Categoría: Abogados

Proposiciones que serán leyes

Quienes sigan las andanzas de esos abogados que componen la sedicente Brigada Tuitera habrán observado que sus iniciativas legislativas se han multiplicado últimamente y que, recientemente, el Parlamento Andaluz ha aprobado una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno de España a retirar las tasas judiciales a las PyMES y ONG’s. La trascendencia de esta acción, de este golpe de mano, no ha sido percibida -en general- en su exacta dimensión, pero créanme si les digo que es posible que en Sevilla, en el Parlamento Andaluz, se escribiese el pasado 9 de octubre el principio del fin de las tasas.

Presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos, la proposición no de ley de la Brigada Tuitera fue apoyada por todos los grupos parlamentarios en su práctica totalidad pues sólo el PP se abstuvo -ni siquiera votó en contra- en uno de los tres puntos que la componían. Todos los grupos, pues, se posicionaron pública y solemnemente por la desaparición de las tasas para PyMES y ONG’s.

No es la única moción en marcha; en este momento mociones sintéticamente iguales a la que ganó en Andalucía se han presentado en Euskadi, Madrid, Castilla y León… Y están en marcha en La Rioja, Cantabria, Navarra, Castilla La Mancha y la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España, presentadas en cada autonomía por grupos políticos distintos, ora por Ciudadanos, ora por el PSOE, ora por cualquiera de los demás partidos.

Hoy son proposiciones no de ley apoyadas por todos los grupos políticos (con las naturales reticencias del PP) pero, el 20 de diciembre, habrá elecciones y tras ese día se constituirán nuevas Cortes Generales con unas mayorías muy distintas de las que hay hoy en ellas.

Y entonces será el momento de ir a la Carrera de San Jerónimo y presentar como proposición de ley lo que hasta ahora era una proposición no de ley, y será también el momento de pedir a los partidos que han apoyado la proposición por toda España que la apoyen también en Madrid. Y, si aún queda vergüenza, esta primavera nos pasearemos por una España sin tasas.

Llevamos dos años en campaña contra las tasas y hay que acabar lo que se empieza, hemos de cerrar este capítulo de nuestras reivindicaciones, aunque sólo sea para que algunos aprendan que no se puede gobernar contra el pueblo y que, si lo hacen, ni ellos ni sus leyes perdurarán.

Acabemos, pues, esta tarea y luego vendrán las demás. Vale.

  

Pobres abogados

Quizá sea tiempo ya de decirlo: entre los abogados hay bolsas de pobreza; no de escasez o de apretura, sino de pobreza.

Les conozco, les he visto enfermar y hacerse viejos con pensiones de apenas trescientos euros (les pilló desprevenidos el cambio de plan de jubilación), trabajando hasta los ochenta años o más no por vocación sino por necesidad, ejerciendo en su casa porque no hay dinero para alquilar despachos y dando por descontado que habrán de ser abogados hasta la muerte porque a estas alturas ya no les queda otra. Pueden creer que les exagero, están ustedes en su derecho, pero yo les conozco y sé de qué hablo.

Tras ocho años de crisis los abogados llevan sus angustias económicas con una dignidad que encoge el corazón, escondiendo bajo las togas, los trajes y las corbatas la angustia de vivir al día, pero dispuestos a defender los derechos y las esperanzas de quienes se acercan a ellos.

Ya sé que no es distinto lo que les pasa a los autónomos, a los trabajadores, a los pequeños empresarios… Ya sé que es la misma agonía; pero es que luego está el gobierno, ¡ay el gobierno!, dictando leyes para entregar los divorcios a los notarios, sacar procedimientos hereditarios de manos de los abogados para entregarlos también a los notarios, congelando las retribuciones del turno de oficio, derogando las faltas de tráfico para hacer caro el antes gratuito proceso para reclamar por las lesiones producto de los accidentes, imponiendo tasas a las personas jurídicas… Y un largo etcétera. 

No quieren una abogacía independiente, prefieren esos grandes despachos con quienes siempre se puede hablar y a los que no cualquier tiñalpa puede acudir. Definitivamente los abogados independientes molestan con su manía de defender los derechos de los menos favorecidos, de los hambrientos como ellos. Sí, los abogados independientes molestan en un mundo que pretende cada vez más controlar la justicia y en el que ellos son el anacrónico resíduo de la independencia y la justicia posible.

Por eso, cuando veo anunciadas cosas como «jornadas de internacionalización de despachos», eventos de «branding», de «marketing» o de «coaching» para abogados, me pregunto si quizá los organizadores de los mismos no conocerán a los mismos abogados que yo. Porque los abogados que yo conozco no son los que salen en las páginas salmón de la prensa económica, los que tienen sucursales en Hong-Kong o Nueva York o dividen a los integrantes del despacho en «juniors» y «seniors». 

Yo conozco otra abogacía, esa que en 2015 tiene bolsas de pobreza, la que no sale en los titulares, para la que no se organizan congresos… pero que es la que sufre, calla, da la batalla y mantiene la esperanza de que la justicia aún es posible en este país.

Proposición no de ley contra las tasas

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Los húsares andaluces de la Brigada Tuitera están presentando a los diversos grupos políticos del Parlamento Andaluz una «proposición no de ley» para instar al Gobierno de la Nación a retirar la infame ley de tasas que aprobó el ministro Gallardón y que, a pesar de las protestas unánimes, sigue gravando, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas españolas y a las ONG´s.

En su actividad han llegado incluso a reclamar al propio PP de Andalucía que apoye e impulse esta proposición no de ley, momento que recoge la foto.

A la reunión asistieron miembros de la Brigada Tuitera de las provincias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Granada y Huelva. En la misma, en la que estuvo presente durante un buen rato el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, expusieron los objetivos principales del movimiento tuitero, insistiendo en la necesidad de que el PP se comprometiera a presentara una proposición no de ley de rechazo a las tasas judiciales.

A esta reunión asistieron los «brigadistas» José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogado de Sevilla, María Isabel Escartín, decana del Colegio de Procuradores de Sevilla, Manuel Nogales, procurador de Huelva, María del Mar Mingorance, abogada de Córdoba, Rosa María Durán, abogada de Huelva, Sergio Mombo, abogado de Málaga, Enrique Hinojosa, procurador de Huelva, y los magistrados y jueces Francisco Gutierrez, Antonio Cortés, y Maria Cruz Fernández-Aragón, estos últimos miembros, también, de la Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, los cuales expusieron abiertamente la dramática situación en la que se encuentra la Justicia andaluza, con señalamientos para el año 2019 en algunos órganos judiciales sevillanos.

También se le expuso al diputado autonómico andaluz una comparativa del dispar número de jueces por habitante que cada comunidad autónoma dispone, en la que Andalucía destaca con uno de los porcentajes más bajos.

En ese sentido, se resaltó que Portugal, con una extensión y población aproximada a la andaluza, cuenta con el doble de jueces que nuestra Comunidad, lo que repercute, de manera directa, en la celeridad y calidad de la Justicia.

Todos podemos unirnos a esta acción (los americanos le llamarían Grassroots) y podemos aprovechar su trabajo para solicitar en nuestra Comunidad Autónoma la adopción de una proposición no de ley similar. Por si decides asumir tú esta responsabilidad te dejo en este link el texto completo de la suya para que la adaptes a tu autonomía en la forma que estimes pertinente.

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El Ministerio de Justicia y el software propietario

Tarjeta de Lexnet

Hace cuatro años escribí un post en el que denunciaba que Lexnet no funcionaba adecuadamente cuando no se usaban los sistemas operativos de Microsoft o alguna de las aplicaciones de esta marca, especialmente el procesador de textos Word. Ya en 2011 la abrumadora mayoría de los dispositivos móviles usaban sistemas operativos que no eran el «Windows» de Microsoft sino el iOS de Apple o el popular Android (un sistema operativo basado en el núcleo Linux) y en lo presente, el sistema operativo de Microsoft no sólo es residual en el campo de los dispositivos móviles sino que cada vez es menor su cuota de mercado en los sistemas de sobremesa donde iOS y Linux son cada vez más frecuentes. Tuve oportunidad de formular mi queja en instancias oficiales más elevadas donde siempre se me dijo que el problema «estaba en vías de solución» pero, a día de hoy, sigo sin poder abrir en algunos de mis dispositivos, por ejemplo, los archivos .rtf que se me mandan vía Lexnet y no albergo demasiadas esperanzas de que esto vaya a cambiar en el futuro.

Esta circunstancia no pasaría de ser un problema menor sino fuese porque bajo ella se esconde un problema mucho mayor, un problema que cuesta muchos miles (millones) de euros a los españoles: el uso por parte de las administraciones de software propietario en lugar de software libre tal y como preceptúan diversas disposiciones legales europeas y aún españolas.

Me permitiré escribir unas pocas líneas para quienes no estén familiarizados con las diferencias existentes entre el software propietario y el software libre (sospecho que muchos de mis lectores son juristas y pueden desconocer las diferencias) de forma que, si usted ya las conoce, puede saltarse tranquilamente el siguiente párrafo y si —a pesar de la breve explicación— sigue sin entenderlas tampoco pasa nada, puede seguir también leyendo recordando que las licencias de software libre no cuestan al estado ni un sólo euro mientras que las de software propietario suelen resultar bastante caras. Supongo que usted pensará que los programas de software propietario serán mejores que los de software libre (por aquello de que si son caros habrán de ser mejores) y sin embargo créame, no es así, todo este mundo de las nuevas tecnologías, en su parte más fundamental, se halla soportado por programas de software libre. Si no me cree puede entretenerse un ratito leyendo este post que aquí le dejo llamado ¿podríamos vivir sin software libre?. Así pues no crea que lo caro es siempre lo mejor, en ningún lugar se cumple con tanta precisión como en el campo de las nuevas tecnologías aquella afirmación de Antonio Machado que decía que…

Todo necio
confunde valor y precio

y esa confusión, para nuestra desgracia, parece producirse con harta frecuencia en nuestros ministerios.

Se llama «software libre» a aquel que, por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Es una característica fundamental de los programas de software libre que su código sea legible y público de forma que es posible saber lo que hace el programa. Sus licencias son gratuitas, pero están sometidas a las limitaciones que les impone su licencia de entre las cuales la más famosa es la licencia GNU-GPL. El «software propietario» es justamente todo lo contrario: sus programas vienen compilados y en «código máquina» de forma que un humano no puede conocer exactamente lo que hace el programa salvo que realice operaciones de «ingeniería inversa» que, por otro lado, están prohibidas y aún sancionadas. Un programa propietario es, por ejemplo, el popular Word de Microsoft, un programa del que desconocemos su código fuente y, por lo tanto, qué es lo que el programa está haciendo exactamente. Cualquiera pensaría que la administración de justicia o la de defensa no deberían usar programas cuyo funcionamiento exacto desconocen (¿se imaginan que el programa mandase un aviso cada vez que zarpa un submarino español o se dicta una orden de busca y captura?) y sin embargo, a pesar de eso, el programa ha sido usado hasta por los servicios secretos españoles. La elección entre software libre y software propietario es, pues, estratégica desde muchos puntos de vista, pero, dado que las licencias de software libre son gratuitas y las licencias de software propietario cuestan un buen dinero a los administrados, será este aspecto sobre el que nos centraremos en este post y más concretamente en el coste que le supone a la administración de justicia española el uso de un perfectamente sustituirle software propietario.

Para averiguar cuánto gastaba la administración de justicia en innecesario software propietario he buceado en los presupuestos generales del estado sin hallar partida en ellos en la que se detallen con claridad los gastos en licencias de software que soporta nuestra administración de justicia. Sé que los funcionarios usan Word (y debo presumir que no es software pirata) y sé que los sistemas de gestión procesal usan bases de datos Oracle por cuya renovación de licencias este año se han pagado entre  171.415,47 y 207.412,72 euros. Sé también que en Finlandia,  la migración a OpenOffice se realizó durante el periodo 2003-2010 para 10.500 equipos del Ministerio de Justicia y que según datos facilitados por la Free Software Foundation Europe (FSFE), el ahorro en este periodo es de un 70%, al estimar el coste en 6.787.000 euros para Microsoft Office frente a los 2.063.000 euros de OpenOffice.

Calcular cuánto se está gastando el estado por culpa de las licencias de software propietario es algo que escapa al presente post pero no es difícil estimar que la cifra se mueve en bastantes decenas de millones y así y todo, de entre todos los perjuicios que dicho software causa, es quizá este del pago de las licencias el menor.

Siendo el software propietario inmodificable por terceros se están perdiendo muchos puestos de trabajo de buenos programadores y empresas españolas mientras los beneficios se marchan hacia América; siendo estratégico el software en la gestión de las administraciones, la migración hacia sistemas abiertos tiene también su coste por lo que la dependencia de una sola empresa suministradora se agrava llevando a una indeseable posición negociadora, y, lo que es peor, atendiendo estas empresas a su propia conveniencia antes que a cumplir los estándares internacionales, ocurre que tratan de introducir sus propias soluciones en lugar de las estándar y así provocan que yo, por ejemplo, no pueda abrir debidamente los archivos .rtf de LexNet (el sistema electrónico de comunicación de resoluciones judiciales) o que este sistema debido al uso de componentes Active X en 2011, no cumpliese lo establecido en los artículos 5 y 6 del anexo IV del Real Decreto 84/2007 (BOE número 38 de 13 de febrero de 2007),y de esta forma los usuarios hubiesen de utilizar necesariamente el navegador de Microsoft para regocijo y satisfacción de la empresa de Redmond y para enfado y desesperación del resto de usuarios de Mozilla Firefox, Chrome, Safari, etc…

Ni que decir tiene que el uso de sistemas propietarios y cuyo código nos es desconocido abre todo tipo de posibilidades para que el programa haga cosas que no debiera hacer, supone un riesgo mayúsculo en los procesos judiciales y en especial en los de la jurisdicción penal donde, gracias a wikileaks, sabemos que la administración estadounidense es aficionada a husmear.

Y no sigo por hoy, al uso inconveniente de programas de software propietario se une la existencia de, al menos, ocho programas de gestión diferentes en las diversas comunidades autónomas cuya falta de compatibilidad ya ha dado algún disgusto que prefiero no recordar; todo lo cual indica que no existe una visión estratégica global de lo que ha de ser el uso de las nuevas tecnologías en la administración de justicia. A destripar un poquito la historia de los Minervas, Minervas-NOJ, Cicerones, Justicias.cat y Justicias.bat así como a los unifaces y demás softwares que fatigan la vida judicial dedicaremos otro día. Por hoy bástenos concluir que, visto el panorama, en España la cuarta ley de la tecnología de Melvin Kranzberg se cumple rigurosamente, esa que dice que:

Aunque la tecnología puede ser una cuestión primordial en muchos asuntos públicos, los factores no técnicos son los primeros al tomar decisiones políticas en cuestiones tecnológicas.

Y si aún les quedan dudas pueden leer esta noticia del diario 20 minutos que involucra a Registradores de la Propiedad, a reformas legislativas y al ministro de infausto recuerdo Alberto Ruíz Galardón.

Lo que nos enseñó Cicerón

Objetivos de un discurso: docere, delectare, movere...
Objetivos de un discurso según Cicerón.

Veo publicitarse a menudo cursos sobre cómo «hablar en público» —incluso específicamente dirigidos a abogados para mejorar sus técnicas de informe oral en sala— y debo decir que, cuando leo sus contenidos, me decepcionan profundamente y me invade la sensación de que casi todos estudian lo accesorio y olvidan lo principal.

La retórica es una disciplina transversal a distintos campos de conocimiento (ciencia de la literatura, ciencia política, publicidad, periodismo, ciencias de la educación, ciencias sociales, derecho, etc.) que se ocupa de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadida —naturalmente— a su finalidad comunicativa y, esta ciencia, es algo mucho más serio que una serie de consejos pueriles más propios de la literatura de autoayuda que de la literatura científica que es lo que suelo ver en los programas de estos cursos que les he mencionado.

Hoy, mientras leía un artículo sobre cómo Aristóteles podía ayudar a las «Startups» a generar contenidos de calidad, me he acordado de mi disgusto con estos sedicentes «cursos de oratoria» y me he preguntado si podría resumir en una o varias infografías algunas de aquellas enseñanzas de la antigüedad clásica que, dos mil años después, siguen siendo el «state of the art» de la ciencia retórica y, cómo no, he recordado a Cicerón y su obra «Orator«, pues en dicha obra el maestro nos resume cuáles han de ser los objetivos de todo orador forense. Los tres objetivos del orador, según Cicerón, son «docere, delectare, et movere». Es decir, el orador forense debe perseguir tres metas: probar su tesis a la audiencia (el juez o el jurado), deleitarla y moverla emocionalmente a llevar a cabo una acción (en nuestro caso a que dicten una sentencia favorable).

No me extenderé mucho, los argumentos del objetivo ciceroniano del «docere» podemos encontrarlos en la esfera del «Logos» de que nos hablaba Aristóteles en su «Retórica» y que, en el caso de los abogados, son nuestras primeras herramientas: la ley, la jurisprudencia, la doctrina, pero también las evidencias, las analogías, etc y por eso los he colocado contiguos en la infografía. Los argumentos que corresponden al «delectare» y al «movere» los he colocado respectivamente vecinos a los campos del «ethos» y del «pathos»; no es correcto, lo sé, pero, comoquiera que de estos tres campos ha de nutrirse nuestro trabajo en sala, ahí los dejo para que vayan sonando.

Determinar cómo y con qué herramientas hemos de conseguir esos tres objetivos que Cicerón nos señala es un trabajo que excede con mucho a los límites de un post pero, al menos, conociendo los objetivos seremos capaces de darle un sentido a nuestro trabajo pues si no conocemos nuestro destino ningún camino es bueno.

En todo caso: gracias Cicerón.

La Vieja Guardia

  Los conozco a todos por su nombre, he pasado con ellos los últimos 28 años de mi vida, son los viejos del colegio, los gruñones. Si han de justificar el turno gruñen, gruñen cuando cobran su miserable compensación, gruñen cuando han de acudir a comisaria, pero sé que llegado el caso darán la vida por los derechos del último ciudadano del último pueblo de la comarca. Son la vieja guardia de @icacartagena (faltan algunos pero porque estaban de guardia en los juzgados o en el cielo) y os aseguro que no conozco mejor ejército en el mundo. Hoy me pienso emborrachar con ellos.

El prodigioso caso del juzgado fantasma

Ciudad de la Justicia de Elche
Ciudad de la Justicia de Elche

Cuentan por Elche que, en el año 2010, viendo los gobernantes la gran carga de trabajo que pesaba sobre sus juzgados por medio de un decreto real crearon un nuevo juzgado que sería el séptimo de los de primera instancia de la ciudad. Tal disposición se celebró con algazara pregonándose la noticia y asegurándose por la señora consejera encargada de los asuntos de justicia Doña Paula Sánchez de León la inminencia de su ejecución:

«la Generalitat pondrá en marcha este año el Juzgado de primera instancia número 7 de Elche, que agilizará la gran carga de trabajo del resto de juzgados, motivada por la actual crisis económica»

Ocurre, sin embargo, que siendo el misterio tan consustancial a Elche como los encierros a Pamplona, comenzaron a ocurrir inquietantes fenómenos —probablemente paranormales— que dieron lugar a que el Gobierno de los Jueces, en su reunión de fecha 25 de noviembre de 2010, encomendase al recién creado juzgado el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a la capacidad de las personas y a que desde entonces (no se sabe si por la capacidad o por las personas) el recién creado juzgado no tuviera nunca y hasta el día de hoy juez, ni alguaciles, ni secretarios, ni escribanos y ni siquiera una sede conocida. Los responsables del asunto no han acertado a dar una explicación coherente al fenómeno probablemente ocupados en continuar con sus hábiles trabajos de diseño en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Dos años después de aquellos inquietantes sucesos, en 2012, consciente el gobierno de los jueces de la naturaleza ectoplásmica del juzgado revocó su orden anterior de forma que, en este momento, el Juzgado de Primera Instancia 7 de Elche tiene su sede en una dimensión judicial ignorada donde, sin duda, ejerce la jurisdicción que se le negó en el mundo de los vivos. Un caso digno de estudio.

Digno de estudio porque ilustra vívidamente la forma en que hacen las cosas los legisladores españoles, digno de estudio porque nos instruye acerca de la necedad inherente a dictar leyes sin hacer previsiones económicas y digno de estudio, en fin, porque nos permite predecir el destino final de leyes dictadas con no se sabe qué fin pero que, ciertamente, no es el que figura en la propia ley.

Porque ordenar a los jueces que concluyan instrucciones complejas por delitos de corrupción en 6 o 18 meses sin poner al mismo tiempo medios materiales para que puedan hacer su trabajo es dictar leyes que sólo podrán cumplirse en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Elche. Porque afirmar que tal o cual ley dictada sin la más mínima previsión presupuestaria (ponga usted Ley de Enjuiciamiento Criminal, LOPJ, Código Penal…) dará lugar a procesos más veloces es una afirmación que tiene la misma solidez que la sala de vistas del Juzgado de 1ª Instancia número 7 de Elche. Y porque, en fin, cuando los juzgados y tribunales del mundo real sufren sobrecargas de trabajo de hasta el 300% dictar leyes sin apoyo presupuestario, es decir, sin dinero para llevarlas a cabo, es dictar normas de cuyo cumplimiento se habrá de encargar al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Elche.

Lo más curioso es que en la Ciudad de la Justicia de Elche hay toda una planta vacía para instalar ese juzgado. Quizá convenga acabar de una vez con esta farsa, acabar con los juzgados fantasmas, con las leyes fantasmas y con las políticas fantasmas. Vale.

Piero Calamandrei

Piero_Calamandrei_2Si has estudiado derecho seguro que has oído hablar de Piero Calamandrei, o simplemente de «Calamandrei» que es como los catedráticos —al menos los míos— solían citarlo. Ocurre a menudo que las citas acaban ocultando a las personas y convirtiéndolas en poco más que un inanimado pie de página. Permítanme que les cuente algunas cosas del hombre, porque quizá, al final, se produzca el efecto reflejo y acaben deseando releer su obra jurídica. Calamandrei —nacido en Florencia en 1889— combatió en la Primera Guerra Mundial como voluntario en el 218 Regimiento de Infantería donde alcanzó el grado de Teniente Coronel, algo que nunca oí citar a mis catedráticos; como tampoco les oí citar que, cuando se produjo el auge de Mussolini y el movimiento fascista, el jurista Piero Calamandrei (ya profesor de derecho en la Universidad de Módena) fue de los pocos valientes que se atrevieron a oponerse al mismo llegando a firmar públicamente manifiestos en tal sentido. Tras la guerra continuó su trabajo como profesor pero, en este breve post, lo que menos me interesan son sus logros académicos, sólo me interesa mostrar al Piero Calamandrei hombre, al que nunca sale en las citas.

Conferencias junto al mar: derecho procesal contra la corrupción.

 

Captura de pantalla 2015-06-29 a las 19.54.56El próximo 29 de julio he sido invitado  por la Universidad de Murcia a dar una conferencia en el marco de su Universidad del Mar titulada «La celeridad en los procesos por corrupción: entre el deseo y la realidad» y he de confesar que tal invitación me ha agradado mucho pues, esa misma tarde, compartiré foro con el indiscutible maestro de los procesalistas españoles, Don Andrés de la Oliva Santos quien hablará sobre «La acción popular como instrumento anticorrupción». La tarde del 29 de julio se me presenta difícil (¿qué puedo decir después de escuchar a quienes me van a preceder?) pero me ilusiona estar en este foro de la Universidad del Mar de la Universidad de Murcia, en Águllas, una ciudad en la que me siento en casa. Este es el programa de las jornadas, si podéis venir creo que será divertido.

Inversión en Justicia 2010-2014

La inversión en justicia en el período 2010-2014 es extremadamente significativa de lo que se ha venido haciendo con la justicia en los últimos tiempos. Los datos se contienen en «La Justicia dato a dato» publicada por el Consejo General del Poder Judicial y son estos, ahora ínterprételos usted mismo. La evolución del gasto del ministerio de justicia se ofrece en gráfica aparte. En un país acosado por la corrupción la falta de inversión en justicia es una clamorosa calamidad.

(P.D.) Me dicen que la gráfica (elaborada automáticamente por «Numbers» a partir de la hoja de cálculo) puede aparentar una bajada mayor que los propios datos que en ella se leen. Atienda pues a los datos.

Captura de pantalla 2015-06-21 a las 20.21.27Captura de pantalla 2015-06-21 a las 20.06.26