Vaya por delante mi respeto por todas las religiones pasadas y presentes. Creo que a ningún lector de este blog se le ocultan ni mi respeto ni mi interés cultural y antropológico por el hecho religioso. Y, dicho esto, debo confesarles francamente que, yo, personalmente, dudo que dios exista del mismo modo que tampoco creo que, si existe, nosotros le preocupemos lo más mínimo.
Pero soy culturalmente católico y, mucho menos que en dios, creo en esa inicua doctrina calvinista y protestante que predica que es la fe y no las obras la que salva.
No me importa en absoluto que la fe salve o no, de hecho no me importa en absoluto cuál sea su fe ni su dios, yo solo creo en las obras de las personas y creo que son esas obras —y no la fe— las que justifican tanto la existencia de los seres humanos como su paso por este breve enigma al que llamamos vida.
Desconfío absolutamente de los hombres de fe tanto como confío absolutamente en aquellos que, con fe y aun sin fe o llenos de dudas, realizan esas obras que, desde antiguo, conocemos como obras de misericordia, ya sean en relación con el cuerpo
1. Dar de comer al hambriento.
2. Dar de beber al sediento.
3. Dar posada al peregrino.
4. Vestir al desnudo.
5. Visitar a los enfermos.
6. Visitar a los presos.
7. Enterrar a los difuntos.
Ya sean en relación con el espíritu
1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo al que lo necesita.
3. Corregir al que se equivoca.
4. Perdonar al que nos ofende.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
Las llaman «obras de misericordia», del verbo latino «miserere» (compadecerse) y de la palabra también latina «cor, cordis» (corazón). Las «obras de misericordia» son, pues, las obras de un corazón que se compadece, que padece con el dolor ajeno, eso que modernamente algunos, menos poéticamente y perdiendo connotaciones importantes, llaman empatía.
No las olvides, tu fe es inútil para el resto del mundo, tus obras no.
La necesaria separación nación-estado
Sé que lo que voy a decir no será entendido por muchos pero creo que no tengo otra opción. Es lo que pienso y necesito contárselo.
Cualquiera de cuantos siguen este blog saben que soy cartagenero y que Cartagena es mi patria no sólo por nacimiento sino por un sentimiento incontrolable de amor por mi tierra que sé que no es exclusivo mío, sino compartido por muchos de mis conciudadanos.
Pero, para quienes hayan leído lo que escribo con más detenimiento, sabrán también que abomino del nacionalismo como forma de organizar políticamente la sociedad.
No hay contradicción en ello. Del mismo modo que no entiendo que la fe que cada uno profese haya de gobernar la vida de la sociedad y que me parece fundamental la separación iglesia-estado, tampoco entiendo que el hecho de haber nacido aquí o allá haya de determinar el estatus jurídico o político de ninguna comunidad ni de ninguna persona. Del mismo modo que considero que iglesia y estado deben ser conceptos separados, tambien considero que los conceptos estado y nación deben separarse si aspiramos a un mundo humano, justo y en paz.
Son (somos) muchos los que instintivamente percibimos que religión y nacionalismo han sido las principales causas de conflictos en el mundo desde finales del siglo XVIII. Son (somos) muchos también los que profesamos un sentimiento incontrolable de amor por nuestra tierra o por nuestra fe, pero es fundamental saber que eso no nos autoriza a fundar sobre esos sentimientos ninguna forma de estado. Nación y fe son conceptos tan humanos como irracionales y ningún estado puede fundamentarse sobre la irracionalidad.
Créanme si les digo que el estado-nación es una fórmula tan periclitada de organizar la sociedad como la del estado-teocrático. Y sin embargo, mientras vemos la segunda como una forma organizativa propia de regímenes antidemocráticos, fanatizados o atrasados, no percibimos al estado-nación con las mismas notas de fanatismo e irracionalidad, aunque las tiene en la misma o mayor medida. Entendemos el mundo como un conjunto de naciones más que de indivíduos, consideramos natural que cada nación tenga su estado y un poder exclusivo (soberano) sobre un territorio y profesamos la criminal creencia de que es legítimo quitar la vida en nombre de la patria («todo por la patria») y que podemos exigir a nuestros connacionales que den la vida por ella («todo por la patria»).
Y todo ello aunque nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los más profundos estudiosos del tema, sepan ni puedan explicar con un mínimo rigor científico qué es una nación. Las únicas definiciones sedicentemente «científicas» de nación nos llegan desde el romanticismo alemán con su «Volkgeist» y demás magufadas, patrañas incubadas durante años que eclosionaron en dos guerras mundiales (sobre todo la segunda) y en la mayor colección de crímenes que el ser humano ha podido cometer en nombre de una doctrina.
Hoy nos parece natural que Rusia, Estados Unidos o China se armen nuclearmente y se amenacen con la destrucción de la raza humana en caso de que alguno de ellos trate de prevalecer, como si el triunfo de un concepto abstracto como «China», «Rusia» o los «Estados Unidos», justificase inmolar en su altar a toda la humanidad.
Si a ti esto te parece razonable debes revisar tu equilibrio mental: tu equilibrio mental está alterado y sufre de profundas deficiencias.
Esto pudo servir en el siglo XVIII para sustituir la soberanía de los monarcas por otro sujeto de soberanía (la nación), esto pudo servir en tanto las armas del género humano no eran capaces de destruir al propio ser humano más que de forma limitada, pero, hoy que el ser humano puede acabar con la entera humanidad varias veces, tal forma de pensar es una criminal aberración que debe ser extirpada de raíz.
Si a usted le parece natural que el mundo se organice en naciones y respalda usted todas las consecuencias de dicha organización no solo tiene usted, a mi juicio, un problema sino que es usted también un problema para el mundo.
Y sentado mi férreo antinacionalismo, creo que en los siguientes post ya puedo ir contándoles como veo el mundo y la sociedad, cómo creo que es y cómo debería ser y todo ello desde mi visión de la situación tanto en la ciudad en que nací (mi patria), como en la región y el estado en que vivo, la cultura en que me encuadro y la humanidad a la que pertenezco.
Pero eso será otro día.
Distribución contra centralización
Yo, en aquel entonces, estudiaba derecho y, para mi desgracia, mi profesor era uno de esos docentes «participativos» a quien no bastaba, como a los demás, vomitarnos el contenido de unos apuntes para que nosotros, llegada la fecha del examen, se los vomitásemos a él en un juego angustioso de arcadas académicas. Este profesor, aparte de los apuntes, usaba métodos pedagógicos participativos y no sé por qué le dio la petera de que yo fuese parte integrante de uno de ellos; en concreto pretendía que yo realizase y expusiese un trabajo sobre «la comarca» desde el punto de vista del derecho administrativo español.
El experimento pedagógico se completaría con un debate/controversia con otro alumno que habría de preparar otro trabajo sobre el mismo tema, tarea esta que recayó en una inolvidable compañera de facultad de nombre Consuelo.
Obviamente todos sabíamos de qué pie cojeaba el profesor: él quería que le hablásemos de descentralización, de coordinación consensual y de toda una serie de principios organizativos con que nos había venido fatigando desde principio de curso. Pero yo no era un buen estudiante y no me apetecía hacer eso.
Puesto a pensar en cómo enfocaría mi trabajo decidí apartarme lo más posible del concepto tradicional de comarca y traté de enfocar la comarca no desde el punto de vista cultural o historiográfico, sino desde un punto de vista utilitarista: ¿para qué queremos una entidad administrativa llamada comarca? ¿qué problemas queremos resolver con ella? Y dando vueltas al tema me fijé en un modelo de división administrativa absolutamente inesperado: las denominaciones de origen de los vinos.
El asunto me pareció sumamente interesante: la uva no sujeta su crecimiento a la provincia, municipio o región donde está ubicado el pago que la produce. La uva monastrell, propia de la denominación de origen «Jumilla», crece en este municipio, claro, pero no sólo en él sino también en otros pertenecientes a otras comunidades autónomas, a saber: La DOP Jumilla se encuentra situada en el extremo sureste de la provincia de Albacete, que incluye los municipios de Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo, Ontur, Hellín, Albatana y Tobarra y el norte de la provincia de Murcia, con el municipio de Jumilla, que da nombre a esta Denominación de Origen Protegida. Lo mismo ocurre en La Rioja donde no solo forman parte de la DOP pagos situados en la Comunidad Autónoma de La Rioja sino también los situados en la provincia de Álava, en Euskadi, que forman parte de esas tierras llamadas de «la Rioja alavesa».
El ejemplo me pareció inspirador.
Cuando dividimos un territorio —algo por cierto antinatural y contrario a una realidad física interconectada y sin fronteras— podemos hacerlo con la vista puesta en servir y apuntalar el poder establecido favoreciendo así su ejercicio o podemos hacerlo para enfrentar los problemas que padecen los seres vivos que lo habitan. Ni que decir tiene que del primer punto de vista nacerán divisiones de un tipo mientras que del segundo nacerán una multitud de divisiones de otro tipo.
Las monarquías absolutistas del despotismo ilustrado son un ejemplo del primer punto de vista, propio de los siglos XVIII y XIX, y en ellas vemos provincias más o menos de similares poblaciones y tamaños cuyas capitales son el eje de una máquina centralista que, a su vez, mueve el eje central que es el el lugar donde radica el trono. El poder emite órdenes que se transmiten a través de un sistema burocrático y de comunicaciones centralizado dando lugar a redes de poder centralizadas cuyo ejemplo visual paradigmático sería la red de carreteras y ferrocarriles de España. Una red al servicio del poder, no de los ciudadanos.
Como escribió uno de los teóricos de este tipo de organizaciones: «En la máquina ingeniosa y sabia de nuestra administración la ruedas grandes impelen a las medianas y estas a las pequeñas».
Tal tipo de redes son una de las peores catástrofes que puede sufrir un estado del siglo XXI, pues este tipo de topologías jerárquicas, usualmente redes radiales o «estrelladas» de poder, son incompatibles con un desarrollo justo y equilibrado de los territorios.
Las «capitales» borbónicas así establecidas depredan a los territorios y localidades circundantes merced a impuestos dedicados a pagar funcionarios que trabajan y viven en la ciudad capital dando así origen a un trasvase de capitales desde las ciudades y territorios tributarios a la ciudad capital.
La acumulación de poder político en esas ciudades capital hace que las élites prefieran establecerse en ellas abandonando a las ciudades y territorios tributarios que, de este modo, aumentan su espiral de empobrecimiento. Las industrias, igualmente, son ubicadas preferentemente en el entorno de estas ciudades capital donde, además, las élites sociales prefieren ubicar los polos de riqueza para su mayor comodidad.
Todos estos fenómenos y muchos otros descritos por la doctrina científica son sentidos por la población de las ciudades y territorios tributarios como injustas ofensas y este sentimiento de agravio suele traducirse en movimientos de corte nacionalista —tatambién de origen decimonónico— que tratan de corregir el agravio mediante movimientos políticos (en el mejor de los casos) o de acciones violentas (en el peor).
En España llevamos ya más de dos siglos así, generando desigualdades, expropiando futuros e incubando odios que, no lo duden, antes o después estallan y solo pueden ser calmados mediante concesiones a los territorios más beligerantes que son inevitablemente entendidos por el resto de los territorios como un nuevo agravio.
Esta situación decimonónica, periclitada, caduca, generadora de ineficiencias y madre de desigualdades e injusticias no debiera permanecer ni una década más. Esta situación, centralizada, sólo beneficia a unas esclerotizadas élites económicas y políticas al tiempo que bloquea el desarrollo natural y orgánico de todos los territorios del estado, produce infelicidad e ira en una gran parte de sus habitantes y provoca movimientos migratorios que empobrecen económica, social y culturalmente a la mayor parte de las personas y territorios del país.
Esta situación de organización en red centralizada debe ser sustituida con urgencia por una organización de tipo distribuido acorde con las infraestructuras y principios que organizan las redes de los estados modernos. Si piensa usted en la administración centralista como una especie de engranaje de un reloj o como una rueda que toda ella gira alrededor de un centro, puede usted imaginar una organización distribuida como una red mallada del estilo de internet donde cada nodo (usted, su ciudad o territorio) es el centro del resto de la red.
Podemos seguir funcionando como un estado borbónico del XVIII o podemos funcionar como un estado moderno y capaz de marchar a la vanguardia de los estados del mundo.
Yo apuesto por lo segundo y creo que podemos conseguirlo si un puñado —nada más que un puñado— de personas convencidas lo intentamos. El trabajo más duro será el de difundir la idea, una vez puesta en marcha ella sola será imparable.
Yo prefiero un país de todos a un país gobernado por élites tan alejadas como ajenas a mí.
Hoy me pongo en marcha. Total, llevo 40 años defendiéndolo, al menos desde que debatí esta idea con mi amiga Consuelo.
¿Qué habrá sido de ella?
Cartagenamórate
Hoy es Viernes de Dolores, la fiesta de mi ciudad por antonomasia y seguramente sea esta una buena fecha para hablarte de mi ciudad y su diócesis.
La ciudad de Cartagena con el étimo de este nombre (𐤇𐤃𐤔𐤕 𐤒𐤓𐤕, Qrt Hdst, Quart Hadast, Carthago) la fundó el púnico carthaginés Asdrubaal yerno de Amelkart Barca hace ahora 2252 años. Discúlpenme si en lugar de Asdrúbal o Amílcar escribo Asdrubaal o Amelkart pero es que no renuncio en los nombres teofóricos (nombres que incorporan el nombre de una deidad) a tratar de mantener en lo posible la grafía del dios a que hacen mención, Baal en el caso de Asdrúbaal y Melkart en el caso de Amelkart (𐤇𐤌𐤋𐤒𐤓𐤕) Barca.
A veces los nombres nos cuentan cosas.
Como ven Amelkart Barca y Carthago comparte en sus nombre el trilítero «krt», «qrt» o «crt» en grafías actuales (𐤒𐤓𐤕 en alfabeto fenicio) y es normal pues esa palabra significa «ciudad». Así el dios Melkart es el rey (Melek) de la ciudad (Quart) y mi ciudad Quart, más de dos mil años después aún conserva el trilítero CRT, QRT o KRT en grafías actuales que nos indica no solo su origen fenicio sino también su caracter de ciudad.
Y ya me he ido por las ramas.
Mi ciudad y mis vecinos mantienen una idiosincrasia propia que no siempre es entendida en esta región (en realidad casi nunca) a pesar de que desde el año 297 AEC todas las ciudades del sureste que se corresponden con la actual región han formado parte del «Distrito de Cartagena» (sí, «Diócesis» es palabra latina que en castellano significa «Distrito» y a cuyo frente suele haber un «episcopus», o sea, en castellano un «supervisor») y por tanto llevan viviendo juntas 2000 años. Lorca, Jumilla-Coimbra, Cehegín… etc. ya formaban parte con Cartagena del mismo distrito cuando, mil años después, los árabes fundaron Murcia.
Mirar el imafronte de la llamada Catedral de Murcia explica muchas cosas de esta región mejor de lo que lo hacen políticos interesados y webs institucionales.
Si miras el imafronte de la llamada Catedral de Murcia observarás que en ella no aparece ninguna referencia a la ciudad de Murcia. Los santos que aparecen en lugar más relevante son todos cartageneros (Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina). Incluso el nombre por antonomasia del huertano murciano (Pencho) es el nombre de un cartagenero (Fulgencio) y si tratamos de encontrar otros símbolos que no sean cartageneros lo que encontraremos es, por ejemplo, la Cruz de Caravaca, otra ciudad que no es Murcia. Y es normal, pues Murcia, fundada por árabes, carece de un pasado cristiano que contar y por tanto de nada relevante que colocar en el imafronte de un templo cristiano. Lo curioso es que si alguien le hubiese dicho a Leandro, Isidoro, Fulgencio y Florentina que sus estatuas se colocarían en un lugar llamado Murcia quedarían muy sorprendidos pues, simplemente, cuando ellos vivieron, un lugar con ese nombre ni existía ni se le esperaba. Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina sí conocían la Diócesis de Cartagena pues habían nacido en ella, pero no Murcia ni una catedral de Murcia, pues las catedrales estaban (y están aunque bombardeadas) en la sede de los distritos (diócesis).
Igual ustedes ignoran de quiénes les estoy hablando pero les diré que son, con toda probabilidad los perdonajes históricos más importantes nacidos en esta tierra nuestra. Quizá Isidoro sea el más conocido (Isidoro, obispo luego, de Sevilla) pues, como a buen cartagenerico, se le ocurrió el disparate de meter todo el conocimiento del mundo en un solo libro creando así la primera enciclopedia de la historia, las «Etimologías», permitiendo que el conocimiento de la Roma clásica atravesase toda la Edad Media hasta que, muchos siglos después, Diderot y D’Alembert se lanzasen de nuevo a una hazaña de similares proporciones.
Seguramente Leandro les suene menos que Isidoro pero, para la historia de España y del mundo, es probable más trascendente que su hermano.
Leandro fue el responsable de la conversión al catolicismo del pueblo visigodo y es ese momento de la historia el considerado por muchos historiadores como el del «nacimiento de España». De hecho, si visitan ustedes el Palacio del Senado de España verán que en lugar prominente hay un cuadro de grandes dimensiones conmemorando ese episodio. Leandro también, en el tercer concilio de Toledo, fue en buena parte responsable de la modificación del Credo de Nicea añadiendo la cláusula «y del Hijo», modificación que, andando el tiempo, daría lugar a la separación de las iglesias católica, apostólica y romana de la católica, apostólica y ortodoxa. ¡Ah si Putin lo supiera!
Isidoro y Leandro pues son santos para toda la cristiandad, ya sea romana u ortodoxa, es decir de Moscú a la Tierra del Fuego.
Cosas de cartagenericos.
Por alguna razón, culturalmente, la idea de España ha ido asociada al catolicismo. Los visigodos eran «españoles» porque eran católicos (de ello se encargó Leandro) y las imágenes de sus reyes adornan la Plaza de Oriente y el Palacio Real de Madrid cual si de reyes de España se tratase. Curiosamente los árabes, a pesar de los ocho siglos de presencia en la península ibérica, no son considerados «españoles» por la historiografía tradicional, sino enemigos de los auténticos españoles que, herederos de los reinos godos del norte, eran cristianos desicados a «reconquistar» el viejo reino que perdió Don Rodrigo en el Guadalete. Como ven, a lo que parece, Leandro hizo un buen trabajo y esta caracterización de España es la que todavía mantiene una mayoría sociológica de los españoles.
No es de extrañar que cualquier intento de construir una «identidad regional» sobre un pasado árabe sea una tarea condenada al fracaso. La identidad regional no está vinculada al pasado árabe de Murcia, la identidad regional la tienen escrita en el imafronte de la llamada catedral de Murcia y está vinculada a un pasado cristiano, Cartagenero, Caravaqueño, Jumillano, Ceheginero… Pero no murciano.
Insisto, desde hace dos mil años todas las ciudades de esta zona formamos parte de la misma división administrativa y hemos vivido juntos, aunque 800 años después apareciese una ciudad nueva que, desde 1833, fue designada arbitrariamente capital de este viejo distrito.
Y esto no sentó bien.
Nuestra región, compuesta de dos provincias, Murcia y Albacete, se resquebrajó en la década de los 80 debido a un centralismo crónico que arranca del siglo XIX y que Albacete venía denunciando desde época tan temprana como 1838. Para que se hagan una idea: cuando en 1838 los carlistas aparecieron por Almansa la Audiencia Territorial de Albacete (órgano judicial supremo de las provincias de Murcia, Ciudad Real, Cuenca y Albacete) decidió huir de Albacete y establecerse en Cartagena. Cuando la Diputación de Murcia les ofreció instalarse en Murcia tanto la Audiencia como la Diputación de Albacete se negaron afirmando que si la Audiencia se instalaba en Murcia ya no volvería nunca a Albacete.
Por eso, en cuanto hubo la más mínima oportunidad, Albacete huyó de la Región de Murcia. Hoy tienen una universidad que el centralismo de Murcia les negaba y hoy son la primera ciudad en población de Castilla La Mancha en lugar de ser la tercera ciudad de la Región de Murcia.
Sí, el centralismo mal entendido ha destruido esta Región hasta seccionarla por la mitad y la seguirá destruyendo si persisten asuntos como CAETRA por solo poner un ejemplo.
La propia ciudad de Murcia padece ese centralismo de unos pocos. Pedanías fortísimamente pobladas como El Palmar han venido reclamando una entidad local menor que nunca acaba de llegar en la forma deseada y en general, 52 pedanías que reúnen a la abrumadora mayoría de los habitantes del municipio de Murcia ven como sólo el pequeño centro de Murcia (unos 140.000 habitantes frente a los más de 400.000 de la ciudad, se benefician de un reparto poco equitativo de gastos, impuestos e inversiones).
El centralismo percibido —subrayo «percibido»— ya ha fracturado esta región expulsando a Albacete y la fracturará aún más si, en lugar de una Región centralizada no diseñamos una Región distribuida que haga posible que esta historia de 2000 años que se inició con el distrito carthaginense pueda seguir adelante.
Quizá hoy, día de la fiesta mayor de mi ciudad, sea un buen día para recordar estas cosas.
El plan para controlar la justicia española
Vamos a ser claros: la Ley 1/2025 de «eficiencia» (nótense las comillas) procesal no es una ocurrencia ni es una tontería más del indocumentado ministro de turno. Es la consecuencia y casi colofón de un plan urdido hace ya casi 25 años por los dos grandes partidos que han ido turnándose en el gobierno de España.
Traten de hacer memoria y comprobarán que si los dos grandes partidos han estado de acuerdo en algo a través de los años, ha sido en unos cuantos puntos fundamentales en relación con la administración de justicia, a saber: la retirada de competencias a los jueces en favor de los LAJ, la instauración de la Nueva Oficina Judicial y el establecimiento de los Tribunales de Instancia. Adicionalmente objetivos secundarios pero también deseados han sido la limitación del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y la reducción de la planta judicial para alejar la justicia del justiciable.
Si hacen memoria, como digo, recordarán cómo los ministros de PP y PSOE, sin distinción, durante sus respectivos mandatos han tratado de llevar adelante estas reformas en un curioso caso de coincidencia ideológica en cuanto a medios y en cuanto a fines.
En cuanto a la retirada de competencias a las jueces en favor de los LAJ, el punto culminante se alcanzó con la reforma que determinó que las decisiones de los entonces Secretarios Judiciales no pudiesen ser recurridas ante el juez.
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (aprobada por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero), introdujo una profunda reforma en el papel de los entonces llamados Secretarios Judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia) y estableció, entre otras cosas, que algunas de sus resoluciones no serían recurribles ante el juez.
Concretamente, esta ley modificó la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introduciendo un artículo 102 bis 2, que decía:
> “Contra los decretos dictados por el Secretario judicial resolviendo recursos de reposición o decisiones sobre recursos no cabe recurso alguno.”
>
Conviene recordar en este punto que los Letrados de la Administración de Justicia no forman parte del Poder Judicial, son funcionarios del Poder Ejecutivo que están sometidos a sus instrucciones. Conviene recordar tambien la alharaca, muy celebrada en la época, formada con la cantinela de que los secretarios judiciales iban a ser los «jueces de lo procesal», «descargando» de este modo de trabajo a los jueces, cantinela que quería decir en realidad que se retiraría a los jueces una buena parte del control del proceso que pasaría a manos del poder ejecutivo. Esta idea ridícula pero profundamente interesada de separar los aspectos procesales de los civiles en los procesos y sacarlos de las competencias del poder judicial era una maniobra demoníaca en la estrategia del ejecutivo de controlar aún más al Poder Judicial y la administración de justicia.
Afortunadamente hubo suerte y jueces díscolos plantearon al Tribunal Constitucional cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del art. 102 bis.2 LJCA (en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial), por oposición al art. 24.1 CE.
Y se ganó. El Tribunal Constitucional entendió que no se podía sustraer al juez el control de tales decisiones. Hubo suerte con la composición del TC y hubo suerte en que una linea de resistencia a las ambiciones del poder ejecutivo aguantó la embestida. El gobierno y el poder ejecutivo vieron frustrados sus deseos (y no eran pocos) de ampliar su control del poder judicial.
Pero en la tarea de separar al juez del control del procedimiento y aumentar el control del mismo por parte del ejecutivo había una segunda via de penetración: la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Separando al juez de los funcionarios tramitadores, eliminando la oficina judicial y llevándola lejos de su control, no sólo se restaban capacidades al juez sino que era más sencillo para el poder ejecutivo cursar instrucciones a los LAJ que controlaban la NOJ. Si esto suponía dejar desasistido al juez daba igual; si esto suponía dificultar la dación de cuenta y control del trabajo de los funcionarios individuales, daba igual; si esto impedía al ciudadano localizar al funcionario responsable de su procedimiento también daba igual. La NOJ era una herramienta formidable de control por parte del ejecutivo de la actividad procesal de los juzgados y no iban a ceder en sus intentos de instalación. Poco importa que las pruebas realizadas en partidos judiciales como Burgos o Murcia no arrojasen resultados positivos y en todo caso no mejores que los de los juzgados tradicionales, el objetivo no era ese, nunca fue ese, porque jamás se buscó mejorar el funcionamiento de la oficina judicial sino solo controlarla; por eso siempre se prescindió del parecer de los jueces, los procuradores o los usuarios.
La otra poderosísima herramienta de control del poder judicial debían ser los tribunales de instancia. Era evidente que el poder ejecutivo no podía controlar a los miles de jueces que se integraban en los más de 400 partidos judiciales de España pero, si estos jueces se reunían en tan solo 50 tribunales (uno por provincia) y se colocaba a su frente un presidente debidamente designado por un CGPJ también controlado de forma remota desde los partidos, este corralito de jueces permitiría al poder ejecutivo aumentar su influencia sobre ellos en cuestiones importantes.
Esta vez fue el ministro de infausto recuerdo Alberto Ruíz-Gallardón (PP) quien decidió afrontar la tarea. Primero buscando una reducción de la planta judicial limitando los partidos judiciales a 50 y ubicarlos en las capitales de provincia exclusivamente. En segundo lugar en cada uno de ellos se establecería un tribunal de instacia/corralito de jueces cuyo presidente no sería elegido sino nombrado.
Afortunadamente, una vez más, la oposición a aquella aberración tendente a controlar el poder judicial fue respondida por la sociedad civil. Los decanos de los colegios de abogados no capital de provincia jugaron (jugamos) un papel si no destacado sí muy valioso y la federación de municipios y provincias —para nada dispuesta a dejar a dos tercios de los españoles sin juzgados— por su parte acabó de apuntillar aquel indisimulado golpe a la independencia judicial en España.
Tras aquellas batallas ni PP ni PSOE cejaron en su empeño de generalizar la instauración de la NOJ y los tribunales de instancia, pero ahora sabían que la resistencia popular y de algunos jueces y magistrados podía ser feroz de forma que ambos partidos optaron por una estrategia progresiva en lugar de intentar de nuevo una estrategia de máximos.
Fue por ello que ministros de los gobiernos —del PSOE esta vez— continuaron intentando, como Gallardón, instaurar los tribunales de instancia, si bien esta vez ya no reduciendo la planta a 50 partidos judiciales ni designando a los presidentes sino manteniendo los partidos judiciales y permitiendo que los presidentes de los tribunales de instancia fuesen elegidos como hoy son elegidos los jueces decanos. Lo intentó Juan Carlos Campo, lo intentó Pilar Llop, lo intentó Dolores Delgado… Lo intentaron todos pero, debido a la inestabilidad política ninguno, hasta la llegada de Bolaño, pudo llevar adelante la reforma a la espera de, una vez instalados los Tribunales de Instancia y las NOJ, llevar a cabo más adelante las reformas legales precisas para alcanzar el fin que Gallardón no pudo alcanzar de un solo plumazo.
En medio de este trabajo de control del Poder Judicial los sucesivos ejecutivos siempre han encontrado colaboracionistas incluso en contra de los intereses de sus propias corporaciones. Hay que recordar a ese Consejo General de los Procuradores de España cooperando con Gallardón y recibiendo raimundas sin tasa; o a ese Consejo General de la Abogacía blandeando cuando no cooperando con los sucesivos ministros del ramo…
Es por eso que ahora la postura colaboracionista del presidente del Consejo General de la Abogacía no sorprende pues, aunque no haya consultado a sus bases, aunque la abogacía de España sea un clamor contra la Ley 1/2025, no hace sino seguir la estela de quienes cooperan con quienes quieren acabar con la independencia judicial a cambio de no se sabe qué y en nombre de una «modernidad» del pasado, de hace ya un cuarto de siglo.
Como ven, si en algo han estado de acuerdo ambos partidos y sus ministros, ha sido en llevar adelante este plan de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Cuando han estado en la oposición han clamado contra él pero, en cuanto han accedido al gobierno, han proseguido en la misma tarea del otro partido y en la instauración de las principales herramientas de control: las NOJ y los tribunales de instancia.
Y con Bolaños, aparentemente, lo han logrado. Devolver al Poder Judicial el poder que el sentido común y el espíritu de las leyes exige, va a ser cada vez una tarea más difícil mientras que profundizar en el control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, cuenta desde la Ley 1/2025 con dos eficacísimas herramientas.
Para finalizar no son estos puntos en los únicos en que ambos partidos han coincidido desde el año 2000, año bisagra en que se produjo la última real modernización de la administración de justicia española con la aprobación de la nueva LEC y la instalación de herramientas videográficas. Los dos partidos también han coincidido en dos puntos a tener en cuenta, el primero en no elevar los presupuestos en justicia y mantenerla siempre bajo mínimos y dependiente del resto de los poderes del estado, en especial del poder ejecutivo; el segundo en limitar o dificultar el acceso de la ciudadanía a la justicia, ya sea a través de la infame ley de tasas de Gallardón o ya sea a través del más sutil método de implantar un sistema de MASC obligatorios que nos devuelva a un pasado tan remoto como 1984.
Finalmente, para acallar a voces independientes y/o rebeldes, se han tomado medidas inteligentes, por ejemplo, si jueces independientes y atrevidos elevan cuestiones al TJUE en materia de hipotecas, se reducen los juzgados competentes a solo 52 en lugar de los existentes en los más de 400 partidos judiciales de España. Disminuyendo el número de jueces que conocen de estos asuntos se limita la posibilidad de dar nuevos sustos a la banca aunque para ello se aleje la Justicia del justiciable y se encarezca innecesariamente su acceso. Si de contrarrestar el trabajo de letrados independientes se trata, pues entonces se inicia un cambio de estructura del mercado de los servicios jurídicos tendente a acabar con el ejercicio de la abogacía que hoy conocemos.
Pero eso será materia de otro post y de otro día. Hoy quería hablar de algo más importante y es del mantenimiento de la independencia judicial en España y de cómo, quienes quieren controlarla, siguen metódicamente un plan del que muchos parece que aún no hemos tomado conciencia y contra el que pocos —por ahora— parecen dispuestos a pelear.
Cada vez es más difícil y lo sé, pero si se toma conciencia aún estamos a tiempo.
Parar a Gallardón o a la Ley 13/2009 no fueron victorias menores y nos indican que, si peleamos con decisión por una #JusticiaIndependiente aún podemos ganar un mejor futuro para todos.
Yo que tú lo haría. Merece la pena.
Arquitecturas judiciales inicuas
Estas puertas que ven corresponden, cada una, a una sala de vistas de un juzgado de forma que, forzosamente, todas las partes han de esperar compartiendo un espacio común frente a ellas.
A causa de este diseño es posible ver juntos a la familia de un maltratador junto con la maltratada, a parejas con orden de alejamiento a escasos metros, a las víctimas de un delito y sus testigos junto con los acusados y sus testigos. La tensión que puede llegar a vivirse en estas salas de espera se las pueden imaginar ustedes y todo porque, al diseñar los edificios judiciales no se tiene en cuenta ni la ley ni el mejor servicio a los justiciables a los que se trata con notorio desprecio. No hay espacios separados y puertas separadas para demandantes y demandados pero sí hay una puerta separada para los jueces y a veces hasta para los fiscales. El diseño de los edificios judiciales, en este y otros muchos aspectos, olvida por completo a quienes son sus principales destinatarios: los administrados.
Esta óptica que desprecia a quienes debieran ser los primeros destinatarios de los edificios y del completo sistema judicial —los adinistrados— ilustra bien a las claras uno de los aspectos más reprensibles de la administración de justicia española.
El Sacromonte y el Monte Sacro
La primera de las fotografías que ven al pie de este post pertenece a un barrio llamado Montesacro y está en Cartagena; la otra es de un barrio llamado Sacromonte y está en Granada.
No se extrañe si he llamado «barrio» a ese solar que se ve en mi ciudad entre la calle del Caramel —donde yo vivo— y el Molino o la antigua Compañía de Aguas y el Castillo.
Ambos barrios ilustran bien la historia y catadura moral de los ayuntamientos y los políticos que han gobernado ambas ciudades. Montesacro y Sacromonte son nombres simétricos pero antagónicos y reflejan perfectamente el diferente grado de amor por la ciudad y sus vecinos que hay en Granada o en Cartagena.
En Granada el barrio humilde se cuidó y hoy es un lugar bello y de indudable atractivo; en Cartagena el barrio humilde fue demolido a pesar de su protección legal, desalojando a la gente honrada que en él vivía y demoliendo sus casas y sus calles hasta convertirlo en una ruina donde el barrio yace arrasado hasta sus cimientos.
¿Y todo por qué?
Por dinero, por ansia, por avaricia, por catetura, por estolidez, por vesania, por incultura, por soberbia, por la más alta expresión de ignorancia atrevida y avaricia especulativa.
Malditos sean quienes acabaron con mi barrio y la felicidad de muchos, tan sólo en busca de llenar los bolsillos de unos pocos.
Si en Granada hubiesen gobernado alcaldes y alcaldesas cartageneros no duden que habrían acabado, no ya con el Sacromonte sino hasta con la Alhambra y habrían tratado de llenarlos de dúplex adosados o torres de pisos.
Pero no, afortunadamente para Granada, los políticos cartageneros se quedaron en Cartagena y así destruyeron minuciosamente y hasta los cimientos el 25% del casco antiguo de nuestra ciudad, amén de generar innumerables solares en diversas calles del centro.
Y eso que se suponía que todo el centro estaba legalmente protegido.
Hoy el chancro del Monte Sacro supura en pleno centro de Cartagena la pus repulsiva de aquellos que, diciendo defender su ciudad, demolieron sus barrios y dejaron sin techo a sus vecinos. Y supura también para la vergüenza de todos nosotros que les toleramos todas aquellas tropelías a aquella banda de caciques ignorantes. Y cuando digo todos digo todos. Desde el último ciudadano que no salió a la calle a pararles los pies, al primer juez que cohonestó la tropelía bajo un manto de aparente legalidad y a mí mismo que no fui capaz de organizar en defensa de los más humildes alguna acción que hiciese pagar caras sus fechorías a quienes destruyeron el barrio.
Hoy el Monte Sacro y el Sacro Monte son dos realidades distintas que cantan las vergüenzas de nuestra ciudad ante los miles de turistas que nos visitan todos los días.
Y lo peor es que los de siempre siguen ahí, agazapados, esperando la oportunidad de convertir la desgracia de todos en dinero para lucrar su avaricia. Su canallada no ha terminado y antes o después les veremos volver a saltar a la yugular de nuestra ciudad.
Sólo espero que el Monte Sacro haga honor a su nombre y aparezcan en él tal cantidad de restos arqueológicos que les impida construir y lucrarse por todo el resto de sus vidas.
Desde mi ventana estaré vigilando.
Odio comprar ropa
Odio salir a comprar ropa. Lo odio con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser. Si tú, como yo, tienes una cierta edad y peso entenderás lo que digo.
Las personas, llegada cierta edad, reciben de su doctor la instrucción de vestirse y desvestirse sentados. Esto es imperativo sobre todo en el caso de los pantalones, cambiarse de pantalones haciendo equilibrios a la pata coja puede dar lugar a caídas que pueden ser peligrosas. Las tiendas de ropa responden a esta necesidad prescindiendo meticulosamente en la mayoría de sus probadores de todo vestigio de banquito o taburete. En la tienda donde he ido a comprar ropa esta mañana sí tenía un vestidor con banquito (el resto no), banquito que la señorita ha utilizado para colocar los seis pantalones que había de probarme de distintas tallas y tamaños.
Adicionalmente el vestidor (en este caso todos los vestidores) tan solo disponían de dos pomos de percha de forma esférica y de un tamaño tan notable que, si colocabas en ellos los pantalones a probar (seis) caían al suelo, a más de que, como uno va vestido a esos sitios pues debe optar por colgar la chaqueta y pantalones que lleva puestos en las perchas o arrojarlos al suelo.
La conclusión de todo esto es que uno debe sentarse en el banquito sobre los pantalones a probar o bien arrojar los pantalones al suelo (cosa que no oarece muy civilizada) o colgarlos en los pomos-percha de donde, con toda seguridad, caerán grácilmente al suelo.
El usuario comenzará entonces una tabla de ejercicios notables que incorporan fases tales como flexión y captura de pantalón del suelo, contorsionismo en banquito sentado sobre una pila de pantalones o lanzamiento de prenda cuando ha terminado de probarse cada unidad.
A esta facilidad se añade otra verdaderamente sofisticada y es que cada modelo tiene un tallaje diferente expresado en unidades incomprensibles.
Estos pantalones que ven en la foto tienen ambos la misma talla pero, como ven, uno lleva la talla «Skinny stretch fabric W34» y el otro esta etiquetado como «Slim 44». Todo clarísimo para un consumidor medio. Transparente y cristalino. ¿Quién no sabe qué es un «Skinny stretch fabric W34»? Y sobre todo ¿quién no conoce la equivalencia en centímetros de la unidad métrica W34?
He tratado de intuir si W34 era una medida en pulgadas, palmos, dedos o pies (pues es evidente que no era sistema métrico) y sobre todo qué la diferenciaba del «Slim 44» y qué medida era esta pues, si ambas medían lo mismo, era evidente que las unidades de medida eran distintas.
Alguien me ha dicho que es que eso era así y que se trataba de «equivalencias» aunque no ha sido capaz de aclararme cuál era la proporción que guardaban las equivalencias ni las unidades en que se medían cada uno. Eso era así y yo era un loco que se quejaba de algo evidente.
Yo debería haberle recordado que los sastres utilizan una herramienta llamada «cinta métrica» que mide en unas curiosas unidades llamadas «centímetros» y que son absolutamente iguales independientemente del país, la marca y modelo donde compremos la ropa pero, a lo que parece, las tiendas de ropa aún no conocen el sistema métrico y ni siquiera el imperial con sus pulgadas y pies.
Para cualquier persona con la movilidad limitada o con la necesaria edad o peso, esta mendruguez de los W36 iguales a los Slim 44 es algo más que una denostración de desprecio por parte de las marcas al consumidor, pues supone un innecesario ejercicio probatorio de ropas que, etiquetadas distinto, debes comprobar que, en realidad, son del mismo tamaño.
Tras haber hecho en el vestidor más ejercicio de Nadia Comanecci en las olimpiadas de Montreal-76 mi sangre ha alcanzado el punto de ebullición a la temperatura de 212⁰ (Farenheit, claro, he estado a punto de decirle a la señorita para que obtuviese la «equivalencia» a grados centígrados) y he estado a punto de colocarme mis pantalones e irme de la tienda dejándolo todo abandonado en el vestidor. No lo he hecho. Al fin la sociedad parece estar preparada solo para jóvenes y para embrollar las medidas de las prendas, supongo que para dificultar la venta «on line» (¿quién sabe qué talla es la suya ante este galimatías?) o quizá, por algún maligno designio, para disfrutar viendo la cara de confusión del concumidor.
Mi ánimo, bueno al entrar a la tienda, se ha trasmutado en un indisimulado mal humor y me ha torcido el gesto buena parte de la mañana.
Pero bueno, ya tengo tres pantalones adaptados a mi actual talla, espero no volver por una tienda de ropa en mucho tiempo.
Hispano a mucha honra
La Oficina de Administración y Presupuesto sobre raza y etnicidad del gobierno de los Estados Unidos de América (OBM) está empeñada en clasificar a los seres humanos según su raza o etnia y esa —en principio— repugnante forma de clasificar me dice algunas cosas que quizá sean importantes.
Para el gobierno de los USA existen multiples razas pero sólo dos «etnicidades»: los hispanos y el resto de los humanos.
Para los americanos parece que es incomprensible que un blanco, un indio, un negro o culaquiera de los múltiples mestizajes posibles entre ellos sean todos «hispanos». Así que, para las demás razas la Oficina de Administración y Presupuesto sobre raza y etnicidad del gobierno de los Estados Unidos de América aplica criterios puramente raciales pero para los hispanos aplica criterios culturales: es hispano quien habla español o tiene un claro bagaje cultural hispano.
Si es usted castellano, andaluz, catalán o vasco no se ofenda si para los USA es usted simplemente un hispano más y mientras pienso en esto saboreo el hecho de que para ser hispano no importe la raza ni el sexo porque me tranquiliza respecto a la conducta de nuestros tatarabuelos y tatarabuelas que nunca dudaron en mezclarse con hombres y mujeres de cualquier raza.
Los españoles tenemos muchos problemas con nuestras identidades y con lo que somos, no somos o deberíamos ser, por eso me agrada que la administración norteamericana venga a solucionarnos nuestras querellas identitarias y nos meta a todos en un mismo saco: hispanos.
Y pienso que sí, que hispano a mucha honra, como casi 500 millones de seres humanos más que hablan castellano, el idioma de los pobres y el de la gente con la alegría y el alma necesarias para no clasificar a sus semejantes como si fuesen taxidermistas.
Hispano. Oigan, suena muy bien y, si solo hay dos «etinicidades» para los americanos en el mundo, la normal y la hispana, yo elijo ser parte de esta última. En el fondo nunca me gustó ser normal y al fin y al cabo distinción es una palabra que viene de distinto.
Hispano, sí, me suena muy bien.
Trumpismos
Cuando Donald Trump habla de «Hacer grande a América otra vez» (Make America great again) es obvio que no se refiere a toda América sino solo a esa parte de América que el resto del mundo conoce como los Estados Unidos. Iberoamérica no cabe en la geografía mental del nuevo POTUS y mucho menos en sus deseos de hacerla grande.
Por eso entenderán que si Donald Trump quiere cambiar el nombre del Golfo de México para que pase a llamarse «Golfo de América» no lo hace pensando en Mexicanos o Cubanos, sino en el único país del mundo al que él considera América: los USA.
Esto ya ha pasado otras veces.
En 1963, tras el asesinato del presidente John Fitzerald Kennedy, su sustituto, Lyndon B. Johnson, buscando como homenajear a su predecesor, decidió cambiar el nombre del lugar desde donde los estadounidenses lanzaban sus cohetes al espacio. El lugar se llamaba Cabo Cañaveral, el nombre con que los españoles habían bautizado al lugar poco después de que Juan Ponce de León lo explorase, pero tal nombre, demasiado hispanoamericano a los ojos de los wasp, era una designación que podía ser cambiada en honor del presidente asesinado de forma que, Lyndon B. Johnson, a instancias de Jacqueline Kennedy, logró que la Junta de Nombres Geográficos del Departamento del Interior aceptara cambiar el nombre del lugar, lo que le permitió anunciar el nuevo bautismo de la zona en su mensaje del Día de Acción de Gracias, el cuarto jueves de noviembre de 1963.
Fue por eso que, de niño, yo escuchaba que los lanzamientos espaciales de la misión Apolo se hacían «desde Cabo Kennedy».
El cambio de nombre provocó inmediatas reacciones en contra de la población de la zona. El lugar se había llamado Cabo Cañaveral desde hacía 400 años y el cambio no les hacía gracia; sin embargo, la histeria generada en los Estados Unidos por el asesinato del presidente Kennedy tapó esas protestas.
No obstante las protestas siguieron y el Estado de Florida presentó peticiones al Senado y al Congreso que no hicieron nada por el temor a parecer irrespetuosos con la memoria del presidente asesinado.
Finalmente, hartos de esperar que alguien hiciera algo, los representantes del estado de Florida aprobaron una resolución declarando su intención de tratar de cambiar el nombre en los mapas independientemente de lo que hiciese el Congreso de los Estados Unidos.
Oscuros movimientos siguieron a aquello pero lo cierto es que el 9 de octubre de 1973, la Junta de Nombres Geográficos acordó por unanimidad restaurar el antiguo nombre. El hermano del presidente fallecido, Ted Kennedy, escribió una breve carta diciendo que su familia «entendía la decisión», y eso fue todo. Hoy ya no existe Cabo Kennedy y el nombre de la zona ha vuelto a ser el de Cabo Cañaveral (Cabo «Canaveral» en grafía estadounidense) aunque la base desde donde se lanzan los cohetes se sigue llamando «Kennedy».
Quizá Trump debiera recordar este tipo de cosas y de que no suelen durar mucho, como aquella manía en la España de Franco de adicionar al nombre de la ciudad el de algún personaje acorde con la ideología gobernante. Quizá usted no lo recuerde pero yo sí recuerdo dirigir cartas a «Alicante de José Antonio» o al inefable «Ferrol del Caudillo».
En fin, trumpismos.
El blog de José Muelas 