Categoría: Abogados

¿Ha tenido que llegar la crisis para que aprendamos que LexNet y Minerva son patatas?

Aún lo recuerdo, el Consejo General de la Abogacía Española hacía palmas con las orejas ante los planes de Catalá de implantación de LexNet. Papel cero decían. Y recuerdo a todas las comunidades autónomas gastándose los pelos en sustanciosos contratos y desarrollos de software para construir el caos cibernético del que ahora disfrutamos.

Nunca un país invirtió tanto dinero en conseguir descabalar tan a fondo su sistema judicial.

Y aquí estamos, padeciendo ese LexNet y ese Minerva que, como el lenguaje lo aguanta todo, nuestros ministros de justicia y sus indispensable séquito de consejeros turiferarios, calificaron de grandísimos avances en su momento.

Pues bien, desde nuestras redes denunciamos que uno y otro eran dos #patatas. Dos birrias cuyo peor defecto es que medio funcionaban y que, por eso, muchos ingenuos aguantarían usando esas dos birrias hasta que pasase algo.

Y ha pasado.

Les cuento: me escribe una abogada colombiana sorprendida porque en los juzgados españoles no se pueda teletrabajar o consultar desde casa los expedientes judiciales. Le explico la desastrosa situación informática en España y el batiburrillo caótico de sistemas Avantius, Vereda, Justizia.bat, ejusticia, Adriano… y así hasta llegar a los ínclitos LexNet y Minerva.

Le digo que no, que con LexNet y Minerva no se puede teletrabajar, que LexNet es sólo un sistema de notificación y Minerva no permite la consulta de expedientes.

Ella, sorprendida, me manda unas cuántas capturas de pantallas de cómo está teletrabajando ella y me quedo pensando en lo mismo que, sin duda, tú pensarás si has llegado leyendo hasta aquí.

Y ahora vete a buscar a Caamaño, a Gallardón, a Catalá y a toda la caterva de indigentes informáticos que se gastaron millones de euros en colocar a la administración de justicia estas patatas.

Ahora es cuando deberíamos ajustar las cuentas con quienes gastaron los dineros de todos y planificaron. Y se las deberíamos ajustar muy, muy, estrechas. Pero no lo haremos, porque no tenemos memoria, porque somos pánfilos, porque perdonamos la mentira y la estafa si se hacen a lo grande.

Porque, al final, a quienes peleamos contra estas basuras no nos queda más pataleo que el de las madres cuando, enfadas, dicen a sus hijos: «Te lo advertí».

Me llevan los diablos.

Entiéndanlo: el problema de la justicia en esta crisis está en los primeros tres meses.

Veo los planes del ministro de justicia y no doy crédito a mis ojos. No sólo no resuelven ningún problema sino que lo crean.

Vamos a ver: el problema que plantea esta crisis va a ser si la administración de justicia podrá dar solución a los problemas que se le van a presentar en los primeros tres/cuatro meses tras el estado de alerta.

Los juzgados de lo social van a ver cómo se incrementa su carga de trabajo en un 80%

y los juzgados mercantiles en un muy probable 150%.

Estos datos puedes confirmarlos aquí, aquí o aquí.

Recuerda: la crisis en 2009 supuso una caída del -3,6% del PIB, este año el PIB va a caer, como poco, UN 13%. Estamos ante la crisis de 2008 multiplicada por cuatro y en un entorno sanitario en el que NUNCA podrás hacer funcionar los juzgados al 100%.

Si no entiendes eso no entiendes nada, si no entiendes que hay que colocar la administración de justicia en modo «ahorro de energía» para destinar los recursos a lo verdaderamente importante es que no entiendes nada y si, encima, adoptas medidas que te impiden hacerlo no se necesita saber más para tener por cierto que este ministro nos lleva de cabeza al fracaso.

Si la administración de justicia española no da respuesta en estos pocos meses a ese tsunami de casos lo que haga después no servirá para nada: la economía de España y la de los Españoles y Españolas se habrá ido al carajo.

Si esto no se comprende no se comprende nada ni se puede planificar nada.

La administración de justicia no puede hacer esperar ni doce ni ocho ni seis meses a un trabajador despedido: la vida de una familia va en ello.

La administración de justicia española no puede retrasar la tramitación de un concurso ni quince días so pena de convertirse en la enterradora de una empresa.

Y la onda de reclamaciones en materia laboral y de concursos YA está entrando en los tribunales y el ministro NO ha hecho nada. A estas alturas el desastre es ya casi imposible de evitar y el martes próximo el desastre será absolutamente inevitable.

El ministro no está en la realidad, no ha entendido que, para cuando los recursos lleguen (si llegan) los trabajadores y las empresas españolas y serán unas víctimas de su administración de justicia y él será el culpable.

Ya les dije que la administración de justicia va a contribuir decisivamente en esta crisis a que todos nos vayamos al carajo y, por lo que le leo al ministro, así va a ser.

Ni va a priorizar y a reasignar los recursos escasos, ni va a atender a prioridades, ni ha hablado con la abogacía —solo con una señora desintonizada— ni con la procura, ni ha convencido a los sindicatos ni tiene la más remota idea de cómo se diseña un plan de contingencia en medio de un entorno de riesgo para la salud pública como este. Los juzgados van a colapsar y van a colapsar donde el daño es mayor: laboral y mercantil.

Lo siento, no puedo darle buenas noticias, el martes será el día en que certifiquemos que la administración de justicia española no ayudará a este país a salir de la crisis, sino que contribuirá a agravarla.

El hundimiento

El hundimiento

Mueve divisiones imaginarias, escucha a portavoces que no transmiten más que su propia voz, se entrevista con representantes que no se representan ni a ellos y, cuando les hace caso y nombra a un coordinador de comisión, se encuentra que, eso que ha hecho creyendo que le congraciaría con algunos, lo que hace es enemistarle con todos.

En el búnker de San Bernardo el ministro tiene intervenidas las lineas de comunicación con el mundo real, con la procura real y con la abogacía real.

El ministro es de esas personas que confunden el continente con el contenido, las etiquetas con los productos y las formas con los fondos; es de esos jueces que, habiendo pasado demasiado tiempo en dique seco y maleado por el teatrillo de los políticos, ha acabado confundiendo la verdad formal con la verdad material.

En esta crisis no tienen cabida personas así; o quizá sí, lo tengan, a fin de cuentas en toda crisis ha de haber un responsable del desastre, alguien que, cometiendo errores ajenos, cargue sobre sí las culpas de toda esa ineptitud.

Probablemente el ministro quiere, puede y sabe, hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo.

Pero en el búnker de la calle de San Bernardo al ministro le han cortado las líneas de comunicación con la realidad y, asumiendo errores de otros, nos está conduciendo firme y decididamente hacia el desastre.

Esperemos que saque la cabeza del búnker antes de que se produzca el hundimiento y sea capaz de escuchar las voces de todos y no sólo la impostura irresponsable de unos cuantos portavoces que no portan voz alguna.

Tiene que llover

En una sociedad sin abogados la primera víctima son los derechos de todos. Las sociedades sin derechos no necesitan de abogados pero las sociedades sin abogados da igual que proclamen derechos: nunca tendrán ninguno.

Y es eso lo que quieren construir: una sociedad sin una abogacía real sino solo con una abogacía de negocios porque así los derechos de la ciudadanía no serán reales sino solo un negocio.

Para ellos, claro.

Somos ahora el 85% de la abogacía española, pero cada vez seremos menos. Aspiran a que salgamos diezmados de esta crisis, a que muchos de los nuestros vayan a la lona y no puedan seguir ejerciendo esta profesión de la que han vivido durante años. Por eso no hay ayudas para los abogados como tú y como, por eso no han dedicado ni un euro a ayudar a quienes defienden los derechos de todos, por eso, cuando hay que redactar leyes, se lo encargan a un representante de los grandes despachos y a ti ni te preguntan.

Pero no pueden tumbarte. Tú tienes que resistir compañero; tú tienes que aguantar compañera; porque si vosotros, compañeros y compañeras, no resistís, no habrán tumbado a la abogacía independiente, habrán tumbado los derechos y libertades de todos.

¿Y qué puedo hacer? Me dirás.

Haz que les duela. Aún queda un rescoldo en España de una cosa llamada democracia y se construye sobre los votos y la persuasión y vosotros, compañeros, compañeras, sois los mayores expertos en ese arte que hay en España. Ponedlo, pues, al servicio de todos.

Haz que tu visión llegue a los medios de comunicación, a tus amigos periodistas o locutores, a tus clientes, hazles saber que cuando nos golpean a nosotros quienes están recibiendo el golpe son ellos, haz que la infamia se sepa y que no se olvide.

Quizá te parezca poco pero, si todos barriésemos el portal de nuestra casa, la calle estaría reluciente. No podemos esperar salvadores ni que un día pase el camión de riego o que, de pronto, llueva. Somos nosotros quienes tenemos que hacer que el agua limpie la calle. Porque tiene que llover y vamos a hacer que llueva: a cántaros.

No preguntes qué vamos a hacer, tú sabes lo que has de hacer. Confía en tus compañeras y compañeros y sé consciente de que junto a ellos formas una red irrompible, porque es una red tejida con las aspiraciones y los ideales de todos.

Entiende, compañera, entiende, compañero, que tienes que resistir y que tienes que hacerlo no por ti, sino por el futuro de los tuyos y de todos.

Buenos días, es un placer sentirse a vuestro lado.

El ministro de justicia se ha quitado la careta

Los grupos de presión ya no necesitan presionar al gobierno, ahora, directamente, el gobierno les encarga la redacción de las leyes; las empresas que dominan el mercado ya no tienen que tratar de atraerse al poder, el poder directamente las llama para que plasmen sus deseos en los textos a debatir por las cámaras.

Si la abogacía real de este país, esa que componen un abrumador 85% de abogados y abogadas, tenían alguna duda el ministro de justicia hoy se la despejado: la redacción de la ley del derecho de defensa ha sido encargada a Garrigues Walker, el más conspícuo representante de la abogacía-negocio de España.

En un mundo jurídico cada vez más mercantilizado y alejado de los principios fundacionales básicos de la abogacía el ministro ha hecho su declaración, no de principios, que a lo que se ve no los tiene, sino de intereses.

Si este es un ministro de izquierdas en un gobierno de izquierdas entonces Gallardón era sin duda anarquista.

Es hiriente, causa arcadas, produce úlceras, comprobar cómo, en medio de la crisis, cuando el ministro no ha tenido ni un hecho y ni siquiera una palabra amable para con la abogacía real de este país, cuando no se le conoce una iniciativa con sentido, cuando ni una medida de mínima importancia ha tomado en relación con el funcionamiento de la administración de justicia su preocupación en los últimos días haya sido tratar de entregar la instrucción a los fiscales y ahora entregar la redacción del borrador de la ley a uno de esos despachos que representan la antítesis de la maravillosa abogacía de este país.

El ministro no podía llegar a más en menos tiempo. Hoy la abogacía de a pie ya sabe por qué el ministro no ha levantado ni una vez la voz ni la pluma para tratar de defenderla y no lo ha hecho, simplemente, porque esta abogacía es su objetivo, pero el objetivo a eliminar.

La amenaza es grave y hecha en el momento más grave y más duro de la historia reciente pero no lo va a lograr. No lo va a lograr.

A la abogacía real española, tiene que saberlo este más que provisional ministro, le esperan todavía muchos años de hambre y de gloria, pero sobre todo, le quedan años y memoria para no olvidar jamás la inicua conducta de un ministro prescindible.

Cuando este ministro haya de dejar su cargo con oprobio la abogacía española estará aquí para verle marchar. Más vale que lo recuerde.

La justicia y los ombligos de sus reformadores

La justicia y los ombligos de sus reformadores

Si hay una administración que se ha construido de espaldas a los administrados esta es la administración de justicia. A base de llevar la justicia los ojos vendados, los administrados parecen resultar invisibles para quienes la dirigen y esto se comprueba a cada paso que se da dentro de ella.

Si usted va, por ejemplo, a un edificio judicial observará que en los mismos nunca se tienen en cuenta las prescripciones legales a la hora de su construcción.

Las salas de vistas, por ejemplo, se construyen con una sola puerta para testigos, partes y público. La necesaria separación entre testigos de la acusación y la defensa o entre los familiares de acusadora y acusado es imposible con esa arquitectura. Cumplir una orden de alejamiento es impensable en el juzgado, agresor y agredida entrarán por la misma puerta y, aunque ella pueda esperar a ser llamada en otro piso, las familias de agresor y agredida y sus testigos habrán de compartir la espera juntos en la entrada de la sala. Si lo han vivido no necesito explicarles nada, si no lo han vivido no les costará imaginarse el ambiente espeso que se vive allí.

¿Por qué al diseñar las salas de vistas no se establecen dos puertas y dos salas de espera donde se puedan mantener las separaciones que la ley indica? Pues, simplemente, porque los administrados no existen para quienes organizan la administración de justicia y, si existen, existen como problema, como ese obstáculo con el que se ha de lidiar necesariamente, al que hay que confinar en un espacio diferente y no como el objetivo de los servicios de la administración, el fin y la razón última de su existencia.

No, olvídense, los administrados podrán ser el objeto de los desvelos de todos en la sanidad, pero en la administración de justicia no, radicalmente no.

Les cuento esto porque hoy ha caído en mis manos uno de esos monumentos al desprecio al administrado que, con demasiada frecuencia, suele expeler el entorno de nuestra administración de justicia: algunos «operadores jurídicos» (ahora se dice así) han perpetrado un sedicente plan de agilización de la justicia en una comunidad levantina que lo mismo podría denominarse plan de propagación del coronavirus que himno a Don Juan Palomo.

Los «operadores», movidos de su celo, proponen concentrar en las capitales de provincia de esta comunidad la resolución de los concursos de personas físicas y, de paso, establecer tribunales de instancia con sus NOJ, sus UPAD y sus OTAC (Otras Tonterías Ampliamente Citadas).

Que esto suponga que, para resolver sus problemas, más de un millón de administrados hayan de desplazarse potencialmente en viajes de decenas y aun centenares de kilómetros no parece importar a estos «operadores».

Llama la atención que, cuando los ciudadanos nos vemos abocados a vivir año y medio (como poco) en medio de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad, los «operadores jurídicos» estos del infierno se destapen proponiendo medidas organizativas que, alejando la justicia de los ciudadanos, promuevan los desplazamientos y la vulneración de las medidas de restricción de movilidad y alejamiento social. Si el coronavirus buscaba buenos aliados los ha encontrado aquí, en estos «operadores» a los que no les importa desplazar masas de población u organizar peregrinaciones obligatorias a la meca judicial.

Vamos a decirlo con toda claridad: ni el CGPJ ni estos «operadores» de que les hablo han preparado ningún plan contra la pandemia: simplemente y de forma irresponsable, han excretado las medidas que durante años han querido llevar a cabo pero que la sociedad civil ha impedido y, ahora, al amparo de la crisis, vuelven a sacar su cancamusa de tribunales de instancia, NOJ’s, UPAD’s, SCOOP’s y OTAC’s para cohonestarlos miserablemente bajo el drama humano que vivimos.

Por eso, si lee usted esos planes, verá que el hecho de que vayamos a vivir en un entorno de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad se olvida sistemáticamente. Por eso, si lee usted esos planes, verá que todo se organiza con aparente coherencia para la administración de justicia, como si esta fuese un fin en sí misma y no fuesen los ciudadanos, los administrados, su primera y única razón de ser.

Oscuros intereses largamente larvados en el seno de la administración de justicia han pretendido diseñar a espaldas de los administrados una reforma de la administración judicial buena exclusivamente para los reformadores y, ahora, esos «reformadores» pretenden inicuamente aprovechar la crisis para, al amparo de la tragedia, profundizar en reformas que nada tienen que ver con las necesidades de los ciudadanos.

Que no le engañen, no trabajan para usted ni por usted y las reformas que proponen no se dirigen a servir al ciudadano, son simples reformas de su ombligo.

PD. Si quiere usted conocer un extracto de mi posición a este respecto puede verla en este video, escucharla en este podcast o leerla en este post. Si necesita mayores ampliaciones pídamelas.

El hambre, el virus y la abogacía

El hambre, el virus y la abogacía

Hablo con compañeros y compañeras de Colombia, Argentina, Ecuador… Y el feo rostro de la crisis exhibe su peor expresión: la actividad trae la enfermedad, la inactividad el hambre.

Mientras los autónomos pugnan por trabajar los asalariados, por ahora, se oponen. Mientras los jóvenes prefieren arriesgar los más mayores son cautos y así avanza la pandemia y el virus de la desunión en la república de los abogados y las abogadas.

No es muy distinta la situación en España: la oposición a volver al trabajo se presenta más entre asalariados y funcionarios que entre autónomos y profesionales liberales que ven cómo la inactividad les deja sin recursos para ellos y sus hijos.

Este debate aflorará con fuerza en los próximos días y puede tornarse crispado si algún partido político ve en él la posibilidad de pescar algunos votos.

El debate es falso: hay que volver al trabajo —no queda otra— pero hay que volver con la seguridad de que no pondremos en riesgo nuestra salud ni la de nuestros familiares. Es seguro que cumplir ambos requisitos va a exigir un esfuerzo arduo y penoso pero no se hicieron las crisis para los pobres de espíritu, toca trabajar duro, con seguridad y con alegría.

La república de los abogados y abogadas se va a ver durísimamente golpeada pero, créanme, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el CGPJ para destruir la vida y el futuro de los abogados independientes (sin ayudas financieras, exponiéndoles a riesgos sanitarios sin más protección que la que ellos se busquen, buscando modificar la ley por decreto en beneficio de los bufetes grandes…), a pesar de esos esfuerzos, digo, la República Independiente de los Abogados y las Abogadas va a emerger de esta crisis más poderosa que nunca. Costará dolorosísimas pérdidas pero, si tomamos conciencia de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, no debemos temer al futuro.

Mañana les sigo hablando de esto, he de guardar alguna buena noticia para cuando acabe el consejo de ministros.

Un año de excepcionalidad por delante

Un año de excepcionalidad por delante

El primer gran cribado de datos revela que la tasa de mortalidad del coronavirus se situaría en un 0,37%lo que, trasladado a España y teniendo en cuenta las más de 18.000 muertes sufridas entre sus 46,5 millones de habitantes nos indicaría que aún nos queda un largo camino hasta alcanzar la inmunidad grupal.

No podemos, pues, pensar que antes de un año (como poco) habremos acabado con la excepcional situación en que nos ha colocado la crisis del coronavirus lo que nos debe obligar a todos a prepararnos para un largo período de excepcionalidad y a exigir a nuestras autoridades que dejen de dulcificar el mensaje y se preparen también ellos para un año de resistencia.

Esto es particularmente claro en el ámbito de la administración de justicia donde todos los planes presentados hasta ahora se revelan como irreales. Hay que actuar y hay que actuar ya, con los datos en la mano, con realismo y con decisión.

Un plan de choque ajustado a los riegos que para la administración de justicia presenta la pandemia es obligado.

O no habrá quien nos aplauda

O no habrá quien nos aplauda

Oigo cómo la población aplaude desde sus ventanas esta tarde lluviosa de Cartagena. Agradecen a la comunidad sanitaria su trabajo continuado 24 horas al día por salvar a los enfermos y a nosotros de la amenaza de la pandemia.

No está siendo para ellos un trabajo sin riesgo y, por salvar vidas ajenas, han sufrido los zarpazos del virus. Muchos de esos sanitarios esforzados han visto como la muerte ha sido el premio a su esfuerzo. No se llevarán nada a la tumba, nadie recordará sus nombres pero, hoy, estos aplausos suenan por ellos.

Cuando la crisis sanitaria comience a remitir y la amenaza vital esté mínimamente controlada le llegará el turno de demostrar de qué pasta están hechos a otra comunidad: la jurídica. Jueces, LAJ’s, funcionarios, procuradores, abogados… Habrán de demostrar que, si la comunidad sanitaria ha salvado la vida de los españoles, ellos serán capaces de salvar su futuro.

Pero miro a mi alrededor y siento una sensación tan parecida a la vergüenza que creo que la confundo con ella. Perdónenme si lo digo así pero es exactamente lo que siento y no sé expresarlo de otra manera.

En los próximos tres meses van a inundar los juzgados de lo mercantil y de lo social un tsunami de procedimientos detrás de los cuales se estarán jugando su vida y su futuro muchas familias de España. Parar esa ola, detener ese tsunami, es la obligación de la administración de justicia y eso no lo haremos sin tener que sortear dificultades aparentemente insalvables y sin tener que, lamentablemente, pagar un alto precio.

El futuro de España dentro de dos semanas dependerá del trabajo que sea capaz de llevar a cabo su administración de justicia. Para esa fecha debiera existir una planta y una infraesttuctura suficiente en los juzgados para soportar el embate que recibirán los juzgados de lo social y lo mercantil.

Estamos viviendo una emergencia como nunca antes hemos vivido, quizá no dispongamos del material y los recursos precisos para salvar todo el bosque del incendio pero, en ese caso, habremos de concentrarnos en salvar esa parte del bosque donde viven las personas.

Es probable que no se pueda atender a todos los frentes y tendremos que elegir entre lo malo y lo peor. Y tendremos que hacerlo, con decisión y sin titubeos.

Pero, si siguen apareciendo planes infames e inicuos como el del CGPJ, si no se definen ya las prioridades y se estiman las necesidades y peligros, si no se toman decisiones estratégicas y nos seguimos enredando en gollerías y casuísmos estériles, volveremos a fallarle a los españoles y seremos responsables de el hambre y ma infelicidad de muchos.

Miren a los sanitarios y pregúntense  si, como ellos, están ustedes también dispuestos a trabajar 24 horas e incluso a arriesgar su vida por los demás.

Si su respuesta es sí lo celebraré, nadie nos recordará ni probablemente lo agradecerá, pero es posible que una noche, desde alguna ventana, quizá suene un aplauso por ustedes.

Especialización y concentración: la fórmula del desastre judicial.

España lucha con todos los medios a su alcance, singularmente el esfuerzo de los sanitarios y la ejemplar cooperación de la sociedad, contra la muerte y la enfermedad que trae el coronavirus.

Hemos parado nuestras empresas, nos hemos recluido y, deliberadamente y en un gesto grandioso, hemos compartido con el resto de la humanidad la decisión de proteger a nuestros congéneres más débiles aunque ello nos lleve a una catástrofe económica. Es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad un gesto tan bello.

Pero, tras este esfuerzo, la crisis azotará nuestra economía salvajemente y ¿quién cuidará de nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Quién cuidará que en la escasez se dé a cada uno lo suyo y se atienda a restablecer el equilibrio en relaciones sociales destruidas por la crisis?

Ese trabajo corresponde a la justicia pero, déjenme que se lo adelante ya, si la sanidad ha sido la heroína de esta crisis, tal y como están las cosas a día de hoy, el mal funcionamiento de nuestra administración de justicia puede tener consecuencias casi tan funestas como la propia pandemia.

Esta crisis va a ser mucho más acentuada y mucho más concentrada en el tiempo que la de 2008 y eso significa que los españoles van a demandar soluciones de la justicia española de forma intensa, más intensa y concentrada en el tiempo que nunca desde que se conservan registros. En solo un mes o dos los juzgados de lo social y de lo mercantil sufrirán un embate como nunca antes en su historia y ese embate será terrible por la pésima organización del sistema judicial español, una organización que ha obedecido más a razones de control de los jueces que de servicio al ciudadano y eficiencia.

Con nuestra actual organización es imposible soportar una subida del 100% de procesos mercantiles, necesitaríamos duplicar la planta (crear 68 juzgados más en un mes) para atender a los casi 80.000 asuntos llevados en 2019 más otros 80.000 consecuencia de la crisis. No se van a crear esos juzgados de lo mercantil, simplemente porque no da tiempo y nuestras empresas morirán víctimas de una planta producto de tejemanejes políticos y no de la razón lisa y simple.

Piénsenlo, 160.000 nuevos casos para 68 juzgados. No hace falta ser profeta para entender que si este año entran una media de 2.532 asuntos por juzgado mercantil nadie nos salvará del desastre.

En cambio, esos mismos 160.000 asuntos, turnados a los juzgados de 1ª Instancia (lugar de donde nunca debieron salir), sólo supondrían un incremento de 94 casos por juzgado, cifra perfectamente manejable por nuestros jueces, de forma que los españoles podrían respirar aliviados.

La especialización no es una buena estrategia para enfrentarse a las crisis pues convierte a los organismos especializados en entidades muy frágiles frente a una crisis en su ámbito de especialidad.

Y, si la especialización es mala, la concentración es incluso peor. Colocar todos los huevos en la misma cesta no solo es arriesgado para el dueño de los huevos, es también estúpido si lo que quieres es servir al mayor número posible de personas.

Dos tercios de la población española no vive en capitales de provincia, entiéndanlo panda de locos. Obligar a desplazarse a poblaciones enteras solo por el gustito de tener los juzgados juntos es una de las mayores estupideces que pudieron colemeterse y esa estupidez es ahora mucho más evidente cuando los desplazamientos están restringidos por razones sanitarias.

Seamos serios: tenemos una planta de más de 1700 juzgados de instancia distribuidos por toda España y que siempre han conocido de los procesos mercantiles. ¿Vamos a llevar España a la ruina solo porque un club de políticos togados se empeñe en mantener incluso a costa de la vida y la fortuna de los españoles sus jueguecitos de salón?

Que la competencia para conocer de los concursos debe entregarse de inmediato a los juzgados de 1ª instancia es algo que no ofrece duda y que debiera hacerse en este mismo momento mejor que dentro de un minuto.

No tan fácil es la tarea con los juzgados de lo social, segundo frente de la pinza con que la crisis amenaza a la justicia. En un entorno de movilidad restringida se echa de menos una planta judicial más distribuida en este campo.

Pero podemos resolverlo. Desde luego no podemos seguir poniendo a la población en peligro haciéndo viajar centenares de miles de ciudadanos a sus juicios, mejor que hacer desplazarse a cientos de miles de ciudadanos es hacer desplazarse a los jueces a los lugares de residencia de las partes y celebrar en las salas de vistas que nuestros juzgados de Instancia e Instrucción tienen. No hay dificultad alguna en ello.

Seguramente hemos de recuperar todos cuantos medios podamos para atender a esta jurisdicción, recuperar jueces jubilados, poner a trabajar a los jueces sustitutos, reforzar con funcionarios sacados de otros juzgados…

Si la sanidad española es la responsable de evitar que enfermemos y muramos a la administración de justicia española le corresponde el papel de conseguir que esa vida que nos han salvado no se vaya al garete en medio de una crisis incontrolable.

Hay que liberar tantos cuantos recursos podamos para apoyar estos dos frentes, hay que realizar una lista de procesos prioritarios y no prioritarios y, entre los prioritarios, asignar prioridades a su vez así hasta encajar la crisis en la forma que menos daño haga.

No veo a nadie hacer eso y siento que este país vaya a ir al abismo de la pobreza por culpa de unos cuantos políticos con toga.