de ninguna iniciativa novedosa; sin embargo, ahora es el momento.

Ahora es el momento porque nuevamente el informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha sido durísimo en relación a la lucha contra la corrupción en España y ha señalado la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial como uno de los puntos que deben ser corregidos para adaptarlos a las recomendaciones europeas y —añado yo— al espíritu y letra de nuestra Constitución.

Ahora es el momento porque nuevamente PP y PSOE han vuelto a cerrar filas para que todo permanezca igual y ahora es el momento porque tanto Ciudadanos como Podemos no tienen nada que perder y sí mucho que ganar impidiendo que este inicuo sistema de elección del CGPJ se mantenga.

Ciudadanos, además, se juega ante la comunidad jurídica toda su credibilidad. Recordemos que, cuando Ciudadanos decidió apoyar la investidura de Rajoy, firmó con el partido del gobierno, el PP, un catálogo de 150 medidas una de las cuales, la medida 102, se pronunciaba específicamente sobre esta materia y contenía un compromiso claro y concreto:

  1. Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados.

No caben componendas para Ciudadanos: o exige al PP el cumplimiento de este punto o tendremos que sospechar que su aparente compromiso contra la corrupción no pasa de ser una pose ajena a medidas estructurales.

Es, pues, el momento de cumplir con la palabra dada, es momento de demostrar que los acuerdos no son meras coartadas para engañar al electorado. PP y Ciudadanos se comprometieron a algo que deben llevar a cabo; el PP porque, tras los nefastos mandatos de Gallardón y Catalá, debería hacer algo más que simplemente estropear nuestra administración de justicia; Ciudadanos para acreditar que las viejas maneras no caben en los nuevos partidos y que ahora, sorprendentemente, los partidos tratan de cumplir sus compromisos.

¿Son ustedes optimistas al respecto? ¿Creen que estos partidos cumplirán sus compromisos? Hagan sus apuestas y en unos meses lo comentamos.

Pactos “anticorrupción”

Acaban de remitirme una copia del pacto suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos y que ambas formaciones han dado en llamar “anticorrupción”. Tal pacto incluye un acuerdo en el que se hace constar textualmente:

Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial.

No me gusta ese pacto, qué quieren que les diga, no creo que sea lo que necesita España para acabar con la corrupción y hasta me parece que pudiera resultar contraproducente.
Soy abogado y mi profesión es, básicamente, defender imputados; creo saber, pues, de lo que hablo. Un imputado (investigado se le llama ahora) no es más que una persona a quien alguna otra acusa de haber cometido un delito ante la administración de justicia y, esta, decide abrir un proceso para averiguar si efectivamente la acusación es cierta o no. Un amplio número de esos procesos finaliza mediante el sobreseimiento provisional o libre de la causa (el juez entiende que los hechos no están probados) e incluso, de entre aquellos procedimientos que llegan hasta la fase de juicio oral, una nada despreciable cantidad finaliza con sentencia absolutoria porque el acusado, verdaderamente, es inocente de los delitos que se le imputaban. Condenar a una persona antes de juzgarla es pre-juzgarla y, el juicio emitido respecto de ella antes del verdadero juicio, es en puridad un pre-juicio.

Pues bien, gracias a este pacto, los firmantes han elevado a la categoría de herramienta política el “pre-juicio” (discúlpenme si al decirlo molesto a alguien) y con él están justificando que sobre el imputado recaigan consecuencias negativas a causa de una conducta por la que no ha sido juzgado, que desconocemos si ha cometido en realidad y respecto de la cual puede ser declarado inocente.

No es la primera vez que el “pre-juicio” se eleva a la categoría de arma política en la historia de nuestra joven democracia, básteme recordar la figura de Demetrio Madrid, primer presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quien hubo de abandonar su cargo a causa de ser acusado de un delito que nunca cometió.

No, en mi sentir esta no es la forma de acabar con la corrupción; acabar con el principio constitucional de la presunción de inocencia es más una forma de acabar con la democracia que con la corrupción. Es lo que pienso, es lo que digo. He defendido a demasiadas personas inocentes injustamente acusadas como para cambiar ahora de idea.

Yo creo firmemente que, para acabar con la corrupción, hace falta predicar menos y dar más trigo: para acabar con la corrupción hace falta Justicia y no remiendos. Podemos construir un camino rápido, justo y directo a la justicia, no necesitamos de malos atajos.

Necesitamos un país donde una persona injustamente acusada pueda ver su caso resuelto en unos pocos meses (no en lustros), necesitamos una administración de justicia donde los políticos justamente acusados de corrupción puedan ser condenados en un breve espacio de tiempo. Necesitamos un país donde la Justicia no sea sólo un concepto escrito en un papel (por más que ese papel sea la Constitución) sino que sea una realidad que rija la vida de los ciudadanos, donde el inocente no tema acusaciones injustas y donde el culpable sepa que encontrará un rápido castigo a sus desmanes. Para eso, créanme, sólo hace falta invertir un poco de dinero en la administración de Justicia y tomarnos en serio el primero de los valores que nuestra Constitución contempla.

Para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia con medios que resuelva en meses los problemas por complejos que estos sean, para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia cercana y accesible a todos los ciudadanos, para acabar con la corrupción basta con disponer de una justicia independiente ajena a los tejemanejes de los políticos.

Firmar un pacto como el que hoy se ha firmado no solucionará nada si nuestra justicia sigue en el estado de coma vigil en el que se encuentra; pero para revivir a nuestra justicia en coma lo primero que hace falta es darle alimento, pues  el enfermo se nos muere de anemia. A lo que se ve es más fácil predicar que dar trigo; firmar un documento es gratis, hacer de este país un estado justo es otra cosa distinta.

Sólo hay un camino para atajar la corrupción y ese camino es la justicia: una justicia, ya lo he dicho antes, independiente, con medios, rápida, muy rápida, cercana y accesible; una justicia como la que persigue el manifiesto #T; es decir, una justicia de verdad y para todos. El resto son remiendos.

Vale.

Proposición no de ley contra las tasas

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Los húsares andaluces de la Brigada Tuitera están presentando a los diversos grupos políticos del Parlamento Andaluz una «proposición no de ley» para instar al Gobierno de la Nación a retirar la infame ley de tasas que aprobó el ministro Gallardón y que, a pesar de las protestas unánimes, sigue gravando, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas españolas y a las ONG´s.

En su actividad han llegado incluso a reclamar al propio PP de Andalucía que apoye e impulse esta proposición no de ley, momento que recoge la foto.

A la reunión asistieron miembros de la Brigada Tuitera de las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Granada y Huelva. En la misma, en la que estuvo presente durante un buen rato el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, expusieron los objetivos principales del movimiento tuitero, insistiendo en la necesidad de que el PP se comprometiera a presentara una proposición no de ley de rechazo a las tasas judiciales.

A esta reunión asistieron los “brigadistas” José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogado de Sevilla, María Isabel Escartín, decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Manuel Nogales, procurador de Huelva, María del Mar Mingorance, abogada de Córdoba, Rosa María Durán, abogada de Huelva, Sergio Mombo, abogado de Málaga, Enrique Hinojosa, procurador de Huelva, y los magistrados y jueces Francisco Gutierrez, Antonio Cortés, y Maria Cruz Fernández-Aragón, estos últimos miembros, también, de la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, los cuales expusieron abiertamente la dramática situación en la que se encuentra la Justicia andaluza, con señalamientos para el año 2019 en algunos órganos judiciales sevillanos.

También se le expuso al diputado autonómico andaluz una comparativa del dispar número de jueces por habitante que cada comunidad autónoma dispone, en la que Andalucía destaca con uno de los porcentajes más bajos.

En ese sentido, se resaltó que Portugal, con una extensión y población aproximada a la andaluza, cuenta con el doble de jueces que nuestra Comunidad, lo que repercute, de manera directa, en la celeridad y calidad de la Justicia.

Todos podemos unirnos a esta acción (los americanos le llamarían Grassroots) y podemos aprovechar su trabajo para solicitar en nuestra Comunidad Autónoma la adopción de una proposición no de ley similar. Por si decides asumir tú esta responsabilidad te dejo en este link el texto completo de la suya para que la adaptes a tu autonomía en la forma que estimes pertinente.

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Dónde estamos y qué queremos

Dónde estamos

Ahora que el ciclo de gobierno llega a su fin es el momento de hacer balance sobre lo que nos han deparado estos últimos cuatro años, determinar en qué estado se encuentra la Justicia en relación a aquel en que estaba en 2011 cuando se inició la legislatura y señalar los objetivos prioritarios que habrían de cubrirse en la próxima.

Si atendemos a los programas electorales que presentaron en 2011 los diferentes partidos políticos, la justicia española adolecía de los siguientes defectos:

  • Falta de medios modernos, sobre todo informáticos (PP, PSOE)
  • Insuficiente número de jueces (PSOE, IU, UPyD)
  • Falta de independencia judicial (PP, IU)

Todos los programas concluían que, el concurso de todas o algunas de estas deficiencias, generaban una clara ineficiencia del sistema judicial español que todos los partidos, sin excepción, se declaraban capaces de corregir.

Así pues, atendido al diagnóstico contenido en los diversos programas electorales, debemos preguntarnos si hoy, en mayo de 2015, estamos mejor o peor que en el momento de redactarse dichos programas, porque tal evaluación nos señalará el punto en que estamos en este momento. El resultado, ya lo adelanto, no puede ser más desalentador.

Falta de medios

Por lo que respecta a la endémica falta de medios que padecen las administraciones de justicia, es obvio, que la misma no ha hecho sino agravarse tras cuatro años de reducciones de presupuesto. Si partíamos en 2011 de una justicia insuficientemente dotada con un presupuesto de mil quinientos millones de euros, en 2014, con el presupuesto reducido a mil trescientos millones, no cabe sino concluir que nos encontramos en una situación mucho peor de la que nos encontrábamos. 

Y es importante subrayar que estos recortes se han mantenido constantes los años 2012, 2013 y 2014 pues, hallándonos en año de elecciones, no tengan ustedes la menor duda de que los presupuestos de este año 2015 se usarán como elemento de engaño electoral subiendo los presupuestos sólo para este año y vendiendo así a la opinión pública (que suponen desinformada) que esta subida abarca todo el período. Conviene estar atentos pues, una vuelta a los niveles de 2011 en los presupuestos de 2015, tratará de ser vendida como una “subida” cuando lo único que significa es la consolidación de los recortes y las pérdidas de los años del período 20112014; así pues, atentos a los engaños que, indudablemente, se tratarán de usar desde el ministerio.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de medios de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a los niveles de los años 2007-2008; es decir, un salto hacia atrás de ocho años.

Insuficiente número de jueces

La mayoría de los partidos, en sus programas electorales del año 2011, denunciaron igualmente que la justicia española adolecía un insuficiente número de jueces por lo que será razonable comparar las cifras del año 2011 con las del 2014 para averiguar qué ha ocurrido en estos cuatro años.

El número de jueces en el período 20112014 pasó de 5.171 a 5.362 según las cifras oficiales lo que supone un incremento del 3,6% situando a España en una ratio de jueces/habitante de 11,5 jueces por cada cien mil habitantes, lo que nos sitúa en uno de los últimos puestos de Europa en este tipo de ratios. Sin embargo es preciso poner de relieve que, en este período, se ha prescindido por completo de los servicios de los jueces sustitutos quienes en 2011 dictaban un 17,6% de las resoluciones. Prescindir del trabajo de estos jueces supone incrementar la carga de trabajo de los jueces de plantilla pues es obvio que ese 17,6% de resoluciones no puede haber sido absorbido por el exiguo 3,6% de jueces en que se incrementó la plantilla.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de jueces de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Falta de independencia judicial

La falta de independencia judicial ha sido denunciada como uno de las graves carencias de que adolece nuestra justicia y fue un tema al que dieron especial relevancia los programas electorales tanto del PP como de IU. El Partido Popular destinaba a este problema una medida específica que se contenía como la medida número “11” de su programa electoral y que, textualmente, decía:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

Tal medida fue directamente contravenida por el ex-ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón quien elaboró una reforma de LOPJ que se encontraba en las [antípodas de su programa electoral].

Esta iniciativa del ministro concitó las críticas unánimes de todos los partidos y asociaciones profesionales de jueces sin que ello haya producido efecto alguno hasta este momento pues el sustituto de Alberto Ruíz Galardón, Rafael Catalá Polo, ha manifestado públicamente y sin rodeos su intención de mantener la reforma elaborada por Gallardón reconociendo que, en este punto, no piensa cumplir su programa electoral.

La situación actual es que, el informe de evaluación de España aprobado en diciembre de 2013 por el “Grupo de Estados contra la Corrupción” (GRECO) del Consejo de Europa, en su párrafo 80, contiene esta específica alerta para España:

En opinión del EEG, dado el papel que el CGPJ desempeña en la toma de decisiones sobre áreas vitales de la judicatura, incluyendo los nombramientos, la promoción, inspección y disciplina relativa a los jueces, resulta crucial que este órgano no sólo sea libre sino que se vea también libre de toda influencia política. Cuando las estructuras rectoras del Poder Judicial no se consideran imparciales e independientes, se produce un impacto inmediato y negativo sobre la prevención de la corrupción y sobre la confianza pública en la justicia y eficacia del ordenamiento jurídico del país. El EEG entiende que es demasiado pronto para evaluar los efectos de los recientes cambios introducidos en el proceso de nombramiento de los miembros judiciales del CGPJ pero teme que la percepción de politización del CGPJ, dado el papel del Parlamento en el proceso, no puede solventarse a los ojos de los ciudadanos. Sin embargo, la reforma actual se enfrenta al descontento generalizado de la profesión. La primera prueba a la que se sometió la reciente reforma tuvo lugar con las elecciones de los miembros del CGPJ en noviembre de 2013. El EEG considera que esta cuestión, importante tema de debate durante años y concretamente en el contexto español, se merece un estricto seguimiento. El GRECO recomienda realizar una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos que tiene sobre la independencia de este órgano cualquier influencia indebida, real y aparente, con objeto de corregir cualquier deficiencia que se detecte.

Del mismo modo, a la vista de la forma en que se llevan a cabo los nombramientos el Grupo de Países contra la Corrupción advirtió a España de lo que sigue (párrafo 89):

Las normas internacionales son inequívocas al respecto: todas las decisiones sobre el nombramiento y la carrera profesional deben basarse en criterios objetivos; los consejos del poder judicial deberán demostrar un altísimo grado de transparencia21. El EEG tiene dificultad para reconciliar tales normas con la “discrecionalidad” en cuanto a la evaluación de los méritos y la cualificación profesional que la ley otorga al CGPJ para el nombramiento de jueces de rango superior. En los últimos años se está tratando de afinar los criterios en los que el CGPJ debería basar estos nombramientos, especialmente a través del reglamento de 2010 y de una serie de resoluciones del Tribunal Supremo. Sin embargo, los representantes entrevistados dijeron que sería preferible la inclusión específica de estos criterios en la ley e indicaron que los proyectos de enmienda de la LOPJ incluyeran disposiciones a este respecto (por ejemplo, requisitos para entregar currículos, documentos/títulos acreditativos de méritos, informes de rendimiento, etc.). El EEG acoge favorablemente cambio reglamentario previsto. Cuando la promoción no se basa en la antigüedad sino en los méritos y aptitudes, estos deben definirse claramente y evaluarse de forma objetiva. En opinión del EEG, la promoción de los jueces es un tema muy importante para dar confianza a los ciudadanos sobre la justicia y transparencia de los procesos judiciales. Deberá disiparse cualquier sospecha de influencia indebida en la promoción de jueces a altos cargos. El GRECO recomienda que se estipulen por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, por ejemplo, jueces presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso. Al poner en práctica esta recomendación las autoridades deberían tener presente las preocupaciones mencionadas en el párrafo 80 (recomendación v) sobre la percepción de la politización del CGPJ.

Finalmente la peculiar relación existente en España entre la Fiscalía y el Gobierno da lugar a las siguientes recomendaciones del Grupo de Países contra la Corrupción (GRECO):

ix. (i) reconsiderar el método de selección y el mandato del Fiscal General; (ii) establecer por ley requisitos y procedimientos claros para incrementar la transparencia de comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno; (iii) explorar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal (párrafo 131); x. que (i) se adopte un código de conducta para fiscales de fácil acceso para el público; y (ii) que se complemente con orientación dedicada a los conflictos de interés y otros asuntos relativos a la integridad (párrafo 152);

xi. desarrollar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios en el Ministerio Fiscal, que esté investido de las garantías apropiadas de equidad y eficacia, y sujeto a una revisión independiente e imparcial (párrafo 165).

A la vista de lo anterior podemos, pues, concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la independencia judicial no sólo no ha aumentado sino que se ha reducido mucho más allá de los exiguos límites dentro de los que se movía en 2011. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Otras consideraciones

Comprobado ya que la situación de la justicia en España es peor de lo que era en 2011 al comienzo de la legislatura, no podemos dejar de señalar otra serie de circunstancias que han hecho de España un país mucho más injusto en 2015 que en 2011, algo que, lejos de parecer una consecuencia accidental de la política del gobierno parece ser un objetivo perseguido de forma deliberada por él a través de una serie de inicuas iniciativas legislativas. Veámoslas.

Ley de Tasas

En noviembre de 2012 y con la finalidad declarada de dificultar el acceso de los españoles a la justicia, el ministro del ramo instauró un sistema de tasas judiciales que, de forma inmediata, concitó el unánime rechazo de todos los operadores jurídicos. No es preciso extenderse aquí en señalar la iniquidad del sistema establecido, pues ha sido objeto especialísimo de atención por diversos grupos y en especial por la “Brigada #T” que nace de la irritación que produce esta infame regulación, pero sí es preciso subrayar que la ley de tasas sigue vigente para todas las personas jurídicas de España y que derogarla es una exigencia básica de justicia. El ministro Gallardón y su sucesor Catalá Polo han manifestado de forma clara que no están dispuestos a dar cumplimiento a lo manifestado por la exposición de motivos de la Ley de Tasas que, explícitamente manifestaba:

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Tampoco, ni a Alberto Ruiz Gallardón ni a Rafael Catalá Polo ha parecido importarles lo más mínimo el tenor literal del artículo 11 de la Ley de Tasas que establece textualmente:

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Por supuesto, si ni la ley ni las exposiciones de motivos obligan al tándem Gallardón-Catalá, mucho menos les vinculan sus propias palabras y justificaciones para implantar esta inicua ley; si algo ha carecido de valor en España esta legislatura ha sido la palabra dada. La consecuencia es que, de los casi 600 millones de euros recaudados por tasas, tan sólo 6 van a ir de momento a Justicia y no parece que ni el actual ministro ni mucho menos el anterior se ruboricen lo más mínimo.

A la vista de lo anterior podemos concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, el acceso a la justicia se ha reducido a niveles no ya inferiores a los existentes en el año 2011 sino a muchos siglos atrás. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles como no habían existido desde hace siglos.

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal realizada por el Gobierno ha supuesto igualmente una injustificada restricción de libertades para los ciudadanos presentando características de “derecho autoritario” que han sido señaladas incluso por el anterior Fiscal General del Estado nombrado por el propio Gobierno autor de la reforma Sr. Torres-Dulce. Figuras como la prisión permanente revisable o la llamada “Ley Mordaza” han sido impuestos sin el más mínimo consenso y con una crítica generalizada.

Otras leyes

Tentativas de imponer una “provinciofrénica” e insensata Ley de Planta no tuvieron éxito debido a la férrea oposición de todos los sectores y partidos (incluidos sectores muy caracterizados del propio Partido Popular), tentativas de acabar con el sistema actual de justicia gratuita desde diversos flancos (Ley de Colegios Profesionales, Ley de Justicia Gratuita), tentativas aún en curso de imponer una verdadera “ley de punto final” para determinados delitos de corrupción acortando los plazos de instrucción sin dotar de medios a los juzgados… etc. son sólo algunos ejemplos de lo que ha sido la presente legislatura en materia de justicia.

En suma, si, en materia de justicia, hemos de responder a la pregunta de “dónde estamos”, habremos de concluir que no es que no hayamos avanzado nada, que no es que no nos hayamos movido del punto de partida, sino que lo que habremos de afirmar es que lo cierto y real es que estamos mucho más atrás de lo que estábamos cuando comenzó está legislatura. No es que hayamos perdido una legislatura entera, es que hemos involucionado gravemente y que, de lo único que podemos felicitarnos, es que no hayan salido adelante todas las insensatas medidas propuestas desde el ministerio durante esta legislatura pues, de no haberse parado determinadas leyes, sólo nos quedaría entonar ahora un requiem por la justicia española.

Qué queremos

Sentado lo anterior el objetivo no puede ser otro que cubrir los objetivos que todos los partidos, sin excepción comparten y que no son otros que dotar a nuestro país de una justicia independiente, una justicia con medios, con un número suficiente de jueces, que sirva al administrado sin tasas judiciales manifiestas o en la sombra (justicia cercana) y para ello es imprescindible que, para la próxima legislatura, se alcance el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas para:

  • Derogar definitivamente las tasas judiciales. (#JusticiaSinTasas)
  • Elevar los presupuestos estatales y autonómicos en justicia hasta la media europea. (#JusticiaConMedios)
  • Establecer un sistema de elección de miembros del CGPJ que garantice hasta el extremo la independencia del poder judicial. (#JusticiaIndependiente)

Y a ese fin merece la pena aplicarse, de hecho hay grupos que se vienen ocupando de ello hace ya mucho tiempo. Yo pertenezco a uno: #T

#SinJusticiaHayCorrupción