Categoría: Abogados

Pactos pero con Justicia: aún estamos a tiempo

¿Es posible perseguir con éxito la corrupción con una Justicia que carezca de medios suficientes para ello, tanto personales como materiales? ¿Considerando que sin investigación seria no hay pruebas y sin pruebas no hay condena? ¿Considerando también que la demora en una investigación tendrá, en breve, si se aprueba lo que está en trámite en las Cortes, la posible consecuencia de que haya que archivar una instrucción o cerrar la investigación en falso en el punto en el que se encuentre? Como la respuesta solo puede ser una, que es no, vamos a analizar en qué medida se está teniendo este dato en cuenta en la situación política actual, o se está olvidando. Porque, si hay medios de la Justicia que resultan ser competencia estatal –el Estado decide hasta el número de jueces, de fiscales o de secretarios judiciales y la propia creación de nuevos juzgados- otros son competencia autonómica, cuando las competencias han sido transferidas.

Transcribimos lo que al respecto dice la web del Ministerio de Justicia:

Cada Comunidad Autónoma transferida debe dotar a juzgados y tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia son Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

De todas esas Comunidades con competencias transferidas, varias han celebrado elecciones autonómicas recientemente.

Vamos a centrarnos en la de Madrid, por varios motivos:

  • La situación de la Justicia de la Comunidad de Madrid es tan lamentable que la desidia y el abandono han sido denunciados públicamente, sin éxito, por todos los jueces decanos y están en los abogados de oficio en lucha desde hace mucho, por la situación indigna que se padece, y se difunden informaciones de juzgados sin folios, con ratas, con instalaciones en situación lamentable, sin funcionarios suficientes porque no se cubren bajas;
  • En Madrid existen gravísimos casos de corrupción del actual partido en el poder en la Comunidad Autónoma y en el Gobierno central –casos Gürtel y Púnica- con ramificaciones en otras Comunidades y que han dado lugar a que en estos momentos haya un exconsejero de Justicia –sí, de Justicia- en prisión preventiva y otro de Justicia –sí, también de Justicia, el que había hasta ahora-, que como imputado está recién dimitido/destituido;
  • Y en la Comunidad de Madrid se ha suscrito ya un acuerdo entre partidos para mantener en el poder al partido que actualmente lo ostenta, en el que se indica expresamente, que se pretende luchar contra la corrupción.

No hay tantas comunidades en la que concurran esas circunstancias.

El pacto para la Comunidad de Madrid ha sido suscrito, según el propio blog de la Sra. Cifuentes, que pasará a ser nueva presidenta de la Comunidad por el Partido Popular con el apoyo del otro firmante el pacto, el partido Ciudadanos, en los términos que figuran en su blog, enlace aquí.

Son doce los puntos que contiene el convenio.

Y ninguno de ellos se refiere a los medios materiales y personales de la Justicia.

Sentimos no poder estar de acuerdo con el planteamiento de esos dos partidos ni nos es posible considerar que debamos felicitar a ninguno.

Parece que ambos partidos han olvidado en sus tareas de pacto lo básico: que la forma más importante de combatir la corrupción es la Justicia; que por muchas leyes que pacten o dicten, si no hay quien las ejecute, son puro papel mojado; que si no contamos con una Administración de Justicia digna de tal nombre la corrupción campará a sus anchas y que, en fin, cualquier medida que ahora se tome, aunque sea eficaz a corto plazo, carecerá de ningún efecto en el largo.

Sólo hay una forma de defender a la ciudadanía de la corrupción y al propio tiempo preservar sus derechos fundamentales: contar con una Administración de Justicia eficaz que, de forma casi inmediata, resuelva los procesos por corrupción de que son acusados nuestros políticos, condenando con toda rapidez a los corruptos y apartándolos de la política y absolviendo de forma igualmente veloz a aquellos que han sido injustamente acusados. Solo así se preservan los derechos de todos. Pero para ello es imprescindible saber que la Justicia es la antítesis de la corrupción, que la corrupción sólo infecta entornos donde la Justicia es deficiente o simplemente no existe.

Y por eso debemos llamar la atención de estas mismas formaciones y de las demás que ahora están pactando sobre este punto en el resto de España: si, en las comunidades autónomas donde la Justicia está transferida, esta no ocupa un papel central en los próximos pactos y programas de gobierno nada se habrá resuelto, se habrá fallado a la población y se seguirá en peligro la convivencia no solo de esa comunidad autónoma sino del estado en su conjunto.

Esta advertencia es de particular importancia para las nuevas formaciones (Ciudadanos y Podemos) pues las voces que señalan un posible olvido o desconocimiento de estos partidos en materia de Justicia ya se alzan desde el campo de los jueces y no precisamente desde las asociaciones más conservadoras.

Aún quedan pactos por cerrar en muchas comunidades autónomas, hay tiempo y ocasión de enmendar errores, pero si, desde ya mismo, no se demuestra por estos partidos que tienen sensibilidad y conocimiento para ocuparse de los problemas de la Justicia van a encontrarse con serios problemas, y no serán sólo jueces a quienes tengan enfrente.

Co-post difundido simultáneamente en los blogs de José Muelas Cerezuela y Verónica del Carpio Fiestas.

Dónde estamos y qué queremos

Dónde estamos

Ahora que el ciclo de gobierno llega a su fin es el momento de hacer balance sobre lo que nos han deparado estos últimos cuatro años, determinar en qué estado se encuentra la Justicia en relación a aquel en que estaba en 2011 cuando se inició la legislatura y señalar los objetivos prioritarios que habrían de cubrirse en la próxima.

Si atendemos a los programas electorales que presentaron en 2011 los diferentes partidos políticos, la justicia española adolecía de los siguientes defectos:

  • Falta de medios modernos, sobre todo informáticos (PP, PSOE)
  • Insuficiente número de jueces (PSOE, IU, UPyD)
  • Falta de independencia judicial (PP, IU)

Todos los programas concluían que, el concurso de todas o algunas de estas deficiencias, generaban una clara ineficiencia del sistema judicial español que todos los partidos, sin excepción, se declaraban capaces de corregir.

Así pues, atendido al diagnóstico contenido en los diversos programas electorales, debemos preguntarnos si hoy, en mayo de 2015, estamos mejor o peor que en el momento de redactarse dichos programas, porque tal evaluación nos señalará el punto en que estamos en este momento. El resultado, ya lo adelanto, no puede ser más desalentador.

Falta de medios

Por lo que respecta a la endémica falta de medios que padecen las administraciones de justicia, es obvio, que la misma no ha hecho sino agravarse tras cuatro años de reducciones de presupuesto. Si partíamos en 2011 de una justicia insuficientemente dotada con un presupuesto de mil quinientos millones de euros, en 2014, con el presupuesto reducido a mil trescientos millones, no cabe sino concluir que nos encontramos en una situación mucho peor de la que nos encontrábamos. 

Y es importante subrayar que estos recortes se han mantenido constantes los años 2012, 2013 y 2014 pues, hallándonos en año de elecciones, no tengan ustedes la menor duda de que los presupuestos de este año 2015 se usarán como elemento de engaño electoral subiendo los presupuestos sólo para este año y vendiendo así a la opinión pública (que suponen desinformada) que esta subida abarca todo el período. Conviene estar atentos pues, una vuelta a los niveles de 2011 en los presupuestos de 2015, tratará de ser vendida como una “subida” cuando lo único que significa es la consolidación de los recortes y las pérdidas de los años del período 2011–2014; así pues, atentos a los engaños que, indudablemente, se tratarán de usar desde el ministerio.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de medios de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a los niveles de los años 2007-2008; es decir, un salto hacia atrás de ocho años.

Insuficiente número de jueces

La mayoría de los partidos, en sus programas electorales del año 2011, denunciaron igualmente que la justicia española adolecía un insuficiente número de jueces por lo que será razonable comparar las cifras del año 2011 con las del 2014 para averiguar qué ha ocurrido en estos cuatro años.

El número de jueces en el período 2011–2014 pasó de 5.171 a 5.362 según las cifras oficiales lo que supone un incremento del 3,6% situando a España en una ratio de jueces/habitante de 11,5 jueces por cada cien mil habitantes, lo que nos sitúa en uno de los últimos puestos de Europa en este tipo de ratios. Sin embargo es preciso poner de relieve que, en este período, se ha prescindido por completo de los servicios de los jueces sustitutos quienes en 2011 dictaban un 17,6% de las resoluciones. Prescindir del trabajo de estos jueces supone incrementar la carga de trabajo de los jueces de plantilla pues es obvio que ese 17,6% de resoluciones no puede haber sido absorbido por el exiguo 3,6% de jueces en que se incrementó la plantilla.

Podemos pues concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la falta de jueces de la justicia española no sólo no se ha paliado sino que se ha agravado. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Falta de independencia judicial

La falta de independencia judicial ha sido denunciada como uno de las graves carencias de que adolece nuestra justicia y fue un tema al que dieron especial relevancia los programas electorales tanto del PP como de IU. El Partido Popular destinaba a este problema una medida específica que se contenía como la medida número “11” de su programa electoral y que, textualmente, decía:

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

Tal medida fue directamente contravenida por el ex-ministro de justicia Alberto Ruíz Gallardón quien elaboró una reforma de LOPJ que se encontraba en las [antípodas de su programa electoral].

Esta iniciativa del ministro concitó las críticas unánimes de todos los partidos y asociaciones profesionales de jueces sin que ello haya producido efecto alguno hasta este momento pues el sustituto de Alberto Ruíz Galardón, Rafael Catalá Polo, ha manifestado públicamente y sin rodeos su intención de mantener la reforma elaborada por Gallardón reconociendo que, en este punto, no piensa cumplir su programa electoral.

La situación actual es que, el informe de evaluación de España aprobado en diciembre de 2013 por el “Grupo de Estados contra la Corrupción” (GRECO) del Consejo de Europa, en su párrafo 80, contiene esta específica alerta para España:

En opinión del EEG, dado el papel que el CGPJ desempeña en la toma de decisiones sobre áreas vitales de la judicatura, incluyendo los nombramientos, la promoción, inspección y disciplina relativa a los jueces, resulta crucial que este órgano no sólo sea libre sino que se vea también libre de toda influencia política. Cuando las estructuras rectoras del Poder Judicial no se consideran imparciales e independientes, se produce un impacto inmediato y negativo sobre la prevención de la corrupción y sobre la confianza pública en la justicia y eficacia del ordenamiento jurídico del país. El EEG entiende que es demasiado pronto para evaluar los efectos de los recientes cambios introducidos en el proceso de nombramiento de los miembros judiciales del CGPJ pero teme que la percepción de politización del CGPJ, dado el papel del Parlamento en el proceso, no puede solventarse a los ojos de los ciudadanos. Sin embargo, la reforma actual se enfrenta al descontento generalizado de la profesión. La primera prueba a la que se sometió la reciente reforma tuvo lugar con las elecciones de los miembros del CGPJ en noviembre de 2013. El EEG considera que esta cuestión, importante tema de debate durante años y concretamente en el contexto español, se merece un estricto seguimiento. El GRECO recomienda realizar una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos que tiene sobre la independencia de este órgano cualquier influencia indebida, real y aparente, con objeto de corregir cualquier deficiencia que se detecte.

Del mismo modo, a la vista de la forma en que se llevan a cabo los nombramientos el Grupo de Países contra la Corrupción advirtió a España de lo que sigue (párrafo 89):

Las normas internacionales son inequívocas al respecto: todas las decisiones sobre el nombramiento y la carrera profesional deben basarse en criterios objetivos; los consejos del poder judicial deberán demostrar un altísimo grado de transparencia21. El EEG tiene dificultad para reconciliar tales normas con la “discrecionalidad” en cuanto a la evaluación de los méritos y la cualificación profesional que la ley otorga al CGPJ para el nombramiento de jueces de rango superior. En los últimos años se está tratando de afinar los criterios en los que el CGPJ debería basar estos nombramientos, especialmente a través del reglamento de 2010 y de una serie de resoluciones del Tribunal Supremo. Sin embargo, los representantes entrevistados dijeron que sería preferible la inclusión específica de estos criterios en la ley e indicaron que los proyectos de enmienda de la LOPJ incluyeran disposiciones a este respecto (por ejemplo, requisitos para entregar currículos, documentos/títulos acreditativos de méritos, informes de rendimiento, etc.). El EEG acoge favorablemente cambio reglamentario previsto. Cuando la promoción no se basa en la antigüedad sino en los méritos y aptitudes, estos deben definirse claramente y evaluarse de forma objetiva. En opinión del EEG, la promoción de los jueces es un tema muy importante para dar confianza a los ciudadanos sobre la justicia y transparencia de los procesos judiciales. Deberá disiparse cualquier sospecha de influencia indebida en la promoción de jueces a altos cargos. El GRECO recomienda que se estipulen por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, por ejemplo, jueces presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso. Al poner en práctica esta recomendación las autoridades deberían tener presente las preocupaciones mencionadas en el párrafo 80 (recomendación v) sobre la percepción de la politización del CGPJ.

Finalmente la peculiar relación existente en España entre la Fiscalía y el Gobierno da lugar a las siguientes recomendaciones del Grupo de Países contra la Corrupción (GRECO):

ix. (i) reconsiderar el método de selección y el mandato del Fiscal General; (ii) establecer por ley requisitos y procedimientos claros para incrementar la transparencia de comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno; (iii) explorar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal (párrafo 131); x. que (i) se adopte un código de conducta para fiscales de fácil acceso para el público; y (ii) que se complemente con orientación dedicada a los conflictos de interés y otros asuntos relativos a la integridad (párrafo 152);

xi. desarrollar un marco normativo específico para asuntos disciplinarios en el Ministerio Fiscal, que esté investido de las garantías apropiadas de equidad y eficacia, y sujeto a una revisión independiente e imparcial (párrafo 165).

A la vista de lo anterior podemos, pues, concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, la independencia judicial no sólo no ha aumentado sino que se ha reducido mucho más allá de los exiguos límites dentro de los que se movía en 2011. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles anteriores al inicio de la misma.

Otras consideraciones

Comprobado ya que la situación de la justicia en España es peor de lo que era en 2011 al comienzo de la legislatura, no podemos dejar de señalar otra serie de circunstancias que han hecho de España un país mucho más injusto en 2015 que en 2011, algo que, lejos de parecer una consecuencia accidental de la política del gobierno parece ser un objetivo perseguido de forma deliberada por él a través de una serie de inicuas iniciativas legislativas. Veámoslas.

Ley de Tasas

En noviembre de 2012 y con la finalidad declarada de dificultar el acceso de los españoles a la justicia, el ministro del ramo instauró un sistema de tasas judiciales que, de forma inmediata, concitó el unánime rechazo de todos los operadores jurídicos. No es preciso extenderse aquí en señalar la iniquidad del sistema establecido, pues ha sido objeto especialísimo de atención por diversos grupos y en especial por la “Brigada #T” que nace de la irritación que produce esta infame regulación, pero sí es preciso subrayar que la ley de tasas sigue vigente para todas las personas jurídicas de España y que derogarla es una exigencia básica de justicia. El ministro Gallardón y su sucesor Catalá Polo han manifestado de forma clara que no están dispuestos a dar cumplimiento a lo manifestado por la exposición de motivos de la Ley de Tasas que, explícitamente manifestaba:

Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita, dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Tampoco, ni a Alberto Ruiz Gallardón ni a Rafael Catalá Polo ha parecido importarles lo más mínimo el tenor literal del artículo 11 de la Ley de Tasas que establece textualmente:

Artículo 11. Vinculación de la tasa.

La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.

Por supuesto, si ni la ley ni las exposiciones de motivos obligan al tándem Gallardón-Catalá, mucho menos les vinculan sus propias palabras y justificaciones para implantar esta inicua ley; si algo ha carecido de valor en España esta legislatura ha sido la palabra dada. La consecuencia es que, de los casi 600 millones de euros recaudados por tasas, tan sólo 6 van a ir de momento a Justicia y no parece que ni el actual ministro ni mucho menos el anterior se ruboricen lo más mínimo.

A la vista de lo anterior podemos concluir que, al final de la presente legislatura y por efecto de las políticas llevadas a cabo por el ministerio de justicia de España, el acceso a la justicia se ha reducido a niveles no ya inferiores a los existentes en el año 2011 sino a muchos siglos atrás. Así pues, no sólo se ha perdido una legislatura sino que se ha retrocedido a niveles como no habían existido desde hace siglos.

Reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal realizada por el Gobierno ha supuesto igualmente una injustificada restricción de libertades para los ciudadanos presentando características de “derecho autoritario” que han sido señaladas incluso por el anterior Fiscal General del Estado nombrado por el propio Gobierno autor de la reforma Sr. Torres-Dulce. Figuras como la prisión permanente revisable o la llamada “Ley Mordaza” han sido impuestos sin el más mínimo consenso y con una crítica generalizada.

Otras leyes

Tentativas de imponer una “provinciofrénica” e insensata Ley de Planta no tuvieron éxito debido a la férrea oposición de todos los sectores y partidos (incluidos sectores muy caracterizados del propio Partido Popular), tentativas de acabar con el sistema actual de justicia gratuita desde diversos flancos (Ley de Colegios Profesionales, Ley de Justicia Gratuita), tentativas aún en curso de imponer una verdadera “ley de punto final” para determinados delitos de corrupción acortando los plazos de instrucción sin dotar de medios a los juzgados… etc. son sólo algunos ejemplos de lo que ha sido la presente legislatura en materia de justicia.

En suma, si, en materia de justicia, hemos de responder a la pregunta de «dónde estamos», habremos de concluir que no es que no hayamos avanzado nada, que no es que no nos hayamos movido del punto de partida, sino que lo que habremos de afirmar es que lo cierto y real es que estamos mucho más atrás de lo que estábamos cuando comenzó está legislatura. No es que hayamos perdido una legislatura entera, es que hemos involucionado gravemente y que, de lo único que podemos felicitarnos, es que no hayan salido adelante todas las insensatas medidas propuestas desde el ministerio durante esta legislatura pues, de no haberse parado determinadas leyes, sólo nos quedaría entonar ahora un requiem por la justicia española.

Qué queremos

Sentado lo anterior el objetivo no puede ser otro que cubrir los objetivos que todos los partidos, sin excepción comparten y que no son otros que dotar a nuestro país de una justicia independiente, una justicia con medios, con un número suficiente de jueces, que sirva al administrado sin tasas judiciales manifiestas o en la sombra (justicia cercana) y para ello es imprescindible que, para la próxima legislatura, se alcance el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas para:

  • Derogar definitivamente las tasas judiciales. (#JusticiaSinTasas)
  • Elevar los presupuestos estatales y autonómicos en justicia hasta la media europea. (#JusticiaConMedios)
  • Establecer un sistema de elección de miembros del CGPJ que garantice hasta el extremo la independencia del poder judicial. (#JusticiaIndependiente)

Y a ese fin merece la pena aplicarse, de hecho hay grupos que se vienen ocupando de ello hace ya mucho tiempo. Yo pertenezco a uno: #T

#SinJusticiaHayCorrupción

Cumpliendo sueños no soñados

Acto en la Real Academia de Jurisprudencia y LegislaciónVivir es ir acumulando recuerdos, si es posible buenos, y cumpliendo de vez en cuando esos anhelos íntimos que nos entusiasman y a los que llamamos deseos. Sin embargo, a veces, la vida es generosa y nos concede deseos que no nos atrevimos a anhelar por estar manifiestamente fuera del alcance de nuestras capacidades y esto me ha ocurrido a mí estos días.

El pasado día siete y sin duda por la extremada generosidad de un verdadero genio y maestro del derecho, Don Andrés de la Oliva, tuve el honor de compartir los estrados de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación  con tres personalidades del mundo del derecho además del propio Don Andrés que presidió el acto organizado por el Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y la Real Academia, a saber:

Doña Soraya Amrani Mekki: Catedrática de Procesal. Universidad Paris Ouest-Nanterre La Defense. Miembro del Centre de Droit Pénal et de Criminologie, de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme y del Conseil Supérieur de la Magistrature.

Don Federico Carpi: Profesor Ordinario Emérito de Derecho Procesal Civil. Universidad de Bolonia. Ex-presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal (IAPL).

Don Manuel Ortells Ramos: Catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Valencia. Secretario General Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal.

Como cualquier lector puede fácilmente imaginar encontrarme allí, compartiendo foro con ellos y hablando del «Estado y diagnóstico de la Justicia Civil» a un auditorio compuesto de catedráticos y profesores universitarios, es algo que jamás pude soñar. Pero esta vez la vida me sorprendió y me permitió cumplir un sueño que no pude soñar antes. Muchas gracias Don Andrés.

Merci Madame

Selfie con Soraya Amrani MekkiLa mujer que está conmigo en este selfie se llama Soraya Amrani Mekki dato este que, probablemente, no les diga nada; pero, antes de abandonar la lectura, déjenme que les cuente. Soraya Amrani Mekki es francesa e hija de padres absolutamente analfabetos (su padre, de origen argelino, se ganaba la vida como trabajador en las canteras). Soraya nació y creció en el conflictivo barrio parisino de Montfermeil, famoso no sólo por ser el emplazamiento de la posada de los Thénardiers en “Los Miserables”, sino por sus violentos conflictos sociales. He tenido la ocasión de compartir algunos ratos con ella estos dos últimos días y créanme si les digo que es una mujer admirable. Porque, joven como se la ve en la imagen que es, Soraya es Doctora en Derecho, es una de las mayores especialistas en Derecho Procesal Civil e imparte clases en la Universidad Paris-Ouest-Nanterre. A sus pocos años tiene un currículum prodigioso y una producción científica “tan masiva como las obras completas de Zola” (según cita del diario francés “Le Télégramme»). Entre muchas otras organizaciones es miembro de la «Commission nationale consultative des droits de l’homme” (CNCDH) pero, por lo que me interesa citarla en este post es porque es, además, miembro del “Conseil Supérieur de la Magistrature” (CSM) de Francia (el equivalente de nuestro Consejo General del Poder Judicial) a propuesta del Presidente de la República Francesa. Anteayer tuve el honor y el privilegio de compartir con ella no menos de cuatro horas de charla sobre los principales problemas que tienen los tribunales y la justicia en Francia y en España y no pude dejar de pensar en que me gustaría que los miembros de nuestro Consejo General del Poder Judicial escuchasen a los abogados de la misma forma en que me he sentido escuchado por ella. Gracias Soraya. Merci Madame.

Palabras para un premio

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Un bitcoin imprimido con una impresora 3D fue el original trofeo que se entregó a los ganadores.

Tuve el honor de que este año los responsables de «Derecho en Red» me concediesen el premio al «Mejor perfil jurídico en Twitter» pero, desgraciadamente, no pude acudir a recogerlo como habría sido mi deseo. Pedí al decano del Colegio de Abogados de La Rioja que lo hiciese por mí y hoy, clasificando documentos, me he encontrado con la carta que le mandé. Me ha hecho sonreír así que la comparto con ustedes.

19 de marzo de 2015

Estimado amigo y decano:

Según acordamos hace unos días, te remito unas líneas con las que agradecer la concesión de un premio que bien sé que no es en verdad para mí. A la hora de recibirlo ten la absoluta conciencia de que si recibes este premio lo haces porque más de diez mil abogados en España han decidido ponerse en marcha y trabajar juntos. Ése hecho es el que de verdad están premiando y no a nosotros, porque en todo esto apenas si nos corresponde una diezmilava parte del mérito.

Pero hoy nosotros somos quienes recogemos este premio a los diez mil, así que haz como aconsejaban los antiguos griegos, ponte en pié y con la vista al frente (pues eso y no otra cosa significa “anthropós” -hombre- “el ser que se yergue y mira hacia adelante”) siente que eres el general del mejor ejército del mundo, de una milicia que jamás ha hecho daño a nadie, de una tropa compuesta exclusivamente de voluntarios que, sin esperar nada de nadie, dedican una buena parte de su vida a defender lo que otros, con mucho más motivo, debieran defender y no lo hacen: la Justicia.

Así pues, decano, en pie, vista al frente y en voz alta, como también se espera del húsar que hoy eres, lee estas breves líneas:

«Señoras, señores, dignísimas autoridades:

Muchas gracias por la concesión de este premio que bien sé y entiendo que no es en verdad para mí. Tengo muy presente que no soy nada (en realidad ningún ser humano es nada) sino por la existencia de otros seres humanos, esos a los que llamamos -no siempre con el respeto que merecen- “los demás”. Somos porque otros muchos son, crecemos cuando crece el conjunto y decrecemos todos cuando otras personas son humilladas o víctimas de la injusticia. Esta visión de la sociedad, llamada “Ubuntu” en determinadas zonas de África, está en la base de algunas visiones filosóficas del mundo del software libre y es particularmente cierta y ajustada cuando hablamos de redes sociales. Este perfil que hoy premiáis no es más que lo que de él han hecho sus followers y ellos son, en justicia, para quienes va en verdad este premio pues ellos son los auténticos titulares de mi cuenta. A todos esos hombres y mujeres, juristas y no juristas que hoy, hace algo más de un año, decidieron enrolarse en el mejor ejército del mundo y defender la Justicia ajena porque sabían que así defendían la de todos: gracias. Gracias a todas las Brigadas, regulares, irregulares, mixtas o de línea que operan en estos momentos por España; gracias a todos los húsares de La Rioja, gracias Elena, gracias Rosana y gracias a todos los que aún piensan que son dueños de su futuro y no están dispuestos a enajenarlo. Las tecnologías de la información serán claves para construir la participación política en el siglo XXI y las acciones micropolíticas serán una forma de participación cotidiana. La Brigada #T está en ese camino.

Gracias a todos, pues, por este premio que es también de todos y que así guardaré en mi corazón. Nada más.»

Son 296 palabras que, leídas pausadamente, consumirán un minuto y medio del tiempo de los oyentes -está calculado- y estoy seguro que, si haces todo lo que te he recomendado, habrás cumplido magníficamente con las tres normas que le exigen a todo buen orador:

Ponerse en pie (para que le vean)

Hablar alto (para que le escuchen)

Y sentarse pronto (para que le aplaudan)

Muchas gracias decano.

José Muelas Cerezuela. Abogado.

Catalá en el CGAE

Esta mañana el ministro de justicia ha ido al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y lo ha hecho como siempre: sin anunciar su llegada. Esta costumbre de que el ministro venga al CGAE sin que lo sepan mas que unos pocos consejeros, que guardan celosamente para sí la información, resulta extremadamente conveniente para el propio ministro, pues ninguno de los consejeros puede preparar de antemano las preguntas que le hará y eso tan solo en el caso de que se admitan preguntas.

Hoy, tras su inesperada llegada, se nos ha comunicado (también inesperadamente) que admitía preguntas, de forma que, por si me dejaban, he preparado diez preguntas escritas de las cuales tan sólo he podido formular tres (algo es algo). Lo de escribirlas ha sido porque, previamente, uno de los consejeros que estaban en el secreto de la visita me ha informado que el ministro no admitiría preguntas y que si lo hacía sería por escrito; cosa que finalmente no ha sido verdad.

Llegado el momento de formular mis preguntas lo he hecho y, como las llevaba escritas, no tengo ningún problema en transcribirlas literalmente junto con lasrespuestas que ha dado el ministro; la primera ha sido:

Hasta ahora se está incumpliendo por el gobierno la ley de tasas en cuanto al destino que ha de darse a lo recaudado por ellas. Ahora que ustedes han decidido mantener vigente dicha ley para todas las personas jurídicas ¿Se dará al dinero que se recaude en el futuro el destino previsto legalmente o se seguirá incumpliendo la ley en especial su artículo 11?

Por otra parte ¿Se transferirá a las comunidades autónomas pertinentes la parte correspondiente del dinero ya recaudado o del que se recaude a fin de que se puedan atender las necesidades del turno de oficio?”

La segunda pregunta ha sido relativa a la independencia judicial:

Ministro, la Unión Europea en su informe GRECO señala como una de las más importantes causas de la corrupción la falta de independencia judicial en España. 

¿Modificará el ministro la LOPJ a fin de dar cumplimiento al programa electoral del PP en cuanto a la elección de los miembros del CGPJ o mantendrá la redacción actual -contraria al propio programa electoral del PP- hecha por su antecesor? ¿Si no piensa dar cumplimiento al programa del PP en ese punto cómo piensa cumplir las exigencias europeas de aumentar la independencia judicial en España?»

Y la tercera pregunta tenía que ver con la falta de medios que padecen nuestros tribunales de justicia:

Ha manifestado usted recientemente en Sevilla que «se le caía la cara de vergüenza» al ver señalamientos para 2019 o cargas de trabajo del 600% en algunos juzgados y redponsabilizó de ello a las propias comunidades autónomas cuando es el gobierno central el único que puede nombrar nuevos jueces ¿ha pensado crear más plazas de jueces y más juzgados para evitar tales caídas?»

Y me he sentado a escuchar sus respuestas con la convicción de que ni se me dejaría repreguntar a mí ni él se saldría del guión esperable en sus respuestas. Pero me he equivocado.

Me he equivocado porque el ministro, de forma sorprendente ha iniciado su intervención haciendo un encendido elogio de la actividad «de denuncia y oposición» que está llevando a cabo la Brigada Tuitera; ha afirmado que es una nueva forma de actuación y que gracias a nuestra actividad llegaban hasta el ministerio realidades que de otra manera pasarían desapercibidas.

Tratar bien de palabra a quien se ha de tratar mal de obra es una estrategia tan vieja como «El Quijote», libro donde Cervantes la consignó, pero debo confesar que en este país de malos modales estas cosas se agradecen.

Por lo demás lo dicho, se ha atenido al guión en sus respuestas:

Por lo que respecta a tasas ni va a derogar las tasas para las PyMES ni va a destinar el dinero a justicia ni va a transferir nada a las comunidades autónomas. El dinero seguirá yendo a la caja común y el artículo 11 de la ley y todo el preámbulo de la misma no parece que le importen lo más mínimo.

Por lo que respecta a independencia judicial admite que la forma de elegir a los miembros del CGPJ no es la mejor pero no la va a cambiar, le parece que en España (a pesar del informe GRECO) hay suficiente independencia judicial.

Y por lo que respecta a la falta de medios y a la sobrecarga de trabajo el ministro opina que no está bien medida y que hay que buscar mejores formas de medirla y que debe hacerse de acuerdo entre el gobierno y las CCAA.

Es decir, nada de nada de nada. Esto es lo que hay: no va a hacer nada más de lo ya hecho y ya podemos afilar los sables si queremos algo más.

Y es lo que vamos a hacer señor ministro porque, con toda la cortesía del mundo hemos de decirle que usted necesita votos y nosotros justicia y, si usted no nos da justicia, habrá de olvidarse de los votos.

Por lo demás, créame, encantado de conocerle.

Anuncios plasmados en notitas

«¿Y qué dijo Rajoy de las tasas en el debate sobre el estado de la nación de ayer? ¿Que las quita?…» 

Esa es la pregunta que más me han hecho esta mañana los compañeros con quienes me he encontrado en los juzgados y al escucharla uno alcanza a comprender cuán sencillo es manipular a un país y engañar a sus gentes.

Porque ayer Rajoy sobre las tasas sólo dijo una cosa «Que las revisará»; no dijo si al alza o a la baja, no dijo si para las personas físicas o jurídicas, no dijo ni siquiera si las tasas eran «judiciales» porque incluso omitió pronunciar esa palabra… Ayer, lo que dijo Rajoy es «que las revisará», y nada más.

Luego (o para ser más exactos antes) alguien redactó un papelito con unas notas que entregó a la prensa en el que se decía que el gobierno revisaría las tasas y que las personas físicas quedarían exentas. Pero, cuando uno (no sabemos quién) escribe que «las personas físicas quedarán exentas» lo que está escribiendo al mismo tiempo es que «pagarán todas las personas jurídicas»; sólo que eso lo trata de ocultar porque, antes de la infame ley de tasas, las PyMES (el 99,88% de las empresas) no las pagaban.

Así las cosas Rajoy de tasas no dijo nada, al menos nada inteligible, y alguien (el redactor del papelito) dijo que «todas las personas jurídicas y PyMES seguirían pagando tasas» aunque lo dijo en el neolenguaje del Gobierno, que, para explicar que uno de cada cinco españoles vive bajo los umbrales de la pobreza, lo que hace es afirmar que «cuatro de cada cinco españoles no pasan hambre».

Este gobierno impuso unas tasas que sabe que son injustas e inconstitucionales, escribió que las destinaría a Justicia Gratuita (artículo 11 de la Ley) y mintió e incumplió su propia ley con todo descaro; y, ahora, pretende vender como un éxito que esa misma ley inicua que él aprobó solo va a seguir siendo inicua para todas las personas jurídicas de España; pretende seguir cobrando las tasas (sin que por supuesto haya hecho el menor amago de cumplir la ley y destinarlas a justicia gratuita) y pretende, además, que se le aplauda. Y lo triste es que aún hay algún bobo (gracias a Dios pocos) que le aplaude la gracia.

Acostumbrados al plasma ahora el gobierno nos ha descubierto una nueva suerte: la suerte del papelito. El presidente dice una cosa en la tribuna y un papelito dice otra en los medios. Dada la credibilidad del presidente la prensa ha creído -naturalmente- al papelito y tengo para mí que, quienes diseñaron ese sainete, sabían con toda certeza que así sería. 

Por eso nadie medianamente avisado ha aplaudido el anuncio «plasmado» en el papelito. Porque sabemos que para el gobierno importa poco incluso lo escrito en el artículo 11 de la ley; cuanto menos lo plasmado en un papelito huérfano.

Ahora vendrá lo de siempre, anunciarán cien veces lo que harán sólo una vez (o ninguna); seguirán cobrando tasas mientras en hábil cancamusa sostendrán que tratan de no hacerlo y, finalmente, veremos irse a este ministro, como al anterior, a su casa y con oprobio, aunque, quizá, condecorándose a sí mismo. No será con el premio #T 2015, creo que estoy en condiciones de asegurarlo.

Justicia: #NoSoloTasas

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Faltan trece días para que concluya el mes de enero, menos de dos semanas para que concluya el plazo que el “dialogante” ministro Catalá se dio para presentar una reforma de la ley de tasas pactada con la abogacía institucional.

No parece que vaya a cumplir con este su primer compromiso pues, a falta de trece días, ya no tiene tiempo material de llegar a acuerdo alguno con la abogacía institucional salvo que imponga un “diktat” a la misma.

Catalá, ese ministro al que, en palabras del académico Andrés de la Oliva, hasta hace poco «no se le conocía ni una mala palabra ni una buena acción» empieza a ser conocido ya por sus malas acciones (Ley Mordaza, escuchas en la LECrim) y por sus clamorosas inacciones.

Catalá debería saber que la ley de tasas está descontada y que, si no la deroga él, será derogada en diciembre por quienes le sustituyan en el cargo. Lo único que puede hacer a estas alturas el minstro es elegir entre ser él quien derogue una ley inicua recuperando así algunos votos para su partido o no derogarla y marcharse a su casa con oprobio y sin votos en diciembre.

Pero, aunque derogue las tasas, es más que dudoso que este ministro vaya a recuperar la mínima credibilidad necesaria para recuperar algún voto porque el desastre en el que está sumida la justicia en España no sólo tiene que ver con las tasas.

Tiene que ver en primer lugar con las maniobras de su antecesor para conseguir un control político de la justicia española. Su antecesor, el infausto Gallardón, en contra de lo comprometido en el programa electoral del Partido Popular, hizo que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuesen elegidos por las Cámaras de forma que los partidos pudieron jugar al juego del reparto de sillas. Tan descarado incumplimiento de sus promesas electorales y de las recomendaciones europeas irritó a todos los operadores jurídicos y no es difícil encontrar expresiones del descontento de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a poco que se investigue.

“Cuando un responsable político no respeta la Independencia Judicial, pretende influir en los nombramientos judiciales, incumple su propia promesa electoral y quebranta los derechos y garantías esenciales de la ciudadanía, reviste el ejercicio de su poder de una absoluta indignidad.
La calidad de un sistema democrático se mide por un pilar fundamental, la independencia plena de Jueces y Tribunales. Cualquier influencia directa o indirecta del poder político en el ámbito de la administración de justicia, erosiona el núcleo de una democracia y pone en grave riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder, que no estaría sujeto a método de control alguno.” [Hay Derecho (post)]Manuel Ruiz de Lara (Magistrado-Juez)

El Informe 2014 del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la corrupción en España [(Informe Greco)] a la hora de valorar a nuestros jueces y fiscales, reconoce su alta calidad y la realidad de que, con la excepción de casos aislados, no hay evidencia de corrupción de jueces o fiscales. Sin embargo, sí se preocupa por el funcionamiento de la justicia. Esta no es todo lo efectiva que cabría esperar, los tribunales están sobrecargados, lo que vuelve la administración de justicia más lenta de lo deseable.

La otra preocupación fundamental del GRECO se refiere a los riesgos de influencia política. Si bien la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales individuales es poco discutida, se pone en tela de juicio la independencia estructural de los órganos de gobierno de la justicia y fiscalía, y el riesgo de que los intereses partidarios, penetren los procesos de toma de decisiones judiciales.

Pues bien, si no preocupó al anterior ministro incumplir impúdicamente sus compromisos electorales, mucho menos le preocuparon las recomendaciones europeas en la lucha contra la corrupción y recuperar la independencia judial, primer y principal requisito para poder tener un sistema judicial susceptible de poder funcionar dignamente. Este objetivo, recordémoslo, promesa electoral explícita del PP, no se encuentra tampoco en la agenda de Catalá. Si las tasas impiden a los españoles el acceso a la justicia la falta de independencia impide a la justicia española ser digna de tal nombre en un estado democrático.

Y, si la independencia judicial no preocupa al ministro salvo para mantener su eliminación, tampoco parecen preocuparle la absoluta falta de medios y la inanición y anemia crónicas en que vive la Administración de Justicia española. Los señalamientos de juicios con retrasos de dos, tres y cuatro años son moneda común (véase ilustración), en los expedientes de extranjería o matrimonio no es extraño que se den citas a un año vista, al igual que en las medidas provisionales en procesos de familia, que deberían verse a la mayor brevedad…

La administración de justicia es una catástrofe con y sin tasas y, recordémoslo, el único antídoto de la corrupción es esta administración de justicia a la que se mantiene en coma vigil por razones que dejo que ustedes imaginen.

Por eso, independientemente de que este ministro derogue, maquille, mantenga o incremente las tasas judiciales, la justicia española va a seguir agonizando. Por eso en #T sabemos que la retirada de las tasas no sería el fin, ni siquiera sería el principio del fin sino que apenas si podríamos decir que sería el fin del principio.

Este es año electoral, tres o quizá cuatro elecciones nos esperan, es pues nuestro momento, es el año de la ciudadanía, es el año de la Justicia.

Vamos.

#Seminario20

unnamedEste jueves se cumple el segundo aniversario de la publicación en el BOE de la Ley de Tasas que tanto daño está haciendo y amenaza con hacer a la Justicia en España.

Contra esa ley se han desplegado muchas formas de activismo social una de las cuales, quizá la más exitosa, es la que, desde el 20 de noviembre del año pasado, vienen llevando a cabo en las redes sociales «Twitter» y «Facebook» bastantes miles de personas en España.

Estas nuevas formas de activismo han sido objeto de profundo estudio teórico como también lo han sido las profundas injusticias de la ley de tasas y por eso hemos organizado un seminario donde hablaremos de ambas cosas, donde nos conoceremos algunas de las personas que nos hemos empeñado en esa acción y donde aprenderemos de los mejores conferenciantes los mejores métodos, estrategias y herramientas. Catedráticos, profesores, expertos en redes y conocidos activistas nos contarán lo que saben a través de doce microconferencias de 14 minutos. Estarán todos los ponentes que esperas, desde Javier de la Cueva (Abogado, Profesor. PhD. y autor, entre otras muchas obras, de «Pragmáticas tecnológicas ciudadanas y regeneración democrática» Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid que nos hablará de «Acciones micropolíticas en redes» hasta el Catedrático de Derecho Procesal y miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación» que nos hablará de «Las redes contra las tasas».

Entre uno y otro desfilarán los mejores conocedores del tema en este momento, Stéphane Grueso (@fanetin) nos enseñará a cambiar el mundo desde la cámara de un teléfono móvil; Verónica del Carpio nos hablará de cómo se lleva la protesta contra las tasas a las redes; Argelia Queralt -profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona- nos enseñará cómo se traslada el conocimiento académico a las redes y, en fin, así hasta doce ponentes del primer nivel.

La entrada es libre, previa reserva de plaza al correo electrónico seminario20n@gmail.com

Las plazas son limitadas: haz ya tu reserva. Es el momento de conocernos y planear el futuro.

Los ruiseñores también mueren en Colombia

Dayana Martínez había denunciado a cinco individuos por violación; Julio César Walteros, su abogado, pidió ante los tribunales la busca y captura de lo sospechosos y los tribunales admitieron su petición. Poco después, Julio César, murió acribillado a balazos.

Sé que en España sonará horrible un suceso así, pero en Colombia, donde han sido ya asesinados más de 800 abogados, suena dramáticamente común.

Porque, a poco que lean entradas pasadas de este blog, comprobarán que en Colombia la vida de los abogados no parece valer nada ni tampoco parece que nadie vaya a hacer nada por este genocidio profesional de quienes, para defender los derechos o la libertad de los demás, se ven irremisiblemente condenados a poner el juego su propia vida.

Matar al abogado, es la forma en la que en Colombia se tratan de «solucionar» muchos procesos y cientos de abogados muertos parecen confirmar que el método está extendido.

No es posible que el mundo consienta esto; no es admisible que miremos hacia otro lado. Cada muerte de un abogado achica los espacios de libertad y justicia en el mundo y permitir que eso siga ocurriendo lo acabaremos pagando todos antes o después.

Sí, los ruiseñores también mueren en Colombia (y a centenares), esta vez ha sido Julio César Walteros.

Descanse en Paz.

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