¿Es posible perseguir con éxito la corrupción con una Justicia que carezca de medios suficientes para ello, tanto personales como materiales? ¿Considerando que sin investigación seria no hay pruebas y sin pruebas no hay condena? ¿Considerando también que la demora en una investigación tendrá, en breve, si se aprueba lo que está en trámite en las Cortes, la posible consecuencia de que haya que archivar una instrucción o cerrar la investigación en falso en el punto en el que se encuentre? Como la respuesta solo puede ser una, que es no, vamos a analizar en qué medida se está teniendo este dato en cuenta en la situación política actual, o se está olvidando. Porque, si hay medios de la Justicia que resultan ser competencia estatal –el Estado decide hasta el número de jueces, de fiscales o de secretarios judiciales y la propia creación de nuevos juzgados- otros son competencia autonómica, cuando las competencias han sido transferidas.

Transcribimos lo que al respecto dice la web del Ministerio de Justicia:

Cada Comunidad Autónoma transferida debe dotar a juzgados y tribunales del personal, instalaciones y medios informáticos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones que ostentan, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia son Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.

De todas esas Comunidades con competencias transferidas, varias han celebrado elecciones autonómicas recientemente.

Vamos a centrarnos en la de Madrid, por varios motivos:

• La situación de la Justicia de la Comunidad de Madrid es tan lamentable que la desidia y el abandono han sido denunciados públicamente, sin éxito, por todos los jueces decanos y están en los abogados de oficio en lucha desde hace mucho, por la situación indigna que se padece, y se difunden informaciones de juzgados sin folios, con ratas, con instalaciones en situación lamentable, sin funcionarios suficientes porque no se cubren bajas;
• En Madrid existen gravísimos casos de corrupción del actual partido en el poder en la Comunidad Autónoma y en el Gobierno central –casos Gürtel y Púnica- con ramificaciones en otras Comunidades y que han dado lugar a que en estos momentos haya un exconsejero de Justicia –sí, de Justicia- en prisión preventiva y otro de Justicia –sí, también de Justicia, el que había hasta ahora-, que como imputado está recién dimitido/destituido;
• Y en la Comunidad de Madrid se ha suscrito ya un acuerdo entre partidos para mantener en el poder al partido que actualmente lo ostenta, en el que se indica expresamente, que se pretende luchar contra la corrupción.

No hay tantas comunidades en la que concurran esas circunstancias.

El pacto para la Comunidad de Madrid ha sido suscrito, según el propio blog de la Sra. Cifuentes, que pasará a ser nueva presidenta de la Comunidad por el Partido Popular con el apoyo del otro firmante el pacto, el partido Ciudadanos, en los términos que figuran en su blog, enlace aquí.

Son doce los puntos que contiene el convenio.

Y ninguno de ellos se refiere a los medios materiales y personales de la Justicia.

Sentimos no poder estar de acuerdo con el planteamiento de esos dos partidos ni nos es posible considerar que debamos felicitar a ninguno.

Parece que ambos partidos han olvidado en sus tareas de pacto lo básico: que la forma más importante de combatir la corrupción es la Justicia; que por muchas leyes que pacten o dicten, si no hay quien las ejecute, son puro papel mojado; que si no contamos con una Administración de Justicia digna de tal nombre la corrupción campará a sus anchas y que, en fin, cualquier medida que ahora se tome, aunque sea eficaz a corto plazo, carecerá de ningún efecto en el largo.

Sólo hay una forma de defender a la ciudadanía de la corrupción y al propio tiempo preservar sus derechos fundamentales: contar con una Administración de Justicia eficaz que, de forma casi inmediata, resuelva los procesos por corrupción de que son acusados nuestros políticos, condenando con toda rapidez a los corruptos y apartándolos de la política y absolviendo de forma igualmente veloz a aquellos que han sido injustamente acusados. Solo así se preservan los derechos de todos. Pero para ello es imprescindible saber que la Justicia es la antítesis de la corrupción, que la corrupción sólo infecta entornos donde la Justicia es deficiente o simplemente no existe.

Y por eso debemos llamar la atención de estas mismas formaciones y de las demás que ahora están pactando sobre este punto en el resto de España: si, en las comunidades autónomas donde la Justicia está transferida, esta no ocupa un papel central en los próximos pactos y programas de gobierno nada se habrá resuelto, se habrá fallado a la población y se seguirá en peligro la convivencia no solo de esa comunidad autónoma sino del estado en su conjunto.

Esta advertencia es de particular importancia para las nuevas formaciones (Ciudadanos y Podemos) pues las voces que señalan un posible olvido o desconocimiento de estos partidos en materia de Justicia ya se alzan desde el campo de los jueces y no precisamente desde las asociaciones más conservadoras.

Aún quedan pactos por cerrar en muchas comunidades autónomas, hay tiempo y ocasión de enmendar errores, pero si, desde ya mismo, no se demuestra por estos partidos que tienen sensibilidad y conocimiento para ocuparse de los problemas de la Justicia van a encontrarse con serios problemas, y no serán sólo jueces a quienes tengan enfrente.

Co-post difundido simultáneamente en los blogs de José Muelas Cerezuela y Verónica del Carpio Fiestas.