Vamos a ser claros: la Ley 1/2025 de «eficiencia» (nótense las comillas) procesal no es una ocurrencia ni es una tontería más del indocumentado ministro de turno. Es la consecuencia y casi colofón de un plan urdido hace ya casi 25 años por los dos grandes partidos que han ido turnándose en el gobierno de España.
Traten de hacer memoria y comprobarán que si los dos grandes partidos han estado de acuerdo en algo a través de los años, ha sido en unos cuantos puntos fundamentales en relación con la administración de justicia, a saber: la retirada de competencias a los jueces en favor de los LAJ, la instauración de la Nueva Oficina Judicial y el establecimiento de los Tribunales de Instancia. Adicionalmente objetivos secundarios pero también deseados han sido la limitación del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y la reducción de la planta judicial para alejar la justicia del justiciable.
Si hacen memoria, como digo, recordarán cómo los ministros de PP y PSOE, sin distinción, durante sus respectivos mandatos han tratado de llevar adelante estas reformas en un curioso caso de coincidencia ideológica en cuanto a medios y en cuanto a fines.
En cuanto a la retirada de competencias a las jueces en favor de los LAJ, el punto culminante se alcanzó con la reforma que determinó que las decisiones de los entonces Secretarios Judiciales no pudiesen ser recurridas ante el juez.
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (aprobada por el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero), introdujo una profunda reforma en el papel de los entonces llamados Secretarios Judiciales (ahora Letrados de la Administración de Justicia) y estableció, entre otras cosas, que algunas de sus resoluciones no serían recurribles ante el juez.
Concretamente, esta ley modificó la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, introduciendo un artículo 102 bis 2, que decía:
> “Contra los decretos dictados por el Secretario judicial resolviendo recursos de reposición o decisiones sobre recursos no cabe recurso alguno.”
>
Conviene recordar en este punto que los Letrados de la Administración de Justicia no forman parte del Poder Judicial, son funcionarios del Poder Ejecutivo que están sometidos a sus instrucciones. Conviene recordar tambien la alharaca, muy celebrada en la época, formada con la cantinela de que los secretarios judiciales iban a ser los «jueces de lo procesal», «descargando» de este modo de trabajo a los jueces, cantinela que quería decir en realidad que se retiraría a los jueces una buena parte del control del proceso que pasaría a manos del poder ejecutivo. Esta idea ridícula pero profundamente interesada de separar los aspectos procesales de los civiles en los procesos y sacarlos de las competencias del poder judicial era una maniobra demoníaca en la estrategia del ejecutivo de controlar aún más al Poder Judicial y la administración de justicia.
Afortunadamente hubo suerte y jueces díscolos plantearon al Tribunal Constitucional cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del art. 102 bis.2 LJCA (en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial), por oposición al art. 24.1 CE.
Y se ganó. El Tribunal Constitucional entendió que no se podía sustraer al juez el control de tales decisiones. Hubo suerte con la composición del TC y hubo suerte en que una linea de resistencia a las ambiciones del poder ejecutivo aguantó la embestida. El gobierno y el poder ejecutivo vieron frustrados sus deseos (y no eran pocos) de ampliar su control del poder judicial.
Pero en la tarea de separar al juez del control del procedimiento y aumentar el control del mismo por parte del ejecutivo había una segunda via de penetración: la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Separando al juez de los funcionarios tramitadores, eliminando la oficina judicial y llevándola lejos de su control, no sólo se restaban capacidades al juez sino que era más sencillo para el poder ejecutivo cursar instrucciones a los LAJ que controlaban la NOJ. Si esto suponía dejar desasistido al juez daba igual; si esto suponía dificultar la dación de cuenta y control del trabajo de los funcionarios individuales, daba igual; si esto impedía al ciudadano localizar al funcionario responsable de su procedimiento también daba igual. La NOJ era una herramienta formidable de control por parte del ejecutivo de la actividad procesal de los juzgados y no iban a ceder en sus intentos de instalación. Poco importa que las pruebas realizadas en partidos judiciales como Burgos o Murcia no arrojasen resultados positivos y en todo caso no mejores que los de los juzgados tradicionales, el objetivo no era ese, nunca fue ese, porque jamás se buscó mejorar el funcionamiento de la oficina judicial sino solo controlarla; por eso siempre se prescindió del parecer de los jueces, los procuradores o los usuarios.
La otra poderosísima herramienta de control del poder judicial debían ser los tribunales de instancia. Era evidente que el poder ejecutivo no podía controlar a los miles de jueces que se integraban en los más de 400 partidos judiciales de España pero, si estos jueces se reunían en tan solo 50 tribunales (uno por provincia) y se colocaba a su frente un presidente debidamente designado por un CGPJ también controlado de forma remota desde los partidos, este corralito de jueces permitiría al poder ejecutivo aumentar su influencia sobre ellos en cuestiones importantes.
Esta vez fue el ministro de infausto recuerdo Alberto Ruíz-Gallardón (PP) quien decidió afrontar la tarea. Primero buscando una reducción de la planta judicial limitando los partidos judiciales a 50 y ubicarlos en las capitales de provincia exclusivamente. En segundo lugar en cada uno de ellos se establecería un tribunal de instacia/corralito de jueces cuyo presidente no sería elegido sino nombrado.
Afortunadamente, una vez más, la oposición a aquella aberración tendente a controlar el poder judicial fue respondida por la sociedad civil. Los decanos de los colegios de abogados no capital de provincia jugaron (jugamos) un papel si no destacado sí muy valioso y la federación de municipios y provincias —para nada dispuesta a dejar a dos tercios de los españoles sin juzgados— por su parte acabó de apuntillar aquel indisimulado golpe a la independencia judicial en España.
Tras aquellas batallas ni PP ni PSOE cejaron en su empeño de generalizar la instauración de la NOJ y los tribunales de instancia, pero ahora sabían que la resistencia popular y de algunos jueces y magistrados podía ser feroz de forma que ambos partidos optaron por una estrategia progresiva en lugar de intentar de nuevo una estrategia de máximos.
Fue por ello que ministros de los gobiernos —del PSOE esta vez— continuaron intentando, como Gallardón, instaurar los tribunales de instancia, si bien esta vez ya no reduciendo la planta a 50 partidos judiciales ni designando a los presidentes sino manteniendo los partidos judiciales y permitiendo que los presidentes de los tribunales de instancia fuesen elegidos como hoy son elegidos los jueces decanos. Lo intentó Juan Carlos Campo, lo intentó Pilar Llop, lo intentó Dolores Delgado… Lo intentaron todos pero, debido a la inestabilidad política ninguno, hasta la llegada de Bolaño, pudo llevar adelante la reforma a la espera de, una vez instalados los Tribunales de Instancia y las NOJ, llevar a cabo más adelante las reformas legales precisas para alcanzar el fin que Gallardón no pudo alcanzar de un solo plumazo.
En medio de este trabajo de control del Poder Judicial los sucesivos ejecutivos siempre han encontrado colaboracionistas incluso en contra de los intereses de sus propias corporaciones. Hay que recordar a ese Consejo General de los Procuradores de España cooperando con Gallardón y recibiendo raimundas sin tasa; o a ese Consejo General de la Abogacía blandeando cuando no cooperando con los sucesivos ministros del ramo…
Es por eso que ahora la postura colaboracionista del presidente del Consejo General de la Abogacía no sorprende pues, aunque no haya consultado a sus bases, aunque la abogacía de España sea un clamor contra la Ley 1/2025, no hace sino seguir la estela de quienes cooperan con quienes quieren acabar con la independencia judicial a cambio de no se sabe qué y en nombre de una «modernidad» del pasado, de hace ya un cuarto de siglo.
Como ven, si en algo han estado de acuerdo ambos partidos y sus ministros, ha sido en llevar adelante este plan de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Cuando han estado en la oposición han clamado contra él pero, en cuanto han accedido al gobierno, han proseguido en la misma tarea del otro partido y en la instauración de las principales herramientas de control: las NOJ y los tribunales de instancia.
Y con Bolaños, aparentemente, lo han logrado. Devolver al Poder Judicial el poder que el sentido común y el espíritu de las leyes exige, va a ser cada vez una tarea más difícil mientras que profundizar en el control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, cuenta desde la Ley 1/2025 con dos eficacísimas herramientas.
Para finalizar no son estos puntos en los únicos en que ambos partidos han coincidido desde el año 2000, año bisagra en que se produjo la última real modernización de la administración de justicia española con la aprobación de la nueva LEC y la instalación de herramientas videográficas. Los dos partidos también han coincidido en dos puntos a tener en cuenta, el primero en no elevar los presupuestos en justicia y mantenerla siempre bajo mínimos y dependiente del resto de los poderes del estado, en especial del poder ejecutivo; el segundo en limitar o dificultar el acceso de la ciudadanía a la justicia, ya sea a través de la infame ley de tasas de Gallardón o ya sea a través del más sutil método de implantar un sistema de MASC obligatorios que nos devuelva a un pasado tan remoto como 1984.
Finalmente, para acallar a voces independientes y/o rebeldes, se han tomado medidas inteligentes, por ejemplo, si jueces independientes y atrevidos elevan cuestiones al TJUE en materia de hipotecas, se reducen los juzgados competentes a solo 52 en lugar de los existentes en los más de 400 partidos judiciales de España. Disminuyendo el número de jueces que conocen de estos asuntos se limita la posibilidad de dar nuevos sustos a la banca aunque para ello se aleje la Justicia del justiciable y se encarezca innecesariamente su acceso. Si de contrarrestar el trabajo de letrados independientes se trata, pues entonces se inicia un cambio de estructura del mercado de los servicios jurídicos tendente a acabar con el ejercicio de la abogacía que hoy conocemos.
Pero eso será materia de otro post y de otro día. Hoy quería hablar de algo más importante y es del mantenimiento de la independencia judicial en España y de cómo, quienes quieren controlarla, siguen metódicamente un plan del que muchos parece que aún no hemos tomado conciencia y contra el que pocos —por ahora— parecen dispuestos a pelear.
Cada vez es más difícil y lo sé, pero si se toma conciencia aún estamos a tiempo.
Parar a Gallardón o a la Ley 13/2009 no fueron victorias menores y nos indican que, si peleamos con decisión por una #JusticiaIndependiente aún podemos ganar un mejor futuro para todos.
Yo que tú lo haría. Merece la pena.
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Los últimos restos del bando realista
El surgimiento del nacionalismo dio lugar a la mayor oleada de mentiras y falsedades que imaginarse puedan sobre la historia y esta afirmación es válida no sólo para los «nacionalismos periféricos» de catalanes y vascos sino también para el propio nacionalismo español y para todos los nacionalismos en general.
Piense usted en el caso de eso que se llama las «guerras de independencia» hispanoamericanas. Usualmente la percepción que se tiene de dichas guerras es la de que pugnaban de un lado unos patriotas y de otro los soldados del ejército de España como potencia colonial.
Toda esa visión es falsa y si quieren entender bien este proceso les recomiendo que lean la obra del profesor Tomás Pérez Vejo que es quien, a mí juicio, mejor ha estudiado y enfocado el asunto de las independencias americanas (en especial México donde es profesor) hasta conceptuarlas como auténticas guerras civiles, que fue, por otra parte, la forma en que las entendieron sus contemporáneos.
Hoy no quisiera entrar en un tema tan largo y complejo como este de las independencias hispanoamericanas sino contarles otra experiencia personal que me llevó a considerar, siquiera sea a efectos meramente dialécticos, si es que aún existen en hispanoamérica restos del llamado «bando realista». Les cuento.
Correría el año 2014 y acababa de firmar yo como decano un convenio con los abogados de Cartagena de Indias cuando recibí una carta manuscrita de alguien que decía ser «representante del pueblo mapuche». En la carta denunciaba la opresión que sufría su raza por parte de los gobiernos de Chile y Argentina y me pedía que hiciese lo que estuviese a mi alcance por remediarlo.
Por qué llegó aquella carta a mi despacho desde la otra punta del mundo lo ignoro, sólo acierto a pensar que cerca de la localidad desde la que se me remitía había otra Cartagena más y que quizá eso influyese, pero a ciencia cierta no lo sé.
La carta me intrigó pues, de entrada, yo no tenía ni idea de quiénes eran los mapuches.
Una búsqueda en internet pronto aclaró mis dudas, los mapuches son ese pueblo autóctono de América del Sur al que los españoles conocemos como «araucanos».
Para quienes no lo sepan los araucanos son los protagonistas del principal poema épico castellano «La Araucana», de Alonso de Ercilla. Valientes y leales como ningunos la Corona Española nunca pudo dominarlos de forma que, finalmente, acabaron firmando una serie de acuerdos que principiaron por el llamado «Parlamento de Quillín» en 1641 en donde los araucanos vieron reconocido su autogobierno al tiempo que reconocían como enemigo de su pueblo a cualquier enemigo de la Corona Española. Sus tierras son las que pueden ver en el mapa y los tratados fijaron su límite sur en la frontera que marcaba el río Biobío.
Cuando Chile y Argentina llevaron a cabo sus procesos independentistas los mapuches, leales a sus pactos, defendieron a la Corona Española y, aunque en principio se les reconoció la soberanía sobre sus tierras, poco a poco los gobiernos de Chile y Argentina les fueron hostigando a través de las campañas militares conocidas, eufemísticamente, como «Pacificación de la Araucanía» y «Conquista del Desierto». Esto significó la muerte de miles de personas y la pérdida de territorios del pueblo araucano, pues fueron desplazados hacia terrenos de menor extensión denominados «reducciones» o «reservaciones», y el resto de las tierras se declaró fiscal y fue subastado. Un proceso, como ven, bastante parecido al de las reservas indias de los Estados Unidos.
En los siglos xx y xxi, los araucanos (mapuches) han vivido un proceso de aculturación y asimilación a las sociedades de ambos países y existen manifestaciones de resistencia cultural y conflictos por la propiedad de la tierra, el reconocimiento de sus organizaciones y el ejercicio de su cultura y es por eso que hoy, el pueblo mapuche, todavía esgrime con orgullo ante las organizaciones internacionales sus pactos con la Corona Española para defenderse de lo que consideran una política execrable de los gobiernos de los países que ahora ocupan sus territorios.
Como pueden imaginar puse el tema en conocimiento del Consejo General de la Abogacía el cual se negó a tomar acción alguna aduciendo que ello estropearía nuestras relaciones con Chile y Argentina y ahí quedó el tema.
Pero yo no les he olvidado y por eso, cuando alguien me pregunta sobre la forma en que la Corona Española trató a los indios en América, yo, en lugar de responderle, le cuento la historia de la carta que me mandaron los mapuches, una carta donde aún un pueblo autóctono pedía ayuda a España contra quienes les oprimían y dejo que quien me pregunta saque sus conclusiones.
La cuestión mapuche ha generado debates que se desarrollan en diversos ámbitos, desde la discusión jurídica pasando por la controversia historiográfica sobre su condición de pueblos originarios hasta el polémico uso del epíteto de terrorista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado en diversas instancias al Estado de Chile por el uso inadecuado de la ley antiterrorista y a veces pienso que este conflicto civil ilustra bien las guerras que se produjeron en hispanoamérica entre los partidarios de nuevos estados y los defensores de la vieja legalidad monárquica (cada quien según sus convicciones y conveniencias).
Los siempre fieles y valientes araucanos (hoy llamados mapuches) serían, pues, desde este punto de vista los últimos rescoldos de la defensa de la vieja legalidad; serían, en suma, los últimos integrantes del bando «realista». Y no me tomen literalmente.
Y no, el territorio mapuche no era un enclave menor ni sin importancia, es el que ven en el mapa.
Una cierta visión de España: romanticismo.
Ahora que sobre el Congreso planea la sombra de amnistías y otras cuestiones vinculadas con el ser de nuestro estado creo que puede ser este un buen momento para hablar de España, concretamente del turismo.
España, Hispania, Spania, Iberia, eran nombres con los que, hasta el siglo XIX, se designaba una localización geográfica, concretamente las tierras comprendidas dentro de nuestra península. Estos términos nunca tuvieron significación política y, desde luego, lo por ellos designado jamás coincidió con la realidad política que desde hace dos siglos, conocemos como España. Nunca Hispania fue una sola provincia o un solo reino y, desde luego, hasta el siglo XIX bajo esa denominación siempre se incluyó Portugal y por eso pudo escribir el poeta épico luso Luis de Camoens
«Falai de castelhanos e portugueses, porque espanhóis somos todos…»
Viajar a España en la antigüedad, dada su remota localización, no era tarea fácil aunque tampoco el turismo llegó a ser la religión que es hoy.
Todo cambió con llamada (mal llamada) «Guerra de la Independencia» de 1808.
Hasta ese mismo año, la monarquía gobernante en todos los reinos de la península a excepción de Portugal, seguía siendo la que tenía los territorios más extensos y ricos del mundo. De Palma de Mallorca a Manila uno podía recorrer el mundo sin salir de sus dominios y esa posición preeminente había generado contra ella una eficaz leyenda negra.
Para un europeo de finales del siglo XVIII las gentes que servían a la monarquía católica con corte en Madrid eran unos furiosos integristas católicos, con unos nobles vanidosos más preocupados en recitar sus ocho apellidos nobles que en hacer algo de provecho, gente violenta, intolerante y altiva que representaba todo lo que debía odiarse.
No nos conocían bien, sólo tenían la propaganda, pero la guerra de 1808 hizo que todas esas percepciones cambiaran.
En la guerra de 1808 más de quinientos mil soldados extranjeros pasaron por España y descubrieron un país que estaba muy lejos de lo por ellos imaginado. Con el ejército francés no sólo llegaron franceses sino gentes de muchas otras naciones como polacos (hasta 35 mil), portugueses e ingleses, por supuesto, y hasta mamelucos de obediencia turca (si miras los cuadros de Goya los reconocerás fácilmente por su turbante).
Estos quinientos mil soldados escribieron a sus casas y contaron lo que veían e, increíblemente, resultó que lo que contaban encajaba perfectamente con la recién estrenada mentalidad romántica.
España era tierra muy montañosa y de caminos difíciles, poblada de hombres indómitos que no se dejaban arrebatar la libertad fácilmente y que ejercían con violencia terrible la guerrilla o el bandolerismo. Las mujeres (¡ah las mujeres!), la mujer española era pura pasión pero ¡cuidado! siempre armadas y dispuestas a dejarte sin sangre de un navajazo en la femoral. España, además, era Oriente, cuando trascendieron fuera de nuestras fronteras espacios como la Alhambra o la Mezquita toda la fiebre del romanticismo se volcó en España. España era pura pasión y autenticidad ¿necesitaba algo más un romántico?
Los frutos de todo aquello y de aquella visión romántica de España aún perduran, Carmen de Bizet, los cuentos de Washington Irving, el Capricho Español de Rimsky Korsakov o la «Obertura sobre un tema de marcha española» son solo algunos de ellos.
El saqueo de obras de arte, singularmente de Velázquez y Murillo, realizado por los franceses revelaron al mundo una producción artística maravillosa inesperada en ese país oscuro e inquisitorial que les habían contado antes. El regalo de las Cortes de Cádiz al Duque de Wellington de una abundante colección de obras de arte españolas produjo idéntica conmoción en Inglaterra, esa Inglaterra cuya aristocracia moría por conocer las obras que decoraban el Palacio del Duque de Wellington, el vencedor de Napoleón.
Todo esto hizo de España, esa ubicación geográfica de que antes les hablaba, un destino imprescindible para los nuevos románticos. Y sin embargo ¿cómo entendían los habitantes de la península ese territorio que ellos habitaban?
De forma muy diferente, claro, aunque esto es materia que da para muchos post. Hoy solamente quería hablar de turismo y del origen de una cierta imagen de España.
Dos historias de México
La historia puede escribirse de muchas formas pero ninguna suele ser neutral. Hagamos un experimento y probemos a resumir la historia de México, por ejemplo, de dos formas diferentes.
Primera. En mesoamérica existía una civilización floreciente con capital en Tenochtitlán que aún hoy día nos sorprende con sus logros pero unos europeos llegados en barco, apoyados por tribus de indígenas traidoras a su patria, cercaron y se apoderaron de Tenochtitlán acabado así con aquella civilización maravillosa.
Tras tres siglos de dominación europea en la que se exterminó a la mayor parte de la población indígena, mexicanos de verdad se levantaron contra los europeos y los expulsaron del país. Un buen ejemplo para la humanidad.
Segunda. En mesoamérica existía una civilización que sistemáticamente capturaba miembros de las tribus vecinas para asesinarlos. Hartas de la situación y aprovechando la llegada de un contingente de europeos estas tribus se liberaron del yugo azteca y atacaron su capital Tenochtitlán apoderándose de ella y librando al país de aquella tiranía.
Tras la victoria indígenas y europeos se mezclaron entre sí hasta hacer de México un país ejemplarmente mestizo donde las razas se aman y no se odian. Un buen ejemplo para la humanidad.
Un mexicano hoy puede sentirse heredero de los mexicas o asumir que es hijo de una civilización mestiza. Las consecuencias de elegir creer en uno u otro relato son decisivas no sólo para determinar cómo se relacionarán con el mundo y entre sí sino incluso su relación consigo mismos y su historia.
Por eso ten cuidado de qué libros lees y qué relatos asumes, los libros son la forma en que se programan los seres humanos. Y recuerda que donde escribí México puedes escribir España… Españoles y mexicanos no somos muy distintos y seguramente a nosotros también tratan de escribirnos una historia que nadie escribe con neutralidad.
Como a los mexicanos.
Cambalache
Los partidos se dan más plazo para pastelear el control del Consejo General del Poder Judicial, un aquelarre en el que no sólo participan el PP y el PSOE sino también Podemos. Las asociaciones judiciales que salieron a la calle no hace mucho, ahora juegan dóciles al juego del cambio de cromos mientras la mayoría de los jueces asisten atónitos al cambalache.
Esta es la justicia que tenemos y esta es la forma en la que se juega con la independencia judicial, un juego denunciado por el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la Corrupción.
Partidos que se dicen «españoles» destruyen la credibilidad de la justicia española en europa por su afán de controlarla; partidos que se dicen «renovadores» lo único que hacen es renovar la vieja tradición de controlar a quienes luego habrán de juzgar sus acciones; partidos que se dicen patriotas no dudan en apuñalar la justicia española aunque ello suponga desangrar a esa pattia que dicen defender tan sólo en su propio interés. Esa es su patria.
En España, por decisión de unos políticos miserables y sin la más mínima grandeza moral, la justicia está desacreditada en sus más altos órganos. Y lo vamos a pagar muy caro, todos, y para saberlo no es necesario siquiera mirar a Cataluña o a su oficina bancaria.
¡Qué buen pueblo es este para unos gobernantes siquiera medio decentes!
SOS Justicia
Desde Europa el informe Greco sobre la corrupción ha reiterado que el poder judicial español no ofrece las necesarias garantías de independencia.
Mientras los jueces de infantería defienden en general a los administrados, sus resoluciones son revocadas en nuestros más altos tribunales. Las cuestiones prejudiciales son la vía a través de la cual nuestros jueces y tribunales se saltan al Tribunal Supremo, acuden a instancias europeas y tuercen una voluntad que, sistemáticamente, ha sido menos pro-consumidor que la de los tribunales europeos.
En España la justicia viene de Europa y esa percepción es una realidad cada vez más generalizada. Pareciera que no se puede esperar nada bueno de los más altos tribunales españoles.
Mientras, los bancos siguen financiando a los partidos políticos de los que forman parte los políticos que, en esta legislatura y en las anteriores, se reparten los cargos del Consejo General del Poder Judicial que, a su vez, nombrará a los más altos cargos del Tribunal Supremo o a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, por ejemplo. Estos son quienes habrán de juzgarles a ellos —aforados— y ellos no van a dejar que les juzgue un vulgar juez de lo Penal como a cualquier tiñalpa ibérico. A toda esta cancamusa le llaman nuestros muy honorables políticos «democratizar» la justicia. Pápate esa.
Mientras desoyen a Europa y se reparten el pastel, quienes se quedan con la mejor parte gritan que tenemos un independentísimo poder judicial y a quien lo discuta le tildarán de antipatriota o antidemócrata (lo que primero se les ocurra).
No les crean: ellos son los antipatriotas, ellos son los antidemócratas, ellos son los que deliberadamente nos han dejado sin justicia, ellos son los que prefieren poner a España en riesgo de estallar en mil pedazos o morir de inanición antes que dejar de repartirse pasteles; ellos son los que de forma activa carcomen nuestra justicia y ellos son quienes pueden acabar demoliendo el mejor proyecto de vida en común que ha tenido este país en los últimos 500 años.
Nada les importa ni nada les preocupa salvo su propio interés.
Esto ya no da más de sí y o les arrojamos por la borda o nos iremos a pique con ellos y que se salve el que pueda.
Los pactos son para cumplirlos
Desde que, en 1985, el PSOE decidiese que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se llevaría a cabo por políticos y no por jueces hasta que, en 2013, el PP dejó a su particular y exclusivo gusto el sistema de elección por medio del incalificable Gallardón, los organismos europeos encargados de vigilar la corrupción en los estados miembros han venido denunciando la situación en que se encuentra el gobierno de los jueces en España y el riesgo que ello conlleva para la independencia judicial.
A los sucesivos gobiernos de PP y PSOE estas críticas les han merecido la misma atención que parece haberles merecido la mejora de la administración de justicia; es decir, ninguna. Es natural, los dos grandes partidos parecen haber dedicado más esfuerzos a controlar la justicia que a fortalecerla, pues su relación con ella ha estado más veces vinculada a mediáticos procesos por corrupción que a avances reales y tangibles en la administración de justicia española.
La aparición de nuevos partidos sin el largo historial de procesos por corrupción que soportaban los dos grandes partidos tradicionales pareció abrir vías para un nuevo replanteamiento del tema pero, la inestabilidad política de los últimos tiempos, dificultó la aparición de ninguna iniciativa novedosa; sin embargo, ahora es el momento.
Ahora es el momento porque nuevamente el informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha sido durísimo en relación a la lucha contra la corrupción en España y ha señalado la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial como uno de los puntos que deben ser corregidos para adaptarlos a las recomendaciones europeas y —añado yo— al espíritu y letra de nuestra Constitución.
Ahora es el momento porque nuevamente PP y PSOE han vuelto a cerrar filas para que todo permanezca igual y ahora es el momento porque tanto Ciudadanos como Podemos no tienen nada que perder y sí mucho que ganar impidiendo que este inicuo sistema de elección del CGPJ se mantenga.
Ciudadanos, además, se juega ante la comunidad jurídica toda su credibilidad. Recordemos que, cuando Ciudadanos decidió apoyar la investidura de Rajoy, firmó con el partido del gobierno, el PP, un catálogo de 150 medidas una de las cuales, la medida 102, se pronunciaba específicamente sobre esta materia y contenía un compromiso claro y concreto:
- Impulsar, desde el necesario consenso parlamentario, la reforma del régimen de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los doce de procedencia judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados.
No caben componendas para Ciudadanos: o exige al PP el cumplimiento de este punto o tendremos que sospechar que su aparente compromiso contra la corrupción no pasa de ser una pose ajena a medidas estructurales.
Es, pues, el momento de cumplir con la palabra dada, es momento de demostrar que los acuerdos no son meras coartadas para engañar al electorado. PP y Ciudadanos se comprometieron a algo que deben llevar a cabo; el PP porque, tras los nefastos mandatos de Gallardón y Catalá, debería hacer algo más que simplemente estropear nuestra administración de justicia; Ciudadanos para acreditar que las viejas maneras no caben en los nuevos partidos y que ahora, sorprendentemente, los partidos tratan de cumplir sus compromisos.
¿Son ustedes optimistas al respecto? ¿Creen que estos partidos cumplirán sus compromisos? Hagan sus apuestas y en unos meses lo comentamos.
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