Hoy, por vez primera, la judicatura española se ha puesto en huelga.

Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.

Sin entrar a valorar la cuestión de los salarios, el resto de las reivindicaciones aparecen como justísimas y como un fiel diagnóstico de algunas de las carencias más graves del sistema judicial español, en especial en los aspectos tecnológicos, aspectos a los cuales esta huelga ha debido en gran parte su gestación.

Las jueces han descubierto el correo electrónico y esta huelga se ha incubado a través de mensajes de correo electrónico interno en gran parte al margen de las asociaciones de jueces, que, por este motivo, han sufrido un déficit en sus capacidades de representación del colectivo y no han interpretado siempre correctamente el mar de fondo existente en la judicatura.

Por otro lado, como corporación inexperta en huelgas y medidas de presión, la judicatura ha preferido ir sola a la huelga y sin buscar ni encontrar el apoyo homogéneo de otros colectivos relacionados con su ámbito de actuación. Mala cosa pues, de ser atendidas las demandas de esta huelga, la mejora en el servicio para los ciudadanos sería notable.