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Transparencia y CGAE: un puedo y no quiero.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española no quiere que los abogados que le pagan dietas y gastos sepan ni cuánto le pagan ni qué gastos le pagan. Podría decirlo pero, como los acusados que se acogen a su derecho a no declarar, ella se acoge a que esos gastos y dietas son «privados» —no son de derecho administrativo— y que, por lo tanto, no tiene por qué decirlo. Y no lo dice.

Puede, pero no quiere; se los lleva, pero no quiere contarlo; dame tu dinero y no preguntes qué hago con él. Esa es la transparencia de Victoria Ortega.

En un país donde un ciudadano puede conocer exactamente y al momento cuánto gana el alcalde o un concejal de su pueblo los abogados y abogadas NO pueden conocer qué parte del dinero que pagan se lleva la presidenta.

Ella podría decirlo, pero no quiere, prefiere afirmar que tiene derecho a guardar silencio. Y lo guarda.

Su silencio y los silencios de quienes, debiendo hablar, callan, dañan a las institución colegial mucho más de lo que soñarían sus peores enemigos.

Para camuflar su silencio los callantes hablan de «conspiraciones», de «campañas», de que «todo está claro» y se muestran particularmente locuaces en manifestar cualquier cosa que no sea lo que se les pregunta: cuánto se lleva en dietas la presidenta y qué gastos se le pagan.

Si, a partir de ahora, les escuchas hablar y pregonar su adhesión incondicional a la líder, sólo pregúntales una cosa: ¿cuánto se lleva esta en dietas y gastos? Si no te responden a eso ya sabes que sólo están haciendo ruido para que no se escuche la pregunta.

La presidenta puede y no quiere, esa es la verdad. La presidenta, entre la transparencia y la opacidad, ha elegido dañar a la abogacía.

Captura de pantalla del diario «El Confidencial».

¿Condecoraciones o trampas al solitario?

Hace unas semanas el diario «El Confidencial» publicaba que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) alquilaba con el dinero de todos y para uso de la Presidenta un piso en Madrid que era propiedad de una empresa de la que era administrador, curiosamente, un Decano también miembro del CGAE.

En medio de una importante bronca por la absoluta opacidad de CGAE en cuanto a la forma en que se reparten las dietas sus componentes salió a la luz también que, este decano y esta presidenta, formaban parte de órganos directivos de la Mutualidad Ceneral de la Abogacía, razón por la cual, además de las ocultas dietas de CGAE, se embolsaban cada uno un mínimo de 30.000€ anuales más.

Todos estos cargos no exigen demasiado esfuerzo de forma que son compatibles con el ejercicio profesional y cualquier otro trabajo de los perceptores de las dietas.

¿Cuánto percibían ambos de CGAE en concepto de dietas y gastos? ¿A cuánto ascendía el alquiler del piso que le pagábamos todos? Nadie quiso responder a eso y la única respuesta que acertaron a dar desde los equipos de comunicación de CGAE —también pagados por nosotros— fue la de que «todo era una campaña de desprestigio», tesis conspiranóica que recuerda los peores momentos de la corrupción en España.

La organización colegial en España es un pilar fundamental para defender los intereses de la abogacía, sobre todo de la más desprotegida y, sin embargo, en los ya muy largos últimos años, está ofreciendo un electroencefalograma plano en este aspecto. Perdida en un mar de actos sociales, congresos, cursos y conferencias donde premiar adhesiones, el órgano superior de los colegios de España parece haber olvidado sus funciones estatutarias y haber perdido toda capacidad combativa para entregarse a un frenesí de postureos sin trascendencia para los abogados y abogadas que, mayoritariamente, integran la profesión.

Como ilustración de todo esto, esta misma semana y sin que aún se hayan apagado los ecos del escándalo de opacidad del alquiler del piso, el decano arrendante ha condecorado a la presidenta —inquilina gracias al dinero de todos— como colegiada de honor (o algo así) por los servicios prestados desde todos sus cargos que, a lo que se ve, son y han sido muchos.

Yo no sé si se dan cuenta de la penosa imagen que ofrecen ni de que esos premios y condecoraciones que se conceden, lejos de decorar ni con-decorar, lo que hacen es afear la conducta de quienes debieran fomentar la transparencia, premiar el mérito ajeno y no el amiguismo ni el compadreo propio.

Y lo penoso no es que estas personas se hagan trampas al solitario, lo penoso es que estas conductas dañan de forma grave a la institución colegial, una estructura que debiera ser imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra profesión y que, por conductas como estas, resulta dañada gravemente.

Es triste que, quienes debieran cuidar los intereses de todos, prefieran que todos cuidemos los suyos.

Por el conducto reglamentario

Por el conducto reglamentario

Cuando en el servicio militar o en el ejército alguien protestaba se le recordaba, no siempre de buenas maneras, que las reclamaciones debían ser hechas «por el conducto reglamentario». Ese «conducto reglamentario» era no más que una innecesaria limitación de derechos pero, a lo que se ve, sigue anclado en la mente y en la conciencia jurídica de muchas personas.

Digo esto porque hoy leo que un ex-decano (a quien tengo por persona buena y honesta a carta cabal) censura en su página de Facebook la solicitud de información que están haciendo muchos compañeros —yo entre ellos—  respecto a las noticias relativas al funcionamiento del CGAE aparecidas en prensa estos días. En síntesis sostiene que la petición de información no debe hacerse individualmente sino a través de los decanos (el conducto que él entiende apropiado).

Debo quizá aclarar públicamente algo: hace siete años yo ya solicité conocer el destino de las dietas siendo decano y la esperpéntica situación que se produjo a continuación ya la he contado alguna que otra vez:

—Se me exhibió una información parcial
—Se me prohibió obtener fotocopias
—Se me prohibió tomar notas (¿puedo memorizar?, llegué a preguntar)
—Se me indicó que no podría, bajo ningún concepto, revelar la información que viese y que, si lo hacía, habría de sufrir las correspondientes acciones legales que me describieron como tremebundas.

Por lo que veo, a día de hoy y a pesar de la tremenda alarma que se ha levantado, ningún decano ni consejero ha solicitado información en relación con el tema de que trataban las noticias, pues ningún decano ha sido capaz siquiera de decirnos cuánto percibe la Presidenta del CGAE del dinero que pagan sus compañeros.

Las protestas de «claridad» y «cumplida respuesta» de los consejeros y decanos mueren en cuanto se les pregunta este dato; la realidad es que, a día de hoy, ninguno se ha atrevido ni a preguntar ni a revelar lo que percibe en dietas, gastos y otras obvenciones cualesquiera que perciba la presidenta. A lo que se ve el conducto se atrancó hace muchos años aunque aún hay quien prefiere ignorarlo.

Puedo saber cuánto gana mi alcalde o un ministro mirando la web ¿Y la presidenta de CGAE no?

No, no, no… Ni colegiados ni consejeros ni decanos, la presidenta no ha sido transparente con nadie y, si alguien pretende negar esto, tiene una forma fácil de hacerlo: facilitar inmediatamente los datos de los ingresos de la presidenta.

Hasta hoy en este tema desde CGAE se proclaman unidades, se hacen protestas de transparencia, se dice dar respuesta… Pero datos, lo que son datos, no se ha dado ni uno. Es decir que se nos señala el conducto pero no que está atrancado; se nos enseña el hábito pero se nos oculta al monje; se nos da ruido pero no nueces; predican, pero son incapaces de dar trigo y siguen tratando de darnos gatos cuando lo que deberían es entregar liebres.

La transparencia se demuestra con datos, no con opiniones y el tiempo de decir que se es sobradamente transparente ya pasó: den los datos y entonces serán transparentes.

Pedir información jamás es inicuo, pedir información es justamente lo contrario: un derecho que la ley reconoce a cualquier español o española y que no se pierde por el hecho de ejercer la abogacía.