La justicia y los ombligos de sus reformadores

La justicia y los ombligos de sus reformadores

Si hay una administración que se ha construido de espaldas a los administrados esta es la administración de justicia. A base de llevar la justicia los ojos vendados, los administrados parecen resultar invisibles para quienes la dirigen y esto se comprueba a cada paso que se da dentro de ella.

Si usted va, por ejemplo, a un edificio judicial observará que en los mismos nunca se tienen en cuenta las prescripciones legales a la hora de su construcción.

Las salas de vistas, por ejemplo, se construyen con una sola puerta para testigos, partes y público. La necesaria separación entre testigos de la acusación y la defensa o entre los familiares de acusadora y acusado es imposible con esa arquitectura. Cumplir una orden de alejamiento es impensable en el juzgado, agresor y agredida entrarán por la misma puerta y, aunque ella pueda esperar a ser llamada en otro piso, las familias de agresor y agredida y sus testigos habrán de compartir la espera juntos en la entrada de la sala. Si lo han vivido no necesito explicarles nada, si no lo han vivido no les costará imaginarse el ambiente espeso que se vive allí.

¿Por qué al diseñar las salas de vistas no se establecen dos puertas y dos salas de espera donde se puedan mantener las separaciones que la ley indica? Pues, simplemente, porque los administrados no existen para quienes organizan la administración de justicia y, si existen, existen como problema, como ese obstáculo con el que se ha de lidiar necesariamente, al que hay que confinar en un espacio diferente y no como el objetivo de los servicios de la administración, el fin y la razón última de su existencia.

No, olvídense, los administrados podrán ser el objeto de los desvelos de todos en la sanidad, pero en la administración de justicia no, radicalmente no.

Les cuento esto porque hoy ha caído en mis manos uno de esos monumentos al desprecio al administrado que, con demasiada frecuencia, suele expeler el entorno de nuestra administración de justicia: algunos «operadores jurídicos» (ahora se dice así) han perpetrado un sedicente plan de agilización de la justicia en una comunidad levantina que lo mismo podría denominarse plan de propagación del coronavirus que himno a Don Juan Palomo.

Los «operadores», movidos de su celo, proponen concentrar en las capitales de provincia de esta comunidad la resolución de los concursos de personas físicas y, de paso, establecer tribunales de instancia con sus NOJ, sus UPAD y sus OTAC (Otras Tonterías Ampliamente Citadas).

Que esto suponga que, para resolver sus problemas, más de un millón de administrados hayan de desplazarse potencialmente en viajes de decenas y aun centenares de kilómetros no parece importar a estos «operadores».

Llama la atención que, cuando los ciudadanos nos vemos abocados a vivir año y medio (como poco) en medio de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad, los «operadores jurídicos» estos del infierno se destapen proponiendo medidas organizativas que, alejando la justicia de los ciudadanos, promuevan los desplazamientos y la vulneración de las medidas de restricción de movilidad y alejamiento social. Si el coronavirus buscaba buenos aliados los ha encontrado aquí, en estos «operadores» a los que no les importa desplazar masas de población u organizar peregrinaciones obligatorias a la meca judicial.

Vamos a decirlo con toda claridad: ni el CGPJ ni estos «operadores» de que les hablo han preparado ningún plan contra la pandemia: simplemente y de forma irresponsable, han excretado las medidas que durante años han querido llevar a cabo pero que la sociedad civil ha impedido y, ahora, al amparo de la crisis, vuelven a sacar su cancamusa de tribunales de instancia, NOJ’s, UPAD’s, SCOOP’s y OTAC’s para cohonestarlos miserablemente bajo el drama humano que vivimos.

Por eso, si lee usted esos planes, verá que el hecho de que vayamos a vivir en un entorno de medidas de alejamiento social y restricción de movilidad se olvida sistemáticamente. Por eso, si lee usted esos planes, verá que todo se organiza con aparente coherencia para la administración de justicia, como si esta fuese un fin en sí misma y no fuesen los ciudadanos, los administrados, su primera y única razón de ser.

Oscuros intereses largamente larvados en el seno de la administración de justicia han pretendido diseñar a espaldas de los administrados una reforma de la administración judicial buena exclusivamente para los reformadores y, ahora, esos «reformadores» pretenden inicuamente aprovechar la crisis para, al amparo de la tragedia, profundizar en reformas que nada tienen que ver con las necesidades de los ciudadanos.

Que no le engañen, no trabajan para usted ni por usted y las reformas que proponen no se dirigen a servir al ciudadano, son simples reformas de su ombligo.


PD. Si quiere usted conocer un extracto de mi posición a este respecto puede verla en este video, escucharla en este podcast o leerla en este post. Si necesita mayores ampliaciones pídamelas.

El hambre, el virus y la abogacía

El hambre, el virus y la abogacía

Hablo con compañeros y compañeras de Colombia, Argentina, Ecuador… Y el feo rostro de la crisis exhibe su peor expresión: la actividad trae la enfermedad, la inactividad el hambre.

Mientras los autónomos pugnan por trabajar los asalariados, por ahora, se oponen. Mientras los jóvenes prefieren arriesgar los más mayores son cautos y así avanza la pandemia y el virus de la desunión en la república de los abogados y las abogadas.

No es muy distinta la situación en España: la oposición a volver al trabajo se presenta más entre asalariados y funcionarios que entre autónomos y profesionales liberales que ven cómo la inactividad les deja sin recursos para ellos y sus hijos.

Este debate aflorará con fuerza en los próximos días y puede tornarse crispado si algún partido político ve en él la posibilidad de pescar algunos votos.

El debate es falso: hay que volver al trabajo —no queda otra— pero hay que volver con la seguridad de que no pondremos en riesgo nuestra salud ni la de nuestros familiares. Es seguro que cumplir ambos requisitos va a exigir un esfuerzo arduo y penoso pero no se hicieron las crisis para los pobres de espíritu, toca trabajar duro, con seguridad y con alegría.

La república de los abogados y abogadas se va a ver durísimamente golpeada pero, créanme, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el CGPJ para destruir la vida y el futuro de los abogados independientes (sin ayudas financieras, exponiéndoles a riesgos sanitarios sin más protección que la que ellos se busquen, buscando modificar la ley por decreto en beneficio de los bufetes grandes…), a pesar de esos esfuerzos, digo, la República Independiente de los Abogados y las Abogadas va a emerger de esta crisis más poderosa que nunca. Costará dolorosísimas pérdidas pero, si tomamos conciencia de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, no debemos temer al futuro.

Mañana les sigo hablando de esto, he de guardar alguna buena noticia para cuando acabe el consejo de ministros.

La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo

La justicia española contribuirá decisivamente a que nos vayamos todos al carajo

Discúlpenme si les digo las cosas en lenguaje técnico, pero es que no encuentro mejor manera de hacerlo: el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto para España una disminución del PIB del -8% para este año.

Como no sé si ustedes comprenden exactamente lo que significa esa magnitud, permítanme que cite en este punto al premio nóbel de economía Paul Samuelson: «significa literalmente que nos vamos a la mierda».

En efecto, una bajada del PIB del -8% implica que nos vamos a ir a la mierda al carajo, aunque, afortunadamente, gracias a la justicia española y al ingenio innegable de quienes la dirigen, los españoles nos vamos a ir al carajo mucho más rápido y mejor que el resto de las naciones. Trataré de explicarles este prodigio.

Para que se hagan una idea de lo que significa para la justicia ese -8% es bueno que recuerden que en 2008, en medio de la histeria del ladrillo y las hipotecas, el PIB aún creció un 1,1% y, en 2009, ya en plena crisis y con media España perdiendo su trabajo, su casa e incluso su vida, el PIB bajó tan solo un -3,6%.

El -8% que predice el FMI significa que la crisis, este año, viene más del doble de dura que la de 2008-2009.

Esto, como dijo Marx, lo entendería un niño de seis años; lo que ocurre es que ni en el Ministerio de Justicia ni en el CGPJ han consultado a ningún niño de seis años, circunstancia esta que va a hacer la crisis española mucho más interesante. Déjenme que se lo explique que ya verán ustedes qué divertidos son estos muchachos del ministerio y los políticos con toga del CGPJ. Se van ustedes a partir. Literalmente.

En 2008-2009, una bajada del PIB del -2,5% en el conjunto de los dos años (1,1 en 2008 -3,6 en 2009), produjo un incremento del 40% de casos en los juzgados de lo social y del 81% en los mercantiles.

Este dato, una minucia sin importancia, significa que centenares de miles de españoles (casi medio millón por año) acudieron a los juzgados de lo social a reclamar el dinero que las empresas habían de pagarles. Ese dato significa también que muchas empresas acudieron a los juzgados para que estos les ayudasen a salvar la crisis.

Ustedes ya saben lo que pasó: los juzgados se colapsaron porque nadie había previsto aquello, de forma que los españoles hubieron de buscarse, como siempre, la vida por su cuenta.

Pero aquello fue un juego de niños comparado con lo que se nos viene encima ahora: con un -8% es de esperar que el trabajo en los juzgados de lo social se incremente en más del 100% y en los mercantiles en un fabuloso 200%. Lo que les digo, la cagada de 2008 va a parecer una broma al lado de esta: en 2020 lo vamos a bordar.

Es verdad que el hecho de que las causas se incrementen en un 200% en los juzgados mercantiles no significa necesariamente que no puedan atenderse. Junto a los 68 juzgados mercantiles de España existen 1.700 juzgados de primera instancia suficientemente cualificados para absorber ese exceso de trabajo, pero es ahí donde entra en juego el innegable ingenio del ministro de justicia y la escolanía del CGPJ.

En lugar de cometer la ordinariez de atender de inmediato a las necesidades que va a generar la carga de trabajo, estos sagaces próceres han logrado centrar la atención pública en sutiles debates relativos a si el mes de agosto será hábil o inhábil, si la cuantía para acceder a los recursos ha de ser esta o aquella o, incluso, maravilla de maravillas, si los bancos podrían beneficiarse algo más de este río revuelto y quitarles las costas en los procedimientos hipotecarios u obligar a los consumidores a interponer tres procedimientos conciliatorios y dos mediaciones (una de ellas canónica) antes de poder reclamar al banco los 600 boniatos que todavía le debe por los gastos de su hipoteca.

¡Ingenio de los ingenios!, ¡Prodigio de prodigios!, «Stupor mundi»: nuestros prebostillos provisionales han logrado que, mientras el transatlántico se hunde, la ciudadanía disfrute oyendo tocar a la orquesta «España Cañí». Es el trile perfecto, la cancamusa total, el «tararí que te vi dospuntocero».

Es maravilloso, mientras los bárbaros asaltan las murallas ellos le buscan las carteras a los defensores; mientras el enemigo avanza hacia la trinchera ellos discuten el último trienio de su salario; mientras las UCI’s se llenan y las empresas se vacían ellos juegan a diseñar nuevos y sutiles requisitos que incorporar a leyes rituarias. Créanme, mucho se les va a deber a ellos, sin una tan eficaz colaboración probablemente nunca nos iríamos todos al carajo con la rapidez y acierto que en esta ocasión lo vamos a hacer.

Tengo tan ciega confianza en ellos que estas van a ser, sin duda, las últimas palabras que escriba ocupándome de este asunto. Que nos vamos a ir al carajo ya es seguro, sólo queda ver si lo hacemos de forma ordinaria, entre quejas, o si lo hacemos en medio de este hermoso espectáculo que ahora contemplamos. Unos acusando a otros de querer trabajar, otros acusando a unos de vagos, los terceros manifestando que no trabajarán por el momento porque son ellos los que deciden cómo se han de gestionar las pandemias y los cuartos que si agosto no es inhábil o hábil —que ya ni sé— que entonces nanay.

Y mientras el ministro habla hoy de acelerar los trámites para entregar la instrucción de las causas penales al fiscal y mientras el CGPJ decide si la mediación con el banco es mejor hacerla en sillón rosa o celeste, los concursos de acreedores se preparan en las mesas de economistas y abogados, las cartas de despido se apilan en las asesorías y el hambre acecha desde su refugio de otoño tras un verano sin turismo.

Sí, indudablemente, nos vamos al carajo, pero no me negarán que gracias al ministro y al CGPJ vamos a llegar allí los primeros.

¡Campeones!

Un año de excepcionalidad por delante

Un año de excepcionalidad por delante

El primer gran cribado de datos revela que la tasa de mortalidad del coronavirus se situaría en un 0,37%lo que, trasladado a España y teniendo en cuenta las más de 18.000 muertes sufridas entre sus 46,5 millones de habitantes nos indicaría que aún nos queda un largo camino hasta alcanzar la inmunidad grupal.

No podemos, pues, pensar que antes de un año (como poco) habremos acabado con la excepcional situación en que nos ha colocado la crisis del coronavirus lo que nos debe obligar a todos a prepararnos para un largo período de excepcionalidad y a exigir a nuestras autoridades que dejen de dulcificar el mensaje y se preparen también ellos para un año de resistencia.

Esto es particularmente claro en el ámbito de la administración de justicia donde todos los planes presentados hasta ahora se revelan como irreales. Hay que actuar y hay que actuar ya, con los datos en la mano, con realismo y con decisión.

Un plan de choque ajustado a los riegos que para la administración de justicia presenta la pandemia es obligado.

O es ahora o no será nunca

España se enfrenta a una crisis económica sin parangón. De todos los sectores económicos a los que la pandemia del coronavirus causa daño el más afectado es el turismo junto con la restauración, la hostelería y todos aquellos negocios en cuya base se halle la acumulación de personas.

Vamos a tardar mucho en volver a ver cines llenos o la grada del Bernabeu llena pero, mucho peor aún, vamos a tardar bastante más de un año en conseguir que vuelvan turistas por España y ahora, amigo, saque usted cuentas.

Piense en las Islas Canarias y en sus habitantes ¿Qué harán todos los trabajadores y trabajadoras que se ganan su pan y el de sus familias en la hostelería, los hoteles o los negocios turísticos?

Benalmádena, Fuengirola, las costas mediterráneas… ¿Qué le espera a sus familias?

Recuérdelo cada vez que piense en la crisis: el turismo es el primer sector de entrada de divisas en España. Sí, sin él el golpe a nuestra economía pone al país al borde de ir a la lona. Y no podemos areglarlo, no podemos convencer a los turistas de que vengan, las medidas de restricción de movilidad y alejamiento social son universales.

¿Quién puede salvar a todas estas familias de un futuro de hambre y miseria?

Cuando usted se pregunte esto vuelva su mirada a la administración de justicia: es ella la que puede a través de los concursos ayudar a las empresas a salvar esta situación, es ella la que ha de vigilar que a los trabajadores se les reconozcan sus derechos sociales y es ella la que debe hacerlo de forma INMEDIATA y sin retraso alguno.

No menos de 160.000 procesos mercantiles comenzarán a inundar los juzgados cuando acabe el estado de alarma y los sociales probablemente se dispararán hasta el millón.

En este momento ni hay juzgados mercantiles suficientes ni sociales para atender ese tsunami y, en 15 días, NECESITAMOS tener suficientes órganos judiciales para parar este golpe. Disponemos de 14 días para hacerlo.

Y mientras los días pasan veo a los funcionarios de la sanidad dando literalmente su vida por nosotros mientras otros funcionarios y colectivos, en lugar de buscar formas de poder trabajar mañana tarde y noche para impedir la catástrofe que pueda acabar con todos, debaten sobre si agosto será hábil o inhábil.

Miren, España y los españoles dependen de que la administración de justicia no les falle.

Creo que aún no nos hemos enterado de que el juego ha terminado, que esta vez el país está en nuestras manos y que es el momento de demostrar que merecemos formar parte de él.

O no habrá quien nos aplauda

O no habrá quien nos aplauda

Oigo cómo la población aplaude desde sus ventanas esta tarde lluviosa de Cartagena. Agradecen a la comunidad sanitaria su trabajo continuado 24 horas al día por salvar a los enfermos y a nosotros de la amenaza de la pandemia.

No está siendo para ellos un trabajo sin riesgo y, por salvar vidas ajenas, han sufrido los zarpazos del virus. Muchos de esos sanitarios esforzados han visto como la muerte ha sido el premio a su esfuerzo. No se llevarán nada a la tumba, nadie recordará sus nombres pero, hoy, estos aplausos suenan por ellos.

Cuando la crisis sanitaria comience a remitir y la amenaza vital esté mínimamente controlada le llegará el turno de demostrar de qué pasta están hechos a otra comunidad: la jurídica. Jueces, LAJ’s, funcionarios, procuradores, abogados… Habrán de demostrar que, si la comunidad sanitaria ha salvado la vida de los españoles, ellos serán capaces de salvar su futuro.

Pero miro a mi alrededor y siento una sensación tan parecida a la vergüenza que creo que la confundo con ella. Perdónenme si lo digo así pero es exactamente lo que siento y no sé expresarlo de otra manera.

En los próximos tres meses van a inundar los juzgados de lo mercantil y de lo social un tsunami de procedimientos detrás de los cuales se estarán jugando su vida y su futuro muchas familias de España. Parar esa ola, detener ese tsunami, es la obligación de la administración de justicia y eso no lo haremos sin tener que sortear dificultades aparentemente insalvables y sin tener que, lamentablemente, pagar un alto precio.

El futuro de España dentro de dos semanas dependerá del trabajo que sea capaz de llevar a cabo su administración de justicia. Para esa fecha debiera existir una planta y una infraesttuctura suficiente en los juzgados para soportar el embate que recibirán los juzgados de lo social y lo mercantil.

Estamos viviendo una emergencia como nunca antes hemos vivido, quizá no dispongamos del material y los recursos precisos para salvar todo el bosque del incendio pero, en ese caso, habremos de concentrarnos en salvar esa parte del bosque donde viven las personas.

Es probable que no se pueda atender a todos los frentes y tendremos que elegir entre lo malo y lo peor. Y tendremos que hacerlo, con decisión y sin titubeos.

Pero, si siguen apareciendo planes infames e inicuos como el del CGPJ, si no se definen ya las prioridades y se estiman las necesidades y peligros, si no se toman decisiones estratégicas y nos seguimos enredando en gollerías y casuísmos estériles, volveremos a fallarle a los españoles y seremos responsables de el hambre y ma infelicidad de muchos.

Miren a los sanitarios y pregúntense  si, como ellos, están ustedes también dispuestos a trabajar 24 horas e incluso a arriesgar su vida por los demás.

Si su respuesta es sí lo celebraré, nadie nos recordará ni probablemente lo agradecerá, pero es posible que una noche, desde alguna ventana, quizá suene un aplauso por ustedes.

Especialización y concentración: la fórmula del desastre judicial.

España lucha con todos los medios a su alcance, singularmente el esfuerzo de los sanitarios y la ejemplar cooperación de la sociedad, contra la muerte y la enfermedad que trae el coronavirus.

Hemos parado nuestras empresas, nos hemos recluido y, deliberadamente y en un gesto grandioso, hemos compartido con el resto de la humanidad la decisión de proteger a nuestros congéneres más débiles aunque ello nos lleve a una catástrofe económica. Es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad un gesto tan bello.

Pero, tras este esfuerzo, la crisis azotará nuestra economía salvajemente y ¿quién cuidará de nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Quién cuidará que en la escasez se dé a cada uno lo suyo y se atienda a restablecer el equilibrio en relaciones sociales destruidas por la crisis?

Ese trabajo corresponde a la justicia pero, déjenme que se lo adelante ya, si la sanidad ha sido la heroína de esta crisis, tal y como están las cosas a día de hoy, el mal funcionamiento de nuestra administración de justicia puede tener consecuencias casi tan funestas como la propia pandemia.

Esta crisis va a ser mucho más acentuada y mucho más concentrada en el tiempo que la de 2008 y eso significa que los españoles van a demandar soluciones de la justicia española de forma intensa, más intensa y concentrada en el tiempo que nunca desde que se conservan registros. En solo un mes o dos los juzgados de lo social y de lo mercantil sufrirán un embate como nunca antes en su historia y ese embate será terrible por la pésima organización del sistema judicial español, una organización que ha obedecido más a razones de control de los jueces que de servicio al ciudadano y eficiencia.

Con nuestra actual organización es imposible soportar una subida del 100% de procesos mercantiles, necesitaríamos duplicar la planta (crear 68 juzgados más en un mes) para atender a los casi 80.000 asuntos llevados en 2019 más otros 80.000 consecuencia de la crisis. No se van a crear esos juzgados de lo mercantil, simplemente porque no da tiempo y nuestras empresas morirán víctimas de una planta producto de tejemanejes políticos y no de la razón lisa y simple.

Piénsenlo, 160.000 nuevos casos para 68 juzgados. No hace falta ser profeta para entender que si este año entran una media de 2.532 asuntos por juzgado mercantil nadie nos salvará del desastre.

En cambio, esos mismos 160.000 asuntos, turnados a los juzgados de 1ª Instancia (lugar de donde nunca debieron salir), sólo supondrían un incremento de 94 casos por juzgado, cifra perfectamente manejable por nuestros jueces, de forma que los españoles podrían respirar aliviados.

La especialización no es una buena estrategia para enfrentarse a las crisis pues convierte a los organismos especializados en entidades muy frágiles frente a una crisis en su ámbito de especialidad.

Y, si la especialización es mala, la concentración es incluso peor. Colocar todos los huevos en la misma cesta no solo es arriesgado para el dueño de los huevos, es también estúpido si lo que quieres es servir al mayor número posible de personas.

Dos tercios de la población española no vive en capitales de provincia, entiéndanlo panda de locos. Obligar a desplazarse a poblaciones enteras solo por el gustito de tener los juzgados juntos es una de las mayores estupideces que pudieron colemeterse y esa estupidez es ahora mucho más evidente cuando los desplazamientos están restringidos por razones sanitarias.

Seamos serios: tenemos una planta de más de 1700 juzgados de instancia distribuidos por toda España y que siempre han conocido de los procesos mercantiles. ¿Vamos a llevar España a la ruina solo porque un club de políticos togados se empeñe en mantener incluso a costa de la vida y la fortuna de los españoles sus jueguecitos de salón?

Que la competencia para conocer de los concursos debe entregarse de inmediato a los juzgados de 1ª instancia es algo que no ofrece duda y que debiera hacerse en este mismo momento mejor que dentro de un minuto.

No tan fácil es la tarea con los juzgados de lo social, segundo frente de la pinza con que la crisis amenaza a la justicia. En un entorno de movilidad restringida se echa de menos una planta judicial más distribuida en este campo.

Pero podemos resolverlo. Desde luego no podemos seguir poniendo a la población en peligro haciéndo viajar centenares de miles de ciudadanos a sus juicios, mejor que hacer desplazarse a cientos de miles de ciudadanos es hacer desplazarse a los jueces a los lugares de residencia de las partes y celebrar en las salas de vistas que nuestros juzgados de Instancia e Instrucción tienen. No hay dificultad alguna en ello.

Seguramente hemos de recuperar todos cuantos medios podamos para atender a esta jurisdicción, recuperar jueces jubilados, poner a trabajar a los jueces sustitutos, reforzar con funcionarios sacados de otros juzgados…

Si la sanidad española es la responsable de evitar que enfermemos y muramos a la administración de justicia española le corresponde el papel de conseguir que esa vida que nos han salvado no se vaya al garete en medio de una crisis incontrolable.

Hay que liberar tantos cuantos recursos podamos para apoyar estos dos frentes, hay que realizar una lista de procesos prioritarios y no prioritarios y, entre los prioritarios, asignar prioridades a su vez así hasta encajar la crisis en la forma que menos daño haga.

No veo a nadie hacer eso y siento que este país vaya a ir al abismo de la pobreza por culpa de unos cuantos políticos con toga.

Buscando planes para la justicia

La justicia en los tiempos del coronavirus (video)

Una explicación necesaria

Una explicación necesaria

Sé que muchos ven protestar a los abogados mutualistas e, inmediatamente, argumentan: «si no cotizan a la Seguridad Social que no cobren».

El argumento es tan simple como erróneo.

Déjenme que les cuente una historia.

Desde que Abril Martorell fue ministro con UCD a fines de los años 70 la Sanidad Española se mantiene de los impuestos que pagamos todos los españoles, no de las «cotizaciones de los trabajadores» sino de los impuestos que pagamos todos los españoles, incluidos abogados y procuradores.

Sin embargo, aunque abogados y procuradores pagaban la Sanidad Española con sus impuestos, tenían prohibido el acceso a ella. No solo eso, pagaban los medicamentos a precio de mercado libre. ¿Por qué?

Pues por simple inercia histórica. Como abogados y procuradores pertenecían a Mutualidades y no «cotizaban» en el sentido vulgar de la palabra, aunque el sostenimiento de la Sanidad había pasado a hacerse con el dinero de sus impuestos, a ellos se les mantuvo en la situación anterior como si nada hubiera cambiado: es decir, pagaban la sanidad de todos pero no podían usarla y habían de pagarse ellos su sanidad privada.

Fue en el último año del gobierno de Zapatero (2011) que se advirtió esta flagrante injusticia y se corrigió.

Curiosamente no hubo ninguna protesta seria o irritada de la abogacía, simplemente se aceptaba porque «siempre había sido así».

Cuento esta historia porque ahora, cuando los abogados solicitamos ayudas, algunas personas que parecen más preocupadas de que no cobren otros que de cobrar ellos, vuelven a sacar el mismo argumento: «es que vosotros no cotizáis».

Es la vieja historia y la vieja injusticia una vez más.

Mire, suelo resonder, ¿De qué caja salen las ayudas que usted va a recibir? ¿De su cotización o de los presupuestos generales del estado? Porque, si salen de los presupuestos —como irremediablemente salen— ese dinero también lo han pagado abogados y procuradores.

Viejos esquemas mentales y viejas injusticias mil veces pagadas por abogados y procuradores sin rechistar vuelven a aparecer ahora.

Lo más sorprendente es que, incluso compañeros y compañeras resignados, creen que no hay nada que hacer, que las cosas siempre han sido así.

Pues bien, si admitiésemos eso, aún seguiríamos sin disfrutar de la sanidad pública que nosotros también hemos cooperado a construir y mantener. Porque hay cosas que, aunque «siempre han sido así», siempre fueron una injusticia.

Y, ahora que ya le he contado esta historia, si quiere, siga usted gritando lo de «si no cotizan que no reciban ayudas» pero siga usted gritándolo con consciencia de su falsedad. Aunque creo que esta sea tarea baldía, quien se ocupa no en pedir para sí sino para que excluyan a otro, es dudoso que sea aficionado a la lectura.