Digámoslo claro: a lo que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha organizado esta semana en Valladolid se le puede llamar de muchas formas, lo que no se le puede llamar es Congreso de la Abogacía.

El Congreso de la Abogacía se regula en los artículos 76 y 77 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, NO es el que se está celebrando en Valladolid; en Valladolid, si acaso, lo que se está celebrando es una reunión de unos pocos abogados (apenas un 1%) que ha
sido organizada y financiada con la garantía del 99% restante.

El Congreso, para merecer el nombre de tal, debía, al menos y por exigencia legal contar con un reglamento previo:

Artículo 77.

1 El Reglamento del Congreso Nacional, que determinará la forma de
composición del Congreso, será aprobado por el Consejo General y será
remitido a los Colegios con la convocatoria.

2 En la elaboración del Proyecto de Reglamento, el Consejo General
de la Abogacía lo enviará a las Juntas de Gobierno de los Colegios
para que, en plazo de treinta días, formulen sugerencias o enmiendas,
que serán debatidas por el Pleno del Consejo General al aprobar dicho
Reglamento.

Pues bien, tal reglamento NO existe. Trate usted de buscarlo en la web del CGAE o en las comunicaciones que le ha remitido su colegio, trate de verificar si se ha producido el proceso de elaboración del reglamento fijado por el artículo 77.2 del Estatuto de la Abogacía, trate siquiera de encontrar a alguien que le dé razón de él. Comprobará, supongo que con tristeza, que tal reglamento no existe y no existe porque la dirección de CGAE ha decidido dar cumplimiento (cumplo y miento) a las obligaciones establecidas en el Estatuto de la Abogacía en la forma habitual: llamar a las cosas por el nombre que no tienen. Así pues, aunque el Estatuto de la Abogacía obliga a CGAE a organizar un congreso con unos requisitos determinados, CGAE ha
decidido incumplirlo descaradamente y pasarse los preceptos de su propio estatuto por el forro de los vestidos de gala y canapé. CGAE, a la vista está, no quiere una abogacía participativa, la que le gusta
es esta: una reunión de afectos al régimen que aplaudan hasta sangrar. Y que paguen otros.

Recalquémoslo, este congreso-feria (se dice que ronda el millón de euros de presupuesto) no es el regulado en el artículo 76 del Estatuto de la Abogacía, esta reunión de abogados de Valladolid puede ser llamada de muchas formas pero en ningún caso es el Congreso
Nacional de la Abogacía que regula el artículo 76 del Estatuto:

Artículo 76.

1 El Congreso Nacional de la Abogacía Española es su suprema
instancia consultiva y las conclusiones tendrán carácter orientador
para los órganos corporativos de la misma.

2 El Congreso Nacional será convocado por el Consejo General de la
Abogacía, al menos una vez cada cinco años.

Aunque a CGAE no le gusta una abogacía participativa en lo institucional parece que le deleita una abogacía participativa en lo
económico: no hay empacho en cobrar cuotas a todos y con ellas, participen o no, garantizar o financiar la asistencia del 1% adicto en unos casos, engañado en otros o que, en los casos más éticos —gracias
Altodo, gracias compañeros de #R—, acude a protestar.

Incumplir deliberadamente el Estatuto General de la Abogacía silenciando la única instancia de que disponen todos los abogados de España para participar y hacerlo usando del presupuesto de todos, es una acción grave, muy grave, y está pidiendo una respuesta adecuada.

La denuncia en redes no ha merecido respuesta por parte de los responsables de la abogacía institucional hasta ahora, esperemos que, en el futuro, este ominoso silencio voluntario no se le ofrezca a los
ahora silentes como un derecho.

Esta abogacía institucional está muerta, pero su agonía de fiestas, saraos y canapés, amenaza con arrastrar al abismo a esa abogacía que componen el 85% de los abogados de España que no pertenecen a grandes despachos y que, para colmo, han de afianzar las fiestas sin sentido de estos mandarines.

Es, pues, tiempo de organizarse.