Autor: José Muelas

Abogado con despacho abierto en Cartagena (30201-España) en Calle del Carmen 30-1º. Teléfono (+34) 644804955

Abogacía y estado de derecho

Acabo de pedirme un café con una galleta y, mientras lo saboreo, reflexiono sobre cómo los estados modernos, en beneficio de la humanidad, decidieron hace tiempo someter su funcionamiento al imperio de la ley para así proscribir cualquier régimen tiránico o autocrático y que los habitantes de los mismos pudiesen gozar de los derechos que son inherentes a cualquier ser humano.

Este imperio de la ley, consustancial a cualquier estado de derecho, resulta imposible sin la existencia de un poder judicial independiente que, administrando justicia rectamente, adecue a la letra y al sentido de la ley las conductas de todos los miembros del estado, desde la jefatura del mismo a la última de las personas que lo integran.

La justicia, no pudiendo obedecer a otra señora que a la ley, escapa así de las normas del comercio; la justicia se administra pero comprarla o venderla es un delito execrable en cualquier país civilizado. Hacer depender la justicia de la capacidad económica de las personas es algo, pues, que debiera producir repugnancia a cualquier ser humano.

La justicia, o está al alcance de todos o no es justicia, y por eso los verdaderos estados de derecho cuidan de que todos sus ciudadanos puedan acceder a la misma en condiciones equitativas imponiendo en los procesos la presencia y auxilio de profesionales que aseguren que los mismos se desarrollan con justicia.

Tan imprescindible es la presencia de dichos profesionales —abogados— que las constituciones y los tratados internacionales cuidan con celo de imponer su intervención so pena de entender vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

Elemento imprescindible para la recta administración de justicia los estados y las organizaciones internacionales se cuidan, también, de garantizar la presencia e intervención de dichos profesionales incluso cuando la persona afectada carece de medios económicos con que retribuir los servicios de estos profesionales.

Lo hasta aquí dicho, evidente por sí mismo, configura la profesión de abogado no como un negocio o una forma de explotación económica, lo que indica con total claridad que la primera obligación de los abogados en su trabajo es el auxilio a su patrocinado y no es ni puede ser tratar de lucrarse del mismo, sin perjuicio de que haya de recibir una retribución justa.

Con frecuencia las decisiones que un abogado haya de tomar en el proceso afectarán a la cuantía de sus honorarios y —si prefiere cuidar de estos antes que del interés de su cliente— su conducta será tan repugnante como la del más abyecto juez prevaricador.

La abogacía, es preciso decirlo con toda la energía posible, en la mayoría de sus aspectos, es una actividad tan ajena al comercio como la de los jueces, de modo que tratar de imponer las normas del mercado a la prestación de sus servicios es uno de los mayores atentados que pueden hacerse al estado de derecho y al imperio de la ley.

Es cierto que los jueces deben tener un pago digno por su trabajo (y de eso se encarga ahora el estado, aunque no siempre fue así) pero igual de cierto es que los abogados deben recibir una retribución justa por sus servicios (históricamente satisfecha por sus patrocinados). Dejar a las leyes del mercado en exclusiva la fijación de la retribución de los abogados supone no entender el funcionamiento de la administración de justicia y tratar de sujetar la ley vigente a los postulados y conjeturas de la ciencia económica, es empeño que desintegra el completo edificio del estado de derecho al violentar su jerarquía normativa nuclear.

Persuadir a los poderes públicos y fácticos de que el trabajo de la abogacía no puede ser convertido en un mero negocio es una tarea que abogados y abogadas deberíamos asumir como prioritaria si queremos que la Justicia aún sea posible. Las consecuencias lógicas que se derivan de un enfoque correcto de la naturaleza de nuestra profesión son profundas y de calado, pero, esas, tendremos que verlas otro día, he terminado mi café hace rato y la camarera empieza a mirarme con cierto gesto de enfado.

¿Hay muchos abogados en España?

La afirmación de que en España hay demasiados abogados reaparece con extraña regularidad en las noticias; sin embargo, esta especie de serpiente de verano jurídica, ni es una novedad ni, hasta la fecha, la he visto apoyada sobre un estudio serio y que tome en cuenta todos los parámetros necesarios —no siempre económicos— que deberían ser considerados antes de efectuarla.

Sí, la afirmación de que «hay demasiados abogados», es un tópico clásico de la civilización occidental en relación con nuestra profesión que se repite cíclicamente; de hecho creo que, en los más de treinta años que llevo ejerciendo, nunca he dejado de escucharla.

Las quejas sobre el exceso de abogados fueron corrientes ya en la Inglaterra y en los Estados Unidos de 1840, por ejemplo; también en la Alemania de la primera década del siglo XX; en Australia, Canada, los Estados Unidos y Escocia en la década de los ochenta del siglo pasado…, etc.1 No estamos pues ante una afirmación novedosa ni que responda a criterios científicos, pues parece válida para cualquier tiempo y lugar. Esta afirmación, más que con consideraciones económicas o jurídicas, parece tener que ver con ciertos lugares comunes negativos que la sociedad suele tener sobre la profesión de abogado.

La afirmación, además, no suele ser neutra ni imparcial y, cuando se hace, es bueno analizar cuidadosamente las características de su emisor pues puede que la misma, lejos de ser un diagnóstico de una situación real, no sea más que un ardid o engaño para arrimar el ascua a su sardina o, como más elegantemente dicen los abogados, sea un simple argumento «pro domo sua».

Reducir el número de abogados en el mercado es bueno, en primer lugar, para quienes ya están suficientemente establecidos en él: una menor oferta hace subir los precios y por ende los beneficios. ¿Alguien cree que detrás del endurecimiento de los requisitos de acceso a la abogacía no se esconde una porción de ese deseo de reducir la oferta de letrados con la vista puesta en una mayor cuota de mercado para los ya establecidos?.

Reducir la oferta de letrados, en segundo lugar, es bueno para quien desee reducir o recortar los derechos de la ciudadanía. Los abogados facultan a los ciudadanos para defender sus derechos individuales frente al poder (los «empoderan» que diría algún moderno); cuanto más caro o difícil sea acceder a un letrado tanto más complicado será oponerse a un abuso o restricción de derechos2. Toda la batalla que los bancos están dando ahora en relación a las costas sólo tiene un sentido: hacer antieconómico para letrados y clientes reclamar por las cláusulas nulas en los casos de pequeña cuantía de forma que los bancos puedan lucrarse impunemente por sus abusos-masa. Alejar los juzgados de los administrados (juzgados únicos provinciales hipotecarios) tiene el mismo efecto: encarecer para el ciudadano y su letrado el procedimiento y favorecer el enriquecimiento abusivo de los bancos; del mismo modo colapsar deliberadamente esos juzgados prolonga en el tiempo los procedimientos y disuade al consumidor. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan?

Reducir la oferta de letrados favorece, en tercer lugar, el control de la independencia real de los letrados. Si la abogacía, en lugar de estar compuesta por un 85% de letrados independientes, lo estuviera por tan sólo doscientos o trescientos grandes bufetes para quienes trabajasen el 85% de los abogados, tengan por seguro que procedimientos como el de las cláusulas suelo serían muchísimo más difíciles pues, en la generalidad de los casos, estos despachos tendrían como cliente principal a alguna gran corporación o banco que dificultaría que el despacho trabajase con la deseable independencia en contra de sus intereses.

En realidad el número deseable de abogados tan sólo está en relación con un indicador: el número de injusticias que se cometen en un país. El trabajo de los abogados es remediar injusticias y su número será mucho o poco tan sólo en función del número de injusticias que se hayan de remediar.

Para tener una idea aproximada veamos las tasas de litigiosidad en España y pongámoslas en conexión con el número de abogados ejercientes.

Conforme a las estadísticas publicadas por el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) la tasa de litigiosidad (casos ingresados por cada mil habitantes) en la jurisdicción civil es de 47,7 casos. Si tal afirmación es cierta eso supondría aproximadamente un total de mas de dos millones de asuntos civiles anuales ingresados y, si consideramos que todos esos casos fuesen simples casos de juicios verbales en los que tan sólo interviniese un abogado que pudiese cobrar el mínimo imprescindible, resultaría que la facturación estimada de tal mercado estaría en torno a los 1.600 millones de euros y esto en el caso más restrictivo pues ustedes saben que no solo de procedimientos verbales de ínfima cuantía vive el hombre. Si dividimos el mercado civil así considerado (juicio verbal, cuantía ínfima, un solo letrado por caso ingresado) entre los 150.000 letrados teóricos de España a cada uno corresponderían unos ingresos de 10.000€. Parece poco pero es que hemos calculado en las peores condiciones, incluso considerando que en un juicio sólo hay un letrado (lo racional sería duplicar esos diez mil euros).

Ahora bien, si la tasa de litigiosidad civil es de 47.7 casos, la tasa de litigiosidad penal es de ¡67,5!, punto este en el que les dejo a ustedes calcular el tamaño mínimo del mercado en euros. En lo Contencioso la tasa es de 4,5 y en Social de 8,7.

¿Sobran abogados? Pues… a juzgar por las cifras crudas, en un primer vistazo (y a salvo de un estudio riguroso e independiente) parece que no, aunque, claro, nunca hay mercado que soporte una intervención insidiosa. Veámoslo.

Una forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados es proclamar un amplio derecho a la justicia gratuita que alcance a grandes capas de la población y luego pagar esos servicios a 2€/hora, por ejemplo. Si se hace esto se está operando sobre el mercado forzando una bajada artificial de los precios de los servicios sin que la CNMC parezca tener nada que decir al respecto en este caso. Pagar con justicia a los abogados de oficio no es sólo una exigencia de los abogados de oficio sino una demanda irrenunciable de la abogacía independiente si quiere poder sobrevivir.

Otra forma eficaz de reducir el número de abogados es acaparar la demanda a través de campañas publicitarias que no están al alcance del abogado tradicional y presionar los precios aparentemente a la baja (a la hora de litigar se cobra a precio de criterios orientadores).

Otra forma eficaz de rebajar la retribución de los abogados y contraer el mercado es alejar las sedes judiciales del lugar donde viven los ciudadanos. Tal alejamiento encarece los servicios para los ciudadanos pues los letrados, necesariamente, habrán de minutar los gastos de desplazamiento mientras, bancos y empresas grandes, verán cómo sus gastos se reducen al litigar en el foro donde suelen tener sus despachos: la capital de provincia. Esta maniobra de concentración de juzgados es quizá una de las más siniestras estrategias de los diversos gobiernos para cercenar los derechos de los consumidores, para favorecer a las grandes empresas en detrimento de los ciudadanos y para atentar contra la independencia judicial, pero todo eso para dos o tres posts. Simplemente permítanme dejar aquí anotado este efecto pernicioso para el mercado de servicios jurídicos.

La política de costas es otra forma eficaz a través de la cual el poder restringe el acceso a la justicia. Siempre favoreciendo a bancos y grandes empresas (las costas en los procesos ejecutivos o hipotecarios se embargan desde el primer día) los poderes públicos se han protegido en la jurisdicción contenciosa con un estricto sistema de costas mientras los bancos —y de forma siniestra la propia abogacía— buscan cómo modificar las costas en la jurisdicción ordinaria en su beneficio y en perjuicio de los consumidores.

Así pues ¿sobran abogados?. No deberían sobrar pero, si no tomamos en nuestras manos las riendas de la situación y corregimos los abusos que desde el poder se están llevando a cabo contra la abogacía, pronto sí que sobrarán y sobrarán muchos. Las artificiales condiciones del mercado hacen que, en tanto que hay un importante incremento en la demanda de servicios jurídicos, el precio de los mismos caiga fortísimamente, una paradoja que convendría estudiar seriamente.

Por el momento baste señalar que la afirmación de que «hay muchos abogados» debe ser tomada a beneficio de inventario pues no se apoya en ningún estudio serio, debe señalarse también que el estado interviene en los precios a través de su política de justicia gratuita, de planta judicial, de costas judiciales, de forma que sienta las bases para hacerle un ERE de dimensiones inauditas a la abogacía independiente en favor de la abogacía negocio.

Mientras la abogacía independiente está en peligro de muerte el Consejo General de la Abogacía Española se reúne de urgencia elndía 7 en pleno monográfico para hablar del control horario en los despachos y de la postura contraria al mismo de los grandes despachos y del propio CGAE. Nada de turno de oficio o de precarización de la profesión, lo urgente es defender los intereses de los grandes despachos.

Yo que tú no dejaría mi futuro en sus manos y me organizaría.

  1. Abel, England and Wales, 37; Gerald W. Gawalt, «Sources of Anti-Lawyer Sentiment in Massachusetts, 1740–1840,» in Essays in Nineteenth-Century American Legal History, ed. Wythe Holt, 624–648 (Westport, CT: Greenwood Press, 1976), 624–625; Blankenburg, 127; Weisbrot, 246; Arthurs, 128; Marc Galanter, «Predators and Parasites: Lawyer-Bashing and Civil Justice, » 28 Ga. L. Rev. 633, 644–648 (1994); Stephen D. Easton, «Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,» Wall Street Journal, 27 November 1984; Gerry Spence, With Justice For None: Destroying An American Myth (New York: Times Books, 1989), 27–40; Paterson, 76; todos ellos citados en wikipedia, bajo la voz «Lawyer». ↩︎
  2. Stephen D. Easton, «Fewer Lawyers? Try Getting Your Day in Court,» Wall Street Journal, 27 November 1984. Este artículo refuta la queja generalizada de que hay demasiados abogados en los Estados Unidos, señalando que, en aquellos países donde hay menos abogados, como Japón, a los demandantes les resulta virtualmente imposible llevar adelante con éxito sus reclamaciones simplemente porque el número de letrados es insuficiente. El artículo señala que incluso los casos de muerte por negligencia con pruebas claras de culpa pueden prolongarse durante décadas en Japón (¿les suena?). Por lo tanto —concluye el autor— cualquier reducción en el número de abogados resultaría en una reducción de la aplicación de los derechos individuales. ↩︎

Unidades didácticas

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la instintiva sensación de que pretenden engañarme. ¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que me explique. Cuando yo era niño, además de la asignatura de «Unidades Didácticas» que da nombre a este post, formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del espíritu nacional». A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaban particularmente curiosas aquellas organizaciones que el régimen llamaba «sindicatos».

Los sindicatos del franquismo a mí me resultaban particularmente sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iba a reclamar un sindicato de esos un aumento de sueldo para los trabajadores, pero lo cierto es que así era, aunque es verdad que ya funcionaban en la semiclandestinidad e incluso a veces incrustadas en el propio sindicato vertical (así llamaba el franquismo a este tipo de sindicatos) las Comisiones Obreras; el sindicato que hoy conocemos.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores y sí solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Esa reunión de trabajadores tenía unos efectos jurídicos parecidos a los de algún reciente «congreso» de la abogacía. Perdónenme, son recuerdos y me desvío del tema.

Aquella democracia «orgánica» y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hoy leo en la prensa que el Consejo General de la Abogacía se va a reunir de urgencia para estudiar la ley que obliga a controlar el horario en la jornada laboral de los trabajadoresy, como por arte de magia, la idea y el recuerdo de los sindicatos verticales me ha vuelto a la memoria, pues ¿por qué tendría que opinar nada CGAE en ese punto?

La ley de control horario se ha establecido para que no se explote a los trabajadores haciéndoles prestar interminables jornadas llenas de horas extra; medida esta que, a priori, favorecería a los más de 7.000 abogados que trabajan para los poco más de 250 grandes despachos que hay en España.

Dado que esos 7.000 abogados pagan sus cuotas religiosamente en sus colegios y en la misma cantidad que los accionistas de los 250 despachos ¿con quién o contra quién debiera posicionarse CGAE?

CGAE ya ha dejado ver en el simulacro de congreso de Valladolid que se opone a la ley y apuesta por los empleadores y, si lo hace así, ¿quién defenderá entonces a los empleados, tan abogados colegiados como sus jefes y aun mayoritarios numéricamente?.

CGAE parece que no se harta de pretender ser el bebé en el bautizo y el muerto en el entierro, ha decidido ahora ejercer de sindicato vertical y no les extrañe que, si alguien protesta por su decisión, le acusen, en el más rancio estilo verticalista, de tratar de romper la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es lo que hacía el viejo sindicato vertical; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si esta, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Por eso, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle: ¿Unidad en torno a qué? Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Las demandas de estos abogados trabajadores son perfectamente
canalizables a través de los sindicatos (¿para cuando sindicatos de abogados como en Francia?) y las demandas de sus empleadores tienen su cauce en las asociaciones patronales pertinentes. ¿Qué pinta CGAE en este entuerto? ¿Pretende ejercer de sindicato vertical? ¿Por qué se
posicionó ya en Valladolid, sin pleno ni nada, a favor de los 250 y en contra de los 7.000?

Miren, los colegios nacieron con unas funciones de control deontológico y prestación del turno de oficio muy meritorias. Son esas dos funciones su razón de ser y no esta cabalgata de ferias, fiestas, saraos, contratos, convenios, viajes y dietas que vivimos con continuidad. Los colegios ni la organización colegial fueron creados para eso sino para cumplir sus funciones estatutarias. La unidad es perfectamente mantenible en tanto en cuanto la organización colegial cumpla sus obligaciones estatutarias, en el resto pedir unidad puede incluso ser una traición a los propios principios. Los despachos/negocio o los empresarios tienen una visión diametralmente opuesta a la de de los despachos independientes o los abogados asalariados ¿de qué unidad estamos hablando aquí?.

Puede haber unidad, sin duda, en cuanto a la prestación de la función deontológica o de organización del turno de oficio de los colegios; pero ni puede haberla, ni es bueno que la haya, ni la va a haber entre el criterio de los 7.000 abogados trabajadores y sus 250 bufetes empleadores. Unidad si pero coartadas no: las unidades se forjan en torno a las ideas, no a las personas, y hasta ahora muy pocas ideas he visto en CGAE que merezcan adhesión y sí muchos —demasiados— hechos censurables. Si CGAE se gasta un millón de euros en un Congreso que no cumple con lo ordenado por el propio Estatuto General de la Abogacía, que no pida unidad, porque pedir unidad ahí es
pretender complicidad. Si CGAE ovaciona ministros que no pagan el
turno de oficio, que no pida unidad porque, al menos yo, no voy a aplaudir ni festejar a quien maltrata a mis compañeros. Por eso, tengan cuidado cuando alguien les pida «unidad» porque, muy
probablemente, tras engañarle lo que le está pidiendo es que se calle.

La unidad, que puede ser un valor, en manos de la mafia es omertá y en manos de algunos dirigentes es coartada; por tanto, cuidado con ella y cuando le pidan unidad pregunte usted: ¿en torno a qué?.

Creo que ningún llamamiento a la unidad me enseñó tanto como aquellos llamamientos a la «unidad» que se hacían desde los sindicatos verticales por aquellos ministros. Llamar a la unidad cada vez que alguien reivindicaba algo era una ilustración perfecta de esto que les cuento, tanto que creo que justamente tañes llamadas a la unidad fueron «las auténticas unidades didácticas» del régimen.

  1. Según el barómetro interno de la
    abogacía de 2015    , los llamados «grandes despachos» emplean a unos
    7.000 abogados y sólo una decena supera los 250 letrados en plantilla.
    En España hay actualmente casi 150.000 abogados y, además, otros
    100.000 colegiados no ejercientes. Esta es una profesión muy plural,
    pero en la mayoría de los casos, el 71 por ciento, estamos hablando de
    despachos unipersonales o, como mucho, compartidos con otros
    compañeros. ↩︎

Lo siento compañero pero esta vez vas a tener que pelear

Lo siento compañero, lo siento compañera, pero esta vez vas a tener que pelear. No es que quiera asustarte pero van a por ti: en la hoja de ruta de los bufetes negocio está quedarse con la cuota de mercado que ahora ocupa la abogacía que tú y yo conocemos y para ello no dudan en usar de todos los medios a su alcance incluyendo refinadas estrategias que pueden pasarte desapercibidas hasta que son realidades irreversibles.

Para que los menos puedan vencer a los más no existe más camino que, o mantenerlos dormidos, o engañarlos o ambas cosas a la vez. Juzga tú en qué estado se encuentra la abogacía que conoces y dime si de esta forma podremos resistir.

Para poder ordenar un plan de batalla es importante fijar lo que queremos y —si queremos que la gente participe— no queda otra que fomentar la participación. Y no porque quede bonito y democrático sino por convicción: cuando las personas saben lo que quieren, aunque sea de forma sencilla, cooperan para obtenerlo. Nada hay más poderoso que una idea.

Las herramientas para llevarlo a cabo (la táctica) las sabemos, hemos demostrado que somos capaces de llevarlas a cabo y aún podemos descubrir otras. Tenemos la acción en redes (parece poco pero genera importantes bolsas de opinión), tenemos los contactos políticos; si tenemos acuerdos asociativos podemos llegar a cualquier administración que deseemos y tenemos que objetivar la pelea de muchos:

—Tenemos que detener la precarización de la abogacía y su rápida degradación hacia servicios «low-cost», un designio de fondos de inversión, bancos y bufetes-negocio para hacerse con todo el mercado que ahora defiende una abogacía digna.

—Tenemos que convertir en paralización de los plazos procesales (no mera suspensión de juicios) las maternidades y las agonías. No queremos ver a más compañeros con cáncer y quimio yendo al juzgado poco antes de morir a sacar plazos pendientes.

—Tenemos que hacer odiosa la equiparación abogado-negocio. Un abogado nunca tiene como primer objetivo ganar dinero sino defender el derecho de su cliente, aunque luego, obviamente, tenga derecho a vivir dignamente o incluso muy bien si se lo gana. Por eso hay que acabar con esa idea de la CNMC y de los grandes despachos de que esto no es más que un problema económico de liberalización y bajar precios. Nadie permitiría que le operasen de apendicitis a 200€ y, sin embargo, parece muy normal que se anuncien divorcios a 200€. El estado tiene derecho a exigir diligencia y cualificación a los abogados pero no puede pretender que se defiendan divorcios o asesinatos a 200€ porque, simplemente, eso no es posible. Se ha de revisar la actitud de la CNMC hacia nosotros y eso empieza por recordar que esta profesión (como la de médico por ejemplo que sí fue exceptuada de la omnibus) no es primero que nada un negocio. Si no reivindicamos nosotros la ética nadie lo hará.

—Tenemos que convencer a los políticos y a la población de que es más barato acercar un juez y 10 funcionarios a un partido judicial de 20.000 personas que obligar a esas 20.000 personas a acercarse al juzgado. (Y es solo un ejemplo, no toméis el número literalmente). La eficacia y el buen servicio a la sociedad se logran con una planta en red distribuida y eso favorece a quienes se distribuyen así: las personas. Concentrar los juzgados en pocos sitios favorece a aquellos que viven en esas cpncentraciones: las personas jurídicas y los grandes despachos que tienen su sede en ellas. Un gran despacho no va a abrir sucursales en los 433 partidos judiciales de España. Si, por hacerles un favor, concentramos, en lugar de desplazarse sus abogados se desplazará la población y eso sólo será bueno para ellos. Hay que defender la España sin voz, la vacía, y al 85% de los abogados de España que son profesionales pequeños e independientes.

—La independencia del abogado ha de ser sagrada. La sentencia del Caso Aziz solo podía lograrla un abogado humilde como Dionisio: un gran despacho jamás perjudicaría a sus clientes los bancos. La igualdad ante la ley de los españoles pasa por la igualdad de armas de sus abogados y por la inexistencia de circunstancias que mermen la independencia.

—Todo lo dicho sirve para el turno de oficio. Es una tarea ética, sí, pero no se pueden defender asesinatos a 250€ y no se puede tolerar que en cada lugar de España un abogado parezca valer más que otro.

El poder no es monolítico: en cada una de estas acciones tenemos partidos y administraciones dispuestas a ayudarnos aunque cada vez sea uno distinto.

Has de tomar conciencia en cuanto a la defensa de la independencia de los abogados que ahora somos el 85% pero cada vez seremos menos y aumentará la precarización. Por eso tengo malas noticias para ti: o damos ahora la batalla o cada vez seremos menos y será más difícil.

En el turno de oficio siempre ayudan los partidos de la oposición; en un país sin mayoría podemos liarla parda, ya lo hemos hecho antes.

Sabemos cómo fundar un lobbys y aprovecharlos, vamos a por ello, disponemos de voluntarios en toda Europa.

Las ideas mueven a las personas y estas hacen las obras. La catedral de León no se habría levantado si antes no hubiesen existido unas cuantas personas convencidas de que el hijo de un carpintero era dios. Ese convencimiento les hizo cooperar y por eso existe la Pulchra Leonina.

Nosotros necesitamos que muchos letrados asuman una forma de ser abogado contra la que están luchando los lobbies de las empresas, de los grandes despachos, algunos órganos del estado y hasta el propio CGAE.

Si no defendemos esta forma de ejercer la profesión nuestros convencinos perderán toda esperanza de justicia y yo, al menos, una razón para vivir.

Por eso te traigo malas noticias: vas a tener que levantarte y pelear. Así pues, mantente alerta, pronto habrá llamada y tropa.

PD. Puedes no hacer nada o puedes hacer algo, pero, si decides hacer algo, te esperamos el 29 de noviembre en Córdoba.

Caridad

Vivo en una ciudad que esconde historias en cada rincón, muchas te pasan desapercibidas años hasta que, una noche, caes en la cuenta o alguien te saca de tu ignorancia.

Fue al principio de la guerra civil que se produjo el asalto de iglesias y la quema de imágenes. Muchas imágenes se perdieron —casi todas las de Salzillo— y, las que se salvaron, casi todas encierran una interesante historia. Una de las historias más curiosas y más llena de mitos fue la de cómo se salvó la imagen de la patrona de la ciudad: La Virgen de la Caridad.

La versión más difundida de los hechos cuenta que una madame de burdel (Caridad «La Negra») y sus muchachas se opusieron al asalto armadas con cuchillos y tijeras y que, con la ayuda posterior de algunas autoridades, hicieron desistir a los asaltantes. La historia es parcialmente cierta pues parece que Caridad La Negra nunca estuvo allí.

La iglesia de La Patrona colindaba con el barrio tolerante de la ciudad en 1936 y es verdad que, cuando la iglesia fue asaltada, un grupo de prostitutas se encerró en el templo dispuestas a hacer resistencia. Lo que normalmente no se cuenta es que por allí apareció un concejal socialista que, al frente de las mujeres, hizo retroceder a los asaltantes. Una escena se repite en casi todas las versiones de la historia: los asaltantes se acercan hasta los escalones de acceso al altar donde están el concejal socialista y las mujeres y se oye una frase desde el grupo defensor: «si vais a subir esos escalones más vale que lo hagáis con las pistolas empuñadas». Los asaltantes, fuese por la razón que fuese, no se atrevieron a subir los escalones y la imagen de la patrona se salvó.

Tres años después Cartagena era la última ciudad en capitular frente al ejército de Franco y el concejal socialista de nuestra historia aún estaba en la ciudad. Todos sabían que era «rojo» y se daba por seguro que sería represaliado, pero la historia ocurrida tres años antes disuadió a los ocupantes de hacerlo. Este concejal se dedicaba a las artes gráficas y tenía una imprenta —hoy cerrada— en la Glorieta de San Francisco en la que trabajó durante toda la dictadura.

La otra noche pasé por las ruinas de lo que fue su imprenta y alguien me señaló el nombre de la misma. Y me dejó pensando un buen rato.

Inteligencia Artificial y estupidez humana

La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Cuando se habla de la Inteligencia Artificial y sus peligros, el cine y la televisión suelen mostrarnos máquinas o robots de aspecto humano que, de pronto, adquieren sentimientos y se rebelan contra su creador o se enamoran de él, dependiendo de la mayor o menor imaginación del guionista. Este recurso cinematográfico confunde inteligencia con conciencia, pero no dejes que la realidad te estropee un buen guión.

Puede ser que en algún momento del futuro las máquinas adquieran conciencia pero para eso falta mucho y antes hay un período verdaderamente peligroso que es al que nos enfrentamos y del que no estoy seguro si la sociedad ni los abogados tienen conciencia plena.

Voy a repetir el primer párrafo de este post: La Inteligencia Artificial es un arma poderosa y, como toda arma poderosa, es cara de adquirir, por lo que su control está reservado a élites reducidas.

Lo peligroso de la Inteligencia Artificial no es que se rebele contra su dueño sino justamente lo contrario, que le obedecerá ciegamente y dotará a su propietario, una minoría poderosa, de un poder como nunca se ha visto en la historia del género humano. Si quieren un símil esto es como cuando en el siglo XIX unos cientos de ingleses se apoderaban de extensiones enormes de África usando sus ametralladoras Maxim contra miles de aborígenes armados con lanza.

La Inteligencia Artificial ha venido aquí para quedarse y no se trata de limitar su crecimiento, se trata de precavernos del mal uso que los pocos que controlen esta tecnología pueden hacer de ella.

A ver cómo se lo explico, una impresora inteligente no se va a rebelar contra su dueño o se va a enamorar del escáner; lo que sí puede hacer esa impresora inteligente es ajustar el consumo de tinta, aprender sus errores más comunes a la hora de introducir el papel, predecir si usted quiere imprimir en formato recto, apaisado, por las dos caras… Pero también comunicar a su fabricante cuanto trabajo imprime usted al mes, si usted se dedica al derecho civil o al penal, si usted se demora en el cambio del tóner y si hay indicios de que usted pasa por apuros económicos… Y esto no es nada pero el Internet de las Cosas, el Big Data y la Inteligencia Artificial simplemente dotarán a quienes los posean de un poder asombroso y, convénzase, aunque le hablen a usted de transformarse o le lleven a bailar con un robot, ni usted ni yo vamos a ser quienes controlen esas tecnologías en su versión más avanzada.

Quien, por ejemplo, controla tecnologías es el Banco de Santander (por cierto, le vi como espónsor de la Feria esa de la Abogacía de Valladolid) quienes no las controlan son esos tres mil quinientos empleados afectados por el ERE que acaba de presentar.

La Europa Medieval fue un fenómeno de acumulación de tierras (el principal activo) en manos de unas pocas familias; la revolución industrial fue un fenómeno de acumulación de capitales en manos de una minoría (los capitalistas) y la revolución tecnológica es un proceso de acumulación de tecnologías y de información en manos de una élite. Tanto la Europa Feudal, como la Europa Industrial sufrieron fuertes crisis y revoluciones que trataron de redistribuir la riqueza; tengamos cuidado porque en la Revolución Tecnológica todo va mucho más rápido.

Muchos científicos y personalidades relevantes del mundo de la Revolución Tecnológica contemplan como seguro un mundo donde habrá un importante excedente de mano de obra y, recurrentemente, aluden a una Renta Básica Universal (Zuckerberg) que permita sobrevivir a todos. En ese futuro de Zuckerberg y otros todos sobreviviremos pero seremos simplemente irrelevantes y todo el pastel se lo comerán unas pocas compañías y, en nuestro sector, unos pocos bufetes/negocio multinacionales.

No, créanme, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es la estupidez humana. Vamos hacia una nueva sociedad donde el riesgo de control de los muchos por unos pocos es de una dimensión nunca vista. Ese riesgo puede ser conjurado ahora, no limitando los avances en Inteligencia Artificial sino democratizándola.

El Consejo General de la Abogacía Española acaba de aprobar a espaldas de los abogados españoles un código deontológico que, en lugar de adelantarse a las tensiones del sector, nace viejo y caduco. Es con estas herramientas con las que se puede prever y regular el futuro pero, para eso, al menos hay que tratar de prever el futuro.

Nadie está en posesión de la verdad (dicen que dios es demócrata y repartió estupidez e inteligencia a partes más o menos iguales) por eso lo mejor es escuchar al mayor número posible de voces (un informático diría que las sociedades procesan datos como organismo) pero, la pequeña élite que controla nuestro Consejo General de la Abogacía Española, ni admite consejos, ni lo hace de forma general si lo hace, ni mucho menos los admite de la abogacía española a la que impide participar en la redacción de los textos que la afectan. De forma que en muy poco tiempo esa pequeña élite ha logrado que este CGAE ni sea Consejo, ni sea General, ni sea de la Abogacía Española.

Este tipo de corporaciones que funcionan así, de espaldas sus miembros, son justo lo menos indicado para afrontar el futuro. No creo que podamos esperar mucho de ellos, así más vale que te organices y tomes tu futuro en tus manos. Con inteligencia humana.

Una de las nuestras

Ana tiene cáncer. Cada uno de nosotros enfrenta este tipo de enfermedades de una forma diferente; Ana ha elegido enfrentarla positivamente y sin ocultar su enfermedad, de paso ha tratado de que su colegio entienda que los abogados que ejercemos libremente la profesión en despachos tradicionales —un 85% de la profesión— necesitamos ayuda en este tipo de situaciones.

Ana ha sido parte de #R casi desde el primer día, así pues no puedo —no quiero— ser imparcial, porque Ana es una de las nuestras. Sí: una de las nuestras.

Ana le ha pedido a su colegio que la exima del pago de cuotas durante la enfermedad y su colegio le ha dicho que no (sin una modificación de estatutos no podría decirle que sí). Pero ese «no» que ha recibido Ana no es el único que, desgraciadamente, escucha Ana ni los abogados enfermos. Cuando llevas treinta y tantos años en esto has visto a muchos compañeros, con la muerte pintada en la cara, arrastrarse hasta su despacho para cumplimentar plazos porque las leyes (sin una modificación como en el caso del colegio) no permiten a los abogados ni siquiera agonizar sin la angustia de los plazos. Has visto a demasiadas madres abogadas tratando de cumplimentar plazos poco antes y poco después de dar a luz porque las enfermedades o las maternidades de abogados y abogadas no existen para el legislador; te suspenderán las vistas —como mucho— pero no detendrán los plazos y así, mientras agonizas o das a luz, gastarás tu tiempo tratando de buscar un compañero al que explicarle el caso y pedirle por favor que te sustituya. La vida de un abogado, la vida de una abogada, no puede depender de ayudas de beneficencia que hay que pedir al colegio —y que son desgradecer— o de la tolerancia de un juez bieninencionado, un abogado solo debe tener derecho a enfermar y morir sin tener que pedir favores.

Ana es madre y abogada, sabe lo que es resistir y se va a curar por completo. Ana, además, va a seguir ejerciendo su profesión.

Ana, ahora, incluso enferma, trata de echar una mano a la causa y trata de poner de manifiesto la miserable situación en que leyes inicuas colocan a los abogados. Ana te aseguro que no hace falta, ahora tu primer trabajo es curarte: rompe filas y a cuidarte porque en unos meses te queremos con nosotros, contando en nuestro primer congreso todo esto, para que lo sepa la sociedad, para vergüenza de todos aquellos que no hacen nada por cambiarlo.

Compi, me has mandado un mensaje, me has escrito

y siento rabia e impotencia porque no hemos sido capaces en este año de cambiar la situación en que los abogados como tú afrontáis el drama de la enfermedad, pero te prometo que tú vas a ver que esto lo vamos a cambiar y que se lo vas a contar al mundo, a tus compañeros y a tu colegio y que tu esfuerzo habrá servido para todos.

Y ahora descansa y cúrate, ese es el mejor servicio que puedes prestarnos.

Te queremos, Ana.

La belleza como atenuante

Cuando percibimos una característica positiva en un individuo tendemos a hacer extensivo nuestro juicio positivo a otras cualidades que nada tienen que ver con la primera. Este sesgo lo descubrió un científico norteamericano, Edward Lee Thorndike, y lo confirmó experimentando cómo valoraban los oficiales del ejército a sus soldados. Thorndike se percató de que, cuando la opinión que el oficial tenía del soldado era globalmente positiva también tendía a valorar positivamente el resto de facetas de su personalidad. A este sesgo se le llamó «Efecto Halo» y es especialmente interesante cuando es referido a la belleza.

Experimentos científicos han demostrado que cuando percibimos como bella a una persona tendemos a juzgar positivamente el resto de facetas de su personalidad; por ejemplo, en un famoso experimento se mostró a los participantes un manuscrito pésimamente redactado y lleno de faltas de ortografía y luego se mostraba la fotografía de la supuesta autora del texto. En el experimento se mostraban tres fotografías: la de una persona bella, la de una más bien normal y la de otra decididamente poco agraciada y se pedía acto seguido a los participantes en el experimento que calificasen la calidad del escrito. Los/las participantes en el experimento juzgaron benévolamente los textos supuestamente escritos por personas bellas (en torno al 5), algo más severamente al de las personas normales (en torno al 4) y decididamente mal al de las personas poco agraciadas (un 2).

En lo que a los abogados afecta es interesante contar que se han hecho experimentos científicos para estudiar la influencia de la belleza en los veredictos judiciales.

En 1974 Efran, (Efran, M. G. (1974), «The Effect of Physical Appearance on the Judgment of Guilt, Interpersonal Attraction, and Severity of Recommended Punishment in Simulated Jury Task», Journal of Research in Personality, 8: 45–54, doi:10.1016/0092-6566(74)90044-0.) llevó a cabo un interesante experimento —al que siguieron muchos otros— en el que constató que, estadísticamente, los autores/as de delitos recibían condenas menos severas si su apariencia era atractiva. Incluso, en experimentos llevados a cabo con trabajadores sociales, se observó que estos atribuían mayores posibilidades de reinserción a las personas con mejor apariencia.

Sin embargo no siempre la belleza es tratada positivamente, hay un delito en que se la juzga peyorativamente: la estafa. Si el juzgador o jurado percibe que en el engaño pudo influir la belleza, entonces mejor es parecer un sujeto feo al juez.

Así pues, ahora que la inteligencia artificial hace pronósticos sobre los resultados de los procesos judiciales aquí tiene un dato más a considerar: la belleza. También las corporaciones, porque una persona física no puede cambiar su aspecto, pero una persona jurídica puede incluso adecuar sus representantes legales a los gustos del jurado o juez (cuando de dinero se trata los bancos son capaces de todo) y, quizá, gracias a estos estudios esté justificado eso que usted dice a sus clientes cuando los citan para juicio y él acude a su despacho con pantalón corto, chanclas y camiseta de tirantas: «oye, Fulano, al juicio vete algo más arreglaíco».

Si quieres ser abogado déjalo ahora: no tienes ninguna oportunidad.

Por lo que veo no he logrado convencerte, joven amigo, y sigues empeñado en ser abogado. Te ha gustado todo eso que te conté ayer de la ética y de que ser abogado era una forma de vida; veo que tienes buena pasta, pero no te engañes: no vas a ser un abogado de esos de que te he hablado porque, simplemente, no tienes la más mínima oportunidad.

Hoy, en España, el 85% de los abogados forman parte de esa república de que te he hablé ayer pero ese tiempo ha llegado a su fin.

Ha llegado a su fin porque a los gobiernos no les importa tanto la justicia como desregular la profesión, de forma que se establezca una guerra de precios que no permita la supervivencia de este tipo de despachos más que de forma residual. Supongo que ya habrás visto publicidad de divorcios a 150€ (¿tú crees que se puede asesorar y dirigir debidamente un proceso de esta especie por 150€?) y habrás visto también aplicaciones en las que se subastan procedimientos al abogado que ofrezca llevarlos más barato. ¿Crees que a los gobiernos les preocupa si se pueden llevar o no dignamente asesinatos o ejecuciones hipotecarias a 300€? ¿Crees que les preocupa que ejecutante y ejecutado dispongan de una dirección letrada de calidad pareja? ¿Crees que esto es visto con malos ojos por los gobiernos o los dirigentes del Consejo General de la Abogacía Española?

Te daré un dato: en el último «congreso» (nota las comillas joven amigo) el CGAE, en lugar de tratar de buscar una regulación adecuada para estas aplicaciones, ha convocado un hackaton afortunadamente con escaso éxito de participación. Como ves no puedes esperar mucho, ni del gobierno ni de tus representantes, que, no lo olvides, no sólo representan esa forma que amas del ejercicio profesional, representan también a los grandes despachos y a la abogacía-negocio.

No me entiendas mal: la libre competencia es buena, más que buena imprescindible. La libre concurrencia abarata —sin duda— los servicios de los abogados, pero, si estamos de acuerdo en que el dinero no es el primer objetivo de nuestra profesión sino la defensa de los derechos de los ciudadanos, el gobierno y nuestros representantes deberían establecer unas justas reglas del juego, priorizando la justicia frente al precio y adoptando algunas —mínimas— medidas complementarias, salvo —claro está— que quieran beneficiar a un tipo muy concreto de despachos (los despachos-negocio), despachos estos expertos, por cierto, en las tareas de lobby y en subvencionar congresos y saraos a los que siempre son invitados, adivina quiénes, joven amigo.

No creo que nadie entendiese que una clínica privada pudiera ofertar apendicectomías a 150€ o que, en el mercado del medicamento, no hubiese más criterio de regulación que el del negocio y el precio. Los abogados no curamos a nadie de una afección cardíaca pero por nuestras manos pasan la libertad de las personas o el futuro de muchos menores, por ejemplo; quizá no nos juguemos la muerte de nuestros clientes pero sí que nos jugamos su vida.

El gobierno y nuestros representantes no están por ti ni por mí, joven amigo, no están por la defensa de la profesión de que te hablé ayer y, por eso, el avance de una profesión mercantilizada se produce en los últimos años a pasos agigantados. Los procedimientos que afectan a multitud de afectados son un caramelo demasiado dulce para que los fondos de inversión y los bufetes-negocio extranjeros no se hayan fijado en ellos. No te estoy hablando de ciencia-ficción, amigo, te estoy hablando de algo que vamos a ver en los próximos meses o años.

A día de hoy, joven amigo, nadie cuida de esa profesión de la que aspiras a ser parte, déjame que te dé unos datos:

-Si eres abogada y vas a ser madre o si, simplemente, tienes una grave enfermedad, nadie detendrá siquiera mínimamente los plazos procesales: tu enfermedad te deparará, además de sufrimiento, la pérdida de clientes y deudas en forma de responsabilidad civil. Las
peticiones a todos los partidos han sido hechas y tus representantes no han pedido nada distinto de lo que ya existe en la ley.

-Tu trabajo como abogado de oficio para los más pobres, declarado obligatorio por el gobierno en connivencia con tus representantes, se paga a precios de esclavitud. El gobierno valora tu hora de trabajo apenas a dos euros, exige tu trabajo, y lo paga mal… cuando lo paga. Sin duda has visto en las redes manifestaciones de abogados en protesta por el turno de oficio. Habrás visto que colegios de aquí y de allá han organizado protestas y te habrás preguntado: si todos protestan, unos un día y otros otro, ¿por qué los representantes nacionales no convocan un único día de protesta o convocan huelga? Buena pregunta joven amigo, si encuentras una respuesta lógica dímela, yo aún no encuentro explicación salvo la connivencia cómplice o el Principio de Hanlon.

-Habrás visto que, cuando los abogados y abogadas claman por planificar políticas comunes frente a los impagos del turno de oficio, la falta de conciliación, la precarización de la profesión, la explotación de jóvenes abogados por los grandes despachos… los que dicen ser tus representantes organizan un «congreso» en Valladolid en el que hablan de músicas celestiales, tortas y pan pintados. En ese ¿congreso? La única manifestación visible fue la oposición de los grandes despachos y CGAE a las medidas de control de tiempo y exceso de horas extras tomadas por el gobierno. El turno de oficio sólo ha existido porque un puñado de profesionales dignos han llevado su protesta hasta allí.

-Habrás visto también que los abogados de esa clase que tú aspiras a ser no cuentan en absoluto para sus dirigentes: el «congreso», máximo órgano consultivo de la abogacía ha sido convertido, con clara infracción del Estatuto de la Abogacía, en una feria; el código deontológico, una eficaz herramienta para evitar que se acabe con esta forma de entender la profesión, ha sido modificado a espaldas de los abogados, sin periodo de información pública, sin recibir enmiendas más que de los pocos que se sientan en un oscuro sótano en el paseo de Recoletos. Pareciera que esos pocos entiendan que el resto de los abogados no tienen nada que aportar y olvidan así el primer mandamiento de la república de los abogados: que nadie es más que nadie, que en esta república todos somos lo mismo: abogados, desde la presidenta al último colegiado, y que prescindir de cualquiera de los miembros de esta república es desperdiciar la mayor riqueza que esta tiene: sus mujeres y hombres. La participación, tu participación, joven amigo, está en vías de extinción: si se aprueba el nuevo y ominoso estatuto de la abogacía por el que se pugna desde el sótano de Recoletos ya no tendrán ni que saltarse el Estatuto para convocar un Congreso donde nadie pueda hablar, pues ese tipo de Congresos, simplemente, habrá sido eliminado. Eso es lo que puedes esperar de un borrador estatuto redactado en 2013 y que, si entonces ya nació viejo, ahora es un atentado contra la profesión que amas.

No te engañes, pues: no tienes ninguna oportunidad. Aseguradoras, partidos, bancos, lobbys y hasta tus propios representantes (deliberadamente o por efecto de Hanlon) trabajan en la dirección contraria. No vengas pues, no tienes nada que hacer.

El 85% de los abogados de este país carecen de futuro. Son mayoría, sí, pero cada vez serán menos. El año que viene serán el 80% y en dos o tres años no llegarán al 60.

Por eso, joven amigo, si, a pesar de todo, aún persistes en la idea de ser un abogado de esos de los que te hablé ayer, tendrás que pelear por lo que quieres y tendrás que pelear ya, porque hoy somos el 85% y podemos dar la batalla pero cada vez seremos menos y pronto no podremos hacer nada.

Por eso, joven amigo, si quieres ser abogado, no puedes dejar tu futuro en manos de nadie sino tomarlo en las tuyas; por eso, cuando se hable de abogacía, no puedes dejar que nadie hable por ti —porque probablemente no hable en favor de lo que crees y amas— sino que debes ponerte en pie y dejar oír tu voz; por eso debes saber que nadie hará por ti lo que tú no hagas y que el tiempo de hacerlo es ya.

Por eso no mires alrededor y esperes que alguien empiece la acción, vienes a una profesión de héroes y has de acostumbrarte a pelear solo. No temas, tu acción es importante, siempre seremos unos cuantos los que te sigamos y ten fe en que la acción de unos pocos puede cambiar la historia. Y sobre todo no te quejes si el presente es malo, porque lo seguro, joven amigo, es que el mañana es tuyo.

Congreso de Valladolid: una carísima reunión sin sentido.

Digámoslo claro: a lo que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha organizado esta semana en Valladolid se le puede llamar de muchas formas, lo que no se le puede llamar es Congreso de la Abogacía.

El Congreso de la Abogacía se regula en los artículos 76 y 77 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, NO es el que se está celebrando en Valladolid; en Valladolid, si acaso, lo que se está celebrando es una reunión de unos pocos abogados (apenas un 1%) que ha
sido organizada y financiada con la garantía del 99% restante.

El Congreso, para merecer el nombre de tal, debía, al menos y por exigencia legal contar con un reglamento previo:

Artículo 77.

1 El Reglamento del Congreso Nacional, que determinará la forma de
composición del Congreso, será aprobado por el Consejo General y será
remitido a los Colegios con la convocatoria.

2 En la elaboración del Proyecto de Reglamento, el Consejo General
de la Abogacía lo enviará a las Juntas de Gobierno de los Colegios
para que, en plazo de treinta días, formulen sugerencias o enmiendas,
que serán debatidas por el Pleno del Consejo General al aprobar dicho
Reglamento.

Pues bien, tal reglamento NO existe. Trate usted de buscarlo en la web del CGAE o en las comunicaciones que le ha remitido su colegio, trate de verificar si se ha producido el proceso de elaboración del reglamento fijado por el artículo 77.2 del Estatuto de la Abogacía, trate siquiera de encontrar a alguien que le dé razón de él. Comprobará, supongo que con tristeza, que tal reglamento no existe y no existe porque la dirección de CGAE ha decidido dar cumplimiento (cumplo y miento) a las obligaciones establecidas en el Estatuto de la Abogacía en la forma habitual: llamar a las cosas por el nombre que no tienen. Así pues, aunque el Estatuto de la Abogacía obliga a CGAE a organizar un congreso con unos requisitos determinados, CGAE ha
decidido incumplirlo descaradamente y pasarse los preceptos de su propio estatuto por el forro de los vestidos de gala y canapé. CGAE, a la vista está, no quiere una abogacía participativa, la que le gusta
es esta: una reunión de afectos al régimen que aplaudan hasta sangrar. Y que paguen otros.

Recalquémoslo, este congreso-feria (se dice que ronda el millón de euros de presupuesto) no es el regulado en el artículo 76 del Estatuto de la Abogacía, esta reunión de abogados de Valladolid puede ser llamada de muchas formas pero en ningún caso es el Congreso
Nacional de la Abogacía que regula el artículo 76 del Estatuto:

Artículo 76.

1 El Congreso Nacional de la Abogacía Española es su suprema
instancia consultiva y las conclusiones tendrán carácter orientador
para los órganos corporativos de la misma.

2 El Congreso Nacional será convocado por el Consejo General de la
Abogacía, al menos una vez cada cinco años.

Aunque a CGAE no le gusta una abogacía participativa en lo institucional parece que le deleita una abogacía participativa en lo
económico: no hay empacho en cobrar cuotas a todos y con ellas, participen o no, garantizar o financiar la asistencia del 1% adicto en unos casos, engañado en otros o que, en los casos más éticos —gracias
Altodo, gracias compañeros de #R—, acude a protestar.

Incumplir deliberadamente el Estatuto General de la Abogacía silenciando la única instancia de que disponen todos los abogados de España para participar y hacerlo usando del presupuesto de todos, es una acción grave, muy grave, y está pidiendo una respuesta adecuada.

La denuncia en redes no ha merecido respuesta por parte de los responsables de la abogacía institucional hasta ahora, esperemos que, en el futuro, este ominoso silencio voluntario no se le ofrezca a los
ahora silentes como un derecho.

Esta abogacía institucional está muerta, pero su agonía de fiestas, saraos y canapés, amenaza con arrastrar al abismo a esa abogacía que componen el 85% de los abogados de España que no pertenecen a grandes despachos y que, para colmo, han de afianzar las fiestas sin sentido de estos mandarines.

Es, pues, tiempo de organizarse.