El primer problema de la abogacía

La función de una manifestación es visibilizar, dar a conocer, difundir («manifestar» en suma) una situación.

La apoya quien la difunde, quien la hace visible, quien la hace llegar a su entorno.

La boicotea quien la silencia, la tapa, la oculta o hace como que no hubiera ocurrido.

Y ahora analicemos lo ocurrido ayer.

Ayer hubo una manifestación importante en Madrid en defensa del turno de oficio y durante todo el día jueces, fiscales, funcionarios y muchas otras personas mostraron su apoyo a las reivindicaciones de quienes manifestaban. El decano y el Colegio de Madrid ofrecieron apoyo a los manifestantes y difundieron en redes sociales la protesta y sus reivindicaciones. Varias cadenas de TV nacionales y autonómicas informaron de la manifestación y en redes sociales la noticia se difundía con intensidad. Pero…

Sólo hubo una persona y una corporación que ignoraron por completo lo que estaba sucediendo y no ofrecieron —ni aún hoy ofrecen— ningún tipo de información sobre la manifestación ni apoyo a la misma en sus redes sociales:

La corporación es el Consejo General de la Abogacía Española
La persona es Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Las cuentas en redes del CGAE y de Victoria Ortega, gestionadas por un community manager pagado por todos los colegiados de España, guardan un silencio ominoso, delator, vergonzante y culpable. El Consejo General de la Abogacía Española tiene, además, un departamento de prensa que, a pesar de costar mucho dinero a los abogados, guarda también un ominoso silencio y podemos inferir por orden de quién.

Si la misión de una presidenta del CGAE no es estar al lado de sus compañeros ¿cuál es entonces? Si la misión de los medios de comunicación del CGAE no es informar de la actualidad del mundo de la abogacía ¿cuál es su función entonces?

¿Por qué estos órganos en lugar de apoyar la protesta trabajan por diluirla y taparla y en sula la boicotean?

Victoria Ortega no debe seguir un segundo más ocupando el puesto de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y los decanos que la apoyan debieran tomar nota de la conducta de los decanos que ayer estuvieron donde había que estar y repasar a qué intereses sirven manteniéndola en el cargo.

Ella es el primer problema.

Transparencia y CGAE: un puedo y no quiero.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española no quiere que los abogados que le pagan dietas y gastos sepan ni cuánto le pagan ni qué gastos le pagan. Podría decirlo pero, como los acusados que se acogen a su derecho a no declarar, ella se acoge a que esos gastos y dietas son «privados» —no son de derecho administrativo— y que, por lo tanto, no tiene por qué decirlo. Y no lo dice.

Puede, pero no quiere; se los lleva, pero no quiere contarlo; dame tu dinero y no preguntes qué hago con él. Esa es la transparencia de Victoria Ortega.

En un país donde un ciudadano puede conocer exactamente y al momento cuánto gana el alcalde o un concejal de su pueblo los abogados y abogadas NO pueden conocer qué parte del dinero que pagan se lleva la presidenta.

Ella podría decirlo, pero no quiere, prefiere afirmar que tiene derecho a guardar silencio. Y lo guarda.

Su silencio y los silencios de quienes, debiendo hablar, callan, dañan a las institución colegial mucho más de lo que soñarían sus peores enemigos.

Para camuflar su silencio los callantes hablan de «conspiraciones», de «campañas», de que «todo está claro» y se muestran particularmente locuaces en manifestar cualquier cosa que no sea lo que se les pregunta: cuánto se lleva en dietas la presidenta y qué gastos se le pagan.

Si, a partir de ahora, les escuchas hablar y pregonar su adhesión incondicional a la líder, sólo pregúntales una cosa: ¿cuánto se lleva esta en dietas y gastos? Si no te responden a eso ya sabes que sólo están haciendo ruido para que no se escuche la pregunta.

La presidenta puede y no quiere, esa es la verdad. La presidenta, entre la transparencia y la opacidad, ha elegido dañar a la abogacía.

Captura de pantalla del diario «El Confidencial».

La unidad como coartada

La unidad como coartada

Cuando oigo hablar de «unidad» y dependiendo de la identidad de quien la invoque, tengo con frecuencia la sensación instintiva de que pretenden engañarme.

¿Unidad en torno a qué?

Permítanme que les cuente una historia y me explique. Cuando yo era niño formaba parte de nuestro programa educativo la asignatura llamada de «Formación del Espíritu Nacional» (FEN). A través de esa asignatura el régimen nos adoctrinaba en lo que ellos llamaban «democracia orgánica», una forma de «democracia» en la cual la representación popular no se ejercía a través del sufragio universal sino a través de las relaciones sociales que la dictadura consideraba «naturales»: familia, municipio, sindicato y movimiento; grupos (“tercios” los llamaba el régimen) de entre los que resultaba particularmente curiosa aquella organización a la que el régimen llamaba «sindicato».

Los sindicatos del franquismo a mí, aunque era un niño, me resultaban sorprendentes, pues, lejos de ser sindicatos de trabajadores eran sindicatos donde estaban juntos los obreros, los «técnicos» (obreros cualificados) y los empresarios. Yo no entendía bien como iban a reclamar los obreros de un sindicato vertical de esos un aumento de sueldo, no veía yo a trabajadores y empresarios compartiendo objetivos y sentados en el mismo bando en esa negociación.

El régimen cantaba las virtudes de la «unidad» de estos sindicatos verticales (recuerdo algún discurso delirante del ministro José Solís Ruíz sobre la «fraternal» unión de empresarios, técnicos y obreros) pero la realidad es que esta organización sindical no servía para canalizar los intereses de los trabajadores sino solo para silenciar la protesta y domesticar cualquier intento de reforma. Anualmente en el Bernabeu se celebraba una «Demostración Sindical» donde unos atléticos y domesticados obreros ilustraban las virtudes de la «unidad» realizando tablas de gimnasia.

Aquella democracia «orgánica» (tan elocuentemente cantada en el preámbulo de la Ley de Colegios que aún regula nuestros colegios y consejos generales) y aquellos sindicatos «verticales» que el régimen se empeñaba en mantener cantando las virtudes de la «unidad» estaban fuera de lo que el mundo libre consideraba como sindicatos o democracia de verdad, pero con ellos se fue tirando hasta que la Constitución de 1978 los borró de un plumazo.

Hija de aquel régimen político orgánico de familia, municipio, sindicato y movimiento, es nuestra Ley 2/1974 de 13 de febrero que regula los Colegios Profesionales (sí, ha leído usted bien, 13 de febrero de 1974) y, si bien muchos de sus artículos han sido derogados por inconstitucionales, hay modos y maneras en las personas que ocupan los cargos dirigentes de esas agrupaciones que parecen haberse perpetuado hasta nuestros días.

De hecho son tan parecidos que, cuando reciben alguna crítica, reaccionan exactamente igual que aquellos sindicatos verticales: llamando a la «unidad».

Usar la «unidad» como coartada es precisamente lo que hacía aquel viejo sindicato vertical del que les hablo; si el trabajador exigía mejores condiciones, ser hartaba de no ser escuchado y se manifestaba, el sindicato vertical le acusaba de romper la «unidad», como si la unidad, por si sola, fuese algún tipo de valor sagrado.

Es por eso que, cuando alguien me habla de unidad, no me queda más remedio que preguntarle:

¿Unidad en torno a qué?

Porque puede ocurrir que la unidad que usted me pide esté más cerca de omertá mafiosa que de la real y genuina cooperación en torno a ideas y principios.

Hay formas de conducta (responder a la crítica pidiendo «unidad», considerar las peticiones de transparencia como una afrenta, reputar malintencionada cualquier opinión discrepante…) que tienen mejor encaje en la España de 1974 que en la de 2022.

En la república de las abogadas y abogados, todos son iguales a todos y nadie es más que nadie y es por eso  por lo que criticar la discrepancia es una repugnante forma de defender la posición o la prebenda propia.

La principal obligación de cualquier miembro de un grupo social es ser honesto consigo mismo y manifestar lo que piensa, porque es de este modo y no de otro es como mejor sirve a los intereses del grupo, diciendo en cada momento lo que cree más conveniente y mejor para todos.

Si alguien cree que quien así procede atenta contra la «unidad» es que aún no ha entendido los principios básicos de la vida en democracia; o peor aún: pretende mantener un status quo del que se beneficia personalmente.

Por eso en la igualitaria república de las abogadas y abogados todas las opiniones caben y son tan valiosas la opiniones discrepantes porque, cuando lo que se persigue es el interés del grupo, no importa que existan caminos distintos para alcanzar el destino compartido.