Etiqueta: justicia

No nos quedemos sólo en el IVA

Hoy, la llamada «abogacía institucional» se queja -y con razón- de que, por parte del Ministerio de Hacienda, se quiere gravar con el IVA (al 21%) los servicios jurídicos prestados a personas sin recursos a través del llamado «turno de oficio». En un primer momento no se sabía quién habría de pagar ese 21% (¿el beneficiario que no tiene dinero?)  pero, ante lo surrealista de tal posibilidad, ahora se nos dice que lo pagará el Ministerio de Justicia en la llamada «Zona Ministerio»1 y las respectivas Consejerías de Justicia en los territorios con competencias en justicia transferidas.

Cuando deberíamos estar tratando de mejorar un servicio como el de la asistencia jurídica gratuita lo que estamos  tratando es, simplemente, de que no empeore aún más y peleando contra un 21% en impuestos que pagará Justicia para que los cobre Hacienda (¿un ministerio pagando a otro? ¿de verdad es necesario este malabarismo tributario?) en lugar de ocuparnos de lo que de verdad importa. No sé cómo lo hace el gobierno pero entre señuelos, IVA’s y cortinas de humo jamás hablamos de lo que hay que hablar: de recursos para la Justicia Gratuita.

El Ministerio de Justicia lleva presupuestando demasiados años menos de 35 millones de euros anuales para la Justicia Gratuita, una cantidad ridícula e inferior a la que clubes como el Barcelona destinan a fichar a mediocentros perfectamente desconocidos -al menos para mí- como André Gomes (55 millones). Pensar que el estado destina a la justicia de los más necesitados menos que un club de fútbol a fichar uno de sus jugadores me resulta obsceno, sé que es una comparación fácil, pero me resulta obsceno.

El Ministerio de Justicia no sólo es que destine pocos recursos a la justicia gratuita, es que, además, los gestiona pésimamente porque los retrasos en los pagos son ya tan crónicos que se tiene por normal y admisible un inadmisible retraso de tres meses en el pago en Zona Ministerio.

Creo que la Justicia Gratuita merece una preocupación mayor que la circunscrita al IVA y a la protesta contra el Ministro de Hacienda. El responsable de la Justicia Gratuita es el Ministro de Justicia y es él el responsable de que los abogados de la Zona Ministerio sean los peor pagados de España. Véanlo si no.

Los mismos servicios jurídicos, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares con cargo a los presupuestos de Justicia Gratuita que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.

Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea: el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.

Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.

Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.

Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4

Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.

Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.

No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe (Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.

Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Por eso no te quedes sólo en el IVA, hay muchas más tareas que hacer y que parece que, en años, nadie ha querido o se ha atrevido a hacer. Como siempre está en tu mano: no esperes a que nadie haga nada por ti si tú no lo haces primero.

  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ

    Han de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎

Sobre jueces, policías, cañones y mantequilla

Sobre jueces, policías, cañones y mantequilla

Introducción

España es el país con una mayor ratio policía/habitante de Europa Occidental1 sólo superado por Chipre, país cuya situación política de división entre dos naciones, no admite comparación con España.

Adicionalmente España tiene una de las ratios jueces/habitante más bajas de Europa Occidental2 y esta situación me llevó recientemente (el 5 de diciembre) a publicar un tuit con las cifras absolutas de policías3, jueces y fiscales en España4. El tuit literalmente decía:

España:

–5.000 jueces

–2.500 fiscales

–230.000 policías

¿Cañones o mantequilla?

El tuit no pareció generar demasiado interés y su actividad se saldó con apenas doce “retuits” y seis “me gusta”. Debo decir que me sorprendió, pues a mí las cifras me parecían merecedoras de una reflexión más profunda.

¿Cañones o mantequilla?

La expresión “cañones o mantequilla” (que yo entendía suficientemente provocativa para un tuit) no pareció llamar la atención de mis lectores, por más que sea un tópico archiclásico de la ciencia económica para aludir al coste de oportunidad.5

Así las cosas decidí plantear la cuestión de una forma más cruda en otro tuit y el 11 de diciembre (ayer en el momento de escribir estas líneas) me decidí a formular la pregunta de forma absolutamente explícita de la siguiente forma

España:

–5.000 jueces

–2.500 fiscales

–230.000 policías

¿Justicia o policía?

La reacción de mis lectores fue mucho más sensible, el cartel provocó 23 “retuits” y 14 “me gusta” y, sobre todo, reacciones y feedbacks muy interesantes (la red es maravillosa para aprender). De una parte estaban quienes, a la luz de los datos, concluyeron que España era un estado policial (cosa que ni dije ni pienso), de otra parte estaban quienes consideraron que comparar ambas magnitudes no tenía sentido (yo, por el contrario, opino que tiene sentido y mucho -véase guns vs. butter-), de otra más estaban quienes consideraron que faltaban jueces, fiscales y también policías (opinión esta sincera y correcta pero difícilmente asumible con recursos escasos) y, finalmente, de otra, estaban quienes captaron la intención provocadora y lo subrayaron en sus comentarios coincidiendo en la corrección de los datos y -probablemente- en la pertinencia del debate.

Un tercer tuit decididamente más provocativo obtuvo incluso mejores resultados que el anterior.

Pero vayamos al grano, dadas las cifras y “ratios” anteriores, ¿qué conclusión podríamos extraer de ellas ahora que las Cortes de la Nación han de redactar la ley de presupuestos para 2017?

Veámoslo.

¿Policías o jueces? (¿cañones o mantequilla?)

Si la única disyuntiva que se le presentase al legislador que ha de confeccionar los presupuestos de 2017 fuese la del título (jueces vs. policías) una solución racional pasaría por analizar cuales son las ratios de seguridad ciudadana6 que hay en España y compararlas con las que existen en los países de su entorno y con los ratios policía/habitante delos mismos países, así como con el porcentaje del Producto Interior Bruto que destina cada país a Justicia o a Seguridad7. De tal comparación podrían extraerse interesantes conclusiones y hasta podrían formularse algoritmos que nos auxiliasen a la hora de interpretar los datos o medir la eficacia de las partidas presupuestarias destinadas a cada sector.

Estudiando tales cifras podemos comprobar que España, por lo que a gasto en seguridad se refiere, es un país que gasta más que la media de la UE, es superado en esfuerzo económico por siete países8 y precede en esfuerzo a los 20 países restantes de Europa tomados en consideración por las tablas estadísticas.

Ratio del PIB(GDP) destinado a orden público y seguridad
Ratio del PIB(GDP) destinado a orden público y seguridad

Si analizamos la ratio policías/habitante de que dispone cada uno de estos países y la comparamos con el esfuerzo económico que veíamos en el párrafo anterior habremos de colegir que, o bien los policías españoles están mal pagados o bien en España se ha invertido mucho en capital humano y bastante menos en medios materiales. Si repasamos las tablas veremos que el Reino Unido cuenta con menos policías que España a pesar de destinar un mayor esfuerzo presupuestario a seguridad, esto dos deja ante la disyuntiva de entender que sus policías están mejor pagados o están dotados con mejores medios o ambas cosas a la vez.

Ratio policía/habitantes de los países de Europa
Ratio policía/habitantes de los países de Europa

Si las dos variables anteriores las referimos a la cantidad de seguridad producida por el esfuerzo económico y los medios destinados habremos de concluir que las cifras son verdaderamente satisfactorias para nuestras policías si las comparamos con, por ejemplo, las del Reino Unido: España es un país muy seguro y que ofrece índices bajos de criminalidad, afirmación esta que no puede realizarse con tanta seguridad en el caso del Reino Unido. Vean ustedes, por ejemplo, las cifra de muertes violentas en los diversos paises de Europa y saquen conclusiones:

Media de homicidios anuales 2007-2012
Media de homicidios anuales 2007–2012

Así las cosas podemos decir sin temor a equivocarnos que los servicios públicos (policías) tendentes a garantizar la seguridad y el orden público en España funcionan mucho más que aceptablemente y que, a la luz de los medios destinados al mantenimiento de los mismos, no parece necesario que los mismos se amplíen sin perjuicio de una mejor o más justa distribución de los mismos (desigualdades salariales, diferente o desigual dotación de medios, etc.). En suma, evidente resulta que si contásemos con más policía o mejores medios la situación mejoraría pero, comparados con los países de nuestro entorno, la situación de España en este campo parece ser francamente buena.

Naturalmente que todo esto no es más que una aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de un post y sospecho que el mismo debe de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes. La ecuación que determina la cantidad de seguridad producida por los diversos medios destinados a ella (variables) supongo que debe de estar siendo refinada constantemente al igual que las curvas generadas por ella, que todo este complejo mundo de la seguridad está en las mejores manos y que todos los aspectos que le atañen son tomados en cuenta y ponderados debidamente. Por tanto entiéndaseme, lo por mí ofrecido en este post no es más que una visión general que no tiene más aspiración que resumir el planteamiento general del problema.

Dejemos a la policía y pasemos a los jueces y fiscales tratando de realizar las mismas observaciones que hemos realizado respecto de la policía. Si en materia de seguridad y orden público nos interesaba conocer cual es la «cantidad de seguridad»9 que son capaces de producir el conjunto de unos determinados medios humanos y materiales, en justicia se tratará de hacer precisamente lo mismo, determinar qué «cantidad de justicia»10 es capaz de producir un sistema judicial dado.

No quiero abrumarles con datos (este post ya va siendo demasiado largo) pero es obvio que todo esto, como en el caso anterior, no va a ser más que una mera aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de este post y aunque me gustaría sospechar que el mismo debiera de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes, créanme que no logro acabar de convencerme de esto cuando veo la situación de la justicia en España y escucho las propuestas que se efectúan desde algunos órganos oficiales.

Si, en el caso de la policía, analizábamos en primer lugar cuál era el esfuerzo presupuetario en seguridad, procederá que hagamos lo mismo en Justicia y comprobaremos que las estadísticas para España, en materia de Justicia y en relación a su PIB(GDP), nos indican que, en principio, no se realiza el esfuerzo que debería realizar11…

Ratio PIB/Cantidad destinada a Justicia en presupuestos
Ratio PIB/Cantidad destinada a Justicia en presupuestos

No conviene conformarse con la primera estadística que uno se encuentra porque, aunque la fuente sea fiable, les aseguro que no es difícil encontrar otras que la contradigan. En todo caso el último informe emitido por el CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) en 2016 puede darnos una idea bastante clara sobre este punto.

Presupuesto en justicia como procentaje del presupuesto total
Presupuesto en justicia como procentaje del presupuesto total

Las cifras son bastante elocuentes en un sentido, España gasta poco en relación a Europa en Justicia y, en cambio, gasta más de la media europea en seguridad.

Podemos analizar a continuación, al igual que hicimos antes con la policía, cual es la ratio de jueces/población que tenemos y en ese punto tampoco les descubriré mucho si les digo que nuestra ratio no es nada buena.

Ratio Juez/habitantes en países europeos
Ratio Juez/habitantes en países europeos

Por lo visto hasta ahora no parece que España haga el esfuerzo que debe en Justicia, ni parece que dispongamos de los jueces suficientes pero falta la pregunta definitiva: ¿es España un país donde la justicia funcione?.

Puede usted mismo responder a esta pregunta si lo desea o puede buscar al alguien que (incluído el minsitro del ramo) sostenga sin sonrojarse que la justicia española funciona bien, si lo encuentra le agradeceré que me lo presente.

Algunas conclusiones

Obviamente, tras este recorrido necesariamente simplista sobre el estado de la seguridad y la justicia en España pocas conclusiones pueden extraerse al margen de dos que creo que no precisaban de tantos datos: España es un país seguro pero España es un país injusto. Sería necesario un estudio mucho más profundo para tomar una decisión presupuestaria entre los dos sectores contemplados. Es evidente que los medios humanos en la administración de justicia no se reducen a jueces y fiscales sino que hay que incluir necesariamente en ellos la indispensable figura de los funcionarios e incluso la de las personas ajenas a la función pública pero igualmente indispensables para la administración de justicia como son abogados y procuradores. Es evidente que en materia de seguridad el estudio no se agota en contemplar el esfuerzo presupuestario, el número de policías y las ratios de criminalidad sino que hace falta ponderar muchos otros datos.

Sin embargo, con este juego clásico de cañones o mantequilla aplicado esta vez a justicia y seguridad, puede ilustrarse la necesaria tarea de reflexión que debe llevarse a cabo antes de redactar una ley de presupuestos. Nuestros legisladores están a punto de acometer esa tarea y deben plantearse si, dada la actual situación en España, si deben destinar más medios a unas partidas que a otras. Hemos contrastado superficialmente sólo dos de ellas y harto trabajo les espera si deciden hacer bien su trabajo. En todo caso no olviden que, por encima de las consideraciones económicas, estan las razones que justifican que vivamos juntos y contribuyamos todos a una caja común y, la primera de esas razones, la pueden encontrar en las siete primeras palabras de la Constitución:

«La Nación Española, deseando establecer la Justicia…»

Espero haberles podido ofrecer algunos materiales para la reflexión, para el debate o para el estudio. Un saludo.

  1. Puedes consultar diversas fuentes aquí, aquí o aquí, para las cifras de Eurostat más actualizadas puedes mirar aquí. ↩︎
  2. La cifra de la ratio juez/habitante en España puede localizarse en muchas fuentes y ha sido citada muchas veces;tanto por la prensa como por fuentes oficiales ↩︎
  3. Una cifra aproximada se da aquí ↩︎
  4. El número exacto de jueces y fiscales puede consultarse en los servicios estadísticos del Consejo General del Poder Judicial ↩︎
  5. La expresión “cañones o mantequilla” (en inglés “guns versus butter”) plantea una disyuntiva clásica en macroeconomía: cuanto más gastemos en defensa nacional para proteger nuestras costas de los agresores extranjeros (cañones), menos podremos gastar en bienes personales para mejorar el nivel de vida en nuestro país (mantequilla) y ha sido usada hasta la saciedad para ilustrar el llamado “coste de oportunidad”, así, por sólo mencionar unos ejemplos recientes, por el diario “La Razón”, El Espectador (que además hace referencia a cómo Samuelson usaba este ejemplo), El País y muchísimos otros. La expresión “cañones o mantequilla” es un clásico tan repetido para ilustrar el coste de oportunidad que si uno busca en wikipedia “Cañones o Mantequilla” el propio sistema le redirigirá a la página que trata del coste de oportunidad. ↩︎
  6. Una buene fuente de datos es Eurostat accesible aquí ↩︎
  7. Nuevamente Eurostat es una magnífica fuente de datos ↩︎
  8. Estos siete países son: Bulgaria, Portugal, Croacia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Chipre y Reino Unido. ↩︎
  9. Utilizo la expresión «cantidad de seguridad» en el mismo sentido que, hace muchos años, oí utilizar la expresión «cantidad de defensa» al entonces Teniente General Cano Hevia para referirse al ejército. El Teniente General Cano Hevia explicaba que las unidades formadas por soldados de reemplazo del ejército español de entonces (año 1988) apenas si «producían defensa» para España y que este concepto, esta magnitud, la «cantidad de defensa» producida, era el resultado final de una ecuación compuesta por numerosas variables que no es el caso enumerar ahora. ↩︎
  10. Utilizo la expresión «cantidad de justicia» en el mismo sentido que, hace muchos años, oí utilizar la expresión «cantidad de defensa» al entonces Teniente General Cano Hevia para referirse al ejército. El Teniente General Cano Hevia explicaba que las unidades formadas por soldados de reemplazo del ejército español de entonces (año 1988) apenas si «producían defensa» para España y que este concepto, esta magnitud, la «cantidad de defensa» producida, era el resultado final de una ecuación compuesta por numerosas variables que no es el caso enumerar ahora. ↩︎
  11. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). «European judicial systems Edition 2014 (2012 data): Efficiency and quality of justiceAn overview» ↩︎

Lo siento pero no puedo ir

Acabo de recibir la invitación que ven en la fotografía y sospecho que muchos otros decanos y consejeros del CGAE también la habrán recibido.

Acabo de responder a tan amable invitación: no puedo ir.

A día de hoy el ministro invitante no ha pagado a los abogados de oficio de la llamada «Zona Ministerio»2 ninguno de los servicios que han prestado desde abril de este año; es decir, que los abogados llevan trabajado medio año sin ver ni un euro de la miserable retribución que les tendría que pagar el ministro anfitrión. Comprenderán que no pueda ir a aplaudir ni felicitar a quien es responsable de que mis compañeros y compañeras no cobren lo que se les debe. No es ningún desaire, créanme, es que no puedo.

A día de hoy, igualmente, los abogados que trabajan en el turno de oficio en la «Zona Ministerio» no son solo de los que más tarde cobran sino que, además, son los peor pagados de España. 3 Uno pensaría que un ministro que es patriota de palabra lo habría de ser también de obra y que uno de sus más intensos deseos sería sin duda demostrar por la vía de los hechos lo que predica de palabra: que, juntos, los españoles funcionamos mejor que por separado y que de la unión de todos sólo pueden desprenderse ventajas. Pues bien, el patriotismo del ministro celebrante en este punto es tan solo verbal, pues la realidad es que los abogados que dependen del gobierno central —de su gobierno— son los peor pagados de España. Tarde y mal: comprenderán que no pueda ir.

Y estas serían, tan sólo, las dos primeras de una larguísima lista de razones que me dicen que no puedo aceptar tan amable invitación y que no debo —no puedo— ir.

El ministro de justicia Rafael Catalá Polo ha invitado a la abogacía institucional a su toma de posesión, un acto protocolario donde el guión exige que los presentes feliciten y aplaudan a su anfitrión en fasto tan señalado para él. Desplazar hasta el Palacio de Parcent en Madrid a todas esas personas un día laborable no es cosa baladí pero, sin duda, su presencia dará una pátina de lustre a un acto por otra parte absolutamente huero.

Estoy dispuesto a ir a Parcent si es para hablar de la manera de pagar de forma inmediata a los abogados de oficio; estoy dipuesto a ir a Parcent si es para negociar una subida de las miserables retribuciones que ahora se pagan a los abogados de oficio; estaría dispuesto a ir a Parcent a hablar de cualquier de los problemas que aquejan a la justicia en este momento si es que al ministro le interesase —cosa que dudo— mi opinión. Lo que no voy a ir a Parcent es a aplaudirle, ministro, al menos mientras usted no pague a compañeros que, cada uno, vale lo mismo que usted y que juntos valen muchísimo más que usted. Creo que comprenderá que en estas condiciones no vaya, entiéndalo, no es que no quiera, es que no puedo ir.

Sé que muchos otros sí irán: están en su derecho. Lo que sí que agradecería infinitamente es no tener que sufrir el oprobio de ver a la abogacía institucional, convertida en el caro atrezzo4 de un prescindible acto social, aplaudiendo a quien, mientras invita a consejeros y decanos, mantiene sin cobrar a los abogados a quienes ellos deben representar. Cada uno es libre de hacer lo que quiera: entenderé todas las posturas, pero, particularmente, yo agradecería que no me hiciesen sentir ese oprobio.

Por lo demás, ministro, cuando quiera me vuelve a invitar. Si es para tratar de temas serios esté usted seguro que acudiré; no hay nada personal en esto.

  1. «CGAE» es el acrónimo del Consejo General de la Abogacía Española, corporación profesional de derecho público que agrupa a los colegios profesionales de abogados de España. ↩︎
  2. «Zona Ministerio» es la expresión con que en el argot judicial se designa a las comunidades y ciudades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y que por tanto dependen del Ministerio de Justicia en este ámbito y en el del pago del turno de oficio. La «Zona Ministerio» está compuesta por los siguientes territorios: Islas Baleares, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla. ↩︎
  3. Para tener una idea muy aproximada de cuánto cobran los abogados de oficio de España según el territorio en que trabajan puedes consultar esta página: «Así va el turno». ↩︎
  4. «Atrezzo», del latín attrectare: manipular, manejar, torcer y retorcer… ↩︎

El tonto del presupuesto

Marines

Hablaba hace unas semanas con un alto oficial del ejército español sobre las penurias presupuestarias de la Justicia en España cuando él me preguntó: ¿Y vosotros no tenéis ningún «tonto del presupuesto»?

Le respondí que no entendía lo que quería decirme con eso y él, amablemente, me habló de un oscuro principio estratégico existente en el ejército de los Estados Unidos y que podría formularse más o menos así:

«Por escaso que sea el presupuesto existente en una unidad siempre habrá un tonto que afirme que, con mucho menos dinero, él puede hacer lo mismo que se venía haciendo hasta ahora o incluso más.»

Consecuencias naturales de este principio son los llamados corolarios del «soy el más grande», «todos eran estúpidos» y del «asciéndeme y luego ya, si eso, tal».

Los corolarios de «soy el más grande» y «todos eran estúpidos» van casi de la mano: el tonto del presupuesto afirma poder hacer más con menos porque, no sólo se considera el más listo, sino porque piensa que, quienes le precedieron a él en el cargo, eran ciertamente unos estúpidos que no se dieron cuenta de esas cosas de las que él y su penetrante ingenio de tonto del presupuesto sí se dan cuenta. Ególatra y con una enorme falta de respeto a quienes le han precedido en el cargo, el tonto del presupuesto suele ascender en la cadena de mando diciendo a sus jefes lo que quieren oír: que se puede hacer lo mismo o más con mucho menos dinero y repetirá esto hasta conseguir el ascenso, lo que nos conduce al corolario antes enunciado de «asciéndeme y luego ya, si eso, tal».

He recordado esta mañana la historia del tonto del presupuesto al leer una noticia que comenzaba con el siguiente titular: «Catalá considera “suficientes” los recursos destinados a modernizar Justicia». Y he recordado también cómo, en cuanto se habla de modernizar la justicia en determinaos ambientes políticos, siempre aparecen dos o tres tontos del presupuesto dispuestos a afirmar que ellos, con el mismo o menos dinero y merced a una serie de ingeniosas disposiciones organizativas, podrían solucionar todos los problemas de la justicia y, de paso, invitar a gambas a los presentes para celebrar su ascenso.

El tonto del presupuesto entronca en España con una vieja tradición y linaje de arbitristas que suelen eclosionar en momentos los que se han de rebajar las partidas de algún capítulo presupuestario, de forma que su logorrea ejerce efectos emolientes sobre los afectados por la reducción presupuestaria, aplaca un tanto los malos humores de una población legítimamente enfadada y aplaza hasta el próximo presupuesto debates y carencias mil veces aplazados. Una historia tan vieja como la monarquía española.

Hoy nos dicen que Catalá ha dicho que basta con lo que hay, que dinero no hace falta, que nos apañaremos… lo que es lo mismo, por cierto, que dijo Gallardón y todos cuantos ministros de justicia le precedieron en esos años en que el gobierno al que pertenecían prefería gastarse el dinero de la justicia (¿dónde fue a parar lo recaudado por las tasas?) en otras cosas.

Yo no sé si podría señalar sin error a los tontos del presupuesto que hay en España, lo que sí sé seguro es que gracias a ellos existe una auténtica tonta del presupuesto —esta vez ya sin comillas ni cursivas— en nuestro país: la Administración de Justicia.

LexNet y el «benchmarking»

En España somos unos fieras en esto de la informática y la justicia. Como la Justicia ya no iba mal de por sí, la falta de planificación (o la sobra de avidez) ha dado lugar a que casi cada comunidad autónoma tenga un sistema de gestión procesal distinto, atención al dato:


Hasta 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, «ni se hablan» entre sí. No me hablen ustedes de Steve Jobs, ni de Bill Gates ni de Richard Stallman, para tíos listos nosotros. Viva España.

Hemos gastado 10 veces lo que habría bastado gastar una sola vez, y todo para liar un carajal informático que ni Silicon Valley hubiese conseguido liar aunque pusiera todo su empeño en ello. Como digo: «semos» los mejores. 

Un niño de 11 años habría optado por copiar o usar en todas las comunidades autónomas el mismo sistema, en lugar de gastarse 10 veces el dinero para hacer algo que ya estaba  hecho; pero, claro, eso es porque los niños de 11 años no perciben los complejos problemas jurídico-financieros de la coyuntura política. Ustedes me entienden.

Pienso en esto y, mientras espero unas horas a que LexNet decida admitirme un escrito, un amigo me sugiere por whatsapp que deberíamos hacer una comparativa entre los diversos programas existentes. «¿Un benchmarking?» -le digo- a lo que él me responde «no sé qué carajo es un benchmarking, pero aquí alguno o algunos se han gastado un pastizal en software y hardware para hacer una mierda como el sombrero de un picador» (mi amigo es hombre de metáforas poco elaboradas).

Y mientras LexNet sigue sin digerir un folio DIN-A4 a una cara, pienso que mi amigo tiene razón, que, ahora que ya tenemos 10 programas distintos para hacer la misma cosa, bien podríamos compararlos y ver cual funciona mejor y cual peor y, de paso, acabada la comparativa, podríamos correr a gorrazos a los responsables de los peores programas, que eso no devolverá el dinero malgastado a las arcas públicas, pero es una actividad que relaja mucho y contribuirá sin duda a serenar los ánimos del electorado en estos tiempos convulsos.

Luego, una vez elegido el mejor de los programas, podríamos instalarlo en todas las comunidades de forma que todos los sistemas se entendiesen entre sí y de este modo mejorase sensiblemente el funcionamiento de nuestra administración de justicia. En este punto habría que establecer un premio especial porque, si elegido un programa, el mismo no puede ser compartido por todos debido a que los responsables no eligieron convenientemente las licencias, tendremos entonces que volver a correrlos a gorrazos. Esto, sin duda, tampoco solucionará el problema de no poder compartir el programa, pero, nuevamente, proveerá de paz a muchos administrados, alejará de las arcas públicas bastantes farfollas y saneará el tejido de una buena parte de nuestra clase política. Todo esto son beneficiosos efectos colaterales que, no por menos obvios, debemos minusvalorar.

Si seguimos hasta el final con el método de los gorrazos podremos, con un poco de fortuna, llegar a encontrar el programa ideal y, de paso, también a deshacernos de una buena caterva de pastueños semovientes que ramonean en el erario público. Sé que el método propuesto no resulta muy dospuntocero ni hipstermillenial, pero a mí, al pronto, me parece bastante efectivo.

Estoy plenamente convencido de que esto de que cada CCAA haya invertido un pastizal en desarrollar su propio sistema no ha tenido nada que ver -por supuesto- con comisiones, ni sobres, ni ninguna de esas cosas que con harta frecuencia suele denunciar sin pruebas el populacho ignorante. Es mucho más «diecinuevepuntocero» atribuirlo a un inesperado efecto secundario del principio de Hanlon, diagnóstico este que resulta mucho más científico.

Si España fuese una empresa privada tengo para mí que todos estos dirigentes estarían, sin duda, despedidos. Hemos pagado 10 veces lo que se podía comprar con un solo pago; gracias a ese gasto no sólo no hemos obtenido lo que necesitábamos sino que ahora, además, necesitamos organismos de coordinación y armonización (más sueldos, más pasta) y todo para que el resultado sea justo el contrario del pretendido.

Por eso, a esta hora incierta de la madrugada y -sin duda- fruto de la desesperación que produce LexNet, se me ocurre que sí, que igual mi amigo tiene razón, y que lo que hace falta aquí es una buena tanda de gorrazos bien despachados.

No creo que pase.

Leyes: las justas

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Considerando la administración de justicia desde un punto de vista «cibernético» el profesor Norbert Wiener señaló en «The Human Use of Human Beings» que, cualesquiera que fuesen los deberes de jueces y tribunales, el primer deber que tenían —y tienen— es el de ser predecibles. Es decir que, dado un litigio entre dos personas, siempre podamos predecir de antemano cual será la respuesta del tribunal para ese conflicto con independencia absoluta de quien sea el juez que lo juzga.

La predictibilidad es uno de los factores más a tener en cuenta si queremos disponer de una administración de justicia eficaz pues los ciudadanos, si son capaces de conocer de antemano el resultado de sus litigios, no necesitarán acudir a los tribunales para resolverlos y les bastará con el adecuado asesoramiento. Esta es una de las formas más eficaces de descongestionar los órganos judiciales sin merma de la justicia.

Y siendo esto así, como lo es, ¿qué podemos decir que hayan hecho nuestros gobiernos para hacer de nuestros juzgados y tribunales órganos predecibles? Yo diría que han hecho justo lo contrario de lo que debiera hacerse.

Dejemos sentado en primer lugar que la organización de nuestros juzgados y tribunales así como las normas que rigen su funcionamiento se han diseñado desde antiguo para que las resoluciones de los mismos sean predecibles, toda la pirámide de recursos está destinada a que la interpretación de las leyes sea uniforme y nuestros jueces y magistrados fundan sus decisiones siempre —o casi siempre— considerando las decisiones jurisprudenciales que complementan el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, para que la jurisprudencia pueda operar como elemento que dote de predictibilidad al sistema, es preciso que el marco jurídico del que nace dicha jurisprudencia tenga un mínimo de permanencia en el tiempo. Cada nueva ley que se publica exige un tiempo razonable de aplicación para que sean resueltas las dificultades interpretativas que inevitablemente plantea, no es posible generar una jurisprudencia útil en un marco jurídico que cambia cada día.

Y esto, precisamente esto, es uno de los aspectos más censurables del período en que Rafael Catalá ha estado al frente del ministerio de justicia: su hiperactividad legislativa ha provocado que la inseguridad jurídica se haya enseñoreado de nuestros juzgados y tribunales, reformas sobre reformas, hemos visto como en la misma semana las mismas leyes ofrecían dos regulaciones distintas de la primigenia y cómo juzgados y tribunales carecían del mínimo tiempo de adaptación. Y si las leyes hubiesen sido justas y sensatas aún serían bienvenidas, pero es que muchas eran de imposible cumplimiento (seis meses después de la entrada en vigor de LexNet los juzgados de España aún no pueden cumplir la ley), otras tan sólo han recargado de trabajo inútil y esterilizador los juzgados (revisiones de la instrucción de procedimientos ex Ley 41/2015), mientras que otras daban lugar a tres sistemas regulatorios distintos en el lapso de pocos días (entre los días 27 de octubre y 1 de noviembre de 2015 el artículo 520 LECrim cambió dos veces de redacción).

Y si la incontinencia legislativa ayuda poco, mucho menos ayuda a la predictibilidad del sistema el dictado de leyes abstrusas, de difícil interpretación, de escasa calidad legislativa o simplemente injustas o de difícil encaje en el marco constitucional o en el de la legislación europea; leyes cuya aplicación provoca multitud de corrientes y soluciones jurisprudenciales que nunca llegan a consolidarse porque, de nuevo, la incontinencia legislativa se encarga de volver a enturbiar lo que con notable esfuerzo doctrinal la jurisprudencia trataba de armonizar.

En suma, no es mejor gobierno el que produce más leyes, esta hiperactividad legislativa a menudo sólo oculta incapacidad y falta de criterio, pues, en materia de leyes, el principio «pocas y buenas» es el de primera y preferente aplicación. Tratar de desviar la atención del electorado con cortinas de humo del tipo «los españoles son querulantes» o aquella otra repulsiva reflexión gallardoniana que atribuía al número de abogados —y no al gran número de injusticias— la sobrecarga de trabajo de los juzgados, no son más que coartadas para encubrir una más que deficiente actividad legislativa.

Créanme, en materia de normas adhiéranse al principio «pocas y buenas» o, dicho de otro modo: leyes las justas.

Constitución y Justicia.

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Estoy seguro que habrán visto la escena en alguna película norteamericana: una clase de niños recita las primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos («We, the people of the United States…»). El trabajo de Hollywood debe haber sido tan eficaz que tengo por cierto que hoy son más los españoles que saben cómo comienza la Constitución Estadounidense que los que saben cómo comienza la española de 1978. En particular creo que los sucesivos gobiernos que hemos tenido son quienes lo han tenido más olvidado y, mucho más particularmente, los ministros de justicia; porque, si conociesen las siete primeras palabras de la Constitución Española igual de bien que conocen las de la Constitución Norteamericana, sabrían que la nuestra comienza diciendo: «La Nación Española, deseando establecer la justicia…». Pero lo han olvidado si es que alguna vez lo supieron, decididamente lo han olvidado.

Parece que a nuestros gobiernos, si algo les pasa cuando llegan al poder, es que olvidan los principios y, el principio que antes que ningún otro olvidan, es el principio del principio de la Constitución. No de otro modo puede explicarse que los sucesivos gobiernos de España hayan venido destinando más de 6.000 millones anuales a mantener las diputaciones provinciales y tan sólo 1.500 a mantener la justicia; no de otro modo puede explicarse que se gasten más de 1.000 millones de euros en pagar altos cargos de las mismas diputaciones y tan sólo se destinen 34 a la justicia gratuita. Y el caso es que la Constitución comienza diciendo… «La Nación Española, deseando establecer la justicia…» y no diciendo… «La Nación Española, deseando establecer diputaciones provinciales…»

Quienes vivimos en regiones como la de Murcia, Madrid, Asturias, Cantabria o La Rioja sabemos que sin diputaciones provinciales se vive estupendamente, que uno puede ahorrarse una pasta en sueldos de diputados provinciales sin que nadie les eche de menos, pues sus funciones las asume la comunidad autónoma respectiva; lo que no tenemos tan claro es que podamos prescindir de los jueces o de la justicia sin que esto se convierta en lo que ya está siendo: el paraíso de la corrupción. ¿Alguien recuerda algún Gobierno de España después de los de Adolfo Suárez que no se haya visto afectado por escandalosos casos de corrupción?

He usado el ejemplo de las diputaciones provinciales, pero puede usted usar el que quiera, basta con leer los presupuestos generales del estado; si la Nación Española se dio una constitución porque deseaba establecer la justicia es obvio que nuestros gobiernos lo han olvidado y creen que la Nación Española, en realidad, se dio la Constitución porque deseaba establecer diputaciones, recalificar suelo rústico, construir urbanizaciones, ayudar a la banca privada, cobrar comisiones o gestionar «eres». Quizá haya que recordarles que hay que volver a los principios, al menos al principio de la Constitución.

Leo los programas electorales de los diversos partidos y en ellos el primer principio que menciona nuestra Constitución, la Justicia, no parece resultarle atractivo a ninguno: se le dedican pocas y ambiguas palabras, ningún compromiso presupuestario firme o creíble y pienso si no es nuestra obligación recordarles con nuestro voto cuál fue la primera razón que los españoles tuvimos en cuenta para vivir juntos.

Vivimos una crisis donde unos pocos han depredado a muchos, donde entidades financieras sin escrúpulos han situado al mundo al borde la bancarrota, donde políticos sin principios se han lucrado con comisiones y mordidas y donde la justicia ha sido incapaz de controlar y reparar sus desmanes porque simplemente se la dejó sin medios y maniatada.

Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas acabar con la corrupción. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas que la riqueza nacional se distribuya con equidad. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto te importan los principios. Vale.

Quedan 14 días para las elecciones generales. Feliz día de la Constitución.

Dónde estamos y qué queremos

Dónde estamos

Ahora que el ciclo de gobierno llega a su fin es el momento de hacer balance sobre lo que nos han deparado estos últimos cuatro años, determinar en qué estado se encuentra la Justicia en relación a aquel en que estaba en 2011 cuando se inició la legislatura y señalar los objetivos prioritarios que habrían de cubrirse en la próxima.

Si atendemos a los programas electorales que presentaron en 2011 los diferentes partidos políticos, la justicia española adolecía de los siguientes defectos:

  • Falta de medios modernos, sobre todo informáticos (PP, PSOE)
  • Insuficiente número de jueces (PSOE, IU, UPyD)
  • Falta de independencia judicial (PP, IU)

Todos los programas concluían que, el concurso de todas o algunas de estas deficiencias, generaban una clara ineficiencia del sistema judicial español que todos los partidos, sin excepción, se declaraban capaces de corregir.

Así pues, atendido al diagnóstico contenido en los diversos programas electorales, debemos preguntarnos si hoy, en mayo de 2015, estamos mejor o peor que en el momento de redactarse dichos programas, porque tal evaluación nos señalará el punto en que estamos en este momento. El resultado, ya lo adelanto, no puede ser más desalentador.

Falta de medios

Por lo que respecta a la endémica falta de medios que padecen las administraciones de justicia, es obvio, que la misma no ha hecho sino agravarse tras cuatro años de reducciones de presupuesto. Si partíamos en 2011 de una justicia insuficientemente dotada con un presupuesto de mil quinientos millones de euros, en 2014, con el presupuesto reducido a mil trescientos millones, no cabe sino concluir que nos encontramos en una situación mucho peor de la que nos encontrábamos. 

Y es importante subrayar que estos recortes se han mantenido constantes los años 2012, 2013 y 2014 pues, hallándonos en año de elecciones, no tengan ustedes la menor duda de que los presupuestos de este año 2015 se usarán como elemento de engaño electoral subiendo los presupuestos sólo para este año y vendiendo así a la opinión pública (que suponen desinformada) que esta subida abarca todo el período. Conviene estar atentos pues, una vuelta a los niveles de 2011 en los presupuestos de 2015, tratará de ser vendida como una “subida” cuando lo único que significa es la consolidación de los recortes y las pérdidas de los años del período 2011–2014; así pues, atentos a los engaños que, indudablemente, se tratarán de usar desde el ministerio.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de medios de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a los niveles de los años 2007-2008; es decir, un salto hacia atrás de ocho años.

Insuficiente número de jueces

La mayoría de los partidos, en sus programas electorales del año 2011, denunciaron igualmente que la justicia española adolecía un insuficiente número de jueces por lo que será razonable comparar las cifras del año 2011 con las del 2014 para averiguar qué ha ocurrido en estos cuatro años.

El número de jueces en el período 2011–2014 pasó de 5.171 a 5.362 según las cifras oficiales lo que supone un incremento del 3,6% situando a España en una ratio de jueces/habitante de 11,5 jueces por cada cien mil habitantes, lo que nos sitúa en uno de los últimos puestos de Europa en este tipo de ratios. Sin embargo es preciso poner de relieve que, en este período, se ha prescindido por completo de los servicios de los jueces sustitutos quienes en 2011 dictaban un 17,6% de las resoluciones. Prescindir del trabajo de estos jueces supone incrementar la carga de trabajo de los jueces de plantilla pues es obvio que ese 17,6% de resoluciones no puede haber sido absorbido por el exiguo 3,6% de jueces en que se incrementó la plantilla.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de jueces de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Falta de independencia judicial

La falta de independencia judicial ha sido denunciada como uno de las graves carencias de que adolece nuestra justicia y fue un tema al que dieron especial relevancia los programas electorales tanto del PP como de IU. El Partido Popular destinaba a este problema una medida específica que se contenía como la medida número “11” de su programa electoral y que, textualmente, decía:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

Tal medida fue directamente contravenida por el ex-ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón quien elaboró una reforma de LOPJ que se encontraba en las [antípodas de su programa electoral].

Esta iniciativa del ministro concitó las críticas unánimes de todos los partidos y asociaciones profesionales de jueces sin que ello haya producido efecto alguno hasta este momento pues el sustituto de Alberto Ruíz Galardón, Rafael Catalá Polo, ha manifestado públicamente y sin rodeos su intención de mantener la reforma elaborada por Gallardón reconociendo que, en este punto, no piensa cumplir su programa electoral.

La situación actual es que, el informe de evaluación de España aprobado en diciembre de 2013 por el “Grupo de Estados contra la Corrupción” (GRECO) del Consejo de Europa, en su párrafo 80, contiene esta específica alerta para España:

En opinión del EEG, dado el papel que el CGPJ desempeña en la toma de decisiones sobre áreas vitales de la judicatura, incluyendo los nombramientos, la promoción, inspección y disciplina relativa a los jueces, resulta crucial que este órgano no sólo sea libre sino que se vea también libre de toda influencia política. Cuando las estructuras rectoras del Poder Judicial no se consideran imparciales e independientes, se produce un impacto inmediato y negativo sobre la prevención de la corrupción y sobre la confianza pública en la justicia y eficacia del ordenamiento jurídico del país. El EEG entiende que es demasiado pronto para evaluar los efectos de los recientes cambios introducidos en el proceso de nombramiento de los miembros judiciales del CGPJ pero teme que la percepción de politización del CGPJ, dado el papel del Parlamento en el proceso, no puede solventarse a los ojos de los ciudadanos. Sin embargo, la reforma actual se enfrenta al descontento generalizado de la profesión. La primera prueba a la que se sometió la reciente reforma tuvo lugar con las elecciones de los miembros del CGPJ en noviembre de 2013. El EEG considera que esta cuestión, importante tema de debate durante años y concretamente en el contexto español, se merece un estricto seguimiento. El GRECO recomienda realizar una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos que tiene sobre la independencia de este órgano cualquier influencia indebida, real y aparente, con objeto de corregir cualquier deficiencia que se detecte.

Del mismo modo, a la vista de la forma en que se llevan a cabo los nombramientos el Grupo de Países contra la Corrupción advirtió a España de lo que sigue (párrafo 89):

Las normas internacionales son inequívocas al respecto: todas las decisiones sobre el nombramiento y la carrera profesional deben basarse en criterios objetivos; los consejos del poder judicial deberán demostrar un altísimo grado de transparencia21. El EEG tiene dificultad para reconciliar tales normas con la “discrecionalidad” en cuanto a la evaluación de los méritos y la cualificación profesional que la ley otorga al CGPJ para el nombramiento de jueces de rango superior. En los últimos años se está tratando de afinar los criterios en los que el CGPJ debería basar estos nombramientos, especialmente a través del reglamento de 2010 y de una serie de resoluciones del Tribunal Supremo. Sin embargo, los representantes entrevistados dijeron que sería preferible la inclusión específica de estos criterios en la ley e indicaron que los proyectos de enmienda de la LOPJ incluyeran disposiciones a este respecto (por ejemplo, requisitos para entregar currículos, documentos/títulos acreditativos de méritos, informes de rendimiento, etc.). El EEG acoge favorablemente cambio reglamentario previsto. Cuando la promoción no se basa en la antigüedad sino en los méritos y aptitudes, estos deben definirse claramente y evaluarse de forma objetiva. En opinión del EEG, la promoción de los jueces es un tema muy importante para dar confianza a los ciudadanos sobre la justicia y transparencia de los procesos judiciales. Deberá disiparse cualquier sospecha de influencia indebida en la promoción de jueces a altos cargos. El GRECO recomienda que se estipulen por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, por ejemplo, jueces presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso. Al poner en práctica esta recomendación las autoridades deberían tener presente las preocupaciones mencionadas en el párrafo 80 (recomendación v) sobre la percepción de la politización del CGPJ.

Finalmente la peculiar relación existente en España entre la Fiscalía y el Gobierno da lugar a las siguientes recomendaciones del Grupo de Países contra la Corrupción (GRECO):

ix. (i) reconsiderar el método de selección y el mandato del Fiscal General; (ii) establecer por ley requisitos y procedimientos claros para incrementar la transparencia de comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno; (iii) explorar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal (párrafo 131); x. que (i) se adopte un código de conducta para fiscales de fácil acceso para el público; y (ii) que se complemente con orientación dedicada a los conflictos de interés y otros asuntos relativos a la integridad (párrafo 152);

xi. desarrollar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios en el Ministerio Fiscal, que esté investido de las garantías apropiadas de equidad y eficacia, y sujeto a una revisión independiente e imparcial (párrafo 165).

A la vista de lo anterior podemos, pues, concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la independencia judicial no sólo no ha aumentado sino que se ha reducido mucho más allá de los exiguos límites dentro de los que se movía en 2011. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Otras consideraciones

Comprobado ya que la situación de la justicia en España es peor de lo que era en 2011 al comienzo de la legislatura, no podemos dejar de señalar otra serie de circunstancias que han hecho de España un país mucho más injusto en 2015 que en 2011, algo que, lejos de parecer una consecuencia accidental de la política del gobierno parece ser un objetivo perseguido de forma deliberada por él a través de una serie de inicuas iniciativas legislativas. Veámoslas.

Ley de Tasas

En noviembre de 2012 y con la finalidad declarada de dificultar el acceso de los españoles a la justicia, el ministro del ramo instauró un sistema de tasas judiciales que, de forma inmediata, concitó el unánime rechazo de todos los operadores jurídicos. No es preciso extenderse aquí en señalar la iniquidad del sistema establecido, pues ha sido objeto especialísimo de atención por diversos grupos y en especial por la “Brigada #T” que nace de la irritación que produce esta infame regulación, pero sí es preciso subrayar que la ley de tasas sigue vigente para todas las personas jurídicas de España y que derogarla es una exigencia básica de justicia. El ministro Gallardón y su sucesor Catalá Polo han manifestado de forma clara que no están dispuestos a dar cumplimiento a lo manifestado por la exposición de motivos de la Ley de Tasas que, explícitamente manifestaba:

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Tampoco, ni a Alberto Ruiz Gallardón ni a Rafael Catalá Polo ha parecido importarles lo más mínimo el tenor literal del artículo 11 de la Ley de Tasas que establece textualmente:

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Por supuesto, si ni la ley ni las exposiciones de motivos obligan al tándem Gallardón-Catalá, mucho menos les vinculan sus propias palabras y justificaciones para implantar esta inicua ley; si algo ha carecido de valor en España esta legislatura ha sido la palabra dada. La consecuencia es que, de los casi 600 millones de euros recaudados por tasas, tan sólo 6 van a ir de momento a Justicia y no parece que ni el actual ministro ni mucho menos el anterior se ruboricen lo más mínimo.

A la vista de lo anterior podemos concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, el acceso a la justicia se ha reducido a niveles no ya inferiores a los existentes en el año 2011 sino a muchos siglos atrás. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles como no habían existido desde hace siglos.

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal realizada por el Gobierno ha supuesto igualmente una injustificada restricción de libertades para los ciudadanos presentando características de “derecho autoritario” que han sido señaladas incluso por el anterior Fiscal General del Estado nombrado por el propio Gobierno autor de la reforma Sr. Torres-Dulce. Figuras como la prisión permanente revisable o la llamada “Ley Mordaza” han sido impuestos sin el más mínimo consenso y con una crítica generalizada.

Otras leyes

Tentativas de imponer una “provinciofrénica” e insensata Ley de Planta no tuvieron éxito debido a la férrea oposición de todos los sectores y partidos (incluidos sectores muy caracterizados del propio Partido Popular), tentativas de acabar con el sistema actual de justicia gratuita desde diversos flancos (Ley de Colegios Profesionales, Ley de Justicia Gratuita), tentativas aún en curso de imponer una verdadera “ley de punto final” para determinados delitos de corrupción acortando los plazos de instrucción sin dotar de medios a los juzgados… etc. son sólo algunos ejemplos de lo que ha sido la presente legislatura en materia de justicia.

En suma, si, en materia de justicia, hemos de responder a la pregunta de «dónde estamos», habremos de concluir que no es que no hayamos avanzado nada, que no es que no nos hayamos movido del punto de partida, sino que lo que habremos de afirmar es que lo cierto y real es que estamos mucho más atrás de lo que estábamos cuando comenzó está legislatura. No es que hayamos perdido una legislatura entera, es que hemos involucionado gravemente y que, de lo único que podemos felicitarnos, es que no hayan salido adelante todas las insensatas medidas propuestas desde el ministerio durante esta legislatura pues, de no haberse parado determinadas leyes, sólo nos quedaría entonar ahora un requiem por la justicia española.

Qué queremos

Sentado lo anterior el objetivo no puede ser otro que cubrir los objetivos que todos los partidos, sin excepción comparten y que no son otros que dotar a nuestro país de una justicia independiente, una justicia con medios, con un número suficiente de jueces, que sirva al administrado sin tasas judiciales manifiestas o en la sombra (justicia cercana) y para ello es imprescindible que, para la próxima legislatura, se alcance el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas para:

  • Derogar definitivamente las tasas judiciales. (#JusticiaSinTasas)
  • Elevar los presupuestos estatales y autonómicos en justicia hasta la media europea. (#JusticiaConMedios)
  • Establecer un sistema de elección de miembros del CGPJ que garantice hasta el extremo la independencia del poder judicial. (#JusticiaIndependiente)

Y a ese fin merece la pena aplicarse, de hecho hay grupos que se vienen ocupando de ello hace ya mucho tiempo. Yo pertenezco a uno: #T

#SinJusticiaHayCorrupción

Cáritas

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Hay tuits que emocionan. Hoy Cáritas ha tuiteado el que ven en la foto usando el hashtag #T que los abogados de «La Brigada» usamos para marcar nuestros mensajes… y me he alegrado en extremo. No puede dejar de alegrarme que una organización que lleva el nombre en latín de la caridad se acuerde de la justicia.

Ocurre que las palabras, a lo largo del tiempo, se cargan de significados del mismo modo que los cascos de los buques se cargan de pequeños animalitos que se van incrustando en ellos mientras navegan. Todas estas adherencias hacen que, al final, no entendamos de las palabras más que los significados más recientes y que no veamos del casco de los barcos más que la capa superficial de algas y animalitos que se han adherido a ellos. Esto pasa con caridad y Cáritas.

Porque Cáritas (caridad) no ha significado siempre lo que ahora entendemos que significa, sino que ha sido una palabra que ha atravesado los milenios conservando en su núcleo algunos de los mejores aspectos del alma humana y compartiendo su ADN con una extensa familia.

La «caridad» toma su ADN primigenio de la raíz protoindoeuropea *ka- (desear) de la que se fue generando una abundante descendencia que dio lugar, por ejemplo, al verbo caló «camelar» (querer, amar) o a la palabra latina «carus» o a la italiana «carezza» o a la castellana «caricia». En esta familia del querer, del deseo (sí, kamasutra también es hija de *ka-), del amor, del cariño y las caricias creció caridad, nuestra protagonista.

Pero caridad también se emparenta con palabras menos gratas como la latina «careo» (carecer) y así, entre cariño y carencias, se hizo mayor nuestra caridad.

Recuerdo ahora aquellas viejas explicaciones que, de niño, me daban en clases de religión (los curas consideraban la caridad poco menos que un patrimonio exclusivo de su religión) y en las que me enseñaban que, si bien el amor nace del corazón, la caridad es producto de la razón y que, por eso mismo, no puede exigirse el amor pero la caridad sí.

Por eso no me parece mal que Cáritas recuerde hoy que hay que exigir justicia para quienes carecen de medios; porque esa «caridad» que piden no es un acto de benevolencia o magnanimidad, es una pura exigencia de la razón; no es algo que ha de darse graciosamente, es algo que se está obligado a entregar a una población que carece cada vez más de medios y a la que están cobrando cada vez más por una justicia que es inaceptablemente cara (por escasa que no por querida), una justicia con la que se hace un infame comercio a través de las tasas.

Por eso hay tuits que emocionan, porque te traen a la cabeza y al corazón cosas como la caridad, las caricias, lo querido y lo caro, caritas y careo, historias sorprendentes como la de «la caridad romana» y hasta raíces protoindoeuropeas como *ka-; sonidos y significados humanos que se esconden incluso tras el nombre popular de la patrona de mi ciudad («La Caridad») o -quién sabe- si hasta en el de la ciudad misma.

Gracias Cáritas.

Un hombre de consenso

Hay que reconocer que tiene mérito. Gracias a él todos recordamos que la justicia no es una mercancía con la que negociar y descubrimos que coincidíamos en eso. Gracias a él todos recordamos que la justicia es para las personas y no para entelequias aprendidas en «El Parvulito» y las «Enciclopedias de Álvarez». Gracias a él recordamos que el poder judicial es uno de los tres poderes del estado y que es fundamental que sea independiente…

Hay que reconocer que ningún político había provocado consensos tan amplios con tanta rapidez. Ha logrado poner de acuerdo a la judicatura, a la abogacía y a los ciudadanos, algo que no recuerdo que haya pasado nunca en España.

Siempre se había pensado que la mejor forma de unir a las personas era hacerles compartir intereses. Él ha descubierto que «repartir dolor» (sic) también funciona.

Debe sentirse orgulloso.