Etiqueta: justicia

Debates de partidarios, diálogos de sordos

Debates de partidarios, diálogos de sordos

Cuando las opiniones que escucho de una persona o grupo de personas coinciden regularmente con las de un partido o facción inmediatamente me pongo en guardia. No hay nada más insensato ni más humano, al mismo tiempo, que estar al lado de los tuyos con razón o sin ella y esa actitud es, a mi juicio, profundamente destructiva.

Normalmente, todos los individuos pertenecen a grupos de diferentes características: la familia, la escuela, la iglesia, la cuadrilla de amigos, un equipo deportivo, un partido político, una etnia, un pueblo o una nación. Cada uno de estos grupos modela los valores, la cultura y la forma de relacionarse de sus integrantes. Al tiempo que pertenecemos (o sentimos pertenecer) a un grupo, modelamos los rasgos que nos diferencian de los demás grupos, ya sean estos rasgos un argot o jerga, una forma de vestir, unas aficiones musicales unas creencias o unos símbolos.

Hay grupos que elegimos (el equipo de fútbol, el partido político…) y hay grupos que no elegimos (la familia) pero, en todos los casos, la inclusión en un grupo es determinante para entender el comportamiento de los seres humanos pues nada es tan valioso para las personas como esa sensación de sentirse parte un grupo. Desde la adolescencia, con sus grupos y pandillas, a la vida adulta, la sensación de pertenencia marca muchos de los comportamientos de los seres humanos.

Y no solo hay grupos de pertenencia que nos ayudan a definir lo que somos («soy del PSOE» o «soy de izquierdas», por ejemplo) sino que también hay grupos de referencia que ayudan a definir lo que no somos («yo no soy de Vox» o «soy antifascista», por poner otro ejemplo).

Los seres humanos buscan la aceptación del grupo y temen caminar solos y, por eso, con mucha frecuencia, a la hora de tomar decisiones miran antes a sus grupos de pertenencia y referencia que a los hechos, a los datos y a lo que les dicta su razón.

Tener criterio propio es el primer paso para una existencia poco cómoda. Quienes te escuchen o te lean, si decides caminar solo, buscarán inmediatamente tu grupo de pertenencia o referencia y creerán hallarlos cuando critiques las acciones de unos o ponderes las de otros. Hay personas que han renunciado de tal modo a creer que alguien pueda tener un criterio propio que necesitan imperiosamente adscribir a todo hablante a un grupo o grupos y da igual lo que se les razone: el hablante será o no será lo que ellos piensen, no lo que él diga.

Es inútil pelear contra eso, hay que acostumbrarse a vivir con ello si alguien quiere darse el lujo de tener criterio propio.

Lo más curioso es que son estas mismas personas quienes, para hacer protestas de objetividad, suelen iniciar sus intervenciones negando la pertenencia a todo grupo. Siempre que oigo a alguien iniciar una intervención con las palabras «Yo no soy racista…» inmediatamente tengo por cierto que, seguidamente, voy a escuchar algún disparate xenófobo; del mismo modo que el criptoderechista o criptoizquierdista suele quitarse la careta iniciando sus intervenciones con un revelador «Yo no soy de izquierdas ni de derechas pero…».

¿Y por qué les cuento yo esto?

Verán, llevo unos días triste por el espectáculo que está dando no sólo nuestro ministro de justicia sino también el conjunto de nuestros representantes políticos e instituciones.

Cuando la administración de justicia se enfrenta a una crisis nunca vista en la historia de España, el ministro de justicia ha dictado un decreto inane que no pone medio alguno para enfrentarla y, sin embargo, a pesar de ello, tal circunstancia en modo alguno se ha tratado en el debate parlamentario celebrado para su aprobación.

Los apoyos políticos, en España, casi nunca tienen nada que ver con el problema que se discute sino con esa pertenencia de que les hablaba a un grupo u otro y la referencia a esos de quienes nos diferenciamos y con quienes no queremos coincidencia alguna. El partido del gobierno apoya el decreto por ser del gobierno, otros lo rechazan por idéntica razón, algunos grupos lo apoyan a la espera de concesiones en otras materias y ninguno, finalmente, parece dispuesto a hacer nada en relación con el fondo de la cuestión.

Y así pasó el decreto el trámite, en medio del juego político habitual de los tuyos y los míos.

Decididamente, con este decreto, los españoles y españolas afectados por la crisis nos iremos al carajo y, lo curioso, es que nadie en el CGPJ o en el Congreso de los Diputados se sonrojará; al fin y al cabo nadie en España espera nada de la justicia.

Ni de los políticos.

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

Lo que la sanidad enseñó a la justicia y la justicia no quiso aprender

En marzo de 2020 la sanidad española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: una epidemia amenazaba con provocar más enfermos graves de los que sus unidades de cuidados intensivos podían tratar.

La amenaza se vivió como un drama, si tal hecho se producía muchas personas podrían perder su vida de forma que, para que eso no sucediera, se tomaron medidas radicales.

La primera de ellas fue pedir a la gente que se quedase en casa, si no se producían más contagios quizá pudiese tratarse a los ya contagiados y, según se fuesen curando, se irían quedando camas libres.

La segunda fue destinar al tratamiento de esta enfermedad a todo el personal sanitario, incluso a los no especialistas. Los anestesistas ayudaron a los anestesistas de pulmón y los médicos generalistas a los especialistas… Todas las manos se pusieron a la tarea.

En tercer lugar se improvisaron nuevas UCI’s que supliesen la falta de camas de las de los hospitales: se construyeron de la noche s la mañana UCI’s en ferias de muestras y morgues en palacios de justicia, si no había sitio en las UCI’s de un lugar se derivaban los pacientes a las UCI’s de otras ciudades pero se asumía que nadie quedaría abandonado a su suerte…

La población se confinó, los profesionales de la sanidad lo dieron todo, el estado construyó UCI’s y buscó respiradores y menos de 60 días después comenzó a verse la luz al final del túnel. La sanidad había dado una lección enorne de cómo se afronta una crisis. Pero…

Desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria se supo que, unas semanas después, llegaría una emergencia jurídica y a la administración de justicia le pasaría exactamente igual que a la sanitaria.

Ya en abril de 2020 la justicia española se enfrentó a un problema como nunca antes se había enfrentado: las consecuencias económicas de la epidemia amenazaban con provocar más asuntos graves de los que sus juzgados podían cuidar.

La amenaza, en cambio, NO se vivió como un drama aunque todos sabían que, si tal hecho se producía, muchas personas podrían perder sus medios de vida y es triste que, para que eso no sucediera, no se tomasen medidas radicales.

En lugar de destinar a la lucha contra esta crisis a todo el personal disponible, incluso a los no especialistas, el CGPJ insistió estúpidamente en los principios de especialización y concentración condenando a la saturación a los juzgados. Los enfrentamientos y debates entre funcionarios, jueces, LAJ’s y profesionales se vieron acrecentados por las medidas sin sentido del gobierno y, en lugar de contar con el esfuerzo de todos, ya para mayo era evidente que todos estaban enfrentados al inexistente plan del gobierno.

Porque el gobierno, a pesar de r consciente de que sus UCI’s (juzgados) no podrían absorber todos los casos que se les venían encima, no solo no construyó nuevas UCI’s de emergencia sino que, a esta falta de IFEMA’s sanitarias, se unió la ridícula oposición a derivar enfermos de unos hospitales llenos a otros menos saturados, de forma que, los juzgados de lo social y lo mercantil, se vieron obligados a hacer frente ellos solos y sin ayuda ni medios a la crisis. El colapso quedó desde ese momento garantizado.

Y ahora, usted que lee esto, dígame: ¿por qué los profesionales de la sanidad se muestran capaces de enfrentar una crisis de forma organizada y los de la justicia solo sirven para pelear entre ellos y adoptar tan solo ridículas medidas que no contribuyen a nada salvo a enfrentar unos colectivos con otros?

La justicia española está escribiendo en estos momentos uno de los capítulos más negros de su historia, fallándole a la población cuando más falta le hacía a esta y convirtiéndose, así, en una de las principales responsables del drama económico que muchas familias españolas van a vivir.

Esto, ya lo dije hace semanas, es ya un desastre y pronto lo será pavoroso; y lo peor es que, mientras el barco se hunde, los oficiales bailan en cubierta en traje de gala, discuten sobre los próximos ascensos o redactan nuevas leyes como si, para cuando estas se aprueben, todo fuese a seguir igual.

Insensatos.

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Creo haber dicho ya que, gracias a la administración de justicia, la economía —y quizá también la sociedad española— se irán al carajo.

El ministro de justicia, con su inane decreto, no sólo no ha puesto ningún remedio para frenar la marea de casos que amenazan con asolar nuestros juzgados, sino que, increíblemente, ha abierto la caja de los truenos a costa de declarar hábiles un cierto número de días de agosto.

Tal disposición, que probablemente sea inconstitucional, ha tenido el valor añadido de crispar y enfrentar a una ya bastante maltratada abogacía.

A pocos días de la aprobación del decreto el balance es impresionante: seguimos sin contar con medios con que afrontar el inevitable aumento de casos en lo social y en lo mercantil; seguimos sin tener ningún plan de contingencia para evitar el colapso económico de empresas y familias y por no planificar, ni siquiera se ha esbozado un plan para poder disponer de una IFEMA jurídica que auxilie, siquiera sea de modo temporal, a una administración de justicia colapsada.

Como le escribió al gobierno el Almirante Cervera al zarpar de Cartagena hacia Cuba en 1898:

«…no hay plan ni concierto, (…) esto es un desastre ya, y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco…»

Y lo fue.

Y sí, al igual que entonces, la situación de nuestra justicia es un desastre ya y es seguro que lo será pavoroso dentro de poco. Incluso lo poco que esta administración tenía (buenos hombres y mujeres capaces de dar lo mejor de sí mismos si se les daba una buena causa) ha sido horriblemente dilapidado por el ministro sembrando discordias.

A día de hoy no sólo no contamos con ningún medio más de los que contábamos antes de la pandemia sino que, además, la falta de un plan mínimamente creíble y el dictado de medidas tan solo destinadas al consumo de la galería, ha provocado un tan innecesario como encendido e inútil debate entre operadores jurídicos a cuenta de la habilidad o inhabilidad de diez días de agosto.

Resulta imposible hacerlo peor.

Debo confesar que hubo un momento que esperé que el ministro acertase, un momento en que confié en que pediría y obtendría fondos adecuados a la magnitud del reto; que tomaría medidas de calado para habilitar un 200% más de capacidad de proceso de nuestra administración en lo mercantil y en lo social… pero no; lamentablemente no ha tomado ni una medida seria y las que ha tomado, sin un plan general que les dé sentido, no sólo no sirven para nada positivo sino que sólo coadyuvan a crispar los ánimos de quienes trabajan para esta administración sin rumbo.

Sí, esto es un desastre ya y es de temer que dentro de poco lo sea pavoroso; pero no se preocupen. Aunque las trabajadoras y trabajadores españoles no puedan encontrar en los juzgados de lo social respuesta a sus demandas, aunque los juzgados de lo mercantil se conviertan en funerarias para enterrar empresas, aunque la economía española se vaya al maldito infierno por culpa de la administración de justicia, no se preocupen.

No se preocupen porque nadie ha confiado nunca en que la administración de justicia fuese a salvarles; porque la población española ha vivido ya muchos siglos con la certeza de que la administración de justicia nunca les sacará de ningún apuro; porque todos saben que la administración de justicia siempre ha estado colapsada, siempre ha estado infradotada, y ahora no va a ser distinto.

No se preocupen, nadie señalará a la administración de justicia como culpable de la pavorosa crisis económica que muchos españoles y españolas van a tener que soportar a cuerpo limpio, y no lo van a hacer porque, es muy triste decirlo, jamás esperaron nada de nosotros.

Sigamos, pues, discutiendo tranquilamente quien es el competente para montar los cañones, cuando acabemos la discusión quizá ya se haya rendido Manila.

El hundimiento

El hundimiento

Mueve divisiones imaginarias, escucha a portavoces que no transmiten más que su propia voz, se entrevista con representantes que no se representan ni a ellos y, cuando les hace caso y nombra a un coordinador de comisión, se encuentra que, eso que ha hecho creyendo que le congraciaría con algunos, lo que hace es enemistarle con todos.

En el búnker de San Bernardo el ministro tiene intervenidas las lineas de comunicación con el mundo real, con la procura real y con la abogacía real.

El ministro es de esas personas que confunden el continente con el contenido, las etiquetas con los productos y las formas con los fondos; es de esos jueces que, habiendo pasado demasiado tiempo en dique seco y maleado por el teatrillo de los políticos, ha acabado confundiendo la verdad formal con la verdad material.

En esta crisis no tienen cabida personas así; o quizá sí, lo tengan, a fin de cuentas en toda crisis ha de haber un responsable del desastre, alguien que, cometiendo errores ajenos, cargue sobre sí las culpas de toda esa ineptitud.

Probablemente el ministro quiere, puede y sabe, hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo.

Pero en el búnker de la calle de San Bernardo al ministro le han cortado las líneas de comunicación con la realidad y, asumiendo errores de otros, nos está conduciendo firme y decididamente hacia el desastre.

Esperemos que saque la cabeza del búnker antes de que se produzca el hundimiento y sea capaz de escuchar las voces de todos y no sólo la impostura irresponsable de unos cuantos portavoces que no portan voz alguna.

La justicia y los ombligos de sus reformadores

La justicia y los ombligos de sus reformadores

Si hay una administración que se ha construido de espaldas a los administrados esta es la administración de justicia. A base de llevar la justicia los ojos vendados, los administrados parecen resultar invisibles para quienes la dirigen y esto se comprueba a cada paso que se da dentro de ella.

Si usted va, por ejemplo, a un edificio judicial observará que en los mismos nunca se tienen en cuenta las prescripciones legales a la hora de su construcción.

Las salas de vistas, por ejemplo, se construyen con una sola puerta para testigos, partes y público. La necesaria separación entre testigos de la acusación y la defensa o entre los familiares de acusadora y acusado es imposible con esa arquitectura. Cumplir una orden de alejamiento es impensable en el juzgado, agresor y agredida entrarán por la misma puerta y, aunque ella pueda esperar a ser llamada en otro piso, las familias de agresor y agredida y sus testigos habrán de compartir la espera juntos en la entrada de la sala. Si lo han vivido no necesito explicarles nada, si no lo han vivido no les costará imaginarse el ambiente espeso que se vive allí.

¿Por qué al diseñar las salas de vistas no se establecen dos puertas y dos salas de espera donde se puedan mantener las separaciones que la ley indica? Pues, simplemente, porque los administrados no existen para quienes organizan la administración de justicia y, si existen, existen como problema, como ese obstáculo con el que se ha de lidiar necesariamente, al que hay que confinar en un espacio diferente y no como el objetivo de los servicios de la administración, el fin y la razón última de su existencia.

No, olvídense, los administrados podrán ser el objeto de los desvelos de todos en la sanidad, pero en la administración de justicia no, radicalmente no.

Les cuento esto porque hoy ha caído en mis manos uno de esos monumentos al desprecio al administrado que, con demasiada frecuencia, suele expeler el entorno de nuestra administración de justicia: algunos «operadores jurídicos» (ahora se dice así) han perpetrado un sedicente plan de agilización de la justicia en una comunidad levantina que lo mismo podría denominarse plan de propagación del coronavirus que himno a Don Juan Palomo.

Los «operadores», movidos de su celo, proponen concentrar en las capitales de provincia de esta comunidad la resolución de los concursos de personas físicas y, de paso, establecer tribunales de instancia con sus NOJ, sus UPAD y sus OTAC (Otras Tonterías Ampliamente Citadas).

Que esto suponga que, para resolver sus problemas, más de un millón de administrados hayan de desplazarse potencialmente en viajes de decenas y aun centenares de kilómetros no parece importar a estos «operadores».

Llama la atención que, cuando los ciudadanos nos vemos abocados a vivir año y medio (como poco) en medio de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad, los «operadores jurídicos» estos del infierno se destapen proponiendo medidas organizativas que, alejando la justicia de los ciudadanos, promuevan los desplazamientos y la vulneración de las medidas de restricción de movilidad y alejamiento social. Si el coronavirus buscaba buenos aliados los ha encontrado aquí, en estos «operadores» a los que no les importa desplazar masas de población u organizar peregrinaciones obligatorias a la meca judicial.

Vamos a decirlo con toda claridad: ni el CGPJ ni estos «operadores» de que les hablo han preparado ningún plan contra la pandemia: simplemente y de forma irresponsable, han excretado las medidas que durante años han querido llevar a cabo pero que la sociedad civil ha impedido y, ahora, al amparo de la crisis, vuelven a sacar su cancamusa de tribunales de instancia, NOJ’s, UPAD’s, SCOOP’s y OTAC’s para cohonestarlos miserablemente bajo el drama humano que vivimos.

Por eso, si lee usted esos planes, verá que el hecho de que vayamos a vivir en un entorno de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad se olvida sistemáticamente. Por eso, si lee usted esos planes, verá que todo se organiza con aparente coherencia para la administración de justicia, como si esta fuese un fin en sí misma y no fuesen los ciudadanos, los administrados, su primera y única razón de ser.

Oscuros intereses largamente larvados en el seno de la administración de justicia han pretendido diseñar a espaldas de los administrados una reforma de la administración judicial buena exclusivamente para los reformadores y, ahora, esos «reformadores» pretenden inicuamente aprovechar la crisis para, al amparo de la tragedia, profundizar en reformas que nada tienen que ver con las necesidades de los ciudadanos.

Que no le engañen, no trabajan para usted ni por usted y las reformas que proponen no se dirigen a servir al ciudadano, son simples reformas de su ombligo.

PD. Si quiere usted conocer un extracto de mi posición a este respecto puede verla en este video, escucharla en este podcast o leerla en este post. Si necesita mayores ampliaciones pídamelas.

El hambre, el virus y la abogacía

El hambre, el virus y la abogacía

Hablo con compañeros y compañeras de Colombia, Argentina, Ecuador… Y el feo rostro de la crisis exhibe su peor expresión: la actividad trae la enfermedad, la inactividad el hambre.

Mientras los autónomos pugnan por trabajar los asalariados, por ahora, se oponen. Mientras los jóvenes prefieren arriesgar los más mayores son cautos y así avanza la pandemia y el virus de la desunión en la república de los abogados y las abogadas.

No es muy distinta la situación en España: la oposición a volver al trabajo se presenta más entre asalariados y funcionarios que entre autónomos y profesionales liberales que ven cómo la inactividad les deja sin recursos para ellos y sus hijos.

Este debate aflorará con fuerza en los próximos días y puede tornarse crispado si algún partido político ve en él la posibilidad de pescar algunos votos.

El debate es falso: hay que volver al trabajo —no queda otra— pero hay que volver con la seguridad de que no pondremos en riesgo nuestra salud ni la de nuestros familiares. Es seguro que cumplir ambos requisitos va a exigir un esfuerzo arduo y penoso pero no se hicieron las crisis para los pobres de espíritu, toca trabajar duro, con seguridad y con alegría.

La república de los abogados y abogadas se va a ver durísimamente golpeada pero, créanme, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el CGPJ para destruir la vida y el futuro de los abogados independientes (sin ayudas financieras, exponiéndoles a riesgos sanitarios sin más protección que la que ellos se busquen, buscando modificar la ley por decreto en beneficio de los bufetes grandes…), a pesar de esos esfuerzos, digo, la República Independiente de los Abogados y las Abogadas va a emerger de esta crisis más poderosa que nunca. Costará dolorosísimas pérdidas pero, si tomamos conciencia de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, no debemos temer al futuro.

Mañana les sigo hablando de esto, he de guardar alguna buena noticia para cuando acabe el consejo de ministros.

La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo

La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo

Discúlpenme si les digo las cosas en lenguaje técnico, pero es que no encuentro mejor manera de hacerlo: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto para España una disminución del PIB del -8% para este año.

Como no sé si ustedes comprenden exactamente lo que significa esa magnitud, permítanme que cite en este punto al premio nóbel de economía Paul Samuelson: «significa literalmente que nos vamos a la mierda».

En efecto, una bajada del PIB del -8% implica que nos vamos a ir a la mierda al carajo, aunque, afortunadamente, gracias a la justicia española y al ingenio innegable de quienes la dirigen, los españoles nos vamos a ir al carajo mucho más rápido y mejor que el resto de las naciones. Trataré de explicarles este prodigio.

Para que se hagan una idea de lo que significa para la justicia ese -8% es bueno que recuerden que en 2008, en medio de la histeria del ladrillo y las hipotecas, el PIB aún creció un 1,1% y, en 2009, ya en plena crisis y con media España perdiendo su trabajo, su casa e incluso su vida, el PIB bajó tan solo un -3,6%.

El -8% que predice el FMI significa que la crisis, este año, viene más del doble de dura que la de 2008-2009.

Esto, como dijo Marx, lo entendería un niño de seis años; lo que ocurre es que ni en el Ministerio de Justicia ni en el CGPJ han consultado a ningún niño de seis años, circunstancia esta que va a hacer la crisis española mucho más interesante. Déjenme que se lo explique que ya verán ustedes qué divertidos son estos muchachos del ministerio y los políticos con toga del CGPJ. Se van ustedes a partir. Literalmente.

En 2008-2009, una bajada del PIB del -2,5% en el conjunto de los dos años (1,1 en 2008 -3,6 en 2009), produjo un incremento del 40% de casos en los juzgados de lo social y del 81% en los mercantiles.

Este dato, una minucia sin importancia, significa que centenares de miles de españoles (casi medio millón por año) acudieron a los juzgados de lo social a reclamar el dinero que las empresas habían de pagarles. Ese dato significa también que muchas empresas acudieron a los juzgados para que estos les ayudasen a salvar la crisis.

Ustedes ya saben lo que pasó: los juzgados se colapsaron porque nadie había previsto aquello, de forma que los españoles hubieron de buscarse, como siempre, la vida por su cuenta.

Pero aquello fue un juego de niños comparado con lo que se nos viene encima ahora: con un -8% es de esperar que el trabajo en los juzgados de lo social se incremente en más del 100% y en los mercantiles en un fabuloso 200%. Lo que les digo, la cagada de 2008 va a parecer una broma al lado de esta: en 2020 lo vamos a bordar.

Es verdad que el hecho de que las causas se incrementen en un 200% en los juzgados mercantiles no significa necesariamente que no puedan atenderse. Junto a los 68 juzgados mercantiles de España existen 1.700 juzgados de primera instancia suficientemente cualificados para absorber ese exceso de trabajo, pero es ahí donde entra en juego el innegable ingenio del ministro de justicia y la escolanía del CGPJ.

En lugar de cometer la ordinariez de atender de inmediato a las necesidades que va a generar la carga de trabajo, estos sagaces próceres han logrado centrar la atención pública en sutiles debates relativos a si el mes de agosto será hábil o inhábil, si la cuantía para acceder a los recursos ha de ser esta o aquella o, incluso, maravilla de maravillas, si los bancos podrían beneficiarse algo más de este río revuelto y quitarles las costas en los procedimientos hipotecarios u obligar a los consumidores a interponer tres procedimientos conciliatorios y dos mediaciones (una de ellas canónica) antes de poder reclamar al banco los 600 boniatos que todavía le debe por los gastos de su hipoteca.

¡Ingenio de los ingenios!, ¡Prodigio de prodigios!, «Stupor mundi»: nuestros prebostillos provisionales han logrado que, mientras el transatlántico se hunde, la ciudadanía disfrute oyendo tocar a la orquesta «España Cañí». Es el trile perfecto, la cancamusa total, el «tararí que te vi dospuntocero».

Es maravilloso, mientras los bárbaros asaltan las murallas ellos le buscan las carteras a los defensores; mientras el enemigo avanza hacia la trinchera ellos discuten el último trienio de su salario; mientras las UCI’s se llenan y las empresas se vacían ellos juegan a diseñar nuevos y sutiles requisitos que incorporar a leyes rituarias. Créanme, mucho se les va a deber a ellos, sin una tan eficaz colaboración probablemente nunca nos iríamos todos al carajo con la rapidez y acierto que en esta ocasión lo vamos a hacer.

Tengo tan ciega confianza en ellos que estas van a ser, sin duda, las últimas palabras que escriba ocupándome de este asunto. Que nos vamos a ir al carajo ya es seguro, sólo queda ver si lo hacemos de forma ordinaria, entre quejas, o si lo hacemos en medio de este hermoso espectáculo que ahora contemplamos. Unos acusando a otros de querer trabajar, otros acusando a unos de vagos, los terceros manifestando que no trabajarán por el momento porque son ellos los que deciden cómo se han de gestionar las pandemias y los cuartos que si agosto no es inhábil o hábil —que ya ni sé— que entonces nanay.

Y mientras el ministro habla hoy de acelerar los trámites para entregar la instrucción de las causas penales al fiscal y mientras el CGPJ decide si la mediación con el banco es mejor hacerla en sillón rosa o celeste, los concursos de acreedores se preparan en las mesas de economistas y abogados, las cartas de despido se apilan en las asesorías y el hambre acecha desde su refugio de otoño tras un verano sin turismo.

Sí, indudablemente, nos vamos al carajo, pero no me negarán que gracias al ministro y al CGPJ vamos a llegar allí los primeros.

¡Campeones!

Un año de excepcionalidad por delante

Un año de excepcionalidad por delante

El primer gran cribado de datos revela que la tasa de mortalidad del coronavirus se situaría en un 0,37%lo que, trasladado a España y teniendo en cuenta las más de 18.000 muertes sufridas entre sus 46,5 millones de habitantes nos indicaría que aún nos queda un largo camino hasta alcanzar la inmunidad grupal.

No podemos, pues, pensar que antes de un año (como poco) habremos acabado con la excepcional situación en que nos ha colocado la crisis del coronavirus lo que nos debe obligar a todos a prepararnos para un largo período de excepcionalidad y a exigir a nuestras autoridades que dejen de dulcificar el mensaje y se preparen también ellos para un año de resistencia.

Esto es particularmente claro en el ámbito de la administración de justicia donde todos los planes presentados hasta ahora se revelan como irreales. Hay que actuar y hay que actuar ya, con los datos en la mano, con realismo y con decisión.

Un plan de choque ajustado a los riegos que para la administración de justicia presenta la pandemia es obligado.

O no habrá quien nos aplauda

O no habrá quien nos aplauda

Oigo cómo la población aplaude desde sus ventanas esta tarde lluviosa de Cartagena. Agradecen a la comunidad sanitaria su trabajo continuado 24 horas al día por salvar a los enfermos y a nosotros de la amenaza de la pandemia.

No está siendo para ellos un trabajo sin riesgo y, por salvar vidas ajenas, han sufrido los zarpazos del virus. Muchos de esos sanitarios esforzados han visto como la muerte ha sido el premio a su esfuerzo. No se llevarán nada a la tumba, nadie recordará sus nombres pero, hoy, estos aplausos suenan por ellos.

Cuando la crisis sanitaria comience a remitir y la amenaza vital esté mínimamente controlada le llegará el turno de demostrar de qué pasta están hechos a otra comunidad: la jurídica. Jueces, LAJ’s, funcionarios, procuradores, abogados… Habrán de demostrar que, si la comunidad sanitaria ha salvado la vida de los españoles, ellos serán capaces de salvar su futuro.

Pero miro a mi alrededor y siento una sensación tan parecida a la vergüenza que creo que la confundo con ella. Perdónenme si lo digo así pero es exactamente lo que siento y no sé expresarlo de otra manera.

En los próximos tres meses van a inundar los juzgados de lo mercantil y de lo social un tsunami de procedimientos detrás de los cuales se estarán jugando su vida y su futuro muchas familias de España. Parar esa ola, detener ese tsunami, es la obligación de la administración de justicia y eso no lo haremos sin tener que sortear dificultades aparentemente insalvables y sin tener que, lamentablemente, pagar un alto precio.

El futuro de España dentro de dos semanas dependerá del trabajo que sea capaz de llevar a cabo su administración de justicia. Para esa fecha debiera existir una planta y una infraesttuctura suficiente en los juzgados para soportar el embate que recibirán los juzgados de lo social y lo mercantil.

Estamos viviendo una emergencia como nunca antes hemos vivido, quizá no dispongamos del material y los recursos precisos para salvar todo el bosque del incendio pero, en ese caso, habremos de concentrarnos en salvar esa parte del bosque donde viven las personas.

Es probable que no se pueda atender a todos los frentes y tendremos que elegir entre lo malo y lo peor. Y tendremos que hacerlo, con decisión y sin titubeos.

Pero, si siguen apareciendo planes infames e inicuos como el del CGPJ, si no se definen ya las prioridades y se estiman las necesidades y peligros, si no se toman decisiones estratégicas y nos seguimos enredando en gollerías y casuísmos estériles, volveremos a fallarle a los españoles y seremos responsables de el hambre y ma infelicidad de muchos.

Miren a los sanitarios y pregúntense  si, como ellos, están ustedes también dispuestos a trabajar 24 horas e incluso a arriesgar su vida por los demás.

Si su respuesta es sí lo celebraré, nadie nos recordará ni probablemente lo agradecerá, pero es posible que una noche, desde alguna ventana, quizá suene un aplauso por ustedes.

Especialización y concentración: la fórmula del desastre judicial.

España lucha con todos los medios a su alcance, singularmente el esfuerzo de los sanitarios y la ejemplar cooperación de la sociedad, contra la muerte y la enfermedad que trae el coronavirus.

Hemos parado nuestras empresas, nos hemos recluido y, deliberadamente y en un gesto grandioso, hemos compartido con el resto de la humanidad la decisión de proteger a nuestros congéneres más débiles aunque ello nos lleve a una catástrofe económica. Es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad un gesto tan bello.

Pero, tras este esfuerzo, la crisis azotará nuestra economía salvajemente y ¿quién cuidará de nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Quién cuidará que en la escasez se dé a cada uno lo suyo y se atienda a restablecer el equilibrio en relaciones sociales destruidas por la crisis?

Ese trabajo corresponde a la justicia pero, déjenme que se lo adelante ya, si la sanidad ha sido la heroína de esta crisis, tal y como están las cosas a día de hoy, el mal funcionamiento de nuestra administración de justicia puede tener consecuencias casi tan funestas como la propia pandemia.

Esta crisis va a ser mucho más acentuada y mucho más concentrada en el tiempo que la de 2008 y eso significa que los españoles van a demandar soluciones de la justicia española de forma intensa, más intensa y concentrada en el tiempo que nunca desde que se conservan registros. En solo un mes o dos los juzgados de lo social y de lo mercantil sufrirán un embate como nunca antes en su historia y ese embate será terrible por la pésima organización del sistema judicial español, una organización que ha obedecido más a razones de control de los jueces que de servicio al ciudadano y eficiencia.

Con nuestra actual organización es imposible soportar una subida del 100% de procesos mercantiles, necesitaríamos duplicar la planta (crear 68 juzgados más en un mes) para atender a los casi 80.000 asuntos llevados en 2019 más otros 80.000 consecuencia de la crisis. No se van a crear esos juzgados de lo mercantil, simplemente porque no da tiempo y nuestras empresas morirán víctimas de una planta producto de tejemanejes políticos y no de la razón lisa y simple.

Piénsenlo, 160.000 nuevos casos para 68 juzgados. No hace falta ser profeta para entender que si este año entran una media de 2.532 asuntos por juzgado mercantil nadie nos salvará del desastre.

En cambio, esos mismos 160.000 asuntos, turnados a los juzgados de 1ª Instancia (lugar de donde nunca debieron salir), sólo supondrían un incremento de 94 casos por juzgado, cifra perfectamente manejable por nuestros jueces, de forma que los españoles podrían respirar aliviados.

La especialización no es una buena estrategia para enfrentarse a las crisis pues convierte a los organismos especializados en entidades muy frágiles frente a una crisis en su ámbito de especialidad.

Y, si la especialización es mala, la concentración es incluso peor. Colocar todos los huevos en la misma cesta no solo es arriesgado para el dueño de los huevos, es también estúpido si lo que quieres es servir al mayor número posible de personas.

Dos tercios de la población española no vive en capitales de provincia, entiéndanlo panda de locos. Obligar a desplazarse a poblaciones enteras solo por el gustito de tener los juzgados juntos es una de las mayores estupideces que pudieron colemeterse y esa estupidez es ahora mucho más evidente cuando los desplazamientos están restringidos por razones sanitarias.

Seamos serios: tenemos una planta de más de 1700 juzgados de instancia distribuidos por toda España y que siempre han conocido de los procesos mercantiles. ¿Vamos a llevar España a la ruina solo porque un club de políticos togados se empeñe en mantener incluso a costa de la vida y la fortuna de los españoles sus jueguecitos de salón?

Que la competencia para conocer de los concursos debe entregarse de inmediato a los juzgados de 1ª instancia es algo que no ofrece duda y que debiera hacerse en este mismo momento mejor que dentro de un minuto.

No tan fácil es la tarea con los juzgados de lo social, segundo frente de la pinza con que la crisis amenaza a la justicia. En un entorno de movilidad restringida se echa de menos una planta judicial más distribuida en este campo.

Pero podemos resolverlo. Desde luego no podemos seguir poniendo a la población en peligro haciéndo viajar centenares de miles de ciudadanos a sus juicios, mejor que hacer desplazarse a cientos de miles de ciudadanos es hacer desplazarse a los jueces a los lugares de residencia de las partes y celebrar en las salas de vistas que nuestros juzgados de Instancia e Instrucción tienen. No hay dificultad alguna en ello.

Seguramente hemos de recuperar todos cuantos medios podamos para atender a esta jurisdicción, recuperar jueces jubilados, poner a trabajar a los jueces sustitutos, reforzar con funcionarios sacados de otros juzgados…

Si la sanidad española es la responsable de evitar que enfermemos y muramos a la administración de justicia española le corresponde el papel de conseguir que esa vida que nos han salvado no se vaya al garete en medio de una crisis incontrolable.

Hay que liberar tantos cuantos recursos podamos para apoyar estos dos frentes, hay que realizar una lista de procesos prioritarios y no prioritarios y, entre los prioritarios, asignar prioridades a su vez así hasta encajar la crisis en la forma que menos daño haga.

No veo a nadie hacer eso y siento que este país vaya a ir al abismo de la pobreza por culpa de unos cuantos políticos con toga.